DECLARATORIA DE ACACOYAGUA: Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas

Este 15 y 16 de agosto reunidos más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá  en el “Primer Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas” compartimos con afectados nacionales de los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la minería en México y las consecuencias ambientales y a la salud de las 99 concesiones mineras en el estado de Chiapas, por lo que constatamos:

En los municipios de Acacoyagua y Escuintla ya contamos con muertes de cáncer y enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región

Nos unimos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería.

Felicitamos a los presidentes municipales de Escuintla y Acacoyagua por haber declarado a los municipios libres de minería y exhortamos a que dispongan de todos los recursos necesarios para hacer realidad las declaratorias y se proteja a los habitantes, a las familias y a la madre tierra de la explotación minera.

Durante los días de trabajo los movimientos, organizaciones y las comunidades refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida. Reuniremos más esfuerzos para que nuestros territorios dejen de ser explotados y despojados por la actividad minera.

Atentamente:
Los ejidos y comunidades de Nueva Reforma, La Cadena, Huixtla, Libertad, La Independencia, 15 de septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantan, Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos, Arvín, Flor del Carmen, Magnolia, Constitución, El Soconusco, Castaño, Villa Comatitlán, 10 de abril y los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa, Tonalá
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Frente Popular en la Defensa del Soconusco 20 de junio y el Movimiento en Defensa del Sonusco.

Galería de Imágenes:

¡Libertad para Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP!

EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Vídeo de la conferencia de prensa de exigencia por la libertad de Marco Suastegui y cese de amenazas:

http://www.ustream.tv/recorded/70900396

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.
Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal-  el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.
Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.
El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa  del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.
La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.
Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar),  Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Visitan Organizaciones de DH a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP

Fuente: tlachinollan

  • Ratifican la solidaridad ante el líder criminalizado y escuchan sus preocupaciones sobre su seguridad.
  • Reiteran que en Guerrero se utiliza facciosamente el sistema penal de justicia contra personas defensoras de derechos humanos que defienden sus tierras y el territorio.

 

Zihuatanejo, Guerrero, México, 12 de agosto de 2015. El día de hoy representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coalición Internacional Hábitat – América Latina (HIC-AL) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca, Guerrero, a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, con cargos injustificados y como método de criminalización del defensor y para obstruir su labor como defensor comunitario.

 

 

La visita se lleva a cabo en el marco de la prevista sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en la que resolverá el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo.

 

Durante la visita, las organizaciones conocieron de primera mano el testimonio de Marco Antonio Suástegui sobre el impacto que ha tenido la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon con atención sus preocupaciones por su seguridad.

 

Al final de la reunión, las organizaciones informaron al defensor comunitario que continuarán urgiendo a la Segunda Sala Penal – con irrestricto respeto a la independencia judicial – que valore las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Suástegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.

 

De igual forma, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a Marco Antonio, como defensor comunitario y denunciaron su encarcelamiento como acto de criminalización por defender los derechos de las comunidades y ejidos en contra de la Presa la Parota.

 

Finalmente, reiteraron su preocupación por el uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero.

 
 
 

Carta pública -Foro México-Suiza (Mexiko Forum Schweiz)

México al descubierto… Una radiografía desde otro ángulo

Entrevista a Gustavo Castro Soto. Otros Mundos Chiapas. México

Escuchar Audio en Radio Temblor

Una radiografía de México, en donde el gobierno a impuestos cambios radicales contra los intereses sociales. Una reforma energética, cambios de leyes para favorecer a las transnacionales en el marco de los tratados de libre comercio. Todo un andamiaje de mega proyectos como fracking, carreteras, represas, negocio del agua, minería y otros, son agenda del movimiento social, pero que batallan también contra la criminalización de la protesta. También la corrupción, narcotráfico y guerra mediática, son los matices como el gobierno de Enrique Peña Nieto se visualiza. Una justicia tardía, y que en muchos caso no llega, los derechos humanos colgado como un retrato ante los desaparecidos de Ayotzinapa, persecución y asesinatos a periodistas, una emigración voraz, y desigualdades sociales por doquier. Pero con la construcción desde abajo, de una esperanza entre los sectores sociales, entre medios alternativos de información, entre redes de lucha y resistencia. Alternativas colectivas y locales contra un capitalismo salvaje.

Llamado a la Acción para rechazar REDD y las industrias extractivas

Boletín WRM

Una vez más, los gobiernos del mundo se reunirán a finales de año en el marco de la convención de las Naciones Unidas para, supuestamente, lidiar con la real y tangible problemática del cambio climático. No obstante, la agenda de las negociaciones sobre clima – empujada principalmente por los gobiernos de los países industrializados y grupos de cabildeo corporativo – sigue el mantra de la acumulación de capital, que para efectos de la crisis climática se traduce en el mercado de carbono. Este mantra ha llevado a que las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la destrucción ambiental en general incrementen cada vez más.

 

Esta creciente destrucción es “aceptada” y hasta promovida, siempre y cuando sea “compensada” con algún proyecto en otro lugar. Y son principalmente las poblaciones tradicionales y dependientes de los bosques quienes viven y sufren las consecuencias; no solo con los impactos de las intensas sequías, inundaciones y de tantos otros cambios en el clima, sino también a través del despojo y saqueo de los territorios, producto de la extracción legitimada y en expansión a causa del mercado de carbono. El último borrador (público) del acuerdo climático que sería implementado post-2020, y que se espera concretar en las negociaciones de este año en Paris, Francia, abre las puertas de par en par a mecanismos de mercado como REDD a nivel global (1).
 
 ¿Qué significa esto?
 
Los mecanismos del mercado de carbono como REDD han permitido continuar, legitimar e intensificar actividades destructivas como son las mineras, petroleras, gasíferas y de carbón, los monocultivos forestales, la agroindustria, entre otros. Este modelo extractivista ha resultado en el despojo, la violencia, la criminalización, la destrucción y la pérdida de centenares de pueblos a nivel mundial, y junto a ellos, sus culturas, espiritualidades, saberes, autonomías y control sobre sus vidas y territorios (2). ¿Cómo se puede hablar de un mecanismo que busca “frenar la deforestación” o “beneficiar a los pueblos de los bosques” cuando la lógica que subyace es la de expandir la extracción a escala industrial? A pesar de toda la propaganda y discursos creados para hacernos creer que REDD es una “solución viable”, la experiencia nos enseña que lo que se busca en realidad es mantener una economía de acumulación de capital que controla cada vez más territorios y llena los bolsillos de unos cuantos (3).
 
En este contexto, en diciembre de 2014, a puertas de las negociaciones sobre clima que se dieron lugar en Lima, Perú, más de 150 organizaciones y movimientos de todas partes del mundo lanzaron un Llamado a la Acción para Rechazar REDD y las industrias extractivas, para Frenar el capitalismo y Defender la vida y los territorios (4). El Llamado denuncia que uno de los pilares fundamentales del nuevo capitalismo global son los ‘servicios ambientales’. Estos significan el sometimiento, financiarización, mercantilización, servidumbre y esclavitud de la naturaleza a la lógica del capital. El mercado de carbono, la compensación de biodiversidad o los mercados de agua son parte de esta forma de capitalismo.” Y añade que “con REDD+ la capacidad de los bosques y suelos de absorber carbono y retenerlo, de las plantas de hacer fotosíntesis, de criar el agua, de cultivarse o de crear biodiversidad está siendo cuantificada, monetarizada, apropiada, privatizada y financierizada como cualquier mercancía. El comercio de ‘servicios ambientales’ también impulsa la impunidad de los contaminadores y destructores porque en lugar de aplicarse la ley para prohibir contaminar y deforestar, lo pueden ‘compensar’ y además evita combatir el cambio climático pues no se ataca lo que lo provoca.”
 
Un paso importante de este Llamado fue el de articular claramente la crítica hacia REDD con sus implicaciones en la expansión del modelo extractivo, ya que sus promotores utilizan constantemente un discurso de “participación local”, “mejorar la gestión de los bosques”, “mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones locales” e incluso de “implementar los derechos territoriales”. No obstante, como lo expresa el Llamado, “empresas como la petrolera Shell o la minera Río Tinto, de plantaciones de árboles para madera, pulpa y papel como Green Resources y Suzano, agroindustriales como Wilmar, Monsanto y Bunge, organismos multilaterales como el Banco Mundial o FAO, trasnacionales de la conservación como Wildlife Works, WWF, The Nature Conservancy o Conservación Internacional, empresas consultoras, la banca pública y privada, y muchos gobiernos, elaboran, apoyan y financian proyectos y programas REDD+ (…) Estos mecanismos socavan las verdaderas soluciones a la crisis climática pues son una distracción a los cambios en los modos de producción y consumo y hacia economías y sociedades libres de combustibles fósiles.”
 
Sin embargo, la campaña pro-mercados de carbono y REDD se intensifica a medida que nos acercamos a las negociaciones de fin de año, que esperan llegar a un acuerdo sobre REDD, desechando la evidencia recopilada sobre los nefastos impactos de este mecanismo. “Las negociaciones sobre el clima, cada vez más controladas por el poder corporativo, no tratan de salvar el clima, ni proteger los bosques y suelos, ni erradicar la pobreza o respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, protegen cobardemente a las corporaciones depredadoras, reforzando un modelo destructivo y patriarcal.”
 
Por lo tanto, denunciamos nuevamente que las decisiones para avanzar con los mercados de carbono y mecanismos afines, tomadas en salas de conferencias por representantes encorbatados, no reflejan la realidad de los pueblos y bosques, y mucho menos reflejan la imperante necesidad de iniciar una real transición para alejarnos de un modelo económico sediento de combustibles fósiles. Continuar con el mantra del mercado de carbono sería continuar con la imposición de más proyectos destructivos sobre aquellos pueblos que han defendido sus bosques y territorios por generaciones. Reiteramos el pedido a las organizaciones, movimientos sociales, grupos y redes a que se unan al Llamado a la Acción para fortalecer las voces que desde los bosques nos enseñan las verdaderas consecuencias de estos mecanismos. “¡Luchar contra REDD es también combatir al capitalismo!”
 
Puedes unirte al Llamado aquí: http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/para-rechazar-redd-y-las-industrias-extractivas-para-enfrentar-el-capitalismo-y-defender-la-vida-y-los-territorios/
 
Notas:

  1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf
  2. Vea más información en: http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/mercantilizacion-de-la-naturaleza/redd-3/
  3. Vea por ejemplo: http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
  4. http://wrm.org.uy/es/files/2014/11/Llamado-COP-Lima_NoREDD.pdf

El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero?

La filosofía del conflicto minero

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos, A.C./Rema-M4
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

 11 de agosto 2015

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero? (12 págs. -PDF 400 Kb)

En América Latina se habla mucho de los conflictos socio ambientales en torno al agua, las represas, la minería, los monocultivos; la extracción del petróleo, gas o el fracking, entre otros mega proyectos de infraestructura. Es alarmante la detonación de conflictos por todos lados, en cada rincón del continente. Y es que los pueblos y la sociedad en su conjunto están reaccionando cada vez más en contra del despojo y las injusticias del “desarrollo extractivista”. Al mismo tiempo, los gobiernos se imponen con decretos y cierran filas en torno a los interese de las grandes transnacionales y sus proyectos de “desarrollo” con violencia e impunidad.

Existen muchas iniciativas para intentar identificar estos conflictos; para clasificarlos, cuantificarlos y mapearlos en un contexto en que la acumulación de capital y la apropiación corporativa de los territorios avanza a ritmos acelerados, con la consecuente violación de los derechos humanos causada ahora por las empresas, aunque éstas no los reconozcan en ningún instrumento internacional. Sin embargo, el baile de cifras varía de manera sorprendente. Mientras que la Secretaría de Economía de México identifica 60 conflictos mineros solo por “controversias con la tenencia de la tierra”, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros registra solo 34 conflictos mineros en el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México existen una veintena de conflictos mineros.

Sinembargo.mx calcula 36 conflictos, y para Contralínea hay 35 “focos rojos” por minería. Y aunque no es exclusivamente sobre minería, un estudio realizado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) estimó que “en México hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales”. Sin embargo, para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los conflictos mineros en México suman cientos de casos aún en proceso de sistematización.

En fin, hoy por hoy nos encontramos a menudo con diversos criterios y perspectivas para definir un “conflicto minero”. Veamos los siguiente dilemas que ejemplifican esta situación y cómo se evaluaría el “conflicto”:

1) Un mina generó un conflicto con sus trabajadores y al mismo tiempo con la comunidad campesina o indígena donde está ubicado el proyecto minero. También las Ongs que se oponen al proyecto son hostigadas. ¿Son tres, o es un conflicto? Por ejemplo, la mina en el ejido La Sierrita de Galeana de la minera canadiense Excellon en Durango, México.

(…)

El conflicto minero

Entendemos el “conflicto minero” cuando alguien, un actor o varios, individual o colectivo, persona física o moral, reacciona en contra de un proyecto minero en cualquiera de sus Fases del Sistema Minero1, y sea cual fuera la reacción, su tipo y alcance.

La reacción puede ser espontánea, organizada, violenta o menos violenta, entre otras muchas formas de reaccionar. Los tipos de conflicto tienen que ver según el escenario físico (“conflicto en las calles”, “conflicto de tierras”, “conflicto ambiental”, “conflicto de salud”, etc.), o físico-político en que se dan (“conflicto mediático”, “conflicto limítrofe”, “conflicto jurídico”, “conflicto laboral”, etc.).

El alcance puede ser local, federal o internacional. Y estas diferencias se plasman cuando se exige una indemnización muy puntual por alguna afectación, se reclama una obra de infraestructura como un camino, un depósito de agua, entre otras indemnizaciones en especie para los afectados y el conflicto se ‘soluciona’; o cuando se demanda una legislación federal o se interpone una denuncia ante tribunales internacionales vinculantes.

Y en el caso del impacto, éste puede ser regional o nacional. Hay reacciones cuyo impacto -aunque grave- por distintos motivos no trasciende más allá del ámbito regional; pero otras trascienden al ámbito nacional, como los derrames de las presas de jale que generan indignación nacional; o algún asesinato o aprehensión de algún líder importante, lo que logra movilización mediática y en las calles. Y de estos casos tenemos muchos en América Latina.

Otro criterio es según el sector que detona la lucha como el “conflicto obrero-patronal”; “conflicto intracomunitario”, “conflicto magisterial”, “conflicto estudiantil”, “conflicto agrario”, etc.

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero? (12 págs. -PDF 400 Kb)

VER TODOS LOS ESCARAMUJOS

Publicación: Acaparamiento de Tierras y Bienes Comunes

Amigos de la Tierra Argentina

A partir de la Campaña contra el Acaparamiento de Tierras iniciada en 2011, Amigos de la Tierra Argentina trabajó numerosos casos de conflictos ambientales vinculados al control de los territorios: agronegocios, industrias extractivas como minería o fracking, e incluso acaparamiento de tierras urbanas.

En la Argentina, el país que posee el segundo mayor territorio de América Latina con una superficie total de 3.761.274 kilómetros cuadrados, la tendencia al acaparamiento de tierras a gran escala y de riquezas naturales es un fenómeno que no puede menospreciarse.

 

Compartimos este documento de trabajo que intenta describir una continuidad histórica del acaparamiento de tierras en nuestro continente, el cual adquiere dimensiones cada vez más complejas. La consolidación del esquema “extractivista-exportador” y su consecuencia, el  acaparamiento de los bienes comunes, ha intensificado los conflictos socioambientales. Es en estas luchas donde el argumento ambiental ha tomado un papel central a favor de la defensa del territorio.

VER INFORME COMPLETO:

Acaparamiento de tierras y bienes comunes

Cemda solicita una persona para cubrir el puesto de: Experto Sr

Web de CEMDA

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), solicita una persona para cubrir el puesto de: Experto Sr. para su Oficina Regional Noroeste, con sede en La Paz, Baja California Sur (BCS).

Antecedente

El CEMDA es una organización civil fundada en 1993, apartidista que promueve el derecho a un ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo —sumado al de muchos otros actores— contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Todo esto con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

 

La Oficina Regional Noroeste, tiene como objetivos, en la región que comprende las áreas costeras de los Estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, la península de Baja California, el Golfo de California, y el Pacífico Norte:

  • Crear y poner en marcha estrategias de incidencia en políticas públicas, para el posicionamiento e inclusión de temas estratégicos que se estén desarrollando al interior de la organización, buscando un fortalecimiento del marco legal y las políticas públicas en materia ambiental.
  • Elaborar, documentar y coordinar investigaciones que concuerden con los intereses ideológicos y temáticos de CEMDA y que tengan como fin darle cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Organización.
  • Organizar e impartir talleres y foros, así como desarrollar los materiales didácticos con los que CEMDA podrá capacitar al interior y exterior de la Organización.
  • Seleccionar, documentar y conducir casos de litigio estratégico para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y derechos humanos concomitantes, así como la tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano, principalmente de las comunidades locales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
  • Coordinarse con el área de comunicación del CEMDA con vistas a difundir los temas estratégicos de la institución hacia audiencias clave, a fin de apoyar a las otras áreas a alcanzar sus objetivos y de posicionar a CEMDA ante la opinión pública como un referente obligado en el tema medioambiental.

Funciones y responsabilidades principales del puesto:

  • Implementación y ejecución de los objetivos antes señalados de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA y de sus proyectos.
  • Promover el diálogo e interlocución con actores estratégicos (sociedad civil, sector privado, gobierno, academia).
  • Seguimiento y ampliación de la incidencia legislativa del CEMDA, en tratándose de disposiciones de carácter general, stricto y lato sensu, incluyendo en lo tocante a instrumentos de política ambiental.
  • Capacitación a tomadores de decisión y actores relevantes de la gestión ambiental.
  • Participación en los espacios de incidencia del CEMDA:
  • Patrocinio de casos (litigio).
  • Investigación e impulso de la faceta de Think Tank del Cemda.
  • Desarrollo e implementación de estrategias de incidencia.
  • Difundir los mensajes claves de la organización en diversos espacios de interlocución.
  • Gestionar redes a nivel regional, nacional e internacional.
  • Procuración de fondos y elaboración de reportes para las fuentes de financiamiento.

Requisitos:

  • Licenciado en Derecho, con cédula profesional vigente.
  • Dominio del idioma inglés.
  • Experiencia profesional previa, de mínimo 3 años, en materia de derecho ambiental o política ambiental.
  • Experiencia en litigio administrativo (litigio ambiental) y/o en materia de derechos humanos.
  • Objetivos personales afines a los del CEMDA.
  • No estar en situación de conflicto de intereses respecto a las actividades del CEMDA.
  • Habilidades de negociación.
  • Proactividad y creatividad.
  • Disponibilidad para residir en la Ciudad de La Paz, BCS.
  • Habilidades específicas en manejo de redes, diálogo con actores clave, relaciones públicas, facilidad para hablar en público.
  • Proactivo, orientado al logro de objetivos y metas.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad para trabajar bajo intensa presión y en varios proyectos a la vez.
  • Disponibilidad para viajar extensivamente.
  • Dinamismo, actitud de servicio y disposición al aprendizaje.
  • Deseable experiencia en temas de manejo costeros, pesquero y en general recursos naturales marinos.
  • Deseable que cuente con visa para ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.
  • Deseable experiencia en interrelación con medios de comunicación.
  • Deseable experiencia de trabajo en o con órganos formal o materialmente legislativos.
  • Deseable personalidad extrovertida y audaz.

Todo candidato interesado deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes documentos:

  • Currículum Vitae
  • Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales.
  • Carta de motivos, tipografía Arial número 11 a espacio sencillo, explicando aspectos relevantes de su vida profesional que indiquen que es la persona adecuada para esta posición.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el día lunes 07 de agosto del 2015, y deberán ser enviadas por correo electrónico con atención a:

Disposiciones Generales:

Los candidatos pre-seleccionados serán invitados a participar en una entrevista en las oficinas del CEMDA. El CEMDA comunicará a los candidatos, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, vía telefónica, fax o correo electrónico, la fecha, el lugar y la hora de la entrevista.

Es política el CEMDA el proveer de oportunidades a todas las personas calificadas y se reafirma que no habrá discriminación de solicitantes, basada en edad, ascendencia, credo, capacidades diferentes, estado civil, condición médica, origen, nacionalidad, situación de maternidad, raza, sexo, orientación sexual, o cualesquier otro factor no relevante para el desempeño del puesto.

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Convocatoria Experto/a Junior – Área de Derechos Humanos y Ambiente Ciudad de México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., solicita una persona para cubrir el puesto de Experto/a Junior del Área de Derechos Humanos y Ambiente, en las oficinas Centrales ubicadas en la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) es una organización civil fundada en 1993, apartidista que promueve el derecho a un ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo —sumado al de muchos otros actores— contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

El área de Derechos Humanos y Ambiente tiene como objetivo la promoción del enfoque de derechos humanos en asuntos ambientales, con particular atención en los casos de violaciones de derechos humanos ambientales por grandes proyectos de desarrollo, a la situación de los defensores ambientales y la promoción del derecho humano al medio ambiente sano.

Funciones y responsabilidades principales:

  1. Participación en el desarrollo de las estrategias con los abogados del equipo para el impulso de casos de defensa del derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos.
  2. Participación y seguimiento de los asuntos en los juzgados, tribunales, SCJN, CNDH y foros internacionales.
  3. Colaboración en la implementación y elaboración de acciones para la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y derechos humanos afines.
  4. Interlocución e intercambio de información con comunidades indígenas y campesinas y con contrapartes en los estados.
  5. Documentación de casos, investigación, búsqueda y análisis de información.
  6. Elaboración de documentos jurídicos.
  7. Participación en espacios multiactores sobre derechos humanos.

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho, preferentemente con cédula y experiencia en litigio.
  • Conocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y derechos humanos afines e interés en su defensa.
  • Capacidad de análisis y síntesis.
  • Proactividad, creatividad y trabajo en equipo.
  • Interés por la conservación de los recursos naturales de nuestro país.
  • Capacidad para viajar y trabajar con comunidades indígenas y campesinas.
  • Capacidad para relacionarse con diferentes actores.
  • Iniciativa y compromiso en el trabajo.
  • Conocimiento del sistema interamericano y sistema universal de derechos humanos.

Especificaciones del puesto:

Todo/a candidato/a interesado/a deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes documentos:

  • Currículum Vitae
  • Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales.
  • Carta de Intención de una cuartilla, tipografía Arial número 11 a espacio sencillo, explicando aspectos relevantes de su vida profesional que indiquen que es la persona adecuada para esta posición.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el día 31 de agosto del 2015 y deberán ser enviadas por correo electrónico con objeto CONVOCATORIA EXPERTO/A JUNIOR – NOMBRE DEL CANDIDATO/A: con atención a:

  • Lic. Andrea Cerami
  • Coordinador del Área de Derechos Humanos y Ambiente
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
  • Atlixco 138, colonia Condesa, C.P. 06140, México DF
  • acerami@cemda.org.mx

Disposiciones Generales:

Las personas pre-seleccionadas serán invitadas a participar en una entrevista en las oficinas del CEMDA. El CEMDA comunicará a las personas seleccionadas, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, vía telefónica, fax o correo electrónico, la fecha, el lugar y la hora de la entrevista.

Bios Iguana A.C. denuncia al Estado mexicano ante la CIDH

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El 1 de Agosto de 2015 la organización Bios Iguana, A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), envía una petición de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos humanos de las y los defensores del ambiente y los recursos naturales miembros de la organización Bios Iguana, A.C., a sí como los actuales integrantes del Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan, en Colima, México. La petición ha sido presentada con el auxilio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

La denuncia a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado Mexicano se argumenta en base a los hechos, testimonios y contundentes pruebas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), concretamente, los contenidos en los artículo 4 (Vida), artículos 5 (Integridad Personal), artículo 11 (honor y reputación); artículo 16 (libertad de asociación), artículo 22 (libre circulación y residencia); artículo 8 (garantías judiciales), artículo 25 (protección judicial) todo ello en relación con las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 y 2 de las CADH.

En dicha petición, se denuncia igualmente la violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (en adelante Convención de Belem do Para): artículos 3 (derecho a una vida libre de violencia), artículo 4 (derecho a la protección de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos), y artículos 7. d y f.

Los integrantes de Bios Iguana, A.C., el Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA, solicitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso con urgencia ante la gravedad de los hechos, amenazas de muerte, intimidaciones, represión y otros actos que violan los derechos humanos de las y los
defensores del medio ambiente y los recursos naturales.

Atentamente,
Bios Iguana, A.C., Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA

Dr. Juan Almendares: “El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia”

Entrevista al Doctor JUAN ALMENDARES BONILLA
Científico y Defensor de la vida y la tierra.
Fotografía: http://conexihon.hn
Por: Ronnie Huete
Periodista y activista de derechos humanos

El siguiente artículo está redactado con auxilio  literal de una reciente entrevista que efectué en mi estadía en Honduras, con el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Dr. Juan Almendares, quien también es un reconocido científico de la salud a nivel internacional,  defensor de derechos humanos y de la tierra. En la entrevista, Almendares plantea una lectura profunda de la realidad que mantiene convulsionado al país latinoamericano de Honduras. Julio de 2015

Washington DC 22 de julio. Ante el análisis de la crisis de Honduras puede existir una visión reduccionista en el sentido filosófico, político e ideológico, porque aquí  se centra toda la situación en las figuras políticas y los partidos políticos, pero nosotros tenemos que analizar que la corrupción es un resultado de un proceso histórico que tiene que ver profundamente con la constante agresión capitalista, que ha sufrido Honduras.

Honduras ha sido golpeada históricamente por las empresas bananeras o las empresas mineras, y ahora con la Monsanto, cuyo negocio internacional es el de los transgénicos que se imponen sobre las soberanías de los países del sur. Por otro lado, también está el negocio del agro combustible. Todas esas son parte de las políticas multinacionales de los estados supranacionales, de las fuerzas hegemónicas económicas que han ido acompañadas de golpes de Estado.

El golpe de Estado de 2009 en Honduras, no fue únicamente un problema interno, sino un problema generado también por el Pentágono, y este proceso debe de entenderse como un golpe de Estado Multinacional contra el país, porque se suponía que en el momento político en que se produce el Golpe, Honduras se abría un espacio económico y social  hacia los países del sur.

Es en ese sentido que se produce el golpe de Estado, y realmente es inexplicable por qué se da el golpe, ya que el ex presidente Manuel Zelaya, tenía en contra el Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, a la empresa privada, a los sectores fundamentalistas de la iglesia, y los medios de comunicación pagados por el sistema.

Golpe de Estado

 Indudablemente se da el golpe porque hay un proceso de movilización social del pueblo;  el ex presidente Zelaya abre el espacio para que incluso aumente el salario mínimo y todo esto crea una situación de intranquilidad para las empresas, y el capital transnacional basados en el enriquecimiento por explotación laboral.

Debido al  proceso echado a andar con el Golpe, Honduras entra de nuevo a una crisis que tiene su expresión en el gobierno actual, y todo se agrava. La agravación de este asunto, se enfoca en el tema de la corrupción, sobre todo la que existe en los sectores de salud y cobra su mayor fuerza con el desfalco de 350 millones de dólares (7 mil millones de lempiras) contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y cuyo resultado irradia en la muerte de 3 mil hondureños, que fallecieron por falta de medicamentos, decidía y atención médica, debido al descalabro financiero del IHSS.

Bajo este panorama, si nosotros analizamos a mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta de que el problema de la corrupción es un fenómeno interno, endógeno, pero también articulado a lo exógeno, es decir  al capitalismo también corrupto y a las políticas que genera el capitalismo en Honduras, como la presencia de bases militares, como el incremento de un estado militar policial.

La sumisión total del país a las políticas capitalistas, nos pone como un país subordinado, a los intereses de un estado trasnacional. En este proceso que se ha llamado “transparencia”, rendición de cuentas, se olvida algo muy importante, puesto que sólo se ven los resultados y no los mecanismos de acción política. Los mecanismos de decisión política son claves para generar la corrupción. A mi juicio es corrupción una política que privilegia las armas en vez de la salud y la educación.

Nosotros en realidad estamos obligados por las políticas del Pentágono a comprar armas en un país con una población con hambre, miseria y explotación, pero también los mecanismos de decisión política han golpeado a  la clase trabajadora, a los campesinos y  a los pueblos indígenas. 

Si nosotros observamos la Ley de Trabajo por hora, la violación de todos los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora, la invasión tecnológica militar de los territorios, los desalojos violentos de las comunidades de los pueblos originarios y afro descendientes, todo esto está afianzado por la ley.

La creación de leyes perversas que en realidad afectan a los sectores más desposeídos del país. Todo esto va generando una situación de miseria, terror, violación de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de ese marco de violación de los derechos humanos se va creando una reacción del pueblo.

Con el golpe  de Estado militar el pueblo salió a las calles y las movilizaciones fueron enormes, llegaron a más de un millón de personas, y desde luego un rechazo total de violación de los derechos del pueblo. En ese proceso, ha existido toda una especie de guerra mediática, una especie de fundamentalismo religioso que están aliados con los sectores del Golpe y la oligarquía.

Está variable sociológica, afecta al movimiento social, se golpea muy duro al magisterio que era la columna vertebral  de la resistencia hondureña, y para eso, se utilizan campañas de desprestigio, y se olvida que el Estado no lo he dado prioridad a la educación y lo mismo ocurre en salud. En este caso el Congreso Nacional se convierte como algo más significativo que crea políticas, y en las cuales en realidad lo que se establece es  una militarización completa del Estado de Honduras.

Pero  la militarización no solamente es hondureña, puesto que también es estadounidense. Ejemplo de ello, son las visitas frecuentes del Comando Sur de los Estados Unidos a Honduras, utilizando como pretexto la guerra contra las drogas. En consecuencia de eso, nosotros tenemos en realidad, una guerra no declarada en el país.

Ya van más de 4 mil personas asesinadas en cuatro años, y todo ello está en la impunidad con más del 90 por ciento. En el proceso muchos dirigentes opositores han sido asesinados, torturados y perseguidos.

Esto significa la ausencia de la libertad que también se refleja en la muerte de periodistas y abogados. Todas son muertes inexplicables. Se comienza a operar la Doctrina de la Seguridad Nacional con una cuestión diferente a lo que ocurrió en la década de los ochentas. Pero esencialmente esta doctrina es enemigo de los que están en contra del sistema neoliberal, los que están en contra de la militarización del país. Y es así que comienza la persecución contra los dirigentes de derechos humanos.

Los sectores más golpeados desde luego son las comunidades indígenas, lencas, tolupanes, pech, es decir toda la mayor parte de las comunidades indígenas y garífunas que han sido segregados violentamente de sus territorios.

El eje central de todo esto, son las violaciones de derechos territoriales de las comunidades de los pueblos ancestrales, ya que con el desalojo se crean proyectos trasnacionales que reflejan el racismo, con lo que son tratados estas comunidades. Esto nos lleva a una situación de mayor crisis y pobreza, Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio latinoamericano después de Haití.

Honduras es el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes en el extranjero de América Central, y además también calificado como uno de los países más violentos del mundo, calificación que yo cuestiono, porque no es que el hondureño sea violento, sino que el sistema capitalista es de los más violentos en América Latina y considero que Honduras es un experimento ideológico, político, militarista, sobre todo del Pentágono y de otras fuerzas aliadas, con la oligarquía local, para implantar con mayor firmeza el capitalismo. 

En consecuencia, lo que despierta de nuevo al pueblo es la lucha contra la corrupción. El partido de gobierno es acusado de estar involucrado en la corrupción del país en el caso del Seguro Social de Honduras, en comprobados casos de robo y nepotismo, etc… Como respuesta de esto, se desarrollan movilizaciones de carácter pacífico en las cuales básicamente, la idea es caminar, salir en la noche con las antorchas y las manifestaciones indudablemente que tienen su merito, porque han movido a las personas a nivel personal.

Lo que hay que considerar es que la gente espontáneamente va a marchar y personas de diferentes tendencias políticas, sin embargo sin analizar a profundidad el contexto que mantiene enclaustrada a Honduras en la miseria, ellos únicamente marchan contra la corrupción.

 Esa es la razón por la que de nuevo  tenemos un reduccionismo filosófico e ideológico, político, porque las marchas inicialmente estuvieron alimentadas precisamente por los sectores de poder, sin embargo después esto se vuelve un poco molesto para el sistema, porque empiezan a plantear otros derechos y se suman a estas marchas de la fuerza opositora, y le van dando otro carácter. 

Después de esto, se forma la huelga de hambre, a la que se suman los indígenas tolupanes y también es acuerpada de forma simbólica por el pueblo originario lenca, las comunidades garífunas y por supuesto con la participación activa de los defensores de los derechos humanos, en su mayoría pertenecientes a organismos no gubernamentales.

La represión que ha sufrido está huelga de hambre pacifica así como  el desalojo violento de los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son políticas que toman de pronto un marcado y peligroso  tinte fascista.

Aquí vemos tres aspectos, el aspecto ontológico, el aspecto de la realidad concreta
y el aspecto estructural.

Hay una estructura de realidad objetiva que es represiva contra el pueblo, que es represiva contra los jóvenes, es decir hay una guerra no declarada inspirada bajo las ideas de Carl Schmitt, un teórico político hitleriano que habla de  la guerra total. Una guerra, no sólo es militar, porque están todas las fuerzas coludidas como la fundamentalista religiosa, las fuerzas del Estado mismo, así como también la fuerza mediática y desde luego las fuerzas que puedan surgir en los valores conservadores cotidianos de la sociedad. En ese sentido es la realidad. Y en otro sentido, el hambre la miseria, no hay acceso a la salud a la educación y al trabajo. Pero el pueblo esta distraído también en otra lucha y la reduce sólo a la corrupción.
En la posición epistemológica, es decir la lucha de las ideas, está la reelección electoral del sistema. Pero la gente está luchando contra la corrupción, mientras el problema concreto continúa, a la gente la siguen asesinando, sigue la violación a los derechos humanos, siguen las bases militares norteamericanas y también la existencia de las bases militares colombianas, mexicanas, y esto nos lleva a una situación extremadamente grave en y para el país. Sumado a eso, nos parece a nosotros, que por un lado, toda la orientación está en la parte epistemológica y se descuida la parte oncológica.

Los medios se centran en los problemas de información, menos en el aspecto epistemológico. Y  en el enfoque político, hay una falacia política al no articular la realidad con el conocimiento, al no articular estos dos elementos. El gobierno plantea el dialogo, sin embargo responde con represión militar. No hay dialogo.

La creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con la dirigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el financiamiento del gobierno estadounidense, cuyo senado aprobó 200 millones de dólares recientemente para brindar apoyo a la CICIH, comprueba quiénes realmente manipularán esta comisión. El problema es que no se trata sólo de de una comisión. Porque se necesita un mejoramiento en lo problemas reales de Honduras como la miseria y los demás señalados. En el plan de la prosperidad del triangulo norte, los Estados Unidos están planteando únicamente defender sus intereses.

El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia. Y esto significa que las organizaciones de derechos humanos (DDHH), deben plantear la realidad, de  manera que nosotros movamos la conciencia frente al militarismo.

Debemos de exigir que se desmantelen las bases militares norteamericanas en Honduras, para que seamos un país más soberano. Segundo, que la cooperación internacional no sólo se centre en el apoyo de un Estado, sino que en el apoyo a un pueblo, y que también el pueblo vaya pensando en crear sus propios tribunales que contribuyan a la creación de una verdadera justicia y soberanía del país. La situación de Honduras requiere mucho de la solidaridad internacional. El modelo que está utilizando el modelo neoliberal imperialista, es la hondureñización de América latina.

La situación de Honduras es la de un país aislado, pero hace falta más conciencia del ser social del ser material. Por tal motivo existe un pueblo que está luchando por su emancipación, su libertad y nosotros queremos la solidaridad internacional y la ternura revolucionaria. 

En el marco del reduccionismo filosófico, la CICIH será reducida a la cuestión de la corrupción financiera, pero no en la cuestión política nacional e internacional, puesto que los actores intelectuales, nunca serán enjuiciados bajo ese contexto de CICIH. Para llevar a cabo esto, hay que realizar el análisis profundo y partir de que una política corrupta, que tenga las fuerzas hegemónicas internacionales, es corrupta y es inmoral, cuando apoya la utilización de las armas, la compra de los instrumentos de guerra y menoscaba realmente el desarrollo de la salud.

Todas estas políticas corruptas ligadas a la oligarquía resultan inmorales cuando permiten la instalación de empresas transnacionales, como la Monsanto en Honduras, cuando se desarrollan políticas  de agro combustibles y mineras, que vulneran la vida de los indígenas, y colocan a los hondureños como desechos humanos. Ejemplo de ello, son las «ciudades modelo» conocidas como zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), pero que realmente solo representan un capital trasnacional dentro de Honduras y esto representa una evidente traición a la vida de los pueblos.

Carta abierta de las comunidades afectadas por la minería, recibidas en Roma por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz

Vía Movimiento M4

Los días 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.

Participaron líderes de 18 países del mundo: Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Mozambique, Ghana, República Democrática del Congo, India y Filipinas.

 

Fue un encuentro altamente esperado por nuestras comunidades, que están organizándose progresivamente para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la destrucción y contaminación del medio ambiente, los daños a la salud, las divisiones comunitarias, el desarraigo al territorio, las enfermedades, la perdida de la cultura, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, la perdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera.

De manera que las comunidades también se organizan para establecer estrategias comunes de resistencia y alternativas.

“El objetivo de este encuentro es reconocer su dignidad”, afirmó el cardenal Turkson, presidente del PCJP. El Papa Francisco la definió “la inmensa dignidad de los pobres” (Laudato Sí – LS 158).

La Iglesia Católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros, dejando heridas profundas e inmisericordes en el seno de la tierra y de las comunidades, que son síntoma de la “única y compleja crisis socioambiental” (LS 139).

El Papa Francisco en su carta a los participantes del encuentro, describió el contexto de los conflictos mineros con extrema lucidez y empatía: “Os habéis querido reunir (…) para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería. Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común”.

El Cardenal Turkson concluyó el evento comunicando a las comunidades: “Somos conscientes de su aislamiento, de la violación de derechos humanos, de la persecución, del desequilibrio de poder…” El sufrimiento de las comunidades tuvo, a través de este encuentro, una preciosa divulgación y visibilidad frente a la opinión pública mundial.

Reflexionando sobre la Doctrina Social de la Iglesia, nosotros los participantes llegamos a la conclusión que la Iglesia no puede ser una mediadora neutra entre las comunidades y las empresas. “Donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres” (LS 158).

Las afinidades de nuestras denuncias revelan que hay prácticas repetitivas por parte de las empresas en todas las latitudes, frecuentemente en alianza con los gobiernos nacionales y locales y con una fuerte incidencia y lobby de las empresas en todos los espacios de poder, con lo cual buscan, bajo el amparo de la elaboración de leyes ofensivas para la vida, proteger sus proyectos operacionales e intereses de lucro.

Con esa desproporción de fuerzas e influencias y con la falta de un adecuado acceso a la justicia, a la información, y encima de una fuerte criminalización de la protesta social, es prácticamente imposible que haya un diálogo respetuoso y atento de las empresas y los gobiernos para con las exigencias de los más pobres. En su encíclica, el Papa Francisco recomienda fuertemente “grandes caminos de diálogo”, pero los vincula todos a responsables procesos políticos y de toma de decisiones a nivel internacional, nacional y local (LS 164-198). Ese es el nivel que podemos y queremos potencializar, con la determinante postura del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

Expresamos también nuestra preocupación al respecto de la estrategia de aproximación que las grandes corporaciones mineras tienen para con la Iglesia institucional, resaltando las contradicciones entre los discursos realizados en Roma por estas multinacionales y sus prácticas locales, las cuales continúan en la mayoría de los casos, violando los derechos humanos en los territorios.

En este sentido, resuenan aún más fuertes las palabras que el Papa Francisco nos escribió por ocasión del encuentro: no se trata de buscar pequeños ajustes de conducta o elevar un poco los estándares de la así llamada: “responsabilidad social corporativa”. Al contrario, dice el Papa, “todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países”.

Celebramos este encuentro porque el grito de auxilio de las comunidades está siendo escuchado y se está organizando cada vez más. Sin embargo, sentimos también el desafío de garantizar los derechos humanos y el protagonismo de las comunidades en sus territorios: “los nuevos procesos que se van gestando (…) deben partir de la misma cultura local” (LS 144).

Esperamos con mucho interés el documento que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz preparará con las reflexiones e indicaciones al respecto de los conflictos provocados por las actividades de la minería. Anhelamos sea un documento pastoral que podrá, de un lado, reforzar y empoderar las comunidades confirmando su dignidad y sus proyectos de vida, de otro, recomendar a las iglesias locales la importancia de educar en el cuidado de la Madre Tierra, defender las víctimas de los conflictos y de la criminalización, promover políticas y acciones institucionales para la protección de los derechos socio ambientales, así como ser vigilantes en la relación con las empresas.

Sugerimos al PCJP que en su encuentro con los empresarios de las grandes mineras se sume, con una postura contundente, a lo que ya varios pueblos y organizaciones en el mundo vienen exigiendo: avanzar en la definición del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, actualmente en construcción en la ONU.

Consideramos que el camino más adecuado para la gestión de los conflictos entre las comunidades que reclaman el derecho al territorio y los proyectos de las empresas, con aval de los estados, sea el total respeto de los derechos humanos y de las leyes e tratados ya existentes, bien como la definición de nuevos consistentes instrumentos regulatorios, políticos, jurídicos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional (LS 177); “pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183). Las comunidades tienen el derecho de decir ‘no’ a la minería.

En ese sentido, reforzamos la importancia de garantizar áreas libres de la minería. Se trata de regiones de especial protección ecológica, comunidades en territorios pequeños que serían atropelladas por gigantes proyectos mineros, espacios sagrados donde se celebran la historia de un pueblo y su cultura, áreas de particular belleza natural o donde viven comunidades que ya fueran desplazadas anteriormente, entre otras.

El Cardenal Turkson nos garantizó que este encuentro representa otra etapa de un largo compromiso del Consejo Pontificio: “No es solo el Vaticano que escucha el grito de las víctimas. También los obispos lo hacen. Animaremos a los obispos locales para permanecer más próximos a las comunidades afectadas”.

Agradecemos a la Iglesia Católica por escuchar el grito de los afectados por la minería y queremos continuar caminando con esperanza “para que venga el Reino de justicia, paz, amor y belleza”.

Roma, 28 de julio de 2015

Las comunidades que participaron del encuentro “Unidos a Dios escuchamos un grito”

FORO DE AFECTADOS POR LA MINERÍA Y EN DEFENSA DEL SOCONUSCO, CHIAPAS

15 y 16 de Agosto 2015
Acacoyagua (Casa Ejidal)

Convocan:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento para la Defensa de los Pueblos del Soconusco
Frente Popular de la Región del Soconusco 20 de Junio

Con la participación de comunidades en resistencia de la Región Costa, Sierra y Soconusco.

Con invitados especiales: Miguel Angel Mijangos Leal (PIAP-Rema Guerrero), el Dr Paul Hersch (Rema Morelos), Malena León (Alianza Sierra Madre Chiapas) y el Lic Miguel Angel de los Santos. (Chiapas).

Temas: compartir experiencias de resistencia, situación nacional y estatal de la minería y los invitados de Morelos y Carrizalillo (Guerrero), el Sistema Minero, las afectaciones ambientales y en la salud, derechos humanos y minería, estrategias de resistencia, etc.

¿Qué traer?: un plato, vaso, cuchara, papel higiénico y REPELENTE PARA MOSCOS.

Hospedaje: solo para las personas que no son de los municipios aledaños, habrá hospedaje solidario con 20 familias de Acacoyagua. Trae una sabana.

Alimentación: cada quien pondrá su comida. Para los municipios aledaños desayunan y cenan en sus propias casas. Solo habrá apoyo en los alimentos para los que vienen de municipios alejados.

Contacto para mayor información:
– Salvador <Salvadorchavit@hotmail.com>
cel: 918 1050809
– Libertad Diaz <libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org>

¡CONSTRUYAMOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!