Publicación: Acaparamiento de Tierras y Bienes Comunes

Amigos de la Tierra Argentina

A partir de la Campaña contra el Acaparamiento de Tierras iniciada en 2011, Amigos de la Tierra Argentina trabajó numerosos casos de conflictos ambientales vinculados al control de los territorios: agronegocios, industrias extractivas como minería o fracking, e incluso acaparamiento de tierras urbanas.

En la Argentina, el país que posee el segundo mayor territorio de América Latina con una superficie total de 3.761.274 kilómetros cuadrados, la tendencia al acaparamiento de tierras a gran escala y de riquezas naturales es un fenómeno que no puede menospreciarse.

 

Compartimos este documento de trabajo que intenta describir una continuidad histórica del acaparamiento de tierras en nuestro continente, el cual adquiere dimensiones cada vez más complejas. La consolidación del esquema “extractivista-exportador” y su consecuencia, el  acaparamiento de los bienes comunes, ha intensificado los conflictos socioambientales. Es en estas luchas donde el argumento ambiental ha tomado un papel central a favor de la defensa del territorio.

VER INFORME COMPLETO:

Acaparamiento de tierras y bienes comunes

Cemda solicita una persona para cubrir el puesto de: Experto Sr

Web de CEMDA

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), solicita una persona para cubrir el puesto de: Experto Sr. para su Oficina Regional Noroeste, con sede en La Paz, Baja California Sur (BCS).

Antecedente

El CEMDA es una organización civil fundada en 1993, apartidista que promueve el derecho a un ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo —sumado al de muchos otros actores— contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Todo esto con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

 

La Oficina Regional Noroeste, tiene como objetivos, en la región que comprende las áreas costeras de los Estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, la península de Baja California, el Golfo de California, y el Pacífico Norte:

  • Crear y poner en marcha estrategias de incidencia en políticas públicas, para el posicionamiento e inclusión de temas estratégicos que se estén desarrollando al interior de la organización, buscando un fortalecimiento del marco legal y las políticas públicas en materia ambiental.
  • Elaborar, documentar y coordinar investigaciones que concuerden con los intereses ideológicos y temáticos de CEMDA y que tengan como fin darle cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Organización.
  • Organizar e impartir talleres y foros, así como desarrollar los materiales didácticos con los que CEMDA podrá capacitar al interior y exterior de la Organización.
  • Seleccionar, documentar y conducir casos de litigio estratégico para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y derechos humanos concomitantes, así como la tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano, principalmente de las comunidades locales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
  • Coordinarse con el área de comunicación del CEMDA con vistas a difundir los temas estratégicos de la institución hacia audiencias clave, a fin de apoyar a las otras áreas a alcanzar sus objetivos y de posicionar a CEMDA ante la opinión pública como un referente obligado en el tema medioambiental.

Funciones y responsabilidades principales del puesto:

  • Implementación y ejecución de los objetivos antes señalados de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA y de sus proyectos.
  • Promover el diálogo e interlocución con actores estratégicos (sociedad civil, sector privado, gobierno, academia).
  • Seguimiento y ampliación de la incidencia legislativa del CEMDA, en tratándose de disposiciones de carácter general, stricto y lato sensu, incluyendo en lo tocante a instrumentos de política ambiental.
  • Capacitación a tomadores de decisión y actores relevantes de la gestión ambiental.
  • Participación en los espacios de incidencia del CEMDA:
  • Patrocinio de casos (litigio).
  • Investigación e impulso de la faceta de Think Tank del Cemda.
  • Desarrollo e implementación de estrategias de incidencia.
  • Difundir los mensajes claves de la organización en diversos espacios de interlocución.
  • Gestionar redes a nivel regional, nacional e internacional.
  • Procuración de fondos y elaboración de reportes para las fuentes de financiamiento.

Requisitos:

  • Licenciado en Derecho, con cédula profesional vigente.
  • Dominio del idioma inglés.
  • Experiencia profesional previa, de mínimo 3 años, en materia de derecho ambiental o política ambiental.
  • Experiencia en litigio administrativo (litigio ambiental) y/o en materia de derechos humanos.
  • Objetivos personales afines a los del CEMDA.
  • No estar en situación de conflicto de intereses respecto a las actividades del CEMDA.
  • Habilidades de negociación.
  • Proactividad y creatividad.
  • Disponibilidad para residir en la Ciudad de La Paz, BCS.
  • Habilidades específicas en manejo de redes, diálogo con actores clave, relaciones públicas, facilidad para hablar en público.
  • Proactivo, orientado al logro de objetivos y metas.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad para trabajar bajo intensa presión y en varios proyectos a la vez.
  • Disponibilidad para viajar extensivamente.
  • Dinamismo, actitud de servicio y disposición al aprendizaje.
  • Deseable experiencia en temas de manejo costeros, pesquero y en general recursos naturales marinos.
  • Deseable que cuente con visa para ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.
  • Deseable experiencia en interrelación con medios de comunicación.
  • Deseable experiencia de trabajo en o con órganos formal o materialmente legislativos.
  • Deseable personalidad extrovertida y audaz.

Todo candidato interesado deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes documentos:

  • Currículum Vitae
  • Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales.
  • Carta de motivos, tipografía Arial número 11 a espacio sencillo, explicando aspectos relevantes de su vida profesional que indiquen que es la persona adecuada para esta posición.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el día lunes 07 de agosto del 2015, y deberán ser enviadas por correo electrónico con atención a:

Disposiciones Generales:

Los candidatos pre-seleccionados serán invitados a participar en una entrevista en las oficinas del CEMDA. El CEMDA comunicará a los candidatos, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, vía telefónica, fax o correo electrónico, la fecha, el lugar y la hora de la entrevista.

Es política el CEMDA el proveer de oportunidades a todas las personas calificadas y se reafirma que no habrá discriminación de solicitantes, basada en edad, ascendencia, credo, capacidades diferentes, estado civil, condición médica, origen, nacionalidad, situación de maternidad, raza, sexo, orientación sexual, o cualesquier otro factor no relevante para el desempeño del puesto.

__________________________________________________________

Convocatoria Experto/a Junior – Área de Derechos Humanos y Ambiente Ciudad de México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., solicita una persona para cubrir el puesto de Experto/a Junior del Área de Derechos Humanos y Ambiente, en las oficinas Centrales ubicadas en la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) es una organización civil fundada en 1993, apartidista que promueve el derecho a un ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo —sumado al de muchos otros actores— contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

El área de Derechos Humanos y Ambiente tiene como objetivo la promoción del enfoque de derechos humanos en asuntos ambientales, con particular atención en los casos de violaciones de derechos humanos ambientales por grandes proyectos de desarrollo, a la situación de los defensores ambientales y la promoción del derecho humano al medio ambiente sano.

Funciones y responsabilidades principales:

  1. Participación en el desarrollo de las estrategias con los abogados del equipo para el impulso de casos de defensa del derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos.
  2. Participación y seguimiento de los asuntos en los juzgados, tribunales, SCJN, CNDH y foros internacionales.
  3. Colaboración en la implementación y elaboración de acciones para la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y derechos humanos afines.
  4. Interlocución e intercambio de información con comunidades indígenas y campesinas y con contrapartes en los estados.
  5. Documentación de casos, investigación, búsqueda y análisis de información.
  6. Elaboración de documentos jurídicos.
  7. Participación en espacios multiactores sobre derechos humanos.

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho, preferentemente con cédula y experiencia en litigio.
  • Conocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y derechos humanos afines e interés en su defensa.
  • Capacidad de análisis y síntesis.
  • Proactividad, creatividad y trabajo en equipo.
  • Interés por la conservación de los recursos naturales de nuestro país.
  • Capacidad para viajar y trabajar con comunidades indígenas y campesinas.
  • Capacidad para relacionarse con diferentes actores.
  • Iniciativa y compromiso en el trabajo.
  • Conocimiento del sistema interamericano y sistema universal de derechos humanos.

Especificaciones del puesto:

Todo/a candidato/a interesado/a deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes documentos:

  • Currículum Vitae
  • Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales.
  • Carta de Intención de una cuartilla, tipografía Arial número 11 a espacio sencillo, explicando aspectos relevantes de su vida profesional que indiquen que es la persona adecuada para esta posición.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el día 31 de agosto del 2015 y deberán ser enviadas por correo electrónico con objeto CONVOCATORIA EXPERTO/A JUNIOR – NOMBRE DEL CANDIDATO/A: con atención a:

  • Lic. Andrea Cerami
  • Coordinador del Área de Derechos Humanos y Ambiente
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
  • Atlixco 138, colonia Condesa, C.P. 06140, México DF
  • acerami@cemda.org.mx

Disposiciones Generales:

Las personas pre-seleccionadas serán invitadas a participar en una entrevista en las oficinas del CEMDA. El CEMDA comunicará a las personas seleccionadas, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, vía telefónica, fax o correo electrónico, la fecha, el lugar y la hora de la entrevista.

Bios Iguana A.C. denuncia al Estado mexicano ante la CIDH

Descargar PDF

El 1 de Agosto de 2015 la organización Bios Iguana, A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), envía una petición de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos humanos de las y los defensores del ambiente y los recursos naturales miembros de la organización Bios Iguana, A.C., a sí como los actuales integrantes del Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan, en Colima, México. La petición ha sido presentada con el auxilio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

La denuncia a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado Mexicano se argumenta en base a los hechos, testimonios y contundentes pruebas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), concretamente, los contenidos en los artículo 4 (Vida), artículos 5 (Integridad Personal), artículo 11 (honor y reputación); artículo 16 (libertad de asociación), artículo 22 (libre circulación y residencia); artículo 8 (garantías judiciales), artículo 25 (protección judicial) todo ello en relación con las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 y 2 de las CADH.

En dicha petición, se denuncia igualmente la violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (en adelante Convención de Belem do Para): artículos 3 (derecho a una vida libre de violencia), artículo 4 (derecho a la protección de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos), y artículos 7. d y f.

Los integrantes de Bios Iguana, A.C., el Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA, solicitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso con urgencia ante la gravedad de los hechos, amenazas de muerte, intimidaciones, represión y otros actos que violan los derechos humanos de las y los
defensores del medio ambiente y los recursos naturales.

Atentamente,
Bios Iguana, A.C., Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA

Dr. Juan Almendares: “El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia”

Entrevista al Doctor JUAN ALMENDARES BONILLA
Científico y Defensor de la vida y la tierra.
Fotografía: http://conexihon.hn
Por: Ronnie Huete
Periodista y activista de derechos humanos

El siguiente artículo está redactado con auxilio  literal de una reciente entrevista que efectué en mi estadía en Honduras, con el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Dr. Juan Almendares, quien también es un reconocido científico de la salud a nivel internacional,  defensor de derechos humanos y de la tierra. En la entrevista, Almendares plantea una lectura profunda de la realidad que mantiene convulsionado al país latinoamericano de Honduras. Julio de 2015

Washington DC 22 de julio. Ante el análisis de la crisis de Honduras puede existir una visión reduccionista en el sentido filosófico, político e ideológico, porque aquí  se centra toda la situación en las figuras políticas y los partidos políticos, pero nosotros tenemos que analizar que la corrupción es un resultado de un proceso histórico que tiene que ver profundamente con la constante agresión capitalista, que ha sufrido Honduras.

Honduras ha sido golpeada históricamente por las empresas bananeras o las empresas mineras, y ahora con la Monsanto, cuyo negocio internacional es el de los transgénicos que se imponen sobre las soberanías de los países del sur. Por otro lado, también está el negocio del agro combustible. Todas esas son parte de las políticas multinacionales de los estados supranacionales, de las fuerzas hegemónicas económicas que han ido acompañadas de golpes de Estado.

El golpe de Estado de 2009 en Honduras, no fue únicamente un problema interno, sino un problema generado también por el Pentágono, y este proceso debe de entenderse como un golpe de Estado Multinacional contra el país, porque se suponía que en el momento político en que se produce el Golpe, Honduras se abría un espacio económico y social  hacia los países del sur.

Es en ese sentido que se produce el golpe de Estado, y realmente es inexplicable por qué se da el golpe, ya que el ex presidente Manuel Zelaya, tenía en contra el Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, a la empresa privada, a los sectores fundamentalistas de la iglesia, y los medios de comunicación pagados por el sistema.

Golpe de Estado

 Indudablemente se da el golpe porque hay un proceso de movilización social del pueblo;  el ex presidente Zelaya abre el espacio para que incluso aumente el salario mínimo y todo esto crea una situación de intranquilidad para las empresas, y el capital transnacional basados en el enriquecimiento por explotación laboral.

Debido al  proceso echado a andar con el Golpe, Honduras entra de nuevo a una crisis que tiene su expresión en el gobierno actual, y todo se agrava. La agravación de este asunto, se enfoca en el tema de la corrupción, sobre todo la que existe en los sectores de salud y cobra su mayor fuerza con el desfalco de 350 millones de dólares (7 mil millones de lempiras) contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y cuyo resultado irradia en la muerte de 3 mil hondureños, que fallecieron por falta de medicamentos, decidía y atención médica, debido al descalabro financiero del IHSS.

Bajo este panorama, si nosotros analizamos a mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta de que el problema de la corrupción es un fenómeno interno, endógeno, pero también articulado a lo exógeno, es decir  al capitalismo también corrupto y a las políticas que genera el capitalismo en Honduras, como la presencia de bases militares, como el incremento de un estado militar policial.

La sumisión total del país a las políticas capitalistas, nos pone como un país subordinado, a los intereses de un estado trasnacional. En este proceso que se ha llamado “transparencia”, rendición de cuentas, se olvida algo muy importante, puesto que sólo se ven los resultados y no los mecanismos de acción política. Los mecanismos de decisión política son claves para generar la corrupción. A mi juicio es corrupción una política que privilegia las armas en vez de la salud y la educación.

Nosotros en realidad estamos obligados por las políticas del Pentágono a comprar armas en un país con una población con hambre, miseria y explotación, pero también los mecanismos de decisión política han golpeado a  la clase trabajadora, a los campesinos y  a los pueblos indígenas. 

Si nosotros observamos la Ley de Trabajo por hora, la violación de todos los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora, la invasión tecnológica militar de los territorios, los desalojos violentos de las comunidades de los pueblos originarios y afro descendientes, todo esto está afianzado por la ley.

La creación de leyes perversas que en realidad afectan a los sectores más desposeídos del país. Todo esto va generando una situación de miseria, terror, violación de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de ese marco de violación de los derechos humanos se va creando una reacción del pueblo.

Con el golpe  de Estado militar el pueblo salió a las calles y las movilizaciones fueron enormes, llegaron a más de un millón de personas, y desde luego un rechazo total de violación de los derechos del pueblo. En ese proceso, ha existido toda una especie de guerra mediática, una especie de fundamentalismo religioso que están aliados con los sectores del Golpe y la oligarquía.

Está variable sociológica, afecta al movimiento social, se golpea muy duro al magisterio que era la columna vertebral  de la resistencia hondureña, y para eso, se utilizan campañas de desprestigio, y se olvida que el Estado no lo he dado prioridad a la educación y lo mismo ocurre en salud. En este caso el Congreso Nacional se convierte como algo más significativo que crea políticas, y en las cuales en realidad lo que se establece es  una militarización completa del Estado de Honduras.

Pero  la militarización no solamente es hondureña, puesto que también es estadounidense. Ejemplo de ello, son las visitas frecuentes del Comando Sur de los Estados Unidos a Honduras, utilizando como pretexto la guerra contra las drogas. En consecuencia de eso, nosotros tenemos en realidad, una guerra no declarada en el país.

Ya van más de 4 mil personas asesinadas en cuatro años, y todo ello está en la impunidad con más del 90 por ciento. En el proceso muchos dirigentes opositores han sido asesinados, torturados y perseguidos.

Esto significa la ausencia de la libertad que también se refleja en la muerte de periodistas y abogados. Todas son muertes inexplicables. Se comienza a operar la Doctrina de la Seguridad Nacional con una cuestión diferente a lo que ocurrió en la década de los ochentas. Pero esencialmente esta doctrina es enemigo de los que están en contra del sistema neoliberal, los que están en contra de la militarización del país. Y es así que comienza la persecución contra los dirigentes de derechos humanos.

Los sectores más golpeados desde luego son las comunidades indígenas, lencas, tolupanes, pech, es decir toda la mayor parte de las comunidades indígenas y garífunas que han sido segregados violentamente de sus territorios.

El eje central de todo esto, son las violaciones de derechos territoriales de las comunidades de los pueblos ancestrales, ya que con el desalojo se crean proyectos trasnacionales que reflejan el racismo, con lo que son tratados estas comunidades. Esto nos lleva a una situación de mayor crisis y pobreza, Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio latinoamericano después de Haití.

Honduras es el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes en el extranjero de América Central, y además también calificado como uno de los países más violentos del mundo, calificación que yo cuestiono, porque no es que el hondureño sea violento, sino que el sistema capitalista es de los más violentos en América Latina y considero que Honduras es un experimento ideológico, político, militarista, sobre todo del Pentágono y de otras fuerzas aliadas, con la oligarquía local, para implantar con mayor firmeza el capitalismo. 

En consecuencia, lo que despierta de nuevo al pueblo es la lucha contra la corrupción. El partido de gobierno es acusado de estar involucrado en la corrupción del país en el caso del Seguro Social de Honduras, en comprobados casos de robo y nepotismo, etc… Como respuesta de esto, se desarrollan movilizaciones de carácter pacífico en las cuales básicamente, la idea es caminar, salir en la noche con las antorchas y las manifestaciones indudablemente que tienen su merito, porque han movido a las personas a nivel personal.

Lo que hay que considerar es que la gente espontáneamente va a marchar y personas de diferentes tendencias políticas, sin embargo sin analizar a profundidad el contexto que mantiene enclaustrada a Honduras en la miseria, ellos únicamente marchan contra la corrupción.

 Esa es la razón por la que de nuevo  tenemos un reduccionismo filosófico e ideológico, político, porque las marchas inicialmente estuvieron alimentadas precisamente por los sectores de poder, sin embargo después esto se vuelve un poco molesto para el sistema, porque empiezan a plantear otros derechos y se suman a estas marchas de la fuerza opositora, y le van dando otro carácter. 

Después de esto, se forma la huelga de hambre, a la que se suman los indígenas tolupanes y también es acuerpada de forma simbólica por el pueblo originario lenca, las comunidades garífunas y por supuesto con la participación activa de los defensores de los derechos humanos, en su mayoría pertenecientes a organismos no gubernamentales.

La represión que ha sufrido está huelga de hambre pacifica así como  el desalojo violento de los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son políticas que toman de pronto un marcado y peligroso  tinte fascista.

Aquí vemos tres aspectos, el aspecto ontológico, el aspecto de la realidad concreta
y el aspecto estructural.

Hay una estructura de realidad objetiva que es represiva contra el pueblo, que es represiva contra los jóvenes, es decir hay una guerra no declarada inspirada bajo las ideas de Carl Schmitt, un teórico político hitleriano que habla de  la guerra total. Una guerra, no sólo es militar, porque están todas las fuerzas coludidas como la fundamentalista religiosa, las fuerzas del Estado mismo, así como también la fuerza mediática y desde luego las fuerzas que puedan surgir en los valores conservadores cotidianos de la sociedad. En ese sentido es la realidad. Y en otro sentido, el hambre la miseria, no hay acceso a la salud a la educación y al trabajo. Pero el pueblo esta distraído también en otra lucha y la reduce sólo a la corrupción.
En la posición epistemológica, es decir la lucha de las ideas, está la reelección electoral del sistema. Pero la gente está luchando contra la corrupción, mientras el problema concreto continúa, a la gente la siguen asesinando, sigue la violación a los derechos humanos, siguen las bases militares norteamericanas y también la existencia de las bases militares colombianas, mexicanas, y esto nos lleva a una situación extremadamente grave en y para el país. Sumado a eso, nos parece a nosotros, que por un lado, toda la orientación está en la parte epistemológica y se descuida la parte oncológica.

Los medios se centran en los problemas de información, menos en el aspecto epistemológico. Y  en el enfoque político, hay una falacia política al no articular la realidad con el conocimiento, al no articular estos dos elementos. El gobierno plantea el dialogo, sin embargo responde con represión militar. No hay dialogo.

La creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con la dirigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el financiamiento del gobierno estadounidense, cuyo senado aprobó 200 millones de dólares recientemente para brindar apoyo a la CICIH, comprueba quiénes realmente manipularán esta comisión. El problema es que no se trata sólo de de una comisión. Porque se necesita un mejoramiento en lo problemas reales de Honduras como la miseria y los demás señalados. En el plan de la prosperidad del triangulo norte, los Estados Unidos están planteando únicamente defender sus intereses.

El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia. Y esto significa que las organizaciones de derechos humanos (DDHH), deben plantear la realidad, de  manera que nosotros movamos la conciencia frente al militarismo.

Debemos de exigir que se desmantelen las bases militares norteamericanas en Honduras, para que seamos un país más soberano. Segundo, que la cooperación internacional no sólo se centre en el apoyo de un Estado, sino que en el apoyo a un pueblo, y que también el pueblo vaya pensando en crear sus propios tribunales que contribuyan a la creación de una verdadera justicia y soberanía del país. La situación de Honduras requiere mucho de la solidaridad internacional. El modelo que está utilizando el modelo neoliberal imperialista, es la hondureñización de América latina.

La situación de Honduras es la de un país aislado, pero hace falta más conciencia del ser social del ser material. Por tal motivo existe un pueblo que está luchando por su emancipación, su libertad y nosotros queremos la solidaridad internacional y la ternura revolucionaria. 

En el marco del reduccionismo filosófico, la CICIH será reducida a la cuestión de la corrupción financiera, pero no en la cuestión política nacional e internacional, puesto que los actores intelectuales, nunca serán enjuiciados bajo ese contexto de CICIH. Para llevar a cabo esto, hay que realizar el análisis profundo y partir de que una política corrupta, que tenga las fuerzas hegemónicas internacionales, es corrupta y es inmoral, cuando apoya la utilización de las armas, la compra de los instrumentos de guerra y menoscaba realmente el desarrollo de la salud.

Todas estas políticas corruptas ligadas a la oligarquía resultan inmorales cuando permiten la instalación de empresas transnacionales, como la Monsanto en Honduras, cuando se desarrollan políticas  de agro combustibles y mineras, que vulneran la vida de los indígenas, y colocan a los hondureños como desechos humanos. Ejemplo de ello, son las «ciudades modelo» conocidas como zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), pero que realmente solo representan un capital trasnacional dentro de Honduras y esto representa una evidente traición a la vida de los pueblos.

Carta abierta de las comunidades afectadas por la minería, recibidas en Roma por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz

Vía Movimiento M4

Los días 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.

Participaron líderes de 18 países del mundo: Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Mozambique, Ghana, República Democrática del Congo, India y Filipinas.

 

Fue un encuentro altamente esperado por nuestras comunidades, que están organizándose progresivamente para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la destrucción y contaminación del medio ambiente, los daños a la salud, las divisiones comunitarias, el desarraigo al territorio, las enfermedades, la perdida de la cultura, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, la perdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera.

De manera que las comunidades también se organizan para establecer estrategias comunes de resistencia y alternativas.

“El objetivo de este encuentro es reconocer su dignidad”, afirmó el cardenal Turkson, presidente del PCJP. El Papa Francisco la definió “la inmensa dignidad de los pobres” (Laudato Sí – LS 158).

La Iglesia Católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros, dejando heridas profundas e inmisericordes en el seno de la tierra y de las comunidades, que son síntoma de la “única y compleja crisis socioambiental” (LS 139).

El Papa Francisco en su carta a los participantes del encuentro, describió el contexto de los conflictos mineros con extrema lucidez y empatía: “Os habéis querido reunir (…) para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería. Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común”.

El Cardenal Turkson concluyó el evento comunicando a las comunidades: “Somos conscientes de su aislamiento, de la violación de derechos humanos, de la persecución, del desequilibrio de poder…” El sufrimiento de las comunidades tuvo, a través de este encuentro, una preciosa divulgación y visibilidad frente a la opinión pública mundial.

Reflexionando sobre la Doctrina Social de la Iglesia, nosotros los participantes llegamos a la conclusión que la Iglesia no puede ser una mediadora neutra entre las comunidades y las empresas. “Donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres” (LS 158).

Las afinidades de nuestras denuncias revelan que hay prácticas repetitivas por parte de las empresas en todas las latitudes, frecuentemente en alianza con los gobiernos nacionales y locales y con una fuerte incidencia y lobby de las empresas en todos los espacios de poder, con lo cual buscan, bajo el amparo de la elaboración de leyes ofensivas para la vida, proteger sus proyectos operacionales e intereses de lucro.

Con esa desproporción de fuerzas e influencias y con la falta de un adecuado acceso a la justicia, a la información, y encima de una fuerte criminalización de la protesta social, es prácticamente imposible que haya un diálogo respetuoso y atento de las empresas y los gobiernos para con las exigencias de los más pobres. En su encíclica, el Papa Francisco recomienda fuertemente “grandes caminos de diálogo”, pero los vincula todos a responsables procesos políticos y de toma de decisiones a nivel internacional, nacional y local (LS 164-198). Ese es el nivel que podemos y queremos potencializar, con la determinante postura del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

Expresamos también nuestra preocupación al respecto de la estrategia de aproximación que las grandes corporaciones mineras tienen para con la Iglesia institucional, resaltando las contradicciones entre los discursos realizados en Roma por estas multinacionales y sus prácticas locales, las cuales continúan en la mayoría de los casos, violando los derechos humanos en los territorios.

En este sentido, resuenan aún más fuertes las palabras que el Papa Francisco nos escribió por ocasión del encuentro: no se trata de buscar pequeños ajustes de conducta o elevar un poco los estándares de la así llamada: “responsabilidad social corporativa”. Al contrario, dice el Papa, “todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países”.

Celebramos este encuentro porque el grito de auxilio de las comunidades está siendo escuchado y se está organizando cada vez más. Sin embargo, sentimos también el desafío de garantizar los derechos humanos y el protagonismo de las comunidades en sus territorios: “los nuevos procesos que se van gestando (…) deben partir de la misma cultura local” (LS 144).

Esperamos con mucho interés el documento que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz preparará con las reflexiones e indicaciones al respecto de los conflictos provocados por las actividades de la minería. Anhelamos sea un documento pastoral que podrá, de un lado, reforzar y empoderar las comunidades confirmando su dignidad y sus proyectos de vida, de otro, recomendar a las iglesias locales la importancia de educar en el cuidado de la Madre Tierra, defender las víctimas de los conflictos y de la criminalización, promover políticas y acciones institucionales para la protección de los derechos socio ambientales, así como ser vigilantes en la relación con las empresas.

Sugerimos al PCJP que en su encuentro con los empresarios de las grandes mineras se sume, con una postura contundente, a lo que ya varios pueblos y organizaciones en el mundo vienen exigiendo: avanzar en la definición del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, actualmente en construcción en la ONU.

Consideramos que el camino más adecuado para la gestión de los conflictos entre las comunidades que reclaman el derecho al territorio y los proyectos de las empresas, con aval de los estados, sea el total respeto de los derechos humanos y de las leyes e tratados ya existentes, bien como la definición de nuevos consistentes instrumentos regulatorios, políticos, jurídicos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional (LS 177); “pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183). Las comunidades tienen el derecho de decir ‘no’ a la minería.

En ese sentido, reforzamos la importancia de garantizar áreas libres de la minería. Se trata de regiones de especial protección ecológica, comunidades en territorios pequeños que serían atropelladas por gigantes proyectos mineros, espacios sagrados donde se celebran la historia de un pueblo y su cultura, áreas de particular belleza natural o donde viven comunidades que ya fueran desplazadas anteriormente, entre otras.

El Cardenal Turkson nos garantizó que este encuentro representa otra etapa de un largo compromiso del Consejo Pontificio: “No es solo el Vaticano que escucha el grito de las víctimas. También los obispos lo hacen. Animaremos a los obispos locales para permanecer más próximos a las comunidades afectadas”.

Agradecemos a la Iglesia Católica por escuchar el grito de los afectados por la minería y queremos continuar caminando con esperanza “para que venga el Reino de justicia, paz, amor y belleza”.

Roma, 28 de julio de 2015

Las comunidades que participaron del encuentro “Unidos a Dios escuchamos un grito”

FORO DE AFECTADOS POR LA MINERÍA Y EN DEFENSA DEL SOCONUSCO, CHIAPAS

15 y 16 de Agosto 2015
Acacoyagua (Casa Ejidal)

Convocan:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento para la Defensa de los Pueblos del Soconusco
Frente Popular de la Región del Soconusco 20 de Junio

Con la participación de comunidades en resistencia de la Región Costa, Sierra y Soconusco.

Con invitados especiales: Miguel Angel Mijangos Leal (PIAP-Rema Guerrero), el Dr Paul Hersch (Rema Morelos), Malena León (Alianza Sierra Madre Chiapas) y el Lic Miguel Angel de los Santos. (Chiapas).

Temas: compartir experiencias de resistencia, situación nacional y estatal de la minería y los invitados de Morelos y Carrizalillo (Guerrero), el Sistema Minero, las afectaciones ambientales y en la salud, derechos humanos y minería, estrategias de resistencia, etc.

¿Qué traer?: un plato, vaso, cuchara, papel higiénico y REPELENTE PARA MOSCOS.

Hospedaje: solo para las personas que no son de los municipios aledaños, habrá hospedaje solidario con 20 familias de Acacoyagua. Trae una sabana.

Alimentación: cada quien pondrá su comida. Para los municipios aledaños desayunan y cenan en sus propias casas. Solo habrá apoyo en los alimentos para los que vienen de municipios alejados.

Contacto para mayor información:
– Salvador <Salvadorchavit@hotmail.com>
cel: 918 1050809
– Libertad Diaz <libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org>

¡CONSTRUYAMOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

¡Justicia para Noé, Ruben y Nadia! ¡Cese a los asesinatos, hostigamientos y represión a los activistas en Veracruz!

El 2 de agosto se cumplieron 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, (MAPDER), y del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre de Amatlán de los Reyes, Veracruz, perpetrado por los sicarios relacionados con la empresa El Naranjal, quien impulsa el Proyecto Hidroeléctrico el Naranjal.

Dos años han transcurrido de injusticia, pues aunque están presos los autores materiales, no se ha esclarecido quiénes son los autores intelectuales y las razones por las que fue asesinado un defensor del agua en el marco de un Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos. ¿Casualidad? No lo creemos. Consideramos este crimen como un acto represivo, como un mensaje de intimidación de aquellos que se dicen poderosos y que actúan en contubernio:  empresarios, clase política, sicarios y todos aquellos que utilizan su fuerza para la destrucción de la vida.

 

Quienes creemos en la esperanza, la justicia y a favor de la vida, exigimos justicia para Noé Vázquez,  que los autores intelectuales sean juzgados y que se dicte sentencia de culpabilidad a Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz, y no sólo una medida cautelar de prisión preventiva de dos años que vence en estos días.

El asesinato de Noé fue tan solo el inicio de una escalada de represión y hostigamiento que ha pretendido sembrar el miedo e inmovilizar a los  veracruzanos que resisten contra distintos proyectos de muerte. Sin embargo el poder de la razón y la fuerza de la unidad de los pueblos ha logrado detenerlos; muestras de ello han sido las luchas contra la imposición de la Mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa en la cuenca de la Antigua y la hidroeléctrica el Naranjal. Desgraciadamente, la lucha por la vida, el agua y la tierra en Veracruz sigue siendo amenazada, como lo muestran los siguientes casos de hostigamiento a activistas:

-Julián Ramírez, miembro de LAVIDA y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien desde el año pasado se le ha levantado una campaña de desprestigio en los medios estatales, por haber denunciado públicamente la relación entre el gobierno estatal y el crimen organizado. A lo largo de este año ha sido hostigado y vigilado permanentemente. 
-Aurora Juárez Barrientos, defensora del río Bobos-Nautla, es perseguida junto con campesinos opositores a los proyectos hidroeléctricos en la cuenca, por la empresa IGR y el Presidente Municipal de Jalacingo.
-Gumercindo González Sánchez y Felipe Gutiérrez Pérez de la Comunidad de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz, han sido demandados por Petróleos Mexicanos por defender sus derechos ante la extracción de hidrocarburos. Junto con Jorge Luis Sánchez Rivera son hostigados por parte de la paraestatal y el gobierno municipal.
-Miembros de la colectividad por la defensa del río La Antigua, quienes enfrentan procesos judiciales por defender su río contra la empresa Odebrecht. Este año fueron encarcelados miembros del Comisariado Ejidal que defendían la tierra así como los compañeros de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL). Específicamente los compañeros Gabriela Maciel y José Luis Hernández Beltrán.

-Las amenazas y hostigamientos que han recibido miembros de Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como las presiones que han recibido por parte del  visitador agrario y de la miembros de la empresa, para que vendan sus tierras. Así como el acoso y la criminalización hacia el Párroco Julián Verónica.

Manifestamos nuestra rabia por los asesinatos de nuestros compañeros Rubén Espinosa, periodista y activista por la libre expresión en Veracruz. Por Nadia Vera Antropóloga y activista estudiantil egresada de la Universidad Veracruzana. Y por las otras dos mujeres que fueron asesinadas el viernes pasado en la Col. Narvarte de la Ciudad de México.

Ante un clima de ingobernabilidad, inseguridad, impunidad, grupos armados, violencia, represión, y con presencia de diversos cuerpos policiacos y militares que existen en Veracruz, nos preocupa la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los casos y personas mencionadas. En Veracruz corren muchos riesgos los activistas por la justicia, verdad y la paz, tan solo de 2010 al 2015, 14 periodistas han sido asesinados y 4 desaparecidos, mientras que de 2010 a 2013  se registraron 635 desapariciones. No olvidemos que en las vísperas de la jornada electoral fueron golpeados brutalmente estudiantes de la Universidad Veracruzana que se encontraban en una fiesta, de hecho Rubén Espinosa documento las agresiones que recibieron los jóvenes y a partir de este hecho se intensificaron las amenazas hacia él. En este contexto al Gobierno de Javier Duarte le ha faltado voluntad política para la resolución no violenta de los conflictos sociales, y vemos un gobierno inmaduro sin capacidad de dialogo, que actúa con indiferencia y venganza frente a la voz crítica.

El Papa Francisco exige a los gobiernos nacionales que velen por la integridad física de los movimientos populares que defienden a la hermana madre tierra. Nosotros también exigimos al Gobierno de Veracruz que respete a los movimientos populares y a los periodistas.

Hacemos responsable al Gobierno del Estado de los asesinatos de Noé, Rubén, Nadia y Regina. Declaramos el 2 de agosto día del activista veracruzano y exigimos a Javier Duarte de Ochoa cese a la violencia, asesinato y al hostigamiento a los activistas socioambientales, por los desaparecidos y por la libertad de expresión. Exigimos la voluntad y capacidad para resolver de forma pacífica los conflictos socio-ambientales generados por la política extractiva y criminal de la clase político-empresarial.
En este día también exigimos la libertad de los presos políticos que están defendiendo sus territorios, como Marco Antonio Suastegui, y Nestora Salgado, así como presos políticos en el estado de Puebla.  Alto a la criminalización que vive la organización Bios Iguana y los activistas de Zacualpan Colima, como también la campaña de hostigamiento a los integrantes del Consejo Tiyat Tlali en la Sierra Norte de Puebla.

¡¡A nuestros muertos no los enterramos, los sembramos para que florezca la esperanza!!
¡¡Que el dolor nos fortalezca y nos de unidad!!

Xalapa, Veracruz a 3 de agosto de 2015

Atte.

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos; Alianza Mexicana Contra el Fracking; Alianza Internacional de Habitantes; Otros mundos AC; Educa AC; COPUDEVER, Oax; IMDEC; Consejo Tiyat Tlali; Pobladores AC; Hijos de la tierra.

“Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud; cuando recordamos esos «rostros y esos nombres» se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos… Todos nos conmovemos, porque «hemos visto y oído», no la fría estadística sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne”

Extracto del discurso del Papa Francisco en el II Encuentro de movimientos sociales, Santa Cruz, Bolivia. 2015

Comunidades rechazan compañías de Palma Africana

Guatemala (Cerigua).- Comunidades de la Franja Transversal del Norte, la Costa Sur y Sayaxché, Petén, manifestaron su rechazo a las compañías de Palma Africana instaladas en el país y exigieron a las autoridades investigar su posible responsabilidad en la contaminación de los ríos donde operan.

Saúl Paau, representante legal de los comunitarios, afirmó que desde el 2011 han interpuesto una serie de denuncias ante el Ministerio Público (MP) por el desvío de afluentes, contaminación de agua, amenazas y coacción en contra de activistas por parte de este tipo de empresas, sin embargo hasta el momento el organismo no ha tomado cartas en el asunto.

 

Debido a la inoperancia del sistema de justicia, agregó Paau, se han dado nuevos casos de contaminación en los ríos, lo que ha vulnerado los derechos de los comunitarios, razón por la cual acordaron interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).

Los pobladores criticaron también la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a que algunas compañías operan sin licencia o estudios de impacto ambiental.

Esta situación fue comprobada por una misión de expertos que visitó recientemente el municipio de Sayaxché, Petén, para analizar la contaminación del río La Pasión y las condiciones en que se encuentran los habitantes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que además de que REPSA no cuenta con estudios de impacto ambiental para la siembra de palma africana, parte de su sembradío se encuentra en área protegida y en una zona de amortiguamiento de la Biosfera Maya.

Las comunidades reiteraron que la contaminación del río La Pasión afecta a más de 22 mil pobladores de 22 comunidades, quienes han perdido parte de sus fuentes de alimentación y del agua para el consumo.

El gobierno aseguró que ha entregado a los vecinos de Sayaché alimentos y agua potable para garantizar su seguridad alimentaria, sin embargo los vecinos afirmaron que el apoyo ha sido escaso y únicamente recibieron víveres en una ocasión.

Asimismo, denunciaron que poblados de la Franja Transversal del Norte han sido afectados por la contaminación a los fluentes y que debido a la lucha de hombres y mujeres en contra de estas compañías, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y acoso judicial, aseguraron los comunitarios.

Front Line Defenders busca Coordinador/a de Protección (América)

Front Line Defenders busca un/a investigador/a/activista de derechos humanos con experiencia para hacerse cargo de este puesto desafiante, con base en la región.

El/la Coordinador/a de Protección (América) es responsable de mantener y desarrollar los contactos de Front Line Defenders con defensores y defensoras de derechos humanos en los países de la región, brindando respuestas rápidas en los casos de defensores/as en riesgo, haciéndose cargo de investigar las amenazas y agresiones que enfrentan, analizando y produciendo el material relevante necesario para respaldarles y contribuyendo con todas las demás actividades de la organización relacionadas con América.

 

El/La candidato/a debe contar con un mínimo de tres años de experiencia de trabajo en derechos humanos en América y excelentes aptitudes de comunicación oral y escrita en español e inglés. No es posible hacer excepciones respecto del requerimiento sobre el idioma. Deberá también haber demostrado poseer un sólido juicio político, una buena perspectiva interregional y la capacidad para entregar información precisa y objetiva por escrito en un ámbito de mucha presión ante la necesidad de responder urgentemente a las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos. Lo ideal sería que tenga experiencia de trabajo con defensores/as de derechos humanos y que conozca los riesgos de seguridad que enfrentan.

La localización del puesto de trabajo en la región se fijará con el/la candidato/a elegido/a.

Las postulaciones, que deberán incluir CV y carta de presentación (en inglés) y ejemplos de investigaciones publicadas deberán ser enviadas a: Andrew Anderson, Director Adjunto de Front Line Defenders, Grattan House, Temple Rd, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda.

También pueden enviarse por correo electrónico a: recruit@frontlinedefenders.org. Fecha de cierre de recepción de postulaciones: 10 de agosto de 2015.

Por favor, indique en la línea de asunto del correo electrónico el título completo del puesto al que se postula, o la aplicación podría ser pasada por alto.

Descripción de tareas: Coordinador de Protección (América)

El Coordinador de Protección (América) es responsable de mantener y desarrollar los contactos de Front Line Defenders con defensores y defensoras de derechos humanos con los países de la región, brindando respuestas rápidas en los casos de defensores/as en riesgo, haciéndose cargo de investigar las amenazas y agresiones que enfrentan, analizando y produciendo el material relevante necesario para respaldarles y contribuyendo con todas las demás actividades de la organización relacionadas con América.

 

Principales tareas

1) Identificar a defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo y crear y mantener comunicaciones seguras con ellos/as.

2) Brindar respuestas rápidas a los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, lo que incluye, pero no está limitado al mismo, el sistema de llamados urgentes.

3) Investigar las amenazas y agresiones que afrontan los/as defensores/as de derechos humanos, obtener información, verificarla y proveer datos para informes y otros materiales relacionados que puedan utilizarse para generar acciones en su nombre, a la vez que asegura la independencia, precisión y credibilidad de la información que publica Front Line Defenders sobre la región.

4) Proveer el análisis y documentos informativos sobre las amenazas que enfrentan los/as defensores/as de derechos humanos en países específicos y brindar información experta para las acciones de incidencia, campañas, trabajo en los medios de comunicación, actividades de capacitación y programa de pequeñas subvenciones de Front Line.

5) Mantener y actualizar la información relevante sobre defensores y defensoras de derechos humanos y las acciones en su nombre en la base de datos de Front Line Defenders.

6) Crear contactos y enlaces con organizaciones relevantes y otras respecto de la labor de protección de defensores/as de derechos humanos de Front Line Defenders en la región.

7) Representar a Front Line Defenders ante las autoridades pertinentes, organizaciones internacionales y los medios de comunicación (según sea apropiado).

8) Llevar a cabo otros proyectos que le sean delegados por la Directora, el Director Adjunto o el Jefe de Protección.

El/La Coordinador/a de Protección para América trabajará en español y en inglés, según sea necesario, y deberá estar dispuesto a viajar de manera regular como parte de su labor.

El puesto responde al Jefe de Protección.

Primer boletín informativo de la Conferencia sobre Financiarización de la Naturaleza en Belém do Pará

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC)

Del 24 al 27 de agosto se realizará en Belém do Pará, Brasil, la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza, organizada por diversos movimientos y organizaciones sociales, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Brasil.

Algunos de los organizadores son: Jubileo Sur Américas, Vía Campesina Brasil, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, el Grupo ETC, la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil.

Esta conferencia será parte de un proceso de trabajo de las organizaciones y movimientos sociales en torno al tema financiarización de la naturaleza que inició en Río de Janeiro en 2013 y tuvo una nueva instancia de reunión en Lima el año pasado. De esos encuentros muchas articulaciones y convergencias fueron fortalecidas, y a pesar de la diversidad de las organizaciones hay importantes consensos y luchas comunes.

La instancia de Belém do Pará servirá para construir alianzas y pensar estrategias de acción, y profundizar la discusión sobre los impactos de la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza en los territorios. De hecho, la conferencia empezará con caravanas a tres zonas distintas donde la financiarización de la naturaleza ha avanzado fuertemente, para comenzar los debates de la actividad ya con las comunidades locales como protagonistas.

A continuación presentamos adjunto el primer boletín realizado por el Grupo de Trabajo de Comunicación de la Conferencia, en el marco de lo que es una nueva edición de trabajo conjunto de la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales.

BOLETÍN CONFERENCIA FINANCIARICIÓN DE LA NATURALEZA (pdf – 7.1Mb)

La minera Infinito Gold se despide de Costa Rica

¡Hasta nunca Infinito Gold! Si bien con mucho retraso, la minera Infinito Gold por fin se despide de Costa Rica

Vía Movimiento M4

Organizaciones de la sociedad civil reciben con satisfacción el anuncio que Infinito Gold desistirá de su tortuosa intención de construir una mina en Costa Rica a pesar de la clara oposición del pueblo costarricense y los repetidos fallos en su contra.

El 15 de julio, Infinito Gold anunció que la totalidad de su personal directivo y encargados han presentado la renuncia, y que su principal accionista y acreedor ya no está dispuesto a invertir en este proyecto agonizante que presentaba un déficit superior a los US$160 millones. Ronald Mannix, el ángel inversionista de Infinito Gold durante mucho tiempo, finalmente suspendió su apoyo luego de otorgar alrededor de US$70 millones en préstamos.

Durante alrededor de quince años, contra la voluntad del pueblo costarricense, esta empresa minera junior de Canadá buscó construir una mina aurífera a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica, próxima al río San Juan en la frontera con Nicaragua.

Según encuestas, un 80 por ciento de la población costarricense se oponía a la mina propuesta. En tres oportunidades entre el 2010 y el 2013, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica le denegó a Infinito la autorización para proceder con el proyecto Crucitas.

Luego de haber perdido sus concesiones mineras, Infinito Gold presentó una demanda en febrero del 2014 por US$94 millones contra el gobierno de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa disputaba el rechazo legítimo de Costa Rica en relación a Crucitas, la mina aurífera a cielo abierto propuesta, bajo los términios del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Extranjeras firmada entre Canadá y Costa Rica en 1998. Los costos legales hasta el momento para el estado costariquense se han estimado en US$1,7 millones. Se carece de información clara en cuanto a la situación exacta de la demanda luego del cierre de Infinito Gold.

También hubo alegaciones de corrupción que enturbiaron la presencia de Infinito en Costa Rica. Si bien la investigación terminó suspendiéndose por falta de pruebas, el ex-Presidente Oscar Arias fue acusado de haberle otorgado indebidamente una licencia a Infinito Gold en el 2008 cuando ya había una moratoria a todo tipo de minería a gran escala en el país que databa desde 2002. Desde hace tiempo existe la duda sobre una supuesta donación de US $200,000 en el 2008 a la Fundación Arias proveniente de la Norlien Foundation, la cual pertenece a Ronald Mannix. El Fiscal General de Costa Rica, en sus intentos de llegar al fondo de estos interrogantes, indicó en su momento que el Ministerio de Justicia de Canadá no respondió a las preguntas claves para que el caso se pudiese iniciar. Infinito también fue acusada de interferir en una campaña electoral en Costa Rica, y en el 2010 le fue prohibido hacer referencia a las elecciones municipales en su publicidad.

La controvertida empresa también atacaba a quienes la criticaran. Con el pasar de los años, Infinito Gold llegó a presentar cinco demandas por difamación ante tribunales inferiores contra dos profesores universitarios, un abogado de un grupo ambientalista, y dos diputados. En todos los casos o se retiraron las acusaciones, o las demandas no tuvieron éxito.

La decisión de cerrar que por fin tomó Infinito Gold llega con años de retraso. De hecho, no se entiende cómo a alguien se le puede haber ocurrido darle empuje a este proyecto luego de que la ‘reconocida’ Placer Dome (que luego se fusionó con Barrick Gold) lo hubiese abandonado en mayo de 1998, ante la fuerte oposición popular. Presenciamos otra victoria del pueblo de Costa Rica que ha luchado con tenacidad durante mucho tiempo para mantener el país libre de minería aurífera a cielo abierto. Esperamos que esta vez sea de manera más permanente.

Las políticas y las protecciones que Canada ha ido promoviendo para protejer los intereses de las empresas mineras canadienses, sin embargo, siguen intactas, por lo cual nuestra lucha no se ha acabado. Por más de 20 años, Canadá ha buscado y negociado acuerdos comerciales que promueven y protejen los derechos de los inversionistas al costo de los derechos humanos, los derechos laborales y los estándares ambientales. A pesar de que las empresas extranjeras repetidamente han ganado demandas en contra de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno canadiense ha aceptado pagar este precio alto para brindar la aparencia, por lo menos, de seguridad a las empresas canadienses que operan fuera del país. El comportamiento de empresas mineras canadienses tal como Infinito Gold es uno de los resultados de esta agenda. Canadá debería revocar, revisar o renegociar sus acuerdos comerciales y buscar un agenda hacia el exterior en base del respeto para los derechos humanos, colectivos, laborales y ambientales.

Mientras continuamos en esta lucha en contra de las protecciones injustas para las corporaciones, le expresamos nuestras felicitaciones al pueblo de Costa Rica, y saludamos “hasta nunca” a esta empresa minera canadiense vergonzosa, y sinvergüenza.

Firmado
-Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) (Canada)
-Blue Planet Project (Canada)
-Center for Alternative Mining Development Policy (US)
-Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (US)
-Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) (Québec)
-Common Frontiers (Canada)
-Council of Canadians
-Entrepobles/Entrepueblos/Herriarte/Entrepobos (Spain)
-Information Group on Latin America (IGLA) (Austria)
-Institute for Policy Studies, Global Economy Program (US)
-Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) (Canada)
-Mining Injustice Solidarity Network (MISN) (Canada)
-Mining Justice Alliance (Canada)
-MiningWatch Canada
-SalvAide (Canada)
-Trade Justice Network (Canada)
-TPP Canada (Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense)

Notas relacionadas:

Concesiones mineras en áreas naturales protegidas de México

Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio
La Jornada Ecológica

Es un tema ampliamente conocido la megadiversidad biológica de nuestro país, lo cual implica además de un elevado número de especies, riqueza de endemismos y de ecosistemas, una gran variabilidad genética. Desafortunadamente, existen hasta hoy mil 371 especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual nos ubica entre los primeros lugares mundiales en este tema. Algo que debe preocupar, no solamente a las autoridades responsables de cuidar un patrimonio que pertenece a todos, sino también a la ciudadanía.

Respecto a la deforestación, hemos perdido el 27 por ciento de la superficie original de bosques, 42 de selvas y 39 por ciento de pastizales. La pérdida de cubierta vegetal implica, entre otros efectos, menor captación de agua para las regiones cuenca abajo, una mayor erosión, pérdida del suelo y la destrucción o fragmentación del hábitat de muchas especies de animales nativos y endémicos.

Ante estos desafíos y al igual que en otros países, el gobierno federal ha implementado la protección de zonas en función de su elevada biodiversidad, por los servicios ambientales que otorgan, y en general por sus condiciones de unicidad biológica, ecológica o escénica. El sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es la forma institucionalizada de protección de la biodiversidad de mayor relevancia en el país, por lo que estos sitios gozan de mayor certeza jurídica.

Actualmente, alrededor de un 13 por ciento de la superficie nacional está destinada a las áreas naturales protegidas. Y aunque aún no existe un sistema integral y continuo de evaluación sobre su efectividad en conservación y manejo, en términos de evitar cambios en el uso de suelo se ha determinado que aproximadamente el 75 por ciento de las ANP mostró bajos porcentajes de transformación y de tasas de cambio en relación a sus entornos, lo cual es un indicador del buen estado conservación de estas áreas.

Sin embargo, las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema ANP se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años.

Se realizó un análisis de la superposición que existe entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas de ANP.

El 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente el 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán “toda sustancia posible”.

Las ANP con más altos porcentajes de traslapo de concesiones mineras fueron: Rayón, en Michoacán (100 por ciento); Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí (86 por ciento); El Chico, en Hidalgo (55 por ciento); Los Mármoles, en Hidalgo (52 por ciento); Sierra de Quila, en Jalisco (50 por ciento). Asimismo existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento.

Las ANP de menor extensión mostraron en general porcentajes más altos de traslapo, lo cual podría involucrar una mayor vulnerabilidad al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera.

Respecto a las ANP de mayor extensión y con mayor traslapo, destacan las siguientes: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, que juntas sumaron el 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP.

En estas cuatro ANP se esperaría una continua presión por parte de los titulares de concesiones, mayor dificultad en su protección en tanto que algunas de ellas no tienen programa de manejo (cuencas 004 y 043), o que los programas de manejo contemplan la permisividad ante la minería al no diferenciar entre sus tipos y escalas (Cirios y Vizcaíno).

La cuenca 004, así como otras ANP ubicadas en el noreste del país (Ocampo, Maderas del Carmen, cañón de Santa Elena, Cuatro Ciénegas) tienen un mayor número de concesiones sobre carbón, aunque también de minería metálica y flourita. Las ANP de la península de Yucatán, ría Lagartos, ría Celestún y Calakmul, tienen solamente concesiones sobre sal marina. En el resto de las ANP se encontraron principalmente concesiones sobre minería metálica.

Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP.

La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca, sierra de Manantlán y El Triunfo, entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur.

A la fecha, dicho proyecto se encuentra a la espera de obtener los permisos faltantes adicionales, pese al fuerte rechazo social que ha generado en los municipios de La Paz y Los Cabos. Esto se debe a que la sierra de La Laguna es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen a estos municipios en el estado más árido de la república.

Otro caso también en Baja California Sur, es el ANP El Vizcaíno, donde recientemente inició operaciones el nuevo Boleo, una megamina de manganeso-cobalto-cobre-zinc que operará por dos décadas. Los impactos negativos previstos tendrán influencia directa en los habitantes del poblado Santa Rosalía, en la vida marina del golfo de California y en la propia área protegida.

Respecto al traslapo por la categoría de manejo, se encontró que existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores.

La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos ambientales en estas regiones (corto y largo plazo).

La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos por lo que generaban menos desechos. Pese a ello, estas minas abandonadas continúan generando contaminantes. La minería metálica actual tiene la capacidad tecnológica de agotar yacimientos en el menor tiempo posible, a costa de remover enormes cantidades de roca para obtener el metal más escaso. Por eso mismo también la contaminación se genera en enormes cantidades.

La minería a pequeña y mediana escala tiene capacidad para remover cantidades menores a 2 mil toneladas de sedimento por día, mientras que la de gran escala es capaz de superar varias veces esta cantidad.

Los impactos ambientales de la megaminería metálica y la del carbón están documentados: contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reporta para el 2011 que la minería metálica fue la industria más contaminante con el 46 por ciento de los desechos totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron tratados o remediados.

Uno de los efectos documentados de la minería metálica y la de carbón es el drenaje ácido (principalmente en zonas húmedas), el cual arrastra otros elementos en la solución, típicamente arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, aluminio, y zinc. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que entre 8 mil y 16 mil km de los ríos de ese país son objeto de drenaje ácido. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, establece que la minería ha contaminado el 40 por ciento de las cuencas hidrográficas de los estados del este.

En los últimos cuatro años han sido recurrentes las noticias de fallas en los contenedores en que se transportan y almacenan los insumos tóxicos requeridos para el procesamiento de la megaminería metálica. Es el caso del cianuro de sodio. Asimismo, ha sido recurrente el tema de los desastres ambientales ocasionados por las fallas en las presas de jales, sitios donde se almacenan los residuos tóxicos, incluyendo metales pesados, generados por este tipo de minería.

Por ejemplo, la misma empresa responsable de los desastres ambientales en los ríos Sonora, Bacanuchi y de tres ríos más en Taxco, Guerrero, ahora pretende instalar otra mina en el ANP valle de los Cirios y una más en el ANP Mariposa Monarca. La pretendida mina en el valle de los Cirios además tendría influencia en las ANP El Vizcaíno y el complejo lagunar Ojo de Liebre.

Si bien, el sistema de 176 ANP federales es representativo de parte de la riqueza y biodiversidad del país, aún faltan muchas regiones que requieren protección urgente. Existen otros espacios de gran relevancia para las especies y ecosistemas mexicanos que han sido delimitados por grupos de expertos, tales como los humedales, regiones terrestres, hidrológicas y marinas prioritarias y áreas de importancia para las aves. Muchas de estas zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad todavía no están representadas en el sistema ANP o lo hacen de manera parcial.

Además cabe mencionar que las ANP terrestres pueden tener una feliz coincidencia con áreas de recarga de mantos acuíferos. Pero salvo en algunos casos como lo es la declaratoria de las ANP sierra La Laguna en Baja California Sur y Cuatro Ciénegas en Coahuila; o con todo el curso del agua para la agricultura como las cuencas alimentadoras de los distritos de riego 001, 004, 026 y 043, usualmente son más bien los aspectos de biodiversidad, y no los hidrológicos, los que las definen.

En México, las regiones hidrológicas prioritarias de mayor concentración y extensión se localizan a lo largo de la sierra Madre Occidental y en las cuencas aluviales del norte del país, específicamente en las partes altas de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango y Jalisco. Sólo una parte de ellas se encuentran actualmente protegidas en ANP, por lo que además de su importancia para la biodiversidad, también debería ser prioritario su valor hídrico para la conservación, considerando la problemática nacional en el tema del agua.

En este sentido, es necesaria la participación de la sociedad civil en el cuidado de los sitios importantes para la biodiversidad y la seguridad hídrica, tanto los que están o no en el sistema ANP. De dos formas: estando atentos a las actividades de exploración que las empresas hacen previamente a la explotación, y a que no se emitan los permisos necesarios para la explotación bajo este tipo de esquemas no tradicionales y altamente contaminantes (permisos de uso de suelo, cambio de uso de suelo forestal a minero, renta de tierras a propietarios).

Por su parte, las autoridades a las que corresponde emitir los permisos necesarios para la instalación de minas en ANP están por ley obligadas a salvaguardar el bienestar y la integridad de las mismas, no emitiendo permisos a las empresas promoventes que pretendan hacer exploración y explotación bajo los esquemas mencionados. Permisos que son independientes de las concesiones que se otorgan y que son necesarios para su operación.

Cabe enfatizar que por todas estas razones acerca de la importancia estratégica de las ANP para las nuevas generaciones de mexicanos, y por los impactos documentados que produce la megaminería metálica, la legislación actual debe modificarse urgentemente para que dejen de otorgarse concesiones mineras en ANP. Además de que las concesiones vigentes sean revocadas.