Los 10 problemas socio-ambientales de Latinoamérica

por Carlos Fermín, alainet.org

Es triste reconocer que la majestuosa geografía latinoamericana, viene siendo salvajemente golpeada por una serie de inconvenientes ecológicos, los cuales perjudican la riqueza natural de sus paisajes y destruye la paz verde de los ecosistemas, debido a la mano todopoderosa del Hombre que privatiza la salud de la Naturaleza, y la convierte en un espejo de los ecocidios cometidos en nuestros ancestrales territorios.

Desde los vientos aztecas que soplan en Michoacán de Ocampo, pasando por la aguerrida población carioca de Florianópolis, y llegando hasta el clímax argentino en la fría ciudad de Ushuaia, existe una total disonancia en la interacción del binomio Ambiente-Sociedad, que es la clave para afianzar el conservacionismo en la ciudadanía y preservar el equilibrio holístico del planeta Tierra. Vemos que la posible voluntad de cambio en los habitantes, para evitar el impacto ambiental negativo en sus comunidades, es siempre arruinada por un modo de vida egoísta, conformista y ajeno a practicar los valores de la Ecología.

En la actualidad de nuestro continente, se observa un total eclecticismo en los percances ecológicos latentes. Por ejemplo, tenemos el famoso Rally Dakar, visto como un evento pseudo-deportivo que estropea el acervo arqueológico de las fronteras multiculturales. Los espectáculos de maltrato animal como las sangrientas Corridas de Toros, que se escenifican en los monumentales antros de la muerte. El sistemático malgaste del agua potable que abre las oxidadas tuberías de la infame burocracia. Y la entrometida contaminación visual que capitaliza el apego a lo material con tanta oferta publicitaria en las calles.

Sin embargo, para comprender la gravedad de la crisis ambiental que padece Latinoamérica, es importante definir a la Ecología como una ciencia que estudia las relaciones de los Seres Vivos entre sí y con su entorno, asumiendo que la Humanidad tiene la gran responsabilidad de cuidar los tesoros naturales de Gaia, buscando establecer el soñado desarrollo sostenible y sustentable de sus ciudades. Con el fin de iluminar el sagrado mapa de Vespucio, explicaremos los 10 problemas socio-ambientales que aquejan el cuerpo y el alma de los senderos latinoamericanos.

En el décimo lugar encontramos la estruendosa Contaminación Acústica, que revienta los tímpanos del manto asfáltico recorrido por la Sociedad Civil. Muchos individuos se acostumbran a escuchar el fastidio del claxon y de las alarmas de los carros y camiones, el salvaje cilindraje de las furiosas motocicletas, la música con altísimo volumen que invade de megáfonos las calles, y la descontrolada bullanga de la colectividad en los espacios públicos. No obstante, la locura auditiva en la selva de cemento provoca un continuo malestar emocional en las personas, que predispone el mal genio, la ofensa al prójimo y la peligrosa violencia vial en los desesperados conductores. Si bien el ruido es el mejor amigo del tráfico citadino, de los semáforos y del embotellamiento vehicular en Sao Paulo, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Lima, Santiago y Ciudad de México, al final de tanta demencia cronometrada al volante, el único perjudicado termina siendo el ciego, sordo y mudo Medio Ambiente.

En noveno lugar hallamos el Tráfico ilegal de Fauna exótica, que cada año lucra los bolsillos de los prófugos delincuentes latinoamericanos, quienes se dedican a invadir los templos benditos de la biodiversidad, a cambio de sedar, ocultar y vender el destino de todo el reino animal en un avión sin pasaje de vuelta. Es lamentable apreciar como especies autóctonas que enriquecen la historia, la evolución y el patrimonio natural de nuestros países, se encuentran al borde de la extinción por la no misericordia del Homo Sapiens. Los cazadores tienen en jaque al Jaguar, a la Guacamaya Roja, al oso Frontino, al Cardenalito, al Ocelote, al Tucán, al Armadillo Gigante, a la Tortuga olivácea, a la Nutria Gigante, al Cauquén colorado, al Paují de Yelmo, y a miles de otros angelitos que se toparon con el demonio. De hecho, ya extinguimos a la Tortuga gigante de Floreana, al Oso Mexicano, al sapo de Monteverde, al pato poc de Guatemala, a la foca monje del Caribe, al Guacamayo Glauco y al hermoso Ara Tricolor.

En octavo lugar se ubica la elevada Polución del Aire que ocasiona una gigantesca nube negra a cielo abierto, intoxicando las vías respiratorias de la ciudadanía y asfixiando los pulmones vegetales del Ambiente, mediante la improvisada industrialización de zonas urbanas y rurales que se transforman en chimeneas llenas de reacciones químicas, producto de las actividades conllevadas por el sector económico latinoamericano. No hay duda que la mezcla del clásico smog callejero con el exagerado uso de combustibles, viene acelerando la contaminación ambiental que cubre la bellísima plaza del Zócalo, la cual resiente los daños de la gasolina con plomo, del monóxido de carbono y de las cenizas por quema de residuos sólidos, que a su vez, refleja la sobrepoblación de las metrópolis, el mal estado de las unidades de transporte público y el vil capricho de los usuarios en utilizar carros particulares para ir a sus trabajos, centros educativos y hogares.

En séptimo lugar tenemos los campamentos de Minería ilegal, que extraen los legendarios recursos del suelo aborigen bajo la brillante luz del Sol. La insaciable búsqueda de oro, plata y diamante por parte de seres inescrupulosos que irrumpen los nobles territorios de los pueblos originarios, termina embriagando de mercurio las comarcas, los ríos y los bosques de los hermanos indígenas, quienes observan como su espíritu de lucha es convertido en un trágico etnocidio anunciado. Es consabido que en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, existe toda una mafia “clandestina” que deteriora drásticamente las áreas verdes protegidas, regalándole costosas joyas a los gobiernos de turno, para que sus organismos ambientales se queden calladitos y no interfieran con el valeroso ecoturismo de los narcotraficantes, de los guerrilleros y de los mineros. Basta con viajar a la región de Madre de Dios en Perú, al Bosque Protector de la Cuenca del Río Paute en Ecuador, al Parque Natural Nacional Farallones de Cali en Colombia, y a cualquier punto cardinal de la Amazonía sudamericana para verificar el delito in fraganti.

En sexto lugar aparece la plaga de los Cultivos de alimentos Transgénicos, que desarrolla la transnacional Monsanto y sus criminales aliados comerciales. Los organismos genéticamente modificados (OGM) son una verdadera enfermedad envasada de venta libre en los supermercados latinoamericanos. Además, se tiende a esconder la etiqueta que visualiza la toxicidad del alimento, por lo que nuestras familias son engañadas al creer que están comprando soya y maíz cosechado en la fértil hierba de la Naturaleza, sin saber que consumen un producto químico creado en los sucios laboratorios de la ciencia norteamericana. Sabemos que en países como Argentina, Brasil, México, Uruguay y Chile, la seguridad alimentaria se pone en franco riesgo ante la amenaza que representan los OGM para la ciudadanía. Es un secreto a voces que la semilla transgénica provoca alergias, resistencia a medicamentos, inflamación en el hígado y en los riñones, disminución de la capacidad de fertilidad y tumoraciones.

En quinto lugar emerge la letal Fractura Hidráulica, que no se cansa de perforar el corazón de una gran piedra preciosa llamada planeta Tierra, la cual es taladrada con un mortífero coctel líquido para que el dinero salga de los pozos en forma de gas. La técnica extractiva del fracking es una bomba sísmica no convencional que agrieta los linderos de la sensatez humana, e incrementa la contaminación de los mantos acuíferos, vierte un caudal de aguas residuales, fuga metano y ácido sulfhídrico en el aire y quebranta la calidad de vida de los inocentes lugareños. Los estragos ambientales del Fracking se evidencian con fuerza en México, donde la reforma energética legalizó el desastre ecológico en localidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Veracruz y Chihuahua. Y en Argentina, donde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en octubre del 2014, permitirá que por 35 años se siga financiando el ecocidio del fracking en los suelos argentinos, buscando que la amarga experiencia de Vaca Muerta, acredite más jugosas concesiones en contra de la paz del Medio Ambiente.

En cuarto lugar resalta el Abuso del Consumo Eléctrico, debido a que no practicamos la Eficiencia Energética por voluntad propia, generando una altísima demanda de energía eléctrica que satura de contaminación lumínica el firmamento latinoamericano. Quedamos ciegos en la penumbra de los apagones por la sobrecarga del mencionado servicio. La ausencia de una diversificación energética en las comunidades que habitamos, nos esclaviza a rendirle tributo al color amarillo que resplandece con tantas bombillas incandescentes que jamás son apagadas, con tantos aparatos tecnológicos que nunca desconectamos del tomacorriente, y con tantos electrodomésticos que se enchufan para simplemente beber té verde. El elevado cobro mensual por electricidad en Venezuela, México, Panamá, Argentina, Brasil y Chile, perjudica el consecuente ahorro eléctrico de Bolivia, Paraguay, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En tercer lugar, sobresale la inmensa Contaminación del Agua que inunda los cuerpos de agua dulce y salada de nuestros milenarios lagos, ríos y mares. Aunque el vital líquido evoca el nacimiento de la vida en cada rincón latinoamericano, nos duele aceptar que dicha agua se encuentra muy contaminada, por tanta basura doméstica e industrial que se acumula en sus costas, lo que va destruyendo la pureza de los manantiales tropicales. Hoy en día, el fondo marino es el mejor relleno sanitario creado por las personas para desechar la chatarra. Ellos también visualizan las colosales redes pesqueras que carcomen a los animales acuáticos, y el derrame de hidrocarburos en manos de las empresas petroleras, que dejan una imborrable huella de crudo en sus aguas. El caos incluye al Lago de Maracaibo, al río Usumacinta, a los Pantanos de Centla, al río Saracuruna, a la isla San José, al Lago Cocibolca, al Humedal La Segua, al río Matanza-Riachuelo, al Lago Titicaca, al río Guaire y demás espacios naturales.

En segundo lugar, nos topamos con la agresiva deforestación que anualmente le arrebata millones de hectáreas y lágrimas a la agonizante Pachamama, por la tala indiscriminada de árboles con la infalible voz de la motosierra, por la continua expansión de la frontera agrícola para comer carne con droga envuelta en palma aceitosa, y por la atroz urbanización del siglo XXI que transforma una reserva de biosfera en un metalizado centro comercial. El fuego, la madera y el hacha pelean a muerte con los campesinos, los leñadores y los latifundistas. La realidad de los agrotóxicos arrasa con la promesa de la agroecología. Por eso, la amazónica deforestación en Brasil aumentó en un 215% durante el período de agosto del 2014 a febrero del 2015, comparándolo con el mismo lapso de tiempo del año anterior, resumiendo la fatal tendencia que desertifica al Chaco Paraguayo, a Bosawás, al Cerro de Amalucan, al Impenetrable Chaqueño, a la Reserva forestal Guarayos, y a un sinfín de otros paisajes.

Y en primer lugar, se posiciona la falta de Cultura de Reciclaje en el discernir de los ciudadanos latinoamericanos. Es insólito que la gente todavía lance en las principales calles, parques, playas y plazas de nuestras ciudades: las latas de Coca Cola, los empaques de las golosinas, los pañales desechables, los discos compactos rayados, las cajas de equipos electrónicos y el resto de los residuos orgánicos e inorgánicos consumidos. Si ni siquiera vierten la basura en el genérico contenedor multiusos que ya todos conocemos, es imposible que se atrevan a separar el plástico, el vidrio, el cartón, el metal y el papel, para luego depositar esos materiales en los contenedores de colores que especifican el sitio idóneo donde arrojar la basura, en aras de cumplir con la práctica de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar).

Tras desglosar el artículo, vimos que los 10 problemas socio-ambientales que cotejan las naciones latinoamericanas, son causados por la gran codicia de las transnacionales que compran a los gobiernos de turno, para que sus organismos públicos adjudiquen los permisos de exploración y las licencias de explotación de los recursos naturales, sin considerar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que no se evalúan al momento de aprobar los mega proyectos extractivos. Toda esa perversión ecológica, es fomentada por la indiferencia de la gente común y silvestre que NO denuncia los continuos atropellos que maltratan la salud de la Pachamama, y terminan siendo testigos y cómplices de la desidia que sufren sus localidades, porque ellos jamás proyectan la Educación Ambiental en el afer de sus comunidades.

Las malas decisiones ambientales castigarán el futuro de Latinoamérica, y no deseamos que el sentimiento de culpa se apodere de nuestro puño y letra. Cada quien es dueño de su propia verdad, y la voluntad de cambiar el presente, depende del compromiso ecológico en estimar el activismo de calle, el conservacionismo y el amor por la Naturaleza. Es necesario internalizar los errores del pasado, y ayudar con la recuperación de los mágicos entornos del Medio Ambiente.

La REMA felicita la lucha contra la minería en Baja California Sur

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), felicita a las y los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de La Paz, Baja California Sur (BCS) y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz por su lucha y logros en contra de la instalación del proyecto de muerte “Los Cardones” que se pretende imponer sin el consentimiento ciudadano dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.

Igualmente celebramos que el Poder Judicial de la Federación (PJF) haya otorgado “mandato popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal” uno de los promoventes mineros que atentan contra la vida en la región. Por nuestra experiencia en otros procesos en contra de la minería sabemos que los ayuntamientos se encuentran en una posición inmejorable para impedir la instalación de proyectos contrarios a los intereses de los pueblos.

 

Compartimos con los compañeros de Baja California Sur (BCS), que la decisión judicial en el caso de Los Cardones “no tiene precedentes”. La determinación del Poder Judicial nos anima a continuar trabajando, desde la legalidad, en procesos de organización popular contra las políticas de saqueo que se están imponiendo ilegalmente en todo México.

Este amparo concedido es un paso más que desmitifica las falsas bonanzas de desarrollo y progreso, que anteceden el discurso empresarial y del estado para este tipo de proyectos vinculados al Modelo Extractivo Minero Depredador.

Desde la REMA reciban nuestra felicitaciones a todas y todos los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz, de La Paz, Baja California Sur.

¡LUCHEMOS POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-

Vía Movimiento M4

Campaña Es hora de dejar en paz a Haití

ALBA Movimientos

Desde la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) se ha impulsado la Solidaridad con el Pueblo Haitiano, además de denunciar la intervención de las Tropas de Minustah allá.

Dando seguimiento a esta Campaña produjeron los afiches para difundirlos ampliamente entre los militantes de los Movimientos Populares de todo el mundo.

El lema del Afiche es “Es hora de dejar en paz a Haití” además de poner las palabras del Ministro de Defensa Brasileiro anunciando que se retiraran las tropas en 2016. Brasil hoy es el país que tiene mayor contingente militar en Haití, seguido por Chile y Uruguay. Por eso es necesario presionar a  estos gobiernos desde los Movimientos Populares de todo nuestro continente.

Todos los años, en Octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reune para definir la continuidad o no de la Minustah, por eso es muy  importante que en este mes de Septiembre y Octubre avancemos en una amplia Campaña Comunicacional en todos los medios que tenemos (afiches, páginas de internet, redes sociales, debates, conferencias, movilizaciones, etc).

Los Pequeños Productores Enfrían el Planeta

Proyecto Mundo Justo anuncia el lanzamiento del último vídeo, “Los Pequeños Productores Enfrían el Planeta.” Nuevo documental que destaca el impacto negativo de la agricultura industrial en el cambio climático mientras expone cómo los pequeños productores están combatiendo la crisis climática a través de la agricultura orgánica regenerativa.

Más información y Recursos: http://fairworldproject.org/cool/espanol/

Nace Grieta un mapeo y una radiografía de los conflictos y resistencias del México de abajo

Vía Hijos de la Tierra

Anuncia Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) el lanzamiento de Grietas Medios para armar, (http://www.grieta.org.mx) portal web que recopila la información de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y da un mapeo muy completo de las agresiones capitalistas en cada uno de los estados de la república y de las resistencias en los pueblos originarios que se han sumado al llamado del Congreso Nacional Indígena, así como los comunicados y actividades de los pueblos zapatistas de Chiapas, como el Seminario del Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, los comunicados del EZLN y las Juntas de Buen Gobierno.

En el portal se define su política editorial, “Grieta, Medio para Armar, es un espacio de seguimiento a medios informativos que apunta a hacer una radiografía de los conflictos y procesos organizativos de abajo a nivel nacional”, un espacio que sin duda ayuda al trabajo de sistematización y enlace de todas esas noticias que se producen desde las resistencias y las rebeldías que existen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y seguramente se convertirá pronto en un referente en donde observar ese México de abajo que se resiste y construye a contra de la depredación capitalista. Para los pueblos y grupos dedicados a la defensa de la tierra y territorio es un espacio que se propone dar un enorme seguimiento a estos procesos en cada uno de los estados del país.  Desde esa iniciativa se puede tener un panorama amplio de lo que sucede más allá de nuestra localidad y permite estar dando seguimiento con la velocidad que permite el internet y las redes sociales virtuales.

Bienvenida Grieta Medio para armar, alimentado por un esfuerzo colectivo y fortalecido por la capacidad organizativa de buscar darle un cuerpo más integral de lo que pasa en México.

El Escaramujo 55: La reforma energética en Chiapas

 Licitación del petróleo en la Selva Lacandona

Gustavo Castro Soto

 Otros Mundos, A.C./Rema-M4
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

 7 de Septiembre de 2015

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 55: La  reforma energética en Chiapas (15 págs. -PDF 1.2 Mb)

La Reforma Energética que impone el gobierno de Enrique Peña Nieto abre a la inversión privada y extranjera los pozos y yacimientos petroleros de Chiapas y pone a licitación la extracción del petróleo de la Selva Lacandona para el año 2016, en territorio zapatista. Y en un futuro cercano, la Selva Norte del Estado.

EL MARCO

En base a la Reforma Constitucional que hiciera el gobierno federal en materia de Energía, hace un año, el 11 de agosto de 2014, se expide la Ley de Hidrocarburos que reglamenta los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución. Los artículos 29, fracción II, y 31, fracción II, establecen que la Secretaría de Energía (SENER) emitiría el Plan Quinquenal en base a la propuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En este proceso intervienen diversas instituciones federales. La SENER selecciona las áreas que se licitarán en el país y define el modelo de contratación (términos, condiciones técnicas, criterios, etc.). La CNH da asistencia técnica a la SENER en la selección de áreas contractuales y emite las bases de licitación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define los términos fiscales de los contratos. La Secretaría de Economía (SE) opina sobre los porcentajes mínimos de contenido nacional en los contratos. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) da su opinión sobre los criterios de precalificación y el mecanismo de adjudicación de los contratos, y se supone garantizará la libre concurrencia y un entorno competitivo.

Una vez adjudicados los contratos, la CNH los administrará y supervisará técnicamente, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) los regulará, supervisará y sancionará en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente -lo que poco se hace con Pemex-. Al final, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) recibe, administra y distribuye los ingresos derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

(…)
CHIAPAS EN EL PLAN QUINQUENAL
Chiapas forma parte de la Provincia Petrolera No.8 denominado “Cinturón Plegado de Chiapas”, donde se prevee la producción de aceite (petróleo crudo) y condensados (líquidos de gas natural). Según el Plan “Las rocas generadoras corresponden a calizas arcillosas y lutitas del Jurásico Superior Tithoniano y secuencias carbonatada-evaporíticas del Cretácico Inferior-Medio. Los hidrocarburos están almacenados en calizas y dolomías del Cretácico en trampas estructurales originadas por el evento tectónico Chiapaneco. Existen descubrimientos en su porción norte, centro y oriente”.

Las licitaciones de campos terrestres se harán en cuatro rondas y se ubican en Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco. En total tienen un volumen remanente de 4,143 MMbpce en una superficie de 4,343 km2. En Chiapas habrá 9 áreas a licitar, con un recurso remanente en sitio de 435 Mmbpce en 423 km2.

Entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas existen 11 áreas a licitar que están compartidas entre dos estados con un recurso remanente en sitio de 9,354 MMbpce en 810 km2.

Entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas existen 29 áreas a licitar compartidas entre dos o más estados para la exploración de recursos convencionales, que en total cuentan con un recurso prospectivo convencional de 267 MMbpce en una superficie de 5,745 km2.

A continuación se enlistan las Reservas y volúmenes remanentes 3P por Campo Terrestres que corresponden a Chiapas -29 de un total de 768 campos en todo el país-.

(…)

Con esta Reforma, el gobierno priísta de Peña Nieto entrega al gran capital nacional y extranjero el negocio de los hidrocarburos del país, despojando a territorios indígenas, tierras campesinas e incluso propiedad privada. Pobreza, contaminación, despojo, afectaciones socio ambientales irreversibles y apropiación corporativa de territorios es el horizonte que dibuja esta Reforma Energética. Incluso cabe señalar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos confirma en su Reporte de Fugas y Derrames que el 99.85% de las fugas de gas en el país por parte de Pemex se registran en Chiapas. No hay que olvidar que en el municipio de Reforma se ubica Cactus, a 13 kilómetros de la cabecera municipal, y que es el mayor centro de tratamiento de gas en el país de Pemex, donde se realiza más de 90% del endulzamiento de gas amargo, 69% del procesamiento del gas dulce -recuperación de líquidos- y 96% de la recuperación de azufre de la producción diaria de la paraestatal. También en Chiapas se registra un desperdicio de petróleo del 20.9% del total nacional.

El proceso electoral nacional para renovar presidencias municipales, congresos y algunos gobiernos estatales fue de fundamental atención para el gobierno de Peña Nieto ya que la nueva Reforma Energética inicia con fuerza a partir del 2016 donde las concesiones se amplían en otras muchas ramas de la inversión extranjera directa. Cabe recordar que son las presidencias municipales las que dan la luz verde para poder modificar el uso de suelo en el país con el fin de abrir las puertas a la inversión, sobre todo cuando la Reforma Energética amplía como interés público no solo la concesión en sí, sino las obras asociadas que garanticen el éxito de la inversión, como son carreteras, oleoductos, gasoductos, acueductos,   ferroductos, puentes, tendido eléctrico, energía, agua, entre otras.

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Nota de repudio al XIV Congreso Mundial Forestal del FAO

RECOMA
En ocasión del XIV Congreso Mundial Forestal, organizando por la FAO en Durban, Sudáfrica, entre los próximos días 7 a 11 de septiembre, nosotros, integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto con diversas organizaciones sociales, estamos divulgando esta nota de repudio para manifestar nuestra indignación con la forma errónea y excluyente como la FAO está organizando, otra vez, una edición de este Congreso.
La RECOMA es una red que cuenta con representantes de organizaciones de varios países latinoamericanos cuyo objetivo fundamental es intercambiar información y articular actividades para denunciar y oponerse a la expansión de monocultivos forestales a gran escala en América Latina por sus graves impactos sobre comunidades locales como la violación de derechos territoriales, la destrucción de fuentes de agua y la sustitución de áreas de producción de alimentos.

 

No nos podemos callar cuando otra vez la FAO, una organización de las Naciones Unidas, organiza:

-Un evento que no pone en su agenda una discusión profunda sobre los graves problemas e impactos negativos provocados por el llamado “modelo forestal” que promueve las plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala, beneficiando en especial al llamado ´sector forestal´, sobre todo un pequeño grupo de corporaciones forestales;

-Un evento que sugiere que los bosques serían esenciales en la estrategia para mitigar el cambio climático, con el agravante que la FAO incluye en la categoría ´bosques´ erróneamente a los monocultivos de árboles, incluso hasta los transgénicos. La FAO ha vendido esta idea durante su reciente campaña por el 21 de Marzo – Día Internacional de los Bosques –, con el tema “Bosques, Clima, Cambio”. A pesar de que utilizar árboles para compensar las emisiones de carbono debidas a la quema de combustibles fósiles es comprobadamente una falsa solución al cambio climático, ese argumento ha servido como otro incentivo a la expansión de los monocultivos de árboles en gran escala.

-Un evento que es excluyente e inaccesible para los afectados del modelo forestal – comunidades locales en el mundo entero – por los altos costos cobrados por la inscripción, resultando en un evento elitista y anti-democrático. Eso es aún más grave por el hecho que la FAO como organización pública debería promover siempre un debate democrático y garantizar la participación de todas y todos, pero, por sobre todo, de aquellos afectados por el modelo que la propia FAO promueve: la plantación de monocultivos de árboles en gran escala.

Proponemos que la FAO debería invertir tiempo y energía, no en una sola pero en muchas reuniones con un objetivo urgente: repensar sus objetivos y estrategias en el tema bosques. Unas preguntas centrales serían: la FAO hoy está al servicio de qué y para quién? Y para qué y para quién debería estar trabajando? Esas reuniones deberían ser abiertas para tod@s, se deberían dar en todas las regiones y continentes con bosques y en las regiones más afectadas por el “modelo forestal”.

Si la FAO continua privilegiando con su trabajo el “sector forestal” y el modelo que este sector idealiza, nuestra tarea es continuar luchando contra este modelo de destrucción representado por los monocultivos de árboles, incluso los que son certificados por los falsos sellos verdes como el FSC, y defender y solidarizarnos con las comunidades que están sufriendo los impactos, apoyarlos en sus luchas de defensa y retomada de sus territorios invadidos por monocultivos de árboles.

Otra vez, nuestro grito es:
¡Las plantaciones no son bosques!

Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles – RECOMA
Setiembre de 2015.

México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Por Aroa de la Fuente López*
en Observatorio Petrolero Sur

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos;[2] la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.[3]

En un marco de extrema violencia, la reforma energética profundiza un modelo energético insostenible

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos,[4] así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.[5]

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

El Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas, incluso si son pueblos indígenas
 La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir,también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en laLey de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

 Muchos mundos

Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas[6]. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking ** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

Notas

[1] En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).

[2] Más información sobre este caso se encuentra aquí

[3] Para conocer más sobre este proyecto ver aquí

[4] Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).

[5] Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005)

[6] Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible aquí (pdf)

Fuentes consultadas:

AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.

BBC Mundo (06/12/2014). México: “identifican” los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.

Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.

Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.

La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.

Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.

— (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.

Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.

Informe: Justicia fallida en el estado de Guerrero

Open Society

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes activistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos e introducidos en vehículos policiales en Iguala, Estado de Guerrero. Desde entonces, ninguno de los estudiantes—43 en total—ha sido visto de nuevo.

La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, desató protestas a lo largo y ancho del país debido a la frustración que provoca la impunidad. Esta atrocidad se convirtió en símbolo de la incapacidad de México de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables.

Justicia fallida en el estado de Guerrero analiza los factores que subyacen a dicha incapacidad, y ofrece recomendaciones para cambiar la situación. El resultado de más de dos años de investigación y análisis por parte de expertos nacionales e internacionales se condensa en este informe, que ofrece el análisis más exhaustivo hasta la fecha de las deficiencias estructurales del sistema de justicia de Guerrero; fallas que han permitido a los autores de la violencia actuar con casi absoluta impunidad.

Justicia fallida en el estado de Guerrero pone de manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Asimismo, propone un plan de reformas que sienten las bases para la recuperación de la confianza en el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guerrero.

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Auténticos amigos de las trasnacionales

Silvia Ribeiro, ALAI

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público.  El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”!  El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

Las negociaciones y textos que se discuten son secretas, pero Wikileaks, a través de medios como La Jornada, los ha filtrado desde 2014, la versión más reciente en julio 2015. (http://wikileaks.jornada.com.mx/) De lo contrario no conoceríamos lo que discuten desde 2012, pese a que si lo consiguen, tendrá consecuencias de amplio alcance en la vida de todos en los países participantes y mucho más allá, ya que el bloque negociador avizora imponer este mismo marco al resto de los países.

El TISA integra un paquete de varios tratados comerciales en negociación en los que un grupo de países, Estados Unidos a la cabeza, busca afianzar el mercado de sus empresas y su esfera de poder comercial, financiero y político. Los más significativos son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTIP y TPP por sus siglas en inglés). El primero es entre EU y Europa (llamado informalmente OTAN económica) y el segundo entre Estados Unidos y varios países del Pacífico.

El más amplio temática y numéricamente es el TISA, en el que actualmente participan 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros asiáticos y varios latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Juntos representan el 68% del comercio en servicios a nivel global.

Es notoria la exclusión de países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), aunque China pidió, infructuosamente, incorporarse al TISA.  Es clara la intención de afirmar la competencia económica con ese bloque y otros del Pacífico liderados por China.

Estados Unidos y los iniciadores del TISA –que responden a la demanda de poderosísimos grupos trasnacionales financieros y cadenas de supermercados, entre otros– se llamaron a sí mismos “auténticos buenos amigos de los servicios”, en referencia irónica al grupo de negociación sobre liberalización de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al que consideran estancado, pese a que implica también severos impactos negativos para la mayoría de la gente.  La OMC no es más transparente o democrática, allí también los acuerdos se negocian en secreto, entre grupos de países auto-elegidos, que finalmente van a un plenario de miembros que poco pueden hacer para cambiar lo ya pactado previamente entre algunos.

La diferencia con el TISA, además de contenidos, es que ni siquiera formalmente se proponen pasar por otra instancia fuera del club de los elegidos, antes de finalizar el acuerdo. El texto será confidencial por 5 años después de acordado y los Congresos de los países –donde esto se requiera– sólo podrán aceptar o rechazar el paquete entero, como caja negra. Paradójicamente, el TISA exigirá total transparencia de parte de los Estados sobre sus compras públicas, servicios y normativas, y antes de concretarlas, estará obligado a consultarlas primero con las empresas.

Obviamente, el TISA facilitará mayor privatización de servicios públicos, lo cual es de por sí devastador, porque sectores como salud, educación, agua, saneamiento, electricidad y muchos otros, no son “mercados”, sino necesidades básicas de la sociedad que deben ser cubiertas socialmente más allá de la situación geográfica o económica de los que las necesitan. Esto ya ha sufrido una brutal erosión en muchos países y el TISA se propone ahondarla.

Pero además, está diseñando una completa desregulación de los servicios privados. Por ejemplo, Walmart, la mayor empresa del planeta y el mayor empleador privado de Norteamérica (con efecto devastador sobre salarios y derechos laborales) participa activamente en las negociaciones del TISA a través de la Coalición de Industrias de Servicios, y espera que este acuerdo lo “libere de las normativas gubernamentales en zonificación y tamaño de las tiendas” así como de regulaciones sobre venta de alcohol, cigarrillos, etc. (E. Gould, ISP, 2014).

Otros elementos nuevos y claves del TISA son el llamado mantenimiento del status quo y “cláusula de trinquete”. Según esto, los países del TISA no podrán hacer en el futuro ninguna ley o normativa, o cambiar cualquier política, que afecte lo acordado.

Por si fuera poco, todo lo que se defina como servicio, quedará automáticamente incluido –incluso lo que ahora no exista, por ejemplo nuevas coberturas de salud, etc.– porque sólo habrá listas de exclusión que presenten los países durante la negociación y sean aprobadas.

Son tantas las perversiones de este tratado, que urge conocerlo y actuar contra él, desde donde estemos, como ya hacen organizaciones sindicales, ambientales, sociales. Una buena noticia fue el paro general que realizó la central de trabajadores PIT-CNT de Uruguay este 6 de agosto, que incluyó en sus demandas el “rechazo total y absoluto al TISA”.

– Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Mujer, violencia e industria minera

Vía Movimiento M4

Mujer, violencia e industria minera[1]
Por Lina Solano Ortiz [2]

En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera

En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.

En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.

Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].

Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.

Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].

Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación ‘Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana’, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por GoldCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.

Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor

A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.

El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.

Notas

[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.
[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687
[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957
[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf
[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html

Fuente: Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

 

Guatemala: El modelo de estado, sacudido

Con Daniel Pascual (CLOC-VC) sobre las jornadas de movilización en Guatemala

Radio Mundo Real

Las organizaciones populares, indígenas, campesinas, feministas, estudiantiles y urbanas de Guatemala se encuentran movilizadas reclamando la refundación del sistema político y económico del país centroamericano ante la constatación de una cadena de corrupción que alcanza al militar y presidente Otto Pérez Molina, a las puertas de las fechas fijadas para las elecciones nacionales.

Al respecto, Radio Mundo Real consultó al referente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Vía Campesina Centroamérica para conocer los prígenes y eventuales derivaciones de estas movilizaciones.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales en Guatemala están previstas para el 6 de setiembre.

La marcha pacífica convocada para hoy jueves por la Asamblea Social y Popular (ASP) resultaría multitudinaria según Pascual, ante la confirmación de diversos sectores para participar en lo que incluirá el primer Paro Nacional –especialmente en la ciudad capital- en contra de Otto Pérez Molina y el estado de corrupción general.
Ciudadanos, campesinos, estudiantes de enseñanza media y universitarios, empresarios, comerciantes, padres de familia, empleados públicos y privados participan de las protestas, que incluirán el rotundo rechazo a la clase política oficialista y respaldo al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al respecto Daniel Pascual señaló, en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto que la crisis de corrupción se destapó en varias esferas del estado, desde la Presidencia, la Policía Nacional Civil, el Congreso y el sistema de previdencia o seguridad social.

Como ejemplo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada como cabecilla de la estructura de defraudación aduanera guarda prisión preventiva en el centro de detención para mujeres Santa Teresa, mientras se resuelve el proceso en su contra.

El referente campesino indicó que las elecciones previstar para setiembre carecen de legitimidad por haberse incumplido varias de las reglamentaciones electorales, vinculándose el financiamiento de las campañas con los hechos de corrupción.

Escucha el testimonio de Daniel Pascual desde Ciudad de Guatemala en audio adjunto: MP3 (12.7 MB)