Se les va la vida entre pesticidas

Por Gabriela Martínez, La Jornada Baja California

Ensenada, 21 de julio.- Mientras permanece hincada sobre los campos de cultivo, María se talla los ojos enrojecidos. El sudor cae de su rostro como si fuera lluvia y desde hace unos años un dolor agudo no se le quita de las manos, pero eso no evita que por lo menos seis días a la semana arranque miles de fresas del rancho donde trabaja de jornalera, una por una, aunque la piel de las manos se le caiga a pedazos.

No sabe de qué, ni por qué se enfermó, solo tiene la certeza de que su condición empeoró hace unos cinco años; no lo entiende, dice que siempre ha hecho lo mismo. Despierta de madrugada, se dispara hacia el trabajo y antes de que salga el sol se lava las manos en agua carbonatada; luego, cuando es tiempo de fumigar, respira el aire tóxico de los pesticidas.

“Me arde como si me estuviera quemando”, dice mientras levanta las manos despellejadas; “tengo que hacerlo, los patrones cuidan más las plantas que a uno”.

Dice que mientras recoge las fresas, a su alrededor se forma una neblina blanca, casi imperceptible para los recolectores, de no ser por el olor a metal que emana y el ardor que provoca en el cuerpo.

Como si estuviéramos malditos, todos enfermamos

María apenas tiene 31 años; es menudita como si fuera una niña, pero tiene el rostro cansado. Aunque no mide más de metro y medio, es capaz de cargar hasta 20 kilos de fresas. Dice que las fuerzas se le han acabado poco a poco, pero no puede darse el lujo de no trabajar, porque es el único sustento de sus cuatro hijos y su madre, enferma de cáncer.

“Es como si estuviéramos malditos, todos nos enfermamos”, dice mientras saca una fotografía de su bolsa y clava la mirada en las caras de dos adolescentes. “A mi mamá le dio cáncer y ya no pudo seguir en el campo; toda su vida la pasó entre cultivos, a mí no me falta tanto tiempo y ahora, miro a mis hijas y tengo mucho miedo”.

Ángela es una adolescente de 15 años. Es hija de María y, al igual que ella, tiene el cuerpo color chocolate. Vista de espaldas aparenta menos edad, pero el tiempo se le viene encima en las manos y en el rostro; su camino es idéntico al de su madre.

Convulsiones y sicosis

Los tanques de pesticidas están bajo resguardo de los capataces y mayordomos del rancho. Rara vez los campesinos se asoman por el cuarto donde los tienen almacenados, pero en esta ocasión la curiosidad le ganó. José, uno de los jornaleros, fotografió los envases: bromuro de metilo + cloropicrina, dice sobre las etiquetas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ambos pesticidas son considerados tóxicos y dañinos para la salud. Una de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que periódicamente se deben realizar pruebas neurológicas y neurosicológicas a los trabajadores expuestos a estas sustancias.

La recomendación obedece a que se detectó una relación entre el contacto de personas con ambos fumigantes y daños en el sistema nervioso, que se traducen en convulsiones o sicosis.

En el caso de la cloropicrina, tiene fuerte olor y efectos irritantes. Principalmente se utiliza junto con otros fumigantes líquidos como “agente de alerta”, pero, al igual que el bromuro de metilo, tiene efectos negativos en la salud; por ejemplo, causa irritación severa en el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Puede esperarse que la ingestión cause una gastroenteritis corrosiva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que la exposición puede generar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas como dificultad en el andar, movimientos involuntarios de los ojos, temblores, contracciones musculares involuntarias, ataques, disminución de las habilidades mentales y desórdenes severos mentales, las cuales pueden desarrollarse hasta semanas después de la exposición y pueden persistir indefinidamente.

Trajes viejos para las inspecciones

José cuenta que bomberos protegidos con trajes herméticos llegan periódicamente para fumigar la tierra; es una escena que no comprenden porque, mientras, cientos de campesinos permanecen arrodillados entre las legumbres o las frutas, unos pizcando u otros regando. El gas tóxico los invade de pies a cabeza.

–¿Llevan algún tipo de
protector?

–No, ninguno. Bueno ellos, los bomberos, sí, pero nosotros no.

–¿Guantes, cubrebocas, trajes… algo?

–Nada… Sí, tienen algún equipo de esos viejos y cuando vienen las inspecciones, pues sí arman todo y nos dan las cosas, pero muy pocas veces los usamos.

Campesinos y familiares de los trabajadores han comenzado a reunirse para contar los casos de padecimientos cancerígenos, enfermedades crónico-degenerativas o incluso nacimientos de niños con malformaciones. Ninguno de ellos tiene la certeza de que las enfermedades estén plenamente relacionadas con los plaguicidas, pero exigen la intervención de las autoridades para investigarlo. 

Mujeres, las más vulnerables

En la familia de María existen al menos dos diagnósticos de cáncer: el de ella y el de su madre. Tiene cuatro hijos, dos son mujeres y teme por ellas; piensa que, como ha ocurrido, el nombre de esa terrible enfermedad también las puede alcanzar. Aunque quisiera sacarlas del trabajo del campo, la realidad es que su economía no les permite pensar en esa opción.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), explica que existen estudios de organizaciones internacionales que relacionan enfermedades como el cáncer y malformaciones con pesticidas y fumigantes, particularmente en los casos de la mujer.

Señala que los compuestos de estas sustancias tienen moléculas orgánicas y otras que además son tóxicas, las cuales al tener contacto con las personas se almacenan en los tejidos adiposos. En este caso, dice, las mujeres quedan en desventaja, ya que su anatomía las hace más vulnerables: “senos, caderas, muslos o incluso el trasero.

“Hay estudios de organizaciones internacionales que confirman la relación entre los pesticidas con la leche materna. Es decir, tendríamos que pensar, bajo el supuesto de que las empresas no usan medidas preventivas, que las mujeres embarazadas que tuvieron contacto con los fumigantes están gestando a sus hijos en condiciones tóxicas, pero que además, al nacer, se van a llevar una inyección de químicos con la leche materna”, advierte.

Pero esta no es la primera vez que el mundo pone los ojos en el uso de sustancias químicas para fumigar campos agrícolas, dice Muñoz. Desde hace más de 30 años surgieron las voces de especialistas que denunciaron el impacto de los gases en la salud de los campesinos que periódicamente mantenían contacto.

Una de ellas fue la bióloga Rachel Carson, quien desde 1960 sostenía que los pesticidas y los fumigantes dañaban la capa de ozono, además de ocasionar la muerte de la flora y fauna, y de generar enfermedades entre los trabajadores que eran expuestos. Lo anterior, dice la investigadora, desató una polémica que terminó con la creación de un marco legal para el uso de estas sustancias, pero a casi medio siglo, parece no haber muchos cambios:

“México es la pluma más rápida del Oeste; firma acuerdos internacionales hasta parece que con la convicción de cumplirlos, pero no es así. Tenemos un marco legal y siguen proponiendo más leyes; primero hay que cumplir con las que ya tenemos. Mejorar va a depender de que las personas exijan sus derechos, el gobierno vigile y las empresas cumplan”, señala.

Para Muñoz la exposición de los trabajadores, no solo las mujeres, a los pesticidas es una bomba de tiempo. En México las autoridades todavía no ponen la suficiente atención no solo para regular el uso, sino garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en las medidas de prevención para evitar daño en la salud de los campesinos.

Incumple protocolo para eliminar el bromuro de metilo

Desde el 1º de enero de 2014, México se declaró libre del bromuro de metilo de acuerdo con el Protocolo de Montreal que firmó. Los estragos causados al medio ambiente por esta sustancia utilizada normalmente por las agroempresas fueron la causa de este pacto de colaboración entre diferentes países.

“El bromuro de metilo es un plaguicida muy eficiente utilizado en la fumigación de suelos agrícolas… sin embargo, es una de las sustancias más dañinas para la capa de ozono. En la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal de 1992 se reconoció al bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro ambiental”, se lee en una de las publicaciones del protocolo.

El doctor en ciencias químicas de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería Rubén Sepúlveda, y ex director de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se pregunta si el bromuro de metilo es dañino para el medio ambiente “¿qué podría causar con trabajadores que están expuestos a esta sustancia diariamente y por largos
periodos?

Con su firma, el Estado mexicano se comprometió a dejar de utilizar los pesticidas y los fumigantes con bromuro de metilo en los campos agrícolas del país. Se presumieron diferentes programas de capacitación para los empresarios sobre otras opciones para fumigar la tierra; sin embargo, la realidad es que no existen garantías sobre el cumplimiento al 100 por ciento del tratado. Ni siquiera de las normas ambientales locales.

Sepúlveda señala que, para determinar el impacto por el contacto con tóxicos, primero se debe analizar el tiempo de exposición, las barreras físicas y la distancia. Para disminuir el riesgo, en el caso de los ranchos agrícolas, las autoridades contemplan el uso de equipo de protección, así como la aplicación de protocolos de seguridad, que no siempre se cumplen.

“Pienso en los campesinos; por ejemplo, con ellos estas barreras se derrumban fácilmente. Fumigan y esparcen las sustancias mientras ellos trabajan; ellos no pueden controlar el tiempo de exposición, pero si, además, ni siquiera les entregan equipo de resguardo… eso definitivamente es poner en peligro su vida”, lamenta.

Palma africana: Denuncias, demandas y un Estado sordo

El informe de la Inspectoría no registra si las prevenciones fueron cumplidas. Pero sí menciona que la cantidad de dinero no pagada a los trabajadores por concepto de salario mínimo, alcanzó en esas inspecciones la cantidad de Q14.96 millones.

Las denuncias en contra de algunas empresas palmeras por motivos ambientales y laborales no han cesado desde 2012. El caso de Repsa, en el río La Pasión, es sólo el último y el que más impacto mediático ha tenido, pero hay más casos. Pese a las denuncias, demandas y presiones internacionales, ni el Estado ni las empresas dan respuesta o muestras de darse por aludidos.

Por Rodrigo Véliz
Centro de Medios Independientes, Guatemala

Los vecinos dijeron que los peces del río estaban muriendo. Acusaban a la empresa palmera. Cuando hacía mucho sol y durante el verano, las viviendas se llenaban de moscas. La peor parte la llevaban los animales domésticos, cerdos y algunas vacas, decían. Las moscas les generan picazón, y el roce con la corteza de árboles o el suelo buscando alivio les provoca la caída del pelo. Algunos animales enferman ante las plagas, y las pérdidas afectan la dieta de los comunitarios de Ixcán, Quiché.

El olor también era un problema. La pestilencia de los desechos de la planta extractora de palma africana, agudizada por el calor de las tierras bajas, era insoportable cuando llegaba la noche.

Esa era la queja de los alcaldes auxiliares y los Comités de Desarrollo Comunitario (Cocode) de la microregión V del municipio de Ixcán, a inicios de diciembre de 2013. La denuncia es muy similar a los relatos que se escuchan año y medio después en el municipio de Sayaxché, Petén, donde la empresa Repsa es señalada por comunitarios y organizaciones ambientales de contaminación y de ser responsables del desastre ecológico ocurrido en el río La Pasión.

Los representantes de la microregión V dirigieron esta denuncia a la empresa Palmas del Ixcán, cuya planta extractora colinda con el río Jute, un afluente del río Chixoy. La empresa contestó con otra carta, 10 días después, el 13 de diciembre de 2013. En ella se lee textualmente: «Respecto al medio ambiente (moscas y río), reconocemos que hay un problema ocasionado por un accidente dentro de nuestras instalaciones de planta extractora».

Odilsar Cardona, encargado de asuntos laborales y administrativos de Palmas del Ixcán, reconoce, en una entrevista con CMI y Plaza Pública, que en efecto, tuvieron un problema. “Se reventó un tubo de aguas, y en el proceso se salieron los residuos. La intensa lluvia que cae por las noches en Ixcán hizo que esos residuos fueran arrastrados al río”. La respuesta de la empresa, asegura Cardona, fue inmediata. Ubicaron unos filtros para que, si volvía a ocurrir un rebalse, el agua residual al menos cayera filtrada. Dice que el problema duró “dos o tres días, máximo”. Asegura, con una voz firme que nunca más volvió a suceder algo similar.

En mayo de este año varios representantes de los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Ixcán, y Sayaxché, realizaron una conferencia pública en el centro de la ciudad de Guatemala. Su objetivo era solidarizarse con lo que pasaba en las comunidades de Sayaxché, y enfatizar lo contrario a lo que Cardona asegura: Los problemas de la producción y extracción de palma son iguales en todas las regiones. Y, en el caso de Ixcán, no han cambiado desde 2013.

“Nosotros dependemos de los ríos por la falta de agua entubada. Las plantas extractoras afectan desde 2013 en el río Limón, en el río Jute, en río San Ramón. En todos esos lugares hay muertes de peces y proliferación de moscas”, dijo Margarita Osorio, representante de organizaciones de mujeres de Alta Verapaz, durante la conferencia. Y el representante de Ixcán, donde se encuentra la extractora de Palmas del Ixcán, afirmó: “Así como se dio en Sayaxché, así se sigue dando en nuestra región. Hemos puesto denuncias a nivel local, departamental y nacional. En el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y en el de Ambiente. Y hasta ahora, no ha habido respuesta”. En el documento de 2013, las autoridades del Ixcán mencionaba el problema ambiental como uno entre otros de varios tipos: resaltaba sobre todo el laboral, y la incapacidad del Estado por hacer valer las leyes.
La primera visita del Ministerio de Trabajo

El 27 de febrero de 2012 en la delegación de San Benito, Petén, se reunieron inspectores de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, organizaciones campesinas, de derechos humanos, Cocodes de la región, y tres miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH). El objetivo era planificar una serie de visitas a las empresas de palma africana del municipio: Reforestadora de Palma (Repsa), Tikindustrias, Palmas del Ixcán, y Empresa Nacional Agroindustrial (Naisa).

La reunión se realizó en respuesta a una denuncia que algunas autoridades comunitarias realizaron ante el anterior Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, por un conflicto de derecho de paso. Las comunidades se quejaban de haber quedado sin acceso a las carreteras estatales. A su alrededor solamente queda palma. Miles de hectáreas de palma.

Las visitas se hicieron desde la mañana del día siguiente, el martes 28. A las 8.30 de la mañana salió la comitiva desde Sayaxché. Casi 50 minutos después, llegó a las comunidades Las Pacayas y Las Arenas, donde a unos metros se encuentra la empresa Tikindustrias, según quedó plasmado en los informes que redactó el Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg).

En otro informe de ese día, escrito por la inspectora de la IGT, Emma Castillo Barrera de Morataya, se detallan las violaciones de la empresa Tikindustrias al Código de Trabajo. De una lista de 38 aspectos a tomar en cuenta, Tikindustrias no cumplió con 20. Doce no aplicaban, cumpliendo solamente con seis: las instalaciones cuentan con ventilación, iluminación electricidad, pasillos despejados y extinguidores. Todos aspectos importantes en las oficinas de la empresa.

En los cultivos es otra la realidad. Allí los resultados no fueron positivos: Tikindustrias, según se lee en el informe, no cuenta con contratos individuales, constancias de pagos, libros de salarios, planillas del IGSS, reglamento interior de Trabajo, boleta de informe patronal, no se cumplen las jornadas de trabajo, el descanso semanal, no hay días de asueto, vacaciones, horas de lactancia, licencia por maternidad, se paga por debajo del salario mínimo, y no se reciben bonificaciones ni aguinaldo.

Esa fue la primera vez que el Ministerio de Trabajo visitaba la empresa para una inspección, según dejó dicho OACNUDH en el informe de la Condeg.

Tikindustrias se inscribió en el Registro Mercantil en 2004, y un año después se instaló en el municipio de Sayaxché, al norte de la Reserva Biológica San Román, y al sur de los sitios arqueológicos Dos Pilas y Aguateca, en la antigua finca El Arenal. Tikindustrias, según una investigación de ActionAid, es de los mismos dueños del Ingenio El Pilar, la familia Weissenberg (Campollo y Ossaye).

Las visitas al resto de empresas palmeras fueron frustradas. Ninguna de las tres restantes permitió que la comitiva ingresara, como consta en esta acta de la IGT para la empresa Palmas del Ixcán.

(…)

La demanda que hizo todo visible

Las denuncias por abusos laborales y los paros de carreteras, trascendieron las fronteras nacionales. En noviembre de 2014, Estados Unidos decidió terminar con la espera que tenía para demandar al Estado de Guatemala. Con poco eco en la prensa local, Washington señaló al Estado de Guatemala de violar el artículo 16.1.2 del Tratado de Libre Comercio de la región (Cafta-DR, por sus siglas en inglés).

Guatemala es acusada de no tomar medidas para hacer valer el Código de Trabajo de manera recurrente y sostenida a lo largo del tiempo, afectando de esta forma el comercio entre las partes: los empresarios guatemaltecos señalados estarían compitiendo de manera desleal, ya que ahorrarían costos al no cumplir la legislación laboral. Y el Estado sería responsable de esto. Si se perdiera el caso, Guatemala tendría que utilizar Q120 millones para solucionar sus problemas de fortaleza institucional de cumplimiento de legislación laboral. Cuatro de las principales palmeras (Naisa, Repsa, Palmas del Ixcán y Tikindustrias) están en el listado de empresas que no cumplen derechos laborales.

La estrategia de Guatemala ha sido es atacar cuestiones formales para que el fondo (en este caso las violaciones a los derechos laborales) no sea abordado. El argumento se centra en la manera de interpretar el artículo 16.1.2, en el poco tiempo para presentar los escritos, en la forma que se presentan las pruebas, en el carácter anónimo de los relatos de testigos, en que el resto de pruebas documentales son ilegibles, o que ciertas instituciones no pueden ser parte del debate. Pocas veces se debate sobre el problema principal, la violación al Código de Trabajo y la escasa regulación del Estado. Y cuando éste finalmente se plantea, se dice que las cuatro empresas señaladas -las cuatro más grandes del país- no son representativas de todo el sector palmero.

En octubre de 2014, como respuesta al pacto firmado por el gobierno y las empresas palmeras, comunidades, trabajadores y organizaciones sociales presentaron otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo en contra las mismas cuatro empresas señaladas en el informe de Estados Unidos. Y las demandas son las mismas que se escuchan desde 2012: bajos salarios, falta de contratos, negación a acceso al Seguro Social, exposición a químicos tóxicos, despidos injustificados, y otros.

Firmando de recibido están todas las empresas señaladas, también el IGSS, el Ministerio de Trabajo, el Procurador de Derechos Humos, y la gobernadora de Petén. Cardona, de Palmas del Ixcán, dice que sólo es una denuncia, no una demanda. Y que está basada en generalizaciones, que todo es mentira.

Nueve meses después, según los comunitarios y la PDH, la denuncia no ha tenido ningún seguimiento.

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LA REMA FELICITA AL CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN GUERRERO

MEXICO, 24 DE JULIO DE 2015

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA), MIEMBRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRATIVO MINERIO (M4), FELICITAMOS AL CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y EN CONTRA DE LA MINERÍA Y DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO, POR SU FIRME DECISIÓN DE DECLARAR SU TERRITORIO LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERAS.

SU TERRITORIO LIBERADO SE SUMA YA A LAS DECENAS DE COMUNIDADES, EJIDOS Y ORGANIZACIONES QUE EN MUCHOS PUNTOS DEL PAIS HAN DECLARADO SUS TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA.

HOY MÁS QUE NUNCA ES URGENTE BLINDAR LOS TERRITORIOS DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO, Y DEFENDER LOS RIOS, EL AGUA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIDA PLENA DE LOS PUEBLOS.

LOS MIEMBROS DE LA REMA LES ENVIAMOS UN SALUDO FRATERNO Y SOLIDARIO EN ESTA LUCHA POR LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
http://www.remamx.org/

Manifiesto de las comunidades de la montaña de Guerrero, libres de minería

 

Plaguicida de Monsanto, en lista de cancerígenos; al Gobierno no le importa: ONG’s

Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx

El glifosato es el herbicida de uso más generalizado en el mundo y este mes la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) entregará un reporte que lo califica como “probable cancerígeno en humanos”. Mientras que otros países, como Francia, pretenden poner un alto a esta patente de la transnacional Monsanto, en México, su uso está permitido.

De acuerdo con Sandra Laso Jácome, vocera de la campaña de transparencia “Comida Sana, Tierra Sana” de Greenpeace, apuntó que en México hace falta una regulación por parte de las autoridades sobre el uso de agrotóxicos.

“Si consideramos que el catálogo de plaguicidas no ha sido actualizado en los últimos 10 años, y que ha salido a lo largo de este periodo sobre la toxicidad, que algunas de estas sustancias como recientemente fue el glifosato, fueron catalogadas como probables cancerígenas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.

El 22 de marzo la IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), adelantó, antes de publicar una monografía sobre el glifosato este mes, que nuevas sustancias químicas utilizadas para la agricultura entraron en la lista de “probablemente cancerígena para humanos”, entre ellas los insecticidas malatión y diazinón; y el popular herbicida glifosato, comercializado como Roundup y conocido en México como Aquamaster.

Las razones de la IARC para sustentar la nueva categoría de este herbicida estuvieron basadas en la evidencia “de estudios de exposiciones [de humanos a la sustancia], principalmente agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde el 2001”, citó la agencia de investigación en un comunicado.

Asimismo, la IARC se basó en investigaciones sobre tumores en ratones. De acuerdo con la IARC, la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) clasificó en un inicio al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en 1985, pero se desdijo seis años después.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

“Colombia, Ecuador y Perú, están tomando decisiones para prohibir el glifosato, que es altamente utilizado en el combate de la Coca, presionados por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de maíz, durante una conferencia en defensa de ese cereal esta semana.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia resolvió, en mayo, reducir a la mitad el uso de glifosato para atacar las plantaciones ilegales de coca, la cual sirve para obtener el estupefaciente cocaína. Por lo que Suárez Carrera pidió al Gobierno mexicano hacer un posicionamiento claro en contra del plaguicida.

Más recientemente, en Francia, la Ministra de Ecología Segolene Royal anunció la prohibición de la venta libre del Roundup, del cual su principal componente es el glifosato.

La Ministra habló en televisión nacional sobre “encabezar una ofensiva”contra los pesticidas tóxicos y pidió “a las tiendas de jardinería que retiren de la venta” los productos con dicho componente.

En contraste la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, no ha establecido un pronunciamiento luego de los hallazgos de la IARC.

GLIFOSATO Y AUTISMO

Antonio Turrent Fernández es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y tiene una larga trayectoria en la investigación de temas agrícolas. Turrent recalca que además de cáncer, a la patente de glifosato de Monsanto se la han acuñado otros males como el autismo y el daño a la microbiota intestinal.

“En Estados Unidos desde 1990 para acá se ha vuelto transgénico en todo, pero en los ochentas antes de la era transgénica, ya había, la frecuencia de niños con autismo, era de uno por cada 2 mil 500 niños, pero todo esto empezó a crecer, y en la actualidad es uno de cada 68 nacimientos”, dijo Turrent a SinEmbargo.

El autismo es un problema complejo y multicausal. Sin embargo, en el 2012 la investigadora Stephanie Seneff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), hizo una correlación entre el glifosato y dicho trastorno.

“Ella dice que el glifosato, es una antibiótico. Cuando se le da a las plantas inhibe uno de los ciclos, que produce tres aminoácidos esenciales para la planta pero también para nosotros”.

Seneff señaló la correlación entre el incremento de los plaguicidas en el cultivo agrícola con glifosato y los altos índices de autismo.

De acuerdo con la investigadora, el principal problema de las regulaciones de los Estados Unidos es que son ciegos frente a que el glifosato incrementa la toxicidad de otros químicos como el aluminio y la glutamina. Esto hace que se eliminen las bacterias buenas para el organismo, relacionadas con la digestión y la microbiota intestinal.

“Si yo ingiero glifosato se va a mi flora intestinal y mata mis bacterias que son susceptibles, y las que son tolerantes se quedan, pero, ya no son las que yo necesito para funcionar”, aseveró el doctor Turrent.

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete

Noticias de Veracruz

México

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
 Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

 Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

 La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

 La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

 Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
 El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

    “Admiro mucho a los interpretes que están ahí, haciéndolo de la mejor manera posible. Los he visto acompañando de manera respetuosa el dolor del otro. Valoro eso mucho más que su labor de interpretación en sí”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

50 años de avances médicos irán a la basura si no frenamos el cambio climático

Muchas enfermedades mortales se favorecen con el cambio climático, prevenirlo es la mejor forma de ayudar a salvar millones de vidas.

veoverde.com

El ser humano ha tenido avances increíbles en el campo de la medicina pero de no controlar el cambio climático, se echarían a perder los últimos 50 años de éxitos en la salud. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista británica The Lancet. Nos encontramos frente a una «emergencia médica» ya que las consecuencias de este fenómeno son un riesgo potencial para la salud humana.

 

Las inundaciones, sequías, propagación de enfermedades, inseguridad alimentaria, estrés por calor, tormentas y demás desastres naturales, plantean retos para los que no estamos preparados. Sólo en 2010, los incendios forestales en Rusia duplicaron la cantidad de partículas en el aire alrededor de Moscú al consumir 2,7 millones de hectáreas. Esta situación más el calor ayudó a incrementar 11 mil muertes en un mes.

En Pakistán murieron casi 700 personas en 3 días por una ola de calor y esto fue en junio. Enfermedades como el dengue y la malaria son favorecidas por el calor, así que las temperaturas extremas del cambio climático tienden los cimientos para una serie de enfermedades que quizás ya conocemos pero que en determinado momento pueden exceder en número nuestra capacidad de atención.

Tenemos «la mayor oportunidad de salud global del siglo 21» en palabras de los autores del estudio. La mejor forma de atacar la mayor catástrofe en materia de salud es previniendo el cambio climático. Sin embargo, las mayores barreras para enfrentarlo no son económicas o técnicas, sino políticas.

Para frenar el cambio climático, los países deberán eliminar las plantas de carbón y sustituirlas por alternativas limpias y renovables. Los profesionales de la salud deberán tomar el liderazgo para crear una cultura de salubridad mundial, y el apoyo de países ricos a los pobres será indispensable para lograr un desarrollo sostenible. De lograr esto, para 2030 habremos prevenido 500.000 mil muertes con sólo reducir nuestras emisiones de carbono.

22 de julio: día mundial contra la megaminería tóxica

 

Lucha mundial contra la megaminería tóxica

Revista Proceso

Con la dramática imagen del tajo a cielo abierto que la Minera San Xavier, filial en México de la empresa canadiense New Gold, causó en el poblado de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, se hizo la convocatoria al Día Mundial contra la Megaminería Tóxica en nuestro país.

Desgajado a fuerza de explosivos para extraerle, luego de un proceso de lixiviación con cianuro, lo que queda de oro y plata, el cerro devastado –ya sin la flora y fauna endémicas que lo distinguieron–, es ahora el marco del antiguo templo de San Pedro que data del siglo XVIII, ubicado en el centro del pueblo minero.

No es el único monumento histórico de Cerro de San Pedro que a lo largo de 10 años ha padecido los efectos de la explotación minera. Existe también, de la misma época, el templo de San Nicolás Tolentino y un conjunto de 400 monumentos construidos entre los siglos XVI y XIX, según un reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dado a conocer en el 2007.

Incluso, alguna vez se pensó en hacer de este lugar un espacio para el ecoturismo, con una declaratoria de zona de monumentos que ayudaría a proteger ese patrimonio, según se consignó en el semanario Proceso del 29 de abril de 2007. Pero al llegar la Minera San Xavier todo se derrumbó.

La historiadora Marta Terán dijo entonces que la solución al problema que representaba esa minera estaba en las instituciones culturales, el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que no tenían más que hacer respetar la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, promulgada en 1972:

“Cuando pienso que el maestro Sergio Vela, del Conaculta, puede apoyar a su director del INAH –entonces Alfonso de María y Campos– y levantar una iniciativa salvadora, la declaratoria para crear una zona de monumentos en el poblado de Cerro de San Pedro, rectificando el influyentismo de su antecesora –Sari Bermúdez–, me estremece imaginar unos monumentos sin poderse visitar a escasos metros de una contaminación de miedo”.

A ocho años de sus declaraciones, la imagen del cartel del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, convocado para el 22 de julio, le dan la razón.

Cerro de San Pedro no es el único sitio en el país afectado por la minería de tajo a cielo abierto y que, por el uso del cianuro en la separación de los metales del resto de los materiales de las montañas desgajadas, se considera también altamente devastadora y tóxica.

En abril pasado se exhibió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la exposición “El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería. Un reto múltiple”, en la cual se dio cuenta de los estragos de este tipo de explotación de recursos naturales. La muestra informó también sobre los activistas sociales asesinados durante la lucha contra las mineras.

En un amplio reportaje en Proceso, del 13 de julio de 2013, el historiador Felipe Echenique March informó que las mineras aprovechan el caos institucional “que priva en el INAH” para lograr autorización de sus proyectos, con lo cual ponen en riesgo el patrimonio cultural de estados como Guerrero y Morelos.

La lucha contra la minería es mundial. Como parte del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, se organizó en Francia un festival para el 25 de julio, en el cual se espera la participación de grupos como Némésis, Fabric’à’tort y Sang Conteste, entre otros, además de conferencias y proyecciones.

A la protesta se suman organizaciones de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Filipinas, Ecuador y Venezuela, con diversas actividades.

Aunque las compañías mineras continúan con su proliferación.

 

Licitaciones de la Ronda 1: Banderazo de salida para el Despojo

nofrackingmexico.org

México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2015 

  • La Alianza Mexicana contra el Fracking afirma que las licitaciones de la Ronda 1 y el Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía generarán atropellos a derechos humanos fundamentales de la población
  • La Reforma Energética coloca a pueblos indígenas, así como a propietarios, ejidos y comunidades en desventaja frente a contratistas
  • La Alianza reitera su oposición a métodos de extracción nocivos como la fractura hidráulica (fracking)

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking manifestaron su rechazo al proceso de apertura de las licitaciones de la Ronda 1 y al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. “Como quien comete un ilícito, el evento se realizó a escondidas del escrutinio público: en la invitación no apareció la dirección del recinto donde se dieron cita representantes de la iniciativa privada, de las dependencias de gobierno reguladoras del sector y algunos invitados selectos de la sociedad civil y la prensa: La dirección fue proporcionada el mismo día del evento.” indicó Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Por su parte, Aroa de la Fuente, también investigadora de Fundar, señaló su preocupación por que Pemex se abstuvo de participar en este proceso. “Emilio Lozoya Austin aseveró que la ‘empresa productiva del Estado’ se encuentra descapitalizada y, por tanto, prefiere dejar que actores privados se repartan la riqueza de todas y todos los mexicanos”. “Paradójicamente, lo que se repartió fueron 14 áreas de licitación en aguas someras en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y occidente de Campeche, precisamente el tipo de campos en los cuales Pemex es reconocido internacionalmente por su experiencia y por sus bajos costos de producción” señaló. Sin duda, “la ausencia de Pemex en estas licitaciones sienta un mal precedente que tendrá consecuencias para las finanzas públicas puesto que, en los últimos años, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado.”

Las y los investigadores señalaron que ésta es apenas la primera fase de la Ronda 1 de entrega de licitaciones para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Faltan otras cuatro fases más para dar por concluida la Ronda 1: dos en el Golfo de México, una de recursos convencionales en tierra y otra de recursos no convencionales (campos que presentan riesgo de ser explotados con la técnica de la fractura hidráulica, intensiva en afectaciones a al territorio y a los seres vivos que lo habitan).

El dos de julio, la Secretaría de Energía publicó un Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 cuyo texto y documentos anexos puede ser consultado aquí. “Esta página contiene un ‘mapa interactivo’. En este mapa, se esboza un ambicioso proyecto transexenal de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que abarca 3 millones de hectáreas, equivalentes al 7.4% de la superficie terrestre del país.” señaló Manuel Llano, investigador asociado al proyecto www.cartocritica.org.mx. “A esto hay que sumar otras 11 millones de hectáreas ubicadas sobre las aguas del Golfo de México.” Afirmó que el mapa no es descargable en datos abiertos, en franca violación de la normatividad vigente y los compromisos que ha asumido la Sener en el marco del compromiso 22 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Las y los integrantes de la Alianza señalaron que de acuerdo con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. “Esta es la razón por la cual los mapas son tan preocupantes. Porque sobre todos aquellos polígonos que serán entregados de aquí a 2019, la actividad que prevalecerá por encima de cualquier otra actividad económica es aquella que realice la industria de los hidrocarburos.” estableció Oscar Espino de la Red Unidos por los Derechos Humanos. “¿Qué implicaciones tiene esto en términos democráticos para la gente que vive en esos terrenos? Se vulnerarán sus derechos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad. Para las poblaciones indígenas, habrá violaciones a los derechos al territorio, la autodeterminación y cultura.

“También se viola el derecho a participar en decisiones públicas. No hubo consulta para aprobar la Reforma Energética. Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” señaló Espino.

Tomando en cuenta lo anterior, “es sumamente preocupante que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hayan negado, tras múltiples solicitudes de información, entregar las coordenadas exactas de las áreas asignadas a Pemex en la Ronda 0 y aquellas que se otorgarán como parte de los contratos de la Ronda 1. Las y los ciudadanos que habitan en estos territorios tienen derecho a conocer si se encuentran amenazados por las profundas afectaciones de esta actividad. Las organizaciones de la Alianza hemos presentado dos amparos para revertir esta decisión” mencionó Aroa de la Fuente.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reitera que continuará exigiendo al Estado mexicano la prohibición del fracking e informando y apoyando los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios.

Contacto: Francisco Cravioto Lagos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, francisco@fundar.org.mx  Tel. 5554-3001 ext. 143, 55 28 30 94 71.

Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aroa@fundar.org.mx; Tel. 5554-3001 ext. 118, 5528942814.

La Puya: Logran que se suspenda la licencia minera de una empresa norteamericana

Por: Prensa Comunitaria. Guatemala

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

 

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

“Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, en consecuencia: se restablece en si situación jurídica a los amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. C) se ordena a la autoridad denunciada cumpla con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio publico, a efecto realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos penales, en virtud de acta numero 45-2011 del código municipal de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. “

 

 

Campaña: para Desmantelar el Poder de las Empresas Transnacionales

Hacia la construcción colectiva de un movimiento global

Reivindicar la soberanía de los pueblos

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La historia y el carácter del poder de las transnacionales: por qué se necesita una campaña sistémica
Durante los últimos 40 años de capitalismo neoliberal, hemos visto a las empresas transnacionales erigirse como importantes fuerzas globales que ejercen un poder económico y político sin precedentes y que no rinde cuentas ante nadie.

Nosotros y nosotras, el 99% de los y las habitantes del planeta, nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1% más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80% del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras.

Muchos de nosotros y nosotras somos conscientes de esta situación y estamos luchando contra el poder de las transnacionales y las injusticias sociales, económicas y ambientales provocadas por este poder.

¿No va siendo hora de adoptar una perspectiva más sistémica y hacer campaña para desmantelar el poder de las transnacionales, poner fin a su impunidad y construir un movimiento que reivindique la soberanía de los pueblos sobre el patrimonio común y sitúe a las personas y la naturaleza por delante de los lucros?

Sitio web de la Campaña

Cinco maneras de obstruir las propuestas de regulación en la ONU

El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar

LaMarea

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // Durante toda esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ha tenido lugar la 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En cumplimiento del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución aprobada hace un año recogía que la misión de este grupo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, los representantes de los países que asistieron a esta reunión —como se trata de un grupo de composición abierta, cualquier país del mundo, sea o no miembro del Consejo de Derechos Humanos, puede participar en él— han expresado sus ideas sobre cómo habría de ser y qué debería incluir un instrumento internacional de este tipo.

 

En esa misma línea, en la ONU también han tenido presencia diferentes expertos, juristas, miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y personas afectadas por las operaciones de las grandes corporaciones. Como Rosiane Mendes, habitante de una comunidad de pescadores del estado brasileño de Maranhão que está sufriendo los impactos de las actividades de la compañía minera Vale: “Estamos aquí, como afectados por las transnacionales, para presentar propuestas a los Estados para llevar a las empresas a la justicia por las violaciones de nuestros derechos”. En representación de la campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la Impunidad, Mendes resumía en su intervención ante el plenario lo que pedimos desde esta plataforma: “Queremos ser consultados, participar en las decisiones y en la fiscalización de las empresas. Para eso estamos hoy aquí en Ginebra: para decir sí al desmantelamiento de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, aunque sin duda es un avance que todas estas voces puedan ser escuchadas en el seno de Naciones Unidas, el proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales va a ser largo y costoso. Así lo apuntan ya las discusiones de esta semana en Ginebra, que permiten divisar un horizonte complicado y lleno de obstáculos para sacar adelante esta iniciativa. Dicho de otro modo: las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Y, para ello, desplegarán estrategias como las siguientes.

Bloquear la discusión. El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar. Así, tras permitir que la embajadora de Ecuador fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas de carácter transnacional y no habla de tratar el Marco Ruggie. Después de una serie de consultas informales y de que todo pudiera finalmente continuar según la senda prevista, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer en toda la semana. Primero, intentó obstaculizar la discusión tratando de llevarla al terreno que le convenía; segundo, viendo que esta estrategia no iba a dar resultado, se quitó de en medio.

Deslegitimar el debate. Ninguna de las grandes potencias estuvo presente en el resto de los debates a lo largo de la semana. Además de la Unión Europea, que solo participó al principio de la discusión para tratar de bloquearla y nunca más volvió a la sala —solo uno de sus países miembros, Francia, mantuvo allí un representante, que en ningún momento llegó a intervenir—, Estados Unidos, Japón y Canadá ni siquiera hicieron acto de presencia. Es decir: los mismos países que hace un año se opusieron a que la resolución saliera adelante no iban a permitir ahora que con su participación se avalase un proceso que pudiera perjudicar los intereses de las corporaciones transnacionales. Una estrategia de deslegitimación: dejemos que los países del “eje del mal” hablen entre ellos —Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela fueron de los más activos a la hora de exigir una normativa internacional vinculante para las grandes empresas— para, cuando llegue el momento y sea necesario, contraatacar diciendo que los resultados que pueda obtener el grupo de trabajo no son representativos porque solo habrán tenido en cuenta a unos pocos países.

Eternizar el proceso. La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Recordemos: la resolución para crear este grupo de trabajo se aprobó en 2014; este año acaba de producirse la primera sesión de debates y el que viene tendrá lugar la segunda; en 2017 tendremos una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos intentos de bloqueo por medio, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y disposiciones adicionales. De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión Europea y Estados Unidos negocian los acuerdos comerciales y de inversión —con un TTIP que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, veamos todos los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…) y ese tratado de “libre comercio” de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) que ya solo está pendiente de ser traducido a todos los idiomas de la Unión para ser ratificado—, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones por todos lados.

Aprovecharse del pluralismo. Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las personas y colectivos contrarios a sus posiciones. Tenemos un ejemplo de ello en las decenas de foros oficiales sobre “responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media: mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes hemos tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestros argumentos en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el procedimiento.

Fomentar la captura corporativa. Esta 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental se llevó a cabo en la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. A la entrada de dicha sala, una placa recuerda quién sufragó su restauración en 2008: el gobierno español —que pagó la cúpula de Miquel Barceló en parte con dinero de la cooperación internacional, concretamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)— y una fundación creada al efecto por las grandes multinacionales españolas. Es un hecho muy simbólico, como lo es que todo el sistema de telecomunicaciones y megafonía de la sala esté lleno de logotipos de Telefónica, que revela hasta dónde llega la penetración empresarial en el seno de Naciones Unidas: las mismas empresas que son objeto de estudio del grupo de trabajo han sido las que han costeado las obras de reforma de la ONU donde luego se discute sobre ellas. Desde que en 1927 Rockefeller financiara la biblioteca de la Sociedad de Naciones que aún hoy sigue funcionando en su sede de Ginebra, hasta que Kofi Annan presentase en 1999 el Global Compact en el Foro Económico Mundial de Davos con el aval de las mayores transnacionales del planeta, pasando por todo el fomento de las “alianzas público-privadas” y el “capitalismo inclusivo” del que ha hecho gala la ONU en la primera década de este siglo, esta organización multilateral ha sufrido un innegable proceso de “captura corporativa”.

Los lobbies empresariales, apoyados por los gobernantes de los Estados centrales, van a hacer todo lo posible por descarrilar este proceso. Ya lo hicieron en las tres últimas décadas del siglo pasado, impidiendo la creación de un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones y desplazando el debate al terreno de la RSC y la voluntariedad, tal y como nos cuenta Alejandro Teitelbaum en su libro La armadura del capitalismo. Frente a ello, siguiendo a este jurista —que trabajó durante muchos años representando a diferentes organizaciones sociales ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y conoce bien cómo (no) funcionan los mecanismos de Naciones Unidas—, habremos de centrarnos en un objetivo fundamental: “Que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema del poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y que comprenda que la solución no es individual, sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).