Bajo el TTIP, más de 75.000 empresas podrán doblegar la voluntad de los gobiernos

TTIP, EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA

Verónica Gómez, nuevatribuna.es
Comisión Internacional de ATTAC

El tratado entre EEUU y Europa supondrá el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminará por hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la UE y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.

El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e inversión que englobaría la UE y EEUU. Uno de sus focos de interés está en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas, salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de los gobiernos para regular a favor del interés público.

Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o“suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio. Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto, este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de EEUU y la UE y un grupo de funcionarios no responsables frente a la ciudadanía.

Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3 abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas millonarias con el  dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $, Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.

García Bercero, aseguró a su homólogo estadounidense que los documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30 años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el final del modelo social europeo y  un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

Video. Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo: Un Reto Múltiple

Video hecho en el marco de la Exposición “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple del INAH Morelos.

Realizado a partir de material grabado en las comunidades afectadas en Morelos y Guerrero y la recopilación de material creado por distintas personas a través del mundo, con el mismo objetivo: Informar a la gente acerca de los efectos de la Megaminería Tóxica en el Patrimonio Biocultural y hacer consciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa del territorio.

https://youtu.be/AXpM0SYH26k

Exposición muestra daños de la minería a tajo abierto
Revista Proceso. 10 de abril de 2015

Redes y movimientos sociales en contra de la construcción de presas en México

El caso del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
Anahí Copitzy Gómez Fuentes

Resumen

La construcción de presas en México ha supuesto la generación de importantes conflictos y de numerosos movimientos sociales, a través de los cuales comunidades afectadas, organizaciones no gubernamentales, activistas y especialistas, manifiestan su oposición y rechazo al modelo energético y de gestión de agua vigentes en el país, los cuales promueven la construcción de grandes presas. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), representa un ejemplo de la organización en red de los pueblos afectados por la construcción de presas en México. El Movimiento surgió en el 2004 como parte de los esfuerzos internacionales para la consolidación de un movimiento mundial de afectados. Surge además de la necesidad de hacer un recuento histórico de todas las afectaciones sufridas por la construcción de presas, y en respuesta a una serie de conflictos que comenzaron a surgir y  a visibilizarse en el país a partir del 2000. El movimiento ha denunciado los impactos negativos de las presas, así como las violaciones a los derechos humanos de los pueblos afectados. Al mismo tiempo, se han propuesto alternativas y soluciones, con el objetivo de frenar los impactos y afectaciones a diversas comunidades.

DESCARGAR PDF:
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/26856

Pone minera en riesgo sitios sagrados de la comunidad Comcáac en Sonora

REMA/MOVIMIENTO M4

Hermosillo, Sonora, a 15 de abril de 2015

Los Defensores del Territorio Comcáac y la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Sonora, para que prohíba a la empresa minera La Peineta Minera S.A. de C.V. la explotación y extracción de mineral en los sitios sagrados La Peineta y Pico Johnson, espacios importantes para la cultura Comcáac, con gran significado para su forma de vida.

 

La explotación de estos sitios implica la destrucción de lugares sagrados que han sido preservados desde muchos años y que son y fueron refugios para los Comcáac, por su riqueza en flora y fauna.

La Peineta (Hast Heemla) es un lugar de reproducción del Venado Bura y del Borrego Cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en el territorio Comcáac, considerando además la cercanía con el Canal del Infiernillo, lugar de donde los Comcáac dependen para su subsistencia,
tanto económica como cultural.

Hacemos este llamado desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que desde hace diez años ha denunciado los impactos del modelo extractivo en los territorios por parte de empresas mineras que ponen en riesgo los bienes comunes como el agua, un bien que en el desierto es estratégico para las comunidades, especialmente para los Comcáac, pueblo originario que históricamente ha vivido en armonía con su ecosistema.

El proyecto minero mencionado no cuenta con la legalmente debida Manifestación de Impacto Ambiental, lo que constituye el principal motivo para la cancelación del proyecto, sobre el cual tampoco se hizo una consulta pública al pueblo Comcáac, violando el convenio 69 de la OIT.

Por estas razones, el proyecto en sí es ilegal, al no contar con los permisos municipales, estatales ni federales o, lo más importante, no cuenta con la aprobación de la comunidad.

El riesgo que supone este proyecto para el territorio Comcáac es mucho mayor a los supuestos beneficios que quienes lo promueven dicen que dejará a la región. Pone en riesgo bienes estratégicos para la supervivencia de las comunidades humanas, que han vivido por siglos en esta zona que es parte de su cultura, su identidad y su forma de vida, por lo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería y los Defensores del Territorio Comcáac, exigimos al Gobierno de Sonora que cumpla con las medidas de protección, cancelando el proyecto.

También expresamos nuestro rechazo a cualquier otro proyecto basado en la extracción y privatización de los bienes naturales que afecten de manera directa a los ecosistemas y los seres humanos.

Para mayor información:
Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Jorge Tadeo Vargas.
jtadeo@lunasexta.org / cel. 662-119-5992.

Defensores del Territorio Comcáac.
Gabriela Molina
comcaac.coyaaix@live.com.mx / cel. 662-315-8133.

Descrecimiento, buen vivir y justicia ambiental

Joan Martínez Alier, La Jornada

Estos términos tienen distinto origen, pero señalan un camino común. La décroissance es una palabra nacida en Francia hacia 1972 de boca de André Gorz, repetida en el libro de Georgescu-Roegen de 1979 que se llamaba Demain la décroissance. Se ha difundido muchísimo a partir de 2002 de la pluma de Serge Latouche y otros autores. Cuatro grandes conferencias se han realizado en Europa desde mayo de 2008 llamando al descrecimiento o post-crecimiento, la última en Leipzig en septiembre de 2014 con 3 mil participantes. En la editorial Routledge de Londres recientemente ha aparecido, compilado por Giacomo d’Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis, un Diccionario del descrecimiento, que saldrá en castellano en abril de 2015 en la editorial Icaria en Barcelona. Emula el famoso diccionario del post-desarrollo que publicaron Wolfgang Sachs, Ashish Nandy, Gustavo Esteva, Arturo Escobar… hace 20 años.

Lo que el descrecimiento propone es una economía y una sociedad que, en lo ecológico, baje su consumo de energía y materiales y, en lo social, ponga en vigor principios de organización basados, no en las prioridades del mercado, sino en la autonomía, en el cuidado de las personas, la reciprocidad, la convivialidad. Mucho de eso procede de Iván Illich y de Cornelius Castoriadis. La décroissance es una idea europea que en Estados Unidos tiene un paralelo en la «economía del estado estacionario», que Herman Daly viene proponiendo desde 1973, parecida a la de «prosperidad sin crecimiento» de Tim Jackson en Inglaterra y a la «simplicidad voluntaria» de Ted Trainer en Australia. En Alemania le llaman Post-Wachstum, post-crecimiento.

Pero se puede preguntar en México o en cualquier país del Sur: ¿cómo se atreven ustedes a proponer el descrecimiento con la pobreza cruel que persiste en África, la India, América Latina? Una respuesta sería que el descrecimiento es solamente para los países ricos y debe ir junto con un crecimiento económico en el Sur y con la redistribución en todas partes. Otra respuesta mejor, que complementa o modifica la anterior, es que el descrecimiento no es un invento europeo; tiene otras raíces, también debe ir junto con el buen vivir, el sumak kawsay. Esta expresión quechua se usó en 2008 en la Constitución de Ecuador como una alternativa al desarrollo económico uniformizador, como una manifestación de la anticolonialidad.

No hace falta recurrir al quechua; la idea de vivir con lo que es suficiente para una vida buena, sin acumular, es lo que los jain llaman aparigraha desde hace miles de años en la India, o es la eudaimonia de Aristóteles, es decir, la felicidad, la plenitud del ser, el florecimiento de las propias capacidades sin acumular posesiones. Tal vez sumak kawsay se haya dicho ya, aunque no se haya escrito, desde hace muchos centenares de años, con total independencia de Aristóteles. En América se encuentran ya las ideas que necesitamos para una ética del buen vivir que encaje perfectamente con los postulados del descrecimiento. Y a eso hemos de añadir la justicia ambiental.

En economía ecológica insistimos en la imposibilidad de un crecimiento económico que sea sostenible. En economías industriales no existe ni puede existir un «crecimiento verde». Y en ecología política estudiamos los conflictos ecológico-distributivos. Y redescubrimos los movimientos de justicia ambiental que luchan contra el «racismo ambiental», por la justicia climática, la justicia hídrica. Si dibujamos un mapamundi de industrias contaminantes, veremos cómo sus impactos y las protestas contra ellos, no están distribuidas de forma aleatoria. Muchas de estas actividades han sido colocadas en lugares donde habita gente pobre, pueblos indígenas, gente del color de la tierra.

Por tanto han nacido redes internacionales por la justicia climática, por la justicia hídrica, por la conservación de las semillas campesinas, por el ciclismo urbano, contra las plantaciones de eucaliptos y palma de aceite, por la conservación de los manglares, contra la minería a cielo abierto y contra el fracking, denunciando el comercio ecológicamente desigual y reclamando las deudas ecológicas y los pasivos ambientales de las empresas papeleras, mineras o petroleras por los daños producidos.

Y esas tres ideas, una del Norte y dos de ellas del Sur, a saber, el descrecimiento, el buen vivir y la justicia ambiental, se refuerzan mutuamente. Quienes en Europa, más allá de experimentar nuevas formas de vida comunitarias en las ciudades o en el campo disminuyendo su consumo energético y material, aumentando la intensidad de sus cuidados mutuos y su interés por la vida pública, se sumen a la vez a las denuncias contra la represión contra los ambientalistas y los pueblos indígenas del Sur que protestan contra el extractivismo, estarán apoyando a la vez la justicia ambiental, el buen vivir y el descrecimiento.

*Catedrático de la ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

Pueblos originarios exigen en Cumbre de Panamá el respeto de derechos

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

EL UNIVERSAL-Ciudad de Panamá.– Dirigentes de pueblos originarios exigieron hoy en la capital panameña, en la denominada V Cumbre de Abya Yala (América Latina), el respeto a sus demandas territoriales y sociales y el derecho a ser escuchados en la VII Cumbre de las Américas que se celebra este 10 y 11 de abril.

Phil Lane, jefe y heredero espiritual de las naciones Ihanktonwan Dakota y Chickasaw, de Canadá y Estados Unidos, abogó por la unidad de los pueblos indígenas y la necesidad urgente de que se reconozca, con justicia, la atención de sus demandas hemisféricas, reseñó DPA.

«En los últimos 45 años recorrí los pueblos indígenas quechuas y aimaras de los Andes, y me di cuenta que en nuestra médula y cosmovisión hay un valioso concepto de Madre Tierra y Padre Cielo», acotó tras lamentar el grave daño causado al medio ambiente por la codicia de los seres humanos.

Recordó que hace más de 500 años, antes del desembarco de los europeos a América, había en la región «una comunidad vibrante» de más de 100 millones de personas pertenecientes a diversos pueblos que disponía de rutas en los cuatro puntos cardinales, pero que fue diezmada por enfermedades y el saqueo de los recursos naturales.

Lane propuso recuperar los antiguos caminos que conectaban al cóndor, al quetzal y al águila (Caracas, en lengua antigua). Recordó que en 1992 las tribus de Norteamérica reconocieron, tras cuatro días de reunión, que el mundo está regido por leyes naturales y que «sin visión, no hay desarrollo posible».

Mientras hablaba en forma pausada, el líder espiritual mostró el estuche en que guarda la pipa de la paz que utilizó Tasunka Witko, conocido como «Crazy Horse» (Caballo Loco), el guerrero sioux que participó en 22 batallas en las praderas americanas en defensa de su pueblo, antes de ser asesinado a bayonetazos.

Lane, quien ha recibido diversos premios internacionales por su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas y la Familia Humana, relató una larga historia sobre la venerada pipa y cómo la «bondad» del bisonte blanco salvaje ayudó a los pueblos originarios a entender que su desaparición anticipaba momentos duros.

Sostuvo que es la primera vez en 25 años que la pipa de la paz es fumada fuera de Norteamérica y que los escogidos para esa ceremonia fueron cuatro hombres y una mujer. El acto fue celebrado previo a la VII Cumbre de las Américas, coincide con un momento de grandes retos y exigencias regionales.

Por su parte, Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

González manifestó que hay una marcada oposición de los pueblos indígenas a la construcción de hidroeléctricas, al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto y actividades madereras que implican la destrucción de selvas y la contaminación de cuencas.

«Rechazamos que muchos indígenas hayan sido encarcelados por reclamar sus derechos», subrayó el coordinador de la Cumbre de Abya Yala. Sostuvo que «no es casual que donde habitan los pueblos indígenas aún existan bosques», pero advirtió que están amenazados por planes de deforestación.

A su vez, Kine Peller, administrador del Congreso General de la Comarca Kuna Yala, de Panamá, se pronunció a favor de la reivindicación de los derechos hídricos y los mecanismos para resolver conflictos limítrofes en las comarcas, a través de la participación de comunidades que deben ser escuchadas por los presidentes de América.

Pronunciamiento del Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo

El día de hoy, 10 de abril de 2015, nos reunimos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, representantes de pueblos indígenas y campesinos, organizaciones e integrantes de la sociedad civil, de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Distrito Federal que en el marco de la 2a Jornada Por los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra, convocamos al Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, para discutir y analizar el ejercicio de nuestro derecho a decidir sobre medidas legislativas o administrativas y proyectos de “desarrollo” que afectan nuestras tierras y territorios, poniendo en peligro nuestras formas de vida.

A partir del 1992, se han generado los tratados de integración económica a nivel mundial y continental de los cuales México es parte y que, a su vez, han implicado la modificación del marco normativo interno. Estas llamadas “reformas estructurales”, incluyen la modificación del Artículo 27 Constitucional, la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera, la reciente Reforma Energética y ahora la iniciativa de Ley General de Aguas, que agudiza la privatización del agua.

El resultado son leyes que no protegen los derechos humanos, que tienen como fin despojarnos del control de nuestros territorios, favoreciendo los intereses de grupos de poder mexicanos y transnacionales, a costa de comunidades enteras, que son perjudicadas con políticas de desarrollo y megaproyectos dañinos para nuestras tierras, territorios, bienes comunes naturales y culturas.

A lo largo y ancho de México, los pueblos y comunidades indígenas y campesinas nos encontramos, ante la realidad de políticas públicas y proyectos que ya están en ejecución o próximos a ejecutarse en nuestras tierras y territorios, como la veda para el uso del agua en los Valles Centrales de Oaxaca; la presa El Zapotillo en Jalisco, los proyectos eólicos en del Istmo de Tehuantepec, los proyectos hidroeléctricos Las Cruces en Nayarit y Paso de la Reyna en Oaxaca, el Acueducto Independencia en Sonora; las presas de autoabastecimiento eléctrico en Puebla y Veracruz; el Plan de Aprovechamiento Territorial del Río Usumacinta en Chiapas y Tabasco, entre muchos otros.

Todos estos proyectos han sido impuestos por empresas y Estado sin respetar los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, en particular el derecho a la consulta que tiene que ser libre, previa, informada y de buena fe, como está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y demás instrumentos de derechos humanos a nivel regional y universal.

Hoy el Estado Mexicano está impulsando una serie de consultas que no respetan los estándares internacionales en la materia, sino por lo contrario se dan en un clima de hostigamiento a las y los defensores comunitarios que se oponen a dichos proyectos. La información que nos llega es parcial y sesgada y no nos permite tener un entendimiento claro de cuales son los impactos y afectaciones de dichos proyectos. Además, el procedimiento que se sigue está amañado ya que no hay garantía de imparcialidad, lo que nos lleva a tener consultas simuladas. Asimismo, denunciamos la injerencia de poderes facticos y de grupos armados ligados a las empresas en los procesos de consulta.

Como dijo el entonces Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, “el proceso [de consulta] trata de un proyecto cuyas características ya están definidas, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en distintas fases del objeto de la consulta y no sólo en la forma de implementación de un proyecto aceptado y preferido por la empresa o el Estado”.

Según el derecho internacional vigente y aplicable, todos los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional en México, la obtención del consentimiento de las comunidades afectadas por los programas y proyectos es el objetivo último que debe perseguir toda consulta que respete la normatividad internacional, de manera que si la búsqueda del consentimiento no es el objetivo real de los procesos de consulta estos tampoco serán válidos.

El derecho de consulta tiene su fundamento en el más amplio derecho a la libre determinación ya que es el procedimiento que garantiza la participación plena y efectiva de los pueblos en todos los niveles de toma de decisiones, ya sea órganos de carácter político, legislativo, y los procesos que afecten directa y potencialmente nuestros derechos.

Frente a estos procesos, y con fundamento en el mismo derecho a la autodeterminación, los pueblos tienen el derecho a realizar autoconsultas según sus propias formas de gobierno y sus instituciones para tomar decisiones que el Estado tiene la obligación de respetar.

Exigimos:

    Que se respete la voluntad de los pueblos y comunidades sobre sus tierras y territorios y que se les consulte, de forma apropiada y en el pleno respeto de sus derechos, cada vez que se quiera implementar un proyecto que les afecte. La consulta no puede limitarse a ser un procedimiento formal sino un proceso tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades, lo cual implica también que el Estado acepte y respete un rechazo;

    Que no se criminalicen los defensores y defensoras comunitarios y de derechos humanos y se les garantice protección frente al hostigamiento y las agresiones de los cuales son víctimas;

    Cancelación de todos los megaproyectos que atentan en contra de la vida de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas;

La libertad de las personas injustamente presas por su trabajo de defensa de sus tierras y territorios.

¡Ríos para la vida no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Ríos libres, pueblos libres!

Oaxaca de Juárez, a 10 de abril de 2015

Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); ADABI de México; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de Tierra y Territorios (APIIDTT); Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ); Bios Iguana A.C.; Consejo de Comunidades Unidas de Centla (CCUC); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio A.C. (COCIVEL); Códice A.C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuántepec A.C.; COCEI – Movimiento Nacional de Poder Popular; Colectivo de Abogados/as; Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre; Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo; Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Agua (COPUDA); Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde (COPUDEVER), Consejo Indígena Nayeri; Consejo Tiyat Tlali; Fondo Mundial para la Naturaleza; Foro Permanente de Abogados A.C., Fundación Yansa; Grupo Ecológico Manglar A.C.; Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AL); Hijxs de la Tierra; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC); Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca; Maderas del Pueblo A.C (Chimalapas); Otros Mundos Chiapas A.C.; Oxfam México A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Servicios para la Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Thomas J. Watson Fundation; Todos Unidos Como Pueblo; Tribu Yaqui.

¿Puede el poder de las multinacionales amenazar la democracia?

Michael Robinson, BBC

En muchas partes del mundo, cada vez más personas están saliendo a las calles para protestar contra un enemigo común: los tratados comerciales internacionales que permiten que compañías multinacionales demanden a los gobiernos cuyas políticas perjudican sus intereses.

Ese derecho, conocido como arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), amenaza la democracia, acusan sus opositores.

Pero, ¿qué es y por qué causa tanta controversia?

Las naciones industrializadas concibieron los ISDS en los años 60 como una manera de proteger las inversiones de sus compañías contra riesgos como las nacionalizaciones en los países extranjeros en los que operaban.

Quienes apoyan la herramienta alegan que es un foro imparcial y justo para arbitrar disputas entre los inversores y los Estados y, de ser apropiado, para decidir el monto de la compensación que deben recibir los inversores.

Dicen además que ISDS alientan a las multinacionales a invertir en países que de otra manera evitarían por miedo a no tener la posibilidad de una audiencia justa en los tribunales locales.

¿Cómo funciona?

Para que una inversión esté protegida por ISDS, tanto el país en el que se hizo como el país de donde proviene el inversor deben haber acordado su uso. Eso se hace normalmente cuando los países firman tratados de inversión.

En la actualidad existen alrededor de 3.200 tratados de inversión en el mundo. La mayoría les confiere a los inversores el derecho de valerse de ISDS.

Hasta ahora, se han iniciado aproximadamente 600 acciones, aunque no todas son reportadas. El número de casos ha crecido significativamente en años recientes.

Cada caso es juzgado por un panel de tres árbitros, seleccionados por el gobierno y el inversor involucrados en el caso de una corta lista de abogados especializados. Los tribunales se pueden reunir en cualquier lugar que le convenga a las partes, y las decisiones se basan en lo estipulado en los tratados más que en las leyes nacionales.

Los casos pueden tomar años en resolverse y son costosos. Además de pagar los honorarios de los árbitros, cada parte tiene que emplear su propio equipo de abogados para defenderse.

Incluso cuando los gobiernos ganan –como ha sucedido en cerca de un 40% de los casos conocidos– a menudo tienen que pagar sus propios gastos: en promedio US$4,5 millones por caso.

Cuando los inversores ganan, los árbitros pueden conceder indemnizaciones por daños. No se puede apelar el monto, que puede alcanzar los cientos de millones y, en algunos casos, los miles de millones de dólares.

¿Por qué los opositores aseguran que ISDS favorece a los inversores?

Los oponentes dicen que es más fácil para los inversores extranjeros atacar las políticas del gobierno usando ISDS de lo que sería hacerlo a través de incluso los sistemas nacionales mejor establecidos y más confiables.

En primer lugar, reclaman que ISDS les da una opción adicional para oponerse a las políticas gubernamentales.

Un ejemplo a menudo citado ocurrió luego de que Australia aprobara una ley en 2011 requiriendo que los cigarrillos sólo se pudieran vender en paquetes sin logos.

Philip Morris y un grupo de otras multinacionales de tabaco disputaron la legislación en las cortes australianas sin éxito. Para la ley local, ese era el final de la historia. Sin embargo, Philip Morris pudo lanzar otra acción -que aún está en pie- gracias al acuerdo de ISDS.

Los opositores a ISDS también denuncian que estos favorecen a los inversores extranjeros en detrimento de los nacionales.

En Alemania, tras el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón, el gobierno anunció que iba a eliminar gradualmente la energía nuclear.

Por ello, Alemania fue demandada usando ISDS por pérdida de ganancias por la compañía estatal sueca Vattenfall, que tiene dos plantas nucleares en copropiedad con la gigante alemana E.ON.

Como es sueca, Vattenfall cuenta como inversor extranjero en Alemania y puede usar ISDS para que le concedan una indemnización. Como empresa alemana, E.ON no puede hacer lo mismo, a pesar de que ambas son grandes firmas europeas que enfrentan las mismas pérdidas potenciales en las mismas plantas nucleares como resultado de la misma política gubernamental.

¿Por qué los opositores argumentan que ISDS amenaza la democracia?

Los oponentes dicen que ISDS puede desalentar a los gobiernos a la hora de aprobar medidas en beneficio del medio ambiente o la salud o seguridad de la población, por ejemplo, por miedo a que esas políticas disparen demandas de los inversores extranjeros.

Y mientras que los países más ricos pueden darse el lujo de defenderse, el costo puede ser un gran problema para las naciones más pobres.

Durante cinco años, El Salvador -uno de los países más pobres de Centro América- ha estado luchando contra una demanda hecha por una compañía minera canadiense porque el país declaró una moratoria en las licencias de minería. San Salvador tomó esa decisión debido a la preocupación por el riesgo potencial a la calidad del agua potable debido a las operaciones de minería.

La firma canadiense reclama US$250 millones por daños, lo que representa las ganancias que dice habría acumulado si le hubieran concedido una licencia.

Esos US$250 millones equivalen a casi el 5% del presupuesto total del gobierno de El Salvador.

Aunque el arbitraje al final no favorezca a la multinacional, los opositores de ISDS señalan que el temor a estas acciones hace que muchos de los países duden antes de implementar medidas que beneficien a la población.

Por eso algunos países, particularmente en Latinoamérica, están considerando ponerle fin a sus pactos. Otros, incluyendo Sudáfrica, ya lo empezaron a hacer.

A esos países les tranquiliza el ejemplo de Brasil que, aunque nunca ha firmado un tratado de ISDS, recibe un flujo grande de inversión extranjera.

Si los ISDS existen desde hace décadas, ¿por qué de repente son un gran problema?

Durante años, aunque los tratados se firmaban, pocas eran las demandas que se presentaban. La investigación académica indica que la mayoría de los países solían considerar estos acuerdos como poco más que muestras de buena voluntad diplomática.

A finales de los 90, sin embargo, los abogados empezaron a darse cuenta del potencial de los ISDS y empezaron a aconsejarles a los inversores que los usaran. El número de casos aumentó bruscamente.

Las protestas actuales se deben a la propuesta de incluir provisiones ISDS en dos tratados comerciales: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.

Protestar, ¿sirve de algo?

Parecería que sí.

En enero, la comisión de la UE reveló que de las 150.000 respuestas a una consulta popular sobre el tratado con EE.UU., 97% eran en contra.

En las negociaciones del ATCI, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, está tratando de limitar el alcance de ISDS. Propone darle a los gobiernos el «derecho a regular» sin la amenaza de una ataque ISDS, y eximir asuntos de interés público general como la salud y el medioambiente.

Si lo logra, espera que el nuevo acuerdo se convertirá en el «estándar de oro» para ISDS y que eventualmente reemplace las provisiones en miles de tratados existentes.

Pero algunos comentadores creen que las exigencias de la UE harán que las negociaciones fracasen y que no se firme el tratado.

Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Día mundial de acción – 18 de abril del 2015

Las personas y el planeta antes que el beneficio corporativo
Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Nosotras y nosotros, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas, campesinas y campesinos, jóvenes, hombres y mujeres activistas de movimientos de todas partes del mundo, llamamos a un Día global de acción a realizarse el 18 de abril del 2015 con el fin de parar los acuerdos de libre comercio e inversiones y promover una economía que
funcione para las personas y el medio ambiente.

 

A lo largo de las últimas décadas, las empresas transnacionales y los gobiernos han impulsado tratados de libre comercio y de inversiones a espaldas de los ciudadanos, vulnerando nuestros derechos y los del medio ambiente.

A lo largo de las últimas décadas, hemos luchado por la soberanía alimentaria, por nuestros bienes comunes, por la defensa de nuestros empleos, nuestros territorios, las libertades en internet, mientras exigíamos democracia. En el camino, hemos crecido como movimiento, hemos logrado que escuchen nuestras voces y hemos logrado muchas victorias.

Entre todas y todos, podemos parar los acuerdos que se están negociado y trabajar para revertir los impactos nocivos de los tratados pasados. Juntas impulsamos nuestras alternativas que se fundamentan en la primacía de los derechos humanos por encima de los privilegios y beneficios de las grandes empresas.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones, personas y alianzas a participar en la jornada para organizar acciones descentralizadas en los cinco continentes. Nos acogemos a una diversidad de tácticas y acciones solidarias en todo el planeta que contribuyan a informar y sensibilizar, fomentar la participación y fortalecer la movilización de la gente, rumbo a un nuevo modelo económico y de comercio que funcione para el beneficio de todas las personas y el planeta.

Únase a la lista automática del Día mundial de acción
y participe en las discusiones estratégicas !
Envía un mensaje a 18a-subscribe@lists.riseup.net para inscribirse !

  • Se invita a los grupos a que traduzcan, adapten y modifiquen el presente llamamiento en función de sus propias movilizaciones.
  • También se informa que los grupos tienen toda la libertad de elegir un día distinto de la semana si consideran que es más indicado para sus objetivos de movilización.

ATP: asalto secreto del 1%

John Saxe-Fernández. La Jornada

Una de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se entere…los que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones, viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamada autorización para promover el comercio.

La vía rápida permite que Obama presente un texto al Congreso, cocinado en lo oscurito, en tiempo limitado de debate, sin modificar el articulado y con una votación en bloque, positiva o negativa. Como las negociaciones se realizan en secreto y México es parte de ellas, cabe resaltar la importancia (y a pesar de todo) exigir transparencia incluso a un gobierno tan opaco y entreguista como el del PRI: lo que están pactando con poderosas corporaciones extranjeras, a puertas bien cerradas, va mucho más allá de asuntos comerciales o de negocios. Hacen componendas con la vigencia de la Constitución, fundamento del estado de derecho en territorio nacional o lo que van dejando los neoliberales de leyes, regulaciones y directrices de corte nacional en materia laboral, ambiental, del consumidor y de arbitraje.

Documentos divulgados por Wikileaks (http://goo.gl/1zg0Q5) desde La Jornada (26/3/15) ofrecen evidencia de que, como advierten analistas varios, el ATP es un TLCAN en esteroides: concede a inversionistas privilegios y derechos por encima de las leyes –y empresas– nacionales, asentando normas y tribunales supranacionales como el centro internacional establecido por el Banco Mundial para dirimir las disputas entre inversionistas extranjeros y los estados firmantes (Icsid, siglas en inglés). Todas las ventajas jurídicas van para las corporaciones de fuera, quedando a su merced, según demuestra Manuel Pérez Rocha L., en sustancioso artículo, toda regulación de interés público que pudiera reducir sus ganancias. El mecanismo no es equitativo: Los gobiernos o las comunidades afectados por inversionistas extranjeros no pueden presentar demandas. Igualmente problemática es la frecuente opacidad en las operaciones de estos tribunales(NYT, 3/12/14). Pérez Rocha recuerda que países, de Indonesia a Perú, enfrentan juicios de las trasnacionales y que México y Canadá ya han perdido o llegado a acuerdos en cinco oportunidades cada uno, pagando cientos de millones de dólares a empresas extranjeras, sin olvidar pérdidas semejantes en Centroamérica, ni los mil 770 millones cobrados a Ecuador por cancelar un contrato a Occidental Petroleum, o los mil 600 millones a favor de Exxon que Icsid ordenó a Venezuela pagar por nacionalizar proyectos petroleros. Y aún en el Icsid hay 200 casos pendientes(Ibídem).

Los pocos documentos del ATP que conocemos, analizados por Lorry Wallach de Public Citizen, muestran que mejor prestar atención a la advertencia de Stiglitz: el secretismo es mayúsculo porque la embestida del uno por ciento es de fondo y de magnitud mayor: van por todo. Phinney revela que sólo aquellos con autorización especial pueden ver los textos y luego de revisarlos, no pueden discutir lo leído. Aún más, “la mayoría, si no es que todos, los consejeros con acceso –a los documentos– son representantes de las corporaciones. Habrá uno que otro líder sindical. Pero ni siquiera pueden discutir lo que saben con miembros de su sindicato”. Peor aún “…sólo pueden ver los textos que (Froman) considere que son relevantes a su área de interés”. Para Billy Engel, electricista de Nueva York, “estos tratados van a barrer con nuestras leyes…muchos derechos laborales y sindicales serán totalmente borrados de inmediato”, una opinión que contrasta con la displicente postura de Paul Krugman, quien desatiende sin más el impacto del ATP en los derechos laborales (NYT, 26/3/15) aunque reconoce que el ATP no promete nada bueno para EU o el mundo.

Tal vez sea generoso asumir que esa preocupación por el mundo tiene que ver, además de los derechos del consumidor, con la campaña del cabildo fósil contra acuerdos vinculantes en materia de medio ambiente, en particular en relación con la urgente necesidad de limitar severa e inmediatamente emisiones de gases con efecto invernadero, base de las ganancias de las Exxon/Mobil de este mundo. Quizá en Krugman la palabra world refleje preocupación por la humanidad ante un planeta en colapso climático antropogénico.

jsaxef.blogspot.com

Por Un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas

Por Un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas

El glifosato es considerado como posible cancerígeno, no lleguemos tarde a tomar las decisiones 

Es histórica la lucha llevada a cabo por miembros de las comunidades afectadas por las pulverizaciones con glifosato, así como las evidencias que se fueron aportando desde las investigaciones en laboratorio o los monitoreos epidemiológicos comunitarios en las cuales se mostraba la relación existente entre la exposición a glifosato y el desarrollo de diferentes tipos de canceres , la aparición de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina y otros problemas vinculados con el aparato respiratorio.

 

Ahora, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que cinco plaguicidas, entre ellos el glifosato, pueden ser probablemente cancerígenos. La agencia ha publicado un informe con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos producto de las investigaciones realizadas

El herbicida glifosato es el plaguicida con más vendido en la Argentina – y en muchos países de América Latina-, las investigaciones que hemos realizado detectan su utilización en las producciones de cereales y oleaginosas, nogales, manzanas, tabaco, hortalizas, naranjas, yerba mate, cultivo de pinos y eucaliptos. También se utiliza en ámbitos urbanos a fin de contralar hierbas en vías férreas, banquinas, zanjas, terrenos baldíos y en las mismas veredas de zonas densamente pobladas. Asimismo hemos documentado como se incrementó el uso de glifosato en relación a la expansión de la superficie agrícola y a la aparición de resistencias a este herbicida entre las plantas silvestres.  Se verifica una elevación de las dosis junto a una mayor frecuencia en la aplicación.

Lamentablemente el herbicida glifosato se ha transformado en un químico de amplio uso por parte de los agricultores como de habitantes de zonas urbanas siendo comercializado al público en general, en químicas, comercios de agrotóxicos hasta en supermercados y negocios de venta de alimentos para mascotas, sin mediar ningún tipo de restricción.

Es bien documentada la utilización de glifosato en las campañas para eliminar los cultivos de uso ilícito y de cómo esto afectó a las comunidades de Ecuador y Colombia, ya en su salud socio ambiental como en la soberanía alimentaria.

Desde RAPAL apoyamos el cambio en la categorización respecto a la probabilidad del glifosato de producir cáncer pero manifestamos la necesidad de actuar con más premura, en muchos casos la búsqueda de mayores evidencias puede implicar un retraso en la toma de medidas urgentes. Por ello abogamos la aplicación del principio de precaución en la prohibición de productos químicos relacionados con la salud humana aunque no tengamos suficientes certezas.

La certeza puede llegar demasiado tarde para las personas expuestas directamente o indirectamente al glifosato, como a otros plaguicidas, que ya han desarrollado enfermedades que comprometen la posibilidad de desarrollar una vida plena.   

Asimismo llamamos a los miembros de los Ministerios de Agricultura, salud y ambiente así como a todos los tomadores de decisión a fin de encarar las medidas pertinentes que protejan la salud humana y lleven a la prohibición en el uso del herbicida glifosato en todo el mundo

Cordialmente

Javier Souza Casadinho

Coordinador regional Rapal

Oaxaca: 2da Jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra

Educa Oaxaca

En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, organizaciones civiles convocan a la “2da Jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra”. El encuentro tendrá lugar en la Ciudad de Oaxaca los días 9 y 10 de abril. Actividades de la Jornada:

 

Presentación Campaña Nacional ¡Conagua Negocia con el Agua!, jueves 9 de abril en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca-IAGO en punto de las 12 horas.

 

 

El 10 de abril, a las 9:30 am, se realizará un “Encuentro de experiencias de consulta ante proyectos de infraestructura y desarrollo”, en el Aula Mariano López de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, ubicada en el antiguo Callejón San Pablo.

 

Otra actividad contemplada para el 10 de abril a las 17hrs es la Mesa Redonda, “Derechos Humanos y Proyectos de Desarrollo e Infraestructura” , que tendrá lugar en la Capilla del Rosario de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova.

 

 

Entre los convocantes a evento firman: el Movimiento de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), el consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., colectivo de Abogados, Coalición Internacional para el Hábitat – Oficina para América Latina (HIC-AL), Comité Salvemos Temacapulin y el Foro Permanente de Abogados A.C. 

Escuchar los spots: Spot 2da JORNADA POR LOS PUEBLOS – 9 ABRIL y Spot 2da JORNADA POR LOS PUEBLOS – 10 ABRIL