Eduardo Gudynas: La derecha y la izquierda no entienden a la naturaleza

la-razon.com / Ricardo Aguilar Agramont

El autor de Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, Eduardo Gudynas, explica las implicaciones de ese modelo de desarrollo adoptado en Sudamérica. Se entiende por extractivismo (de gobiernos conservadores o progresistas) la extracción de recursos naturales en grandes volúmenes con el objeto de ser exportados.

¿Cómo ve el discurso transicionista de los gobiernos progresistas en relación al extractivismo?

La invocación de un extractivismo transitorio se da especialmente en Bolivia y Ecuador; sin embargo, no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo por varias razones: la primera es que la forma en que se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan más el extractivismo, por ejemplo, aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos tienen derrames económicos que inhiben procesos de autonomía en otros sectores productivos, tanto en la agricultura como en la industria.

 

El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola a promover cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos. Tercero, como los proyectos extractivos generan tanta resistencia social (ejemplos recientes son el de los Guaranís de Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva Yasuni en Ecuador), los gobiernos tienen que defenderlos de forma tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores de la sociedad y por tanto inhiben la búsqueda de alternativas.

¿Hay paralelismo entre el discurso del extractivismo transitorio y el de la salida también gradual del capitalismo?

En el caso del Ecuador eso tiene una elaboración teórica. Ellos consideran que el extractivismo es la única vía que tienen para la acumulación de capital que permita una transformación de su aparato productivo, pero suceden problemas similares a los de Bolivia: no hay una transformación de ese aparato y tampoco se acumula los volúmenes de capital esperados, a causa de la caída de los precios de las materias primas y el gasto corriente del Estado. Ese discurso tiene una complicación: es muy parecido al de la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman Rostow: que los países atrasados debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para intentar el salto industrial. Así, escuchar el discurso transicional tiene un sabor agridulce por ser una idea similar a la de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX.

El salto industrial, que en Bolivia es un mandato constitucional, se parece al deseo de la izquierda tradicional del siglo XX.

Hay diferencias sustanciales. Aquella izquierda concebía mal depender de los extractivismos, los veía como sinónimo de atraso. La nacionalización de los recursos era un medio para dar el salto industrial. La otra diferencia es que esa izquierda quería recuperar autonomía frente a los procesos internacionales bajo el paraguas del imperialismo; sin embargo, el progresismo actual defiende al extractivismo, dejó en segundo plano medidas y discursos industrialistas. Solo hay planes industriales con propuestas sustantivas en Argentina y Brasil, con alguna implementación en Brasil. Tienen un discurso de crítica a países del norte, al sistema financiero, pero quieren adentrarse más en la globalización porque ésa es la vía comercial de salida para sus materias primas.

En Bolivia hay una campaña gubernamental mediática de industrialización…

Sí, pero la prioridad de la industrialización para salir del extractivismo, en países como Bolivia, estaría claramente en lo agropecuario. Porque ese sector podría fácilmente articularse con una gran variedad de producción y con el consumo propio del país para evitar seguir importando alimentos; sin embargo, una industrialización para cumplir apenas la primera etapa de refinado de un metal y transformarlo en lingotes dista mucho de la manufactura.

Recién se hizo una cumbre al respecto y se incentivará cultivos de soya.

En el sector agropecuario es evidente la presión y tentación de caer en una estrategia extractivista, eso va a tener consecuencias porque contribuye a ser dependiente la producción de los indicadores de precios de los mercados globales y, por lo tanto, la capacidad del Gobierno para definir qué cultivar y qué no. Se afecta incluso la capacidad del agricultor para tomar esa decisión, se ve acotado porque terminan respondiendo a las alzas de precio de los mercados internacionales. Los resultados de la cumbre corren el riesgo de contribuir a la subordinación comercial agrícola de Bolivia. Segundo, la ampliación de la frontera agropecuaria genera mucha preocupación por sus posibles impactos ambientales. Tercero, preocupa la posibilidad de que se autoricen transgénicos, no solo por el lado de la variedad transgénica, sino porque el transgénico se cultiva como parte de un paquete tecnológico que incluye ciertos químicos, cierta maquinaria y por lo tanto cierto tipo de producción. Eso contribuye a la subordinación comercial y productiva del país y a desplazar variedades nativas de cultivo. Habrá años en que los agricultores ganarán más plata, cuando los precios estén altos, pero como esta es una producción más intensificada, sus gastos corrientes son mucho más altos, por lo tanto los márgenes de rentabilidad son estrechos. Es un rumbo muy riesgoso.

¿Riesgos propios de la minería o de los hidrocarburos?, ¿hay una constante?

Son los efectos derrame. Finalmente, sectores muy distintos se terminan pareciendo porque entran a funcionar bajo la lógica del extractivismo.

Hoy el Gobierno vincula al ecologismo con el imperio, ¿esto es similar en la región?

En Ecuador se los tilda de izquierda infantil. A mí me parece que cuando la demanda de preservar la naturaleza del propio país, la calidad del agua, del cielo, la fauna y flora de la propia nación son demandas inherentes a la propia condición de cualquier ciudadano, calificarlas como una imposición imperialista es desmedido. También refleja que hay actores políticos que ya no tienen argumento para responder a las llamadas de alerta. Entonces solo queda descalificar. Van a permanecer los problemas de contaminación del agua y regresará la protesta ciudadana y no se puede estar reaccionando de aquí a la eternidad diciendo que cualquier demanda responde a un resorte del imperialismo.

Hay extractivismos a la derecha y a la izquierda. ¿En qué se parecen y distan?

La economía tradicional, sea convencional o la de origen marxista, no tiene herramientas conceptuales para determinar la cara económica de la destrucción de los recursos naturales, termina contabilizando como positiva la destrucción del patrimonio porque lo exportan, pero es incapaz de analizar las implicancias de los daños sociales y ambientales. Entonces las visiones económicas tradicionales de izquierda y derecha tienen una enorme dificultad para entender qué pasa con la naturaleza del siglo XXI. Es paradojal que exista esta tensión en Bolivia porque es uno de los países donde ha estado más presente la visión de la Pachamama y la naturaleza.

¿Efectos derrame en la política y la globalización?

En la globalización tiene que ver con que exportar obliga a obedecer las reglas de la globalización, no hay escapatoria, entonces nuestras economías se vuelven dependientes. En el otro campo, los extractivismos conservadores o progresistas están en regímenes democráticos, pero al extractivismo le gusta un gobierno presidencialista para reducir otros poderes del Estado. Por ejemplo, para que la Justicia no le impida una inversión minera, u otros órganos de decisión se opongan. Cuanto más presidencialista es un régimen, mayores chances hay para los proyectos extractivos.

¿El poder económico transnacional se ha visto afectado por los nacionalismos de la región?

En la actual fase del capitalismo, la propiedad del recurso natural ya no es importante para el entramado de empresas internacionales, porque aceptan que pueda ser nacional. Ponen énfasis en controlar la tasa de extracción, la producción primaria y su comercialización, es por eso que en el sector petrolero proliferan empresas estatales que se encargan de la primera fase. Eso no le preocupa a las trasnacionales, no les afecta; en el sector minero incluso les conviene, porque la extracción la hace la empresa nacional y se ahorran todas las discusiones con las comunidades locales y gobiernos. Solo les interesa tener mineral para procesar y exportar. En el debate, se ha perdido la perspectiva de que para el capitalismo es más importante el control de las redes de comercialización y producción que sobre la propiedad del recurso.

¿La flexibilización en las normas ambientales en la región se vincula con lo que usted dice sobre el extractivismo?

Sí, para poder llevar adelante los extractivismos. Como tienen tal nivel de impacto social, ambiental y territorial, se deben reducir los controles y exigencias, eso lo hacen los países de diversas maneras, otorgando excepciones, por ejemplo: permitiendo la exploración en áreas protegidas, como en Bolivia y Ecuador; rebajando estándares, como en Brasil; achicando los tiempos de valoración para su aprobación automática, como se intentó en Colombia. Hay varios mecanismos por los cuales se hacen más laxas las exigencias.

¿Alternativas?

Puedo decir que en varios países se discuten salidas post extractivistas que implican repensar cómo salir de desarrollos que dependen y están dominados por el extractivismo; estas salidas son propuestas transicionales, porque hay que ir lidiando con este entramado cultural que apoya los extractivismos e implica medidas ambientales sociales con un fuerte componente de discusión de cómo reorganizar las economías nacionales para hacer funcionar nuestros países sin tener que depender de la exportación de las materias primas.

¿Qué opina de lo dicho por el Vicepresidente sobre cuatro ONG, entre ellas el Cedib, con la que usted trabajó?

He pasado de la sorpresa a cierta rebeldía, para terminar en la tristeza. Cedib tiene una bien ganada reputación de ser una de las organizaciones ciudadanas de investigación e información más serias de América Latina. Ese centro, como muchos otros, ofrece un marco independiente para dar a conocer investigaciones, análisis o reflexiones. En ellos hay muchas voces. Entonces, si se está en desacuerdo con esas voces, hay que argumentar, presentar datos, nuevas reflexiones. Pero aquí parecería que se quiere simplemente silenciar esas voces. Hacer eso no hará desaparecer los impactos, por ejemplo de explotar petróleo dentro de un parque nacional. En cambio, se debilitará la necesaria pluralidad de voces dentro de una sana democracia. Y es justamente que se haya caído en ese extremo lo que me genera tristeza.

Datos

Nombre: Eduardo Gudynas

Nació: Uruguay, 1960

Cargo: Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).

Perfil

Es autor de decenas de libros y un sinnúmero de colaboraciones académicas en revistas y libros de coautoría relacionados al medio ambiente. Es docente de universidades en Bolivia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, entre otras.

La lucha por el agua en Nejapa: David contra el Goliat de Coca Cola

Una campaña logra detener en El Salvador durante un año la explotación del acuífero de Nejapa por parte de la empresa embotelladora de Coca Cola.

Periódico Diagonal

La primera vez que Coca Cola fijó su vista en el acuífero de Nejapa, a través de su empresa embotelladora en El Salvador, fue en 1999. Dieciséis años después, ese tesoro del que depende el consumo humano de 30.000 personas no sólo está sobreexplotado al 200%, sino que además los vertidos contaminantes derivados de la sobreexplotación afectan y merman las condiciones de vida y salubridad de las comunidades autóctonas, aprovechando la falta de legislación y vulnerando el derecho al agua de la población salvadoreña.

Por si esto fuera poco, Coca Cola tiene prevista la ampliación de esta planta industrial ubicada en el acuífero lo que, en uno de los países del mundo con mayor estrés hídrico, supondría la práctica desaparición del mismo y la condena de la población a vivir sin agua.

En este contexto, Alianza por la Solidaridad, una de las organizaciones no gubernamentales que lleva tiempo denunciando, junto con la sociedad civil del país y el Foro por el Agua, la falta de responsabilidad de este tipo de empresas, lanzó hace unas semanas una campaña para impulsar una movilización social con el objetivo de detener la intención de la embotelladora de ampliar su planta industrial ubicada en el acuífero y exigir a ésta que reduzca un 22% su consumo de agua.

Así, bajo el lema TIERRRA, «con tres erres»: responsabilidad, rentabilidad, y recursos, la ONG quiere hacer hincapié en la necesidad de que las inversiones empresariales sean responsables, y llamar la atención sobre que, además, no solo no basta denunciar cuando no lo son, sino que hay que ir más allá en la defensa activa de los derechos de la ciudadanía.

Afortunadamente la campaña ha dado sus frutos, y la denuncia se ha traducido en que, tras la presentación en El Salvador del informe de Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua de la situación, el Gobierno haya decretado una moratoria de un año en la explotación del acuífero de Nejapa, comprometiéndose a realizar durante ese tiempo estudios científicos que certifiquen la situación real de este depósito de aguas subterráneas.

Una moratoria que las comunidades del lugar han aplaudido, al tiempo que han avisado de que estarán «pendientes del cumplimiento de la misma a través de las herramientas ministeriales e interinstitucionales que se pongan en marcha».

VIDEO:

La lucha por el agua en Nejapa: David contra el Goliat de Coca Cola from TMEX on Vimeo.

Los recursos naturales destinados para 2015 ya fueron agotados, dice ONG

Por Sin Embargo

La Red de las Huellas Globales (Global Footprint Network), estima que la humanidad agotará los recursos naturales del planeta que produce en un año y comenzará a consumirlos “a crédito”.

De acuerdo con la organización, este jueves es el llamado día del “exceso”, periodo en el que la humanidad ya agotó los recursos destinados para un año antes del tiempo estimado.

El año pasado, este día correspondió al 17 de agosto cuatro días más tarde que el de este 2015 y meses después que el de 2000, que se reportó el 4 de octubre.

El exceso y derroche del consumo de estos recursos ha llevado a la humanidad a tomar medidas para poder solventar la demanda que se genera, quedando en deuda con sus propias necesidades.

El “presupuesto ecológico”  ue es destinado, y dividido, queda corto ante la demanda que ahora se produce. Además, por consecuencia, los efectos que provocan la generación de estos recursos deja una huella ecológica irreversible en el territorio del planeta y junto con ellos, una alta emisión de bióxido de carbono por la combustión de energías fósiles que contamina el ambiente.

La Red de las Huellas Globales explica que desde 1970 en México se vive con este desabasto ecológico, y que al ritmo actual, en el año 2030 se necesitarán hasta dos planetas para poder solventar una “calidad de vida” en el consumo.

La organización  describe que cada uno de los habitantes de nuestro país consume lo equivalente a 2.4 hectáreas del mundo anuales, cuando lo que corresponde es la mitad de esa cifra.

En tanto que la población mundial, consume lo correspondiente a 1.6 planetas. Cifra que se elevará a 2 planetas para el 2030 de no actuar.

Estos cifras se desarrollan en medio de un cálculos realizados en una comparación entre la demanda mundial, las emisiones de dióxido de carbono, las tierras destinadas al cultivo y espacios marítimos productivos, la deforestación y la habilidad del planeta para poder genera sus recursos.

Lo más grave de estos cálculos, es que no se pondrán mantener a largo plazo, debido a que no se están tomando las medidas correctas respecto al problema, según información de The Guardian.

Sin embargo, hay regiones que no rebasan las cifras, y en ellos se encuentra  Sudamérica, Canadá, Europa del norte y oriental, América Central y Australia. Al contario de países como Japón que consume 5.5 veces más sus recursos, liderando la lista.

Manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones

Manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones y otorgar las garantías para la continuidad de sus labores

POR LA LIBRE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO GARANTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA.

Solidaridad con CEDIB-Centro de Documentación e Información Bolivia

En conocimiento de las recientes declaraciones del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, sobre el rol del CEDIB –acusándolo de mentir y amenazándolo con expulsión–, los/as que suscribimos el presente documento, conocedores/as del trabajo del CEDIB y principalmente como aliados/as y compañeros/as de esta valiosa institución, deseamos manifestar nuestro firme respaldo a su trabajo.

Del CEDIB destacamos:

-la larga labor de resguardo de la memoria histórica de Bolivia y sus luchas sociales a través de su fondo documental hemerográfico que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional.
-Sus rigurosas investigaciones la convierten en un referente de análisis no solo de la realidad de Bolivia sino de toda América Latina.
-y principalmente su activo acompañamiento y apoyo con información a los movimientos y organizaciones sociales en Bolivia y fuera de ella.
-Su trabajo de investigación y denuncia, en colaboración estrecha con las poblaciones y comunidades afectadas, de los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales tanto en Bolivia como en América Latina y Europa.
-Su participación en el proceso de la Red Birregional Enlazando Alternativas así como en diferentes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos y posterior participación en las actividades de la Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.

Este aporte permanente le han permitido al CEDIB jugar un rol estratégico en momentos que han marcado las trasformaciones en Bolivia (Guerra del Agua, la Defensa de la nacionalización de los hidrocarburos, Guerra del Gas, la Asamblea Constituyente, la denuncia contra trasnacionales que atentan contra la soberanía y el medioambiente) y que han constituido un ejemplo y horizonte a nivel internacional.

Por lo expresado manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones y otorgar las garantías para la continuidad de sus labores en bien de los derechos humanos, el medioambiente y la democracia boliviana.

Organizaciones sociales y personalidades

MÁS INFORMACIÓN:
https://solidaridadcedib.wordpress.com/

Cambio climático y chikungunya

Javier Flores, La Jornada

Es curioso, pero el número de estudios científicos acerca de una enfermedad se ha convertido hoy en un buen parámetro para entender la evolución de las patologías en el mundo. Tomemos, por ejemplo, a la fiebre chikungunya (algunos escriben chikunguña o chicunguña), enfermedad producida por un virus transmitido a los humanos y otros primates por la picadura de mosquitos de las especies Aedes (A. aegypti y A. albopictus) a los que se conoce como vectores. Luego de la descripción clínica de la enfermedad en 1952, las primeras publicaciones científicas formales aparecieron 17 años después, ¡hasta 1969!, lo que indica que se trataba de una enfermedad rara, presente en regiones muy localizadas y pobres del planeta (la frontera entre Tanzania y Mozambique). El número de publicaciones científicas sobre este mal se mantuvo muy bajo (menos de 10 por año) hasta concluir el siglo XX.

Pero, a partir de la aparición de la enfermedad en otras regiones del planeta y especialmente su diseminación en Europa en 2007 y en América a finales de 2013, el interés científico por la enfermedad aumentó notablemente y el número de artículos especializados experimentó un cambio abrupto. Hasta ayer se habían acumulado 2 mil 415 artículos científicos sobre esta enfermedad, la mayoría publicados entre 2006 y 2015, de acuerdo con la base de datos PubMed, creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Qué significa este cambio? Además de una modificación en el interés científico, es un indicador de la evolución de una enfermedad emergente y de las modificaciones en la distribución regional del vector, el mosquito Aedes.

Antes de proseguir, es importante hablar de la enfermedad y de su importancia en nuestro continente, en particular en México. La fiebre chikungunya es una enfermedad caracterizada por temperatura elevada (superior a 39 grados centígrados) y dolor en diversas articulaciones, el cual puede ser tan intenso que la persona afectada tiende a encorvarse (chikungunya significa «cuerpo doblado» en la lengua kimakonde) y otros síntomas como dolor de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones en la piel.

Es una enfermedad incapacitante que puede remitir con los cuidados adecuados, pero sin ellos puede ser en algunos casos mortal. No es contagiosa, sólo afecta a quien es picado por el mosquito infectado. No hay vacunas ni tratamientos específicos (además de los cuidados generales se emplean analgésicos y antinflamatorios).

En diciembre de 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recibió notificación sobre los dos primeros casos en América, inicialmente en el Caribe, y para diciembre de 2014 esta organización informaba ya sobre 861 mil casos sospechosos, 16 mil confirmados y 153 defunciones –leo los lineamientos para la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de la Secretaría de Salud (SSa). ¿Y qué pasa en México? De acuerdo con un comunicado de prensa de la SSa emitido el pasado 3 de agosto, para el 31 de julio de 2015 se habían confirmado 3 mil 306 casos en 16 estados de la República, 10 por ciento de los cuales habían requerido hospitalización; en el boletín no se mencionan fallecimientos. Lo anterior muestra que en nuestro continente y nuestro país la enfermedad se ha diseminado muy rápidamente, por lo que, con razón, las autoridades sanitarias se encuentran en alerta.

Volviendo al tema de las publicaciones científicas sobre la fiebre chikungunya, casi medio centenar de artículos atribuyen el comportamiento de la enfermedad a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, Jolyon M. Medlock señala, en un artículo publicado en marzo en la revista Lancet Infectious Diseases, que durante los inicios del siglo XXI se ha producido un cambio sin precedentes en las enfermedades transmitidas por vectores en Europa como la malaria en Grecia, mal producido por el virus del Nilo en Europa Occidental, la enfermedad de Lyme y algunas encefalitis producidas por garrapatas y llama a preparar estrategias de adaptación al cambio climático.

Hace pocos días se informó de 160 casos de fiebre chikungunya atendidos en la ciudad de México, todos importados de otras regiones del país, pues, de acuerdo con el secretario de salud en el Distrito Federal, Armando Ahued, el vector no ha rebasado la altura de mil 700 metros sobre el nivel del mar, por lo que el mosquito no se encuentra en la capital. Tiene razón, pero no hay que confiarse, pues los efectos del cambio climático pueden ser inesperados, como señalan Meghnath Dhimal y sus colegas en un estudio publicado también en marzo en la revista PLoS Neglected Tropical Diseases, en el que piden la aplicación de medidas urgentes por la propagación de mosquitos transmisores del dengue y chikungunya en la región de alta montaña en Nepal para proteger la salud de la población local y de los turistas que viajan a los Himalayas.

Eucaliptos transgénicos aprobados en Brasil

¿Cuánto falta para que veamos monocultivos de árboles transgénicos en REDD?

Boletín WRM
El pasado mes de abril se aprobó en Brasil el uso comercial de eucaliptos transgénicos, a pesar de la fuerte resistencia local y la evidencia de que los eucaliptos transgénicos aumentan los impactos de las plantaciones industriales. Ésta es la primera aprobación de árboles transgénicos en América Latina. La solicitud provino de FuturaGene, una subsidiaria de la empresa de papel y celulosa Suzano. FuturaGene afirma que debido a que sus árboles transgénicos crecen más rápido, también absorben más dióxido de carbono.

Sin embargo, como señala un artículo de REDD-Monitor, la mayoría de los árboles de Suzano son talados y convertidos en productos de papel, lo que devuelve el carbono a la atmósfera. El artículo también pregunta si la aprobación de los árboles transgénicos en Brasil significa que ahora cabe esperar que REDD pague a las empresas que planten vastos monocultivos de eucaliptos transgénicos. Después de todo, todavía no hay definiciones acordadas para diferenciar a los bosques de las plantaciones de monocultivos de árboles (transgénicos o no) en las negociaciones de la ONU. El artículo completo puede leerse (en inglés) en:
http://www.redd-monitor.org/2015/04/24/genetically-engineered-eucalyptus-trees-approved-in-brazil-how-long-before-we-see-ge-tree-monocultures-in-redd/

DECLARATORIA DE ACACOYAGUA: Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas

Este 15 y 16 de agosto reunidos más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá  en el “Primer Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas” compartimos con afectados nacionales de los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la minería en México y las consecuencias ambientales y a la salud de las 99 concesiones mineras en el estado de Chiapas, por lo que constatamos:

En los municipios de Acacoyagua y Escuintla ya contamos con muertes de cáncer y enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región

Nos unimos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería.

Felicitamos a los presidentes municipales de Escuintla y Acacoyagua por haber declarado a los municipios libres de minería y exhortamos a que dispongan de todos los recursos necesarios para hacer realidad las declaratorias y se proteja a los habitantes, a las familias y a la madre tierra de la explotación minera.

Durante los días de trabajo los movimientos, organizaciones y las comunidades refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida. Reuniremos más esfuerzos para que nuestros territorios dejen de ser explotados y despojados por la actividad minera.

Atentamente:
Los ejidos y comunidades de Nueva Reforma, La Cadena, Huixtla, Libertad, La Independencia, 15 de septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantan, Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos, Arvín, Flor del Carmen, Magnolia, Constitución, El Soconusco, Castaño, Villa Comatitlán, 10 de abril y los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa, Tonalá
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Frente Popular en la Defensa del Soconusco 20 de junio y el Movimiento en Defensa del Sonusco.

Galería de Imágenes:

¡Libertad para Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP!

EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Vídeo de la conferencia de prensa de exigencia por la libertad de Marco Suastegui y cese de amenazas:

http://www.ustream.tv/recorded/70900396

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.
Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal-  el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.
Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.
El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa  del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.
La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.
Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar),  Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Visitan Organizaciones de DH a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP

Fuente: tlachinollan

  • Ratifican la solidaridad ante el líder criminalizado y escuchan sus preocupaciones sobre su seguridad.
  • Reiteran que en Guerrero se utiliza facciosamente el sistema penal de justicia contra personas defensoras de derechos humanos que defienden sus tierras y el territorio.

 

Zihuatanejo, Guerrero, México, 12 de agosto de 2015. El día de hoy representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coalición Internacional Hábitat – América Latina (HIC-AL) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca, Guerrero, a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, con cargos injustificados y como método de criminalización del defensor y para obstruir su labor como defensor comunitario.

 

 

La visita se lleva a cabo en el marco de la prevista sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en la que resolverá el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo.

 

Durante la visita, las organizaciones conocieron de primera mano el testimonio de Marco Antonio Suástegui sobre el impacto que ha tenido la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon con atención sus preocupaciones por su seguridad.

 

Al final de la reunión, las organizaciones informaron al defensor comunitario que continuarán urgiendo a la Segunda Sala Penal – con irrestricto respeto a la independencia judicial – que valore las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Suástegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.

 

De igual forma, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a Marco Antonio, como defensor comunitario y denunciaron su encarcelamiento como acto de criminalización por defender los derechos de las comunidades y ejidos en contra de la Presa la Parota.

 

Finalmente, reiteraron su preocupación por el uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero.

 
 
 

Carta pública -Foro México-Suiza (Mexiko Forum Schweiz)

México al descubierto… Una radiografía desde otro ángulo

Entrevista a Gustavo Castro Soto. Otros Mundos Chiapas. México

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Una radiografía de México, en donde el gobierno a impuestos cambios radicales contra los intereses sociales. Una reforma energética, cambios de leyes para favorecer a las transnacionales en el marco de los tratados de libre comercio. Todo un andamiaje de mega proyectos como fracking, carreteras, represas, negocio del agua, minería y otros, son agenda del movimiento social, pero que batallan también contra la criminalización de la protesta. También la corrupción, narcotráfico y guerra mediática, son los matices como el gobierno de Enrique Peña Nieto se visualiza. Una justicia tardía, y que en muchos caso no llega, los derechos humanos colgado como un retrato ante los desaparecidos de Ayotzinapa, persecución y asesinatos a periodistas, una emigración voraz, y desigualdades sociales por doquier. Pero con la construcción desde abajo, de una esperanza entre los sectores sociales, entre medios alternativos de información, entre redes de lucha y resistencia. Alternativas colectivas y locales contra un capitalismo salvaje.

Llamado a la Acción para rechazar REDD y las industrias extractivas

Boletín WRM

Una vez más, los gobiernos del mundo se reunirán a finales de año en el marco de la convención de las Naciones Unidas para, supuestamente, lidiar con la real y tangible problemática del cambio climático. No obstante, la agenda de las negociaciones sobre clima – empujada principalmente por los gobiernos de los países industrializados y grupos de cabildeo corporativo – sigue el mantra de la acumulación de capital, que para efectos de la crisis climática se traduce en el mercado de carbono. Este mantra ha llevado a que las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la destrucción ambiental en general incrementen cada vez más.

 

Esta creciente destrucción es “aceptada” y hasta promovida, siempre y cuando sea “compensada” con algún proyecto en otro lugar. Y son principalmente las poblaciones tradicionales y dependientes de los bosques quienes viven y sufren las consecuencias; no solo con los impactos de las intensas sequías, inundaciones y de tantos otros cambios en el clima, sino también a través del despojo y saqueo de los territorios, producto de la extracción legitimada y en expansión a causa del mercado de carbono. El último borrador (público) del acuerdo climático que sería implementado post-2020, y que se espera concretar en las negociaciones de este año en Paris, Francia, abre las puertas de par en par a mecanismos de mercado como REDD a nivel global (1).
 
 ¿Qué significa esto?
 
Los mecanismos del mercado de carbono como REDD han permitido continuar, legitimar e intensificar actividades destructivas como son las mineras, petroleras, gasíferas y de carbón, los monocultivos forestales, la agroindustria, entre otros. Este modelo extractivista ha resultado en el despojo, la violencia, la criminalización, la destrucción y la pérdida de centenares de pueblos a nivel mundial, y junto a ellos, sus culturas, espiritualidades, saberes, autonomías y control sobre sus vidas y territorios (2). ¿Cómo se puede hablar de un mecanismo que busca “frenar la deforestación” o “beneficiar a los pueblos de los bosques” cuando la lógica que subyace es la de expandir la extracción a escala industrial? A pesar de toda la propaganda y discursos creados para hacernos creer que REDD es una “solución viable”, la experiencia nos enseña que lo que se busca en realidad es mantener una economía de acumulación de capital que controla cada vez más territorios y llena los bolsillos de unos cuantos (3).
 
En este contexto, en diciembre de 2014, a puertas de las negociaciones sobre clima que se dieron lugar en Lima, Perú, más de 150 organizaciones y movimientos de todas partes del mundo lanzaron un Llamado a la Acción para Rechazar REDD y las industrias extractivas, para Frenar el capitalismo y Defender la vida y los territorios (4). El Llamado denuncia que uno de los pilares fundamentales del nuevo capitalismo global son los ‘servicios ambientales’. Estos significan el sometimiento, financiarización, mercantilización, servidumbre y esclavitud de la naturaleza a la lógica del capital. El mercado de carbono, la compensación de biodiversidad o los mercados de agua son parte de esta forma de capitalismo.” Y añade que “con REDD+ la capacidad de los bosques y suelos de absorber carbono y retenerlo, de las plantas de hacer fotosíntesis, de criar el agua, de cultivarse o de crear biodiversidad está siendo cuantificada, monetarizada, apropiada, privatizada y financierizada como cualquier mercancía. El comercio de ‘servicios ambientales’ también impulsa la impunidad de los contaminadores y destructores porque en lugar de aplicarse la ley para prohibir contaminar y deforestar, lo pueden ‘compensar’ y además evita combatir el cambio climático pues no se ataca lo que lo provoca.”
 
Un paso importante de este Llamado fue el de articular claramente la crítica hacia REDD con sus implicaciones en la expansión del modelo extractivo, ya que sus promotores utilizan constantemente un discurso de “participación local”, “mejorar la gestión de los bosques”, “mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones locales” e incluso de “implementar los derechos territoriales”. No obstante, como lo expresa el Llamado, “empresas como la petrolera Shell o la minera Río Tinto, de plantaciones de árboles para madera, pulpa y papel como Green Resources y Suzano, agroindustriales como Wilmar, Monsanto y Bunge, organismos multilaterales como el Banco Mundial o FAO, trasnacionales de la conservación como Wildlife Works, WWF, The Nature Conservancy o Conservación Internacional, empresas consultoras, la banca pública y privada, y muchos gobiernos, elaboran, apoyan y financian proyectos y programas REDD+ (…) Estos mecanismos socavan las verdaderas soluciones a la crisis climática pues son una distracción a los cambios en los modos de producción y consumo y hacia economías y sociedades libres de combustibles fósiles.”
 
Sin embargo, la campaña pro-mercados de carbono y REDD se intensifica a medida que nos acercamos a las negociaciones de fin de año, que esperan llegar a un acuerdo sobre REDD, desechando la evidencia recopilada sobre los nefastos impactos de este mecanismo. “Las negociaciones sobre el clima, cada vez más controladas por el poder corporativo, no tratan de salvar el clima, ni proteger los bosques y suelos, ni erradicar la pobreza o respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, protegen cobardemente a las corporaciones depredadoras, reforzando un modelo destructivo y patriarcal.”
 
Por lo tanto, denunciamos nuevamente que las decisiones para avanzar con los mercados de carbono y mecanismos afines, tomadas en salas de conferencias por representantes encorbatados, no reflejan la realidad de los pueblos y bosques, y mucho menos reflejan la imperante necesidad de iniciar una real transición para alejarnos de un modelo económico sediento de combustibles fósiles. Continuar con el mantra del mercado de carbono sería continuar con la imposición de más proyectos destructivos sobre aquellos pueblos que han defendido sus bosques y territorios por generaciones. Reiteramos el pedido a las organizaciones, movimientos sociales, grupos y redes a que se unan al Llamado a la Acción para fortalecer las voces que desde los bosques nos enseñan las verdaderas consecuencias de estos mecanismos. “¡Luchar contra REDD es también combatir al capitalismo!”
 
Puedes unirte al Llamado aquí: http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/para-rechazar-redd-y-las-industrias-extractivas-para-enfrentar-el-capitalismo-y-defender-la-vida-y-los-territorios/
 
Notas:

  1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf
  2. Vea más información en: http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/mercantilizacion-de-la-naturaleza/redd-3/
  3. Vea por ejemplo: http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
  4. http://wrm.org.uy/es/files/2014/11/Llamado-COP-Lima_NoREDD.pdf

El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero?

La filosofía del conflicto minero

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos, A.C./Rema-M4
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

 11 de agosto 2015

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 54: ¿Qué es un Conflicto Minero? (12 págs. -PDF 400 Kb)

En América Latina se habla mucho de los conflictos socio ambientales en torno al agua, las represas, la minería, los monocultivos; la extracción del petróleo, gas o el fracking, entre otros mega proyectos de infraestructura. Es alarmante la detonación de conflictos por todos lados, en cada rincón del continente. Y es que los pueblos y la sociedad en su conjunto están reaccionando cada vez más en contra del despojo y las injusticias del “desarrollo extractivista”. Al mismo tiempo, los gobiernos se imponen con decretos y cierran filas en torno a los interese de las grandes transnacionales y sus proyectos de “desarrollo” con violencia e impunidad.

Existen muchas iniciativas para intentar identificar estos conflictos; para clasificarlos, cuantificarlos y mapearlos en un contexto en que la acumulación de capital y la apropiación corporativa de los territorios avanza a ritmos acelerados, con la consecuente violación de los derechos humanos causada ahora por las empresas, aunque éstas no los reconozcan en ningún instrumento internacional. Sin embargo, el baile de cifras varía de manera sorprendente. Mientras que la Secretaría de Economía de México identifica 60 conflictos mineros solo por “controversias con la tenencia de la tierra”, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros registra solo 34 conflictos mineros en el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México existen una veintena de conflictos mineros.

Sinembargo.mx calcula 36 conflictos, y para Contralínea hay 35 “focos rojos” por minería. Y aunque no es exclusivamente sobre minería, un estudio realizado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) estimó que “en México hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales”. Sin embargo, para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los conflictos mineros en México suman cientos de casos aún en proceso de sistematización.

En fin, hoy por hoy nos encontramos a menudo con diversos criterios y perspectivas para definir un “conflicto minero”. Veamos los siguiente dilemas que ejemplifican esta situación y cómo se evaluaría el “conflicto”:

1) Un mina generó un conflicto con sus trabajadores y al mismo tiempo con la comunidad campesina o indígena donde está ubicado el proyecto minero. También las Ongs que se oponen al proyecto son hostigadas. ¿Son tres, o es un conflicto? Por ejemplo, la mina en el ejido La Sierrita de Galeana de la minera canadiense Excellon en Durango, México.

(…)

El conflicto minero

Entendemos el “conflicto minero” cuando alguien, un actor o varios, individual o colectivo, persona física o moral, reacciona en contra de un proyecto minero en cualquiera de sus Fases del Sistema Minero1, y sea cual fuera la reacción, su tipo y alcance.

La reacción puede ser espontánea, organizada, violenta o menos violenta, entre otras muchas formas de reaccionar. Los tipos de conflicto tienen que ver según el escenario físico (“conflicto en las calles”, “conflicto de tierras”, “conflicto ambiental”, “conflicto de salud”, etc.), o físico-político en que se dan (“conflicto mediático”, “conflicto limítrofe”, “conflicto jurídico”, “conflicto laboral”, etc.).

El alcance puede ser local, federal o internacional. Y estas diferencias se plasman cuando se exige una indemnización muy puntual por alguna afectación, se reclama una obra de infraestructura como un camino, un depósito de agua, entre otras indemnizaciones en especie para los afectados y el conflicto se ‘soluciona’; o cuando se demanda una legislación federal o se interpone una denuncia ante tribunales internacionales vinculantes.

Y en el caso del impacto, éste puede ser regional o nacional. Hay reacciones cuyo impacto -aunque grave- por distintos motivos no trasciende más allá del ámbito regional; pero otras trascienden al ámbito nacional, como los derrames de las presas de jale que generan indignación nacional; o algún asesinato o aprehensión de algún líder importante, lo que logra movilización mediática y en las calles. Y de estos casos tenemos muchos en América Latina.

Otro criterio es según el sector que detona la lucha como el “conflicto obrero-patronal”; “conflicto intracomunitario”, “conflicto magisterial”, “conflicto estudiantil”, “conflicto agrario”, etc.

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