Autor: Otros Mundos AC

Altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales

Marco Appel, revista Proceso

El pasado 11 de mayo –acompañada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo–, la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, anunció que finalmente solicitará a los Estados miembros de ese bloque regional el mandato para que la Comisión Europea pueda negociar una ampliación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (o Acuerdo Global) con México, que entró en vigor en 2000. La comisaria precisó que lo hará entre octubre y diciembre de este año.

La primera “reunión exploratoria” con el propósito de modernizar el Acuerdo Global se realizó en Bruselas entre funcionarios de ambas partes el 23 de octubre de 2013. A partir de entonces, grupos políticos europeos, principalmente españoles, presionaron para que el proceso de negociación con México tuviera lugar antes de que llegara una nueva administración en la Comisión Europea tras las elecciones europarlamentarias de mayo de 2014, lo cual no sucedió.

En un debate sobre el tema realizado el 14 de enero de 2014 en el Parlamento Europeo, el entonces eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, José Ignacio Salafranca, reprendió al vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, a quien le advirtió que no podía “seguir perdiendo el tiempo”: “Tenemos que impulsar la adopción de unas directivas de renegociación del acuerdo con México: todo lo que no vaya ni milite en esa dirección, no beneficia los intereses de los ciudadanos y de las empresas de la UE”.

Luego del encuentro que sostuvo Guajardo con Malmström el 11 de mayo, la Secretaría de Economía indicó en un boletín de prensa que el anuncio sobre la conclusión del documento que necesita la comisaria europea para solicitar el mandato de negociación, el llamado ‘Estudio de Visión Conjunta’ (Joint Vision Report), podría darse durante la visita del próximo 12 de junio del presidente Enrique Peña Nieto, que asistirá a la Cumbre UE-Latinoamérica y el Caribe a celebrarse en la capital belga. En declaraciones a los periodistas, Guajardo incluso anticipó que las negociaciones formales podrían arrancar “a más tardar” el último trimestre de este año.

A la eurodiputada Dita Charanzová le sorprende la celeridad con que la parte mexicana está manejando las etapas del procedimiento. Ponente para las relaciones con México de su bancada en el Parlamento Europeo, la Alianza de los Demócratas y los Liberales por Europa –el tercero más numeroso del hemiciclo–, la legisladora checa explica a Apro que el tiempo que tomaría la discusión para otorgar el mandato al Consejo (el órgano de representación de los 28 gobiernos nacionales de la UE) y la preparación administrativa del mismo, incluyendo su traducción a varias lenguas, normalmente llevarían el comienzo de las negociaciones hasta el año entrante.

“Quisiera decir que sí (comenzarán las negociaciones este año), pero, basándome en las informaciones que tengo, no creo que así sea”, señala Charanzová. Anota que, además, una vez que los representantes de México y la UE hayan terminado el ‘Ejercicio de Alcance’ (Scoping Exercise), en el que cada parte pone sobre la mesa prioridades y ofrecimientos de liberalización de sus mercados y que sirve para realizar el ‘Estudio de Visión Conjunta’, falta que la parte europea elabore una evaluación del Acuerdo Global. “Y eso –observa la eurodiputada– suele tomar más de cuatro meses”.

Negociación vasta

La ampliación del acuerdo abarcaría sectores de la economía mexicana que ofrecen jugosos negocios a los europeos y no tanto a la inversa.

En octubre de 2013, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, adelantó en Bruselas que el gobierno de Peña Nieto busca una apertura plena de los mercados a los productos agropecuarios y pesqueros, así como una ampliación de los capítulos de inversiones y servicios, en especial, precisó, en el campo de las telecomunicaciones y de los servicios profesionales, aéreos y marítimos.

El citado comisario Kallas hizo público que en febrero de 2014 se abordaron otras temáticas de particular interés para los europeos: licitaciones públicas, leyes de competencia, protección de las inversiones y energía.

Respecto a este último punto, y dada la activa promoción internacional de la reforma energética por parte del gobierno de Peña Nieto para amarrar negocios, resalta el hecho de que en una gira de trabajo en Bruselas el 21 de abril último, el canciller mexicano José Antonio Meade se entrevistó no sólo con su contraparte europea Federica Mogherini, sino también con el comisario de la Unión Energética, Maros Sefcovic, entre cuyas responsabilidades está la de diversificar las fuentes de importación de energéticos de la UE.

Guajardo reiteró ante la prensa acreditada en Bruselas que el gobierno mexicano pretende abrir “lo máximo posible” los sectores agrícola y de servicios, e incluir capítulos “modernos” como comercio electrónico o coherencia regulatoria, pero no abundó en detalles.

A ese respecto, un estudio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), presentado el 11 de mayo en la capital belga, concluyó que para México las mayores ventajas de un acuerdo ampliado están en el sector agrícola, e identifica algunos productos: plátano, jitomate, espárragos, maíz, chícharos, aceitunas, champiñones, alubias, alcachofas, azúcar y dulces.

El mismo estudio ubica algunas mercancías europeas con potencial, pero sobre todo recomienda a los europeos hacer inversiones en los sectores energético y de telecomunicaciones de México, que tras su apertura al capital privado experimentarán “un crecimiento potencial a mediano plazo”.

Para animar más a los inversionistas, el documento del BBVA advierte que los costos laborales de México son 20% más bajos que los de China, lo que lo vuelve más “competitivo”, y mejor aún, remarca el banco español, si se considera que la población mexicana en edad de trabajar está en aumento y el peso se ha devaluado 90% desde 2000, mientras que el yuan ha ganado 24% de su valor en el mismo periodo.

México –donde el costo del trabajo es de 6.8 dólares por hora en el sector manufacturero– “está bien posicionado” respecto a otras naciones, presume el banco español en su estudio. Menciona que en Brasil ese monto es de 10.7 dólares, en España de 28.1, en Estados Unidos de 36.3, en Canadá de 36.9 y en Alemania de 49 dólares.

La presentación de ese estudio –celebrada en la sede de un ‘think tank’ de Bruselas y que corrió a cargo de Carlos Serrano Herrera, jefe economista del BBVA– fue apadrinada por la comisaria Malmström y el propio Guajardo, y formó parte de las actividades oficiales del secretario el pasado 11 de mayo.

Puntos sensibles

La eurodiputada Charanzová explica que los representantes mexicanos pretenden que el ‘Ejercicio de Evaluación’ se limite a la presentación de las ideas principales y que sea en la negociación formal cuando se detallen, lo cual, comenta, es “inaceptable” para la contraparte europea, que desea lo contrario.

Charanzová pone como ejemplo el asunto de las compras públicas, que salió a relucir el 11 de mayo durante una reunión a puerta cerrada del Grupo de Monitoreo sobre México del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, al cual ella asistió. La UE, narra, está pidiendo a las autoridades mexicanas que se comprometan desde ahora a abrir el mercado de compras públicas a todos los niveles de gobierno, no sólo federal. Pero el gobierno de México discrepa con esa solicitud, pues arguye que el gobierno federal ejerce la casi totalidad del gasto público. También los europeos solicitan a México que acepte ya proteger las indicaciones de origen de sus productos y luchar contra las copias piratas en su territorio, señala Charanzová.

Otro tema espinoso es el relacionado con las garantías individuales. Sobre todo después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, altos funcionarios de la UE han manifestado su exigencia de reforzar en un nuevo acuerdo con México la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales mediante la introducción de un capítulo sobre desarrollo sustentable. Así lo confirmó a este corresponsal la comisaria Malmström, haciendo hincapié en la inclusión a este capítulo de los derechos humanos.

En el Parlamento Europeo, donde se someterá a aprobación el acuerdo ampliado con México una vez que su negociación haya finalizado, varias fuerzas políticas están exigiendo la creación de mecanismos más estrictos de protección a los derechos humanos.

El eurodiputado británico David Martin, portavoz del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas –el segundo más numeroso de la institución–, advirtió la semana pasada en un comunicado de prensa que su bancada “presionará para que se incluya una fuerte cláusula de respeto a los derechos humanos, y para que haya compromisos vinculantes en el capítulo de desarrollo sostenible”.

Charanzová dice que “se necesita una referencia o un capítulo de derechos humanos” para “poder mejorar la situación en México” en esa materia. Los más críticos del gobierno peñista son el grupo de los Verdes Europeos y el de la Izquierda Unitaria Europea, que no aprueban la ampliación del acuerdo en un contexto de represión y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Consultado sobre la posición del gobierno mexicano al respecto, Guajardo se limitó a contestar que el tema de los derechos humanos no es de su competencia.

Insistencia mexicana

El gobierno de Peña Nieto fue insistente en la ampliación del acuerdo bilateral, según se desprende de la correspondencia que funcionarios mexicanos sostuvieron recientemente con Malmström y a la que Apro tuvo acceso.

El 7 de octubre pasado, poco después de que la comisaria fue propuesta al frente de la cartera de Comercio de la Comisión Europea, el secretario Meade le hizo llegar una misiva a la funcionaria europea. En ella, luego de felicitarla por su “nombramiento” –el cual se dio oficialmente hasta el 22 de octubre siguiente con la autorización del Parlamento Europeo–, el secretario mexicano planteó el interés del gobierno peñanietista de avanzar en las negociaciones.

En esa breve carta, dirigida prematuramente a la “Comisaria de Comercio” (Malmström ocupaba en ese momento el puesto de comisaria de Asuntos de Interior), Meade subraya su confianza en que ella generará “un ambiente propicio para iniciar las negociaciones encaminadas a actualizar el marco jurídico entre México y la UE”. Enfatiza que ello “permitirá estrechar nuestros lazos comerciales y de inversión, fortalecer nuestro diálogo político y abrir nuevos horizontes en materia de cooperación”.

El embajador mexicano ante la UE, Juan José Gómez Camacho, envió una segunda carta a Malmström el 23 de octubre –el día posterior a su investidura como comisaria de comercio–, en la que insiste que para el gobierno priista “es de mayor importancia” aumentar “la contribución positiva que tiene el comercio y las inversiones extranjeras directas en el crecimiento y el empleo”, y “avanzar favorablemente en las negociaciones” para la ampliación del Acuerdo Global.

Malmström agradeció la felicitación de Meade hasta el 28 de noviembre, una vez que inició su nueva función el primer día de ese mes. En su respuesta expone que las instituciones europeas “coincidían” en “el deseo de México de proceder a una modernización amplia y altamente ambiciosa del marco jurídico” del acuerdo, “incluso comercial y de inversión”, subrayó la comisaria, quien expresó su confianza en que el ‘Estudio de Visión Conjunta’ será elaborado “con el alto nivel de ambición acordado desde el principio”.

En otra comunicación epistolar, fechada el 31 de marzo último y dirigida al secretario de Economía Guajardo Villareal, la comisaria se refiere a una primera conversación telefónica que en diciembre anterior sostuvo con él. Malmström hace notar que en esa llamada, ella fue la que “escuchó los argumentos” del secretario mexicano “acerca de la necesidad de modernizar el acuerdo de asociación México-UE”. La comisaria incluso le informa posteriormente que una “versión revisada” del ‘Estudio de Visión Conjunta’ acababa de ser remitida por los negociadores europeos al gobierno mexicano.