Autor: Otros Mundos AC

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

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Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».

luchaindigena.com

Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.

Acusaron que otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que -afirmaron- cada vez es más frecuente.

Por ello, interpusieron 3 juicios de amparo, mismos que fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

De esa manera, las autoridades federales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de explotación minera, en lo que se dicta sentencia en los juicios a través de los cuales defendieron su derecho a la autodeterminación y respeto de sus garantías como sociedad.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron los representantes de las organizaciones.

Este video invita a escuchar el grito de las comunidades latinoamericanas afectadas por la minería; relanza la formación básica y las articulaciones populares; motiva el compromiso pastoral de las iglesias en defensa de la vida y de la creación, que gime en espera de un nuevo parto.

Iglesias y Minería agradece a todas las entidades y personas que apoyan a las comunidades afectadas por la minería.
El sueño y la lucha en defensa de la Pacha Mama todavía viven e palpitan en el corazón de los pobres de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck

Vía Movimiento M4

Don Leopoldo González González, obispo de la Diócesis de Tapachula, que incluye los municipios de la Costa, Sierra y Soconusco, ha confiado a esta columna su análisis Una Palabra sobre las Minas; en él plantea que cada vez más ha ido surgiendo en las comunidades, un sentimiento de preocupación en relación con el cuidado del medio ambiente.

Plantea que entre estas preocupaciones, una de las más sentidas en nuestras Regiones Costa y Sierra de Chiapas, es el impacto de la actividad minera y su influjo en la calidad de vida de las personas. Muchos sacerdotes y agentes de pastoral de nuestra Diócesis, le han hecho llegar las preocupaciones de aquellas comunidades a las que afecta de manera directa la actividad minera a cielo abierto, temiendo que pueda comprometer la vida de las familias de estas comunidades, a corto, mediano y largo plazo.

Documento en el que el jefe de la Iglesia Católica en esta faja de la Frontera Sur de México, plantea la necesidad de hacer un llamado e interpelar las conciencias en todos los ámbitos (personal, comunitario e institucional), para asumir una actitud responsable hacia el medio ambiente que haga frente a dichas preocupaciones, para favorecer la búsqueda de las mejores soluciones a la crisis que está provocando la explotación minera a cielo abierto.

Referencia a la experiencia de la industria minera en Guatemala, que puede ser de gran ayuda para analizar serenamente la realidad chiapaneca y mexicana en general, y tomar las debidas providencias. Parte de la sociedad e instituciones guatemaltecas hicieron sentir sus preocupaciones por las consecuencias negativas al medio ambiente, por lo que se exigió a las autoridades implicadas, consultar sin manipulación, a las comunidades afectadas por la actividad minera, respetar sus derechos, pero sobre todo decidir si la ley de minería debería ser revisada, reformada o derogada.

Una situación por demás negativa, que no atañe exclusivamente a Guatemala, sino a toda Centroamérica donde ha habido actividad minera a cielo abierto, que incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa rica y Panamá, que son ejemplo de las consecuencias adversas en la salud humana, y el deterioro del potencial forestal y turístico, de cada uno de estos países.

Ha sido ahí, donde instituciones, organizaciones y representantes de los pueblos que han sufrido daños, han manifestado que aunque la minería es una riqueza, esta funciona en la lógica de las multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero.

De acuerdo con lo experimentado en el istmo latinoamericano, se trata de una explotación basada en la lógica de consumo sin límites en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

Integración en el documento del obispo de Tapachula, de declaraciones y testimonios en las distintas naciones de América Central, en las que se afirma que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico, que requiere cada vez menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como consecuencia un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida.

Las denuncias coincidentes, de que para estas industrias, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital, lo más rápido posible y al menor costo. No les importa la calidad de vida de las personas y comunidades.

Ante ese panorama desolador, don Leopoldo González González, hace una reflexión: teniendo a la vista estas consecuencias negativas que la industria minera ha traído a estos países y sus comunidades, hemos de preguntarnos si en nuestra Patria, las autoridades responsables, teniendo en cuenta la peculiaridad ambiental de nuestro Estado de Chiapas, han previsto y pueden mostrar a las comunidades afectadas y a la ciudadanía, las providencias que han tomado para evitar esos riesgos, en este renglón concreto de la minería a cielo abierto.

Considera el prelado, que la crisis ecológica hunde sus raíces en la crisis del hombre, de cómo el ser humano se mira a sí mismo y su relación con el ambiente en el que vive.

El Jefe de la Iglesia Católica, que en estas Regiones de la Frontera Sur agrupa a millón y medio de fieles, advierte que el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, pues está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las generaciones venideras y exige un respeto religioso de la integridad de la creación.

Puntos de vista por demás importantes sobre la creciente problemática de la explotación minera en Chiapas y en México, dada la trascendencia de quien los emite, cuando expresa que la correcta relación del hombre con la creación se rompe, cuando él no es fiel a la Alianza con Dios, asumiendo ante la naturaleza una postura de dominador despótico y violento, con la cual daña también su relación con sus semejantes.

La recomendación del responsable de una de las tres Diócesis de la entidad –las otras son San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez-, de cuidar y cultivar el medio ambiente, con humildad hemos de abandonar ese delirio de omnipotencia en que actualmente parece que hemos caído, que nos orienta al enriquecimiento aun a costa de comprometer gravemente la calidad de vida de las futuras generaciones y dañar severamente las condiciones de vida de la actual.

Rememora las palabras del Papa Juan Pablo II sobre esta problemática, en el sentido de que el hombre cuando se aleja del designio de Dios creador, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma tampoco está en paz. Por eso, la tierra está de duelo y se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen.

La crisis ecológica hunde sus raíces en un estilo de vida, que puede provocar incluso situaciones de injusticia donde la tierra, que es herencia común para beneficio de todos, viene aprovechada solamente por unos pocos privilegiados en detrimento de la multitud de personas que viven en situaciones de miseria, en el nivel más bajo de supervivencia.

En su momento, el Papa Peregrino subrayaría la necesidad de un cambio de mentalidad para poder afrontar los graves problemas ecológicos y orientarnos a promover una verdadera ecología humana, es decir, el empeño por salvaguardar el ambiente humano, respetar las condiciones morales de una auténtica ecología humana, tener la promoción de la vida y de la dignidad de la persona humana como objetivo primario ante la explotación de los recursos naturales.

La noción de ecología humana, diría el Sumo Pontífice, nos lleva a considerar el ambiente centrado en el hombre. Somos nosotros mismos la primera morada, antes que el hábitat físico y social. En este sentido, el ambiente humano exige el respeto por su propia ecología, es decir, en coherencia a las exigencias de respeto de la dignidad de la persona humana. De ahí se derivará también el respeto por la naturaleza.

Jefe de la Diócesis de Tapachula desde hace casi 10 años, don Leopoldo González González, involucra en su análisis el mensaje del Papa Francisco a los asistentes a la Jornada de Reflexión sobre la Industria Minera Mundial, organizada por la Santa Sede, en el que manifiesta que no siempre sin motivo, la actividad de las industrias extractoras se ha visto como una explotación injusta de los recursos naturales y de las poblaciones locales, reducidas, a veces a la esclavitud y obligadas a mudarse, abandonando sus lugares de origen.

Las preocupaciones por las consecuencias negativas a corto, a mediano y a largo plazo de la explotación minera a cielo abierto, tienen mucho que ver con la existencia y aplicación de leyes justas que salvaguarden y promuevan debidamente nuestro medioambiente, el bien personal y social de las comunidades.

Don Leopoldo considera que en Chiapas y especialmente en la Región de la Diócesis a su cargo, se debe de asumir con responsabilidad el cuidado y el respeto por la vida humana, que lleve a respetar y promover la calidad del medio ambiente, única casa y hogar de cada ser humano.

Su convocatoria para la realización de un diálogo franco y honesto entre las autoridades civiles, las instituciones, organismos interesados y la ciudadanía, para analizar esta realidad y buscar soluciones mejores a la actividad minera.

La recomendación de que sin manipulación en el diálogo, se tome en cuenta la voz de las poblaciones que están directamente implicadas y que se respeten sus derechos. Que las decisiones justamente sean tomadas en favor del derecho a la salud y a un ambiente saludable, en favor de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las comunidades.

Puntos de vista críticos y de enjuiciamiento, cuando afirma que a pesar de que los titulares de las concesiones mineras están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de seguridad en las minas y de mantener el equilibrio ecológico y protección al ambiente, en la práctica no se cumplen.

Sin embargo, asevera, la experiencia nos dice que teniendo esas normas nuestro medio ambiente se sigue deteriorando. Se pregunta también: ¿Será que es necesario adecuar las normas en algún aspecto o no son exigidas de manera responsable? ¿La minería a cielo abierto es la mejor opción para esta Región del Estado?

Muchas interrogantes quedan pendientes seguramente en la mente del obispo don Leopoldo González, en cuanto a su interés y preocupación que refleja la actitud de la población chiapaneca costeña y serrana, por la conservación de su riqueza natural que hace posible un ambiente natural tan exuberante, significada por las Reservas Naturales Protegidas de La Encrucijada y El Triunfo, actualmente puestas en riesgo por la actividad minera que ha empezado su grave tarea destructiva.

El exhorto del representante de la Iglesia Católica en esta Frontera Sur, “para asumir en nuestro modo de pensar y de actuar, la responsabilidad ecológica que haga de este mundo, que el Creador nos ha confiado, el hogar donde podamos vivir y de donde podamos vivir, no solo la actual generación, sino también las generaciones futuras”.