PETICIÓN INTERNACIONAL: PAREN TPP

¡No permita que las corporaciones se apropien de otro acuerdo comercial!

Las corporaciones están tratando de manipular el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) — un tratado de libre comercio que se encuentra en plena negociación y que, de aprobarse, sería más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) — para aumentar su poder sobre la economía mundial y así tener influencia sobre todo, desde sus derechos en el trabajo hasta los precios de sus recetas de medicamentos y la seguridad de los juguetes de sus hijos.

¡Envíe un mensaje a su ministro de Comercio!

“Por medio del presente le exhorto a suspender las negociaciones sobre el acuerdo TPP. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el texto del TPP antes de que sea finalizado por los negociadores. Los Parlamentos y los ciudadanos de las Partes negociadoras del TPP deben tener la oportunidad de influir en el acuerdo antes de cerrarlo. Le pido que imponga una moratoria antes de continuar las negociaciones y haga público el texto ahora mismo. Asimismo, no deberá reabrir las negociaciones hasta que no se haya discutido plena y públicamente cuáles son las normas internacionales que mejor redunden en el interés de nuestros ciudadanos y se comprometa a velar por que cualquier TPP definitivo sea coherente con esta finalidad.

Un buen acuerdo debe anteponer a las personas ante todo mediante la aplicación de los derechos fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la protección del medio ambiente y de los servicios públicos, no permitir que se concedan derechos especiales a los inversores extranjeros para que puedan demandar a los gobiernos y con ello socavar las decisiones y las leyes locales, estatales y nacionales, así como promover un acceso asequible a los medicamentos vitales mediante reglamentos de patentes justos.

Concluir el TPP antes de dar a conocer públicamente sus devastadoras normas va en contra de una gobernanza abierta y participativa. Le insto a suspender las negociaciones y dar a conocer públicamente el texto del acuerdo TPP ahora mismo.”

FIRME AQUÍ

Comunicado urgente de la REMA: ¿Elecciones democráticas?

Al Pueblo de México
Mientras la partidocracia en todos los medios electrónicos, una vez más, hace cuentas alegres de la “gran contienda electoral” al unísono de sus múltiples académicos, analistas y portavoces para refrendar la felicidad del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, por su exitoso operativo “de seguridad” y gran despliegue militar y de fuerza federal, para hacer callar a los de por si siempre descalificados “rijosos e inconformes”, y a la vez que Lorenzo Córdova Vianello, árbitro de la contienda, da un “mensaje positivo y minimizador” de la jornada electoral con los previos y nobelescos (de nobel) indígenas manipulados y pagados para intentar superar su resbalón telefóbico (si, telefóbico) lleno de racismo contra los pueblos indígenas de este país, mientras todo ello cubre a toda la sociedad mexicana, lo cierto es que en varios estados del país van surgiendo infinidad de casos, comunicados, videos e información que evidencian como dicha contienda estuvo plagada de agresiones, golpes, intimidaciones y hasta asesinatos.

Ahí está ya lo sucedido en Tlapa de Comonfort Guerrero, en donde la policía y el ejercito golpearon brutalmente a la población incluyendo niños, allanaron sus casas y asesinaron de un tiro en la espalda, al joven Antonio Vivar Díaz, estudiante de último semestre de la UPN, quien lamentablemente se suma a la larga lista de agravios, asesinatos y desapariciones forzadas que, en Guerrero, la población general sufre constantemente, pero en particular los jóvenes, maestros, líderes sociales y representantes de organizaciones sociales, quienes en esta contienda también salieron a emitir de forma distinta su voto y voz, manifestándose abiertamente en contra de que siga prevaleciendo como forma de gobierno la corrupción, la impunidad y la falta de procuración de justicia en manos de políticos -mujeres y hombres-, carentes e ignorantes de toda teoría y práctica de la verdadera democracia y quienes, recurrentemente violan todos los derechos de la ciudadanía de forma directa e indirecta.

No obstante que la celebración de los partidos con sus “nuevos puestos” de poder corre a cántaros por los medios de información que tiene controlados, las redes sociales rompen el cerco informativo y a través de la comunicación de mano a mano, de oído a oído, de twitter a twitter y de periodistas y reporteros comprometidos con la verdad, va trascendiendo información de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas y hasta del DF, en donde el saldo rojo se va incrementando conforme se van documentando los daños. Basta citar a la Sra. Laura Chinchilla presidenta de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes tuvieron que suspender su misión de observación electoral en Oaxaca, porque ni para ellos había seguridad.

No deja de sorprendernos la capacidad que tiene el estado para realizar un gran despliegue de fuerza militar y policiaca para enfrentar a una ciudadanía que protesta contra la incapacidad y corrupción de sus gobernantes. Ojalá algún día esa gran fuerza letal deje de parecer de juguete para enfrentar la corrupción de sus propios políticos o cuando las empresas privadas nacionales y extranjeras despojan a los pueblos, y ni que decir, de siquiera amedrentar al crimen organizado con quien comparten la misma mesa, lo cual no es un supuesto, porque en todos los estados los hemos visto juntos degustando la vísceras de sus víctimas y por ello es inviable realizar denuncias sin sufrir más agravios.

Este 7 de junio a nivel nacional más de la mitad de la población del padrón nominal no participó en la contienda y no lo hizo por ver el futbol, ni por apáticos, ni por apolíticos…. lo hizo porque los partidos no representan ni la dignidad, ni una verdadera democracia y por ello no se han ganado ese voto. Quienes participaron en la contienda y anularon su voto, lograron un porcentaje más alto que la mitad de los partidos, pero ello no significará nada porque al gobierno no le importa. Y por si fuera poco, quien gobierne lo hará con menos del 13% del padrón nominal a nivel nacional, del cual más del 70% son votos corporativos logrados bajo coacción de prebendas, de ofrecer espacios políticos o de entregar cuotas de poder locales, mismo que se traducen en sus grandes esbirros de golpeadores. En otros casos, como Guerrero, el nuevo gobernador tendrá la credibilidad de solamente un tercio de la población, pero también con un altísimo porcentaje de votos corporativos, que por supuesto agreden y destruyen el espíritu de una verdadera democracia, que incluyendo la tan cacareada acción de “patriotismo electoral” la vuelven un mero acto de matemáticas básicas.

Nos cuesta trabajo entender cómo es que a pesar de la grave situación que vive la nación, y a pesar de las elecciones, que de una u otra forma son un escaparate para olvidar momentáneamente la crudísima realidad nacional, es el Estado quien se obstina en reprimir toda acción social y ciudadana. No tiene otra forma de hacer política social. Son incapaces de cambiar de rumbo porque suponemos no saben hacer otra cosa que robar y entregar los bienes de la nación para su beneficio personal. No tienen una visión ni una mira política orientada a la soberanía nacional y son en sí mismos politiqueros de baja monta quienes suponen que el uso de la fuerza les dará poder eterno. Realizar elecciones en un contexto militarizado desmorona la escaza legitimidad que ello conlleva y por ello este gobierno abona a seguir incrementando el descontento social. En estas elecciones no ganaron los partidos, en realidad perdieron, pero no se dan cuenta por soberbios e ignorantes.

A ustedes la partidocracia se les olvidan hasta sus propios muertos, porque ya están de fiesta y ni quien les lleve una veladora a los 21 asesinatos políticos que tuvieron durante las campañas electorales. Sólo son “victimas colaterales” no existen más, los sustituyeron por otros cuerpos vivos pero inertes, y quizás es por esa carencia de sentimientos, dignidad y falta de vergüenza lo que les da rabia y por ello les lleva a reprimir a los padres, madres y alumnos de Ayotzinapa, porque ellos les recuerdan y recordaran por años que no debe haber elecciones hasta que aparezcan los 43 para que participen en la contienda electoral. Sin embargo, qué son para ustedes 43 votos si ni siquiera sus 21 muertos respetan. Los asesinatos de sus candidatos son fruto de la impunidad, corrupción, violencia y colusión que han amasado con el crimen organizado y sus grupos de choque corporativizados.

Hoy en varias regiones del país las elecciones forzadas han sembrado la discordia entre la población, porque sus grupos de choque viven ahí mismo, pero ahora que no estén los militares protegiéndoles, verán que también están expuestos a la población indignada y agraviada. Este fruto nos lo ha dejado su “democrático” proceso electoral, porque son incapaces de calcular sus actos. Seguirán con sus cuentas alegres, pero lo cierto es que ya no pueden ocultar la realidad de sus hechos porque esta elección se llevó a cabo con un baño de sangre.

CASTIGO A LOS POLICÍAS Y MILITARES QUE PARTICIPARON EN EL COBARDE ASESINATO DE ANTONIO VIVAR DÍAZ EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.
LIBERTAD INMEDIATA A QUIENES FUERON DETENIDOS POR PARTICIPAR DE FORMA ORGANIZADA EN SUS LOCALIDADES CONTRA LAS ELECCIONES.
ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA PERMANENTE Y DE CALIDAD A TODOS LOS HERIDOS QUE AYER, EN DIVERSAS PARTES DEL PAÍS, FUERON AGREDIDOS DURANTE LA CONTIENDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIACAS, MILITARES Y SUS GRUPOS CORPORATIVOS DE CHOQUE.
NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS DIFERENTES LUCHAS Y MANIFESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PAIS QUIENES EN ESTOS MOMENTOS SIGUEN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE ESTE GOBIERNO REPRESOR.
SI FALTAN 43 CÓMO ES QUE VAMOS A IR A VOTAR.
PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Berta Cáceres: «Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente»

eldiario.es

-Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014

-Berta Cáceres, Premio Goldman del Medio Ambiente, lideró una campaña para paralizar la construcción de una presa en Honduras y sufre constantes amenazas por defender esta causa

-El 40% de los asesinatos se producen en Centroamérica y están relacionados con megaproyectos hidroeléctricos, extractivos, tala y agroindustria

 

Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

«Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo», afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

 

 

«Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país», cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación «¿Cuántos más?» señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

«En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada», explica Cáceres, que denuncia cómo en su país «el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas».

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ( OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. «Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia», sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, «un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente». O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

«En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar», destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… «Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas». Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.

«Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización», alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.

«Tuve que hacer muchas cosas para protegerme»

Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. «No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados». 

Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes «denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes». Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como «enemigos del Estado».

Berta ha sido acusada de «ser un peligro para la seguridad del Estado», o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. «Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar».

«Nuestras luchas se invisibilizan»

Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. «Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos», denuncia.

Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, «otorgados ilegal e ilegítimamente», apunta. «Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito».

En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: «Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta».

En India utilizan Coca Cola y Pepsi como pesticidas

diarioecologia.com

Muchos medios aseguran que la Cola Cola y la Pepsi sirven para muchas cosas excepto para beber. Personalmente no tomo ni Coca Cola ni ningún refresco carbonatado y azucarado artificialmente, pero hay muchas personas que continúan bebiendo este tipo de bebidas, sino te convencen los cientos de datos acerca del daño que causan al organismo, que tal enterarte que en algunos paises los utilizan como pesticidas.

Pero veamos, ¿qué son los pesticidas?. Los pesticidas, agroquímicos, o también denominados plaguicidas, son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas.

 

Dentro de esta denominación se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces y microbios que compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen las siembras y propagan enfermedades. Los pesticidas pueden ser tóxicos.

Teniendo estos datos claros, vamos a lo que está pasando en India. Los agricultores del estado de Chhattisgarh en la India, están utilizando Coca-Cola y Pepsi como pesticidas ya que es más barata y aparentemente cumple la misma función.

Tanto Pepsi como Coca-Cola se oponen al uso de sus productos como pesticidas, señalando que no hay nada en las bebidas que pueda ser utilizado para el control de pestes. Sin embargo, los agricultores de los estados de Durg, Rajnandgaon y Dhamtari en Chhattisgarh, están completamente en desacuerdo con esa postura, ya que han tenido gran éxito utilizando Pepsi y Coca-Cola para proteger sus plantaciones de arroz contra las pestes. De hecho, Rajnandgaon recientemente batió el récord mundial de la mayor producción de arroz sin uso de OGMs (Organismos Genéticamente Modificados). Si bien usar Coca-Cola como pesticida no es 100% natural ni orgánico, ciertamente es más seguro que usar el veneno tradicional.

Los científicos agrícolas apoyan que esto pudiera ser porque el alto contenido de azúcar de las bebidas pueden hacerlos efectivos en la lucha contra las plagas. “Todo lo que está ocurriendo es que las plantas obtienen un suministro directo de carbohidratos y azúcar que a su vez aumenta la inmunidad de las plantas”,Sanket Thakur, científico agrícola.

Se trata de una tendencia que se ha visto en otras partes de la India, los agricultores también utilizan marcas de la India de colas.

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

Energía, caos sistémico y producción de lo común.

Por: Emiliano Terán Mantovani, alainet.org

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad”[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas
– BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. Agencia Latinoamericana de información. 11/03/2009. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/29366. Consultado: [17/05/2015].
– FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011.
– HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015].
– MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. Rebelión. 05-02-2015. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].

Notas:
[1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff.
[2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano.
[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42
[5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza.
[6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance.
[7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20
[8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”.
[9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo.
[10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12

 

Celac-UE: Nuestros derechos no son negociables

IPS Noticias

El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan  a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”.  Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios  para las grandes empresas.

Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente  participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura  llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

 

Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.

Tratados que son “caballos de Troya” 

Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.

Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema  permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.

Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados  más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.

La razón que se emplea normalmente para justificar  estos derechos empresariales tan exagerados  es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.

Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre  55 por ciento de todas las  diferencias entre inversores y Estados  conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.

Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.

Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.

Cambio de rumbo 

Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya.  Por ejemplo,  organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.

También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.

Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal.  En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación  Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.

Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.

Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.

Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.

 

Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

AU: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño

RedTDT

Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente:

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo, Omar Esparza, viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en abril de 2010, obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de cinco años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Explosión de fracking en México, apenas el comienzo

Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.

nofrackingmexico.org

Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.

A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.

Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.

Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.

Continúan las violaciones a los derechos humanos del luchador social Victor Andrés Cruz Chi

Víctor Andrés Chí es un luchador social en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Desde el 2013 que inició su lucha junto con la comunidad indígena de Zacualpa contra el proyecto minero en el estado de Colima, no ha dejado de recibir, al igual que su familia, amenazas de muerte, intimidaciones, persecución, vigilancia policiaca, intercepción de su celular y hasta ha sido desplazado de su trabajo. El Sr. Cruz Chi ha tenido que abandonar el estado en varias ocasiones para resguardar su vida, protección que el gobierno del estado, lejos de garantizar su seguridad, lo persigue, lo amenaza y le imputa acusaciones absurdas como “terrorismo” entre otras acusaciones falsas.

El Sr. Cruz Chi, miembro de la organización Bios Iguana., A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se ha entrevistado ya con las autoridades del estado y con el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ha interpuesto denuncias y antecedentes de los hechos a las instancias correspondientes. Sin embargo, el gobierno del estado se esfuerza por enrarecer aún más el clima preelectoral bastante difícil para la entidad y otros estados del país.

Exigimos el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos de Colima. Responsabilizamos de cualquier daño  físico y moral contra el Sr Cruz Chi y su familia, a Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima; a Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; y a Roberto Chapula de la Mora,  Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ALTO A LA PERSECUCIÓN DE DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLIMA

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2 de junio de 2015

 

-Revista Proceso: Denuncian amenazas de muerte contra activista en Colima

-AMENAZAN A LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN BIOS IGUANA, A.C. POR CASO ZACUALPAN, COLIMA

Cambio climático: armando la trampa

Silvia Ribeiro, La Jornada

Aumenta el caos climático, con tormentas feroces fuera de tiempo y lugar, inundaciones donde no las había, sequías interminables, olas de frío o calor extremo, todo con impactos terribles para la gente común y peores para los más vulnerables.

Sus causas están claras: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. Urge cambiar el modelo y reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, única solución real. Pero con el poder económico de las industrias beneficiadas y los enormes subsidios que reciben de los gobiernos –a quienes retornan el favor apoyando sus campañas políticas– cambiar o reducir realmente no está en la agenda.

En lugar de ello, están armando una trampa global para seguir con sus negocios como siempre, aparentando que hacen algo para enfrentar la crisis. Su apuesta de frontera es la geoingeniería: manipular el clima para tapar el sol y bajar la temperatura, remover los gases de la atmósfera por medios tecnológicos y enterrarlos en fondos geológicos, cambiar la química de los oceános, blanquear las nubes, entre otras. Serían nuevas fuentes de negocios: seguir calentando el planeta y vender la forma de enfriarlo.

Como todo en geoingeniería es de alto riesgo, razón por la cual está bajo una moratoria en Naciones Unidas, la maniobra es comenzar por algunas técnicas, para luego legitimar el paquete. Las que empujan ahora, ante la inminencia de un nuevo acuerdo global sobre el clima que se prevé tomar en París en diciembre 2015, se llaman CCS y BECCS, por sus siglas en inglés, en castellano «captura y almacenamiento de carbono» y «bioenergía con captura y almacenamiento de carbono». Ambas vienen de la industria petrolera, que no las usa porque no son económicamente viables.

No es cualquier industria, es la más poderosa del globo. De las 12 mayores empresas del planeta, ocho son de petróleo y energía, dos son comerciantes de alimentos y dos fabricantes de automóviles (Fortune, 2015). Son los sectores que según expertos son los principales causantes del cambio climático. Sólo 90 empresas de petróleo, energía y cemento (la mayoría privadas) son responsables de dos tercios de los gases de efecto invernadero emitidos globalmente desde 1850 (R. Heede, 2014)

Las industrias de petróleo y energía manejan una infraestructura de 55 billones de dólares en todo el planeta. Tienen reservas aún no explotadas estimadas en 25-28 billones de dólares. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, mayo 2015) agregó que los gobiernos subsidian a esas industrias con 5.3 billones de dólares anuales, o como calculó el diario británico The Guardian, 10 millones de dólares por minuto, durante todos los días del año 2015. Un monto mayor que los gastos de salud sumados de todos los gobiernos del mundo.

La suma estimada por el FMI incluye subsidios directos e indirectos, como los enormes gastos de salud y ambiente imputables al uso de combustibles fósiles. El informe fue contestado por fuentes empresariales, alegando que son subsidios al consumo y que otros combustibles también tienen impactos. Pero aún restando lo que le disputan, se trata de cifras exorbitantes para las empresas más contaminantes y ricas del planeta. La reforma privatizadora de la energía en México, contribuye también a subsidiarlas.

Obviamente, la industria no va a renunciar a sus inversiones y tampoco a los subsidios. Por eso, la geoingeniería es para ellas una solución perfecta: seguir calentando el planeta y cobrar por enfriarlo.

A la captura y almacenamiento de carbono (CCS) le llamaban antes Enhanced Oil Recovery (recuperación mejorada de petróleo). Se trata de inyectar dióxido de carbono (CO2) a presión en pozos de petróleo explotados, empujando las reservas profundas hacia la superficie. No se usa porque es cara y lo extraído no compensa la inversión.

Ahora, con el mágico cambio de nombre a CCS, afirman que al dejar el CO2 en los pozos, se retira de la atmósfera y es una medida contra el cambio climático –que debe recibir créditos de carbono. Sostienen que así contrarrestan emisiones de carbono de actividades contaminantes y el resultado dará «emisiones netas cero». Con BECCS serían incluso «emisiones negativas», porque se plantan al mismo tiempo extensos monocultivos de árboles u otras plantas, que absorban carbono y así la suma daría negativo.

No hay ninguna prueba de que funcionen y los riesgos ambientales, sociales y de salud de intentarlo son muy altos: no hay certeza de que el CO2 permanezca en el fondo, el escape es tóxico para plantas, animales y humanos, contamina mares y acuíferos. Las grandes plantaciones son una pesadilla, hay movimientos contra ellas en todos los continentes, compiten con la producción alimentaria, por tierra y agua, desplazan comunidades, devastan ecosistemas.

Además, instala una nueva forma de acaparamiento de tierras, ahora subterránea, ya que no todos los terrenos son aptos para almacenar carbono. Es muy preocupante que empresas y gobiernos promotores de CCS ya han elaborado Atlas de almacenamiento geológico de CO2, que facilitarán ese acaparamiento. Existen para Norteamérica, Europa y México, éste último financiado por la Secretaría de Energía.

Shell ya está diciendo que se debe pagar a las petroleras para salvar al planeta del cambio climático con CCS y BECCS. Sería el colmo de la perversión: pagar a los culpables del caos climático, para que extraigan más petróleo y encima cobren por seguir contaminando.

Guatemala: Movilización consciente y con propuestas

Por: Marisol Garcés
Prensa Comunitaria

En Guatemala, desde hace muchos años, parecía que nada nos indignaba, pues a pesar de la criminalización de los pueblos que defienden territorios, del encarcelamiento de líderes indígenas, del debilitamiento de la institucionalidad de DDHH y de las mujeres, de la impunidad, de la cooptación del sistema de justicia por intereses oscuros, y del cierre de espacios de participación política; nada se movía. La indiferencia y el miedo era el común denominador de una ciudadanía complaciente con los factores de poder, con la corrupción, con el abuso y la explotación.

Desde que comenzaron las movilizaciones, algunos sectores se han dedicado a difundir la idea que estas marchas y plantones son pagados y movidos por intereses de grupos económicos o de partidos, que son desestabilizadores de la gobernabilidad y atentan contra la institucionalidad. Ejemplo de esto es una declaración dada por el diputado Luis Chávez, sub jefe de la bancada del partido Líder, el día 14 de mayo, afirmando que ya tenían identificados a unos de los organizadores de la manifestación y que seguirían un proceso penal contra ellos y aseguró que son manipulados por la UNE y la USAC. También durante la semana pasada, en Facebook y Twitter, muchas personas denunciaron que les habían llamado para decirles que no asistieran a la manifestación del 30 de mayo porque la organizaban guerrilleros o gente manipulada por Sandra Torres, y hasta se creó una denuncia en la página listaspam.com, donde se manifestó el mismo reclamo.

También funcionarios de gobierno, y el mismo presidente Otto Pérez Molina han desestimado las movilizaciones diciendo que se trata de “un grupito”, y posteriormente en declaraciones públicas señaló que “No voy a ponerme a competir, como lo pudiera hacer… integrantes del Partido Patriota (PP) me han ofrecido apoyo para realizar manifestaciones a mi favor… que han provenido de diferentes alcaldías, de diferentes municipios, de diferentes gentes… me han ofrecido llenar la Plaza de la Constitución”, pero insistió en que él no quiere hacer movilizaciones.Con esto se evidencia la desvalorización y tergiversación que hacen de la multitudinarias movilizaciones que han habido en Guatemala y en la mayoría de departamentos del país.
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