Autor: Otros Mundos AC

Proyectos Neoliberales en Chiapas… con viento en popa

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Por Gaspar Morquecho

Las guerras neoliberales en la región y sus versiones domésticas siguen su curso. La estrategia es clara, violenta, perversa y va alcanzando sus objetivos. En Chiapas, la guerra escala en todos los terrenos. La ofensiva neoliberal de Salinas-Peña Nieto en Chiapas es diversa y sin importar los medios.

 

Violencia, pobreza, empresas mineras, turismo y despojo en Chiapas. El 17 de junio, en el foro “La iglesia frente a la violencia”, organizado por la Universidad Iberoamericana, José Avilés, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, acusó a consorcios mineros de sobreexplotar los recursos naturales, de despojar a indígenas de sus territorios y de empobrecerlos. Avilés alertó que en la entidad hay una constante destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales, así como un gran despoblamiento y despojo de territorios. De acuerdo con el misionero jesuita, de 2000 a 2012 los niveles de pobreza de Chiapas han aumentado de 76.7 por ciento a 78.4 por ciento, y de cada cien habitantes en la entidad, 78 son pobres. Advirtió que en ese periodo se han otorgado más de un millón 500 mil hectáreas a grandes consorcios mineros en tierras chiapanecas.

El 22 de junio, integrantes de más de 40 organizaciones de 19 estados que asistieron al Encuentro Nacional Indígena, Campesino y Popular por la Resistencia, los derechos y las autonomías que se realizó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, advirtieron que no entregarán “ni un milímetro de nuestras tierras y ni un ápice de nuestros derechos” a las empresas nacionales y extranjeras que pretenden beneficiarse con la reforma energética y sus leyes secundarias.

La fragmentación y destrucción del tejido social. A finales de junio, simpatizantes zapatistas del poblado Primero de Agosto, en la región tojolabal de Las Margaritas, denunciaron agresiones y despojos de miembros de la CIOAC Histórica y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los indígenas identificaron a dirigentes de la CIOAC Histórica que participaron en el ataque a bases zapatistas en La Realidad el pasado 2 de mayo. Las agresiones iniciaron una semana después de los hechos en La Realidad cuando hirieron de un machetazo en el cuello a un indígena de Primero de Agosto. Los agredidos aseguraron: «Carmelino Pérez López, de la ASSI, afirmó que planean matar a cuatro compañeros”. Dijo quien les iba a matar, que habían cooperado para pagarle o que ellos mismo lo iban a hacer. 

Turismo a toda costa en Chiapas. Como recordarán, en 2013 fue ejecutado Juan Vázquez Guzmán en la cabecera de Chilón. Era dirigente de la Sexta en San Sebastián Bachajón. Él mantenía una importante lucha contra el despojo de su territorio. Empresas trasnacionales como la Norton Consulting y los tres niveles de gobierno en Chiapas impulsan uno de los proyectos más ambiciosos del Plan Mesoamericano en Chiapas: el Centro Palenque. Cuenta con una red de infraestructura y servicios para conjuntar atractivos naturales y arqueológicos para el turismo de elite. Un año más tarde, el 25 de marzo 2014, fue asesinado Juan Carlos Gómez Silvano, Coordinador Regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, también del municipio de Chilón.

El 12 de Febrero, Salinas – Peña Nieto inauguró el Aeropuerto Internacional de Palenque y se comprometió a construir la autopista de Palenque-San Cristóbal de Las Casas. Infraestructura básica para los proyectos turísticos en la Reserva de Montes Azules y la Comunidad Lacandona. Se aseguró que para el mes de mayo estaría definido el presupuesto, el trazo y los tiempos para realizar dicha obra. Para entonces el gobierno de Chiapas había comprado a las autoridades de los gobiernos municipales, de los ejidos y comunidades ubicadas en las inmediaciones del trazo.

El 1 de julio pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó el programa de desarrollo turístico. Claudia Ruiz Massieu, titular de la Sectur aseguró que: “El programa especial de Desarrollo del Corredor Palenque, Ocosingo, Cerro Azul (Sic), Comitán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo será puesto en marcha por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”. (La Jornada, 1 de julio, 2014, p. 20) Un día después, Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) informó: “La carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque tendrá un costo total estimado de 10 mil 600 millones de pesos”. Tuvieron cuidado de no mencionar ni dar a conocer el trazo de la vía ni la ubicación de los tramos de ataque para el inicio de la obra.

Ejidatarios rehenes de los programas sociales. En Tila, los ejidatarios denunciaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) suspendió la entrega de programas sociales -como el de apoyo al campo Procampo -, por negarse a fragmentar la propiedad social en pequeños lotes particulares. La denuncia establece que en un hecho paralelo, la Procuraduría Agraria alteró las actas de asamblea de ejidos para quitar los acuerdos comunitarios que prohíben vender la tierra. De esta manera, denunciaron, se les está obligando a privatizar su territorio donde existen recursos naturales como son el agua, la selva y minerales de interés para empresas extranjeras. 

Desmovilización en la Selva Lacandona y en el territorio de la Reserva de Montes Azules. El movimiento que tuvo como punto de partida la declaración del el Secretario de Gobierno de Chiapas (Abril de 2014) de que NO iban a ser regularizados los predios ocupados por indígenas en la Reserva, y SI reubicados los 460 posesionados de 2 mil hectáreas de la Reserva, al parecer, ha sido desarticulado.

Como recordarán, se informó de la privación de la libertad de Julia Carabias. Le siguió la detención del asesor Fernando Gabriel Montoya y la creación del Movimiento de Organizaciones y Civiles en Chiapas para evitar el declarado desalojo. Hubo bloqueos carreteros en El Marqués de Comillas y Ocosingo; también toma de alcaldía y de oficinas estatales y federales. El gobierno de Chiapas encarceló a 23 representantes de Bienes Comunales de la Zona Lacandona y de la ARIC-ID. El 1 de Junio, después de un “acuerdo” en la Ciudad de México, los presos fueron liberados bajo las “reservas de ley” y se comprometieron a evitar el “uso de la fuerza” y “daños a terceros”. Entre los detenidos estaba Mario Ruiz Mendoza de SERAPAZ. En ese “acuerdo” intervino Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios de México y diseñador de la Ruta para el Diálogo en Chiapas. El acuerdo incluyó la suspensión de bloqueos carreteros y las movilizaciones cesaron el 31 de mayo. El Comisionado se comprometió: a) gestionar una reunión en la Ciudad de México a principios de junio. b) A “construir un mecanismo de intermediación para el diálogo”. c) Que Montoya pudiera participar en la primera “reunión de trabajo”.

El 7 de junio, Xi’Nich se deslindó de las protestas. Señaló a Montoya como el autor intelectual de la masacre de Viejo Velasco en 2006, a los comuneros lacandones y los sub comuneros de Nueva Palestina los responsabilizó de la ejecución material de aquel violento ataque que dejó ocho muertos y dos desaparecidos (La Jornada, 8/junio/14). Montoya sigue en la cárcel, las movilizaciones cesaron y… ¿Se estará negociando algo? Como saben, están en juego la residencia de los pobladores de los predios ocupados en la Reserva y los megaproyectos turístico.

Resistencia y lucha de los movimientos sociales en Chiapas. La coyuntura es adversa y los movimientos sociales que se mantienen en resistencia a la ofensiva neoliberal capitalista son: El Movimiento del Pueblo Creyente, el de los Pueblos Rebeldes Zapatistas y la de los pueblos contra la minería. En la aventura los acompañan sus respectivos simpatizantes. Por su parte los Catequistas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Congreso Pastoral Diocesano de principios de año definieron las líneas estratégicas para oponerse al Proyecto Capitalista Neoliberal de Muerte. Como dijera Miguel Concha: Construyen Esperanza.

A principios de junio pasado, el pueblo creyente y agentes de pastoral iniciaron jornadas de oración y han peregrinado exigiendo el cierre de cantinas, prostíbulos, y contra la distribución y venta de drogas en los municipios de Simojovel, el Bosque, Rayón y Pueblo Nuevo Solistahuacán. La respuesta no se hizo esperar. Los sacerdotes de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistahuacán han sido amenazados por los grupos de poder local. En esta última población fueron detenidas y torturadas 4 personas. Es muy probable que en cada municipio estas fuerzas locales se reorganicen y establezcan alianzas regionales como lo hicieron con los Comités Cívicos antes del levantamiento armado de 1994.

Los rebeldes reiniciaron sus movilizaciones y eventos pacíficos en diciembre de 2012. En agosto de 2013 la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló los Caracoles y desplazó 250 policías federales en la frontera sur. Se agudizó el hostigamiento hacía los pueblos rebeldes y fue asesinado Galeano en Las Margaritas y se interrumpió la agenda rebelde. En agosto los rebeldes se encontrarán con el Congreso Nacional Indígena y los pueblos originarios invitados, en La Realidad. En la frontera y Sierra Madre de Chiapas parte de la población resiste y resiente la invasión de las empresas mineras que saquean los recursos, dividen a la población y el asesinato de uno de sus dirigentes sigue impune.

Por su parte, el gobierno de Salinas-Peña Nieto creó la figura del Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios de México y diseñó la Ruta para el Diálogo en Chiapas. En esta entidad lanzó la Cruzada Contra el Hambre y el programa SinHambre. Sus asesores han trabajado en una iniciativa de “gran envergadura” para reformar la Ley Indígena y el Comisionado para el diálogo declaró que 2014 sería el año de los derechos indígenas en México.
En el terreno militar se ha reforzado la ocupación del territorio con efectivos de la armada y en los últimos dos meses se han registrado movimientos inusuales de tropas y prosiguen las agresiones de agrupaciones indígenas hostiles. Para septiembre próximo se espera el Golpe Legislativo con la Reforma al Campo y a la Ley Indígena.
En su conjunto las acciones políticas, militares y legislativas construyen un marco favorable para los proyectos neoliberales en marcha. Es indudable que la estructural Reforma Energética tendrá un fuerte impacto en Chiapas una vez que las condiciones permitan la continuación del megaproyecto de explotación petrolera Ocosingo-Lacantún en pleno territorio rebelde. Proyectos contemplados en Plan Mesoamericano.

Frente la crisis de humanidad, la solidaridad con las y los niños migrantes. Con el objetivo de “sensibilizar a la sociedad y a los tres niveles de gobierno” de México, sobre la problemática de los niños indocumentados, activistas y defensores de los derechos de los migrantes iniciaron esta mañana la denominada caminata por la defensa y dignidad de los niños migrantes no acompañados. El director del albergue para niños migrantes y en situación de calle “Todo por Ellos”, Ramón Verdugo Sánchez, explicó que la caravana, con dos días de duración, partió esta mañana del río Suchiate, ubicado en la frontera entre México y Guatemala, por donde a diario cruzan en balsas cientos de migrantes.

Salinas-Peña Nieto por quinta vez en Chiapas. El día de hoy 7 de julio, se reúne con el presidente de Guatemala para sellar la frontera aderezando la medida con el discurso de los Derechos Humanos y en particular de las y los niños migrantes.

En el contexto nacional:

La desarticulación de grupos de autodefensa en México. El proceso de desestructuración de las policías comunitarias sigue su curso. En Guerrero La estrategia para desarticular a la CRAC fue evidente en 2009 una vez que se dieron 27 concesiones mineras. La campaña contra las comunitarias se agudizó en 2013 y participan el gobierno federal, el estatal y sus fuerzas armadas.

El proceso más acabado se dio en Michoacán. La estrategia del gobierno federal ha sido inteligente, eficaz, perversa. 18 meses han sido suficientes para la desarticulación de las Comunitarias en ese estado. A partir de marzo de 2013, el gobierno federal permitió el avance y la acción de las comunitarias para combatir a la Familia Michoacana. Paralelamente fraguó la confrontación interna, la desarticulación y la cooptación e institucionalización de las comunitarias en una fuerza armada rural. De esa forma aisló al doctor Mireles. Las comunitarias al mando de Mireles avanzaron y el 27 de junio fue detenido por el Ejército federal en el poblado La Mira.

En medio de un operativo sorpresa, la Procuraduría General de la República (PGR) trasladó la mañana de este domingo al doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas en Michoacán, al penal federal número 11, en las afueras de la capital sonorense. Las muestras de solidaridad con Mireles han sido poco concurridas.

El doctor Mireles y sus compañeros fueron humillados. Práctica usual en las guerras. Las protestas de apoyo se concentran en los municipios de Coahuayana, Aquila, Coalcomán y en la autopista Siglo XXI. Exigen la liberación de José Manuel Mireles.
Cuando los aparatos de control y mediatización: burocracias políticas estatales (partidos políticos y Congreso); la mediocracia (Televisoras) fortalecida con la reciente reforma a la Ley General de Comunicación y los programas de combate a la pobreza no son suficientes. Están las fuerzas armadas y los tribunales.

TELEVISA en la UNAM. Como adelanto a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones-Salinas-Peña Nieto, TELEVISA creó un diplomado que fue desarrollado por el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sytatyr) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM: “Con la finalidad de avanzar en el desarrollo y proceso creativo de la televisión mexicana, productores y periodistas de Televisa entrarán a las instalaciones de la UNAM para compartir sus conocimientos con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que quieren profesionalizarse en la producción en la pantalla chica”.

(…)

En retrospectiva: erraron los que le apostaron al voto útil, los que festejaron la transición democrática y enterraron al PRI. Fallaron los que afirmaron que Calderón no llegaba al 2012 y anunciaron el fin del sistema político mexicano. Los que proclamaron el fin del presidencialismo y autoritarismo mexicano. Se han equivocado los que firmaron el acta de defunción y enterraron al Capitalismo y al Neoliberalismo. En 2013 se aprobaron cuatro Reformas Estructurales (Laboral, Educativa, Energética y Hacendaria). Prospectiva: En 2014, se aprobará la Ley General de Comunicaciones que favorece a las televisoras. Para septiembre otro paquete: la Reforma del Campo, a la Ley Indígena y al Sistema de Salud.
Dificultades: No se ha entendido que el Sistema Neoliberal Mexicano cuenta con un Estado fuerte, una elaborada estrategia y con todos los recursos para llevarla a cabo. Que el tejido social nacional está severamente dañado y que la cultura neoliberal se ha interiorizado en todas y cada una de las franjas de la población. Que los movimientos sociales son escasos y débiles. Que se encuentran dispersos y aislados. No pocas veces confrontados y sin brújula. Podemos sumar que privan las desconfianzas, los señalamientos y las acusaciones. Todo corresponde a la dura y prolongada sequía de nuestros descontentos.

P.D. ¿Estará preparado El Peje para recibir la negativa del registro de su Morena?
P.D. Me preguntan por qué escribo con tanto pesimismo. Alguna vez le preguntaron a Scherer por qué su revista Proceso era tan amarillista. Scherer respondió: Porque así está el país.

El delito de defender los bienes naturales comunes

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Por Mayeli Sánchez Martínez, en e-Consulta.com

Escribió José Revueltas en el prólogo de Los muros de agua que «la realidad siempre resulta un poco más fantástica que la literatura», que esto sería siempre un problema para el escritor ya que la «realidad literalmente tomada no siempre es verosímil, o peor, casi nunca lo es». Llevo ya varias días meditando como contar esta historia, y es que por ahora se hace necesario tratar de precisar parte de esta realidad «terrible» de la que Revueltas habla, pero entre más la argumento más fantástica parece.

Mina Navarro describe en su investigación el sorprendente aumento exponencial de los conflictos socioambientales en México que surgen a partir de la explotación y mercantilización de lo que se conoce como «bienes comunes naturales», el despojo de los territorios Latinoamericanos -que comenzó hace más de 500- años continua con nuevas especificidades que es necesario puntualizar para dilucidar lo que como sociedad nos ocurre.

 

De los factores que intervienen para caracterizar el despojo en la época actual Navarro considera cuatro elementos entorno a los bienes comunes naturales empleados en la industria:

1) su creciente agotamiento (p. ej. la próxima llegada al umbral de explotación del petróleo)

2) cambios tecnológicos para su exploración y explotación enfocados en extraer la mayor cantidad de estos bienes con un alto costo para los ecosistemas y para los y las trabajadoras.

3) la transformación de los bienes naturales considerados renovables en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos (p. ej. el agua)

4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, es decir la entrada de estos bienes en el mundo financiero sujetos a inversión y especulación lucrando incluso con «mercados futuros».

Estos aspectos generan una presión mayor sobre la obtención de los bienes naturales comunes y con ello nuevas formas de presión por parte del Estado y de las Corporaciones para hacerse de estos bienes. Y cito textualmente a Navarro:

1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.

2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete  desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos.

3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.

4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. Con ello se busca desconocer y disimular el vital aporte de las economías de sustento en la producción de alimentos, así como en la conservación de bienes comunes naturales, para el resto de la población.

¿Cómo se vive todo esto en los territorios que el capital disputa? Una de las formas que toma en la gente es la el de la indignación y la necesidad imperante de defender la vida, lo que lleva a la organización social para buscar resistir. En México esta organización ha logrado detener grandes proyectos, como es el caso de los Wixarika que han logrado frenar la explotación minera en un cerro sagrado en San Luis Potosí. Otro ejemplo es en Guerrero, en el que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) ha logrado frenar este megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo la respuesta a estas resistencias ha sido brutal, según el informe «Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos» presentado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en junio de 2013 se ha visto una escala en agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos en general pero especialmente «Entre enero de 2009 y diciembre de 2012, al menos 51 agresiones en contra de defensores y defensoras del ambiente han sido documentadas; en 23 de estos casos las y los defensores fueron asesinados, y 2 más permanecen desaparecidos. Los abusos en contra de las personas defensoras de derechos humanos se dan en un contexto de criminalización y estigmatización por parte de autoridades de alto nivel, y son cometidas en muchas ocasiones con la anuencia del Estado.”

Desafortunadamente a estas cifras se sumarán la reciente detención arbitraria en Guerrero de Marco Antonio Suástegui Muñoz vocero del CECOP por 15 averiguaciones previas por diversos delitos derivados de su lucha de oposición a la construcción de la presa de La Parota y en contra de la extracción de grava y arena que distintas empresas realizan en el río Papagayo. Y en Puebla las recientes detenciones de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, quienes enfrentan cargos derivados de su participación en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El sábado 18 junio tuve la oportunidad de visitar Juan Carlos Flores, preso en el penal de Cholua. Al proceso ya de por si difícil de entrar a una cárcel, con el trato que le dan una en el que se ve obligada a mostrar incluso los «calzones» a discreción de lo que considere la funcionaria pública que te revise, se suma la indignación de saber que se visita a un preso político. Aunque pertenecemos a la misma generación, el trabajo de Juan Carlos y el que yo desarrollo nunca logró afinidad en la práctica, sin embargo reconozco que en la lucha por su liberación nos jugamos el derecho que todas las personas debemos tener para expresarnos y defender la vida.

Fui arrogante al pensar que al entrevistarlo podría escribir sobre las reflexiones que hace sobre su propio proceso en el movimiento, con el reconocimiento de errores y la reivindicación de la defensa en contra del PIM, lo intenté pero al iniciar desde el momento en el que el llega a la cárcel y los reos rezaban y el guardia le indica «sí, los que están aquí deben rezar, porque si no estuvieran aquí estarían muertos» me corta las palabras y llena mis ojos de lágrimas por la impotencia de la injusticia y sabernos presos a todos en un Estado cárcel que nos llena de miedo.

En este punto viene a mi memoria un texto de Zibechi:

«Cuando los pueblos se lanzan a la lucha no calculan las relaciones de fuerzas en el mundo. Simplemente pelean. Si antes de hacerlo se dedicaran a examinar las posibilidades que tienen de vencer, no existirían ni los movimientos antisistémicos ni la multitud de levantamientos, insurrecciones y resistencias que están atravesando el mundo y nuestra región…La gente común aplica en su vida cotidiana…una racionalidad otra, hilvanada de indignaciones, sufrimientos y gozos, que los lleva a actuar bajos su sentido común de dignidad y ayuda mutua. Los cálculos racionales, eso que cierta izquierda ha dado en llamar <<correlación de fuerzas>>, no forma parte de las culturas de abajo. Pero tampoco se pone en acción de forma mecánica, espontánea…sino en consulta con otros y otras que comparten los mismos territorios en resistencia. Ahí sí, evalúan y analizan, teniendo en cuenta si ha llegado el momento de lanzar nuevos desafíos. Lo que suele ocupar el centro de sus análisis es si están capacitados para afrontar las consecuencias del desafío, que siempre se miden en muertos, heridos y cárcel. En suma los de abajo se lanzan a la acción luego de evaluar cuidadosamente la fortaleza interior, la situación de sus propias fuerzas y no tanto las relaciones entre los arribas y los abajos que, salvo excepciones, siempre son desfavorables.»

México en un futuro con la Ley Telecom

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En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a través de la Ley Telecom, a las autoridades que frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.

Por: Miguel Guevara y Lucía Vergara. En Animal Político

El gobernador Javier Lozano cuelga el teléfono; acaba de hablar con su amigo, el jefe de los servicios de inteligencia mexicana. Lozano le pidió un favor: enviarle un archivo electrónico con toda la información que se tenga de Natalia Zuvire, conocida activista de la capital poblana por su oposición a una mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo y por sus exigencias sobre transparencia en el gasto público. Natalia se ha convertido en una piedra en el zapato para el ex senador Lozano, que gustaría de gobernar sin grillos que hagan “ruido” por todo.

Dos horas después, en el correo del gobernador, hay un archivo de varios gigabytes. Contiene los lugares que ha visitado Natalia desde julio del 2014, fecha en la que el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. El archivo, además, contiene los registros de todas las llamadas que ha hecho la activista desde entonces, la duración de las llamadas, los nombres de aquellos con quienes se comunicó, las páginas de internet que ha visitado, la información de los correos electrónicos que ha mandado, los registros de sus chats de WhatsApp y todas las marcas digitales que ella ha dejado.

El correo contiene un link con un nombre de usuario y contraseña al sistema que le permitirá al gobernador seguir en tiempo real la ubicación de Natalia, saber con quién habla. La información le servirá al mandatario para amedrentar a la activista para que le baje. En caso contrario, el Ejecutivo le ha comentado a sus asesores que escalará la intimidación “hasta las últimas consecuencias.”

Esto es lo que podría pasar en México, en unos años, si el Congreso aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto, en su artículo 190, otorga a las agencias de seguridad del Estado mexicano (Procuradurías, CISEN, Ejército, Marina, PF, Segob) la capacidad de recolectar todos los datos que nuestras comunicaciones y actividad en línea generen sin control judicial. Es decir, el ejército podrá exigirle a nuestro proveedor de acceso a internet el registro de nuestras comunicaciones. Además, se tendrá una plataforma que monitoree en tiempo real cada paso que damos, dónde estamos, con quién nos reunimos y cualquier huella digital que generemos.

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a las autoridades quienes frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.

El proyecto de ley es un cheque en blanco para la vigilancia masiva. No existe en la propuesta un cuerpo independiente y ciudadano que supervise la recolección de datos. Los ciudadanos tampoco sabrán al finalizar la investigación quién los investigó, por cuánto tiempo o qué datos fueron recolectados. Mucho menos se nos otorga la garantía de apelar la investigación judicial. En suma, no hay elementos para garantizar el debido proceso. Ésta, es la receta para establecer un Estado vigilante basado en el abuso, que facilite la represión de la protesta social y el camino a una nueva forma de dictadura articulada desde internet.

Si parece lejano este escenario, no es así, ya empezó. Mientras se discutía en el Senado el proyecto de ley, activistas fueron expulsados a golpes y con violencia de la discusión. Parece que al Senador Lozano (quien pidió que fueran expulsados), le incomoda desde hoy la presencia de voces disidentes.

En ARTICLE 19 se han señalado puntualmente las áreas de preocupación del proyecto. Creemos necesaria una profunda revisión y un verdadero debate público y abierto sobre estos puntos basándose en la máxima garantía de los derechos humanos. El proceso democrático de nuestro país está en riesgo, nos toca a todos hacernos escuchar.

Comerciantes de Chiapas se declaran en desobediencia civil contra impuestos

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Por Elio Henríquez, La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. Alrededor de 60 pequeños comerciantes y vendedores del municipio de Tumbalá, en el norte de Chiapas, se declararon en resistencia civil para no pagar impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues las nuevas disposiciones fiscales impuestas este año los obligan a cumplir con requisitos que, afirman, “están fuera de nuestro alcance”.

En rueda de prensa señalaron que las autoridades hacendarias, “nos pretenden obligar a cumplir una serie de requisitos imposibles de cubrir para los pequeños comerciantes de un municipio indígena como Tumbalá, como contar con una línea telefónica, internet y facturar electrónicamente”.

Los inconformes adelantaron que suspenderán los pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), “hasta que regrese el pago único que hicimos de impuestos hasta diciembre del año pasado”.

Miguel Vázquez Peñate, presidente de comerciantes en Tumbalá, explicó que varias veces han solicitado al personal de la SHCP que les permita seguir con el régimen anterior cuando pagaban una cuota fija. Pero “ha habido una total cerrazón y nos han amenazado con castigarnos si no cumplimos”.

Manifestó que por ello han decidido afiliarse a la organización Laklumal Ixim (Nuestro Maíz), la cual agrupa a usuarios en resistencia de pago por el consumo de energía eléctrica en diversos municipios de la zona norte del estado.

“Hemos acordado colocar letreros y logotipos en nuestros comercios para advertirle a la SHCP que no vamos a permitir que su personal llegue a molestarnos”, aseveró.

“Nosotros no estamos en contra de pagar impuestos, pues siempre lo hemos hecho, sino de las trabas y requisitos que no podemos cumplir para hacerlo con esta nueva reforma fiscal”, agregó.

Vázquez Peñate dijo que en días pasados personal de la dependencia los citó a una reunión en el vecino municipio de Yajalón, en donde se les informó que “es necesario darse de alta en el nuevo régimen fiscal, a partir de mayo, el cual exige que todo sea vía internet”.

Sostuvo que con las nuevas disposiciones fiscales, “los pequeños comerciantes podrían quebrar; el gobierno nos va a comer con tantos impuestos, nos va a dejar sin dinero. En Tumbalá nadie va a pagar, sólo si quedamos otra vez como antes, con cuota fija, porque las ventas están muy bajas”.

Expresó que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer: No pagaremos impuestos al gobierno que ha entregado los recursos de nuestro pueblo a empresas extranjeras; ni un peso a un gobierno que roba y derrocha los recursos de la nación y ha aprobado contrarreformas que legalizan el despojo al pueblo de México”.

Vázquez refirió que entre los pequeños comercios que han decidido no pagar impuestos están tiendas de abarrotes, de ropa, zapaterías, farmacias y vendedores de elotes y otros productos.

Corte en EU da autoridad para vetar el fracking

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Los ayuntamientos del estado de Nueva York tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas, según una sentencia dictada hoy por la Corte estatal de Apelaciones.

Regeneración. Junio 30, 2014 NY, EU.

El tribunal más alto del Estado de Nueva York dio así la razón a dos localidades rurales, Dryden en el condado de Tompkins y Middlefield en el Condado de Ostego; que decidieron vetar esa práctica y demandar respectivamente a las compañías Norse Energy y Cooperstown Holstein por violar las normas estatales sobre energía.

Los siete jueces, sin entrar en consideraciones sobre el “fracking”, decidieron (5-2) en su mayoría que las autoridades locales están en su completo derecho de prohibirlo; en virtud de la división de poderes entre el gobierno local y federal.

El fallo valida la postura adoptada por unos 170 ayuntamientos neoyorquinos que han vetado la polémica técnica de extracción a la espera de una posible prohibición definitiva a escala estatal.

Nueva York tiene en vigor una moratoria sobre el “fracking” desde 2008, cuya continuidad está en estudio.

La Asamblea estatal votó este mes extender la prohibición durante tres años más, decisión que está aún pendiente del Senado.

La fractura hidráulica, que ha permitido a Estados Unidos aumentar enormemente su producción energética en los últimos años, está regulada de distintas formas en el país, donde cuenta con muchos opositores por el impacto medioambiental de esta técnica.

Más sobre el Fracking

LOS TERRITORIOS, LA MINERÍA Y NOSOTRAS: LAS MUJERES NOS PREGUNTAMOS

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GUÍA DE TRABAJO

Lo relevante es hacernos las preguntas acertadas
Sin importar que el río vaya también brindando respuestas.

AUTORAS
Rosa Emilia Bermúdez Rico
Karol Ivonne Zambrano Corredor
Lilia Tatiana Roa Avendaño

CENSAT AGUA VIVA – AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA
Bogotá, Colombia, junio de 2014

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Resumen
La actividad de las grandes empresas extractivas mineras ha despojado a las mujeres de sus tierras y les ha dejado la contaminación de los suelos, los ríos, el aire y el entorno. Ha agredido su territorio cuerpo y su territorio social. Por supuesto, no sólo a ellas les ha ocurrido, pero es necesario referirse a los impactos sobre sus vidas, porque ellas son corazón de los territorios. Uno de los impactos de la industria minera es la desvalorización del trabajo de las mujeres, cuando se pone en riesgo la soberanía, que ellas conducen, o cuando se rompen las posibilidades de la vida familiar y comunitaria.

En este libro, elaborado desde la mirada de las mujeres que habitan en los territorios vulnerables y vulnerados por la gran minería, se proponen interrogantes y ejercicios que constituyen guías temáticas y metodológicas para avanzar en el diagnóstico de los territorios. Se propone como un material de trabajo para utilizar en grupos y que sigue en construcción, como lo están las categorías, las propuestas y el conocimiento en materia de la relación mujer y minería.

Max-Neef: “La economía neoliberal mata más gente que todos los ejércitos juntos”

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El economista chileno Manfred Max-Neef reniega de una economía neoliberal para la que los seres humanos son “irrelevantes” y que, en su opinión, “mata más gente que todos los ejércitos juntos”. Galardonado en 1983 por los Right Livelihood Award, considerados Premios Nobel alternativos, Max-Neef se pregunta, en una entrevista con Efe con motivo de su estancia en Galicia, si los altos índices de suicidio en países como, por ejemplo, España, se pueden considerar “asesinatos de un sistema perverso”.

La perversidad de la economía neoliberal radica en que “no entiende el mundo y, además, los seres humanos son irrelevantes. Lo relevante son los indicadores macroeconómicos, el PIB… lo que le haya pasado a las personas no importa”, afirma.

Max-Neef atribuye a “la estupidez”, en su opinión lo único que distingue al ser humano de los animales, el hecho de que no haya “un solo preso” entre todos los “sinvergüenzas” que provocaron la crisis económica de 2008, y de que se siga apostando por el mismo modelo vistos los resultados.

“¿En este momento hay algo que no sepamos que no hay que hacer? Todos lo tenemos perfectamente claro”, proclama el catedrático por la Universidad Austral de Chile, quien comulga con la denuncia del Papa Francisco de que uno de los mayores problemas de la humanidad es “la globalización de la indiferencia”.

Max-Neef critica “el lenguaje del miedo” utilizado por los economistas, al igual que los diferentes credos religiosos, con los que los compara, y sus “dogmas indiscutibles”, que no se basan, afirma, en “fundamentos empíricos ni científicos”.

 Se remite a los mensajes “catastrofistas” sobre el peligro de quiebra de los bancos si no se les rescata y al caso paradigmático de Islandia, del que “poco se ha hablado”, en su opinión, no fuera a ser que originara “un efecto contagio”. Max-Neef cree “absurdo” y un “disparate descomunal” que en pleno siglo XXI la economía se rija por “ideas neoclásicas del siglo XIX”, y que de entre todos los que se consideran gurús del ramo nadie vaticinó “la catástrofe” de 2008.

Según el economista chileno, aquellos colegas que se consideran científicos deberían actuar como tales y plantearse buscar alternativas cuando ven que “fracasa su teoría”, y sin embargo estos “insisten en más de lo mismo”. Como contrapunto a la corriente económica dominante, quien fuera candidato a la presidencia de Chile en 1993 por Los Verdes promulga un modelo “al servicio de las personas”, a las que se debe vincular el desarrollo y no a los objetos; donde el crecimiento no sea sinónimo de desarrollo y no precise necesariamente del mismo.

Explica que su teoría casa con el concepto sudafricano de “ubuntu”, el de la interrelación de las personas, frente a la concepción “mecánica” de la economía, en la que “se llega al extremo de que la solidaridad es vista como un acto irracional”.

Ecoportal.net

Estados Unidos: ¿Quiénes son los contratistas del Estado federal?

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Bloomberg Governement acaba de publicar su estudio anual sobre las compañías que obtuvieron contratos con el gobierno de Estados Unidos en 2013.

Red Voltairenet.org

De un total de 516 300 millones de dólares en 2012, el monto de los contratos públicos cayó en 2013 a 462 100 millones y el 65% de esos contratos con el gobierno federal fue a manos de 200 empresas. Esta evolución, generada por las restricciones presupuestarias, ha afectado solamente ciertos sectores y no ha modificado los gastos en el sector de la salud.

Las 10 compañías que más contratos han firmado con el Estado federal son:

-Lockeed Martin, con 44 300 millones de dólares, recibe los beneficios del proyecto de avión de combate F-35, que ya resulta tan oneroso que nadie se atreve a cuestionarlo.

-Boeing, con 21 600 millones de dólares, gracias a los helicópteros de guerra Apache.

-General Dynamics, con 14 000 millones de dólares por la construcción de los submarinos clase Virginia.

-Raytheon, con 13 700 millones de dólares, principalement en municiones inteligentes.

-Northrop Grumman, con 10 800 millones de dólares como gran proveedor de la US Air Force.

-Huntington Ingalls, con 6 400 millones de dólares por la construcción de los nuevos guardacostas.

-United Technologies, con 6 100 millones de dólares en motores y sistemas de navegación aérea.

-L-3 Communications, con 5 200 millones de dólares, gracias a sus sistemas informáticos.

-BAE Systems, con 4 900 millones de dólares por su participación en el proyecto de avión de guerra F-35.

-McKesson, con 4 700 millones de dólares,, gracias a las farmacias de la Secretaria a cargo de los veteranos de guerra.

Los 10 principales contratistas trabajan, como puede verse, fundamentalmente con el Departamento de Defensa.

Cabe señalar que en la 13ª posición de la lista se encuentra un ejército privado: DynCorp International.

BGouv200, Federal Industries leaders 2014, por Bloomberg Governement

El costo económico de los conflictos socio-ambientales en la minería

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Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.

 

Recientemente, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lanzó un estudio llamado Conflict translates enviromental and social risk into business costs, donde a través de entrevistas a profesionales de distintas áreas que trabajan en esta industria se analizan 50 proyectos mineros de envergadura (17 de ellos localizados en Latinoamérica) en los que se presentaron conflictos con las poblaciones locales. El objetivo del estudio es comprender el alcance que estas situaciones tienen sobre la capacidad de operación y los costos de las empresas.

Según el informe elaborado por Lorena R. Schrott del Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en relación al mencionado estudio, se destaca que:

Si bien en el contexto de una situación crítica existen mecanismos y oportunidades propicios para el diálogo, se observa una creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa, lo que conlleva a una escalada en violencia de los conflictos: en el 48% de los casos se produjeron heridos; en el 42%, muertes; y en el 34%, daños o destrucción de infraestructura, debiendo suspenderse o abandonarse, entre 2001-2012, el 30% de los proyectos.

Schrott nos hace notar también que “uno de los principales hallazgos que surge es que la suspensión o abandono prematuro de los proyectos se materializa cuando las empresas se encuentran determinando su factibilidad, o bien durante la fase de construcción, caracterizada por la experimentación de dramáticas transformaciones ambientales al tiempo que se produce un gran flujo de trabajadores temporarios.”

Las etapas iniciales constituyen el período de mayor vulnerabilidad para los proyectos, debido a que es en torno a esos puntos decisivos que las comunidades planifican sus campañas y actúan con expectativa de éxito, encontrándose en posición de ejercer a su favor una influencia gravitante que puede llevar a la decisión de suspender o abandonar un determinado proyecto.

Por último, la pormenorizada revisión de los casos permite apreciar que, ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal.

Y es que cuando de cifras se trata las empresas mineras resienten los efectos del conflicto. Un ejemplo paradigmático es -según cuenta el estudio- el del consorcio Newmont-Minas Buenaventura. Durante 2010, a causa de un conflicto con una comunidad adyacente, este consorcio perdió cerca de 750 millones de dólares como consecuencia de un retraso de 9 meses en el proceso de construcción del proyecto Minas Conga en Perú. Esto equivale a aprox. 2,7 millones de dólares por cada día/calendario que se dejó de operar. El documento cita también otros ejemplos de menor magnitud pero igual efecto descalabrante.

Otras típicas fuentes de pérdidas relacionadas a conflictos son:

  • Los costos de oportunidad, que se generan a partir de la imposibilidad de avanzar en las metas propuestas y/o aprovechar ocasiones para expansión, reinversión o venta.
  • Los costos administrativos. Normalmente se pasa por alto el costo que se produce al requerirse una dedicación adicional de tiempo por parte de directivos, consultores y personal ejecutivo en general al dedicar mayor atención al conflicto.
  • El incremento en el precio de los seguros y los créditos.

En resumen, las empresas mineras que ignoren o no interpreten adecuadamente el impacto que su actividad podría causar al ambiente y las comunidades, corren serio riesgo de ver sus proyectos suspendidos o descartados antes incluso de comenzar a operar, y sin por ello evitar enormes pérdidas económicas que atentan contra su supervivencia, y que -de haber sido invertidas en innovación para mejorar la calidad y limpieza de sus operaciones- bien podrían haber evitado el conflicto en primer lugar.

Sin dudas la minería practicada de manera convencional pone en peligro no solamente la sostenibilidad de los ecosistemas donde opera (y las comunidades que los habitan) sino que también arriesga su propia sostenibilidad como negocio.

Sin embargo, la extracción de recursos naturales con fines económicos es un hecho que no va a cambiar en el corto o mediano plazo. La minería seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todos los países del mundo. Latinoamérica continuará basando gran parte de su economía de las próximas décadas en esta industria. Nuestras sociedades se construyen en base a la extracción y transformación de los recursos naturales en tecnológicas que nos permiten sobrevivir, ser saludables y prosperar.

Urge entonces plantearnos un cambio substancial tanto de prácticas como de los marcos regulatorios. Urge hacer de las industrias extractivas una actividad económica que vaya más allá de la responsabilidad social corporativa; que sea un modelo ético de creación de riqueza basado en la dignidad humana, la inclusión económica y el cuidado de los recursos naturales.

 

Vía Movimiento M4

 

Se aprobó en Consejo de la ONU creación de grupo de trabajo para un tratado vinculante sobre transnacionales y DDHH

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Victoria mundial… contra las transnacionales

RadioMundoReal

Al mediodía europeo se aprobó en el Consejo de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos por una votación de 20 a 14 la propuesta de Ecuador y Sudáfrica para la creación de un grupo intergubernamental que tiene como objetivo la preparación de un tratado vinculante sobre corporaciones y DDHH que contó con la férrea presión en contra de Estados Unidos.

Como una gran victoria que inicia una nueva etapa en la campaña conjunta para Desmantelar el Poder Corporativo se celebró esta decisión celebrada en el marco del 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Integrantes de esta campaña realizaron asimismo en Ginebra, Suiza, durante toda la semana movilizaciones y una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos donde fueron denunciadas varias corporaciones y el principio de «arquitectura de la impunidad» con que se mueven estas transnacionales.

Inmediatamente después de conocido el resultado, de 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos EE.UU. y la Unión europea) y 10 abstenciones, incluyendo a casi la totalidad de países latinoamericanos, para sorpresa de las delegaciones, Radio Mundo Real recogió la palabra del embajador ecuatoriano Luis Gallegos quien dialogó con integrantes de las organizaciones sociales y agradeció la movilización y la incidencia articulada por la Alianza del Pacífico.

El diplomático latinoamericano se refirió a la significación del resultado, señalando que ha llegado el fin del paradigma de las reglas «voluntarias» en materia de DDHH y más aún tratándose de corporaciones transnacionales.

«Nosotros (los diplomáticos) cambiamos y nos cambian pero ustedes son permanentes» dijo Gallegos a los representantes de las organizaciones.

Alberto Villareal, que participó de las movilizaciones y propuesta estratégica de la campaña, declaró que se trata de un «triunfo histórico para los trabajadores del mundo, las comunidades indígenas y es una victoria sobre las transnacionales que nos explotan, mercantilizan y vienen financierizando la Madre Naturaleza.

Escuche la entrevista colectiva al embajador Gallegos en audio adjunto.
Descargar: AUDIO MP3 (5 MB)

OTRA NOTA:
La ONU da luz verde a un código vinculante para terminar con la impunidad de las transnacionales
Los países del Sur impulsan un grupo de trabajo para terminar con el blindaje de las transnacionales.
(Periódico Diagonal)

VER LA CARTA DE OTROS MUNDOS AC

Texto de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y galería de imágenes
http://www.radiomundoreal.fm/7715-desmantelando-la-arquitectura-de?var_mode=calcul

Imagen de la votación:

 

Manual del Radialista Antiminero

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Vía Movimiento M4

Compartimos audios realizados especialmente para las luchas antimineras. Son 30 cuñas con datos e informaciones sobre esta devastadora actividad y 10 más que refieren a las acciones de la trasnacional minera canadiense GoldCorp.

¡Para que el mundo sepa, los radialistas tiene que saber! Este manual del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- está dedicado a todas y todos los programadores de radios comunitarias conscientes de la importancia de informar al pueblo sobre los impactos de una de las industrias más nefastas del mundo: la minería.

Usa millones de litros de agua, privando a a las poblaciones de sus reservas hídricas naturales, libera productos químicos y metales pesados en el suelo, aire y agua contaminando el medio ambiente y dañando la salud de las comunidades aledañas a las minas.

Les invitamos a compartir estos audios, indispensables para conocer el peligro que representa el modelo extractivista, hoy más activo en nunca.

¡Para que todos y todas digamos NO a la Minería!

Ver/Descargar librito del Manual para Radialistas Antimineros

AUDIOS:

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DESCARGAR VIDEO: AQUÍ (elige formato)

Carta contra la impunidad de trasnacionales en México

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Al Presidente de México,
Al Gobierno de México,
Al Embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México en Ginebra,

Faltan tres días antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas clausure su 26ª. sesión ordinaria, iniciada el 10 de junio en Ginebra, Suiza. Esas 72 horas de debates y tomas de decisiones son cruciales. Pueden ser la ocasión, para miles de personas afectadas a través del mundo por las actividades de transnacionales poderosas como las mineras, petroleras o agroalimentarias, de ver nacer un texto vinculante para dichas corporaciones, que les obligaría respetar los derechos humanos.

Es el momento de crear un instrumento legal internacional que permita juzgar a las Compañías Transnacionales que violan los derechos humanos y cometen crímenes económicos o ecológicos. La propuesta debe ser discutida durante la actual sesión del consejo y sometida a un voto para que se pueda traducir en una resolución.

Más de 80 países miembros de la ONU firmaron una Declaración en la que subrayan la urgencia de «regular el trabajo de las empresas transnacionales y (de) proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las victimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otros empresas ». Cientos de organizaciones, redes y movimientos sociales en todo el mundo exigimos la defensa de la población frente a los daños causados por las corporaciones transnacionales.

Al mismo tiempo consideramos que el texto actual con el cual la ONU pretende garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas transnacionales no es suficiente para acabar con la impunidad corporativa. Se necesitan más y mejores mecanismos para responsabilizar a las empresas transnacionales a nivel mundial y garantizar las reparaciones adecuadas para las victimas.

Al no votar a favor del texto, el Estado Mexicano establece públicamente que no quiere que las corporaciones transnacionales sean penalizadas por sus violaciones a los Derechos Humanos, Ambientales y contra los Pueblos, en un contexto crucial, donde las violaciones de las corporaciones transnacionales continuarán en el marco que les brindan las nuevas Reformas firmadas el gobierno de México en estos meses.

Por eso, pedimos al Gobierno de México que cambie su postura actual de no firmar dicha Declaración y se una a los esfuerzos de esta propuesta mundial para impulsar la creación de un instrumento legal vinculante.

Todos los mexicanos y mexicanas y poblaciones de todo el mundo  afectadas por las actividades destructivas de las transnacionales mineras, petroleras, eléctricas o agroalimentarias, para quienes las ganancias valen mas que la vida humana y el futuro del planeta, deben tener el Derecho de defenderse. Este Derecho fundamental debe ser avalado por Mecanismos Internacionales que sirvan de prevención, sancionen, obliguen a resarcir el daño a las poblaciones y personas y que sean vinculantes.

OTROS MUNDOS, AC/AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO