DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

DECLARACION POLITICA

PRIMER ENCUENTRO  DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

M4Reunidos en Valle de Siria, Honduras; los días 26, 27, 28 y 29 de enero, delegaciones nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá  para debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que actualmente hostiga nuestros territorios.

La agresión de las mineras en la región mesoamericana se ha venido agudizando aceleradamente, en el marco de la implementación del modelo de acumulación neoliberal; el modelo extractivo minero se caracteriza por ser un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios.

Estas empresas, en su mayoría canadienses, han provocado en nuestros pueblos procesos de empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades, destrucción del medio ambiente; así como también un ataque sistemático a nuestras culturas originarias que contrasta con la cosmovisión de los pueblos.

En nuestros países las empresas mineras han corrompido a la clase política gobernante para ajustar las legislaciones y las políticas públicas a su favor y conveniencia; violando la soberanía nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos reconocidos por instrumentos internaciones como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Por otra parte  el gobierno canadiense  ha generado una  política  de cabildeo a  favor de las  empresas  mineras ocasionando muchas  veces la  violación  de  la soberanía de  nuestros  países.

En este contexto, en la región mesoamericana se están impulsando cambios a la legislación a favor de las empresas mineras, donde la discusión se reduce a los supuestos beneficios  económicos, sin importar los riesgos que este modelo significa para la vida.  Se usa la criminalización de las luchas sociales, militarización de los territorios, y la utilización de las fuerzas de seguridad de los Estados para asesinar, reprimir e intimidar al pueblo, como estrategia para desmovilizar la resistencia.

Ante esta situación, DECLARAMOS:

-El movimiento mesoamericano nos comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de las  concesiones  mineras que han sido impuestas sin el consentimiento de los pueblos, el retiro de  empresas  de  nuestros  territorios afectados y el resarcimiento integral de los daños causados.

-Denunciamos la represión y  el hostigamiento que están sufriendo hermanas y hermanos que están luchando en defensa  del territorio, especialmente en Salvador, Honduras, México y Guatemala.

-Exigimos el respeto a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, el derecho a la consulta; la implementación  de  los  convenios internacionales  a  favor  de  los  derechos humanos y  ambientales, que  nuestros   gobiernos  han  suscrito anteriormente

-Denunciamos la injerencia de empresas transnacionales y embajadas como EEUU y  Canadá en promover reformas legales en relación a la minería, que privilegian los intereses de transnacionales y  no se está tomando en cuenta propuestas de organizaciones y pueblos, como es el caso de Panamá, Honduras y Guatemala.

-Intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas para un nuevo modelo de bienestar que garantice el respeto a la vida en armonía con la madre naturaleza.

Saludamos y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Panameño en contra de la minería y de las reformas legales que buscan favorecer a las empresas mineras.

Denunciamos la política entregista del gobierno mexicano de una tercera parte del territorio nacional a las trasnacionales mineras, como los graves casos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco entre otros.

Celebramos junto al pueblo costarricense la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en su territorio,  y los invitamos a mantenerse alertas ante nuevas ofensivas del modelo extractivo minero.

Rechazamos el proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso Nacional de Honduras puesto que es sumamente lesivo al pueblo en general, al medio ambiente y favorece a los intereses económicos de las empresas mineras y de los empresarios testaferros en el país.

Exigimos el respeto a los resultados de las más de 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala que han dicho no a la minería.
Saludamos la resistencia del pueblo salvadoreño y exigimos el alto al hostigamiento de los compañeros y compañeras del Comité Ambiental de Cabañas.
Celebramos el compromiso y el apoyo de personas y organizaciones solidarias de los Estados Unidos y de Canadá que denuncian y contrarrestan los abusos de las empresas de sus países que violan los derechos de los pueblos que habitan la región mesoamericana.

“DESDE PANAMA A CANADA, LA MINERIA NO VA”

Valle de Siria, Honduras, domingo 29 de enero del 2012.

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El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

Marlén Castro y Rogelio Agustín. Revista Proceso.
carrizalillo
A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario.

CHILPANCINGO, GRO.- Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito… seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su casa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, ya en circulación)

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

Por Darío Aranda. Página 12
En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

ArgentinaDesmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (…). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Por Mario Osava
rio+20RÍO DE JANEIRO, ene (Tierramérica) – Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como «una expresión unitaria» en los eventos paralelos de Río+20, podrá «arrancar compromisos más claros» de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la «hegemonía financiera», acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM «perdieron fuerza» y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo «un megaencuentro declarativo» y tenga «un impacto importante en Brasil» en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar «un millón de manifestantes en las calles», una hazaña «poco probable pero no imposible», renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia «reiterativa», de objetivos «difusos», en un momento de «gigantescos impases internacionales», apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

«Río tiene un significado global» y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es «Justicia social y ambiental», la misma del Foro Social Temático de este mes.

«Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes» es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca «reinventar el mundo» como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera «insatisfactoria» la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran «soluciones falsas» a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. «Cumbre de los Pueblos» mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el «modelo industrial de gran producción» para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma «desórdenes» acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su «borrador cero», divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas «está agotado», sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen «distintas percepciones de la vulnerabilidad» e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro «ocas» (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.

*Este artículo fue publicado originalmente el 21 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Fuente: IPS

Perú: Comunidades, territorio y concesiones forestales. «Nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño»

Comunidades, territorio y concesiones forestales. «Nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño»

peruPor José Álvarez Alonso. Perú.
“Ya no podemos ni ir a cazar nuestros animalitos o a sacar nuestra hoja para techar nuestras casas, nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño”, se quejaba un indígena Kichwa del Napo en un reciente taller en la Comunidad de Tutapischo, cuya comunidad se superpone con una concesión forestal en el bajo Napo.

Varias comunidades indígenas en la cuenca media del río Napo se quedaron sin territorio por culpa de las concesiones forestales. Decenas más están en la misma situación en Loreto y Ucayali. Hay que tener en cuenta que todavía quedan cientos de comunidades indígenas, y varios miles de ribereñas o mestizas, por reconocer y titular en la Amazonía peruana. Según el Censo del INEI del 2007, en la Amazonía peruana existen 11,978 centros poblados, de los que menos de 1500 tienen territorios titulados. Sin embargo, el censo sólo consideraba comunidades con más de 150 personas, y a las más pequeñas las clasifica como “población dispersa”, por lo que se estima que hay muchas más. En Loreto, donde el censo del INEI registra 2,271 comunidades, apenas han sido tituladas poco más de 500, entre indígenas y campesinas. Sin consideramos centros poblados “menores” quedarían por titular y reconocer más de 2000 comunidades.

En el caso del Napo, las comunidades de Pinsha, Negro Urco, Nueva Libertad, Cerro de Pasco, Floresta y Nueva Antioquía llevan años reclamando en vano la titulación de sus territorios; los de COFOPRI les contestan que no se puede porque el área está concesionada por cuarenta años a una señora Rivadeneira. La mayoría de estas comunidades están ya reconocidas formalmente como comunidades indígenas, pero de poco les sirve, porque ya no son suyos los bosques de sus ancestros, donde sus padres, abuelos y tatarabuelos cazaron los animales con que alimentaron a sus hijos, y extrajeron las plantas medicinales con que les curaron, las hojas de palmera con las que cubrieron sus casas, y las canoas con las que navegaron. Similares historias escuché de boca de pobladores de las riberas del Marañón y del Tigre, en un reciente encuentro indígena sobre la problemática forestal.

Las comunidades del Napo se enteraron de que estaban concesionados sus bosques cuando ya era tarde, los contratos habían sido firmados. Nunca fueron informados y menos consultados, violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligatoriedad de consultar toda norma o proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas y a sus territorios. No por gusto algunos afirman que, en justicia, el proceso de concesiones forestales es nulo; el poder judicial dio la razón a las comunidades del Mazán que reclamaron por las concesiones en esta cuenca, aunque lamentablemente el Tribunal Constitucional luego se desdijo con un cuestionado fallo.

¿Qué Estado es éste que niega a los pueblos originarios el derecho a sus tierras para otorgarles derechos a terceros, movidos por el ánimo de lucro? Todos quizás son peruanos, y todos tienen derecho a ganarse la vida dentro del marco de la ley. Pero obviamente, algunos tienen más derechos que otros: el derecho de los pueblos indígenas a su territorio tradicional y a sus recursos –que son esenciales para su subsistencia- es preferente e inalienable, de acuerdo a la legislación nacional e internacional. Ningún derecho al legítimo lucro se puede anteponer al derecho a la supervivencia de un pueblo.

En un documento del IIAP sobre la problemática de los bosques de producción permanente (BPP) y las concesiones forestales, elaborado en el 2009, se afirma.: “…existen hasta ahora serios problemas de superposición de los BPP y de concesiones con propuestas de nuevas áreas protegidas, con áreas prioritarias para la conservación del Plan Director de ANP, con zonas muy sensibles desde el punto de vista social (ej., posible presencia de indígenas en aislamiento voluntario) o ecológico (ej., cabeceras de cuenca, zonas de altas pendientes, bosques de varillal o pantanos), o con territorios de poblaciones amazónicas (indígenas y ribereñas).”Efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados (más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura).

Los BPP suman un total de 23.7 millones de hectáreas en cinco regiones de la Amazonía peruana, de las cuales un 32% fue entregado a 576 concesiones forestales (7.5 millones de ha, que representan el 32% del total). Gran parte de esas concesiones, especialmente en Loreto y Ucayali, no se encuentran operativas o han sido declaradas en abandono, por lo que sería relativamente fácil reordenar los bosques de producción permanente para evitar conflictos en el futuro.

Por eso la propuesta del IIAP es contundente: revisar y rediseñar los BPP con base en una ZEE y a una consulta previa con las comunidades afectadas, como establece la normatividad vigente y dicta el sentido común: “Con base en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel “meso” (se debe) realizar una verificación exhaustiva y detallada del mapa de los bosques de producción permanente (BPP), incluyendo las concesiones otorgadas, para el saneamiento de la superposición con áreas en conflicto con terceros (especialmente comunidades indígenas y no indígenas), con propuestas de áreas naturales protegidas y en cabeceras de cuenca, zonas de alta pendiente, bosques sobre arena blanca y otros…” También el documento recomienda, entre otras cosas, dar una atención preferente a las comunidades amazónicas en el tema forestal, lo que incluye la promoción del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de capacidades comunales, y el involucramiento de las comunidades en el control de la tala y caza ilegales.

La nueva ley forestal (Ley 29763), todavía no vigente (falta reglamentar, y debe pasar un proceso de consulta de acuerdo a la norma recientemente aprobada), con todos sus defectos, incorpora muchas mejoras con respecto a las leyes anteriores, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos de las comunidades locales amazónicas, incluyendo el derecho a la consulta previa y el derecho exclusivo de las comunidades sobre sus tierras (Art. 29). Esperemos que, aprovechando los procesos de ZEE que están impulsando el Gobierno Regional y el IIAP, se revise el mapa de los bosques de producción permanente y se respeten los derechos de las comunidades locales, así como las áreas prioritarias para la conservación y los ecosistemas frágiles.

José Álvarez Alonso – Biólogo, Investigador del IIAP

Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

Parlamento de Canadá – Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

minería CanadáAmigos y Amigas, se está promoviendo el apoyo a una ley que permite que la justicia canadiense juzgue a las multinacionales por hechos cometidos fuera de su país. Este tipo de iniciativa puede ser interesante dentro de la campaña para judicializar a las trasnacionales.
En el vinculo abajo se encuentra la forma de apoyar esta campaña. Recomendamos hacerlo.

http://www.change.org/petitions/parlamento-de-canad-carta-abierta-pedimos-al-parlamento-de-canada-aprobar-el-proyecto-de-ley-c-323

Acá la carta que se firma:

 

Por qué es importante esta carta abierta?

Del dicho al hecho: Derechos humanos en el extranjero

Estimados amigos:

Siguen manifestándose inquietudes en torno a la conducta de algunas empresas canadienses en el extranjero.
Canadá tiene el deber de efectuar los cambios que permitan a nuestras instituciones y a nuestro sistema jurídico proteger de la impunidad no sólo a los canadienses, sino también a los ciudadanos que viven en el extranjero que son víctimas de violaciones de los derechos humanos, ambientales o laborales a cargo de personas o empresas canadienses. El Gobierno federal canadiense no lo está haciendo.

He vuelto a presentar el proyecto de ley C-323 (antes C-354) con la esperanza de que podamos seguir trabajando juntos y sensibilizar al gobierno conservador y ejercer presión sobre él para que tome las medidas decididas que propone el proyecto de ley C-323.

Hay empresas que llevan a cabo sus actividades de manera responsable desde el punto de vista social. En cambio, existen otras que no tienen ninguna consideración por los derechos humanos, ambientales o laborales. Actualmente estos derechos están sujetos a pocos mecanismos de aplicación precisos o eficaces. De ahí la urgencia de elaborar un mecanismo jurídico de ejecución obligatoria que resuelva las atroces violaciones de los derechos humanos internacionales que se están produciendo.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos federales han rechazado hasta las propuestas legislativas modestas para acabar con la impunidad de las empresas.
Creo que mi proyecto de ley C-323 (Ley de promoción y protección internacional de los derechos humanos) respondería a esta necesidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en otros países cuando estas personas no dispongan de un foro para ello en el país donde se produjeron las violaciones.
Como tal vez sepan, el proyecto de ley C-323 ofrecería a las comunidades de otros países la posibilidad de emprender recursos legales en los tribunales canadienses en casos como las violaciones claras de los derechos humanos y ambientales internacionales como los siguientes: trato degradante, arresto arbitrario, secuestro, trastornos emocionales, genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, esclavitud, tortura y detención ilegal.

El proyecto de ley C-323 crearía una nueva base jurídica civil que permitiría a los tribunales federales ver y decidir casos de reclamación por violaciones del derecho internacional que se han producido fuera de Canadá. De manera concreta, la ley permitiría a un no ciudadano demandar a ciudadanos o empresas canadienses por violaciones graves de los derechos humanos, ambientales o laborales básicos cuando dichas violaciones se producen fuera de Canadá.
De acuerdo con nuestros objetivos comunes, confío en que prosigamos el buen trabajo que hemos realizado juntos en anteriores legislaturas. Juntos podemos lograr cambios positivos que permitan que Canadá siga progresando y sea un país puntero en el campo de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental.

Peter Julian, Diputado
(Burnaby-New Westminster)

Encuentros con Gian Carlo Delgado en San Cristóbal de Las Casas

Otros Mundos A,C Convoca A:

encuentro¿Es la extracción minera de las más contaminantes que existen? ¿Por qué este aumento de proyectos de megaminería en América Latina? ¿Cuáles son las estructuras de poder detrás de este avance? ¿Es una Estrategia definida por Estados Unidos o Canadá? El Cambio Climático ¿es tan grave como dicen? ¿Cómo la vemos y vivimos?  ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Quienes son los culpables de la Crisis Climática? ¿Quienes paralizan las soluciones para el Planeta?

Te invitamos a reflexionar e informarnos sobre estas y otras cuestiones en los dos Encuentros siguientes, aprovechando la presencia del Dr. Gian Carlo Delgado.

Jueves 26 de Enero de 2012: Ecología Política de la Minería en América Latina. Abordaje sobre la minería como recurso estrategico para el Norte y sus implicaciones. Dr. Gian Carlo Delgado.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Andador Eclesiástico, Interior Escuela de Derecho, zona centro.
Horario: De 18hrs a 20hrs.

Sábado 28 de Enero de 2012: Conversatorio sobre Cambio Climático. Una reflexión colectiva sobre este problema mundial, con la participación del Dr. Gian Carlo Delgado, Marco Von Borstel (Otros Mundos A.C) y representantes de organizaciones ambientalistas, sociales y comunidades.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Andador Eclesiástico, Interior Escuela de Derecho, zona centro.
Horario: De 10 a 12 hrs.

TE ESPERAMOS

Otros Mundos A,C

Si quieres saber más sobre Dr. Gian Carlo Delgado:
Investigador del programa ‘El Mundo en el Siglo XXI’ del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
Autor y compilador del Libro » Ecología Política de la Minería en América latina», Autor de los libros «Guerra por lo Invisible: negocio, implicaciones y riesgos sobre nanotecnología»,»Imperialismo Tecnológico y Desarrollo en AL», «Agua y Seguridad Nacional» y «La Amenaza Biológica» entre otros.

Sin autorización y de noche, mineras explotan la sierra de Chiapas

Sin autorización y de noche, mineras explotan la sierra de Chiapas

Ejidatarios denuncian el robo de sus tierras
Afectados temen deslaves de las montañas y envenenamientos de los ríos de la zona

Hermann Bellinghausen, Periódico La Jornada
chicomuselo
Ejido Honduras, Chis. 17 de enero. La comunidad Campo Aéreo, enclavada entre cañadas y montaña adentro en la sierra de Chiapas, ya siente los pasos, hasta ahora furtivos, de la explotación minera a cielo abierto. Sin autorización alguna «han salido camionadas de material escondido, pero ya no vamos a permitirlo», describe un ejidatario en su casa en una planada arriba del río Vega de Guerrero.

Cuenta que disfruta mucho la crianza de caballos para correr en la «parejeras», mientras conduce a los periodistas entre la vegetación, a un par de kilómetros del poblado, por una brecha reciente hecha con maquinaria pesada, hasta un paraje excavado, con rocas regadas todo alrededor. «De dos a tres de la mañana salen los camiones cargados de rocas, que en Siltepec cargan en un tráiler y se las llevan». Las piedras destrozadas son duras pero granulosas, verde esmeralda. «Parece un metal», comenta el ejidatario, miembro de la resistencia de la otra campaña, como muchos campesinos en el extenso municipio de Siltepec.

Los ejidatarios han identificado que la maquinaria y los cargueros pertenecen a la constructora de un ingeniero Silva, pero están convencidos de que se trata de la empresa canadiense Black Fire. «Pensamos que en toda esta región existen concesiones para las mineras, pero no hay acuerdo con la población». Y enumera: Toquián, Las Nubes, Cruz de Piedra, Las Moras, Cumbre Ventana, Delicias, Campo Aéreo. Y en dichas comunidades hay resistencia. Al menos en Campo Aéreo es mayoritaria.

De manera conflictiva, en el vecino Chicomuselo ya hizo su aparición Black Fire. Además, Siltepec es frontera con Guatemala, donde a pocos kilómetros ya operan grandes proyectos mineros, en Tacaná y Zacapa.

«Convencieron de vender a una propietaria del ejido Honduras, pero no tiene nuestro acuerdo». El ejidatario describe: «Nos ofrecen proyectos de infraestructura, que hacen falta, claro. Pero sabemos que es para meterse. Se firman concesiones por 50 años». Relata que hace poco conversó con el obispo guatemalteco Álvaro Leonel Ramazzini, de San Marcos, un activo opositor a las minas, y éste le confió: «Una vez que la gente firma, se acabó todo. No firmen. Ese será el futuro que dejen a sus hijos».

Muestra el trayecto de lo que es una quebrada entre las montañas, y presumiblemente la veta mineral a través del bosque. Posteriormente exhibe otro paraje, kilómetros arriba, con otro agujero de rocas verdes. Ya hubo respuestas. En Las Nubes echaron a la maquinaria de la empresa, le poncharon las llantas.

«Hay que imaginar lo que sería en Siltepec la minería a cielo abierto», expone el ejidatario con claridad. “Después del huracán Stan vimos que aquí podemos tener graves deslaves de la montaña. Con explosiones y excavaciones sería mucho peor, pondrían en peligro la vida de mucha gente. Y el cianuro que usan para limpiar nos va a envenenar los ríos”.

Uno de los miembros de la organización Luz y Fuerza del Pueblo que acompañan el recorrido señala que saben amenazada la riqueza del agua y los bosques, aunque las autoridades hagan como que protegen el medio ambiente. «Si un ejidatario tumba un árbol, hasta lo meten preso. Pero los madereros sacan ilegalmente camionadas y ni quien diga nada. En el ejido Cruz de Piedra ya se vendió un bosque, aunque lo han negado Semarnat y Conafor». El diputado priísta Roberto Albores Gleason declaró, por su parte, que no existen tales concesiones.

Es mucho lo que estos agricultores tienen que perder, aunque les ofrezcan hasta 5 millones de pesos por sus tierras. En Cruz de Piedra, por apenas 100 mil pesos un comisariado ejidal autorizó la venta de un bosque virgen. «Ni siquiera le crecen pinos, puro árbol originario», dice nuestro guía. «Prometieron proyectos federales, que resultaron ser falsos». Aún, el aserradero programado está detenido por rechazo de los pobladores.

Informe Global 2011 de Otros Mundos AC/Chiapas

Informe Global 2011 de Otros Mundos AC/Chiapas

El año 2011 ¡ha vuelto a ser de mucho mucho trabajo!
Aquí les contamos lo que hemos hecho, gracias a las muchas y muchos que han participado con nosotros y nosotras en este año.

minería, represas, crisis climática, alternativas,… videos, análisis, investigación, talleres, informes, charlas, materiales…

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RECHAZO DE LA VIOLENCIA EN SAN JUAN DEL PROGRESO, OAXACA

RECHAZO DE LA VIOLENCIA EN SAN JUAN DEL PROGRESO, OAXACA

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 18 de enero de 2012

Lic. Manuel de Jesús López López, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial _Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria_. Edificio Jesús _Chu_ Rasgado. Segundo Nivel. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec Oaxaca.
Teléfono: (951) 501 69 00 ext. 20769 / 20602.
Correo Electrónico: contacto@pgjoaxaca.gob.mx

SAN JUAN DEL PROGRESOHemos recibido con seria preocupación información de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, del municipio de San José del Progreso, Oaxaca, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal en contra de pobladores de la misma localidad.

Descripción de los hechos:

De acuerdo con la información recibida, en la mañana del día 18 de enero de 2012, hubo un enfrentamiento entre ciudadanos/as de San José del Progreso y autoridades y policía municipales cuya intervención ha causado graves heridas de armas de fuego en dos de los integrantes de la Coordinadora: Bernardo Méndez Vázquez (que ha reportado lesiones a estomago, tórax y pierna) y Abigail Vásquez Sánchez (que ha reportado lesiones a una pierna).

Los y las ciudadanos/as protestaban en contra de la colocación en sus terrenos de tubería que  permitiría la explotación hídrica de un pozo profundo por parte de la compañía minera. El permiso fue otorgado por parte de las autoridades municipales, sin el consentimiento previo de la población.

Según denuncia la Coordinadora, policías municipales y pistoleros del presidente municipal,  Alberto Mauro Sánchez,   empezaron a disparar a quemarropa a los/as ciudadanas que exigían se les notificara el objetivo de las excavaciones,  hiriendo gravemente a las dos personas mencionadas arriba.

Antecedentes:

El presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez en diversas ocasiones ha amedrentado  a la población de éste municipio que lleva varios años resistiendo en contra de la mina de oro y plata Cuzcatlán (propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc) que por sus actividades extractivas necesita una cantidad enorme de agua que quedará saturada con químicos tóxicos que podrían contaminar los mantos freáticos de toda la región.

A manera de ejemplo citamos la amenaza acontecida el día 20 de noviembre de 2011 contra el agente municipal de Maguey Largo, el C. Felipe Eleuterio Vásquez Porras, por la realización de un foro informativo sobre minería que se realizaría el día 26 de Noviembre del mismo año. El presidente municipal en ese momento dijo que no permitiría, de ninguna manera la entrada de personas de otras comunidades a la agencia municipal de Maguey Largo para impedir la realización del foro.

Llamamientos:

· Se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables intelectuales y materiales que abrieron fuego contra la población de San José del Progreso.

· Se brinden las condiciones de seguridad al interior de la comunidad, ya que se encuentra inmersa en un clima de tensión social, surgido por  la entrada de la empresa minera Cuzcatlán, en 2006, lo cual podría generar más violencia.

· Se brinden condiciones de seguridad para las dos personas heridas durante el enfrentamiento, quienes se encuentran en grave estado de salud.

· Los tres poderes del gobierno estatal generen mecanismos institucionales de resolución de conflictos y atiendan las demandas y preocupaciones  legítimas de los/as pobladores.

· Se respete  la demanda principal  de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada,  que se han generado  diversos enfrentamientos en la comunidad.

Atentamente:
Gustavo Castro Soto
Director
Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

c.c.p. Lic. Oscar Cruz López, subsecretario de gobierno y desarrollo político
c.c.p. Lic. Emanuel Castillo Ruiz. Coordinador General de Asuntos jurídicos
c.c.p. Mtra. Eréndira Cruzvillegas, Comisionada para los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
c.c.p. Dr. Heriberto Antonio García, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

OAXACANOTAS RELACIONADAS:

Balea edil de San José del Progreso a opositores de mina La Trinidad

Un hombre y una mujer fueron heridos durante la protesta
Pedían información sobre construcción de tubería para transportar agua
Periódico La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/19/estados/035n1est

Disputa por minas de plata en Oaxaca deja ocho comuneros heridos

http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e0281b6cdbaead499a9f4163e1bfcb8b

Oaxaca: Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán cierra entrada de la mina de plata en San José del Progreso

http://sipaz.wordpress.com/2011/03/12/oaxaca-coordinadora-de-pueblos-unidos-del-valle-de-ocotlan-cierra-entrada-de-la-mina-de-plata-en-san-jose-del-progreso/

Honduras: Se denuncia secuestro de lidereza campesina en el Aguan

Se denuncia secuestro de lidereza campesina en el Aguan

El observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguan ante la comunidad nacional e internacional
DENUNCIA
aguanque hoy 16 de enero 2012 fue secuestrada por espacio de una media hora la compañera Florinda Rodriguez dirigente del asentamiento campesino La Aurora del Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, según testimonio de la compañera Florinda un vehículo verde oscuro doble cabina la estuvo vigilando frente a su casa en la comunidad de Taujica, municipio de Tocoa desde tempranas horas de la mañana, luego ella salió de su casa al asentamiento La Confianza cuando fue interceptado por hombres armados quienes la tomaron violentamente y la subieron al vehículo desplazándosecon rumbo hacia las oficinas del Instituto Nacional Agrario pero en una intercepción  antes de llegar al INA, el carro se paró y empezaron a golpearla y amenazarla de muerte si no les proporcionaba información, en la paila del carro trasladaban supuestamente una persona metida en un saco de carga amarrado y le decían a Florinda que alli llevaban a su hijo, que era mejor que hablara, a ella le preguntaban acerca de la dirigencia campesina de la Aurora, al acercarse varios vehículos a la intecepción donde la tenían decidieron dejarla en libertad bajo la amenaza de que si hablaba del asunto volverían para matarla. Persiste la amenaza de secuestros y asesinatos  así como de atentados en contra de los asentamientos campesinos.    
Por la defensa de la vida, alto al secuestro y asesinatos en el Aguan.

Observatorio Internacional Permanente de Derechos Humanos del Aguan

aguan

«Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras», en el Bajo Aguán, Honduras del 17 al 20 de febrero del 2012.

Más información: http://mioaguan.blogspot.com/

Martes de cine: EL ORO O LA VIDA

Seminario permanente de la sustentabilidad
invita:

Martes de cine (con conciencia) en Kinoki

este martes 17 de enero, a las 7:00pm:

Presentación del Documental

EL ORO O LA VIDA

con debate posterior

entrada gratuita, en:

FORO CULTURAL INDEPENDIENTE KINOKI
Belisario Domínguez 5A esquina con el Andador Guadalupano
centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

cine

Más información: http://seminariootrosmundos.blogspot.com/2012/01/martes-17-de-enero-de-2012-1900-horas.html