Aproximación al concepto de deuda ecológica

Evelyn Martínez *
Martes 15 de noviembre de 2011, por Revista Pueblos

Históricamente, en la economía y en la política se ha dado mucha más importancia a los asuntos financieros que a la perdida de la ecología. La deuda externa ha marcado el rumbo de las políticas económicas aplicadas en los países de América Latina en las últimas décadas, aunque si bien el importe inicial de la deuda externa contraída ya ha sido pagado, los intereses de la deuda aumentan constantemente y esto hace que se vuelva una deuda eterna.

La discusión sobe la cuantificación y reclamo de la deuda ecológica es muy reciente, apenas una década. La deuda ecológica es “en esencia la responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte, sus instituciones, la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo y producción, afectando la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad. Basados en esta definición, los pueblos en el Sur son acreedores de esta deuda y los deudores los países del Norte” [1]]].

Para Joan Martínez Alier [2]] la deuda externa y la deuda ecológica se relacionan principalmente por dos componentes: a)el reclamo de la deuda ecológica se justifica a cuenta de la exportación mal pagada –los precios no incluyen los costos ambientales- y a cuenta de los servicios ambientales proporcionados gratis; b) la obligación de pagar la deuda externa y sus intereses llevan a una depredación de la naturaleza. Entonces, puede considerarse que no debe pagarse la deuda externa a menos que el norte pague antes la deuda ecológica.

En cuanto al primer componente Martínez Alier da algunos ejemplos: “el petróleo que México exporta a Estados Unidos está infravalorado porque no tiene en cuenta la contaminación producida en las zonas de extracción de bosque tropical húmedo de Tabasco y Campeche, porque no incorpora un costo adicional a cuenta de sus efectos negativos sobre el cambio climático global… el conocimiento exportado desde la América latina sobre los recursos genéticos silvestres o agrícolas (la chinchona officinalis, la papa, el maíz…) lo ha sido a un precio cero o muy barato, mientras que la absorción de dióxido de carbono por la nueva vegetación o en los océanos se viene realizando gratis…” [3]]

En el segundo caso, para lograr pagar la deuda externa se necesita que lo producido sea mayor que el consumo, es decir que haya un excedente, esta mayor productividad se hace a costa de aumentar la plusvalía relativa o de un mayor abuso de la naturaleza. Al aumentar los intereses de la deuda los recursos se agotan y al aumentar la deuda externa se estaría infravalorando el futuro. Es absurdo que se priorice el pago de una deuda que crece a un interés compuesto a costa de sacrificios humanos y de la naturaleza.

Para reclamar y cuantificar el monto de la deuda ecológica, Martínez Alier identifica seis componentes de la deuda ecológica expresada en dinero [4]]. Primero, los que respectan al comercio ecológicamente desigual: a) Los costos de reproducción o sustentación o manejo sostenible de los recursos naturales renovables exportados; por ejemplo, la reposición de los nutrientes incorporados en las exportaciones agrarias; b) los costos actualizados de la no-disponibilidad futura de los recursos no-renovables destruidos. Por ejemplo, el petróleo ya no disponible, o la biodiversidad destruida; c) los costos de reparación (no pagados) de los daños locales producidos por las exportaciones. Por ejemplo, la contaminación de ríos y los daños a la salud por la explotación de minas.

Segundo, los componente relativos a la falta de pagos de servicios ambientales: a) Los costos de reparación de las consecuencias de la importación de residuos tóxicos sólidos o líquidos; b) el importe correspondiente a los residuos gaseosos absorbidos gratuitamente hasta ahora o depositados en la atmósfera (C02, principalmente); c) el importe de la información y conocimiento sobre recursos genéticos cedidos gratuitamente, siempre que haya habido un aprovechamiento comercial de esta información y conocimiento.

Ciertamente los daños a la naturaleza son muchas veces inconmensurables, pero se trata de cuantificar para reclamar la deuda ecológica utilizando el mismo lenguaje, pero bajo una lógica diferente.

Si nos remontamos siglos atrás, hacia la historia de la colonización y el despojo, encontramos más argumentos para hablar de una deuda histórica de los países europeos hacia los latinoamericanos. En su discurso ante la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea en febrero de 2002, el cacique mexicano Guaicaipuro Cuactemoc formula algunas tesis importantes para afirmar, que desde esa óptica, América latina es acreedora y no deudora, en su discurso afirma contundentemente: “También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América”.

Si se les aplicara la misma lógica de un interés compuesto, y considerando los crímenes cometidos, se estaría hablando no sólo de un pago de una deuda histórica, sino también del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Bajo esta lógica América latina no es deudora sino más bien acreedora de los países ricos. Es momento de cambiar y priorizar la lógica de la vida, antes que de la lógica mercantil, cosificada y de muerte.

* Evelyn Martínez. Asociación de Estudiantes de Economía (AEE)

NOTAS:

[1] [Martínez Alier, Juan, “Deuda ecológica y deuda externa”. En el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED). Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, Septiembre de 2010->Martínez Alier, Juan, “Deuda ecológica y deuda externa”. En el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED). Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, Septiembre de 2010.» class=»spip_out»>http://www.deudaecologica.org/Que-es-Deuda-Ecologica/.

[3] [Ibid. pág. 2.

[4] [Ibid. pág. 17

Declaratoria Tribunal Popular de Justicia Climática

Fuente: bionero.org
Declaratoria del Tribunal Popular de Justicia Climática realizado en la Comunidad Teológica de México el día 10 de noviembre del 2011, en el que colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígena sentenciaron al Estado mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima.

Que la humanidad y la Madre Tierra enfrentan una crisis ambiental y una alteración del clima sin precedentes provocada por el saqueo y la explotación de los bienes comunes de todos los pueblos del mundo, que han sido vistos por el  modelo de desarrollo capitalista como bienes de consumo al servicio del mercado. Esta situación en México es exacerbada por la actual crisis de inseguridad y violencia alentada por la guerra contra el narco, que además de cobrar miles de víctimas y criminalizar la protesta social, ha generado un ambiente de mayor ilegalidad y ha propiciado el despojo de los bienes naturales de la Nación mediante su explotación indiscriminada y la privatización del agua, la biodiversidad, la energía y los minerales.

Que las constantes manifestaciones extremas del cambiante clima en México, así como la sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos, han provocado miles de víctimas, desplazados y desplazadas ambientales, pérdida de valiosos ecosistemas, sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos. Mientras que el saqueo de los bienes naturales a manos de grandes corporativos y empresas transnacionales no para, las políticas y la legislación ambiental vigente hacen poco o nada por revertir el deterioro socio-ambiental del país.

Que, por las denuncias y demandas de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y así como la presión de la comunidad internacional, el Estado mexicano sólo simula la adaptación de su legislación y programas de gobierno; cuando por  el contrario, debe atender cabalmente el aprovechamiento sustentable de los bienes naturales y la imperiosa necesidad de que las políticas públicas en relación a la mitigación y adaptación al cambio climático, sean diseñadas y operadas escuchando la voz de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y en específico, la voz de las mujeres de todos los grupos y sectores sociales que más padecen la problemática climática, quienes a la vez intentan desde su ámbito y posibilidades aportar soluciones a esta crisis.

Que es urgente mirar el impacto del cambio climático desde la perspectiva de género, para reconocer que las mujeres viven de forma diferente a los hombres los efectos de la devastación ambiental, dado que el sistema capitalista y sus políticas neoliberales han colocado a las mujeres en condición de mayor vulnerabilidad y en respuesta, las mujeres han desarrollado propuestas organizativas muy importantes para enfrentar la actual crisis civilizatoria. En este sentido, es de importancia trascendental, recuperar la voz de las mujeres, quienes desde diversas realidades han desarrollado experiencias para la adaptación y mitigación ambiental. Estas experiencias representan un sin número de posibilidades y esperanzas para todos los grupos afectados por el cambio climático, y las han ubicado de una posición de víctimas a otra muy distinta y de enorme importancia para el país, destacándose su liderazgo como actoras sociales en pleno ejercicio y exigibilidad de sus derechos.

NOSOTRAS Y NOSOTROS,

Los colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígenas, reunidos y reunidas el 10 de noviembre del 2011 en la Comunidad Teológica de México, en el Distrito Federal, capital del país y en el marco del Tribunal Popular de Justicia Climática,

DECLARAMOS A LA NACIÓN Y EL MUNDO:

Primero. A través de los pueblos de Tabasco que conforman el Consejo de Comunidades Unidas de Centla, vemos que las catástrofes ambientales y constantes inundaciones que sufren las comunidades en la mayoría del estado son problemas con múltiples factores, no sólo ocurren a causa de cambios en el clima y del constante incremento de lluvias y huracanes, sino también a causa de la corrupción y las irresponsables políticas hídricas de los gobiernos para convertir en negocio particular la generación de energía y para provocar el desalojo de territorios de la planicie costera. Además de esto, como también ocurre con los pueblos de Veracruz, se utiliza el discurso de la mitigación al cambio climático para justificar la construcción de represas hidroeléctricas bajo el pretexto de ser métodos de  producción de energía “limpia”, que supuestamente no generan gases de efecto invernadero y que posteriormente, al inundar a los pueblos, se vuelve a utilizar el discurso de que las inundaciones son provocadas por el incremento de lluvias a causa del cambio climático, justificando una mala gestión y planeación del agua, que entre otras consecuencias, se traduce para las mujeres, niñas y niños de estas comunidades en afectaciones a la salud y en las múltiples jornadas de trabajo no remunerado, en desnutrición y reforzamiento de roles tradicionales que mantienen a las mujeres en el sometimiento.

Exigimos acciones inmediatas por el estado de emergencia que viven las comunidades de Tabasco afectadas por las inundaciones, en términos de alimentación, salud y trabajo para todas y todos los afectados.

Exigimos el paro de las afectaciones al patrimonio de los habitantes de las comunidades de Centla por causa de las descargas de agua provenientes de las presas del Alto Grijalva y por las obras de un plan hídrico aplicado en Tabasco que no es integral, sino que beneficia a unos y sacrifica a otros, los más desprotegidos y a quienes ahora se les está destruyendo, además de su patrimonio, su modo de vida y su economía básica.

Exigimos la elaboración y ejecución de un plan hídrico integral y sustentable para Tabasco, que respete el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a la consulta previa, libre e informada.

Respaldamos la decisión del Consejo de Comunidades Unidas de Centla para constituir, junto con las comunidades de Chiapas y Guatemala, la Red en Defensa del Usumacinta y sus Comunidades, amenazadas por los proyectos de construcción de hidroeléctricas a lo largo de su cauce.

Segundo. Junto a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades de Veracruz, agrupadas en el Colectivo Defensa Verde Naturaleza Para Siempre, elevamos nuestra más enérgica protesta y exigimos la cancelación inmediata de los 112 proyectos de hidroeléctricas que se pretenden construir en ese estado y cuya edificación significará la inundación de diversos pueblos y la privatización de nuestros ríos.

Tercero. Junto a las comunidades, grupos, asociaciones, mujeres y hombres agrupados en la Red en Defensa del Maíz sostenemos que la agricultura industrial y los monocultivos son causas principales del cambio climático, al utilizar agroquímicos que contaminan y degradan la tierra, lo que a su vez genera mayores emisiones de carbono a la atmosfera, los cuales han sido impulsados fuertemente en nuestro país mediante la apertura del mercado agrícola a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Reivindicamos y proponemos la agricultura tradicional y familiar como una solución al cambio climático. En el caso específico de México, reconocemos a la Milpa como una forma de agricultura tradicional que debe de ser rescatada y promovida.

Rechazamos enérgicamente las falsas soluciones al cambio climático, como lo son los agro combustibles, que encarecen los alimentos al destinar las tierras de cultivo para generar energía con el fin de abastecer a la industria y los automóviles; rechazamos contundentemente el Mercado y los Bonos de Carbono, como el programa REDD+, que privatiza los bosques y selvas en perjuicio de los pueblos indígenas que dependen para su subsistencia de ellos y que otorga permisos a los países ricos para seguir contaminando.

Rechazamos los cultivos transgénicos como una falsa solución a la seguridad alimentaria y climática, en especial el maíz transgénico, ya que México como centro de origen de esta planta y siendo poseedor de una gran diversidad de maíces criollos, el cultivo de maíz transgénico representa un ecocidio que atenta contra la riqueza biológica de los pueblos de México y América Latina.

Cuarto. Con nuestras hermanas y hermanos del orgulloso y heroico Pueblo Wirrárika del estado de Jalisco, vemos cómo las alteraciones en el clima han afectado nuestros modos y prácticas de vida, siendo el problema más visible las recientes heladas en la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, donde habitamos, que han causado la pérdida casi total de las hectáreas de los cultivos de maíz, entre otros alimentos. Esta problemática, se agrega a la lucha que mantenemos por la defensa de nuestros sitios sagrados, actualmente amenazados por concesiones mineras y agroindustriales.

Reiteramos enérgicamente nuestra exigencia al gobierno federal de Felipe Calderón de cancelar las 22 concesiones mineras que otorgó a la empresa depredadora canadiense First Majestic Silver Corp en Wirikuta y de las concesiones a empresas agroindustriales ubicadas en la misma zona, así como de cualquier otra concesión que se otorgue en nuestros sitios sagrados, ya sea minera, agroindustrial, turística, o de cualquier otra índole, que pretenda explotar esas tierras, cuyo  fin es la preservación de la vida en general y la cultura wirrárrica.

Quinto. Al lado de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios del sur del Distrito Federal, asentados en territorios de vocación predominantemente rural que ocupan casi la mitad del territorio de la Capital del país,  que habitan, preservan y trabajan la tierra desde antes de la expansión urbana de la zona metropolitana del valle de México, están padeciendo hoy una ofensiva de artilugios legales de parte de gobiernos y empresarios que intentan despojarlos de sus territorios, los cuales hoy proveen servicios ecológicos vitales para las y los habitantes de la capital del país.

Al lado de las comuneras y los comuneros de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, denunciamos que el Gobierno Federal no quiere reconocer la legal posesión de la tierra, lo que impide el impulso de proyectos económicos y sociales para beneficio de sus comunidades.

Sostenemos que ante la crisis climática actual, es prioritario preservar nuestros territorios que proveen servicios ambientales como son la captación e infiltración de agua de lluvia, mejora de la calidad del aire, hábitat para biodiversidad, oportunidades para el desarrollo de educación ambiental, investigación y recreación, producción de alimentos, retención de suelos y regulación del clima.

Exigimos frenar y controlar los asentamientos irregulares, proteger y restaurar los ecosistemas y compensar con auténtica justicia a los dueños de estas tierras por los servicios ambientales que aportan los ecosistemas que protegen y que benefician a millones de personas.

Sexto. Al lado de nuestras hermanas y hermanos de San Lucas Xochimanca y Pueblos de la Montaña de las inmediaciones del Estado de México y la Delegación Xochimilco en el Distrito Federal, denunciamos enérgicamente el deplorable estado de degradación en el que se encuentra la presa y el vaso regulador de San Lucas Xochimanca; espacio vital y estratégico que preserva no sólo la seguridad hídrica de toda la zona chinampera del Valle de México, sino que es depositaria de flora y fauna preciosas que se encuentran en grave peligro ante la irresponsable apatía, inmovilidad, incompetencia y sordera de las autoridades ambientales y de administración del agua, en el ámbito político y administrativo de los gobiernos federal, estatal y municipal del Estado de México, así como del ámbito del gobierno delegacional de Xochimilco y de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Exigimos la integración de un plan de rescate, saneamiento y preservación integral del vaso regulador y la presa de San Lucas Xochimanca con la participación de la comunidad. El entubamiento de las aguas negras provenientes del reclusorio sur, fraccionamientos residenciales y asentamientos irregulares de la zona de La Montaña.  Así como el rescate, ampliación y mejoramiento de la planta tratadora de aguas negras de San Lucas, hoy miserablemente abandonada por autoridades irresponsables.

Séptimo. Orgullosas y orgullosos de estar hombro con hombro junto al Pueblo Cucapá, que actualmente ocupa territorios en los estados de Baja California y Sonora, denunciamos que  el deterioro gradual y progresivo de la cuenca baja del río Colorado y su delta, están amenazando la sobrevivencia y existencia del pueblo Cucapá y su cultura indígena, al impedir el ejercicio de sus formas tradicionales de subsistencia, principalmente su actividad milenaria: la pesca en el río Colorado y su delta.

Denunciamos también, que producto de la imposición desde 1994 por el Gobierno Federal mexicano de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los pescadores cucapás que luchan por sacar adelante a sus familias y preservar su cultura, son objeto de hostigamiento y persecución por parte de militares e inspectores de la llamada Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y de la Comisión Nacional de Pesca, Conapesca.

Exigimos la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación que de cause efectivo a las legitimas exigencias del Pueblo Cucapá y permita la preservación y sustentabilidad de sus formas comunitarias de vida y cultura milenarias.

Octavo. Con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas del noroeste mexicano, los Guarijios y Yaquis, estamos sufriendo la imposición del mega proyecto de infraestructura hidráulica y energía llamado Sonora SI. Tal mega proyecto del gran capital nacional y transnacional abarca varios municipios del estado y obras como: reactivación y construcción de presas hidroeléctricas, acueductos, desaladoras y plantas tratadoras de aguas residuales.

La administración estatal del gobernador Guillermo Padrés intenta impulsar la privatización del agua sin considerar el equilibrio de los ecosistemas riparios. Padrés ha hecho público que la prioridad es el crecimiento económico sin importar los aspectos socioculturales y ambientales de las comunidades afectadas. Una clara muestra de lo anterior ha sido la ausencia de estudios serios de impacto ambiental y una auténtica política de transparencia informativa.

Exigimos la suspensión del programa Sonora Sí, y la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación cuyo eje rector sea el interés superior de las personas y sus comunidades, en especial de los pueblos Guarijios y Yaquis, así como el respeto y sustentabilidad de la madre tierra.

Noveno. Los colectivos, personas y organizaciones que participamos en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos justicia para nuestra hermana y compañera ambientalista Nancy Ellen De Rosa, a la que el Estado pretende encarcelar por defender los ecosistemas de la Riviera Maya en Akumal, Quintana Roo; nos declaramos en estado de alerta permanente para conocer la sentencia de un Juez que dictaminará sobre una acusación plagada de irregularidades con la que se intenta acallar a una de las voces más críticas y consecuentes de México, que ha denunciado valientemente a los funcionarios y las empresas que promueven el turismo depredador en las costas del Caribe mexicano.

Décimo. Exigimos la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y acciones afirmativas que en materia de cambio climático se plantean para las comunidades, reconociendo su diversidad y pluralidad. Así mismo, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos el reconocimiento a las diversas propuestas y experiencias desarrolladas por las mujeres de todas las comunidades afectadas por el cambio climático en México.

SENTENCIA:

Hoy, en la Ciudad de México y desde las instalaciones de la Comunidad Teológica de México, las y los presentes, constituidos en Tribunal Popular de Justicia Climática, por el inalienable derecho a la justicia que tenemos los pueblos y asumiendo el dicho de la Constitución Mexicana que señala que la soberanía radica esencialmente en el pueblo; tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, sentenciamos lo siguiente:

Primera. Tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, declaramos culpable al Estado Mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente y dolorosa depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima, así como por la creciente criminalización de la protesta social y el activismo a favor del ambiente. Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional y la sustentabilidad de la vida de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.

Segunda. Declaramos culpable al gobierno de Felipe Calderón por estar provocando la exacerbación del estado de violencia que vive México, con la guerra absurda que sostiene contra los grupos de la delincuencia organizada y estarla utilizando para una criminalización alarmante contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

Tercera. Que entre las principales víctimas se encuentran las mujeres y las niñas quienes por el simple hecho de serlo son invisibilizadas en sus historias e incluso en sus nombres, que  sus cuerpos son territorios de expresión de las diversas violencias e impactadas negativamente en su salud, su trabajo, su economía y su vida. Que su cotidianidad es afectada no sólo por la falta de agua y la temperatura ambiental extrema del cambio climático, sino por la multiplicidad de labores y responsabilidades fundamentadas en un machismo depredador, en un patriarcado indigno que hoy oprime y afana lastimosamente la vida de millones de mujeres y niñas. Estas cargas injustas, esta moderna e indigna esclavitud debe cesar a través de la práctica de la justicia y la equidad en el amor y la verdad desde y en los hogares y las comunidades. Es preciso modificar pautas culturales y tradiciones que fortalecen los roles tradicionales que oprimen a las mujeres, que dificultan el impulso de su protagonismo y el desarrollo de sus liderazgos. Sin embargo, es preciso reconocer y aún proclamar, que hoy miles de las luchas que emprenden los pueblos del mundo en un hambre y una sed de justicia legitima, son encabezadas dignamente por las mujeres. La vanguardia de la lucha global por la justicia y la igualdad tiene rostro de mujer. Por ello, las Mujeres presentes, integrantes de este Tribunal, han decidido constituirse desde hoy en el Grupo de Trabajo Feminista por la Equidad de frente al Cambio Climático en México.

Cuarta. Ante la urgente e imprescindible necesidad de contar con espacios permanentes para la denuncia de todas las formas de ecocidio contra la madre tierra y los pueblos, además de la procuración de la organización, coordinación y confluencia de las iniciativas de la lucha  democrática por la sustentabilidad social y climática en la justicia, este tribunal se declara como una instancia abierta y permanente que buscará la confluencia, apoyo y solidaridad de los ámbitos locales, nacional e internacional sin menoscabo de su independencia y soberanía.

LLAMADO A LA ACCIÓN:

Lidiar con la crisis climática implica realizar un cambio fundamental en el orden mundial actual y una transformación completa de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a escala local, nacional y mundial.

Consientes de que la crisis climática debe correr por cuenta de quienes la generaron, y no por quienes han sido los menos responsables de que ocurra, reconocemos humildemente nuestra responsabilidad como personas, como agentes involuntarios, al ser pasivos hasta ahora ante el sistema depredador capitalista que reproducimos en cada acto de consumo  irracional en nuestra vida cotidiana. Por tanto, asumimos el compromiso de adoptar y promover entre nuestros ámbitos fundamentales, el personal, el familiar y el comunitario un cambio en nuestro estilo de vida, por uno estilo de vida austero y justo que reduzca efectivamente los impactos nocivos a la naturaleza y promuevan una cultura de respeto y equilibrio a la madre tierra y el ambiente.

Hacemos un llamamiento a los colectivos, grupos y asociaciones, a las mujeres y hombres, a los pueblos, tribus y naciones indígenas que actualmente padecen los efectos del cambio climático y la injusticia ambiental a generar procesos de encuentro, intercambio de información y comunicación crecientes, en los valores de la solidaridad y la justicia, la horizontalidad y la organización democrática, partiendo del entendido evidente de que aislados y aisladas nuestras legitimas luchas de reivindicación y justicia climática no podrán enfrentar con eficacia al monstruo depredador de la sociedades y la madre tierra: el sistema capitalista y su expresión más devastadora, el neoliberalismo. Para ello, llamamos con humildad y respeto a impulsar dichos procesos de comunicación y coordinar acciones y proyectos en todas las regiones del país. Asumiendo consecuentemente esta resolución, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, iniciaremos un proceso de consulta y acuerdo para la integración del Consejo Nacional de Comunidades del Tribunal Popular de Justicia Climática de México.

Para ello, y entre los compromisos asumidos en este evento, habilitaremos una plataforma de comunicación para hacer públicas las denuncias y los casos de injusticia climática que se padecen en México. Pedimos que se nos envíen fichas informativas, expedientes y denuncias populares a la siguiente dirección de correo electrónico: tribunaldejusticiaclimatica@gmail.com

Así mismo, anunciamos la apertura de la segunda audiencia de este Tribunal Popular de Justicia Climática, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de mayo de 2012 en la Ciudad de México y cuya convocatoria anunciaremos oportunamente.

Finalmente, proponemos el impulso de encuentros para el intercambio de experiencias exitosas, que visibilizan los liderazgos de las mujeres y los procesos organizativos y participativos novedosos para la mitigación y adaptación frente al cambio climático y que coloquen a todos, pero en especial a las mujeres como sujetas de derecho y ciudadanas plenas. En este sentido, hacemos un llamado a recuperar las historias de las mujeres y las niñas que viven historias de afectación en cualquier ámbito de su vida por el cambio climático para hacerlas visibles y contribuir a erradicar este tipo de injusticia y violencia de género.

Invitamos a todos y a todas a sumarse y generar juntos un espacio de diálogo e intercambio entre las comunidades mexicanas afectadas por el cambio climático. Asumiendo la necesidad de lograr una mayor cohesión y fortalecer a las organizaciones y colectivos para construir una agenda común con demandas específicas hacia las autoridades en los ámbitos local, estatal y nacional; para ello les invitamos a generar juntos y juntas una plataforma de afectados y afectadas, sin menoscabo y en colaboración con otros esfuerzos de acción justa por el clima para que nuestras voces y demandas se escuchen en el ámbito nacional e internacional.

 
TRIBUNAL POPULAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA DE MÉXICO

San Ángel, México Distrito Federal a 17 de noviembre de 2011.

    Firman esta declaración como miembros de este tribunal las siguientes organizaciones y personas:
    Mexicanas y Mexicanos Contra la Desigualdad, GCAP MEXICO.
    Comunidad en Movimiento, A.C.
    Colectivo Mexicano de Comunidades Afectadas por el Cambio Climático, COMEXIC.
    Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Estado de Tabasco.
        Comunidad El Coco
        Comunidad Álvaro Obregón
        Comunidad Francisco. I. Madero
        Comunidad Ejido Fronterita
        Comunidad San José de Simón Sarlat
        Comunidad Ejido Constancia y Venecia
        Comunidad Colonia San Juan
        Comunidad Población Simón Sarlat
        Comunidad Colonia Caparrazo
        Comunidad Chilpa Margen Derecho
        Comunidad Boca de Chilpa
        Comunidad Chilpa Margen Izquierdo
        Comunidad Mixteca 2da. Sección.
        Comunidad Mixteca 3ra. Sección.
        Comunidad Ejido José María Morelos y Pavón Tiatalillo
        Comunidad Chichicastle 1ra. Sección
        Comunidad Poblado Quintín Arauz
        Comunidad Cañaveral Corcovado
        Comunidad Villa Vicente Guerrero
        Comunidad Tabasquillo 2da. Sección.
    Frente Sindical  Campesino Indígena Social y Popular de Tabasco
    Bionero.org
    Movimiento Cristiano por la Paz.
    Pueblo Wirrárika, México Estados de  Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
    Pueblo Cucapá, México Estados de Baja California y Sonora.
    Pueblo Tarahumara, México Estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.
    Pueblo Guarijío, México Estados de Sonora y Chihuahua.
    Escuela Autónoma Emiliano Zapata, Puebla.
    COPINH
    Red Mexicana en Defensa del Maíz.
    Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECCAM.
    Fundación Promueve, A.C.
    México Profundo, A.C.
    Red de Mujeres, A.C.
    Mujeres por el Diálogo
    Red Nacional Genero y Economía
    Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre. Estado de Veracruz.
        Comunidad  Amatlán de los Reyes.
        Comunidad  Fortín de las Flores.
        Comunidad  Naranjal.
        Comunidad  Cuichapa.
        Comunidad  San José de García.
        Comunidad  Xúchilez.
        Comunidad  Ixtaczoquitlán.
        Comunidad  Chilpanapa.
        Comunidad  La Toma.
        Comunidad  San Martín.
    Cooperativa por un Ambiente Biodiverso y Sustentable, S.C de R.L.
    Escuelita Emiliano Zapata
    Comunidad Indígena de San Sebastián Tepetitlán, Jalisco.
    Comité de San Lucas Xochimanca, Xochimilco D.F.
    Crecimiento Centrado en Procesos, A.C.
    La Voz de Abya Yala, Medio Libre.
    Comunidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
    Integrantes del Consejo Ciudadano de las Mujeres del Distrito Federal:
        Jessica Fernández Romero, CCMDF, Cuauhtémoc.
        Luz Elvia Juárez Téllez, CCMDF, Miguel Hidalgo.
        Rosa María Méndez, CCMDF, Coyoacán.
        Leticia García Castro, CCMDF; Álvaro Obregón.
        Susana García García, CCMDF; Miguel Hidalgo.
        Itzel G. Guzmán Reséndiz, CCMDF, Coyoacán.
        Yazmín Cruz X., CCMDF, Álvaro Obregón.
        Laura H. Lucero G, CCMDF, Benito Juárez.
        Elvia Jerezanor, CCMDF, Benito Juárez.
        Patricia Becerril Romero, CCMDF, Xochimilco.
        María Concepción Martínez Chávez, CCMDF, Benito Juárez.
        Elizabeth Veyra S, CCMDF, Benito Juárez.
        Carolina Romero, CCMDF, Coyoacán.
        Bibiana Pacheco, CCMDF, Cuauhtémoc.
        Teresa Linares S, CCMDF, Cuauhtémoc.
    Laura Lechner, Guatemala Solidaritat Austria.
    Rodrigo Olvera, CCUC.
    Joalin Pardo, FLACSO.
    Eduardo Ochoa, UNAM.
    Lorna Zamora Robles, UNAM, FFyL.

Declaración de Jubileo Sur/Américas camino a Río+20

Jubileo Sur/Américas camino a Río+20

Rechazamos la mercantilización y financiarización de la Naturaleza, las falsas soluciones de mercado, el endeudamiento impuesto,  la economía verde, los servicios ambientales y que se continúe lucrando con la destrucción de la vida.

Frente a la mercantilización de la vida y la Naturaleza: Nuestras resistencias y alternativas!

La Red Jubileo Sur, desde su constitución en el año 1999, asumió la tarea de aportar a la profundización de la relación existente entre la deuda financiera ilegítima reclamada a nuestros países, y la generación de Deudas Históricas, Sociales y Ecológicas. Desde el inicio de la era colonial, el Norte global –a través de sus gobiernos, corporaciones e  instituciones financieras- han explotado y saqueado la riqueza, bienes naturales, saberes, trabajo y vida de los pueblos del Sur.

En este camino que hemos venido haciendo, junto a redes y movimientos aliados, el reconocimiento de la Deuda Ecológica asumió mayor prioridad debido a su agravamiento. La puesta en marcha, por parte de gobiernos y empresas multinacionales y multilatinas, de mega-proyectos y mega-eventos financiados por el endeudamiento público fomentado por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y los bancos privados, generó innumerables impactos, muchos de ellos de manera irreversible, sobre los ecosistemas, el clima y la biodiversidad del Planeta y los derechos de las comunidades, las personas y la Naturaleza.

El concepto de Deuda Ecológica se profundizó primero con  la observación de la responsabilidad histórica de los países del Norte por la degradación ambiental en la Conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo  -Rio ´92–. Y, luego, con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Sin embargo,  este principio solo quedó en el papel, pues los culpables del problema, los generadores de la Deuda Climática, siguen evadiendo sus responsabilidades históricas y actuales.

Las discusiones sobre clima en la COP 15 en Copenhague (2009) y el siguiente acuerdo en la COP 16 en Cancún (2010), así como otros procesos de negociaciones internacionales, pusieron en evidencia la captura corporativa de estos espacios multilaterales. Confirmaron el poder del mercado y los grandes intereses geopolíticos sobre las decisiones de la inmensa mayoría de los países periféricos, dejando de lado por completo el derecho democrático de los pueblos a expresarse y ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones que los afectan de manera directa. Desconocieron así los Acuerdos de los Pueblos de Cochabamba, resultado de la Cumbre de los de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010), donde participaron más de 35.000 representantes de movimientos y organizaciones sociales de 140 países.

Los gobiernos de los países del Sur, en las negociaciones del clima, no han sostenido un posicionamiento político sólido frente a los países más industrializados para visibilizar así su responsabilidad en el agravamiento de esta crisis y en la generación de una deuda con la Naturaleza y los pueblos, sobre todo del Sur global. El gobierno de Bolivia, junto a otros pocos, fue quien se atrevió a exigir que el Norte salde la enorme Deuda Ecológica que tiene con el Sur, en lugar de seguir exigiendo el pago de una deuda externa marcadamente ilegítima, pero fue dejado de lado y excluido en las negociaciones marco.

Con las perspectivas que se tienen hoy día, nada hace pensar que en la COP 17 en Durbán (2011) se pueda modificar el actual direccionamiento de mercantilización de las negociaciones, de desatención a las verdaderas causas del calentamiento global y de retroceso en el establecimiento de obligaciones de corte de emisiones suficientes y vinculantes. Al contrario, los Derechos Humanos y de la Naturaleza, se encuentran en un estado de gran indefensión y vulnerabilidad frente a los acuerdos que se pretenden alcanzar e implementar de la mano de las “falsas soluciones” que solo van a profundizar el problema en vez de resolverlo.

Nuevas “soluciones” para sostener el sistema

Desde los años 70 hasta ahora, el capitalismo ha buscado nuevas formas para superar sus crisis de sobre-producción, sobre-valorización del capital, del crecimiento económico y de la tasa de ganancias. Algunas de estas“soluciones” fueron los planes de ajuste estructural, privatizaciones, apertura indiscriminada de los mercados, el lucro perpetuo por procesos usureros de endeudamiento o el constante saqueo del trabajo humano y de las bases materiales, principalmente en los países del Sur, para garantizar el crecimiento y la acumulación capitalista. Es un proceso propio del neoliberalismo, conocido como el “take, don’t make” o ¨sacar pero no hacer¨.Sin embargo, no les es suficiente. Hoy, no solo quieren expandir esas mismas políticas, sino que también quieren lucrar con la crisis económica, alimentaria y ecológica que han provocado, con la creación de nuevas mercancías y con las “falsas soluciones” al Cambio Climático.

Esto implica una mercantilización extrema de la Naturaleza, incluidos sus ciclos y funciones, que son la base misma de la vida. Así, los bosques, el agua o el aire se transforman en una mercancía a ser vendida bajo las reglas del mercado. Esto va a traer un fuerte impacto sobre la biodiversidad, la tierra y la vida, sobre todo de los pueblos originarios,  campesinos y comunidades tradicionales. En sus territorios, estas poblaciones enfrentan diariamente conflictos ambientales con empresas y gobiernos para defender y garantizar otra relación con la Naturaleza: de complementariedad, interdependencia y solidaridad, y no de explotación, depredación y saqueo.

Estos procesos de mercantilización van acompañados de una profunda financiarización de la Naturaleza, donde todo se puede comprar o vender en cualquier Bolsa de Valores del mundo. Con esta nueva fase del capitalismo, por ejemplo, con el mercado de los bonos de carbono, los Programas de Reducción de Emisiones de Carbono causados por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL),  los Servicios Ambientales y otros, los aborígenes, campesinos, afrodescendientes y otras poblaciones pasan a proveer un nuevo tipo de trabajo asalariado, sus bosques se transforman en mercancía y los bienes de la Naturaleza pasan a ser “servicios ambientales”.

Las “falsas soluciones” al Cambio Climático son propuestas que no paran de proliferar, generando grandes impactos en las comunidades más vulnerables. Así vemos como son expulsadas de sus tierras comunidades enteras. Hablamos de la vida concreta de millones de personas, hombres y mujeres, tanto del campo como de los centros urbanos, que día a día sufren la voracidad del capital y se ven afectados en su vida cotidiana, sus costumbres, saberes, culturas y creencias. Todo para que las corporaciones acumulen más poder y sigan ganando millonarias sumas de dinero a costa de la vida de los más débiles y de la Naturaleza.

En las últimas décadas, las grandes corporaciones capitalistas, sus instituciones públicas y privadas, así como sus ideólogos y pensadores más destacados fomentaron ideas a favor de las soluciones del mercado como la gran solución frente a la “cuestión ambiental”. En la época de la Conferencia de Estocolmo, en 1972, la “protección” del “medio ambiente” se presentaba como un obstáculo al “desarrollo”. En Río´92, algunos visionarios ya sugerían que el mundo corporativo debía levantar la bandera del “desarrollo sustentable”, pues había chances de convertirlo en un buen negocio. Ya en Río+10, el concepto de “responsabilidad social corporativa” fue el slogan del sistema, vendiendo al sector privado como el portador de las soluciones para la crisis ambiental, y preparando el terreno para la actual situación de avance de las “falsas soluciones”.

¡NO más deudas!

A esta realidad, se suma un monumental proceso de sobre-endeudamiento público de nuestros gobiernos para hacerle frente al hecho que los países del Norte no cumplen con sus obligaciones frente al Cambio Climático. Los costos de detener el calentamiento global son transferidos a los pueblos del Sur, al igual que los costos de la crisis económica del Norte. Crisis que los pueblos del Sur padecen históricamente y que ya pagaron varias veces, con su trabajo, riqueza y vidas.

Pese a las críticas cada vez mayores, el Banco Mundial salió airoso de las negociaciones sobre clima y se fortaleció en esta coyuntura. Hoy, se presenta como el organismo que tiene la “solución” para la crisis de la cual es uno de sus principales responsables. Por eso, es inaceptable cualquier participación de este organismo en  el diseño o gestión de fondos y en las negociaciones que tienen que ver con el clima o con solucionar los problemas ambientales.

Las IFIs deben estar decididamente fuera del clima. Porque impulsan y financian “soluciones”, que, dicen, van a resolver el problema climático, mintiendo como lo vienen haciendo históricamente con la complicidad de los gobiernos. Estas supuestas “soluciones” en proceso de implementación, como MDL, REDD+ y otras, van a agravar aún más la situación y generar un incremento de la Deuda Ecológica y Climática, como así también mayores deudas financieras ilegítimas.

Frente a este nuevo proceso de “sobre-endeudamiento verde”, en el actual contexto de agravamiento de la crisis financiera y económica global, es necesario que los pueblos y los gobiernos de la región tomen medidas soberanas coordinadas que se encaminen hacia la transformación del actual sistema hacia uno que esté al servicio de los Derechos de los Pueblos y la Naturaleza.

Camino a Río+20 y más allá…

Los pueblos, sus organizaciones y movimientos sociales, enfrentamos el reto de poder generar una mayor movilización popular y coordinar estrategias para hacerle frente a la voracidad capitalista que se viene.

En esta encrucijada, mientras tenemos que dar seguimiento a la CMNUMC y sus implicancias nacionales, nos encuentra la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (UNCSD) Río+20, que también tendrá  un gran impacto en la Naturaleza y el clima, como así también en nuestras economías y derechos.

Tenemos la urgente necesidad de generar una gran movilización popular, como lo hicimos en su momento con la Campaña Continental contra el ALCA, para enfrentar esta avanzada del gran capital, denominada y difundida con el atractivo nombre de “economía verde” o “new green deal”. Vienen por lo último que aún les queda por dominar: los bosques, los territorios, el agua, el aire, la biodiversidad, las semillas, los alimentos.

Por eso consideramos que lo que representa Río+20 debe ser encarado mucho más allá de la Conferencia de la ONU en sí. Será un momento de acuerdo entre gobiernos y representantes del gran capital internacional, cuyas consecuencias serán sentidas por el planeta y por quienes lo habitamos a lo largo de los años.

Nos quieren hacer creer que el mismo desarrollo, los mismos sistemas y lógica tecnológica, el mismo mercado, los mismos empleos y las mismas instituciones que causaron y causan tantas injusticias sociales y ambientales, ahora, pintados de verde, van a resolver todos los problemas.

Por eso, los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que asumir un protagonismo claro y contundente. Sin una articulación de ideas, prácticas políticas y estrategias transformadoras no estaremos a la altura del desafío que debemos enfrentar. En ese sentido, apostamos a que la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, contra la mercantilización de la Vida y en defensa de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza, no sea una feria más de ideas y actividades sino pensada como un espacioautónomo, tanto de la Conferencia oficial y de los gobiernos allí reunidos como de los agentes del mercado, que esté al servicio de las luchas y resistencias populares que se están librando en nuestra región y el mundo.

Lo más importante y prioritario de Río+20 es su potencial para contribuir al fortalecimiento de los procesos de movilización, formación y articulación de las fuerzas populares, anti-capitalistas y anti-imperialistas, tanto en nuestra región como en el Sur y a nivel global. Nuestro objetivo es apostar a procesos de educación popular, visibilización de las luchas y resistencias que se están dando, articulación con otras redes y movimientos sociales en la construcción de perspectivas y capacidad de acción común.

Las personas y comunidades afectadas por el sistema capitalista, el Cambio Climático, el modelo de desarrollo y la deuda –el corazón del sistema-, deben ser los principales protagonistas de este proceso y Cumbre de Río+20. Son ellos y ellas, junto con la Naturaleza, quienes día a día enfrentan con dignidad la barbarie del capital y están construyendo, con sus esfuerzos y luchas, ese Otro mundo posible.

Jubileu Sul Brasil y Jubileo Sur/Américas, vienen haciendo un gran esfuerzo en el seno del Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasilera para Río+20 (CFSC) -junto a otras organizaciones, redes y movimientos- para lograr una Cumbre de los Pueblos donde efectivamente los protagonistas sean los afectados y afectadas. Entre todos y todas podremos entretejer los hilos de una nueva civilización que rompa definitivamente con el capitalismo.

Por eso, frente a esta situación, hacemos un llamado a la unidad del campo popular, a aglutinar fuerzas contra-hegemónicas para potenciar nuestras energías, recursos, ideas y perspectivas.

A plantearnos nuevos proyectos de sociedad post-capitalista, no-extractivista, libre de deudas, dominaciones y opresiones de cualquier tipo.

A desenmascarar que el capitalismo no tiene como ser humano, no tiene como ser verde: sólo es el color de los dólares que acumula sobre la vida de las personas y la Naturaleza.

A coordinar esfuerzos para luchar por alternativas superadoras a la actual situación, por:

–Anulación total e incondicional de las deudas ilegítimas reclamadas a los pueblos y países del Sur, y la realización de auditorías integrales y participativas de las deudas.
–Reparación de las Deudas Históricas, Sociales, Financieras, Ecológicas y Climáticas promoviendo cambios estructurales en las relaciones entre los países y hacia adentro de nuestros países, para que sean igualitarias y justas.
–¡Banco Mundial fuera del Clima! Por fondos públicos, nuevos, adicionales y no reembolsables, eliminando el mercado de carbono y el rol del Banco Mundial y los bancos de desarrollo locales en el Financiamiento para el Clima.
–Exigir la reducción de emisiones en los países del Norte y el reconocimiento de su responsabilidad en el calentamiento global.
–Rechazo a las “falsas soluciones” de mercado: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), REDD+, energía nuclear, agro-combustibles, endeudamiento ilegítimo, entre otros.
–Por la des-financiarización de nuestras economías y por el cierre de las Instituciones Multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y los bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Exigir el fin de la impunidad y reparaciones a los crímenes cometidos.
–Revisar y revertir los Acuerdos Comerciales, Tratados de Protección a las Inversiones y toda forma de aplicación de los derechos de propiedad intelectual y los paquetes tecnológicos actuales -agroquímicos, transgénicos- y aquellos que se ofrecen como “falsas soluciones” -geoingeniería, nanotecnología, tecnología terminator y similares-
–Promover la refundación de las instituciones y mecanismos reguladores para poner fin a la supremacía de los intereses financieros sobre los Derechos de los Pueblos y la Naturaleza.
–Garantizar el acceso a los derechos humanos esenciales,como la salud, educación, vivienda, jubilación, trabajo digno, agua y saneamiento, transporte, servicios financieros,  telecomunicaciones, recursos energéticos y bienes naturales, protegiéndolos de su privatización.
–Dejar los combustibles fósiles bajo la tierra y promover un cambio en el modelo de producción y consumo sobre la base de la armonía, la complementariedad, la solidaridad y el equilibrio entre todos con todo.
–Restructuración ecológica de las ciudades .Combatir la especulación inmobiliaria + las injusticias ambientales + la competencia interurbana desregulada, la gentrificación y el desplazamiento de las poblaciones pobres de las ciudades.
–Fomentar energías alternativas adecuadas a los medios naturales, sustentables, limpios, renovables, descentralizadas, diversas, de bajo costo y ambientalmente respetuosas.
–Reconocer y proteger los derechos de las poblaciones forzadas a inmigrar por las causas e impactos del cambio climático.
–Garantizar, proteger y defender los territorios de pueblos originarios y campesinos que mantienen los ecosistemas que protegen el clima. Favorecer la agricultura campesina, la producción agroecológica. Respetar a las formas de vida de los pueblos y comunidades del Sur y sus alternativas de vida.
–No permitir nuevos proyectos que agraven la crisis ambiental y climática. Es el momento de parar la explotación y opresión a la Naturaleza, aprender de las comunidades y pueblos ecológicamente sustentables, des-mercantilizar la vida y realizar la reparación integral de la Deuda Ecológica.
–Defender la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y producción de alimento, y la reversión del modelo de agricultura basada en el agro-negocio y su modelo social, económico y cultural de producción capitalista y su lógica de alimentos para el mercado. Afirmamos que los monocultivos de árboles no son bosques.

Rechazamos la mercantilización y financiarización de la Naturaleza, las falsas soluciones de mercado, el endeudamiento impuesto,  la economía verde, los servicios ambientales y que se continúe lucrando con la destrucción de la vida.

Nuestro mundo no está en venta, nuestra dignidad, amor por la tierra, saberes y culturas tampoco.

La Naturaleza, la Pachamama, la vida: ¡NO se venden, NI se endeudan! ¡Se defienden!

“No puedes comprar el viento.
No puede comprar el sol.
No puedes comprar la lluvia.
No puedes comprar el calor.
No puedes comprar las nubes.
No puedes comprar  colores.
No puedes comprar alegrías.
¡No puedes comprar mi vida!
Vamos dibujando el camino…
Vamos caminando…
¡Aquí se respira lucha!
¡Aquí estamos de pie!

http://www.jubileosuramericas.org/

«El mundo desarrollado vive a costa del Sur»

Por Rosa Amelia Fierro, swissinfo.ch
14 de noviembre de 2011

La creación de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente sería un paso hacia la justicia ecológica. Castigaría a los responsables de los daños a la naturaleza, que hasta hoy gozan de impunidad.

En la ‘Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra’ realizada en Bolivia en 2010, el pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel exigió la creación de esta Corte y de Tribunales Regionales.

Ese discurso del ganador Premio Nobel de la Paz 1980 se publica por primera vez en Hambre de Justicia, perspectivas para la superación del hambre.
 
En este libro, junto a Pérez Esquivel, veinte personalidades latinoamericanas y europeas, mayormente suizas, reflexionan sobre interrogantes actuales.
 
Hambre de Justicia, “es resultado de un movimiento mundial de resistencia contra un modelo de vida y economía que solo crea pobreza, concentra riqueza y destruye las bases fundamentales de la vida”, explica a swissinfo.ch Spiller-Hadorn, una de las voces centrales del libro.

Desarrollo no es solo crecimiento económico

El cambio climático es la prueba más clara de que la Tierra está herida y enferma. “Mientras los países del Norte son responsables en gran parte de la actual crisis alimentaria y climática, los países del Sur cargan con el mayor peso”, denuncia Pérez Esquivel en el libro.
 
También critica a los gobiernos de los países del Sur por la falta de una propia política, independiente de los centros de poder económico y político y cuestiona el concepto de desarrollo.
 
“Muchos lo reducen a su dimensión económica y lo equiparan con el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo. Pero este modelo capitalista y neoliberal convierte al desarrollo en pura explotación del Sur por el Norte dentro de un orden económico injusto”.
 
Para contrarrestar este paradigma, Pérez Esquivel propone “inspirarnos en la cosmovisión de los pueblos indígenas que han internalizado el vínculo con la Madre Tierra”.
 
Los derechos de la naturaleza fueron reconocidos en la Constitución ecuatoriana en 2008. Y el presidente boliviano Evo Morales ha lanzado la iniciativa para redactar la ‘Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra’, que Pérez Esquivel insta a apoyar.

Protocolos y soluciones falsas

Una consecuencia del culto al consumo es el cambio climático. Aquí el Norte tiene una deuda con el Sur, pero no está dispuesto a pagarla, como lo demuestran los Protocolos de Copenhague, Río y Kioto, sostiene Pérez Esquivel.
 
“El objetivo del Norte es explotar todos los recursos para mantener sus estándares de vida y consumo. Ninguno de estos países cumple los objetivos del Protocolo de Kioto. Un ejemplo extremo es Estados Unidos”.
 
Estos países promueven además soluciones equivocadas como el mercado de CO2, mecanismo que solo ha establecido el derecho a ensuciar. El Norte no ha disminuido sus niveles de contaminación. Estos  supuestamente serán compensados con la financiación de proyectos en el Sur, que al final solo crean nuevos problemas sociales y catástrofes ambientales, apunta.
 
Por ello, el Nobel de la Paz insiste en crear una Corte Internacional de Medio Ambiente. “Los pueblos deben tener la posibilidad de dirigirse directamente a esta instancia. Con ello finalizaría la impunidad de la que gozan las multinacionales que se apoderan de bienes comunes”.

Que en este libro tomen la palabra personalidades del Norte y del Sur indica que debemos hablar más unos con otros, afirma su editor, Thomas Gröbly.
 
“Es injusto cuando alguien vive a costa de otros”, puntualiza el profesor de Ética, “una injusticia que impera en la relación Norte-Sur y en toda sociedad. Por ello, tomar en serio el hambre de justicia significa instituir una economía y condiciones de comercio justas, sociales y ecológicas, aun cuando ello vaya contra nuestros intereses”.

LEER COMPLETA: swissinfo.ch