Carlos Fazio
La Jornada
En algunas misiones diplomáticas acreditadas en México existe un renovado interés por saber qué va a hacer el EZLN en respuesta a un previsible fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia sobre la legalidad de la contrarreforma constitucional en materia indígena. También ha despertado expectativa el sorpresivo cambio de mando administrativo del Plan Puebla-Panamá (PPP), del que ha sido desplazado Florencio Salazar (reciclado en tareas de control social de la Secretaría de Gobernación) y cuya jefatura asumió la cancillería de Tlatelolco.
Ambos temas están ligados. Y los dos tienen que ver con los planes hegemónicos de Estados Unidos para toda la región. También con la traición foxista en materia de contrarreforma eléctrica que, vía la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales, pretende abrir el sector energético al capital privado trasnacional. No se trata de ninguna teoría de la conspiración; los hechos están ahí. Las contrarreformas indígena y eléctrica forman parte de un mismo paquete que incluye, además, un reposicionamiento logístico-policiaco-militar contrainsurgente en el corredor istmo de Tehuantepec/Cañadas (Chiapas) en el marco del PPP, diseñado con la debida anticipación y sigilo para adoptar acciones preventivas y/o quirúrgicas de tipo relámpago con fuerzas aerotransportadas, según requiera la situación.
Con sus enormes recursos naturales y minerales (agua, bosques, biodiversidad, petróleo, gas natural), el macizo montañoso central húmedo de la selva maya -que abarca los Chimalapas y la selva Lacandona en México y se extiende por todo el Corredor Biológico Mesoamericano- es el gran botín del que quieren apoderarse Washington, las compañías trasnacionales y personeros de la oligarquía mexicana. Las razones son obvias. El agua, como recurso, puede traducirse en un gran negocio para compañías privadas del ramo de la construcción (megaproyectos carreteros, represas, interconexión eléctrica con Centroamérica, infraestructura técnica), entre las cuales figuran las dos veces rescatadas ICA y Tribasa, y del ramo cementero, en particular Cemex (Lorenzo Zambrano/Amigos de Fox), que contarán además con subsidio oficial, garantía legal y seguridad represiva para sus inversiones, vía el Ejército y la Policía Federal Preventiva.
El agua es también un recurso indispensable para el desarrollo de las agroindustrias trasnacionales, que necesitan sistemas de riego para sus plantaciones en las planicies y sus invernaderos. Igual ocurre con compañías embotelladoras de bebida, como Coca-Cola (Fox vis à vis Zedillo/Union Pacific), que tras la victoria foxista incrementó sus instalaciones en Chiapas al obtener un cambio de uso de suelo para extracción, procesamiento y embotellamiento de agua en el acuífero más rico del valle de Jovel (San Cristóbal de las Casas), ubicado en las faldas del Huitepec, una reserva ecológica administrada por Pronatura (ONG conservacionista, cuyos fondos provienen, en parte, de Coca-Cola México).
A su vez, la biodiversidad, con sus bancos genéticos, es el gran bocado apetecido por la industria de la biotecnología (con ramificaciones en la farmacéutica, salud humana y armas biológicas), que de tiempo atrás viene desarrollando actividades de bioprospección (biopiratería, biopatentes) en todo Chiapas, en particular en Montes Azules, mediante corporaciones multinacionales como Novartis, Monsanto y la mexicana Pulsar (Savia/Géminis) de Arturo Romo (Grupo Monterrey/Amigo de Fox).
La riqueza en biodiversidad es también un objetivo geoestratégico de Washington, que viene siendo trabajado desde hace algunos años por diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en México, y mediante continuas misiones en la selva Lacandona y la cuenca del Usumacinta de representantes oficiales y/o encubiertos de la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos), con sus «proyectos sociales» de infraestructura transfronteriza.
Ese proyecto de saqueo cuenta además con «socios» en organismos internacionales bajo control de Estados Unidos (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, patrocinadores del PPP), y con los servicios in situ de ONG «pantalla», como la californiana Conservation International.
Los nexos entre contrarreforma indígena, privatización eléctrica, agua, biodiversidad y contrainsurgencia están presentes también en un megaproyecto binacional del PPP, previsto a corto plazo: la construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del Usumacinta (el Sistema Usu/Tulha), que constará de cinco presas.
La obra faraónica, que comenzará en la frontera entre el Petén guatemalteco y Marqués de Comillas, Chiapas, y terminará en Tabasco, provocará la inundación de un área calculada en 12 mil kilómetros cuadrados, afectando 800 sitios arqueológicos y asentamientos cooperativistas con más de 50 mil personas, ocasionando pérdidas en millones de árboles de madera preciosa y vida silvestre. Eso explica, en parte, por qué el municipio de Ocosingo, Chiapas, y el departamento del Petén, en Guatemala, son las regiones más militarizadas de Mesoamérica. Y por qué deben ahogarse «legal» y militarmente las aspiraciones autonómicas y el derecho a la autodeterminación de los poblados mayas de Montes Azules y el Usumacinta: porque son un dique a los planes de rapiña del gran capital.
