COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS: «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO»

Enero 2014

«Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano».

Nosotras y nosotros como Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático consideramos fundamental profundizar en el análisis y denuncia del contenido y consecuencias de dichas reformas, así como en la articulación de espacios de información, discusión y organización popular que den como fruto propuestas colectivas de resistencia y construcción de alternativas al modelo expropiador de la vida que imponen los gobiernos y corporaciones transnacionales para los que éstos trabajan.

Éste Comunicado es una de nuestras propuestas de análisis y así abonar a la información que nos permita caminar la autodeterminación de los pueblos, comunidades y colectividades diversas que están caminando para construir y defender otros mundos y relaciones posibles, con justicia y dignidad para todas y todos.

Nota:

Organizaciones del MOVIAC-Chiapas llaman a “insurrección nacional” tras la reforma energética

Por Isaín Mandujano, en ChiapasParalelo

COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO» Enero 2014

DESCARGAR: http://www.scribd.com/doc/201503757/COMUNICADO-Ref-Energ-2014-doc

Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacífico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano.

La Reforma Energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado dando preferencia a sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población, la protección y garantía de los derechos humanos. El Artículo transitorio 8° de la Reforma de Ley, establece: “Que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.

Para garantizar la imposición de la Reforma Energética, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo; y a la Ley de Expropiación con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales, que estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictámen Técnico. Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una Institución de Crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización.

Por tanto, la Reforma Energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos; aceleramiento de la deforestación y de la emisión de Gases Efecto Invernadero y por tanto agudización del Cambio Climático. Por ello, esta Reforma Energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra.

Es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas. Hay que recordar el desastre producido por la empresa transnacional British Petroleum que contamino la parte norte del Golfo de México o los innumerables derrames de petróleo que se registran cada año en México.

Asimismo las afectaciones a la flora y fauna tampoco serán contabilizadas dentro de los análisis de costos de inversión de las empresas, dado que el actual contexto de reformas en nuestro país permitirá la violación sistemática de las legislaciones ambientales, exonerando de sus delitos a las mismas y fomentando la impunidad al permitir el ecocidio, como en el derrame ocasionado en el rio Coatzacoalcos a principios de 2012, donde se derramaron más de mil 500 barriles y la empresa Caprimex S.A de C.V, después de varios meses, todavía no indemnizaba a los pescadores afectados.

Un dato más, que quizás es nuevo en México es el hecho que la reforma impulsa la extracción de Gas de Lutita (Gas Shale) la cual es muy peligrosa utilizando un procedimiento denominado fractura hidráulica o fracking, gastando cantidades desorbitantes de agua mezclada con arena y químicos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Se habla de cinco millones de galones de agua por fractura, es decir, casi veinte millones de litros. Los daños inmediatos es la inminente filtración del agua contaminada que llega al subsuelo depositándose en acuíferos y que tendrían un efecto directo en la salud de los pobladores de ciudades y pueblos que consumen el agua directamente de estos. Además, algo que no se ha mencionado es que no existe una tecnología para tratar las aguas residuales, por tal motivo no podrán ser utilizadas para otra actividad. Por otro lado, la realidad y experiencia en Estados Unidos ha dejado ver que las empresas que se perfilan para desarrollar la extracción de gas shale en México, tienen el interés económico de recuperar sus pérdidas en ese país, pues por afectaciones que han ocasionado, han pagado multas millonarias en dólares, mientras que en México ante alguna contingencia solo tendría que enfrentan amonestaciones de algunos cientos de pesos. Las zonas donde pueden explotar ese gas de lutita están sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León, pero también se hallan en los alrededores del puerto de Veracruz y otras regiones densamente pobladas del país. En muchas de ellas, sobre todo las que están en el norte, hay escasez de agua.

Las empresas multinacionales saben muy bien que en México, por medio de esta reforma tendrán acceso a una riqueza en reserva de hidrocarburos que equivale a un aproximado de 3 billones (millones de millones) de dólares, de los cuales el 50% de los recursos prospectivos del país se localiza en la cuenca del Golfo de México, lo que implicaría recuperar 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo, volumen de hidrocarburos superior a la reserva original total de Cantarell. Al mismo tiempo nuestro país cuenta con abundantes reservas de gas natural convencional que rondan el orden de los 61 billones de pies cúbicos, cuenta con la tercera reserva más grande en el mundo de gas de lutitas que aún no se ha explotado, con aproximadamente más de 600 billones de pies cúbicos y Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras.

La reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, por tal ha dado un golpe letal a la soberanía nacional ya que el Estado mexicano renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales vivimos los pueblos. Esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura. Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra.

Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas. Por ello, hacemos eco del llamado a la insurrección nacional en contra la guerra desatada de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos. De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales; a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos.

!!! NO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES !!!
!!! LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE !!!
!!! PRESOS POLITICOS, LIBERTAD !!!

Atentamente,
Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC/Chiapas)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/Chiapas)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rìos (MAPDER/Chiapas)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH A.C)
Otros Mundos AC/Chiapas
Movimiento Campesina Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN)
Central de Organizaciones Campesinas y Populares – Chiapas (Cocyp – Chiapas)
Centro de Educación Integral de Base, A. C. (Ceiba A. C.)
Mujeres de Maíz A. C.
Kinal Antzetik A. C.

Presentan iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas

-Instituciones académicas respaldan el proyecto, que inicia recolección de firmas
-Concesiones mineras, que cubren la mitad del territorio, producen grave contaminación del líquido
-Es necesario cambiar el modelo de gestión del recurso, señala estudio de la UAM

Angélica Enciso, Periódico La Jornada

En México, donde hay 34 millones de personas que dependen para el abasto de agua de acuíferos en camino a la extinción, hay inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras –que cubren casi la mitad del territorio nacional– dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere un nuevo modelo de gestión del líquido.

Esto es parte del diagnóstico que dieron a conocer ayer investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones académicas en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, misma que requiere de 130 mil firmas para entregarse en la Cámara de Diputados y cuya campaña de recolección comenzó ayer.

La atención gubernamental al agua se refleja en que apenas se le destina uno por ciento del presupuesto federal y de éste una cuarta parte se va al centro del país, donde está el Túnel Emisor Oriente, el Sistema Cutzamala, y se destinan recursos para la extracción de agua en pozos del valle de México, detalló Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.

Explicó que 30 por ciento de los mexicanos dependen de aguas subterráneas milenarias, difíciles de potabilizar, que requieren más energía para su extracción. Otro riesgo inminente es la extracción del gas shale, que afectará acuíferos.

En el documento Agua para todos, agua para la vida, editado por la UAM, se resume la iniciativa ciudadana, en la que participaron decenas de personas y académicos, así como 49 organizaciones de 27 estados del país. La Ley General de Aguas debía promulgarse en febrero pasado, luego de que en 2012 en la Constitución se estableció el derecho humano al agua.

El documento incluye un mapa del territorio nacional donde se observa que las concesiones mineras abarcan amplias áreas del centro y norte. En total suman 96 millones de hectáreas, y el primer daño ambiental que ocasiona esa actividad es contaminar aguas superficiales y profundas, aseveró Pablo Moctezuma, académico de la UAM.

Se requiere cambiar el modelo de extracción y manejo del recurso por uno que priorice los ecosistemas y la soberanía alimentaria, y que garantice agua para todos, señala la iniciativa ciudadana. Propone una agenda nacional con metas a 15 años, el establecimiento de una agenda nacional con objetivos por cuenca y municipios a través de planes consensuados y vinculantes, además de instrumentos de defensa, protección y contraloría.

Burns explicó en conferencia de prensa que la meta es lograr una ley sustentable con equidad, que ponga fin a la contaminación de los cuerpos de agua, a la sobrexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos, así como a los desastres causados por el mal manejo de las cuencas.

Detalló que el borrador de la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua hace a un lado la participación ciudadana, y sobre la contaminación deja a las empresas la autorregulación, lo cual es un retroceso, ya que ni siquiera contempla el principio actual de que el que contamina paga.

Raquel Gutiérrez Nájera, de la Universidad de Guadalajara, explicó que la iniciativa, que lleva más de un año de trabajo, busca una gestión participativa de los ciudadanos a través de un consejo nacional de cuencas, que tendría consejos estatales y municipales, y se propone establecer comités de cuenca en los sistemas de agua potable y saneamiento.

También se plantea una contraloría social ciudadana que vigilaría el cumplimiento de los servidores públicos e iniciaría acciones de defensa frente a proyectos o concesiones potencialmente dañinos, como son las concesiones mineras, y se propone una procuraduría del agua con autonomía, explicó por su parte Gerardo Alatorre, de la Universidad Veracruzana.

CHIAPAS FORO: POR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PÚBLICO, DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENTE

Pozol Colectivo

“Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal”

Las organizaciones, grupos y personas que integran el Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua, realizaron el FORO: POR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PÚBLICO, DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENTE, cuyo objetivo indicaron es “Generar un espacio de intercambio, debate y propuestas tendientes a promover un proceso de construcción democrática de un modelo de gestión integral para el Sistema Municipal de Agua, alternativo al privatizador”. En este foro se dieron cita académicos, estudiantes, organizaciones solidarias e integrantes de colonias de la capital chiapaneca.

El primer participante en iniciar el foro fue Oscar Oliveira que en un enlace desde Bolivia compartió su proceso de lucha contra la privatización del agua.  “El agua no es una mercancía, el agua no es solo una fórmula química” aseguró el luchador social  “el agua ante todo es un bien común, es un bien que pertenece a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos”, y enfatizó “El agua es de todos y al mismo tiempo de nadie, nadie puede apropiarse del agua, ni el estado, ni una empresa privada”.

De igual forma Oliveira expresó que “no basta que la empresa sea estatal, que sea pública nominalmente, ante todo tenemos que hablar de una reapropiación de lo público, es decir que lo público debe dejar de ser estatal solamente”, y finalizó recomendando que “hay que reconvertir lo público para que se convierta en público social, en público comunitario. Es decir es la población la que tiene que reapropiarse de las empresas públicas”.

El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas del instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó en su participación que “ Estamos insertos en un proceso neo-extractivo radical, se está privatizando el subsuelo, se está privatizando la energía, se está privatizando el viento, se está privatizando la fotosíntesis a través de la política de REDD MAS, se están privatizando las semillas, eso se viene haciendo desde la década de los 70´s, se está privatizando casi todo, y dentro de ello se está privatizando el agua”.

Gutiérrez Rivas, también integrante del colectivo RADAR y COMDA expresó que “la privatización de la red de distribución del Agua en Tuxtla “forma parte de ese nuevo colonialismo que viene del capital internacional sobre nuestros territorios. “ y abundó “No le podemos dar el agua a los privados, los ojos del movimiento nacional por la defensa del agua están puestos en Tuxtla”.

“Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal” Finalizó el investigador de la UNAM.

Por otra parte durante su ponencia la maestra Cindy McCulligh del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente mencionó que “la privatización del agua no es la solución a los problemas”  y puso como ejemplo el caso de la ciudad de Saltillo en donde  ”Nunca respetaron los acuerdos de no subir los precios”.

Al cierre del foro en defensa del agua en Chiapas el doctor Antonio García de la Universidad de Chapingo dejó unas preguntas a l@s chiapanec@s “¿Qué va hacer la élite económica y política de Chiapas con los ciudadanos de Chiapas? Porque me da la impresión de que no se toma en cuenta la opinión de la gente.  ¿Qué va a hacer la población de Chiapas con su élite política y económica de su estado con el 33% de su territorio concesionado  a 120 mineras canadienses?, si se permite eso se va a contaminar el 33% del agua de México. El agua es estratégica. ¿Qué van a hacer con el nuevo programa de hidroeléctricas que se quiere echar a andar en el estado como Chicoasen 2. ¿Se va permitir esa extracción galopante?”.

Por último los organizadores del foro expresaron al presidente del congreso del estado “que responda en lo inmediato por escrito a la solicitud de referendo que hizo el movimiento de chiapanec@s en defensa del agua. Nosotros asumimos la responsabilidad de las 7000 mil firmas y no vamos a claudicar en eso, tenemos una responsabilidad, un compromiso muy grande con el pueblo tuxtleco”.

Extenderán movimiento en todo el estado contra la privatización del agua

Por Chiapas Paralelo

El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua está dispuesto a extender su demanda a todo el estado si es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decide que se necesitan 61 mil firmas para que proceda su solicitud de referéndum en el tema del concesionamiento del servicio de agua potable en Tuxtla.

Los integrantes del Movimiento Chiapaneco pidieron ayer de manera formal  al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) definir en una sesión del Consejo General el número exacto de ciudadanos que se necesitan para solicitar un referéndum.

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Adrián Alberto Sánchez  Cervantes declaró, hace unos días, que era   improcedente la solicitud de referéndum que hizo un grupo de ciudadanos. Dijo que se necesita el dos por ciento de todo el padrón electoral en Chiapas y no solo de Tuxtla Gutiérrez, es decir, alrededor de 61 mil firmas y no las 7 mil que presentaron los integrantes del Movimeinto. Sánchez Cervantes informó que no tiene ninguna notificación de parte del Poder Legislativo sobre la petición de referéndum.

“Es absurdo que nos digan que se necesitan 61 mil firmas porque ese es el 2 por ciento del padrón electoral en Chiapas cuando lo de la privatización del agua es algo que está sucediendo en Tuxtla” declaró el vocero de la organización, Luis Manuel Palacios.

Agregó que si el Consejo General del IEPC insiste en que deben de ser 61 mil firmas extenderán su movimiento a todo el estado y harán brigadas de información en todos los municipios de la entidad como ya lo están haciendo en las colonias de Tuxtla.

Luis Manuel Palacio dijo que el Congreso del Estado de Chiapas tiene la obligación de votar en pleno la solicitud de referéndum que solicitó el Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua.

Comentó que hasta ahora no han recibido de manera formal una notificación por parte del Poder Legislativo sobre su solicitud de referéndum. Por ello ayer pidieron al Congreso de manera formal que les informe sobre su petición.

El movimiento ‪‎Chiapanecos‬ en Defensa del Agua hizo entrega formal a la comisión permanente del congreso del estado 656 fojas útiles donde están manifestadas las firmas de las y los ciudadanos tuxtlecos que representan el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral, las cuales son las requeridas para efectos de dar seguimiento al proceso de autorización e implementan del REFERENDO solicitado el 15 de julio del presente.

En un comunicado ‪Chiapanecos‬ en Defensa del Agua reafirman que son ciudadanos y ciudadanas independientes, apartidistas sin ningún interés más que la defensa del agua en el estado, reconociendo al agua como un bien común y un derecho, no una mercancía.

Fuente: Radio Pozol

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO CHIAPANEC@S EN DEFENSA DEL AGUA

“Nos extraña que el presidente del Congreso después de más de 21 días de que el Movimiento hizo entrega de la solicitud de referendo debidamente requisitada con las 656 fojas de firmas, no haya dado respuesta alguna por escrito tal como lo establece el artículo 8 constitucional”

A la opinión pública.
A los medios de comunicación.

Ante las recientes declaraciones en medios de comunicación realizadas por Adrián Cervantes Sánchez presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor presidente del Congreso del Estado de Chiapas; y dado que no hemos recibido respuestas alguna por escrito, quienes integramos el Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua manifestamos lo siguiente:

1.- Nos extraña que el presidente del Congreso después de más de 21 días de que el Movimiento hizo entrega de la solicitud de referendo debidamente requisitada con las 656 fojas de firmas, no haya dado respuesta alguna por escrito tal como lo establece el artículo 8 constitucional; y no haya cumplido con su obligación legal de turnarla al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para efecto de que éste coteje las firmas en el sistema del padrón electoral.

2.- Lo anterior, en virtud de que es el Congreso del Estado la instancia jurídica ante la cual se solicita el referendo, y que es quien autoriza si procede o no con las dos terceras partes de sus integrantes. (Art. 520 y 521 Código de Elecciones y Participación Ciudadana). Posteriormente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es a quien le corresponde realizar el cotejo correspondiente de firmas en el sistema del padrón electoral, y desarrollar los trabajos de organización, cómputo y realización del referendo, debiendo remitir los resultados definitivos al Congreso para que éste convoque al mencionado instrumento. (Art. 525 Código de Elecciones y Participación Ciudadana).

3.- En el caso de las lamentables declaraciones del presidente del Consejo Electoral y Participación Ciudadana en donde manifiesta que la solicitud de referendo es improcedente, toda vez, que “no reúne el 2% del total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Chiapas” y no del municipio mencionando que, debimos reunir más de 61 mil firmas y no las más de 6,500 que entregó el movimiento.

Consideramos que las declaraciones del funcionario son infundadas; ya que, las ha dicho sin tener las firmas, ni la solicitud; como el mismo lo ha reconocido.

Le solicitamos al presidente del Consejo de Elecciones y Participación Ciudadana que convoque a una reunión del Consejo, para efectos de hacer una interpretación del artículo 521 fracción II del Código de Elección y Participación Ciudadana, en el sentido que establezca un punto de acuerdo con respecto a cuál es el padrón electoral que aplica en este caso, el de estado de Chiapas o del municipio. (Artículo 147 fracción II y XXXI).

Atentamente.
Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua.

Mensaje desde Bolivia de Oscar Olivera para el movimiento ciudadano en defensa del agua en Tuxtla Gutiérrez

La tarde de este sábado 20 de julio se llevó a cabo una nueva marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por parte de la población que está en contra de que se privatice el servicio de agua potable.

Poco después de las 6 de la tarde el contingente integrado por trabajadores del servicio municipal de agua potable, familias y ambientalistas comenzaron la marcha desde el parque bicentenario hacia el centro de la capital chiapaneca, expresando consignas como “Samuel entiende el agua no se vende” en alusión a la intención del presidente municipal de Tuxtla de privatizar el servicio de agua potable.

Una vez frente al congreso se leyó un comunicado en donde expresaron que “la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, que en los hechos es la privatización del sistema, representa un premio a la corrupción y a la impunidad de servidores públicos”, y exigieron “que se haga una investigación para identificar los responsables de la crisis financiera de SMAPA y se proceda penalmente contra ellos así como se implementen los procedimientos legales pertinentes para que regresen lo que se llevaron”. Posteriormente se dio la participación de diferentes sectores de la población que manifestaron su indignación por la insistencia de las autoridades de privatizar el vital líquido y que, además de mostrarse indiferentes frente al descontento de la población, los criminaliza por las manifestaciones que están llevando a cabo. De igual forma se volvió a exigir a las autoridades que se le pregunte al pueblo si quiere que el servicio de agua potable pase a manos de una empresa privada.

Durante el acto en la entrada del recinto legislativo también se leyó una carta enviada desde Bolivia del luchador social Oscar Olivera en donde se solidariza con la lucha del pueblo de Tuxtla por el agua. “Aquí hace trece años privatizaron nuestras aguas, nuestras lagunas, nuestros ríos, nuestros pozos, nuestra lluvia, nuestras redes de agua, nuestra empresa pública y nos quisieron privar de acceder al agua,  no pudieron, luchamos durante cinco meses y los derrotamos. Teníamos al frente al banco mundial, a tres transnacionales del agua, a los políticos delincuentes, al ejército, a la policía, a sus perros y tanques, a sus armas y metrallas, a sus palos y sus gases pero no pudieron con nosotros” comentó el portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba en el año 2000, y abundó “Les decimos que es posible decir ¡¡¡basta¡¡¡ decir ¡¡¡no¡¡ y vencer, construir con nuestras propias manos nuestro presente y nuestro futuro, el nuestro y el de nuestros hijos.  Los echamos a sus tierras a las transnacionales, se puede hermanos y hermanas. Nos unimos, nos organizamos,  nos movilizamos, nos indignamos, nos confiamos el uno al otro y vencimos”.

Por último los habitantes de la capital chiapaneca presentes esta tarde en la marcha anunciaron que se seguirán organizando en comités ciudadanos para continuar recabando firmas que permitan que se lleve a cabo el referéndum y se tome en cuenta la opinión de la población. La recolección de firmas se estará dando en las afueras del congreso hasta el día miércoles 24 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

COMUNICADO: http://www.pozol.org/?p=8279

Dirigente de la Guerra del Agua en Bolivia: “Un pueblo movilizado puede recuperar lo que se le quitó”

Melissa Gutierrez 15 Julio, 2013. The Clinic

Oscar Olivera Foronda, quien en 2000 fuera portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, parte del movimiento social que puso fin a la privatización del agua en Cochabamba habla en su paso por Chile de la importancia de las sociedades movilizadas para lograr vencer a la política del “despojo”, como él llama al proceso de privatización que se ha impuesto desde la década de los ’80 en toda Latinoamérica.

Ha sido dirigente sindical durante 30 años, pero no fue sino hasta el año ’96 cuando asumió un rol a nivel regional como dirigente de varios sindicatos obreros. Oscar Olivera es obrero metalúrgico y por ese entonces trabajaba en una fábrica de zapatos. Fue ahí cuando “le dimos otro rol al sindicalismo, que estaba debilitado, muy apagado. Decidimos realizar un proceso de visibilización del mundo del trabajo construido por el neoliberalismo. Es decir, el mundo de un trabajo precarizado, sin derechos, sin seguridad social, gente a la cual se la ha criminalizado por crear un sindicato”, señala Olivera a The Clinic Online de paso en Chile luego de realizar dos charlas en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Siendo un referente en el mundo del sindicalismo para el año 2000, agrupaciones de campesinos se acercaron a él para informarle y dialogar acerca del contrato de privatización del agua que el gobierno de Hugo Banzer estaba firmando impulsado por el Banco Mundial concesionando el servicio del agua a un consorcio formado por tres multinacionales: Bechtel y Edison de Estados Unidos y Abengoa de España. En ese momento Olivera se involucró en la lucha para dar término a este proceso de privatización o “despojo”, como le llama. “Me enteré que para fabricar un par de zapatos se necesitan 8 mil litros de agua, y en la fábrica se producían 15 mil pares de zapatos diarios. Y yo veía en la población la escasez de agua y comparado con el proceso industrial que derrochaba tanta agua, dije: no puede ser. No es compatible”.

Fue así como empezaron cinco meses de lucha para terminar con un acuerdo que no sólo había cambiado la forma de vida de indígenas y agricultores sino que había encarecido brutalmente el precio del agua: “La Organización Mundial de la Salud recomienda que solo el 2% del ingreso familiar sea destinado al pago del servicio de agua.
En Cochabamba se estableció un 20%. Entonces la gente tenía que elegir entre pagar por el servicio o comer”, señala Olivera.

Otro punto importante es que establecía un mercado del agua sobre fuentes “que durante muchos años habían sido utilizadas, no sólo para el consumo sino que para el trabajo agrícola. La gente no concebía que de un día para otro estas comunidades puedan perder el acceso a las fuentes de agua”. Esto motivó cinco meses de movilizaciones masivas que fueron catalogadas como La guerra del agua y que lograron finalmente dar fin al contrato y, más allá de eso “puso sobre el escenario concreto una verdadera democracia, es decir, ¿quién decide? ¿Deciden unos cuántos? ¿Unos políticos con empresarios o decide la gente?”, cuenta Olivera.

-Si la privatización empieza el ’85 en Bolivia ¿por qué recién el año 2000 hay una gran movilización al respecto?
El agua es algo que toca la vida de la gente. No es lo mismo privatizar una empresa telefónica, que privatizar el agua, algo que atenta contra la existencia misma de la vida. Otro elemento es que esto, particularmente en las zonas urbanas, imponía una elevación tremenda de las tarifas de aguas. Eso era inaceptable, la gente tenía que elegir entre comer o pagar el servicio. Otro elemento es el hecho que nos sentimos ignorados durante todos esos años por el poder político. Es decir que no existimos para los políticos cuando toman medidas. Sólo existimos en dos ocasiones: cuando hay elecciones y cuando hay que pagar impuestos. Entonces esa actitud de desprecio, el año 2000 fue una especie de acumulo de todas estas indignaciones. Entonces eso hace que la gente diga: “basta”.

Que hayan tenido ese nivel de defensa del agua, ¿tiene que ver con la cultura del pueblo boliviano?
Yo creo que estos procesos de lucha no solamente son de resistencia y confrontación, sino también han sido de recuperación de la memoria de la gente y procesos de construcción. De ninguna manera podemos ignorar aquello. Por una parte la cultura quechua concibe la democracia de otra manera, no como una estructura vertical sino como una horizontal, participativa, rotatoria. Y creo que esos elementos han servido de mucho. La gente no tuvo miedo en ponerle el cuerpo a las balas para defender esa forma de percibir la democracia y el agua como un recurso. Y esta cosmovisión ha sido contagiada también a zonas urbanas, y vemos particularmente en la juventud esa recuperación. Vemos en las comunidades ese sentirse orgullosos de su lengua, de su rostro, de su apellido, de su vestimenta, la gente ya no tiene por qué sentirse avergonzada. Y después ya también el hecho de que en Bolivia el 62% de la gente se considera indígena, eso es importante.

Acá las movilizaciones también están relacionadas con la privatización: de la salud, la educación, las pensiones, pero los medios casi siempre se fijan en lo violento. ¿Les pasó eso el 2000?
Bueno lo que ocurre el año 2000 en Cochabamba es exactamente igual a lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. He estado en Asia, Europa, América y he podido transmitir esta lucha que demuestra que es posible superar y vencer enemigos tan poderosos. Que un pueblo movilizado que sabe definir colectivamente un objetivo común, puede vencer. Puede recuperar lo que se le quitó. Entonces entiendo yo estas movilizaciones que ante todo tienen una característica muy importante: ya no son los partidos ni los sindicantos los que convocan a estas movilizaciones. Sino que son más bien una convocatoria de grupos no institucionalizados.

O agrupaciones independientes.
Son una especie de colectivos autónomos que van estableciendo espacios de deliberación y de toma de decisiones. Y que esos espacios de jóvenes, de trabajadores, de jubilados, de indígenas que se sienten atravesados por estas políticas de despojo, se van articulando. Y la fuerza del movimiento nos permite ver que las sociedades en movimiento se van articulando y empiezan a ocupar territorialmente espacios para decir: “este territorio es nuestro”. Concentrándose en la Plaza principal en Cochabamba o acá como lo hacen los chicos en la Alameda. Logran establecer un espacio de construcción de un nuevo tipo de convivencia social. Yo no he visto ninguna lucha con angustia y miedo, más bien es una lucha alegre, creativa. Nosotros en la Guerra del Agua fuimos muy creativos en desarrollar formas de comunicación y de involucramiento cada vez mayor de toda la sociedad en su conjunto. Logramos juntar a los desocupados o vendedores ambulantes con los propietarios de las zonas ricas de cochabamba, logramos unir. Y eso se está cumpliendo en todo el mundo.

Pero acá cuando se muestra sólo lo violento en la televisión los movimientos van perdiendo fuerza
Yo creo que no hay que estar ajenos a que así como nosotros estamos pensando en las tácticas para poder fortalecernos, el sistema también piensa en cómo ir destruyendo estos procesos organizativos y de construcción de fuerza de la gente. Entonces hay varias tácticas. Una es que se mandan bandas de incrustados del propio gobierno en las manifestaciones.

Eso han dicho que pasa acá también.
Creo que los gobiernos están estableciendo estas formas de generar violencia. Y algo que es nuestro enemigo principal, que es el miedo. La gente se desarma completamente, hay una desconfianza absoluta en el otro y se destruye el proceso organizativo. Yo creo que esta violencia parte fundamentalmente de los gobiernos. Porque ¿cómo es posible que cinco mil policías y mil militares no pudieron controlar a un centenar de personas que estaban cometiendo actos de vandalismo en alguna región de Brasil en las movilizaciones? No se puede explicar. Y esto es porque se quiere generar miedo y temor para que la gente no salga de sus casas y lo vea desde la tele.

Alertan sobre privatización del servicio de agua en siete ciudades de México

En al menos siete ciudades de México se ha privatizado el servicio del agua. Esta medida abarca desde los servicios municipales de agua potable y la edificación de plantas de tratamiento hasta la construcción de presas.

TeleSur

En México, denuncian que en siete ciudades se ha privatizado el servicio del agua, a pesar de que en 2012 se estableció en la Constitución el derecho humano al vital líquido, de acuerdo a informaciones publicadas en el diario mexicano La Jornada.

La investigadora de la organización Food and Water Watch, Claudia Campero, señaló que esta realidad se extiende en el país mediante, al menos, cinco rubros que van desde los servicios municipales de agua potable y la edificación de plantas de tratamiento de residuales hasta la expansiva construcción de presas.

Precisó que la decisión de ceder al sector privado la extracción, distribución y cobro del líquido potable va en retroceso en el mundo, debido a las malas experiencias que ha dejado a las empresas en países como Bolivia y Argentina; sin embargo, en México, donde los cobros del servicio lo vienen haciendo empresas privadas, se impulsa esta política.

En las 16 delegaciones del Distrito Federal son empresas privadas, como Gutsa o Suez, las que con el membrete de Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde hace varios años emiten las facturas de cobro por el consumo de agua.

En Aguascalientes (centro-norte), el municipio otorgó el permiso por 30 años (el contrato vence en 2023) a una empresa subsidiaria para que se encargara de la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Esta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable, según la publicación en el portal web hidrocaribe.gob.ve.

Según el trabajo publicado por el diario mexicano La Jornada, el caso más reciente ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, donde el congreso de Chiapas (sureste) está por resolver la iniciativa del presidente municipal, Samuel Toledo, para transferir el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillad (Smapa), mediante un contrato de prestación de servicios, a la empresa privada que gane un concurso de licitación.

El proyecto, denominado Mejora Integral de Gestión del Smapa, promete que en 2016, 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave.

En Ramos Arizpe, en Coahuila (noreste) el cabildo aprobó la formación de una empresa de participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo (perteneciente a la empresa española Aguas de Barcelona) y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, para suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad.

Sin embargo, denunciaron que a partir del inicio operaciones de Aguas de Ramos Arizpe, en enero de este año, «los abusos no se hicieron esperar». Entre estos resaltan cobros arbitrarios de deudas “lo que ha ocasionado gran angustia”, en especial, entre los habitantes más pobres.

Además, hay aumento de tarifas por consumo de casi el doble para todos los rangos y amenazas de corte del servicio a quienes no paguen, publicó La Jornada.

Respecto del uso del término privatización, Claudia Campero, investigadora de Food and Water Watch, explicó que mientras las organizaciones no gubernamentales hablan de ella cuando empresas privadas adquieren control parcial o total sobre el agua, el gobierno y organismos multilaterales «prefieren referirse a participación privada en la prestación del servicio».