Categoría: Defensa de los derechos colectivos

Noticias de Veracruz

México

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
 Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

 Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

 La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

 La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

 Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
 El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

    “Admiro mucho a los interpretes que están ahí, haciéndolo de la mejor manera posible. Los he visto acompañando de manera respetuosa el dolor del otro. Valoro eso mucho más que su labor de interpretación en sí”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

RAMSAR COLOCA EN TODAS SUS RESOLUCIONES DE ESTA COP12, DE MANERA INCLUSIVA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES.

En el marco de esta COP12 de RAMSAR, celebrada en Punta del Este, Uruguay, la Convención RAMSAR decide tomar una acertada decisión, incluir en todas sus resoluciones a los “Pueblos indígenas y las comunidades locales”.

REDMANGLAR INTERNACIONAL, movimiento  de organizaciones, comunidades y pueblos de campesinos y campesinas, recolectores y pescadores artesanales debe  estar contenta, celebrar y trabajar para que estas resoluciones  sean aplicadas realmente en cada uno de nuestros países.

Las Partes Contratantes de RAMSAR, hoy en su último día de reunión, deciden colocar en todas las resoluciones de esta COP12 (no se incluían antes) el planteamiento de nuestra REDMANGLAR.

Basados en las anteriores resolución de las Conferencias de las partes y según la decisión de las NN.UU “Pueblos Indígenas y comunidades locales”  de forma de ser inclusiva con todos los Pueblos, informa Líder Góngora, de La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador (C-CONDEM), delegado de Redmanglar Internacional en la COP12.

Además también se considera el valor y aporte del conocimiento ancestral o tradicional en la conservación y gestión de los humedales.

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Buenos Aires, Argentina, 27-29 de mayo de 2015

Nosotros, las autoridades de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país, reunidos en esta Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas, enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del país y de toda América. Asimismo enviamos un fraternal saludo a todo el pueblo argentino que, en gran parte, también sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable.

Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural. Todo esto atenta contra el equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres vivientes que habitan en este planeta.

Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones.

Venimos con nuestra memoria ancestral, ella nos da la posibilidad de rescatar nuestros conocimientos tradicionales. Es desde la memoria donde nos conectamos con el pasado, con el presente y con el futuro, sabemos de donde venimos, quienes somos y también hacia donde vamos. Rescatamos nuestra propia historia, educación autónoma, medicina tradicional, derecho consuetudinario, idioma, el mandato ancestral transmitido de generación en generación. La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años.

Manifestamos que:

1) Estamos dispuestos a seguir luchando y afirmando nuestros valores y derechos ancestrales, defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios.

2) Durante décadas hemos tratado de establecer un diálogo con el Gobierno Argentino, para que se respeten nuestros derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales; sin embargo, esta solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida, mientras que se llevan a cabo grandes violaciones de dichos derechos.

3) En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Mas de mil hermanas y hermanos estan siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represion, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra.

4) El gobierno argentino continua violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable. Se trata de que el gobierno argentino respete:

– La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas;

– El Convenio 169 de la OIT;

– El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sus decisiones y recomendaciones;

– La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas

– El Grupo Asesor de la ONU de Expertos Indígenas y sus recomendaciones;

– El Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente los artículos 8j, 10c y artículosconexos) y otros convenios ambientales internacionales;

– El Convenio sobre el Cambio Climático.

– El Convenio RAMSAR sobre humedales

– Instrumentos Jurídicos y Jurisprudencia del Sistema Inter-Americano de la OEA;

– La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75, inc.22)

– La Constitución Argentina y las constituciones provinciales;.

– Ley de Bosques

– Ley de Glaciares

– Ley General del Ambiente

– Toda ley argentina nacional y provincial y ordenanzas municipales repecto de los pueblos indígenas y la conservación ambiental

–

5) Consideramos que la forma de solucionar los problemas es a través del diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos reconocidos a nivel internacional o sea:

a) La consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos;

b) La participación plena y efectiva, respetando el proceso de llegar al consenso;

c) El libre consentimiento informado previo, con el derecho de decir “no” en caso de no estar de acuerdo.

6) Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los temas que deben ser considerados con urgencia, como ser:|
la violación de los derechos humanos, el despojo de nuestros territorios, la exploración y explotación convencional del petróleo y el fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria y otros temas críticos.

7) Desde este espacio y en el espíritu de nuestros ancestros queremos hacer un llamado a todo el pueblo argentino para reflexionar sobre el futuro y las generaciones venideras para construir juntos una sociedad más justa, equitativa y plural en armonía con la Naturaleza.

8) Como pueblos originarios queremos resaltar el rol de la mujer no solo como trasmisoras del conocimiento tradicional y guardianas de la biodiversidad, sino también como protagonistas en la construcción política de nuestros pueblos, en donde la dualidad de género y generación son la base de nuestra cosmovisión.

9) Impulsamos la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación propios para garantizar una comunicación con identidad.

10) El Estado debe garantizar el derecho a la educación autónoma e intercultural.

11) Impulsamos la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios.

12) Subrayamos nuestra preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología tales como el proyecto del genoma humano.

Exigimos:

a) La derogación de la ley antiterrorista. Un país que se proclama defensor de los derechos humanos ha promulgado una ley, en plena democracia, cuya única función es la represión de la protesta social y la penalización de los líderes indígenas que reclaman sus derechos en defensa de sus territorios.

b) El desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas, como el caso de Relmu Ñamku de la comunidad mapuche Winkul Newen de la Provincia de Neuquén acusada de tentativa de homicidio por defender su territorio. Que el gobierno nacional que solicite un informe urgente sobre la situación.

c) Que la Presidenta Cristina Fernández reciba de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos. Exigimos la apertura de un diálogo politico para la elaboración de una agenda de trabajo y entendimiento que garantice la aplicación de los derechos vigentes.

¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra !

Impulsamos desde esta Cumbre un gran Movimiento de Unidad de los Pueblos Originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos viviendo. Porque más allá de que vengamos del norte o del sur, del este o del oeste, todos luchamos por volver a ser pueblos libres, autónomos y en nuestros propios territorios y ejerciendo el pleno derecho a la libre determinación.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

EL UNIVERSAL-Ciudad de Panamá.– Dirigentes de pueblos originarios exigieron hoy en la capital panameña, en la denominada V Cumbre de Abya Yala (América Latina), el respeto a sus demandas territoriales y sociales y el derecho a ser escuchados en la VII Cumbre de las Américas que se celebra este 10 y 11 de abril.

Phil Lane, jefe y heredero espiritual de las naciones Ihanktonwan Dakota y Chickasaw, de Canadá y Estados Unidos, abogó por la unidad de los pueblos indígenas y la necesidad urgente de que se reconozca, con justicia, la atención de sus demandas hemisféricas, reseñó DPA.

«En los últimos 45 años recorrí los pueblos indígenas quechuas y aimaras de los Andes, y me di cuenta que en nuestra médula y cosmovisión hay un valioso concepto de Madre Tierra y Padre Cielo», acotó tras lamentar el grave daño causado al medio ambiente por la codicia de los seres humanos.

Recordó que hace más de 500 años, antes del desembarco de los europeos a América, había en la región «una comunidad vibrante» de más de 100 millones de personas pertenecientes a diversos pueblos que disponía de rutas en los cuatro puntos cardinales, pero que fue diezmada por enfermedades y el saqueo de los recursos naturales.

Lane propuso recuperar los antiguos caminos que conectaban al cóndor, al quetzal y al águila (Caracas, en lengua antigua). Recordó que en 1992 las tribus de Norteamérica reconocieron, tras cuatro días de reunión, que el mundo está regido por leyes naturales y que «sin visión, no hay desarrollo posible».

Mientras hablaba en forma pausada, el líder espiritual mostró el estuche en que guarda la pipa de la paz que utilizó Tasunka Witko, conocido como «Crazy Horse» (Caballo Loco), el guerrero sioux que participó en 22 batallas en las praderas americanas en defensa de su pueblo, antes de ser asesinado a bayonetazos.

Lane, quien ha recibido diversos premios internacionales por su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas y la Familia Humana, relató una larga historia sobre la venerada pipa y cómo la «bondad» del bisonte blanco salvaje ayudó a los pueblos originarios a entender que su desaparición anticipaba momentos duros.

Sostuvo que es la primera vez en 25 años que la pipa de la paz es fumada fuera de Norteamérica y que los escogidos para esa ceremonia fueron cuatro hombres y una mujer. El acto fue celebrado previo a la VII Cumbre de las Américas, coincide con un momento de grandes retos y exigencias regionales.

Por su parte, Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

González manifestó que hay una marcada oposición de los pueblos indígenas a la construcción de hidroeléctricas, al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto y actividades madereras que implican la destrucción de selvas y la contaminación de cuencas.

«Rechazamos que muchos indígenas hayan sido encarcelados por reclamar sus derechos», subrayó el coordinador de la Cumbre de Abya Yala. Sostuvo que «no es casual que donde habitan los pueblos indígenas aún existan bosques», pero advirtió que están amenazados por planes de deforestación.

A su vez, Kine Peller, administrador del Congreso General de la Comarca Kuna Yala, de Panamá, se pronunció a favor de la reivindicación de los derechos hídricos y los mecanismos para resolver conflictos limítrofes en las comarcas, a través de la participación de comunidades que deben ser escuchadas por los presidentes de América.

El avance de la minería, el monocultivo sojero y otros proyectos extractivistas cercan a los pueblos nativos, que han retomado la lucha por territorios que garantizan no sólo su bienestar económico, sino también su supervivencia

Publico.es

BUENOS AIRES.- El pasado 24 de marzo, multitudinarias manifestaciones conmemoraron en Buenos Aires los 39 años de la sangrienta dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos al grito de «Nunca más». Representantes del pueblo Qom, que habita en las provincias de Formosa y Chaco, aprovecharon la ocasión para denunciar que, mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se vanagloria de sus políticas de derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, los derechos humanos de los indígenas se siguen violando a diario.

La Comunidad Qom de la Primavera, de Formosa, comenzó 2015 con la décima muerte en cuatro años que las autoridades atribuyen a «paro cardíaco» o «accidente de tráfico», pero que, para la comunidad, responde a motivos más oscuros. Esta vez fue Esteban Medina, de 17 años, encontrado muerto junto a la ruta 86, la misma carretera que ha visto al pueblo Qom protagonizar cortes y manifestaciones para reclamar el derecho a sus tierras ancestrales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos les dio la razón cuando, en 2011, exhortó al Estado argentino a proteger la vida de los integrantes de la comunidad. El Estado miró hacia otro lado y hoy el pueblo Qom tiene que lamentar varias muertes más.

El pueblo Qom decidió entonces acampar ante la Casa Rosada y manifestarse en Buenos Aires, cortar la céntrica avenida 9 de julio y tratar de visibilizar así la situación de represión que sufren desde hace años. A esa marcha acudieron representantes de la organización Qopiwinni, un intento de articulación política de las cuatro etnias indígenas que habitan Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Porque, dicen ellos, todos sufren los mismos problemas, y éstos se reducen a uno: la lucha por la tierra.

Los Qom, como tantas otras etnias indígenas a lo largo y ancho de América Latina, llevan siglos resistiendo al avance sobre su territorio, pero en los últimos años la presión se ha incrementado, en parte, por el avance de la frontera de la lucrativa soja. Los Qom dijeron no al modelo sojero y al glifosato ─el agresivo herbicida que tolera la soja transgénica─ y lograron frenar la expansión del monocultivo en 2010, pero desde entonces han visto aumentar la presión sobre sus tierras. Y es en ese delicado contexto en el que siguen demandando, como exige la ley argentina, la devolución de sus tierras ancestrales:

«Eso nos sostiene; sin eso, vamos a ir desapareciendo como pueblo, porque la tierra para nosotros es la base no sólo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales», afirma Félix Díaz, el qarasé, líder democráticamente electo por la Comunidad de la Primavera, que ha tenido que enfrentarse a varias querellas. Los indígenas hablan de «judicialización y criminalización de las resistencias».

Dista mucho de ser un asunto aislado. En todo el continente, comunidades indígenas se enfrentan a la expansión de los monocultivos de soja, caña de azúcar o palma africana; a las minas y las explotaciones de hidrocarburos; a las plantaciones de eucalipto y las fábricas pasteras; a las grandes centrales hidroeléctricas.

El modelo extractivista ha consolidado en toda América Latina economías que dependen de la exportación de materias primas, pero su extracción a gran escala conlleva la devastación de ecosistemas enteros y tiene como principales víctimas los pueblos indígenas que son desplazados de sus territorios o que ven cómo el deterioro ambiental imposibilita sus formas tradicionales de vida.

Los Wayúu contra la mina

Son tantos los ejemplos que resulta imposible enumerarlos todos. Alguno de los casos emblemáticos, que dan cuenta de la situación crítica que viven muchos pueblos originarios latinoamericanos, es el del pueblo Wayúu. Hace sólo unos días llevaron ante la CIDH el caso de los 5.000 niños y niñas muertos por hambre y sed en La Guajira (Colombia), muertes de las que culpan a los emprendimientos agroindustriales y mineros que retienen el agua, de por sí escasa, de la región. Los representantes del pueblo Wayúu exigen medidas que les permitan recuperar el acceso al agua mientras se les niega la entrada a la presa construida sobre el río Ranchería. A pocos kilómetros de las poblaciones indígenas, la mina de El Cerrejón, que emplea unos 35.000 litros de agua al día, lo suficiente para abastecer a tres millones de personas.

La mina es el principal problema de los Wayúu, y el interés del Gobierno de Juan Manuel Santos por impulsar lo que él denomina la «locomotora minero-energética» ha sido clave para que la comunidad sea amenazada y atacada para obligar su desplazamiento. Pero no es El Cerrejón el único enemigo de los Wayúu: el agua que se les niega también se requiere para los cultivos agroindustriales de arroz; además, han denunciado que sus bases de subsistencia se ven amenazadas por los grandes barcos pesqueros que, con permiso gubernamental, arrasa con la vida en el mar y les deja sin posibilidades de pescar mar adentro.

El pueblo mapuche contra las petroleras

En la Patagonia argentina, el pueblo mapuche hace frente, desde hace años, a la industria petrolera. Cuando YPF era Repsol, los mapuche ─gente de la tierra, en su lengua─ probaron la contaminación que en la región estaba provocando la extracción de hidrocarburos.

Después de que la empresa fuera nacionalizada, no ha mejorado la suerte de las comunidades mapuches que se asientan sobre la reserva de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de combustibles fósiles no convencionales, que el Gobierno explotará junto a Chevron pese a los inquietantes antecedentes de la empresa estadounidense, condenada por la Justicia ecuatoriana por contaminación reiterada en sus exploraciones en plena selva amazónica. Chevron nunca pagó su deuda con Ecuador y los pueblos indígenas se vieron despojados por los miles de litros de crudo vertidos a los ríos.

Frente a quienes les acusan de oponerse al «desarrollo y el progreso» de Argentina, el pueblo mapuche defiende el derecho a habitar sus tierras ancestrales y a que se cumpla su derecho a la consulta ante este tipo de proyectos, tal como, sobre el papel, garantizan las leyes argentinas y los convenios internacionales, especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que casi todos los países latinoamericanos han ratificado, pero en todas partes encuentra trabas para ser implementado.

Los Xingú contra la presa de Belo Monte
La violación del Convenio 169 de la OIT, que otorga a los pueblos indígenas el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras ancestrales, ha sido uno de los muchos obstáculos legales a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno brasileño, decido a construir en el corazón de la selva amazónica, sobre el legendario río Xingu, la central hidroeléctrica de Belo Monte, llamada a ser la tercera mayor del mundo.

El proyecto, de cuyo consorcio constructor forma parte la española Iberdrola, data de los años 70, y la polémica también. Hace 40 años, las protestas de los pueblos indígenas afectados lograron paralizar un proyecto concebido en tiempos de la dictadura militar; el Gobierno de Lula da Silva lo retomó y su sucesora, Dilma Rousseff, lo mantuvo pese a la presión de grupos ecologistas internacionales, las órdenes judiciales de parar las obras por las irregularidades encontradas en la licitación ambiental y otro sinfín de incidencias.

Si, como parece, la obra sale adelante y se construye una presa en el río Xingu, uno de los mayores afluentes del río Amazonas, las consecuencias ambientales son impredecibles, pero de algo no cabe duda: los principales afectados serán los pueblos originarios que habitan la región, los kayapó, arara, juruna y araweté.

«No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios y que aún podemos preservar». Ese fue el mensaje que, hace años, un líder kayapó envió al presidente Lula. No hay cómo negarles que, al contrario que el hombre blanco occidental, las tribus amazónicas han sabido vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza; lo mismo cabe decir de los mapuche, los Wapúu, los Nasa, los Qom, los guaraní y una larguísima lista de pueblos originarios de la Abya Yala, el nombre que dieron los kuna del actual Panamá a la tierra que los primeros conquistadores europeos quisieron llamar América.

fundar

• Necesario y urgente visita de la CIDH a México para actualizar informe país y documentar graves violaciones a derechos derivados de proyectos energéticos.
• Es importante que la CIDH exhorte al Estado mexicano que realice consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos acorde a los más altos estándares internacionales.

 

En el contexto del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y Greenpeace informaron a las y los Comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México.

En su intervención representantes de dichas organizaciones reconocieron la apertura de la CIDH para este espacio de diálogo que reconoce que la política energética guarda una estrecha relación con la garantía de los derechos humanos. Destacaron que es la primera vez que un espacio público se abre para que la sociedad pueda presentar sus consideraciones pues ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han posicionado al respecto.

Señalaron que la reforma energética es una reforma de gran calado que prioriza y facilita proyectos energéticos que son violatorios de derechos humanos. La presentación, discusión y aprobación de la reforma en tiempo récord; no garantizar el derecho de acceso a la información; transgredir el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas; así como afectar el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la SCJN de someter a consulta popular la reforma constitucional en materia energética, fueron numerados como vulneraciones de derechos.

Destacaron que dentro de los impactos de la reforma energética se encuentra la reducción de los ingresos del Estado ya que con la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, éstas recibirán parte de las utilidades que antes correspondían al Estado. “Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que en las leyes de la reforma no se establece tan siquiera un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de sus recursos petroleros y gasíferos” apuntó Aroa de la Fuente de Fundar y representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Al respecto concretamente manifestó que el fracking supone violaciones al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación ambiental; al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad del agua; al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los propios hidrocarburos extraídos; al derecho a la alimentación adecuada, por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras de cultivo y pastura; al derecho a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas frente a los sismos y accidentes, disminuyen sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.

Ejemplificó la magnitud de estas afectaciones, señalando que para la Ronda Cero (R0), Pemex ha definido la asignación a su favor de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuida en 142 municipios, de 11 estados. Sobresale Veracruz, seguido por Tabasco. 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio. En primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%).

Para la Ronda Uno (R1), manifestó, que se abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos, en un total de 68 municipios y 8 estados, por un total de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio.

“A las comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.

Durante la Audiencia se expuso la situación sobre la Consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de consulta, el cual se basa en un protocolo de implementación elaborado por diversas instancias gubernamentales.

“Las agresiones, amenazas e intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, la falta de mecanismos claros de toma de decisiones, los permisos y contratos previamente acordados, y la falta de transparencia, entre varios otros vicios que se han documentado, resultan violatorios de la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo el resultado que se tenga de la consulta” concluyó en su intervención Dante Emmanuel.

El Comisionado Paulo Vannuchi de la CIDH pregunto si las violaciones a derechos humanos denunciadas en la Audiencia sobre la reforma energética son “futuras” o presentes, las OSC claramente ya habían señalado violaciones en el proceso mismo de aprobación de reforma constitucional y expedición de leyes secundarias sin información, participación ni consulta, detallando además las disposiciones legales que son contrarias a la garantía de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y otras, incluyendo los mecanismos establecidos para la determinación de la servidumbre legal y ocupación temporal de los territorios. Adicionalmente a todas las violaciones que se prevén en materia de derecho al medio ambiente sano y otros derechos económicos, sociales y culturales por los proyectos que favorece la reforma. En su réplica, las OSC destacaron que la reforma no da margen para que se ejerza el derecho al consentimiento previo, libre e informando, contraviniendo la jurisprudencia interamericana, porque si los titulares de las tierras no quieren aceptar el proyecto y no hay acuerdo desde la “negociación inicial”, las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica disponen la imposición de una mediación que debe llegar a “acuerdo” o bien la servidumbre legal por vía judicial o administrativa. El gobierno mexicano no respondió a estos y otros cuestionamientos.

Al finalizar la audiencia las organizaciones expusieron sus petitorios a la CIDH y al Estado mexicano los cuales se exponen íntegros a continuación:

• Que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso.
• Que realice una visita in loco urgente a México para actualizar su informe de país que data de 1996, y particularmente visite comunidades y documente las graves violaciones a los derechos colectivos indígenas que con motivo de proyectos extractivos se han generado en México.
• Que exhorte al Estado mexicano a la realización de la consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos en el que puedan verse afectados los derechos de los pueblos indígenas acorde a los más altos estándares internacionales como lo marca el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia interamericana. Particularmente por cuanto hace a los proyectos Eólicos del pueblo indígena zapoteco de Juchitán, Estado de Oaxaca, México, exprese su preocupación por las deficiencias en la consulta en el informe que emita sobre este periodo de sesiones, tomando en cuenta que este caso será el modelo a seguir en todas las futuras consultas.
• Que exhorte al Estado a prohibir el fracking, por constituir una forma de extractivismo que menoscaba el derecho a la tierra y territorio de los pueblos y comunidades, así como el derecho al medio ambiente sano.
• Que exhorte al Estado para asegurar el acceso a un recurso idóneo y efectivo en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención, al cual puedan acudir los pueblos y comunidades, para hacer valer sus derechos. Particularmente se asegure en materia de amparo el derecho a la suspensión provisional de las determinaciones de la Comisión de Hidrocarburos en tanto se determina de fondo si su actuar es apegado o no a los derechos fundamentales.
• Que en ejercicio de sus facultades, solicite a la Corte IDH la correspondiente opinión consultiva para efectos de analizar si la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera son acordes con los derechos humanos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y con los estándares desarrollados por la jurisprudencia del sistema en la materia.

Al Estado Mexicano:

• Que evite emitir concesiones, permisos y/o asignaciones sobre proyectos de industria extractiva sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades que podrían ser afectados.
• Que evite la aplicación de los supuestos mecanismos de consulta contenidos en los artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, por ser en realidad mecanismos de imposición de proyectos y en cambio implemente procedimientos de consulta acordados con los pueblos y comunidades que estén sustentados en los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia interamericana, de tal forma que se asegure que sean de buena fe y conforme a los procedimientos e instituciones tradicionales indígenas.

Alianza Mexicana contra el Fracking / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Equipo Pueblo AC / Fundar-Centro de Análisis e Investigación / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México Estado de México / Prodesc

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Investigadora de la UNAM destaca la importancia de los derechos humanos de grupos vulnerables del continente.

Aristegui Noticias

De México a Brasil el mayor número de individuos forzados a moverse de su territorio pertenece a comunidades originarias, señaló Katherine Isabel Herazo González, profesora de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM.

Esto se puede ver en Chiapas, con el movimiento zapatista; en Nicaragua, con los miskitos; en Colombia, con los nasas y embera katios, o en Perú, con los ashánincas, cada uno asociado a un proceso sociopolítico, refirió la egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), informó la UNAM.

La difícil situación se extiende a países de la región por los conflictos comunitarios, políticos y económicos. El fenómeno se empieza a presentar como una forma de ganar guerras internas, es decir, el desplazamiento se vuelve una estrategia político-militar.

Indicó que trabajó con población tzotzil y tzeltal y que en el primer grupo su lengua no tiene palabras para designar a los derechos humanos, lo que constituyó el primer dilema epistemológico, porque los conciben como algo lejano y venido de Occidente.

“Desde su cosmovisión los derechos humanos no sólo son construidos por la normatividad o la regularización humana, sino que existen otros de índole consuetudinaria, basados en usos, costumbres y maneras de entender la realidad”, detalló.

Primer lugar

Esa noción se afianza en su afinidad política, como en el grupo de la sociedad civil Las Abejas, que defiende su tierra, autonomía y territorio, pero pacíficamente. Al desplazarse los elementos éticos y religiosos juegan un papel fundamental.

La investigadora fue primer lugar en el V Concurso de Tesis sobre América Latina y el Caribe 2013 —convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)—, en la categoría Doctorado.

En su trabajo para obtener el grado, Los que huyeron (jataveletik). Representaciones sociales y derechos humanos de los indígenas desplazados, la universitaria argumenta que estos movimientos cambian a medida que las fuerzas sociales y los poderes hegemónicos y contrahegemónicos entran en tensión.

Herazo González rescata la historia y las voces de quienes se vieron obliga a abandonar su sitio y establece que los derechos humanos son un pilar por el cual luchar.

“Si alguien se desplaza no sólo pierde su tierra, sino también su trama social e historia, lo que provoca una desestructuración de identidades. Además, para los indígenas la relación con su territorio es sagrada”, externó la académica en un comunicado de la máxima casa de estudios.

La egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras indicó que también hay otras poblaciones desplazadas no indígenas, aunque la investigación se enfocó a ese núcleo por ser, históricamente, el más vulnerable.

“A nivel micro mi idea fue resaltar cómo se experimentan las garantías individuales en estas comunidades, qué tan vulnerables son y estudiar sus representaciones sociales en el rubro. Eso demostró por qué persiste el debate sobre su violación y vulneración”.