Apuntes introductorios sobre el ecofeminismo

El Ecofeminismo se presenta como una categoría de análisis que integra las sinergias del ecologismo y del feminismo. De esta confluencia surge con fuerza una filosofía y una práctica que defiende un cambio de modelo social que respete las bases materiales que sostienen la vida.

Yayo Herrero, Boletín Hegoa

El Ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros y posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el análisis de los problemas que cada uno de los movimientos afronta por separado gana en profundidad, complejidad y claridad (Puleo, 2011). Es una filosofía y una práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” (Shiva y Mies, 1997:128).

La primera vez que aparece el término ecofeminismo es en 1974 con la publicación del libro Feminismo o la muerte de Francoise D´Eaubounne. Ella apuntaba que existía una profunda relación entre la sobrepoblación, la devastación de la naturaleza y la dominación masculina y que para salir de la espiral suicida de producción y consumo de objetos superfluos y efímeros, de la destrucción ambiental y la alienación del tiempo propio, era preciso cuestionar la relación entre los sexos. (Cavana, Puleo y Segura, 2004). Para D´Eaubounne, el control del propio cuerpo es el comienzo del camino no consumista, ecologista y feminista.

Este primer ecofeminismo no despertó gran interés en Francia, pero sí encontró cierto eco en Norteamérica y en Australia, por ejemplo en el trabajo de Ynestra King que realiza un interesante análisis de las diferentes relaciones de dominación interconectadas y la posición histórica de las mujeres respecto a esa dominación.

Igualmente, durante la década de los setenta tenían lugar en varios países de la periferia manifestaciones públicas de mujeres en defensa de la vida. La más emblemática fue la del movimiento Chipko, en la India. También en el mundo anglosajón se desarrollaban numerosas actividades feministas pacifistas impulsadas por el vínculo entre las mujeres y la defensa de la vida. Así por ejemplo, las manifestantes de Greenham Common ejercieron una gran presión alrededor de las bases de misiles y centros de investigación militar, organizado actos no violentos, como el tejido de redes con las que cerrar las entradas de abastecimiento.

Estos movimientos fueron abordando la problemática de las relaciones entre las personas y con la naturaleza desde visiones muy diferentes, originando varias corrientes que nos obligan a hablar de ecofeminismos. Simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas, se podría hablar de dos corrientes: ecofeminismos esencialistas y ecofeminismos constructivistas (Cavana, Puleo y Segura, 2004).

Los ecofeminismos de corte esencialista, denominados también clásicos, entienden que las mujeres, por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla. Esta corriente tiene un enfoque ginecocéntrico y esencialista que encontró un fuerte rechazo en el feminismo de la igualdad, que renegaba la vinculación natural que había servido para legitimar la subordinación de las mujeres a los hombres. Las ecofeministas clásicas otorgan un valor superior a las mujeres y a lo femenino y reivindican una “feminidad salvaje”. Consideran a los hombres como cultura, en el sentido roussoniano al hablar de la cultura como de degradación del buen salvaje. Este ecofeminismo presenta una fuerte preocupación por la espiritualidad y el misticismo y defiende la idea de recuperar el matriarcado primitivo.

Este primer ecofeminismo pone en duda las jerarquías que establece el pensamiento dicotómico occidental, revalorizando los sujetos antes despreciados: mujer y naturaleza. Las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo, a la nuclearización y a la degradación ambiental, interpretando éstos como manifestaciones de una cultura sexista. Petra Kelly es una de las figuras que lo representan.

A este primer ecofeminismo, crítico de la masculinidad hegemónica, siguieron otros propuestos principalmente desde el Sur. Algunos de ellos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza. En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, María Mies o a Ivonne Guevara.

Críticos con el esencialismo del ecofeminismo clásico, surge el ecofeminismo constructivista. Desde este enfoque, se defiende que la estrecha relación entre mujeres y naturaleza se sustenta en una construcción social. Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Este ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento.

En esta línea, Bina Agarwal (Agarwal, 1996) señala que el papel de las mujeres en la defensa de la naturaleza es importante porque son las que se preocupan por el aprovisionamiento material y energético, no porque les guste particularmente esa tarea ni por predisposición genética, sino porque son ellas las que están obligadas a garantizar las condiciones materiales de subsistencia.

Sin restar valor a muchas de las aportaciones, análisis y luchas sociales que se han derivado de los ecofeminismos de corte esencialista, esta introducción se sitúa en un ecofeminismo constructivista. Este ecofeminismo es deudor de todos los campos de pensamiento en los que el feminismo ha deconstruido muchos de los dogmas dominantes, mostrando que existen formas de entender la historia, la economía, la ordenación del territorio, la politología, o la vida cotidiana que pueden permitir construir otras formas de relación y organización emancipadoras para todas las personas.

A pesar de las diferencias de enfoques, todos los ecofeminismos comparten la visión de que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la Naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la lógica de la dominación y del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación.

Un ecofeminismo crítico y constructivista

El ecofeminismo somete a revisión conceptos clave de nuestra cultura: economía, progreso, ciencia… Considera que estas nociones hegemónicas han mostrado su incapacidad para conducir a los pueblos a una vida digna. Por eso es necesario dirigir la vista a un paradigma nuevo que debe inspirarse en las formas de relación practicadas por las mujeres.

Desde los puntos de vista filosófico y antropológico, el ecofeminismo permite reconocernos, situarnos y comprendernos mejor como especie, ayuda a comprender las causas y repercusiones de la estricta división que la sociedad occidental ha establecido entre Naturaleza y Cultura, o entre la razón y el cuerpo; permite intuir los riesgos que asumen los seres humanos al interpretar la realidad desde una perspectiva reduccionista que no comprende las totalidades, simplifica la complejidad e invisibiliza la importancia material y simbólica de los vínculos y las relaciones para los seres humanos.

Desarrolla una mirada crítica sobre el actual modelo social, económico y cultural y proponen una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, dando valor a elementos, prácticas y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores y que han sido invisibilizados.

Posiblemente todos los ecofeminismos estén de acuerdo con King, cuando afirma que: “desafiar al patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida, y hacia el propio planeta.” (Agra, 1997)

Desde parte del movimiento feminista, el ecofeminismo se ha percibido como un posible riesgo, dado el uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza (Cavana, Puleo y Segura, 2004). Esta relación impuesta se ha usado como argumento para mantener la división sexual del trabajo. En la misma línea advierte Celia Amorós contra lo que ella denomina la práctica de una “moral de agravios” (Amorós, 1985) con respecto a las mujeres.

Esta moral de agravios, para Amorós, se produce cuando lo que se pide y se exige no es el cambio de estatus de las mujeres, sino simplemente el respeto y consideración a las tareas que ellas realizan. Para un ecofeminismo constructivista, no se trataría de exaltar

lo estereotipado como femenino, de encerrar a las mujeres en un espacio reproductivo, aun cuando fuese visible, negándoles el acceso al espacio público. Tampoco se trata de responsabilizarles en exclusiva de la ingente tarea del cuidado del planeta y la vida. Se trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia.

Si el feminismo ha denunciado cómo la naturalización de la mujer ha servido para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo plantea que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en “renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a las condiciones materiales que posibilitan la existencia. Una “renaturalización” que exige un cambio cultural que convierta en visible la ecodependencia para mujeres y hombres (Herrero y otros, 2006).

Algunas bases conceptuales

No pretende este epígrafe agotar la amplitud de temas que forman parte de la preocupación del ecofeminismo, como son la deconstrucción y reconstrucción de las miradas emancipadoras, la conciencia crítica de la tecnología y la ciencia, la crítica al mito del progreso indefinido, la bioética, el culto al trabajo, la producción, o la concepción de riqueza hegemónica.

En este avance, solamente van a ser abordados aquellos que forman parte del diálogo que establece la economía ecológica con la economía feminista.

El ecofeminismo denuncia cómo los ciclos vitales humanos y los límites ecológicos quedan fuera de las preocupaciones de la economía convencional. Esta denuncia trastoca las bases fundamentales del paradigma económico capitalista.

Contribuye a desmantelar el artificio teórico que separa humanidad de naturaleza; establece la importancia material de los vínculos y las relaciones; se centra en la imanencia y vulnerabilidad de los cuerpos y la vida humana; y otorga papel esencial a la producción y a la reproducción como elementos indisociables del proceso económico.

Una economía que crece de espaldas a la ecodependencia y a la interdependencia

La vida de las personas tiene dos insoslayables dependencias: la que cada persona tienen de la naturaleza y la de otras personas.

Los seres humanos obtenemos lo que precisamos para estar vivos de la naturaleza: alimento, agua, cobijo, energía, minerales… Por ello, decimos que somos seres ecodependientes: somos naturaleza. Sin embargo, a pesar de la evidente dependencia que las personas tenemos de la Naturaleza, el ser humano en las sociedades occidentales ha elevado una pared simbólica entre él y el resto del mundo vivo, creando un verdadero abismo ontológico entre la vida humana y el planeta en el que ésta se desenvuelve.

La idea de progreso se relaciona, en muchas ocasiones, con la superación de aquello que se percibe como un límite. La dominación sobre la naturaleza toma cuerpo en la obsesión por eliminar los obstáculos que impidan la realización de cualquier deseo. Cualquier límite que impida avanzar en este dominio se presenta como un reto a superar. La modificación de los límites de la naturaleza ha sido vivida como una muestra de progreso. En la cara oculta de la superación de los límites se sitúa la destrucción, agotamiento o deterioro de aquello que necesitamos para vivir.

Pero además, cada ser humano presenta una profunda dependencia de otros seres humanos. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo y energía a cuidar de nuestros cuerpos. Esta segunda dependencia, la interdependencia, con frecuencia está más oculta que la anterior.

En las sociedades patriarcales, quienes se han ocupado mayoritariamente del trabajo de atención y cuidado a necesidades de los cuerpos vulnerables, son mayoritariamente las mujeres, porque ese es el rol que impone la división sexual del trabajo en ellas. Este trabajo se realiza en el espacio privado e invisible de los hogares, organizado por las reglas de institución familiar.

Si no se politiza el cuerpo y su vulnerabilidad, no podemos ver la centralidad del trabajo de quienes se ocupan del mantenimiento y cuidado de los cuerpos vulnerables ni la necesidad de que el conjunto de la sociedad, y por supuesto los hombres, se responsabilicen de estas tareas. En las sociedades occidentales cada vez es más difícil reproducir y mantener la vida humana, porque el bienestar de las personas encarnadas en sus cuerpos no es una prioridad (Carrasco 2009).

Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades, es vital para comprender la esencia interdependiente de nuestra especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad.

La ignorancia de estas dependencias materiales (eco e interdependencia) se traduce en la noción de producción y de trabajo que maneja la economía convencional y que ha contribuido a alimentar el mito del crecimiento y la fantasía de la individualidad. El ecofeminismo, al analizarlas conjuntamente, ayuda a comprender que la crisis ecológica es también una crisis de relaciones sociales.

Una producción que no tiene en cuenta el sostenimiento de la vida

La reducción del valor a lo exclusivamente monetario configura aquello que forma parte del campo de estudio económico. Esta reducción expulsa del campo de estudio de la economía a la complejidad de la regeneración natural y todos los trabajos humanos que no forma parte de la esfera mercantil. Sin ser contabilizados por la vara de medir del dinero, pasan a ser invisibles. La producción pasa a ser exclusivamente aquella actividad en la que se produce un aumento del excedente social medido exclusivamente en términos monetarios.

Razonar exclusivamente en el universo abstracto de los valores monetarios ha cortado el cordón umbilical que une la naturaleza y la reproducción cotidiana de la vida con la economía. Hemos llegado al absurdo de utilizar un conjunto de indicadores que, no solamente no cuentan como riqueza bienes y servicios imprescindibles para la vida, sino que llegan a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza.

Desde el punto de vista ecofeminista, la producción tiene que ser una categoría ligada al mantenimiento de la vida y al bienestar de las personas (Pérez Orozco 2007), es decir, lo producido, debe ser algo que permita satisfacer necesidades humanas con criterios de equidad. Hoy, se consideran como producciones la obtención de artefactos o servicios que son socialmente indeseables desde el punto de vista de las necesidades y del deterioro ecológico. Igualmente, se considera como producción lo que es simplemente extracción y transformación de materiales finitos preexistentes. Distinguir entre las producciones socialmente necesarias y las socialmente indeseables es imprescindible y los indicadores monetarios al uso (como el Producto Interior Bruto) no permiten discriminar entre ambas.

Al visibilizar la dependencia de la economía de la naturaleza y de los trabajos ligados al cuidado de la vida humana, se derrumban las fronteras entre la producción y la reproducción, socavando de esta manera el patriarcado capitalista.

Una mirada ecofeminista sobre el concepto de trabajo

La noción de trabajo acuñada en las sociedades industriales se reduce a la tarea que se realiza en la esfera mercantil a cambio de un salario. Todas las funciones que se realizan en el espacio de producción doméstica de forma no remunerada, aunque garantizan la reproducción social y el cuidado de los cuerpos pasan a no ser nombradas, aunque obviamente siguen siendo imprescindibles y explotables, tanto para garantizar la supervivencia como para fabricar una «mercancía» muy especial: la mano de obra (Carrasco 2009).

La nueva economía transformó el trabajo y la tierra en mercancías y comenzaron a ser tratados como si hubiesen sido producidos para ser vendidos. Pero ni la tierra ni el trabajo son mercancías porque, o no han sido producidas – como es el caso de la tierra – o no han sido producidas para ser vendidas – como es el caso de las personas. Polanyi advierte que esa ficción resultaba tan eficaz para la acumulación y la obtención de beneficios como peligrosa para sostener la vida humana. Se puede entender el alcance de esta Gran Transformación si se recuerda que «trabajo no es más que un sinónimo de persona y tierra no es más que un sinónimo de naturaleza» (Polanyi 1992)

La nueva noción del trabajo exigió hacer el cuerpo apropiado para la regularidad y automatismo exigido por la disciplina del trabajo capitalista (Federeci 2010). El cuerpo se convierte en una maquinaria de trabajo, fortaleciendo las nociones previas que la Modernidad había asentado. La regeneración y reproducción de esos cuerpos no son responsabilidades de la economía que se desentiende de ellas, relegándolas al espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres se ven obligadas a asumir esas funciones desvalorizadas a pesar de que sean tan imprescindibles tanto para la supervivencia digna como para la propia reproducción de la producción capitalista(Carrasco 2009). Desde este punto de vista, podemos defender que las mujeres efectúan una mediación con la naturaleza en beneficio de los hombres.

Mies propone reformular el concepto de trabajo definiéndolo como aquellas tareas dedicadas a la producción de vida. Cristina Carrasco (Carrasco, 2001) profundiza estas propuesta cuando señala que es preciso reorganizar todos los trabajos y corresponsabilizar a los hombres y al conjunto de la sociedad de esos trabajos que han realizado a lo largo de la historia las mujeres. Se trata de un trabajo repetitivo y cíclico intensivo en tiempo, que libera a los hombres – y a algunas mujeres – para hacer trabajos menos esenciales y en muchas ocasiones dañinos para las propias personas y para la naturaleza. De esta forma, se plantea también la ruptura de la dicotomía que separa el trabajo reducido al empleo, del resto de los trabajos que sostienen cotidianamente la vida.

Desde este punto de vista, el trabajo sólo puede ser productivo en el sentido de producir excedente económico mientras pueda obtener, extraer, explotar y apropiarse trabajo empleado en producir vida o subsistencia. La producción de vida es una precondición para la producción mercantil. El trabajo de las mujeres es esencial para producir las propias condiciones de producción. Por ello, el capitalismo no puede mantenerse sin el patriarcado.

La valorización del cuidado lleva a la economía feminista a acuñar la idea de sostenibilidad de la vida humana (Carrasco, 2001) bajo un concepto que representa un proceso histórico complejo, dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades que debe ser continuamente reconstruido, que requiere de recursos materiales pero también de contextos y relaciones de cuidado, proporcionados éstos en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares.

En nuestra opinión, este concepto se relaciona dentro de la idea más amplia de sostenibilidad ecológica y social. De acuerdo con Bosch, Carrasco y Grau (2005:322) entendemos la sostenibilidad:

“Como proceso que no sólo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe –en términos humanos, sociales y ecológicos–, sino a que dicho proceso signifique desarrollar condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población. Sostenibilidad que supone, pues, una relación armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y humanos. En consecuencia, será imposible hablar de sostenibilidad si no va acompañada de equidad”

Recomponiendo un espacio seguro de vida para la humanidad desde el ecofeminismo

Las dimensiones ecológica y feminista son imprescindibles para transformar la concepción y la gestión del territorio y para reorganizar los tiempos de la gente… Sin ellas, es imposible alumbrar un modelo compatible con la biosfera y que trate de dar respuesta a todas las diferentes formas de desigualdad. Se esbozan a continuación, de una forma somera, algunas pautas imprescindibles para orientar desde una perspectiva ecofeminista las transiciones hacia un modelo económico, cultural y político que permita la sostenibilidad de la vida humana.

El punto de partida es la inevitable reducción de la extracción y presión sobre los ciclos naturales. En un planeta con límites, ya sobrepasados, el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es tanto una opción como un dato. Esta adaptación puede producirse mediante la lucha por el uso de los recursos decrecientes o mediante un proceso de reajuste decidido y anticipado con criterios de equidad.

Una reducción de la presión sobre la biosfera que se quiera abordar desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como prioridad, obliga a plantear un radical cambio de dirección. Obliga a promover una cultura de la suficiencia y de la autocontención en lo material, a apostar por la relocalización de la economía y el establecimiento de circuitos cortos de comercialización, a restaurar una buena parte de la vida rural, a disminuir el transporte y la velocidad, a acometer un reparto radical de la riqueza y a situar la reproducción cotidiana de la vida y el bienestar en el centro del interés.

La economía convencional valora exclusivamente la economía del dinero y formaliza la abstracción del Homo economicus como sujeto económico (My economy). Frente a esta concepción, el ecofeminismo se centra en la “We economy”, una economía centrada en la satisfacción de las necesidades colectivas. Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de organización social y económica que permitan librarse de un modelo de desarrollo que prioriza los beneficios monetarios sobre el mantenimiento de la vida.

Abandonar la lógica androcéntrica y biocida obliga a responder a las preguntas ineludibles: ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias y posibles para que se puedan satisfacer? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para ello?

Responder a estas preguntas implica el cambio radical de la economía, de la política y de la cultura. Se trata por tanto de abordar un proceso de reorganización del modelo productivo y de todos los tiempos y trabajos de las personas.

Abordar esta transición con criterios de equidad, supone abordar la redistribución y reparto de la riqueza, así como una reconceptualización de la misma. En un planeta físicamente limitado, en el que un crecimiento económico ilimitado no es posible, la justicia se relaciona directamente con la distribución y reparto de la misma. El acceso a niveles de vida dignos de una buena parte de la población pasa, tanto por una reducción drástica de los consumos de aquellos que más presión material ejercen sobre los territorios con sus estilos de vida.

El ecofeminismo, poco a poco, va calando en los análisis de otros movimientos sociales y políticos. Creemos que esta mirada resulta imprescindible para realizar un análisis material completo del metabolismo social y establecer diagnósticos más ajustados sobre la crisis civilizatoria. Esta mirada es central para ayudar a diseñar las transiciones necesarias hacia una sociedad más justa y compatible con los límites de la naturaleza.

Chiapas invita a la Semana por la Autonomía Audiovisual del 21al 26 de septiembre

Del 21 al 26 de septiembre de 2105 se levará a cabo en Chiapas la “Semana por la autonomía audiovisual”, la edición en Chiapas de la “Semana de la soberanía audiovisual” que durante septiembre 2015 sucede simultáneamente en varias partes de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela y México.

Este es un festival de cine comunitario multilocalizado, alrededor del que también se desarrollan varias actividades como talleres, creaciones colectivas, charlas, conciertos, transmisiones de radio y video, etc.

Esta es la tercera edición de este festival y tiene el tema “Territorio” como eje central, entendido en los múltiples territorios que disputamos en nuestras luchas cotidianas, desde la tierra, la cultura, el arte, los cuerpos.

 

En chiapas optamos por utilizar el concepto de “autonomía audiovisual” para relacionarlo más directamente con nuestro horizonte de construcción, ya que consideramos la comunicación como una pieza más de nuestro caminar hacia la autonomía en todos los sentidos de nuestra vida.

Puedes encontrar más información en las siguientes ligas:

Evento de feis:
https://www.facebook.com/events/1137449659602859/

La otra agenda Chiapas:
http://chiapas.demosphere.eu/

Consulta la programación:

Descripcion-Charlas-y-Talleres

Más información sobre la Semana por la Sobernaía Audiovisual

https://www.facebook.com/SemanaPorLaSoberaniaAudiovisual

Mujer, violencia e industria minera

Vía Movimiento M4

Mujer, violencia e industria minera[1]
Por Lina Solano Ortiz [2]

En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera

En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.

En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.

Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].

Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.

Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].

Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación ‘Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana’, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por GoldCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.

Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor

A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.

El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.

Notas

[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.
[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687
[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957
[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf
[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html

Fuente: Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

 

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete

Noticias de Veracruz

México

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
 Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

 Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

 La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

 La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

 Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
 El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

    “Admiro mucho a los interpretes que están ahí, haciéndolo de la mejor manera posible. Los he visto acompañando de manera respetuosa el dolor del otro. Valoro eso mucho más que su labor de interpretación en sí”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

México: Organizaciones acusan al Estado por violar derecho humano al agua

Vía Movimiento M4

Descargar documento Las violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento generadas por la proliferación de las industrias extractivas en México:

Huauchinango, agua-ddhhPue.- Organizaciones sociales, entre ellas algunas de la Sierra Norte de Puebla, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.

La petición incluye el nombramiento de cuatro relatores especiales para que velen por el respeto a los derechos al agua y al saneamiento; los de los pueblos indígenas; los humanos y el medio ambiente y otro que conozca de la criminalización que viven los defensores de los derechos humanos en el país.

 

El documento presentado la semana pasada ante el organismo internacional fue firmado por el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, Fundar, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Tras hacer un recuento sobre la entrega de recursos naturales a empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria extractiva en vastas regiones del país y la puesta en marcha de reformas legales que “institucionalizaron” este modelo económico en detrimento de los derechos de los pueblos y de su territorio, las organizaciones solicitaron a la ONU se tomen medidas para que el Estado mexicano garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.

Además pidieron que se le exhorte para que modifique las leyes y las políticas que afectan este derecho y “se garantice el derecho a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”, incluso antes de la entrega de concesiones para la explotación de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos.

También pidieron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a que prohíba las actividades consideradas de alta gravedad en términos de afectaciones al ambiente y a los derechos de las poblaciones, como es el caso de la fractura hidráulica

Debido a que consideraron que se ha violado el derecho a la consulta de los pueblos con el otorgamiento de estas concesiones, se han generado más de 100 conflictos sociales vinculados a actividades mineras como en Carrizalillo, Guerrero; Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en la Sierra Norte de Puebla.

Mientras que pobladores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Puebla y Tabasco viven en riesgo por el uso del  fracking para la extracción de petróleo y gas shale y ya se hay “490 pozos de fracking activos en el oriente del país”, por lo que pidieron que se prohíba el uso de esta técnica.

“Sólo en el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos en puerta que han generado conflictos. Asimismo, se han identificado conflictos socioambientales por los trasvases de cuencas en el Río Verde, la cuenca del Pánuco y el Río Yaqui”, detallaron.

Esta situación, indicaron, refleja el incumplimiento del Estado mexicano a los tratados internacionales que ha firmado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es una amenaza al derecho al agua y al saneamiento.

Nota extradía de Municipios Puebla

Logro para los pueblos y comunidades de los humedales

RAMSAR COLOCA EN TODAS SUS RESOLUCIONES DE ESTA COP12, DE MANERA INCLUSIVA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES.

En el marco de esta COP12 de RAMSAR, celebrada en Punta del Este, Uruguay, la Convención RAMSAR decide tomar una acertada decisión, incluir en todas sus resoluciones a los “Pueblos indígenas y las comunidades locales”.

REDMANGLAR INTERNACIONAL, movimiento  de organizaciones, comunidades y pueblos de campesinos y campesinas, recolectores y pescadores artesanales debe  estar contenta, celebrar y trabajar para que estas resoluciones  sean aplicadas realmente en cada uno de nuestros países.

Las Partes Contratantes de RAMSAR, hoy en su último día de reunión, deciden colocar en todas las resoluciones de esta COP12 (no se incluían antes) el planteamiento de nuestra REDMANGLAR.

Basados en las anteriores resolución de las Conferencias de las partes y según la decisión de las NN.UU “Pueblos Indígenas y comunidades locales”  de forma de ser inclusiva con todos los Pueblos, informa Líder Góngora, de La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador (C-CONDEM), delegado de Redmanglar Internacional en la COP12.

Además también se considera el valor y aporte del conocimiento ancestral o tradicional en la conservación y gestión de los humedales.

Leer el documento completo

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas

Buenos Aires, Argentina, 27-29 de mayo de 2015

Nosotros, las autoridades de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país, reunidos en esta Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas, enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del país y de toda América. Asimismo enviamos un fraternal saludo a todo el pueblo argentino que, en gran parte, también sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable.

Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural. Todo esto atenta contra el equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres vivientes que habitan en este planeta.

Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones.

Venimos con nuestra memoria ancestral, ella nos da la posibilidad de rescatar nuestros conocimientos tradicionales. Es desde la memoria donde nos conectamos con el pasado, con el presente y con el futuro, sabemos de donde venimos, quienes somos y también hacia donde vamos. Rescatamos nuestra propia historia, educación autónoma, medicina tradicional, derecho consuetudinario, idioma, el mandato ancestral transmitido de generación en generación. La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años.

Manifestamos que:

1) Estamos dispuestos a seguir luchando y afirmando nuestros valores y derechos ancestrales, defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios.

2) Durante décadas hemos tratado de establecer un diálogo con el Gobierno Argentino, para que se respeten nuestros derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales; sin embargo, esta solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida, mientras que se llevan a cabo grandes violaciones de dichos derechos.

3) En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Mas de mil hermanas y hermanos estan siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represion, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra.

4) El gobierno argentino continua violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable. Se trata de que el gobierno argentino respete:

– La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas;

– El Convenio 169 de la OIT;

– El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sus decisiones y recomendaciones;

– La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas

– El Grupo Asesor de la ONU de Expertos Indígenas y sus recomendaciones;

– El Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente los artículos 8j, 10c y artículosconexos) y otros convenios ambientales internacionales;

– El Convenio sobre el Cambio Climático.

– El Convenio RAMSAR sobre humedales

– Instrumentos Jurídicos y Jurisprudencia del Sistema Inter-Americano de la OEA;

– La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75, inc.22)

– La Constitución Argentina y las constituciones provinciales;.

– Ley de Bosques

– Ley de Glaciares

– Ley General del Ambiente

– Toda ley argentina nacional y provincial y ordenanzas municipales repecto de los pueblos indígenas y la conservación ambiental

5) Consideramos que la forma de solucionar los problemas es a través del diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos reconocidos a nivel internacional o sea:

a) La consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos;

b) La participación plena y efectiva, respetando el proceso de llegar al consenso;

c) El libre consentimiento informado previo, con el derecho de decir “no” en caso de no estar de acuerdo.

6) Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los temas que deben ser considerados con urgencia, como ser:|
la violación de los derechos humanos, el despojo de nuestros territorios, la exploración y explotación convencional del petróleo y el fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria y otros temas críticos.

7) Desde este espacio y en el espíritu de nuestros ancestros queremos hacer un llamado a todo el pueblo argentino para reflexionar sobre el futuro y las generaciones venideras para construir juntos una sociedad más justa, equitativa y plural en armonía con la Naturaleza.

8) Como pueblos originarios queremos resaltar el rol de la mujer no solo como trasmisoras del conocimiento tradicional y guardianas de la biodiversidad, sino también como protagonistas en la construcción política de nuestros pueblos, en donde la dualidad de género y generación son la base de nuestra cosmovisión.

9) Impulsamos la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación propios para garantizar una comunicación con identidad.

10) El Estado debe garantizar el derecho a la educación autónoma e intercultural.

11) Impulsamos la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios.

12) Subrayamos nuestra preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología tales como el proyecto del genoma humano.

Exigimos:

a) La derogación de la ley antiterrorista. Un país que se proclama defensor de los derechos humanos ha promulgado una ley, en plena democracia, cuya única función es la represión de la protesta social y la penalización de los líderes indígenas que reclaman sus derechos en defensa de sus territorios.

b) El desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas, como el caso de Relmu Ñamku de la comunidad mapuche Winkul Newen de la Provincia de Neuquén acusada de tentativa de homicidio por defender su territorio. Que el gobierno nacional que solicite un informe urgente sobre la situación.

c) Que la Presidenta Cristina Fernández reciba de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos. Exigimos la apertura de un diálogo politico para la elaboración de una agenda de trabajo y entendimiento que garantice la aplicación de los derechos vigentes.

¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra !

Impulsamos desde esta Cumbre un gran Movimiento de Unidad de los Pueblos Originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos viviendo. Porque más allá de que vengamos del norte o del sur, del este o del oeste, todos luchamos por volver a ser pueblos libres, autónomos y en nuestros propios territorios y ejerciendo el pleno derecho a la libre determinación.

Berta Cáceres, galadornada del Premio Goldman 2015, Honduras

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=S-2Muwo1jls

En un país con una creciente desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos, Berta Cáceres organizó al pueblo lenca de Honduras y emprendió una campaña de base que triunfó en su esfuerzo de presionar al constructor más grande de represas a nivel mundial para que éste retirara su apoyo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.

Berta es la galadornada de Sur y Centro América del Premio Goldman 2015, el premio más importante del mundo para los activistas ambientales de los pueblos .

Para obtener más información sobre Berta y cómo le puede ayudar, visita www.goldmanprize.org/berta

Berta Cáceres de COPINH gana premio Goldman 2015 para América Latina

Pueblos originarios exigen en Cumbre de Panamá el respeto de derechos

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

EL UNIVERSAL-Ciudad de Panamá.– Dirigentes de pueblos originarios exigieron hoy en la capital panameña, en la denominada V Cumbre de Abya Yala (América Latina), el respeto a sus demandas territoriales y sociales y el derecho a ser escuchados en la VII Cumbre de las Américas que se celebra este 10 y 11 de abril.

Phil Lane, jefe y heredero espiritual de las naciones Ihanktonwan Dakota y Chickasaw, de Canadá y Estados Unidos, abogó por la unidad de los pueblos indígenas y la necesidad urgente de que se reconozca, con justicia, la atención de sus demandas hemisféricas, reseñó DPA.

«En los últimos 45 años recorrí los pueblos indígenas quechuas y aimaras de los Andes, y me di cuenta que en nuestra médula y cosmovisión hay un valioso concepto de Madre Tierra y Padre Cielo», acotó tras lamentar el grave daño causado al medio ambiente por la codicia de los seres humanos.

Recordó que hace más de 500 años, antes del desembarco de los europeos a América, había en la región «una comunidad vibrante» de más de 100 millones de personas pertenecientes a diversos pueblos que disponía de rutas en los cuatro puntos cardinales, pero que fue diezmada por enfermedades y el saqueo de los recursos naturales.

Lane propuso recuperar los antiguos caminos que conectaban al cóndor, al quetzal y al águila (Caracas, en lengua antigua). Recordó que en 1992 las tribus de Norteamérica reconocieron, tras cuatro días de reunión, que el mundo está regido por leyes naturales y que «sin visión, no hay desarrollo posible».

Mientras hablaba en forma pausada, el líder espiritual mostró el estuche en que guarda la pipa de la paz que utilizó Tasunka Witko, conocido como «Crazy Horse» (Caballo Loco), el guerrero sioux que participó en 22 batallas en las praderas americanas en defensa de su pueblo, antes de ser asesinado a bayonetazos.

Lane, quien ha recibido diversos premios internacionales por su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas y la Familia Humana, relató una larga historia sobre la venerada pipa y cómo la «bondad» del bisonte blanco salvaje ayudó a los pueblos originarios a entender que su desaparición anticipaba momentos duros.

Sostuvo que es la primera vez en 25 años que la pipa de la paz es fumada fuera de Norteamérica y que los escogidos para esa ceremonia fueron cuatro hombres y una mujer. El acto fue celebrado previo a la VII Cumbre de las Américas, coincide con un momento de grandes retos y exigencias regionales.

Por su parte, Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

González manifestó que hay una marcada oposición de los pueblos indígenas a la construcción de hidroeléctricas, al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto y actividades madereras que implican la destrucción de selvas y la contaminación de cuencas.

«Rechazamos que muchos indígenas hayan sido encarcelados por reclamar sus derechos», subrayó el coordinador de la Cumbre de Abya Yala. Sostuvo que «no es casual que donde habitan los pueblos indígenas aún existan bosques», pero advirtió que están amenazados por planes de deforestación.

A su vez, Kine Peller, administrador del Congreso General de la Comarca Kuna Yala, de Panamá, se pronunció a favor de la reivindicación de los derechos hídricos y los mecanismos para resolver conflictos limítrofes en las comarcas, a través de la participación de comunidades que deben ser escuchadas por los presidentes de América.

Los indígenas desafían la ‘nueva colonización’ de Latinoamérica

El avance de la minería, el monocultivo sojero y otros proyectos extractivistas cercan a los pueblos nativos, que han retomado la lucha por territorios que garantizan no sólo su bienestar económico, sino también su supervivencia

Publico.es

BUENOS AIRES.- El pasado 24 de marzo, multitudinarias manifestaciones conmemoraron en Buenos Aires los 39 años de la sangrienta dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos al grito de «Nunca más». Representantes del pueblo Qom, que habita en las provincias de Formosa y Chaco, aprovecharon la ocasión para denunciar que, mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se vanagloria de sus políticas de derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, los derechos humanos de los indígenas se siguen violando a diario.

La Comunidad Qom de la Primavera, de Formosa, comenzó 2015 con la décima muerte en cuatro años que las autoridades atribuyen a «paro cardíaco» o «accidente de tráfico», pero que, para la comunidad, responde a motivos más oscuros. Esta vez fue Esteban Medina, de 17 años, encontrado muerto junto a la ruta 86, la misma carretera que ha visto al pueblo Qom protagonizar cortes y manifestaciones para reclamar el derecho a sus tierras ancestrales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos les dio la razón cuando, en 2011, exhortó al Estado argentino a proteger la vida de los integrantes de la comunidad. El Estado miró hacia otro lado y hoy el pueblo Qom tiene que lamentar varias muertes más.

El pueblo Qom decidió entonces acampar ante la Casa Rosada y manifestarse en Buenos Aires, cortar la céntrica avenida 9 de julio y tratar de visibilizar así la situación de represión que sufren desde hace años. A esa marcha acudieron representantes de la organización Qopiwinni, un intento de articulación política de las cuatro etnias indígenas que habitan Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Porque, dicen ellos, todos sufren los mismos problemas, y éstos se reducen a uno: la lucha por la tierra.

Los Qom, como tantas otras etnias indígenas a lo largo y ancho de América Latina, llevan siglos resistiendo al avance sobre su territorio, pero en los últimos años la presión se ha incrementado, en parte, por el avance de la frontera de la lucrativa soja. Los Qom dijeron no al modelo sojero y al glifosato ─el agresivo herbicida que tolera la soja transgénica─ y lograron frenar la expansión del monocultivo en 2010, pero desde entonces han visto aumentar la presión sobre sus tierras. Y es en ese delicado contexto en el que siguen demandando, como exige la ley argentina, la devolución de sus tierras ancestrales:

«Eso nos sostiene; sin eso, vamos a ir desapareciendo como pueblo, porque la tierra para nosotros es la base no sólo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales», afirma Félix Díaz, el qarasé, líder democráticamente electo por la Comunidad de la Primavera, que ha tenido que enfrentarse a varias querellas. Los indígenas hablan de «judicialización y criminalización de las resistencias».

Dista mucho de ser un asunto aislado. En todo el continente, comunidades indígenas se enfrentan a la expansión de los monocultivos de soja, caña de azúcar o palma africana; a las minas y las explotaciones de hidrocarburos; a las plantaciones de eucalipto y las fábricas pasteras; a las grandes centrales hidroeléctricas.

El modelo extractivista ha consolidado en toda América Latina economías que dependen de la exportación de materias primas, pero su extracción a gran escala conlleva la devastación de ecosistemas enteros y tiene como principales víctimas los pueblos indígenas que son desplazados de sus territorios o que ven cómo el deterioro ambiental imposibilita sus formas tradicionales de vida.

Los Wayúu contra la mina

Son tantos los ejemplos que resulta imposible enumerarlos todos. Alguno de los casos emblemáticos, que dan cuenta de la situación crítica que viven muchos pueblos originarios latinoamericanos, es el del pueblo Wayúu. Hace sólo unos días llevaron ante la CIDH el caso de los 5.000 niños y niñas muertos por hambre y sed en La Guajira (Colombia), muertes de las que culpan a los emprendimientos agroindustriales y mineros que retienen el agua, de por sí escasa, de la región. Los representantes del pueblo Wayúu exigen medidas que les permitan recuperar el acceso al agua mientras se les niega la entrada a la presa construida sobre el río Ranchería. A pocos kilómetros de las poblaciones indígenas, la mina de El Cerrejón, que emplea unos 35.000 litros de agua al día, lo suficiente para abastecer a tres millones de personas.

La mina es el principal problema de los Wayúu, y el interés del Gobierno de Juan Manuel Santos por impulsar lo que él denomina la «locomotora minero-energética» ha sido clave para que la comunidad sea amenazada y atacada para obligar su desplazamiento. Pero no es El Cerrejón el único enemigo de los Wayúu: el agua que se les niega también se requiere para los cultivos agroindustriales de arroz; además, han denunciado que sus bases de subsistencia se ven amenazadas por los grandes barcos pesqueros que, con permiso gubernamental, arrasa con la vida en el mar y les deja sin posibilidades de pescar mar adentro.

El pueblo mapuche contra las petroleras

En la Patagonia argentina, el pueblo mapuche hace frente, desde hace años, a la industria petrolera. Cuando YPF era Repsol, los mapuche ─gente de la tierra, en su lengua─ probaron la contaminación que en la región estaba provocando la extracción de hidrocarburos.

Después de que la empresa fuera nacionalizada, no ha mejorado la suerte de las comunidades mapuches que se asientan sobre la reserva de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de combustibles fósiles no convencionales, que el Gobierno explotará junto a Chevron pese a los inquietantes antecedentes de la empresa estadounidense, condenada por la Justicia ecuatoriana por contaminación reiterada en sus exploraciones en plena selva amazónica. Chevron nunca pagó su deuda con Ecuador y los pueblos indígenas se vieron despojados por los miles de litros de crudo vertidos a los ríos.

Frente a quienes les acusan de oponerse al «desarrollo y el progreso» de Argentina, el pueblo mapuche defiende el derecho a habitar sus tierras ancestrales y a que se cumpla su derecho a la consulta ante este tipo de proyectos, tal como, sobre el papel, garantizan las leyes argentinas y los convenios internacionales, especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que casi todos los países latinoamericanos han ratificado, pero en todas partes encuentra trabas para ser implementado.

Los Xingú contra la presa de Belo Monte
La violación del Convenio 169 de la OIT, que otorga a los pueblos indígenas el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras ancestrales, ha sido uno de los muchos obstáculos legales a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno brasileño, decido a construir en el corazón de la selva amazónica, sobre el legendario río Xingu, la central hidroeléctrica de Belo Monte, llamada a ser la tercera mayor del mundo.

El proyecto, de cuyo consorcio constructor forma parte la española Iberdrola, data de los años 70, y la polémica también. Hace 40 años, las protestas de los pueblos indígenas afectados lograron paralizar un proyecto concebido en tiempos de la dictadura militar; el Gobierno de Lula da Silva lo retomó y su sucesora, Dilma Rousseff, lo mantuvo pese a la presión de grupos ecologistas internacionales, las órdenes judiciales de parar las obras por las irregularidades encontradas en la licitación ambiental y otro sinfín de incidencias.

Si, como parece, la obra sale adelante y se construye una presa en el río Xingu, uno de los mayores afluentes del río Amazonas, las consecuencias ambientales son impredecibles, pero de algo no cabe duda: los principales afectados serán los pueblos originarios que habitan la región, los kayapó, arara, juruna y araweté.

«No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios y que aún podemos preservar». Ese fue el mensaje que, hace años, un líder kayapó envió al presidente Lula. No hay cómo negarles que, al contrario que el hombre blanco occidental, las tribus amazónicas han sabido vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza; lo mismo cabe decir de los mapuche, los Wapúu, los Nasa, los Qom, los guaraní y una larguísima lista de pueblos originarios de la Abya Yala, el nombre que dieron los kuna del actual Panamá a la tierra que los primeros conquistadores europeos quisieron llamar América.

Libro Territorios en disputa

TERRITORIOS EN DISPUTA
Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina

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con Alberto Acosta, Ana María García, Claudia Composto, Diego Pérez Roig, Enrique Pineda, Ernesto Scheinvar, Esperanza Salazar, Giovanni Velázquez, Gladys Tzul Tzul, Héctor Alimonda, Henri Acselrad, John Holloway, Juan Carlos Flores Solís, Lizzette Santana, Lucia Linsalata, Mateo Martínez, Marxa Chávez, Mayeli Sánchez, Melissa Cardoza, Michael Löwy, Miguel Valencia, Mina Lorena Navarro, Movimiento Colombiano Ríos Vivos, Pablo Dávalos, Pedro Rosas Magrini, Raúl Zibechi, Samantha César, Silvia Federici

Extracto de la INTRODUCCIÓN
El presente libro está motivado por el interés de proporcionar un amplio panorama de la conflictividad socioambiental en América Latina, ubicando las tendencias generales que atraviesan a diferentes países de la región vis à vis las particularidades de cada caso, en relación a la disputa que enfrenta al capital y los Estados con los numerosos procesos de resistencia popular que se organizan contra la privatización, explotación, contaminación y directa destrucción de los bienes comunes naturales. En esta edición, además, presentamos una sección especial sobre México, para conocer con mayor detalle algunos de los ejes más significativos que adopta el despojo territorial, así como las expresiones sociales que luchan contra una renovada y brutal ofensiva extractivista en pos de impedir el cercamiento de lo común y crear nuevas formas no predatorias de relación entre los seres humanos y la naturaleza. En ese sentido, la última sección del libro está dedicada a explorar los principales debates teórico-políticos en torno de las diversas alternativas emancipatorias que están emergiendo frente a la mercantilización capitalista de todas las esferas de la vida.

Piden a CIDH incluir impactos de Reforma Energética en su informe de pueblos indígenas

fundar

  • Necesario y urgente visita de la CIDH a México para actualizar informe país y documentar graves violaciones a derechos derivados de proyectos energéticos.
  • Es importante que la CIDH exhorte al Estado mexicano que realice consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos acorde a los más altos estándares internacionales.

 

En el contexto del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y Greenpeace informaron a las y los Comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México.

En su intervención representantes de dichas organizaciones reconocieron la apertura de la CIDH para este espacio de diálogo que reconoce que la política energética guarda una estrecha relación con la garantía de los derechos humanos. Destacaron que es la primera vez que un espacio público se abre para que la sociedad pueda presentar sus consideraciones pues ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han posicionado al respecto.

Señalaron que la reforma energética es una reforma de gran calado que prioriza y facilita proyectos energéticos que son violatorios de derechos humanos. La presentación, discusión y aprobación de la reforma en tiempo récord; no garantizar el derecho de acceso a la información; transgredir el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas; así como afectar el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la SCJN de someter a consulta popular la reforma constitucional en materia energética, fueron numerados como vulneraciones de derechos.

Destacaron que dentro de los impactos de la reforma energética se encuentra la reducción de los ingresos del Estado ya que con la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, éstas recibirán parte de las utilidades que antes correspondían al Estado. “Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que en las leyes de la reforma no se establece tan siquiera un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de sus recursos petroleros y gasíferos” apuntó Aroa de la Fuente de Fundar y representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Al respecto concretamente manifestó que el fracking supone violaciones al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación ambiental; al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad del agua; al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los propios hidrocarburos extraídos; al derecho a la alimentación adecuada, por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras de cultivo y pastura; al derecho a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas frente a los sismos y accidentes, disminuyen sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.

Ejemplificó la magnitud de estas afectaciones, señalando que para la Ronda Cero (R0), Pemex ha definido la asignación a su favor de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuida en 142 municipios, de 11 estados. Sobresale Veracruz, seguido por Tabasco. 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio. En primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%).

Para la Ronda Uno (R1), manifestó, que se abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos, en un total de 68 municipios y 8 estados, por un total de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio.

“A las comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.

Durante la Audiencia se expuso la situación sobre la Consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de consulta, el cual se basa en un protocolo de implementación elaborado por diversas instancias gubernamentales.

“Las agresiones, amenazas e intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, la falta de mecanismos claros de toma de decisiones, los permisos y contratos previamente acordados, y la falta de transparencia, entre varios otros vicios que se han documentado, resultan violatorios de la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo el resultado que se tenga de la consulta” concluyó en su intervención Dante Emmanuel.

El Comisionado Paulo Vannuchi de la CIDH pregunto si las violaciones a derechos humanos denunciadas en la Audiencia sobre la reforma energética son “futuras” o presentes, las OSC claramente ya habían señalado violaciones en el proceso mismo de aprobación de reforma constitucional y expedición de leyes secundarias sin información, participación ni consulta, detallando además las disposiciones legales que son contrarias a la garantía de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y otras, incluyendo los mecanismos establecidos para la determinación de la servidumbre legal y ocupación temporal de los territorios. Adicionalmente a todas las violaciones que se prevén en materia de derecho al medio ambiente sano y otros derechos económicos, sociales y culturales por los proyectos que favorece la reforma. En su réplica, las OSC destacaron que la reforma no da margen para que se ejerza el derecho al consentimiento previo, libre e informando, contraviniendo la jurisprudencia interamericana, porque si los titulares de las tierras no quieren aceptar el proyecto y no hay acuerdo desde la “negociación inicial”, las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica disponen la imposición de una mediación que debe llegar a “acuerdo” o bien la servidumbre legal por vía judicial o administrativa. El gobierno mexicano no respondió a estos y otros cuestionamientos.

Al finalizar la audiencia las organizaciones expusieron sus petitorios a la CIDH y al Estado mexicano los cuales se exponen íntegros a continuación:

  • Que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso.
  • Que realice una visita in loco urgente a México para actualizar su informe de país que data de 1996, y particularmente visite comunidades y documente las graves violaciones a los derechos colectivos indígenas que con motivo de proyectos extractivos se han generado en México.
  • Que exhorte al Estado mexicano a la realización de la consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos en el que puedan verse afectados los derechos de los pueblos indígenas acorde a los más altos estándares internacionales como lo marca el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia interamericana. Particularmente por cuanto hace a los proyectos Eólicos del pueblo indígena zapoteco de Juchitán, Estado de Oaxaca, México, exprese su preocupación por las deficiencias en la consulta en el informe que emita sobre este periodo de sesiones, tomando en cuenta que este caso será el modelo a seguir en todas las futuras consultas.
  • Que exhorte al Estado a prohibir el fracking, por constituir una forma de extractivismo que menoscaba el derecho a la tierra y territorio de los pueblos y comunidades, así como el derecho al medio ambiente sano.
  • Que exhorte al Estado para asegurar el acceso a un recurso idóneo y efectivo en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención, al cual puedan acudir los pueblos y comunidades, para hacer valer sus derechos. Particularmente se asegure en materia de amparo el derecho a la suspensión provisional de las determinaciones de la Comisión de Hidrocarburos en tanto se determina de fondo si su actuar es apegado o no a los derechos fundamentales.
  • Que en ejercicio de sus facultades, solicite a la Corte IDH la correspondiente opinión consultiva para efectos de analizar si la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera son acordes con los derechos humanos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y con los estándares desarrollados por la jurisprudencia del sistema en la materia.

Al Estado Mexicano:

  • Que evite emitir concesiones, permisos y/o asignaciones sobre proyectos de industria extractiva sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades que podrían ser afectados.
  • Que evite la aplicación de los supuestos mecanismos de consulta contenidos en los artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, por ser en realidad mecanismos de imposición de proyectos y en cambio implemente procedimientos de consulta acordados con los pueblos y comunidades que estén sustentados en los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia interamericana, de tal forma que se asegure que sean de buena fe y conforme a los procedimientos e instituciones tradicionales indígenas.

Alianza Mexicana contra el Fracking / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Equipo Pueblo AC / Fundar-Centro de Análisis e Investigación / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México Estado de México / Prodesc

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