370 millones de indígenas han perdido sus tierras por el desarrollo

Franco Gabriel Hernández, Genaro Bautista / AIPIN
Mientras los Estados – nación celebran el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, cerca de 370 millones de personas pertenecientes a estas sociedades, han perdido o están en riesgo de perder sus tierras, territorios  o recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Secretario General Ban Ki-Moon de la ONU y Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamaron este 9 de agosto, a adoptar medidas concretas para hacer frente a los problemas que tienen ante sí los pueblos indígenas.

Ban Ki-moon destacó que los pueblos indígenas viven la marginación, la pobreza extrema y la pérdida de tierras, territorios y sus recursos naturales.

Los países, indica el máximo líder de la ONU, deben comprometerse a acabar con los graves abusos de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en muchas partes del mundo.

Por su parte, Navi Pillay pregunta: “¿quién se beneficia realmente de este denominado desarrollo y a qué costo se lleva a cabo?

El cuestionamiento es directo a los gobiernos, agencias de desarrollo y organismos públicos y privados como multinacionales y multilaterales, que en nombre de la palabra mágica de desarrollo deciden por los pueblos los proyectos y programas.

Este tipo de eventos, realizados sin el consentimiento y participación de los pueblos indígenas, responden a los intereses económicos, políticos, culturales y sociales dominantes en cierta región o estado, enfatiza el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

Las iniciativas de desarrollo, no son necesariamente propuestas de los pueblos indígenas, acentúan.

Esas palabras recuerdan otras vertidas en la reunión de expertos realizada recientemente en Oaxaca y convocada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la entidad del sureste mexicano, cuando uno de los “expertos” dijo que a los pueblos indígenas solamente hay que consultarles sobre los programas de infraestructura pero no en todos los campos porque los gobiernos no podrían gobernarlos ni ejercer su poder sobre esos pueblos.

Es postura fue cuestionada por distintos liderazgos presentes, ya que se infiere que los indígenas no se dan cuenta de lo que les conviene o como si no pensaran ni pudieran razonar sobre lo que les beneficia y les perjudica.

Para el “experto” a los pueblos indígenas no pueden decir ni opinar lo que les conviene.

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos plantea: “Aseguremos que el desarrollo para algunas personas no vaya en detrimento de los derechos humanos de otras”.

Este principio se ha olvidado para los pueblos indígenas, como se ejemplifica en Malasia, donde las presas hidroeléctricas en Sarawak y Sabah han causado gran preocupación de los pueblos indígenas desplazados o despojados de sus tierras para estas obras.

La agresión de las empresas madereras de los pueblos Penan ha motivado que la Comisión de Derechos Humanos de Malasia inicie un estudio sobre la situación de la tierra de los pueblos indígenas en ese país.

Algo similar acontece con el proyecto de Paso de la Reyna en el área de la costa de Oaxaca que amenaza con desplazar a los indígenas mixtecos cuyas tierras de cultivo y de agostadero quedarán irremediablemente inundadas.

O la histórica experiencia del desplazamiento de los mazatecos y chinantecos por la construcción de la Presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, sólo por mencionar casos emblemáticos.

La funcionaria de la ONU cita a la India, donde se han dado tensiones y conflictos debido a la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo y de minería.

En ese país los pueblos Adivasi defienden sus tierras ancestrales y bosques comunales pero reciben agresiones a pesar de contar con derechos reconocidos por la constitución y por la Corte Suprema de ese país.

No vamos lejos para ver en Oaxaca una situación parecida: San José del Progreso Ocotlán que lucha por evitar la explotación minera en sus territorios.

En verdad que la situación de los pueblos indígenas en el mundo, de los huicholes en México donde el gobierno federal autorizó la explotación minera en sus territorios considerados sagrados, y Oaxaca es de una situación de injusta y completa desigualdad, así como de violación impune de sus derechos humanos.

Con ello, la Declaración de las Naciones para los Derechos de los Pueblos Indígenas, es sepultada por los gobiernos a cuatro años de su aprobación.

En tanto se espera la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014, pero donde estos pueblos no han sido invitados a tal festejo.

Las Comunidades Indígenas de la región Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, comunican lo siguiente:

Al Pueblo de México, a los Pueblos del Mundo, a las Organizaciones y grupos que no sirven a los intereses del poder sino a los de su propia gente, la gente de abajo.

Los días 20 y 21 de agosto, las comunidades de la región celebramos un Foro en el ejido Amador Hernández, denominado: Foro Regional en Contra de la Brecha Lacandona y el Despojo Capitalista de la Selva Lacandona, y aprobamos la siguiente:

DECLARACIÓN:

1. Rechazamos, y no nos cansaremos de ratificarlo, el paso de la brecha Lacandona al lado de nuestras tierras porque tiene como propósito disponer las tierras medidas del lado Lacandón en servicio de las potencias capitalistas.

2. El proyecto REDD+ en la Reserva de Montes Azules es la nueva máscara, máscara climática, con la que el gobierno Federal de Felipe Calderón y el de Chiapas de Juan Sabines pretenden encubrir el despojo de la biodiversidad de los pueblos.

3. Hablando del cambio del clima, para nosotros está claro que los responsables mayores son las empresas capitalistas y sus gobiernos, como el Federal de Felipe Calderón y el de Chiapas de Juan Sabines, que han pactado con los países ricos que sus emisiones de gases de efecto invernadero se mitiguen en los bosques de nuestros pueblos.

4. Rechazamos todas las formas con las que los gobiernos, federal y de Chiapas, y dirigentes de organizaciones, en servicio de los capitalistas, quieren despojarnos de nuestras tierras y de nuestros recursos. Como los programas: REDD+ (en la Reserva de Montes Azules), Reconversión Productiva, Pago de Servicios Ambientales y FANAR.
Llamamos a estar pendientes de la doble intención de esos programas:
despojarnos pero también cambiar nuestra cultura para desorganizarnos y neutralizar nuestra resistencia.

5. Denunciamos el control que el gobierno federal ejerce sobre el pueblo que por decreto (1972) llamó Lacandón, que ha venido utilizando para legitimar todos los planes de despojo de tierras y desalojos de
nuestros pueblos.

6. Rechazamos los proyectos turísticos de los capitalistas o de los gobiernos federal y de Chiapas, como el que ha dividido al ejido Emiliano Zapata en la Laguna de Miramar.

7. Rechazamos los monocultivos, en especial los de agrocombustibles y el nuevo peonaje al que es sometido el campesino en su propia tierra, como los hacendados hacían en tiempos de la dictadura porfirista.

8. Rechazamos la política de acaparamiento de tierras impulsada por el banco mundial, las organizaciones conservacionistas y sus gobiernos neoliberales como el de Chiapas.

9. Rechazamos igualmente la otra cara del despojo: los proyectos de Minería, aprobados para regiones no importantes para la conservación y explotación trasnacional de la biodiversidad, como sucede en el municipio de Chicomuselo donde resisten los pueblos.

10. Exijimos la regularización agraria de las comunidades Galilea, Benito Juárez Miramar y Chumcerro, ubicadas dentro de la Reserva de Biosfera Montes Azules.

PROPONEMOS

Reorganizarnos y ampliar a todos los niveles nuestras relaciones con otros pueblos y con organizaciones independientes que no sirvan al poder, para constituir una red de resistencia de los pueblos.

Elaborar planes internos en nuestras comunidades para fortalecer la producción de nuestros propios alimentos.

Fortalecernos en la palabra de Dios y en la memoria comunitaria de nuestros abuelos.

Acordado en el Ejido Amador Hernández, Reserva de Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas, México, a 21 de agosto del 2011

 
“Somos Pueblos sin Dueños, igual que la Vida”

Mandato de Manaus: Acción Indígena por la Vida

Reunidos en Manaus – Brasil del 15 al 18 de agosto del 2011, en 1ra. Cumbre Regional Amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las organizaciones nacionales de nueve países : Bolivia (CIDOB), Brasil (COIAB), Ecuador (CONFENIAE), Colombia (OPIAC), Guyana (APA), Guyana Francesa (FOAG), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA) y Surinam (OIS) y en diálogo con aliados de diversas entidades sociales, estatales y ambientales; comprobamos que la crisis climática y ambiental, es gravísima, muy pronto irreversible, mientras los poderes globales y nacionales, no pueden ni quieren detenerla, y peor, pretenden “aprovecharla” con más “negocios verdes” aunque pongan en peligro todas las formas de Vida.
 
Alertamos al mundo que hemos pasado los límites de peligro de gases contaminantes en la atmósfera y del calentamiento global, pero eso es solo uno de los efectos más grave de causas más profundas. Estamos en tiempos oscuros, de una profunda crisis y agresión climática global que hace parte de la más amplia crisis de una civilización y un patrón de poder, basados en el racismo, patriarcado, individualismo y consumismo desenfrenados; de mercantilización y privatización de todo; y la irresponsable soberbia de “dominio” de la naturaleza olvidando que apenas somos una pequeña parte de ella.
 
Denunciamos la hipocresía y contradicción en las políticas globales y nacionales sobre los bosques, donde al lado de declaraciones, planes, pequeños proyectos “sustentables”; se profundiza la depredación, deforestación, degradación por los negocios mineros, de hidrocarburos, mega hidroeléctricas, ganadería extensiva, soya, agronegocios, “agro-combustibles”, super carreteras de colonización, transgénicos, pesticidas, superposición de áreas protegidas en territorios indígenas, biopiratería y robo de los conocimientos ancestrales. Siendo necesarias mejores prácticas forestales, se encubre que la mejor de ellas, es cambiar profundamente la macro políticas de la globalización neoliberal.
 
Proponemos los siguientes objetivos, enfoques, alternativas y acciones :

1. Territorios de Vida Plena para el enfriamiento planetario.

Está demostrado que los refugios de la vida, son los bosques y territorios de los pueblos amazónicos, como efectivas barreras a la depredación. Por eso es indispensable cambiar las legislaciones y políticas públicas para garantizar la demarcación de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos y su titularidad colectiva como pueblos, y también para respaldar, y no agredir ni marginar, nuestras estrategias de “Vida Plena” distintas de la mercantilización de la naturaleza. Esto es una estrategia eficaz y eficiente para reducir el calentamiento global y recuperar la armonía con la madre tierra, que mantuvimos por miles de años. Para que no cambie el clima, hay que cambiar el sistema. Es el sistema el que debe “adaptarse” al clamor de la madre naturaleza y nosotros sus hijos del color de la tierra. El “costo” financiero para solucionar esta deuda histórica originada en el etnocidio de las colonizaciones, es muchísimo menor que el dedicado a ineficaces debates y experimentos. Parte de esta deuda es el derecho a los Territorios de los Pueblos Libres y Autónomos (llamados en “aislamiento voluntario”) a que los dejen vivir en paz y no sean amenazados.

2. Fortalecer “ReDD+ Indígena” y que deudores ecológicos reduzcan su contaminación

Frente a quienes deciden sobre el proceso “REDD+”: los  Estados FCPF (BM-BID), FIP, ONU-REDD, COP17-CMUNCC, Río+20 y otros; demandamos garantías y condiciones inmediatas para los Pueblos antes de avanzar más en estos procesos sobre REDD+ hasta que sean debidamente atendidas:
 
· Respetar y fortalecer la propuesta de REDD+ Indígena o adecuación del REDD+ a las cosmovisiones y derechos colectivos de los pueblos;  incluidas en los “Lineamientos de COICA sobre cambio climático y REDD+” y en las propuestas de las organizaciones nacionales, y que entre otros aspectos, los siguientes :
Sin Territorios ni derechos colectivos es inviable el REDD+ * Ningún contrato comunal hasta que se ejecuten reglas internacionales; ni a largo plazo, cediendo gestión territorial o propiedad intelectual, con más penalidades que beneficios, ni en idiomas y leyes extranjeras * Respetar y apoyar la conservación holística de los bosques, y no solo donde hay deforestación o  reduciéndolos a toneladas de carbono * Respetar nuestras propuestas de reglamentaciones nacionales sobre REDD+ y la consulta y    consentimiento libre, previo y vinculante * Respetar informes de COICA sobre los procesos REDD+ paralelos al de los Estados * Mecanismos de solución de conflictos con garantías de neutralidad y eficacia * No apoyar el mercado de créditos de carbono para encubrir a los contaminadores globales.
· Prioridad de políticas y fondos para consolidación y titulación Territorial de los Pueblos Indígenas, como condición irrestricta antes de avanzar sobre REDD+
·  Cambios legislativos nacionales para consolidar Derechos colectivos en las leyes de servicios ambientales, forestales, sobre “fugas de Redd+” (minería, hidrocarburos, agrocombustibles, etc) y de consulta y consentimiento,
·   Estados y Bancos asuman su responsabilidad para frenar la expansión de los  estafadores de REDD+ (“carbón cowboys”, “burbuja REDD+”) mediante : * Registro y acreditación pública internacional de los operadores de Redd+ * Rechazo de las empresas y ONGs estafadoras denunciadas por los pueblos indígenas * Recomendar a las comunidades no comprometerse con contratos “hacia REDD+” o “negocios de carbono” hasta que las regulaciones internacionales y nacionales estén precisadas e implementadas.
·  Prioridad de la reducción de la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte los deudores ecológicos industrializados de minorías ricas del poder en el Norte y el Sur

3.  Unidad entre Saberes Ancestrales y Pervivencia de la Biodiversidad

Nuestros saberes ancestrales están unidos profundamente en la “conservación productiva” de la naturaleza, y en ese camino, frente a la Conferencia de las Partes 11 del Convenio de Diversidad Biológica y el Congreso de la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN) llamamos a que se respalden las propuestas siguientes :
·  Priorizar la demarcación, legalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas, como garantía para la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos, y los saberes ancestrales.
·  Consolidar el Derecho de Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Vinculante, Previo e Informado, para el acceso a los recursos genéticos dentro de los territorios indígenas y los conocimientos tradicionales asociados.
·  Los recursos genéticos de los territorios indígenas y los conocimientos ancestrales constituyen el patrimonio natural e intelectual colectivo indígena, conservado por milenios y transmitido de generación en generación.
·  El acceso a los conocimientos ancestrales y los recursos genéticos deben contemplar la participación justa y equitativa en los beneficios, incluyendo los productos derivados, tanto de los recursos genéticos como de los conocimientos tradicionales asociados.
·  Los conocimientos ancestrales no están en el dominio público, sino en el ámbito cultural de los pueblos indígenas, y los Estados y organismos internacionales (como el Convenio sobre la Diversidad Biológica,CDB), adopten normativas jurídicas sui generis de protección legal de estos conocimientos ancestrales.
· No a la comercialización del conocimiento ancestral y al uso indebido y no autorizado para las reivindicaciones de patentes biotecnológicas.

4. Río+20 : Soluciones para la Vida no para los Mercados

La conferencia ONU de junio del 2012 Río de Janeiro será una de las últimas posibilidades para salvar todas las formas de vida del planeta. Los pueblos amazónicos llamamos a efectuar Actos Culturales-Políticos en las cercanías de la Cumbre oficial, con líderes de pueblos y movimientos, artistas, científicos, intelectuales, que ganen la opinión pública y política global. Así mismo desarrollar estrategias de intervención política dentro y fuera de Rio+20 y construir una Cumbre de los Pueblos plural y democrática, con amplia visibilidad pública. Todo ello para ganar el más amplio apoyo político para que la ONU no se someta al irresponsable juego de intereses del Poder, y se avancen en enfoques, objetivos y propuestas tales como:
·  No aceptar que la “Economía Verde” sea la combinación de neoliberalismo desarrollista con “proyectos verdes” sino un cambio profundo con reducción del consumismo, despilfarro y depredación y el cambio del patrón de producción, consumo, distribución y energía (hidrocarburos, biocombustibles) con alternativas de armonía entre sociedades, culturas y naturaleza.
·  Renovación del protocolo de Kyoto, donde haya compromisos firmes y exigibles, de reducción de gases de efecto invernadero y con espacios de participación de los pueblos indígenas. No dejar al mundo a la deriva con poderes que impongan cuanto, como y cuando reducen sus emisiones.
·  Consolidación de las Territorialidades de los Pueblos Indígenas y sus Visiones  de Vida Plena de gestión holística de la naturaleza para el “enfriamiento” del planeta; mediante el aumento cualitativo de los fondos públicos globales para implementar dicha demarcación y titulación.
·  Establecimiento de una Corte Ambiental Internacional, de funcionamiento urgente,  independiente de los poderes globales, con espacios de participación indígena, los más afectados por los delitos ambientales.
·  Reorganizar las actuales entidades ambientales de la ONU para no subordinarse a los poderes contaminantes, superar el burocratismo y ampliando los espacios de participación e incidencia para los pueblos indígenas amazónicos y del mundo.
 
Finalmente, la Cumbre planteó posicionar la comunicación como una línea de acción política, no solo instrumental.
Incidir en políticas públicas de acceso a medios de comunicación y uso de tecnologías de información y comunicación y poner en marcha el proyecto de Red COICA de Comunicadores Amazónicos
 
Los pueblos indígenas y la naturaleza somos unos solo, y por eso, estamos obligados estamos a mantener los  bosques en pié, reducir la deforestación y ser guardianes de sus servicios como el agua, biodiversidad, clima para la sobrevivencia de la Vida.  Solo pedimos que nos dejen trabajar en paz en nuestra misión.
 

Los Pueblos Indígenas Amazónicos, caminando sobre la huella de nuestros ancestros, pedimos al mundo abrir sus corazones y sueños y unirnos en las jornadas por la Vida, para Todas y Todos
 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB

Más información: http://www.coica.org.ec/cumbre2011/

Ley de baldíos: áreas naturales protegidas en territorio indígena

Ana de Ita
La Jornada 15 de enero de 2011

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

En México, donde la mitad del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades agrarias, hogar de campesinos y pueblos indígenas, aunque el discurso de protección de la naturaleza es afín a sus concepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en una amenaza para sus territorios y para la autonomía o libre determinación, que es su principal demanda.

Las ANP se establecen por decreto de cualquier nivel de gobierno y son de utilidad pública, lo que permite incluso su expropiación. Los derechos de los poseedores están por debajo de la regulación del decreto, el programa de manejo y el ordenamiento ecológico, además no tienen prioridad sobre otro sujeto o grupo social involucrado, si no que se consideran uno más de las llamadas “partes interesadas” (stakeholders). Los poseedores tampoco tienen derecho de veto, ni se garantiza su conocimiento previo informado, aun sean pueblos indígenas.

Pero en las ANP no se garantiza que los objetivos de conservación prevalezcan sobre intereses de lucro, pues no están prohibidas actividades altamente contaminantes, como la explotación de petróleo o de minerales, ni la apropiación de agua, o cualquier otro recurso por cualquier agente económico, únicamente se exige que no cause deterioro al equilibrio ecológico.

En las ANP los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación, o incluso las empresas privadas enajenan a la asamblea de ejidatarios y comuneros el control de las decisiones sobre el territorio y uso de los recursos, de ahí que cada vez tengan mayor dificultad para establecerse.

Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administraba 174 ANP, en una extensión de 25.4 millones de hectáreas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95 por ciento de las ANP están ubicadas en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23 por ciento de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. Aún más de las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51.6 millones de hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas.

A finales de los años 80, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentran ubicadas en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida –estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal– y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.

Esto ha ocasionado fuertes conflictos entre las comunidades y la Conanp, al enfrentarse en los territorios dos modelos de conservación y dos estructuras de gobierno. La conservación que viene de las comunidades con sus regulaciones decididas por acuerdo de asamblea, y la conservación impuesta desde afuera, que busca tomar las decisiones sobre el territorio. Cuando las comunidades han buscado dar por terminado el compromiso de “conservación voluntaria” se han encontrado con que es obligatorio y deben esperar hasta terminar el plazo, o pagar un estudio técnico que justifique su negativa.

El año pasado, justo antes de las Conferencias de las Partes en Nagoya, sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) y en Cancún, sobre Cambio Climático (COP 16), varios pueblos indígenas: Kuna, Kichwa Kayampi, Q’eqchi de Livingston, Bene Gulash, Ñu Savi, empezaron a circular la llamada Declaración de Heredia, en la que exigen que no se establezcan más áreas naturales protegidas en territorios indígenas, se anulen las que a la fecha se han decretado y se restituyan dichas tierras y territorios a las comunidades y pueblos despojados.

El establecimiento de ANP considera que los territorios indígenas y campesinos son territorios baldíos.