Abandona el Estado el desarrollo rural en favor del libre mercado, acusan organizaciones de Chiapas ante el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación
Por Emanuel Gómez.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de junio de 2011. En el marco de la visita oficial del relator especial de la ONU en Chiapas, México, las organizaciones presentes denunciaron que en Chiapas se operan políticas económicas favorables al libre mercado en materia de desarrollo rural, marcadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que ha contribuido dejar de ser el principal centro productor de maíz en el sureste y pasar a ser un estado de tránsito para las empresas productoras e importadoras de maíz, lo que representa una pérdida de soberanía alimentaria, afectando a cientos de miles de familias indígenas y campesinas.
El relator de la ONU, Oliver De Shutter, después de visitar Santiago El Pinar, municipio donde opera el programa Ciudades Rurales, conoció de viva voz las denuncias y propuestas de las organizaciones, entre ellas las de productores de maíz, que acusaron al Estado de facilitar la siembra experimental de maíz transgénico en 1,000 hectáreas en el norte de México y la apertura a que la empresa Monsanto, principal interesada en la comercialización de organismos genéticamente modificados en el mundo, establezca hasta 20,000 has. de siembra experimental de maíz, a través de un convenio recientemente firmado entre el gobierno del estado y la fundación Fundar, filial de la multinacional en Chiapas. También los cafetaleros denunciaron que la empresa AMSA, filial de Nestlé, está promoviendo, sin éxito entre los productores, la adopción de café robusta, así como está próxima a liberarse una variedad de café transgénico.
“La desnutrición en las comunidades indígenas de Chiapas, es muy grave, no en vano en esta región tzeltal-tzotzil se ubican 14 de los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano de México”, recordó Juan Velasco, de la cooperativa Chol Xumulhá, quien señaló que la producción de maíz es básica para el autodesarrollo y la alimentación y sin embargo la tendencia en la población es la producción agrícola comercial, por ejemplo de café, que si bien es un ingreso importante para los campesinos, no resuelve problemas para autoconsumo.”
“En Los Altos de Chiapas, la tenencia de la tierra se ha pulverizado hasta llegar a media hectárea por familia, lo que resulta insuficiente y es factor de conflictos sociales. La pulverización de la tenencia de la tierra ha sustituído el sistema agrícola de los mayas, que se basaba en el sistema de Roza-Tumba y Quema, por un sistema dependiente de insumos agrícolas distribuídos por el gobierno, y esto representa una pérdida de $600 pesos. por ha, lo que anteriormente se resolvía con la incorporación de insumos orgánicos a la tierra”, señaló Velasco.
Se denunció que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) tiene un programa de apoyo a la agricultura de maíz de autoconsumo en zonas marginadas, y sin embargo en 2011 este programa se operó en las zonas Soconusco y Frailesca, donde no viven los productores de autoconsumo, sino los de alta producción. Ante esta situación, la Unión de Milperos y la Red de Semillas Nativas o Red Maíz Criollo, demandó que el fomento de las semillas nativas sean la base de todos los programas de gobierno.
Por su parte, Jesús Andrade, de UNORCA-Vía Campesina, señaló que el impulso de los programas de fomento a la producción de alimentos debería sustituir los programas de importación de alimentos o de distribución de insumos agrotóxicos; así como se pronunció por la prohibición de las semillas transgénicas.
El dr. Manuel Parra, académico de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que la población ha perdido su capacidad de producir sus propios alimentos. Mencionó que los ingresos familiares se componen de agricultura minifundista, remesas por inmigración y subsidios gubernamentales. “Hace 20 años, las familias disponían hasta de 20 has para producción agrícola, y actualmente sólo cuentan con 0.5 a 2 has, lo que es insuficiente para alimentar a las familias, los terrenos tienen poca disponibilidad de agua y se encuentran alejados de los centros de población, lo que aumenta la inseguridad alimentaria.
Por su parte, el Dr. Marcos Arana, del Instituto Nacional de Nutrición y del Centro de Capacitación para Campesinos (CCESC), comentó que la dispersión de la población en Chiapas, que afecta a 20,000 comunidades y 25,000 personas desplazadas por conflictos armados desde 1994 y aún antes, ha tenido poca atención estatal, al grado que no existe un informe oficial de las condiciones de salud y alimentación de la población. “En este contexto de dispersión poblacional, el estado es incapaz de brindar atención adecuada a la población, por lo que ha instrumentado el programa Ciudades Rurales, sin embargo, no hay una política gubernamental de acceso a la información de este programa, se ofrece a la población reubicarse en viviendas construídas con materiales inadecuados para las condiciones regionales.
Es necesario una evaluación de impacto de Ciudades Rurales, externa e independiente, que profundice las consecuencias en la población. Chiapas se ha convertido en un estado expulsor de población, se calcula que en los últimos años, entre el 8 y 10% de la población chiapaneca ha emigrado hacia Estados Unidos, Cancún y Ciudad Juárez, un síntoma del abandono en que se encuentra la población rural”, señaló el investigador, quien acusó que en las comunidades indígenas el programa Oportunidades distribuye hasta 6 millones de despensas alimentarias con altos índices de azúcares, lo que es un riesgo muy alto de incrementar la desnutrición y diabetes infantil. El 80% de los niños de Chiapas vive en viviendas donde se cocina con leña, por lo que están expuestos al humo de leña, por su parte, el gobierno promueve la construcción de estufas ahorradoras de leña, pero no se ha evaluado su impacto, aceptación por la población y resultados, dijo.
Las organizaciones coincidieron que la cultura alimentaria está en un proceso de erosión, señalaron que en las comunidades indígenas los refrescos tienen un precio más bajo que el agua y la leche, lo que ha disparado el consumo de refrescos entre las comunidades indígenas, particularmente las que tienen acceso limitado al agua de ríos. Las compañías refresqueras han sido tratadas con privilegios sin parámetros, por ejemplo, se afirmó que en San Cristóbal de Las Casas, la empresa Coca Cola tiene acceso a los acuíferos de mayor calidad.
Julio Arce, de la Unión Campesina del Sur, denunció que el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), aplicado por la Secretaría del Campo del gobierno del estado con metodología de la FAO, favorece a las empresas de insumos agrícolas, que se asocian con las comunidades para que se les elija como proveedoras exclusivas de las familias beneficiadas por el programa, pues las comunidades son incapacez de aportar el 30 ó 50% de los recursos financieros que exige el gobierno para acceder a los proyectos productivos. Esto se debe, dijo, a la situación de desempleo y muy bajos ingresos obtenidos por la agricultura.
Entre las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil de Chiapas hicieron al relator, se insistió en la importancia de prohibir la siembra de maíz trasnsgénico y, en su lugar, fomentar la agricultura indígena, familiar y de pequeños campesinos, con base en los conocimientos tradicionales de manejo de los agroecosistemas y la incorporación de insumos natuales u orgánicos. El relator coincidió en que la agroecología es la base de una nueva agricultura de bajo impacto ambiental y económico, mas se preguntó cómo hacer de las experiencias exitosas una política de estado.
Se propuso al relator sugerir al Congreso de la Unión que la asignación del presupuesto para el desarrollo rural fuera bianual, de tal manera que la entrega de recursos a los campesinos estuviera marcada por el calendario agrícola, pues en la actualidad el calendario fiscal obliga a las instituciones en la materia a gastar los recusos asignados en menos de 6 meses, por lo que los recursos no se pueden aplicar durante las actividades agrícolas y se malgastan. Otra propuesta para el Congreso de la Unión fue que se reconociera la agricultura indígena y familiar mediante un decreto o ley de fomento a la cultura agrícola.
En su momento, el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Oliver De Shutter, agradeció a la sociedad civil su participación y señaló que en sus próximas reuniones con las autoridades estatales y federales les haría llegar sus propuestas. Así mismo, comentó que observa una dificultad en la situación actual que, por un lado, hay un modelo de desarrollo diseñado para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres de México, pero por otro lado está la modernización en curso, que al considerla como la única posible se omite un tercer camino, el del reconocimiento de la participación social de las autoridades.
“Es importante hacer las denuncias, pero la construcción de alternativas es más importante. Para que estas alternativas sean políticamente posibles y duraderas, es necesario un diálogo con las autoridades. Por ejemplo, el último cambio que hizo el Senado mexicano al artículo 4 de la Constitución, podría ser la base de un Plan de estrategia nacional que dirija sus esfuerzos hacia hacer efectivo el derecho a la alimentación”, señaló el relator.
“¿Cómo podemos hacer para implementar estas medidas estratégicas para asegurar el derecho a la alimentación?”, se cuestionó De Shutter, sugiriendo que se requiere la institucionalización de las experiencias de las organizaciones sociales, lo que es posible mediante el diálogo abierto. Lo que impacta es lo que funciona a nivel local, como la agroforestería, la agroecología, el almacenamiento del agua de lluvia, las reservas comunitarias o familiares de semillas, sin embargo, está claro que las políticas públicas no están ahí.
El relator hizo preguntas a los participantes, entre ellas respecto al Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pues mencionó que en sus recientes entrevistas con funcionarios de agricultura consideran que este programa tiene excelentes resultados. Sin embargo, parece que este programa no puede resolver el problema de acceso al crédito.
También se cuestionó acerca de la efectividad de programas con base en subsidios como Oportunidades o Procampo, pues estos programas no llegan a las comunidades más alejadas: “Está claro que estos programas y otros deben diseñarse con base en los derechos humanos, y esto no es únicamente un argumento: los programas no pueden basarse en la caridad, sino en el derecho de las personas”, concluyó el funcionario de la ONU.
Oliver De Shutter observó que está claro que el programa Ciudades Rurales atiende las consecuencias de la dispersión poblacional, no las causas, como la pulverización de la tenencia de la tierra y el desempleo, como señalaron las organizaciones. Sin embargo, se preguntó lo que significaba brindar servicios de educación o salud a las poblaciones, pues mencionó que las autoridades le argumentaron que antes del programa los niños tenían que caminar de 2 a 3 horas para
llegar a la escuela, y esto, dijo, es un avance.
Respecto a los cultivos transgénicos, mencionó que PNUD ha diseñado una metodología denominada PACK, de próxima publicación, para que los gobiernos del mundo analicen las capacidades de los agricultores, en particular los que no tienen acceso a los créditos y su vulnerabilidad ante la distribución de transgénicos.
Por último, el relator retomó los datos difundidos por Marcos Arana en esta reunión: más del 80% de los niños de Chiapas tienen problemas nutricionales como sobrepeso o desnutrición, y señaló que esto se debe en gran medida a los alimentos disponibles para la población infantil, ricos en grasas, azúcares y proteínas. Señaló que el programa Oportunidades tiene un componente nutricional muy importante, y sería importante conocer la compatibilidad nutricional de las despensas distribuídas por el gobierno y las necesidades de la población infantil.
La financiación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) sólo podía agravar la situación de los derechos humanos de Honduras aún más, al otorgar ingresos adicionales a una empresa conocida por gastar importantes sumas de dinero para pagar a paramilitares armados causantes de graves violaciónes de los derechos humanos.
A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.
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