MANIFIESTO CIUDADANO EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE NUESTROS INTEGRANTES
“Por garantías individuales, en general, nos referimos a las prerrogativas
alcanzadas por los hombres frente al poder público personificado en la autoridad.”
Enrique Sánchez Bringas
AL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Quienes suscribimos, ciudadanos-as y organizaciones de la sociedad civil de San Cristóbal de Las Casas, expresamos públicamente nuestra preocupación e indignación, por la campaña de difamación, intimidaciones y amenazas, de que han venido siendo objeto algunas-os de las – los integrantes de nuestro movimiento en defensa del patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad; así como en contra de periodistas que han difundido el rechazo a la construcción de tiendas departamentales en espacios públicos.
Con fundamento en los derechos y garantías, individuales y colectivos, consagrados en nuestra Constitución Política, y sobre todo en diversos Convenios y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, que ha firmado el gobierno mexicano y ratificado el Senado de la República, ante esta campaña de difamación, intimidaciones y amenazas, y ante la falta de respuesta frente a las denuncias de depredación ecológica y de violaciones de los derechos a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y a la consulta ciudadana, de parte de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) señalamos que nos reservamos el derecho de acudir a diversas instancias nacionales e internacionales para que se garanticen los derechos colectivos e individuales que nos están siendo afectados.
Asimismo, al amparo de la Libertad de Expresión manifestamos que, con el silencio gubernamental y en contraparte, con la campaña de difamación ejercida en contra de algunos de nosotras-os, se han violado tanto el artículo 6º de nuestra Constitución, como el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Declaración de los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz:
La libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas […] La libertad de información requiere, como elemento indispensable, la voluntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa […].
Declaramos que los métodos usados para difamar e intimidar a nuestros representantes, así como la omisión frente a los hechos que hemos venido denunciado, de forma pacífica y escrita, contradicen el espíritu de la llamada Campaña del Bicentenario federal, y el rumbo que el Gobierno del estado ha iniciado con la incorporación de los Objetivos del Milenio a la Constitución estatal.
Asimismo, confirmamos una vez más que, con la reiterada intención de permitir la construcción de un nuevo megaproyecto comercial sobre espacios públicos y destruyendo humedales (desoyendo la petición pacífica de casi 9000 ciudadanos-as); con la operación de las 5 plantas de asfalto en zonas habitacionales; y con la brutal extracción de material pétreo en la zona Salsipuedes – las Peras, por parte de más de 50 minas que operan impunemente sin permisos de cambio de uso del suelo y de remoción de la vegetación forestal y sin Manifestaciones de Impacto Ambiental, se está violando y permitiendo que se viole el Estado de Derecho en nuestra ciudad, dado que todas esas acciones depredadoras van en contra de diversos preceptos jurídicos contemplados entre otras, en: las Leyes General y estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable; los Decretos 137 y 138 que declaran Áreas Naturales Protegidas con el carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, las zonas conocidas como “Humedales de Montaña La Kisst” y “Humedales de Montaña María Eugenia”; la Carta Urbana Municipal; la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada Convención de Ramsar; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ante todo lo anterior manifestamos que, pese a las agresiones recibidas, no cejaremos en ejercer, de forma pacífica y respetuosa, nuestros derechos individuales y colectivos, pues como ciudadanas-os y organismos de la sociedad civil, creemos firmemente que el diálogo, la tolerancia, el respeto, la honestidad –pública y privada- y el interés genuino por el bien común, son el fundamento de una verdadera paz.
Finalmente exigimos se ponga fin inmediato a todo acto de intimidación y persecución, y a la cobarde campaña de desprestigio en contra de algunas-os de nuestros-as integrantes, misma que ya ha ocasionado daño moral y sicológico de manera irreparable, pues para esta campaña se han usado medios de comunicación oficial y recursos públicos, pretendiendo destruir la confianza de la ciudadanía sobre nuestro legítimo movimiento y sobre nuestras personas e instituciones.
Estamos convencidos de que esas acciones –la intimidación y difamación- constituyen la mejor manera de alejarnos del fin común de toda sociedad democrática: la construcción de una ciudadanía conciente y responsable de sus intereses colectivos, culturales y ambientales, así como de sus espacios públicos.
Queremos conquistar para nosotras-os y para nuestros-as hijos-as, el derecho a ser consultados y de expresar -por la vía pacífica y democrática- nuestra opción, y diferir, mediante el razonamiento y el diálogo, de las acciones de los gobernantes, con absoluta libertad y plena garantía de nuestros derechos; todo lo cual no ha sido posible hasta ahora en Chiapas.
Convocamos a la ciudadanía, a la opinión pública y a los diversos actores gubernamentales, a conocer, enriquecer y respaldar nuestra propuesta para el desarrollo integral de San Cristóbal y la Región de los Altos, y para hacer valer los Derechos del pueblo sancristobalense a una Vida Digna y Sustentable.
“Por una ciudadanía responsable y participativa con su entorno y con su desarrollo”.
¡¡SALVEMOS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS!!
San Cristóbal de Las Casas, Septiembre 22 de 2010 “Año del Bicentenario”
ATENTAMENTE
– COLECTIVO DE ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS-AS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE SAN CRISTÓBAL (integrado por: Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDE); Comisión Ambientalista Comunidades Eclesiales de Base (CACEB); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas); Alianza Cívica Chiapas (Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social – DECIDES, A.C.); Red de Defensores Comunitarios; Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.; Centro de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, A.C. (CAAMADS); Otros Mundos, A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZ); Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC (EAPSEC);Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente; Red Ciudadana; Colectivo El Pedalazo).
– CONSEJO CIUDADANO
– LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (Liga Municipal de Beisbol, Liga Municipal de Fútbol, Liga Infantil de Fútbol)
– COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y HUMEDALES
– COALICIÓN DE COLONIAS DE LA ZONA SUR (COCOSUR)
– ASOCIACIÓN CULTURAL NA-BOLOM A..C.
– PRO- JOVEL A.C.
– CAMPAÑA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN
– MOVIMIENTO CIUDADANO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES
– ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (CAPITULO SAN CRISTÓBAL)
– PRONATURA SUR
– ASOCIACIÓN DE POSADAS CLASE ECONÓMICA
www.salvemossancristobaldelascasas.blogspot.com
La financiación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) sólo podía agravar la situación de los derechos humanos de Honduras aún más, al otorgar ingresos adicionales a una empresa conocida por gastar importantes sumas de dinero para pagar a paramilitares armados causantes de graves violaciónes de los derechos humanos.
A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.
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