Categoría: Agroindustria

Tomar el toro por los cuernos: Reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima

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Documento de análisis de la ONG GRAIN – Febrero 2017

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Cuando pensamos en los grandes causantes del cambio climático, con frecuencia pensamos en automóviles y transporte aéreo. Pero los cambios producidos durante el siglo pasado en el modo en que son producidos y consumidos los alimentos, ha resultado en emisiones de gases con efecto de invernadero mayores que las procedentes del transporte. ¿El principal culpable? La producción industrial de carne y lácteos.

La estimación oficial citada con más frecuencia sostiene que el sistema alimentario es responsable de hasta un 30 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero. Algunas de estas emisiones se deben al aumento de los alimentos empacados y congelados, a las mayores distancias que los alimentos deben ser transportados y al aumento de los desechos alimentarios. Pero la fuente más importante de emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con los sistemas de producción alimentaria es el aumento del consumo de carnes y lácteos – ocurrido por la expansión de la ganadería industrial y de cultivos para alimentación animal con uso intensivo de agroquímicos. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Las Naciones Unidas (FAO) señala que sólo la producción de carne genera mayor emisión de gases con efecto de invernadero que todo el transporte mundial combinado.

No es posible continuar por este camino sin rebasar el objetivo establecido por los gobiernos en París en 2015, de dos grados Celsius para el año 2050. Reducir el consumo de carnes y lácteos es un imperativo, especialmente en EUA, Europa y otras naciones ricas que llevan décadas subsidiando la producción industrial de carnes y lácteos. Las leyes en estos países han generado ganancias astronómicas para las corporaciones erosionando la salud de sus poblaciones mientras dañaron as condiciones climáticas el planeta.

Disminuir este consumo requiere primero entender qué sistemas de producción de carne y lácteos son los que provocan los mayores daños y los mecanismos y políticas que los impulsaron. Los pequeños ganaderos en los países pobres y los campesinos que ejercen una agricultura diversificada, no son el problema. El verdadero crimen climático es la producción industrial en agro-factorías – promovida por la presión ejercida por las corporaciones de la carne, los subsidios que reciben y los acuerdos de libre comercio.

Beneficios adicionales de la reducción del consumo de carne y lácteos

Además de reducir la emisión global de gases de invernadero, reducir el consumo en los países que actualmente consumen mucha carne y lácteos podría tener beneficios importantes en la asistencia social y de salud. Un estudio muestra que reducir el consumo de carne como medio para combatir el cambio climático, reduciría el riesgo de cáncer de colon, enfermedades cardiacas y enfermedades pulmonares en 34 por ciento, a nivel mundial. Otro estudio señala que reduciría la mortalidad mundial de 6 a 10 por ciento para 2050, traduciéndose en un ahorro en costos de cuidados de salud de 735 mil millones de dólares anuales. [Marco Springman et al, “Analysis and valuation of the health and climate change co-benefits of dietary change”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 12 de abril, 2016.]

Otros científicos señalan que reducir el consumo de carne y lácteos podría reducir enfermedades infecciosas y la resistencia a los antibióticos y sus efectos secundarios. [Kris Murray, “How eating less meat could help prevent extinction, climate change, cancer and the next pandemic”]

Un estudio muestra que la adopción mundial de una dieta saludable podría reducir los costos de mitigación para la industria energética en un 50 por ciento para 2050. Esto liberaría tierra, usada en la producción de alimentos para animales; si se combina con otras  políticas, esto ayudaría a los pequeños agricultores a acceder a la tierra tan necesaria.

¿Reducir el consumo de carne realmente frenaría el cambio climático?

La respuesta es, muy simple: sí. Disminuir el consumo de carnes y lácteos, especialmente en Norteamérica y Europa, tendría un impacto significativo. Al igual que el consumo de combustibles fósiles, el consumo de carne no sustentable sobre todo es promovido por los países ricos. Países como Estados Unidos y Australia son los mayores consumidores de carne a nivel mundial con unos 90 kilos por persona anuales, seguido de cerca por algunos países de América Latina y la Unión Europea, Canadá y Rusia. En India son apenas 3 kilos (ver mapa abajo ). Para aumentar la disparidad, está el hecho de que una gran tajada del consumo de carne estadounidense y europeo contiene más carne de res, que emite más gases con efecto de invernadero que el puerco y los pollos. Norteamérica, la Unión Europea y Brasil juntos dan cuenta de la mitad de toda la res consumida en el mundo.

Mapa: ¿Cuánta carne comen las personas en todo el  mundo?

[Mapa adaptado de: Skye Gould/Business Insider, “How much meat people eat around the world”, 29 de septiembre, 2016]

Las emisiones procedentes de la carne también aumentan en China (hoy el consumo de carne es 58.2 kg por persona por año), en Vietnam y otros países donde los restaurantes de comida rápida, las importaciones de carne y las agro factorías se están expandiendo rápidamente. Si esta tendencia continúa, el consumo de carne mundial aumentará 76 por ciento hacia 2050, mientras que las emisiones procedentes de los lácteos, otra gran fuente de emisiones del sector productor de alimentos, aumentará en 65 por ciento.

Inforgrafía: Aumento proyectado en el consumo de carne por región* (kilos per capita)

[*Incluye carne de vacunos, porcinos, aves y ovinos. Infografía adaptada de: IFPRI, “How many kilograms per person”, Insights, Vol. 2, Issue 3, 2012, p. 23]

Un estudio reciente señala: “si las personas mantuvieran el consumo de carne según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el mundo reduciría un 40 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero actuales”.

Los beneficios se harían sentir bastante rápido. El metano, el principal gas de invernadero, procedente de la ganadería, permanece en la atmósfera durante diez años solamente, mientras que el dióxido de carbono dura 200 años. El metano captura 28 veces más calor que el CO2. En consecuencia, disminuir la producción de metano puede tener un efecto relativamente rápido. Además, reducir el desecho de alimentos – especialmente carne – puede tener un impacto importante. Un tercio de los alimentos que producimos es desechado, generando alrededor de 4.4 giga toneladas de emisiones de gases con efecto de invernadero anuales. La carne da cuenta de menos de un 4 por ciento del desecho alimentario según el peso, pero provoca 20 por ciento de la huella de carbono del desperdicio alimentario.[12]

Las agrofactorías son el problema, no los pequeños agricultores y ganaderos

Los pequeños agricultores y ganaderos no tienen nada que perder ante una disminución del consumo global de carne y lácteos. En la mayor parte del Sur Global – donde el consumo de carne y lácteos tiene un nivel sustentable – 630 millones de campesinos con prácticas de emisión baja, como la agricultura mixta, más 200 millones de pastores y pequeños ganaderos que frecuentemente dejan pastar a sus animales en áreas donde los cultivos no pueden desarrollarse. Estos sistemas de producción y consumo no sólo contribuyen muy poco al cambio climático, sino que la diversidad de sus sistemas crea relaciones positivas entre los cultivos y el ganado (como el reciclaje del deshecho animal y los residuos de los cultivos) y un uso “multifuncional” de su ganado (para tracción, energía, trabajo, cueros y obtención de dinero efectivo). La producción ganadera en pequeña escala mejora la nutrición familiar, permitiendo que las personas accedan a alimentos de origen animal y vegetal. En estos sistemas, el ganado es una parte esencial del sustento familiar, de la seguridad alimentaria y la salud, y es parte integral de las tradiciones culturales y religiosas.

La producción industrial de carne y lácteos se ubica al otro extremo del espectro. Se basa en la producción altamente concentrada de carne a bajo costo y de excedentes de leche en polvo, los cuales son transados como materias primas. Este excedente de producción sostiene el crecimiento no sustentable del consumo global – y el espectacular aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Las granjas industriales o agrofactorías son el segmento de más rápido crecimiento de la producción de carne y lácteos. Constituyen el 80 por ciento del crecimiento de la producción de carnes y lácteos a nivel global en los años recientes. La producción industrial de ganado ha crecido a una tasa anual igual al doble de la velocidad de crecimiento de los sistemas de agricultura tradicional y agricultura mixta, y seis veces más rápido que la producción basada en pastoreo. Esto es el caso de los cerdos y las aves:  hoy las agrofactorías dan cuenta de 74 por ciento del total mundial de la producción avícola, 40 por ciento de la carne de cerdo y 68 por ciento de los huevos. [Jelle Bruinsma, ed., “World agriculture: towards 2015/2030, an FAO perspective”, FAO, 2003, p. 166]

Una gran parte de las emisiones generadas por la ganadería industrial ocurre indirectamente, a través de la producción de alimento para animales. En 2010, cerca de un tercio de los cereales producidos se destinaron a alimento animal y FAO predice que estas cifras se elevará a 50% para 2050. Más alimentos para animales significa más tierra cultivada. Unos 56 millones de hectáreas de tierra adicionales fueron cultivadas con soja y maíz para alimento animal en los primeros diez años del siglo XXI, resultando en la liberación de abundantes cantidades de dióxido de carbono por los cambios de uso de la tierra y la deforestación. Los cultivos para alimento animal son producidos usualmente con fertilizantes químicos, otra poderosa fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Debido a la expansión de las agrofactorías, la producción y procesamiento de alimento para animales actualmente da cuenta de casi la mitad de las emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la ganadería, y se supone que esto aumente.

Otra importante fuente de emisiones de gases de invernadero procedente de las agrofactorías es el estiércol (o excrementos de los animales). La industrialización de la ganadería significa concentración: menos agricultores y más animales por finca. La gran escala de las operaciones convierte el estiércol, valioso fertilizante natural, en un problema tóxico. En EUA, donde el proceso está muy avanzado, a comienzos de los años 90 menos de una décima parte de las vacas lecheras estaba en planteles de más de mil vacas. Hacia 2007, esta cifra había aumentado a un tercio. El mismo año, los planteles de engorda para carne de más de 16 mil cabezas manejaban 60 por ciento del mercado del ganado alimentado en establos estadounidenses. Lo mismo, o peor, está ocurriendo con los sectores de cerdos y aves.

Según la FAO, el almacenamiento y procesado de estiércol es responsable de 10 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con la ganadería mundial. Gran parte de eso proviene de las operaciones de alimentación de grandes rebaños de animales estabulados. El estiércol depositado por animales en las praderas produce de seis a nueve veces menos amonio volatilizado que el estiércol aplicado al suelo proveniente de los grandes planteles alimentados en establos. Alex Turner, investigador de la Universidad de Harvard que investiga las lagunas de estiércol (sistema de manejo de residuos utilizado en las agrofactorías), encontró que emiten unas 35 veces más metano que el estiércol aplicado en campo. Por el tremendo crecimiento de las agrofactorías y las lagunas de desechos en EUA, el total de las emisiones de metano del estiércol crecieron en más de dos tercios entre 1990 y 2012.

Un factor muy importante que afecta al clima, pero que se ignora con frecuencia, es la dependencia del ganado de los combustibles fósiles. Según la FAO, 20 por ciento de las emisiones generadas para producir carnes y lácteos proviene de combustibles fósiles. La mayor parte viene de las agrofactorías, por su necesidad de alimento para animales y de los fertilizantes usados para producirlo. También son los sistemas de distribución y venta al público, de los cuales depende la agricultura industrial, que demanda electricidad, calefacción, transporte y refrigeración.

¿Qué están haciendo los países actualmente?

Van bien

  • Dinamarca: En mayo de 2016, el Danish Ethic Council solicitó un impuesto nacional sobre las carnes rojas.
  • Suecia: En 2013, la Autoridad Sueca de Agricultura propuso un impuesto diferenciado sobre la carne (que la carne que genera la mayor parte de las emisiones de gases de invernadero pague un impuesto mayor que las que producen menos) para ser establecido a nivel de la Unión Europea.
  • China: En junio de 2016, Pekín anunció una atrevida política que apunta a disminuir en un 50 por ciento el consumo actual de carne por parte de las personas (a 40g diarios) mediante nuevas directrices nacionales sobre dieta.
  • California: En agosto de 2016, California, que produce 20 por ciento de la oferta de leche en EUA, promulgó una ley señalando que las granjas lecheras deben reducir su gases con efecto de invernadero en un 40 por ciento para 2030. Si bien el objetivo es osado, el riesgo es que lleve a una mayor concentración en torno a las pocas grandes granjas que pueden acceder a la instalación de reactores de metano.
  • Irlanda: En octubre de 2016, las autoridades irlandesas entregaron un primer estudio sobre la huella de carbono de la dieta de una persona promedio en Irlanda. Las carnes rojas dan cuenta de un 40 por ciento de todas las emisiones relacionadas con la producción de alimentos. El gobierno podría incorporar conceptos climáticos en las directrices de dieta de la nación.
  • Holanda: En 2016, el Netherlands Nutrition Center recomendó que los ciudadanos holandeses redujeran su consumo semanal de carne a menos de 500g (la mitad de lo que sugiere el USDA), y limitar el consumo de carnes rojas a 300g por semana debido al “impacto ambiental masivo de la industria de la ganadería”.

Podrían hacerlo mejor

  • Consejo Nórdico: En 2012, el Consejo Nórdico publicó directrices alimentarias que llamaban a limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y reemplazar la carne alta en grasa por carne baja en grasa.
  • Suecia: La Agencia Nacional de Alimentos recomienda que en Suecia las personas coman menos carne y elijan, en cambio, alimentos de origen vegetal, en el interés del ambiente. Sugiere específicamente que las personas consuman comida vegetariana una o dos veces por semana.
  • Finlandia: En 2014, Finlandia adoptó directrices alimentaria que recomiendan reducir el consumo de carnes rojas a menos de 500 g por semana, en aras de un “desarrollo sustentable”, no sólo por la salud.
  • Unión Europea: El “plan de trabajo hasta el 2050” de la Unión Europea, establece que las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura aumentarán a un tercio del total de emisiones de la UE hacia el 2050. Las acciones propuestas incluyen: reducir las emisiones de fertilizantes, estiércol y ganado; aumentar la fijación de CO2 en los suelos y los bosques; recomendar que los ciudadanos consuman alimentos estacionales producidos localmente, coman más vegetales en lugar de carne y reduzcan el consumo de carne de vacuno.

Reprueban

  • Alemania: En mayo de 2016, se filtró el borrador del plan de Alemania para alcanzar el Acuerdo de París, impulsado por el Ministerio del Ambiente. Proponía: reducir el consumo de carne del país en 50 por ciento para 2030, diciendo que la reducción de los planteles de ganado es “crucial para la protección del clima”; disminuir las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura alemana de 72 millones de toneladas en 2014 a 55-60 millones de toneladas hacia 2030, preservando las praderas y pastos en este proceso; y lograr que un 20 por ciento de toda la tierra quede bajo agricultura amigable con el ambiente. El plan definitivo, publicado en 2016, después de mucho cabildeo y discusiones, fue limpiado. Ya no hacía un llamado a los alemanes a reducir el consumo de carne y no establecía objetivos para la reducción de las emisiones de gases de invernadero en el sector agrícola.
  • Estados Unidos: EUA modificó sus directrices alimentarias en 2015. En lugar de llamar a la gente a reducir el consumo de carne, recomienda el consumo de carne magra. Esta conclusión ha sido atribuida a una “muy importante presión” de parte de la industria de la carne estadounidense para impedir en el debate cualquier vinculación entre ganado y clima y cualquier cambio en los patrones de la dieta.
  • Brasil: En 2014, Brasil modificó sus directrices alimentarias nacionales. No desalienta el consumo de carnes o lácteos, solamente el de los alimentos de origen animal altamente procesados.

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Costa Rica: ecologistas demandan a la Oficina Nacional de Semillas por evadir controles legales

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Artículo de Coeco Ceiba / Amigos de la tierra Costa Rica

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió a final de año una demanda presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON) contra la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) por el incumplimiento de la ley de Biodiversidad.

Las organizaciones denuncian a la OFINASE por otorgar “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir con el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, el cual exige una “consulta previa obligada” para esa entidad ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). El mismo artículo declara que “la oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación”.

El artículo 80 de la Ley de Biodiversidad “busca resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades locales campesinas e indígenas”, según lo dispuesto en esa misma Ley, así como en el Convenio de Diversidad Biológica. Además, es importante que se cumpla y se le consultara a CONAGEBIO pues es el órgano técnico especializado para determinar si una variedad vegetal, que se pretende registrar bajo derechos de obtentor, forma parte o no del conocimiento tradicional. Por ejemplo, determinar si las semillas son recogidas de una comunidad indígena o en un área silvestre protegida.

Las “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” vendrían siendo una especie de patentes o mejor conocidas como “títulos de derecho de obtentor” otorgando protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones mediante procesos que involucra elementos de la biodiversidad.

Esta certificación de protección de obtenciones vegetales que reconoce la propiedad intelectual de plantas fue una obligación del país tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La agenda de implementación del TLC incluyó la adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV-91.

En 2008 ecologistas y distintas fuerzas sociales lograron juntar más de 100 mil firmas para someter a la consulta la aprobación del Convenio UPOV para solicitar un referéndum. Pero fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum. Pese a que UPOV contradice la Ley de Biodiversidad.

Esta contradicción entre la legislación nacional y el convenio internacional UPOV ha sido revisada por la Sala Cuarta por contener roces inconstitucionales. La Sala ha fallado a favor de la ley en el sentido de reconocer la potestad de la CONAGEBIO de negar permisos de obtentor debido a inconsistencias sobre permisos de acceso o de consentimiento libre e informado por parte de pueblos indígenas o campesinos a los que afecte dicho permiso de obtentor.

Entre junio de 2012 y enero de 2016, la OFINASE otorgó doce títulos de protección de obtenciones vegetales. En todos estos casos, dicha dependencia omitió consultar el criterio de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO. Se trata de variedades de frambuesa, dracaena, banano, crisantemo, dos especies de arroz, café, tomate, melón y una papa desarrollada por la Universidad de Costa Rica.

Según la prueba aportada por Walter Quirós, director ejecutivo de la OFINACE, “UPOV es un convenio internacional y que no tenía que cumplir con una ley nacional”.  Esta interpretación errada es la base de la demanda pues la Ley de Biodiversidad es también parte de la implementación de otro convenio internacional llamado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Según el funcionario el requisito establecido en la Ley de Biodiversidad, “queda tácitamente sin efecto” luego de que se promulgara la ley que concretó la adhesión al Convenio UPOV, “con rango superior a la ley, dentro de la jerarquía de las normas en Costa Rica”.

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Los monocultivos de árboles no son bosques: la FAO debe revisar su definición de bosques

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ENGLISH – PORTUGUES – FRANÇAIS

Mensaje del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglos en inglés) – A 20 de enero del 2017

Estimados amigos,

El 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, está a la vuelta de la esquina. Como recordarán, en ese día vamos a hacerle llegar una carta a la FAO exigiéndole que cambie su definición de bosques que permite que un monocultivo industrial de árboles sea considerado un bosque.

Desde que el Acuerdo de París entró en vigor, se le ha abierto la puerta a una nueva expansión de los monocultivos de árboles. Esto se hace a través de diferentes medios, desde la promoción de los sumideros de carbono hasta la aplicación de los llamados programas de restauración o reforestación, y la promoción de la madera como fuente de energía para sustituir a los combustibles fósiles. Una de las razones que está en la raíz de esta promoción es que el Acuerdo de Paris –y la gran mayoría de los países que lo han ratificado- adoptan la definición de bosques de la FAO.

Las plantaciones industriales de árboles causan enormes problemas a las comunidades locales ¡y no son la solución a la crisis climática! Es urgente que la FAO cambie su definición de bosque que permite llamar “bosques” a las plantaciones.

Si su organización aún no ha adherido a la carta, los invitamos a hacerlo enviando el nombre de su organización y país a fao2017@wrm.org.uy

Si no recuerda si su organización ya ha adherido, puede chequearlo aquí.

¡Gracias de antemano!

 

¿De qué manera la definición de bosque de la FAO lesiona a comunidades y bosques?

Carta abierta a la FAO, firmada por Otros Mundos A.C. y otras 85 organizaciones

En septiembre de 2015, durante el XIV Congreso Forestal Mundial, miles de personas salieron a las calles en Durban, Sudáfrica, para protestar por la polémica definición de bosque que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) insiste en mantener*. La definición de la FAO considera que el bosque es básicamente sólo “un conjunto de árboles”, sin tener en cuenta otros aspectos fundamentales del bosque, en especial otras numerosas formas de vida tales como otros tipos de plantas, así como animales y comunidades humanas que dependen de los bosques. Del mismo modo, la definición desestima la contribución vital de los bosques a los procesos naturales que aportan el suelo, el agua y el oxígeno. Además, al definir al “bosque” exclusivamente en función de una superficie mínima de tierra cubierta por un número mínimo de árboles de un porcentaje mínimo de altura y cobertura forestal, la FAO ha promovido activamente el establecimiento de varios millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, de especies principalmente exóticas, especialmente en el Sur global. Como consecuencia de ello, sólo se ha beneficiado un sector particular: la industria de las plantaciones de árboles. Las plantaciones industriales de árboles han sido la causa directa de numerosos impactos negativos en las comunidades locales y sus bosques, los cuales han sido bien documentados.

* Hace años que la FAO define al bosque como “tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ” (en inglés: “Land with tree crown cover -or equivalent stocking level- of more than 10 percent and area of more than 0.5 hectares. The trees should be able to reach a minimum height of 5 meters at maturity in situ.”) – Fuente FAO

En la manifestación de protesta que tuvo lugar en Durban en 2015 había quienes llevaban pancartas que decían: “¡Las plantaciones no son bosques!”, y terminaron frente a la sede del Congreso Forestal Mundial, organizado por la FAO. En respuesta a un llamamiento de los líderes de la sociedad civil que participaban en la manifestación, un funcionario del Congreso Forestal Mundial salió de la sede para recibir una petición firmada por más de 100.000 personas y grupos de todo el mundo. En la petición se pedía a la FAO que cambiara con urgencia su definición de bosque y que lo definiera por su verdadero significado. Pero una vez más, la FAO no cambió su definición. (Leer: Nota de repudio al XIV Congreso Mundial Forestal del FAO)

No obstante, ocurrió algo nuevo. A diferencia del silencio como respuesta a demandas anteriores de que la FAO cambiara su errada definición de bosque, esta vez la FAO reaccionó a la protesta y envió una carta. Un punto en la carta de la FAO es particularmente interesante. Declaró: “De hecho, hay más de 200 definiciones nacionales de bosques que reflejan una variedad de partes interesadas en este asunto …”, y continúa diciendo, “… para facilitar la comunicación de datos …, es necesario que exista una categorización mundialmente válida, sencilla y operativa de los bosques”, a fin de que “permita comparaciones coherentes durante períodos más largos sobre los procesos mundiales de desarrollo y cambio de los bosques”. Con esto, la FAO intenta convencernos de que su función se limita a homologar las más de 200 definiciones diferentes de bosques que tienen los distintos países.

Pero ¿acaso es cierto, realmente, que la actual definición de bosques de la FAO no influyó, en primer lugar, en la forma en que se formularon las 200 definiciones nacionales de bosques? ¿Y tiene razón la FAO cuando aduce que las numerosas y diferentes definiciones nacionales de bosque son el resultado de las reflexiones de una serie de partes interesadas en estos países, minimizando así, una vez más, su propia influencia?

Creemos que lo cierto es lo contrario de que aduce la FAO. En primer lugar, la definición de bosque de la FAO fue adoptada hace mucho tiempo, en 1948. Según un reciente análisis conjunto de diferentes autores acerca de conceptos y definiciones de bosque, “la definición de la FAO, acordada por todos sus miembros [de la ONU], es la primera que utilizaron todos los países para homologar los informes; la definición adoptada por la FAO sigue siendo la definición de bosque más utilizada hoy en día”.

Un país que sirve de buen ejemplo para verificar si se está utilizando la definición de la FAO, es Brasil, el país con la mayor cubierta forestal del hemisferio Sur, y según fuentes oficiales, con casi 8 millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, en su mayoría monocultivos de eucaliptos. En su publicación de 2010 “Florestas do Brasil” (Bosques de Brasil), el Servicio Forestal Brasileño, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y responsable de las cuestiones relacionadas con los bosques “… considera como bosque las tipologías de vegetación leñosa que más se aproximan a la definición de bosque de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)”. Como continuación lógica a partir de basar su definición en lo definido por la FAO, se establece que “Brasil es un país … de bosques naturales y plantados”, donde por “bosques plantados” se hace referencia a los 8 millones de hectáreas de monocultivos mayormente de eucaliptos. Por lo tanto, la forma en que el gobierno de Brasil define un bosque no es el resultado de un proceso que “… refleja una variedad de partes interesadas en este asunto”. Por el contrario, es más bien una consecuencia de lo que ya fue determinado por la FAO.

Pero la influencia que tiene la definición de bosque de la FAO va más allá de tan solo determinar las definiciones nacionales en esa materia. En estos tiempos de cambio climático, la definición de la FAO ha sido el principal punto de referencia para definir lo que es un bosque en el marco de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Al adoptar la estrecha definición de la FAO basada en el concepto de la presencia de madera, la CMNUCC también ha promovido la idea de que los bosques son una superficie de tierra que sólo contiene árboles. Para la CMNUCC, lo que importa son principalmente los árboles de un bosque, debido a su capacidad de almacenar carbono a medida que crecen, y no las comunidades que dependen de los bosques. Esas comunidades afectadas se han visto perjudicadas aún más por las restricciones al uso de los recursos del bosque impuestas por “los proyectos de compensación de carbono forestal”, también denominados a menudo proyectos REDD+.

Una definición de bosque centrada exclusivamente en los árboles abre la puerta a la inclusión de los “bosques plantados” – léase: plantaciones industriales de árboles -. Es una manera totalmente falsa de “reducir la deforestación y la degradación de los bosques” pero que se acepta como opción válida en el Convenio sobre el Cambio Climático, por la que supuestamente el carbono puede ser secuestrado de la atmósfera y ser almacenado de forma permanente. En la práctica esto es sólo otra oportunidad de lucro para la industria de las plantaciones de árboles, y resulta una gran amenaza para las comunidades afectadas por la tendencia a expandir plantaciones de árboles para la función de “sumideros de carbono”.

Tras las últimas negociaciones de la CMNUCC, recientemente los países han estado modificando su legislación forestal, con la esperanza de atraer a los llamados “fondos para el clima”. Como era de esperar, las definiciones utilizadas se basan en gran medida en la definición de bosque de la FAO. En Mozambique, por ejemplo, en un taller realizado sobre REDD+, un consultor propuso una nueva definición de bosque para el país. Al igual que la definición de la FAO, también se basa en la presencia de árboles, definiendo que un bosque es una superficie con “… árboles con el potencial de alcanzar una altura de 5 metros en la madurez …” También en Indonesia, la presentación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en 2015, declaraba que, para definir sus bosques, se había “… ajustado a la definición de bosque de la FAO …”. Una vez más, una definición que define y valora un bosque exclusivamente a través de sus árboles, y que divide a los “bosques” en una serie de categorías diferentes, entre ellas “bosque natural” y algo que llaman “bosques de plantación”.

La definición de bosque de la FAO también influye en las acciones de las instituciones financieras y de desarrollo que promueven actividades a partir de la madera, como la tala industrial de bosques, las plantaciones industriales de árboles y las compensaciones de carbono REDD+. El principal ejemplo es el Banco Mundial, que como parte del conglomerado de las Naciones Unidas se ha asociado con la FAO durante décadas en una serie de iniciativas relacionadas con los bosques. Recientemente, unieron nuevamente sus fuerzas en uno de los planes más ambiciosos lanzados durante la COP 21 de la CMNUCC en París, la llamada “Iniciativa Africana de Restauración de Paisajes Forestales” (AFR100). Dicha iniciativa pretende abarcar 100 millones de hectáreas de tierras deforestadas a las que se denominan “degradadas” en diferentes países africanos boscosos. El Banco Mundial proporcionará mil millones de dólares para este plan. Pero para comprender lo que el Banco Mundial considera como “reforestación”, es crucial ver cómo el propio Banco define un bosque. Como cabía esperar, su definición también está tomada de la de la FAO, y describe un bosque como “una superficie de tierra … con cobertura (o nivel de espesura equivalente) de más del 10%, con árboles que …” Al definir a los bosques de esta manera, el Banco Mundial abre la puerta de par en par para que las empresas que expanden sus plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala en los territorios de las comunidades de África, formen parte del ambicioso plan de “restauración” que promueve junto con la FAO y otros socios. La propuesta AFR100 se parece mucho al fallido Plan de Acción Forestal en los Trópicos (PAFT) de la década de 1980, que también fue ideado por el Banco Mundial en colaboración con la FAO.

Observaciones finales

Es imperioso que la FAO deje de presentar engañosamente a las plantaciones industriales de árboles como “bosques plantados” o “silvicultura”, porque los gobiernos nacionales, otras instituciones de la ONU y las instituciones financieras, así como los principales medios de comunicación, seguirán su infeliz ejemplo. Esta forma deliberada de confundir las plantaciones de árboles con bosques engaña a la gente, porque en general los bosques son vistos como algo positivo y beneficioso. Después de todo, ¿quién podría oponerse a los “bosques”?

Por sobre todas las cosas, la FAO debería asumir plena responsabilidad por la fuerte influencia que su definición de “bosque” tiene sobre las políticas económicas, ecológicas y sociales en todo el mundo. La petición 2015 que fue presentada a la FAO en Durban declara que la FAO se describe en sus principios fundacionales como un “foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales”. El cumplimiento de este enunciado exige, entre otras cosas, que la FAO revise urgentemente su definición de bosque, y que de una definición que refleja las preferencias y perspectivas de las empresas de la madera, la celulosa y el papel, el caucho y el comercio de carbono, pase a una definición que refleje las realidades ecológicas así como las opiniones de los pueblos que dependen de los bosques. A diferencia de la influencia dominante que actualmente tienen las industrias de la madera en la FAO, un proceso transparente y abierto para establecer definiciones nuevas y apropiadas de bosques y plantaciones de árboles también debe dar participación de manera efectiva a las mujeres y los hombres que dependen directamente los bosques y, por tanto, los protegen.

Si su organización aún no ha adherido a la carta, los invitamos a hacerlo enviando el nombre de su organización y país a fao2017@wrm.org.uy

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Más información:

Página del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

El Escaramujo: Gestión Comunitaria de Bosques I – Gestión Comunitaria de Bosques II – Gestión Comunitaria de Bosques III – Gestión Comunitaria de Bosques IV

Amigos de la Tierra por la Justicia Climática en la COP22

REDD: Las trasnacionales de la conservación tras los bosques campesinos

Los pueblos de “América Media” luchando por sus territorios y contra toda forma de opresión

 

La agroecología como alternativa a los plaguicidas altamente peligrosos

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Artículo de Fernando Bejarano González* en La Jornada del Campo del 17 de diciembre 2016 (Leer el número completo aquí)

Apoyar la investigación y el desarrollo de alternativas agroecológicas para el control de insectos, de plantas no deseadas –mal llamadas malezas– y de enfermedades en la agricultura para eliminar el uso de plaguicidas químicos, especialmente de los plaguicidas altamente peligrosos, es una demanda de organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, no gubernamentales de defensa de la salud ambiental y de los consumidores a escala mundial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido los criterios técnicos para identificar a los plaguicidas altamente peligrosos. En términos generales este término se refiere a los plaguicidas que pueden causar la muerte o efectos a la salud a corto plazo por su alta toxicidad aguda, o también provocar efectos crónicos irreversibles a largo plazo (cáncer, malformaciones, daños reproductivos). O, también, que están incluidos en convenios ambientales internacionales (Protocolo de Montreal, de Estocolmo o de Rotterdam) o que pueden causar un daño a la salud y el ambiente por las condiciones en las que se usan. A estos criterios, la Red Internacional de Plaguicidas o PAN Internacional –por sus siglas en inglés– propone que se añadan otros, como son el potencial para causar la muerte de las abejas, o que alteren la acción normal de las hormonas, entre otros.

PAN internacional ha elaborado una lista de 296 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con una o más de dichas propiedades, según clasificaciones de organismos nacionales o internacionales reconocidos (ver la lista en www.rapam.org). De esa lista, 183 plaguicidas altamente peligrosos están autorizados en México por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), e incluidos en el Catálogo de Plaguicidas de 2016 de la Cofepris, en más de dos mil formulaciones distintas, tanto para uso agrícola, como para uso industrial, doméstico e incluso algunos para el control de mosquitos vectores transmisores de enfermedades. De igual manera, dentro de los  plaguicidas altamente peligrosos están autorizados 44 ingredientes activos de plaguicidas que son probables causantes de cáncer en seres humano, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y 83 de ellos tienen una toxicidad alta para las abejas que puede provocar su muerte. Estos son datos preliminares de un informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México que desde la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM) daremos a conocer próximamente en colaboración con investigadores de diversas universidades del país.

Como ha señalado Baskut Tuncak, actual Relator Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, el uso de plaguicidas químicos puede vulnerar el derecho a la vida, a la salud, a una alimentación sana y adecuada y a un medio ambiente sustentable, además de afectar de manera particular los derechos de la niñez (ver los informes de Baskut Tuncak en http://www.srtoxics.org).

Es en este contexto que la discusión sobre las alternativas agroecológicas al uso de los plaguicidas químicos y en particular de los plaguicidas altamente peligrosos se hace necesaria e indispensable para alcanzar el mayor nivel de protección a los derechos humanos vulnerados por el uso de estos agrotóxicos. Hay que recordar que esto adquiere un significado especial en México debido a la reforma del artículo primero de la Constitución Política, que indica que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011), obligación que está lejos de cumplirse.

Al estudiar el problema del surgimiento y control de plagas, de plantas no deseadas y enfermedades, la agroecología busca entender el rol de la biodiversidad en un agroecosistema, sus componentes y funciones para desarrollar estrategias de diversificación del hábitat. Por ejemplo, busca incrementar la diversidad de los insectos benéficos –predadores y parasitoides– que actúan como enemigos naturales de los insectos que se han convertido en plaga para bajar la densidad de su población. Para ello recurren al fomento de policultivos, rotaciones de cultivo, cultivos de cobertura o franjas de cultivo. Además del uso de trampas, plantas repelentes o insecticidas y fortalecer la fertilidad biológica del suelo.

Es necesario que en México se abra un debate público sobre las consecuencias de la política neoliberal en materia de regulación de los plaguicidas, la cual ha conducido a otorgar permisos a un alto número de plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la protección de los derechos humanos y sus garantías. Es necesario un cambio en las políticas públicas para que se fomenten las alternativas agroecológicas a los plaguicidas químicos, especialmente los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, incorporando la experiencia y el saber de las organizaciones campesinas, indígenas y de productores privados, de las asociaciones de profesionales, de los centros de investigación agrícola, de los que practican la agricultura orgánica en los más de cien cultivos certificados en el país, así como de los que están practicando una certificación participativa construyendo sistemas locales alimentarios más sustentables.

*Maestro en ciencias y director de la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM)

Más información:

Agroecología: innovaciones para sistemas agrícolas y alimentarios sustentables

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

Más de 160 organizaciones del mundo llaman a una moratoria sobre la nueva tecnología de “extinción genética” en la COP 13

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Boletin de prensa de más de 160 organizaciones del mundo – 5 de diciembre del 2016, Cancún, Quintana Roo, México

Esta semana, organizaciones sociales, ambientales y sindicales publicaron un llamado en el que conminan a los gobiernos reunidos en la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México, a establecer una moratoria sobre la controvertida tecnología de extinción genética conocida como de impulsores genéticos (gene drives en inglés).

Los impulsores genéticos son una tecnología de edición genética experimental cuyo objetivo es la diseminación agresiva de un rasgo específico de ingeniería genética en una especie o población en la naturaleza. Si un impulsor genético fuese exitoso, los rasgos de diseño genético seleccionados se difundirían y se convertirían en dominantes en poblaciones silvestres en sólo unas cuantas generaciones de la especie, o podrían hasta provocar su extinción.

Más de 160 organizaciones de la sociedad civil de los seis continentes se unieron al llamado. Entre ellos, organizaciones ambientales que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional, sindicatos como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), que representa a más de 10 millones de trabajadores en 127 países; La Vía Campesina Internacional, la mayor organización global campesina, que representa millones de campesinos en todo el mundo; movimientos de agricultura sustentable como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM); la organización internacional de pueblos indígenas Tebtebba; coaliciones de científicos como la Unión Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS, México), así como el Grupo ETC y la Red del Tercer Mundo.

 

“No existe en este momento ni el conocimiento ni la compresión necesaria para liberar impulsores genéticos en el ambiente. Ni siquiera sabemos qué preguntas se deben hacer. Conducir a la extinción cualquier especie tiene serias implicaciones éticas, sociales y ambientales”, dijo la Dra. Ricarda Steinbrecher, que representa a la Federación de Científicos de Alemania. “Es esencial que hagamos un alto para que la comunidad científica, las comunidades locales y la sociedad en su conjunto puedan conocer, debatir y reflexionar. No podemos dejarnos llevar por esta riesgosa novedad tecnológica. Una moratoria es esencial.”

“Esta tecnología de extinción genética constituye una solución falsa a los problemas de conservación”, afirmó Dana Perls de Amigos de la Tierra. “Queremos apoyar los esfuerzos de protección de la biodiversidad realmente sostenibles y que vienen de las comunidades. Los impulsores genéticos pueden ser rápidamente adoptados por las empresas de agronegocios e intereses militares. Necesitamos una moratoria inmediata sobre estas tecnologías irreversibles e irresponsables que son los impulsores genéticos.”

“El tema de impulsores genéticos será uno de los debates más álgidos en el CDB este año”, aseguró Jim Thomas, del Grupo ETC. “El tema de alto impacto está avanzando velozmente en el mundo real sin regulación alguna. Hay inversiones de millones de dólares en el desarrollo de los impulsores genéticos, e incluso hay propuestas sin siquiera mínimas precauciones para liberarlos en el ambiente en los próximos cuatro años.”

“El CDB es el tratado internacional más importante para la protección de la biodiversidad y la vida sobre La Tierra”, dijo Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo. “Por el mandato que tiene, el CDB debe adoptar esta moratoria, y los países que son parte del Convenio deben actuar ahora para evitar daños irreversibles.”

El llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos derivados de ingeniería genética sigue abierto a firmas de organizaciones. Para agregar la firma de su organización al llamado a moratoria, enviar los datos a trudi@etcgroup.org 

Texto del llamado (descargar):

Llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos (Gene-drives) derivados de ingeniería genética.

En vista de las significativas amenazas ecológicas, culturales y sociales que implican los impulsores genéticos producidos con ingeniería genética, que incluyen amenazas a la biodiversidad, a la soberanía nacional, a la paz y la seguridad alimentaria, los abajo firmantes llamamos a los gobiernos presentes en la 13a. Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, a que en base al principio de precaución, establezcan una moratoria sobre:

1) los desarrollos y las aplicaciones experimentales de sistemas de impulsores genéticos y

2) toda liberación en el ambiente de impulsores genéticos producidos con ingeniería genética.

168 firmantes:

Organizaciones internacionales y regionales:

African Biodiversity Network; Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe – ATALC; ECOROPA (Europa); European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility – ENSSER; ETC Group; Friends of the Earth Africa – Friends of the Earth Europe; Friends of the Earth International; Global Forest Coalition; GMO-Free Regions (Europa); GRAIN; Heinrich Böll Foundation; International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM; International Federation of Organic Agriculture Movements EU – IFOAM EU; International Forum on Globalization; La Via Campesina International; Millennium Institute; Mothers Across the World; Navdanya International; Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (África del Este y del Sur); Red por una América Latina Libre de Transgénicos – RALLT (América Latina); The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations – IUF; The Pan African Institute for Consumer Citizenship and Development – CICODEV (África); Tebtebba – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education; Third World Network; World Rainforest Movement

Organizaciones de África:

African Center for Biosafety – ACB (Sudáfrica); African Centre for Biodiversity – Acbio; Action for Sustainable Development – ASUD (Malawi); Biowatch South Africa; Commons for EcoJustice – EcoJustice (Malawi); Earthlife Africa Durban (Sudáfrica); Farm-Saved Seeds Network – FASSNET (Malawi); Food Sovereignty Ghana; Green Living Movement – GLM (Zambia); Growth Partners Africa – GPA; Health of Mother Earth Foundation – HOMEF (Nigeria); Kasisi Agricultural Training Centre (Zambia); Kenya Food Rights Alliance – KEFRA (Kenia); NeverEndingFood (Malawi); Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (Kenia); Young Christian in Action for Development – YCAD (Togo); Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity Conservation – ZAABC

Organizaciones de Asia:

Consumers Union of Japan; Go Organic Davao City (Filipinas); Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment, Sustainable Economy – Green Convergence (Filipinas); Interface Development Interventions, Inc. – IDIS, Inc; Kauban Movement (Davao City, Filipinas); KONPHALINDO (National Consortium for Forest and Natural Conservation in Indonesia); Luna Legal Resource Center for Women and Children, Inc. (Filipinas); Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura – MASIPAG (Filipinas); Mamayan Ayaw sa Aerial Spraying (Philippines); No GMO Campaign (Japón); Philippine Misereor Inc. – Davao Region Cluster; Roots for Equity (Pakistán); Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment – SEARICE (Filipinas); Sustainable Davao Movement (Davao City, Filipinas); Tuburan Institute (Davao City, Filipinas)

Organizaciones de Europa:

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft – AbL e.V. (Family Farmers Organisation) (Alemania); Attac France; Biofuelwatch (Reino Unido); Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. – BÖLW (German Umbrella Organization of Organic Farmers, Processors, and Retailers) (Alemania); Bundesverband Naturkost Naturwaren – BNN e.V. (Alemania); Corporate Europe Observatory – CEO; Commité de investigacion e información independientes sobre ingeniería genética – CRIIGEN (Francia); Critical Scientists Switzerland – CSS; Ecologistas en Acción (España); Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature – FRAPNA; France Nature Environnement; Les Amis de la Terre – Amigos de la Tierra Francia; BUND – Amigos de la Tierra Alemania; Amigos de la Tierra Noruega; Amigos de la Tierra Rusia; Friends of the Siberian Forests; Gen Ethisches Netzwerk – GeN (Alemania); GeneWatch (Reino Unido); Groupe International d’Etudes Transdisciplinaires – GIET (Francia); GMWatch (Reino Unido); Initiative for GE-Free Seeds and Breeding (Germany); L’Association Sciences Citoyennes (France); La Confédération Paysanne (Francia); Pan-Africanist International (Bélgica); Pôle RISQUES (Francia); Réseau Semences Paysannes (France); Schweizer Allianz Gentechfrei – SAG (Suiza); Save Our Seeds (Alemania); Scientists for Global Responsibility (Reino Unido); TestBiotech (Unión Europea); Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebühren (Alemania); junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (jAbL); What Next Forum (Suecia);

Organizaciones de América Latina y el Caribe:

Acción Ecologica (Ecuador); Acción por la Biodiversidad (Argentina); Asociación de Consumidores Orgánicos (México); Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva (Colombia); BASE-IS, Paraguay; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano – Ceccam (México); Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Argentina); CENTRO ECOLÓGICO (Brasil); CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador; Colectivo por la autonomía – COA (México); Confederación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – CONAMURI (Paraguay); Coordinadora Nacional Agraria de Colombia – CNA (Colombia); FDCL – Center for Research and Documentation (Chile/Alemania); Fundación Solón (Bolivia); Grupo Carta de Belém (Brasil); Grupo Semillas (Colombia); Guerreros Verdes A.C. (México); Movimiento Camponês Popular – MCP; Movimiento de Mujeres Campesinas – MMC (Brasil); Movimiento de Pequeños Agricultores – MPA (Brasil); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST(Brasil); Plataforma Ñamoseke Monsanto (Paraguay); Red de Guardianes de Semillas (Ecuador); Red Semillas Libres de Colombia; REDES – Amigos de la Tierra Uruguay; Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Brazilian Society of Ethnobiology and Ethnoecology); Unión de organizaciones campesinas regionales autónomas – UNORCA (México); Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad – UCCS (México); Vía Campesina Brasil; Red de Coordinación en Biodiversidad (Costa Rica); Federación Ecologista de Costa Rica – FECON;  Fundación Terram (Chile)

Organizaciones de América del Norte:

Alliance for Humane Biotechnology – AHB; Biodynamic Association – BDA; Canadian Biotechnology Action Network – CBAN; Canadian Friends Service Committee (Quakers); Center for Food Safety – CFS (Estados Unidos); Center for Genetics and Society (Estados Unidos); Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos); Community Alliance for Global Justice – CAGJ (Estados Unidos); BioScience Resource Project (Estados Unidos); Earth in Brackets (Estados Unidos); Fair World Project (Estados Unidos); Food & Water Watch (Estados Unidos); Food Democracy Now! (Estados Unidos); Food Secure Canada; Friends of the Earth US; Global Justice Ecology Project (Estados Unidos); GMO Inside/Green America (Estados Unidos); International Centre for Technology Assessment – ICTA (Estados Unidos); Institute for Agriculture and Trade Policy (Estados Unidos); Institute for Responsible Technology (Estados Unidos); Maine Organic Farmers and Gardeners Association (Estados Unidos); Moms Across America (Estados Unidos); Movement Generation (Estados Unidos); National Farmers Union (Canadá); National Family Farm Coalition (Estados Unidos); Organic Consumers Association (Estados Unidos); Organics Seed Growers and Trade Association – OSGATA (Estados Unidos); Pesticide Action Network North America; Rural Advancement Fund International – RAFI-USA (Estados Unidos); The Greenhorns (Estados Unidos); The Nature Institute (USA); USC Canada; Vigilance OGM (Quebec, Canadá); Winnemem Wintu Tribe (USA)

Organizaciones de Oceania:

FOODwatch (Western Australia); Friends of the Earth Australia; Gene Ethics (Australia); GM Cropwatch (Australia); GM-Free Australia Alliance Inc. – GMFAA; The Institute of Health and Environmental Research (Australia); MADGE Australia Inc.; Pesticide Action Group (Australia Occidental); SA Genetic Food Information Network – SAGFIN (Australia); Save Our Trees (Australia Occidental); Tanzania Alliance for Biodiversity – TABIO

Más información:

– Descargar el llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos con lista completa de firmas y un resumen de antecedentes preparado por el Grupo de trabajo de la sociedad civil sobre impulsores genéticos: 

– El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se reúne del 4 al 17 diciembre en Cancún, México. Están en debate, otros temas de biología sintética también.

– En septiembre de 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (IUCN, por sus siglas en inglés) adoptó una moratoria de facto sobre investigación de impulsores genéticos para la conservación y otros propósitos.

– En junio de 2016, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Publicó el estudio “Gene Drives on the Horizon”, que explora las preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con los impulsores genéticos y aconsejó contra de la liberación en el ambiente de los mismos.

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En la prensa:

– Advierten organizaciones sobre impulsores genéticos

– Organizaciones piden moratoria sobre tecnología de extinción genética en COP 13

– Organismos civiles del mundo exigen a la COP13 frenar la alteración permanente de especies

Yucatán se declara estado libre de cultivos transgénicos

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Implican riesgos a la salud, contaminación del suelo y del agua, señala

La medida protege a campesinos indígenas del lugar, menciona el Diario Oficial del estado Autoridades se harán responsables de promover la siembra de semillas no modificadas, indica.

La Jornada.

Al publicarse el miércoles anterior un decreto que convierte a Yucatán en un estado libre de transgénicos, con dos zonas específicas para evitar el uso de estos productos, el estado gobernado por el priísta Rolando Zapata Bello es el primero en la península en tomar esa decisión.

Según se publicó en el Diario Oficial del estado, las razones por las que se declaran las zonas libres de los organismos genéticamente modificados (OGM), se deben a diversos factores, y destaca principalmente el riesgo que provocan a la salud de los seres humanos.

Por ejemplo, los relacionaron a la enfermedad del cáncer, a la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, debido a que el suelo es de tipo cárstico, por tanto permea más fácilmente; además del daño a la economía de los campesinos indígenas que se sustentan a través de la apicultura.

El decreto establece que “se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, y porque es injusto para las futuras generaciones”.

Refiere además que “atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como el derecho humano a un ambiente sano”.

Con el decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, tendrán que promover entre los productores agrícolas el uso de los cultivos orgánicos.

La promoción de la entrega de semillas libres de OGM, la capacitación de los campesinos sobre el cuidado de los cultivos orgánicos y la supervisión de los mismos para el correcto funcionamiento.
Debate en la Península

En los últimos años, la discusión por el uso de transgénicos en la península de Yucatán aumentó de forma considerable; en Campeche por ejemplo, las comunidades indígenas han comenzado con su consulta, pero también se han enfrentado a grupos defensores de los OGM, como los menonitas y las empresas desarrolladoras de los mismos, como Monsanto.

Recientemente, integrantes del colectivo Los Chenes viajaron a Perú para participar en la Conferencia Latinoamericana para Donantes de Pueblos Indígenas, donde denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a la siembra ilegal de los OGM.

Quienes han advertido de las afectaciones por la siembra de transgénicos, también han alertado que el agua de la península yucateca es afectada por los agroquímicos que, de acuerdo a investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY), en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afectan a las mujeres mayas.

Los estudios realizados determinaron la presencia de elementos cancerígenos ligados a los agroquímicos, pesticidas y plaguicidas en la leche materna y sangre de las mujeres.

Bayer, Monsanto y compañía: agricultura como si no hubiera un mañana

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Gabriela Vázquez, eldiario.es

El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la compra de la primera por 66.000 millones de dólares. Esta unión se sumaba a la de Dow-Dupont ( diciembre de 2015) y a la de Syngenta-ChemChina ( febrero de 2016), y dejaba “desparejada” a la otra gran empresa del sector semillero y de agroquímicos, BASF, de quien se espera que mueva ficha próximamente.

Pero esta agitación no sólo está dándose en este sector, sino también en otros sectores vitales en el mundo de los insumos agrícolas, y con unos volúmenes de mercado mucho mayores, como son el de los fertilizantes (175.000 millones de dólares en el año 2013, respecto a los 93.000 del mercado de pesticidas-semillas) y el de la maquinaria agrícola (116.000 millones). Todas estas empresas se encuentran igualmente en un frenesí de compras y fusiones, de apuesta por nuevos mercados y de concentración en cada vez menos manos.

Estas fusiones aún pueden ser evitadas por la legislación anti-monopolio de los distintos países (aunque, cuando aún intentaba comprar Syngenta, Monsanto estaba tan segura de que nadie bloquearía el acuerdo que ofrecía una fianza de 2.000 millones de dólares en caso de que así fuera ), y nadie puede saber cómo será exactamente el panorama final: ¿a qué escenario nos llevará esta tendencia que comenzó con la compra de pequeñas empresas semilleras por todo el mundo hace unas décadas?

La acumulación de poder por parte de estas empresas multinacionales se retroalimenta, haciéndose cada vez mayor: su tamaño les da una gran capacidad de lobby, lo que permite que la legislación de todo el mundo se adapte a sus intereses. En el año 2015 las empresas del sector agroquímico invirtieron 132 millones de dólares en labores de lobby sólo en el Congreso de EEUU. También les otorga una enorme influencia a la hora de decidir qué es lo que se investiga y cómo, ganándole terreno cada vez más a la investigación pública y decidiendo de facto hacia dónde se encaminan nuestros sistemas agroalimentarios.

Sin embargo, el mayor poder de estos oligopolios reside en su capacidad para dar lugar a sus propias narrativas sobre lo que debe ser y será la alimentación del futuro. Un modelo alimentario basado en la cantidad de calorías producidas, quizá con algunos suplementos para combatir, considerándolas de forma aislada, algunas deficiencias vitamínicas. Las medidas ambientales que se introducen intentan reconciliar al modelo agroindustrial con el medio en el que vive, sin replantearse este en su conjunto.

En estas narrativas el modelo de monocultivos destinados a la exportación y largas distancias se mantiene. También se mantiene la dinámica del agricultor cada vez más dependiente del suministro de insumos externos, aunque no se cierra la puerta a que estos insumos puedan cambiar. Se defiende la “intensificación sostenible”, que se fundamenta en que, ya que la agricultura va a degradar inevitablemente el territorio, lo mejor es maximizar mediante el uso de insumos externos la productividad de un terreno dado, para ocupar el menor espacio posible. Esta argumentación, aparte de dar por hecho que es inevitable que la actividad agrícola destruya el medio en el que se desarrolla, supone que el único impacto de ésta se da en la parcela en que se cultiva, sin considerar el impacto que la obtención de esos insumos genera en otros lugares.

No es esta una defensa de la autosuficiencia radical de las explotaciones agrícolas. Quiero reivindicar más bien una lógica que no sólo tenga en cuenta cuánto se produce y a qué coste económico, sino que considere igualmente los materiales y energía (incluida la energía necesaria para mover esos materiales por el mundo) que han tenido que consumirse en el proceso. Lamentablemente, nuestro sistema económico no es capaz de medir adecuadamente estos costes, por lo que no podemos dar por hecho que lo más barato económicamente es lo más “barato” en términos de materiales y energía.

Algunas de las soluciones tecnológicas que se plantean, al no ser claramente destructoras o contaminantes de por sí, permiten imaginar un campo que se desarrolla a espaldas del mundo físico que lo sostiene. En muchos casos la cuestión no es el rechazo a la propia tecnología, sino preguntarnos si se han echado las cuentas de hasta qué punto podemos disponer de los recursos para generalizar su utilización. En un mundo de recursos finitos y políticas neoliberales, el acceso de unos pocos agricultores de élite a la maquinaria más avanzada podría impedir a todo el resto el acceso a herramientas mucho más básicas. Si sabemos que necesitaríamos siete planetas para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, ¿cuántos necesitaríamos para que todos los agricultores trabajasen en el futuro que se imaginan Bayer y Monsanto?

Lo que no es posible, bajo este modelo ni bajo ningún otro, es conseguir un sistema de producción justo y viable a largo plazo que garantice los niveles de consumo y despilfarro que tenemos actualmente en los países enriquecidos. Sencillamente, no existen en el planeta que tenemos los materiales para hacer algo así.

Afortunadamente, existen formas de producir lo suficiente para asegurar que se cubran las necesidades (que no los deseos, que son ilimitados) de todas las personas, tanto en el plano alimentario como en otros. Olivier de Schutter, anterior relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, ya explicaba hace algunos años cómo la agroecología (un concepto que va más allá de la agricultura ecológica, con la que a menudo se confunde) sería capaz de “alimentar al mundo” en un contexto de crisis económica, ecológica y energética. Es más, sería posible hacer esto desde una perspectiva de recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, de recuperación de la toma de decisiones que en estos momentos, y cada vez más con acuerdos como el de Bayer y Monsanto, se encuentra muy lejos de las comunidades que en la práctica sustentan la vida.

Uno de los cambios clave entre un modelo y otro sería el de recuperar el enfoque centrado en la adaptación de la producción al medio (basado en la diversificación de soluciones según las condiciones particulares de cada lugar), en lugar de continuar con el enfoque centrado en la modificación del medio (basado en la estandarización de muchos lugares diferentes mediante el aporte de insumos externos). El segundo enfoque, en el que un menor número de soluciones son válidas para todo el mundo, encaja mejor con un modelo globalizado y concentrador de poder.

El cómo podría funcionar un modelo basado en la diversificación, qué datos sobre su efectividad tenemos hasta ahora, qué elementos del modelo industrial actual convendría mantener y cuales convendría desechar, y cómo podría realizarse la transición de uno a otro son temas abordados en el informe “ From uniformity to diversity” del comité IPES-Food. Este comité está formado por expertos relacionados con las Naciones Unidas (entre ellos el ya mencionado de Schutter), la academia y diversas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la cooperación internacional.

Según ellos, “el que el potencial de la agroecología para mejorar los resultados de los sistemas alimentarios no coincida con un potencial para generar beneficios para el agronegocio podría explicar por qué ha tardado tanto en hacerse hueco en la agenda política.” Aunque distintos organismos de la ONU lleven varios años haciéndose eco del potencial de la agroecología, especialmente en países del Sur, el primer Simposio sobre Agroecología de la FAO no tuvo lugar hasta el año 2014.

El informe señala también el riesgo fundamental de que, en un momento en el que el cambio es tan necesario, las prioridades políticas se centren no en fomentar y salvaguardar el desarrollo de modelos alternativos, sino en realizar retoques a las prácticas de las multinacionales que en realidad dejen intactos los aspectos esenciales del modelo actual.

Existen distintas medidas que pueden ponerse en marcha para, poco a poco, ir cambiando el centro de gravedad de nuestros sistemas alimentarios, pero la concentración de poder en el sistema actual ha alcanzado cotas tan altas que la acción política resulta también esencial para su desmantelamiento. Aunque no parece que nuestros gobiernos tengan ninguna intención de hacerlo, el bloqueo de acuerdos como el de Bayer-Monsanto sería un buen lugar para empezar.

Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de La Haya a Monsanto

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Ecocidio y crímenes contra la humanidad, entre los cargos

Luis A. Boffil Gómez, La Jornada

Dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a la trasnacional Monsanto, y dar testimonio de carácter ético de las “graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos que la empresa desarrolla y comercializa en México”.

En un comunicado emitido por el grupo de derechos humanos estatal Indignación, Greenpeace y los colectivos Sin Transgénicos y Apícola Los Chenes, se informó que Angélica Ek y Feliciano Ucán visitaron La Haya este fin de semana para pedir que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Oposición desde 2012

En 2012, Angélica y Feliciano –apoyados por el Colectivo Apícola Los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas de Campeche y Yucatán– presentaron diversos amparos contra el permiso que el gobierno mexicano otorgó a Monsanto para sembrar en forma comercial soya transgénica resistente al herbicida llamado glifosato.

El comunicado refiere que para entregar el permiso las autoridades de agricultura y del medio ambiente ignoraron los dictámenes de los órganos técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas; por ejemplo, lo referente al destino final del herbicida en los mantos freáticos de la península de Yucatán, que tiene un suelo altamente permeable.

Además, en esta región se produce miel para exportación, por lo que se pone en riesgo el mercado por el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos. Asimismo, habría restos de polen de soya transgénica en el producto.

Los apicultores destacaron que el glifosato pone en riesgo la salud de los agricultores y de las especies benéficas. Es el producto más empleado a escala mundial, junto con otros agroquímicos, y en la región aumentó su uso.

Denunciaron que en Hopelchén, entre 2005 y 2015, se perdieron 59 mil 880 mil hectáreas de selvas, muchas de las cuales eran cultivadas con soya y maíz naturales. “Es tan sólo una lista de impactos de la empresa Monsanto que, con sus productos, ha provocado la muerte de abejas y afectaciones en flora y fauna, la construcción de pozos de agua ilegales y la pérdida de masa forestal”.

Lo único que se busca, finaliza el reporte de los ambientalistas, es que se respete el modo de vida de los pueblos originarios y su medio ambiente.

…………………

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharán testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Una asamblea popular, será un evento diferente que de forma paralela brindará la oportunidad para que los movimientos sociales puedan congregarse y planear el futuro que queremos. El Tribunal Monsanto y la Asamblea Popular se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos

 

Juzgarán a Monsanto en tribunal especial de La Haya por crímenes contra la humanidad

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Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

 

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

La Feria Popular Alternativa alerta sobre el peligro de Monsanto

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El 25 de mayo del 2016, la Feria Popular Alternativa, integrada por varias organizaciones y Otros Mundos A.C., convocó a varias asociaciones y colectivos a participar en una Jornada contra Monsanto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informaron al público sobre las actividades de la transnacional, fabricante del herbicida Roundup y primer productor de semillas transgénicas a nivel mundial.

Video en : https://www.youtube.com/watch?v=67QhST0acRI

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Gracias a Constanza de CODEFF por mostrarnos su linda canción y darnos chance de incluírla en el video.

FAO: Agricultura comercial generó casi el 70 % de la deforestación en América Latina

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No es necesario cortar bosques para producir más alimentos, según el informe El estado de los bosques del mundo 2016.

FAO

En América Latina, la agricultura comercial es la principal causante de la deforestación, según el nuevo informe de la FAO, El estado de los bosques del mundo 2016 (SOFO, por sus siglas en inglés).

El SOFO señala que la agricultura comercial generó casi el 70 % de la deforestación en América Latina entre el periodo 2000-2010, pero solo un tercio en África, donde la agricultura a pequeña escala constituye un factor más significativo de la deforestación.

En la Amazonia en particular, la producción de agronegocios para los mercados internacionales fue el principal factor de deforestación posterior a 1990, producto de prácticas como el pastoreo extensivo, el cultivo de soja y las plantaciones de palma aceitera.

“La agricultura comercial de la región no puede continuar creciendo a expensas de los bosques y recursos naturales de la región” explicó Jorge Meza, Oficial Forestal Principal de la FAO.

 

Meza -quien dirige la iniciativa regional de la FAO de uso sostenible de los recursos naturales- destacó que políticas como la vinculación de incentivos agrícolas asociados a criterios ambientales, la adopción de prácticas silvopastoriles, el pago por servicios ambientales y la recuperación de las pasturas degradadas pueden evitar la ampliación de la frontera agrícola a costa de los bosques.

“La seguridad alimentaria puede lograrse mediante la intensificación agrícola y medidas como la protección social, en lugar de a través de la expansión de las áreas agrícolas a expensas de los bosques”, explico Meza.

Aunque la deforestación sigue siendo alta en la región, a 2015 su tasa se ha reducido en casi 50% comparada a 1990. Esta reducción también ha sido significativa en el Amazonas, producto de las políticas de desarrollo sostenible impulsadas por los países que comparten la cuenca amazónica.

Según el SOFO, desde 1990 más de 20 países a nivel global mejoraron su seguridad alimentaria y mantuvieron o aumentaron su cobertura forestal, demostrando que no es necesario cortar bosques para producir más alimentos.

Ampliación de pasturas: principal causa de la deforestación

Un estudio citado por el SOFO sobre las causas de la deforestación en siete países de América del Sur (De Sy et al., 2015) evidenció la relación entre la deforestación y la expansión del pastoreo extensivo.

Según el estudio, en el período 1990-2005, el 71 % de la deforestación en Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela se debió al aumento de la demanda de pastos; el 14 %, a los cultivos comerciales; y menos del 2 % a la infraestructura y a la expansión urbana.

La expansión de los pastos causó la pérdida de al menos un tercio de los bosques en seis de los países analizados. La excepción fue Perú, donde el aumento de las tierras de cultivo en pequeña escala fue el factor dominante de la deforestación, causando el 41 %.

En Argentina, la expansión de los pastos fue responsable del 45 % de la deforestación, mientras que la expansión de las tierras de cultivo comerciales respondió por más del 43 %. En Brasil, más del 80 % de la deforestación se asoció a la conversión de tierras en terrenos de pastoreo.

Vincular las subvenciones agrícolas a las normas ambientales

En varios países del mundo, las subvenciones agrícolas a gran escala han fomentado la deforestación ya que aumentan la rentabilidad de la producción agropecuaria y generan presión por ampliar la frontera agrícola. Ejemplos de ello en la región son el pastoreo extensivo y la producción de soja a escala industrial.

Una opción de política para evitar esto es vincular los incentivos y mecanismos de fomento público que recibe la agricultura comercial al cumplimiento de normas ambientales.

El SOFO destaca que sólo una reforma de este tipo en Brasil, que vinculó las subvenciones al crédito rural con criterios ambientales, evitó la pérdida de 270 mil hectáreas de bosques que habrían sido deforestadas para incrementar la producción de carne de vacuno.

La iniciativa “Bolsa Verde” de Brasil es otro ejemplo: un programa de transferencia condicionada de efectivo que entrega recursos a miles de familias pobres a cambio de que mantengan la cubierta vegetal y gestionen de forma sostenible sus recursos naturales.

Costa Rica: el valor de los servicios ambientales

Según el SOFO, luego de que la deforestación alcanzara su valor máximo en Costa Rica en la década de 1980, hoy los bosques cubren el 54 % de su superficie, gracias a cambios estructurales realizados en la economía y la prioridad otorgada a la conservación y la gestión sostenible de los bosques.

Los incentivos forestales destinados al desarrollo de plantaciones se sustituyeron a mediados de la década de 1990 por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, PSA. Este programa se ha utilizado para reforzar el sistema de áreas protegidas y crear corredores biológicos que abarcan 437 mil hectáreas.

El programa ofreció incentivos a los agricultores para que plantaran 5,4 millones de árboles, además de apoyar la conservación de los bosques en territorios indígenas.

En total, entre 1996 y 2015, las inversiones en proyectos PSA relacionados con los bosques en Costa Rica alcanzaron los 318 millones de dólares USD ; el 64 % de estos fondos procedió de los impuestos a los combustibles fósiles y el 22 %, de créditos del Banco Mundial.

“Este tipo de iniciativas han sido desarrolladas también por otros países de la región, como el Programa Sociobosque de Ecuador y las políticas de fomento forestal de Guatemala” dijo Meza.  

El rol de los privados y las plantaciones

Una forma de reducir la presión sobre los bosques nativos es el desarrollo de plantaciones forestales.

En Uruguay, por ejemplo, la superficie de plantación forestal aumentó alrededor de 40 mil hectáreas al año en el período 2008-2011, una inversión anual estimada de 48 millones de dólares.

En Chile, desde 1990, se ha establecido más de 1 millón de hectáreas de plantaciones. A partir de 2025, se prevé que las plantaciones produzcan de forma sostenible unos 50 millones de metros cúbicos de madera al año.

Según el SOFO, las plantaciones en Chile han reducido la presión sobre los bosques naturales, en los cuales la explotación forestal industrial se redujo del 16,1 % de la explotación forestal total en 1990 al 0,8 % en 2013.

Desde 1990 se ha producido un aumento del 8 % de la superficie de bosques primarios y otros bosques regenerados de forma natural en Chile. Sin embargo, el SOFO advierte que en algunos casos las plantaciones han reemplazado a los bosques naturales.

¡Alerta monocultivo! : Fuentes de agua contaminadas con agroquímicos en la zona norte de Costa Rica

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Por: David Cascante Rojas-MAIZ Costa Rica

Durante el pasado mes de junio, autoridades de salud clausuraron siete fuentes de agua que abastecen a aproximadamente 5000 personas de varias comunidades de Pital de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. La medida fue tomada luego de que varias muestras de agua mostraran la presencia del agroquímico llamado Bromacil, un herbicida sumamente nocivo para la salud, utilizado en la producción de piña,  monocultivo implantado durante los últimos 30 años en la zona, por empresas transnacionales que operan bajo la lógica de la economía de enclave, dejando como resultado una serie de impactos sociales y ambientales negativos, que en balance están muy lejos de ser sopesados por los prometidos beneficios económicos para los vecinos de esta zona y otras partes del país.

Durante las últimas semanas, posterior a  la clausura del acueducto,  el acceso a agua potable de estas comunidades se ha visto seriamente afectado, con suspensiones constantes, algunas tienen que ser abastecidas con camiones cisternas y las escuelas tuvieron que suspender las lecciones a causa de la escasez del líquido.

Las denuncias fueron efectuadas, se tienen pruebas contra los presuntos responsables, las quejas de los vecinos aumentan, pero las expectativas de que se haga justicia sobre el caso son muy pocas, pero sobre todo lo más preocupante del asunto, es que las medidas tomadas hasta ahora,  han  sido para atenuar el problema inmediato del abastecimiento de agua, dejándose de lado la discusión sobre el problema de fondo y las posibilidades de proponer las alternativas desde las comunidades. Los intereses económicos en juego son muchos y como es de esperar, las preguntas sobre otros modelos quedan de lado.

Por más que se quiera evadir la discusión, no cabe pensar en este grave hecho, como una suerte de accidente aislado,  sin repercusiones futuras para estas comunidades y mucho menos sin que la memoria histórica de Costa Rica y  otros países de América Latina, haga énfasis en experiencias pasadas y las consecuencias aun sufridas, con el enclave de monocultivo extensivo, experimentado en la región desde inicios del siglo XX con la Unided Fruit Company y el vasto imperio establecido en lo que denominó las “banana republics”.

A pesar de todo, las reacciones populares ante los efectos ocasionados por este monocultivo ya empiezan a manifestarse en esta región del país, como el caso del municipio vecino de Los Chiles, en donde por decisión unánime, el consejo municipal establece una moratoria para la apertura de nuevas fincas dedicadas a la producción de piña.