Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

  • Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.
  • Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

 

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

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Boletín de la Dirección General de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-DGCS-607) – A 18 de septiembre de 2017

    • Ha sido modificado básicamente para resistir plagas y tolerar el herbicida glifosato, recientemente clasificado como «probable cancerígeno para los seres humanos»
    • Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde EU deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, consideró Elena Álvarez-Buylla

El 90.4 por ciento de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano, revela estudio encabezado por Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM.

En México, lugar de origen y diversidad del maíz, en donde cada habitante consume en promedio medio kilogramo diario de ese grano, se ha encontrado el herbicida glifosato, «probable cancerígeno para el humano».

En un artículo publicado en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, Álvarez-Buylla y sus colegas Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro Nelson, Elsa Gómez Hernández, Eduardo Monterrubio Vázquez, Marlenne Arleo, José Dávila Velderrain y Claudio Martínez Debat, hallaron en el alimento básico de la dieta nacional una presencia alarmante de transgenes, es decir, de genes que provienen de maíz transgénico, de plantas que han sido transformadas en laboratorios de Estados Unidos, principalmente.

Estos maíces han sido modificados básicamente para resistir plagas y para tolerar el herbicida glifosato, que ha sido recientemente clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «probable cancerígeno para los seres humanos».

Los científicos muestrearon prácticamente todos los alimentos hechos preponderantemente con maíz que se encuentran en el supermercado y las tortillas de tortillería. Los compararon con las tortillas aparentemente más artesanales, que son de maíz nativo y hechas por personas ligadas al campo. Estas últimas fueron positivas para transgenes con una frecuencia mucho menor, y no presentaron glifosato.

«Más del 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en Estados Unidos es tolerante al glifosato, que es rociado sobre los maíces transgénicos que lo toleran, penetra en las plantas y llega a los granos, pero no pensábamos encontrarlo en nuestras tortillas y otros alimentos hechos con maíz», recalcó.

«No esperábamos estos datos tan impactantes, porque el maíz transgénico no está permitido en México a campo abierto, pues está en proceso una demanda colectiva que lo impide desde 2013, año en que se aplicó una medida precautoria que prohibía su siembra mientras duraba el proceso legal», comentó.

Si el gobierno apoyara la agricultura campesina, tendríamos un campo fuerte, menor impacto ambiental por la producción de alimentos, comunidades campesinas íntegras produciendo y comercializando su maíz de alta calidad a precios justos, y los mexicanos gozaríamos de una mejor salud. «Es importante recuperar la soberanía alimentaria. Los mexicanos nos estamos quedando sin opciones en términos de productos de maíz libre de transgénicos», remarcó la universitaria.

Los análisis de ADN recombinante de los laboratorios de la UNAM y la UAM que se encargaron del estudio fueron validados por un laboratorio Alemán certificado para estos análisis y con el más alto prestigio. Los análisis de glifosato fueron hechos en este mismo laboratorio Europeo.

Suficiencia nacional

Álvarez-Buylla detalló que México produce suficiente maíz para el consumo humano: nativo e híbrido no transgénico. «En 2016 se produjeron 25.7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 millones para exportación».

Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde Estados Unidos deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, pero no para consumo humano, y menos si es grano contaminado con glifosato, sostuvo.

La doctora en ecología y genética molecular del desarrollo pidió que se apoye a la agricultura sostenible, agroecológica y campesina (que fortalecería al campo mexicano) para que este maíz nativo o criollo, de alta calidad nutricia, complementado con el híbrido, que se produce en el norte del país, cubra las necesidades nacionales.

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Por la vida y las aguas: ¡NO más monocultivos!

Declaración internacional frente a la expansión de monocultivos de árbolesRed Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (Recoma) – A 21 de septiembre 2017, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

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Desde hace más de diez años, cada 21 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Alzamos nuestras voces contra un modelo que acaba la diversidad, las aguas, la soberanía alimentaria y la vida campesina. Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto a las organizaciones campesinas, indígenas, negras, juventudes, ambientalistas y académicos, hemos exigido la expulsión de los monocultivos de árboles de nuestros territorios, y la sanción a las empresas forestales que han socavado las relaciones sociales, económicas y ecológicas de las regiones donde han sido implantados como parte del modelo de despojo.

Hemos denunciado los impactos de las empresas forestales y de su maquillaje de «economía verde» con el cual pretenden permanecer en los territorios. En un momento en que, según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del planeta vive en escasez económica de agua, con más 2.500 millones de personas –36 % de la población mundial– con estrés hídrico, clamar por el freno a las actividades extractivas forestales y a un modelo de monocultivos de árboles destructor de ecosistemas y comunidades, es impostergable. Estos monocultivos son responsables además de la degradación, contaminación y desaparición de cuerpos de agua en numerosos lugares del planeta, donde habitan comunidades campesinas, negras e indígenas.

En Argentina, mientras tanto, donde los humedales padecen el avance agroindustrial, las empresas forestales presionan para que la sanción de la Ley de Humedales no prospere.

En Chile, por su parte, tienen que enfrentar los incendios forestales (alrededor de 500.000 hectáreas no sólo de plantaciones de pinos y eucaliptos sino también de bosques fueron consumidas en un mes, este año) cuyo origen se presume está relacionado con las plantaciones de pinos y eucaliptos y que llevaron a declarar alertas amarillas y rojas en la región del Bío Bío, así como en Valparaíso.

En Colombia, recientemente, se sancionó a la empresa maderera Smurfit Kappa -con más de 815.000 dólares por afectación ambiental- por ocupar el cauce de cuerpos de agua. Esto sucede al tiempo que se conocieron crecientes cifras de deforestación que ascienden a más de 178.000 hectáreas, solamente en 2016.

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo -75% de las exportaciones de piña en el mundo proviene de este país- y amenaza con seguir expandiéndo su producción de manera incontrolada. Un estudio del 2017 reveló que en 15 años la actividad piñera ha desforestado el equivalente de 5,566 hectáreas y ha contaminado decenas de acueductos rurales, además de expulsión a campesinos/as, la apropiación y concentración de las tierras por grandes empresas y la pérdida de las prácticas agrícolas tradicionales.

En Ecuador, el avance de las plantaciones de eucalipto, pino, palma de aceite y teca se hace con el apoyo directo del gobierno, que de manera arbitraria otorga a las empresas un bono de hasta 75% de la inversión, pese a que estos monocultivos afectan y contaminan el agua, provocan la deforestación de bosques nativos, invaden territorios de comunidades indígenas y negras, violentando los derechos humanos y coletivos de los pueblos.

En Guatemala, en junio de 2015, en la región del Petén, miles de peces murieron repentinamente a lo largo de 105 km del cauce del río; esto asociado al derrame de productos químicos (entre ellos Malatión, químico utilizado para tratar plantas de palma) de la empresa REPSA (Reforestadora de Palma del Petén SA). Se estima que este hecho afectó a las 16 comunidades que habitan en las orillas del río La Pasión, un aproximado de 5,600 familias conformadas por cerca de 30,000 personas, estimándose la pérdida de 5,143 Ton de especies de agua dulce. Los efectos contaminantes de este derrame se reportaron también en México, con mortandad de especies de agua dulce, sobre todo de peces. En el caso del río La Pasión no se generó ningún tipo de sanción por parte de las autoridades ambientales de Guatemala a REPSA, evidenciando la nula regulación que existe sobre las empresas palmeras.

En México hasta el 2012, se cultivaron 61,549 has de palma aceitera lo cual significó mantener e impulsar las plantaciones de este cultivo en los territorios de manera constante bajo un modelo de uso de agrotóxicos y fertilizantes que causan fuertes impactos sobre los cauces de agua y ríos aledaños a las plantaciones. El Estado de Chiapas produce el 80% del aceite de palma que, junto a la plantación de mango, plátano y pastizales, son algunos de los monocultivos que han ido cambiando la dinámica agrícola y ecológica. Esta dinámica no se remite únicamente a México ya que muchos cultivos se conectan con las regiones de producción importantes en Centroamérica como Guatemala y Honduras.

En nuestros territorios vemos a diario familias y comunidades locales permaneciendo en su territorio a pesar de la escasez de agua, debida a la expansión de plantaciones de árboles, y resistiendo a los impactos negativos que éstas causan incluso lidiando con la falta de un tejido comunitario que les permita construir relaciones y vida digna.

Con las inmensas hileras de árboles, un paisaje uniforme y un silencio que refleja la ausencia de biodiversidad unimos nuestras reflexiones y experiencias observando los impactos negativos comunes que tiene el monocultivo de árboles en los diferentes territorios. De esta manera, reconociendo el avance de la expansión de las plantaciones de árboles a gran escala, así como el impulso de este modelo por parte de los gobiernos, consideramos imperativo visibilizar estas problemáticas que atentan contra nuestra permanencia en el territorio.

Rechazamos las plantaciones de árboles porque se manifiestan con la pérdida de diversidad natural-cultural de nuestros territorios, la disminución, degradación y desaparición de nuestras valiosas fuentes hídricas, así como en la alteración de la hidrodinámica local.

Reafirmamos la necesidad de que sean las comunidades quienes planeen y gestionen sus territorios y su biodiversidad. Exaltamos las formas de producción campesina, negra e indígena como componentes imprescindibles de la soberanía territorial­alimentaria y el manejo público y comunitario del agua.

Continuaremos propiciando la organización comunitaria, el fortalecimiento cultural, el intercambio de saberes interétnico e intergeneracional y exaltaremos la recuperación de nuestra historia como una forma del entendimiento integral de la realidad actual de nuestros territorios.

Llamamos a continuar buscando un mundo libre de monocultivos, transgénicos y agrotóxicos que contaminan, degradan y exterminan la diversidad de las comunidades y de la naturaleza.

Un verdadero horizonte de paz para el planeta debe buscar asiento en la diversidad natural-cultural de nuestros territorios, la soberanía comunitaria y la dignidad de nuestros pueblos.

¡Los monocultivos de árboles acaparan territorios, desplazan comunidades
y destruyen ecosistemas!
¡No más monocultivos forestales!
¡Los monocultivos de árboles secan, contaminan y cambian el curso de
nuestros ríos y arroyos!
¡No cambiamos agua, biodiversidad y cultura por basura!
¡Los monocultivos de árboles no dan abrigo, ni alimentos, ni medicinas!
¡Las Plantaciones NO son Bosques!

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Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, «Nos mantendremos unidos, no nos callarán», afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de «No nos callarán».

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que «las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.» Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

[LIBRO EN PDF] Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México

Compartimos este informe publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM) en julio 2017, coordinado y editado por Fernando Bejarano González, director de la RAPAM

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Introducción

Por Fernando Bejarano

Este libro es un informe sobre el contexto internacional y el panorama nacional de los llamados plaguicidas altamente peligrosos. Los plaguicidas son un concepto genérico que incluye a las sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se busca controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos, o herbicidas en el caso de plantas indeseables, entre los usos más generalizados. En este informe nos referimos a los plaguicidas de síntesis química que debido a sus características particulares de peligrosidad pueden provocar daños a la salud y el medio ambiente, a corto o largo plazo, por lo que algunos forman parte de convenios ambientales internacionales y un gran número de ellos están prohibidos en otros países, aunque se autorizan en México.

Se analizan en una primera parte las condiciones internacionales en las que surgen los plaguicidas altamente peligrosos. Este es un nuevo tema normativo construido con base en la discusión técnica y política en el ámbito de las Naciones Unidas, en el llamado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional – SAICM, por su sigla en inglés- que es un marco de referencia voluntario para políticas públicas sobre la gestión de los productos químicos, incluidos los plaguicidas, a lo largo de su ciclo de vida. En este proceso de discusión entran en juego intereses sociales contradictorios, entre los gobiernos, la industria química y los organismos de la sociedad civil.

Después de analizar el contexto internacional, el informe presenta las características generales del mercado nacional de los plaguicidas, las organizaciones empresariales que lo conforman, el marco y procedimiento regulatorio que autoriza su comercialización y las autoridades que intervienen en el mismo.

Se comparan los plaguicidas autorizados en México con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Plaguicidas (PAN internacional). Se identifican las empresas que cuentan con el mayor número de autorizaciones para la comercialización de plaguicidas altamente peligrosos, poniendo de relieve las que son corporaciones transnacionales y las empresas formuladoras nacionales con vínculos internacionales. Por último, se reflexiona sobre las perspectivas distintas en torno a la posible prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, según los intereses sociales en conflicto, considerando la debilidad del marco regulatorio nacional; se enfatiza la necesidad de impulsar alternativas agroecológicas y se presenta la lista de los plaguicidas autorizados en México y prohibidos en otros países.

En la segunda parte del libro, diversos especialistas examinan con mayor detalle los temas relacionados con el uso de plaguicidas altamente peligrosos y las violaciones a los derechos humanos, las evidencias de los efectos en la salud y el medio ambiente asociados a la exposición al glifosato, uno de los herbicidas más vendidos en el mundo, y los impactos de los plaguicidas en las abejas, haciendo hincapié en la importancia de la protección de estos polinizadores.

Con el fin de profundizar en las condiciones de uso agrícola de los plaguicidas altamente peligrosos en México, se invitó a un conjunto de investigadores de las principales universidades del país y de organismos no gubernamentales para que colaboraran con capítulos breves, donde se presentan las características generales de su área de estudio, los plaguicidas más usados, y los daños a la salud y el medio ambiente que han documentado. Es así que se presentan los resultados de investigaciones realizadas en el Valle de Culiacán, y norte de Sinaloa, en el Valle del Yaqui en Sonora, en la principal zona de floricultura del Estado de México, el Bajío en Guanajuato, en Campeche, Yucatán y los Altos de Chiapas. En este panorama nacional se muestra cómo plaguicidas altamente peligrosos están siendo usados tanto en la agricultura intensiva de exportación, como en la destinada al consumo nacional; por empresas que alimentan las cadenas agroindustriales y también por pequeños productores, incluso en comunidades indígenas.

Este informe concluye con recomendaciones para el cambio de las políticas gubernamentales en México que han permitido que entren al mercado plaguicidas que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante la biodiversidad y contaminar el medio ambiente.

La protección de los derechos humanos debe ser parte central de este cambio y para ello anexamos las recomendaciones de la Relatora especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas en su informe sobre los plaguicidas, que debe ser un documento de consulta en esta discusión. Se propone brindar un apoyo decidido a las alternativas agroecológicas que permitan reducir y eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, y sumarse a un esfuerzo regional e internacional impulsado por movimientos sociales, grupos no gubernamentales y también por una nueva generación de científicos no comprometidos con los intereses de sectores que se benefician económicamente con la producción y venta de estos agrotóxicos.

La lista de los ingredientes activos de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y la de los que están prohibidos o no autorizados en otros países se incluyen en los anexos al final de este libro. Estas listas pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil y por autoridades en los estados, municipios y comunidades, para compararlas con los plaguicidas utilizados en sus territorios. Esta información puede discutirse en talleres y foros con el fin de tomar conciencia de la peligrosidad de estas sustancias y adoptar medidas para evitar su uso y promover, por un lado, la sustitución por alternativas agroecológicas en el campo, y por otro, nuevas estrategias de control de vectores y plagas en la ciudad.

(…)

Cabe advertir que este primer panorama nacional de la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México debe problematizarse teórica y políticamente con mayor profundidad. Esta es una tarea compleja que requiere una reflexión colectiva frente al reto de desarrollar un pensamiento crítico de carácter multi e interdisciplinario que contribuya al desarrollo de una ciencia al servicio del bien común, en diálogo con otros saberes y sujetos sociales que buscan alternativas a la profunda crisis capitalista civilizatoria por la que atraviesan México y el mundo.

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Les compartimos el audio de la presentación de Eric Vides, estudiante en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invitado del conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra «Zumbidos de esperanza, resistencia a los transgénicos en la Península de Yucatán», sobre la lucha del colectivo MA OGM contra los monocultivos de soya transgénica de Monsanto en su territorio, uno de los más importantes para la producción de miel orgánica a nivel nacional.

>> Escuchar y Descargar el audio completo en .mp3

>> Transcripción:

En México, hay más de 1800 especies de abejas. Los Españoles introdujeron la abeja de la miel, la que todos conocemos, la apis melifera, para la producción de miel y de la seda. México, desde que entró la apicultura, se volvió un país muy importante en la producción de miel. Actualmente, es el tercer exportador de miel orgánica del mundo.

Hasta hace muy poco, no se había puesto en riesgo como en otros países. Es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa: el fenómeno del colapso de las colmenas por la exposición de las abejas a los plaguicidas, especialmente a los neonicotinoides, que son insecticidas muy usados en la agricultura.

En el 2012, se abrió el debate a nivel nacional, principalmente en la Península de Yucatán, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó a Monsanto el permiso para comercializar semillas de soya transgénica. La cualidad que tiene por ser transgénica es que se vuelve resistente al FAENA, el herbicida más utilizado en el mundo (comercializado por Monsanto, que contiene glifósato).

Para este tipo de autorizaciones, de liberación de cultivos transgénicos a escala comercial, las instituciones tienen que pedir dictámenes a otras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Estas tres instituciones del gobierno hicieron dictámenes diciendo que era riesgoso, que no debería de otorgarse el permiso de siembra de soya OGM a nivel comercial. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como por arte de magia transformó estos dictámenes en favorables, y con base en eso, la SAGARPA autorizó la comercialización de soya transgénica en varios Estados de la República: los tres de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Era muy triste porque es justo en los Estados de mayor importancia en la producción apícola de México: la Península de Yucatán produce como el 40 %, y Chiapas como el 15-20%.

Los Europeos no quieren consumir productos con contenidos transgénicos, entonces todos los acuerdos comerciales entre los exportadores de México y los importadores de allá exigen que la miel sea analizada para ver si tiene transgénicos. Eso supone un gasto para los apicultores y para las cooperativas de apicultores porque ahora, para poder enviar su miel, siempre tienen que pasar por el triple escaneo o triple análisis de transgenes.

Esto movilizó el debate y una de las grandes preguntas que se hacía era: ¿Qué tan factible era la coexistencia de la actividad apícola y la siembra de soya OGM? Como siempre, había dos bandos: AGROBIO México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México, cuya misión es «crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta tecnología en el país») hizo mucho lobbying, o cabildeo, y mucha propaganda, para decir que la apicultura y la producción de soya transgénica podían coexistir en los mismos territorios sin ningún problema de afectación, y que no había bronca porque las abejas no polinizan a la soya.

Nos dimos cuenta de que eso era mentira. Hicimos unos experimentos para ver qué tanto las abejas visitan las flores de soya y encontramos que hasta dos kilómetros de distancia las abejitas llegan a la soya, tanto convencional como transigénica. En este debate surge el colectivo MA OGM. Todos los miembros están en la Península de Yucatán. Agrupó a personas de diferentes perfiles, pero todas tenían que ver con el mundo de la apicultura: comercializadores, exportadores, abogados, gente que ha estado trabajando en ONGs durante muchos años en la Península de Yucatán, académicos, estudiantes, cooperativas, y apicultores y apicultoras. Las líderes del movimiento son mujeres.

En el 2012, cuando se otorgó el permiso, los apicultores, con ayuda de los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y de Indignación, interpusieron amparos para decir que la siembra de soya OGM los ponía en riesgo, por la comercialización. También se denunció que no se había hecho la consulta previa libre e informada que se tiene que hacer a los pueblos originarios cuando se llevan a cabo megaproyectos en sus territorios, y que no se tomaron en cuenta los dictámenes desfavorables del INEC, de la CONABIO y de la CONANP.

Es una historia jurídica muy larga, pero al final el caso llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los jueces otorgaron el fallo a favor de los apicultores utilizando como argumento el hecho de que no se realizó la consulta. No consideraron todas las otras irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento del permiso, sino que solamente la consulta.

En Yucatán y en Campeche se suspendió la autorización de siembra de soya OGM en el 2015. La recomendación de la SCJN fue que la SAGARPA, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hicieran la consulta en ocho de los municipios quejosos de Campeche y en el Estado de Yucatán. Entones, una vez que se haga la consulta, si el pueblo maya dice que sí quiere que se siembra la soya OGM, se puede regresar al estado de legalidad de la siembra de soya transgénica.

Ahorita está ocurriendo la consulta. La sociedad civil se organizó y conformó la «Misión de Observación de la Consulta al pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto», que está todo el tiempo en las diferentes fases de la consulta viendo que se haga todo de forma legal. Desde el principio ha encontrado un montón de irregularidades. Las autoridades trajeron a los promotores y a los agricultores a quienes les gusta sembrar la soya OGM (son prácticamente todos menonitas, otros son empresarios agrícolas del norte del país que han ido a Campeche a invertir en la agricultura porque Campeche tiene extensiones de planeadas con buenos suelos enormes que facilitan mucho el modelo agroindustrial). La Misión de observación constantemente ha ido reportando todas las irregularidades de la consulta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Empezó hace más o menos un año y apenas está en la fase primera que es la fase de acuerdos previos.

A lo largo de todo este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, un problema que empezó como una preocupación comercial sobre si se va a poder exportar o no la miel ha llevado a los colectivos a un nivel de organización tremendo y a reflexiones que van mas allá de la comercialización de su producto.

Ahora, el debate dentro de los apicultores aborda temas de deforestación, de tenencia y de uso la tierra, y ahorita en el colectivo se está empezando a trabajar para tener estrategias de registro y de acción para cuando ocurren muertes de abejas por exposición a plaguicidas. Entonces, se nota cómo el colectivo va abordando cada vez más temas que son consecuencia de la expansión de la agroindustria.

Foto1: Eric Vides (crédito: Eric Vides)

Foto2: Acción de MA OGM en la Península de Yucatán (crédito: MA OGM)

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Esta pequeña guía, publicada el pasado mes de febrero por Corporate Europe Observatory y traducida por el Observatorio OMG de Ecologistas en Acción con motivo del Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, expone algunas de las principales estrategias y herramientas de lobby de Monsanto, ilustradas con ejemplos de distintas partes del mundo.

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Introducción

Las multinacionales como Monsanto tienen a su disposición recursos ilimitados para comprar el poder político mediante acciones de lobby. No sólo les representan numerosos grupos de presión a todos los niveles, del local al global, sino que también tienen un ejército de lobbistas mercenarios, financian a científicos para que hablen en su favor y participan en proyectos de «greenwashing» («lavado de cara» verde).

Las instituciones de la Unión Europea y del gobierno estadounidense solicitan a menudo a las propias multinacionales que envíen a sus lobbies, dándoles un acceso privilegiado a la toma de decisiones. Esta perversa simbiosis permite a las multinacionales capturar este espacio político y conduce al vaciamiento de la democracia, el desastre ambiental y la creciente injusticia social.

Podríamos hablar de tres espacios principales para las acciones de lobby de la industria: dirigirse directamente a quien toma las decisiones; labores de relaciones públicas y propaganda; y socavar la ciencia. Existen también tres tipos de actores: quienes dan las órdenes, quienes las siguen y quienes son cómplices de estos intentos.

Rivales o aliados? Grupos de lobby

Monsanto opera en buena medida a través de grupos de lobby, organizados a nivel global, nacional y regional. A estos niveles, las multinacionales de un mismo sector coordinan sus acciones de lobby en base a sus intereses en común. En el caso de Monsanto, esta coordinación tiene lugar fundamentalmente a través de grupos de presión relacionados con productos químicos y pesticidas, o con biotecnología y semillas. Son estos grupos quienes coordinan muchas de las actividades y mensajes de presión directa.

El lobby global Croplife International une a los sectores de biotecnología y pesticidas – que son básicamente las mismas multinacionales. Su lista de miembros incluye a las principales empresas del agronegocio (Monsanto, Bayer, BASF, Dow/Dupont, Syngenta, etc) y a las asociaciones regionales de biotecnología y pesticidas (por ejemplo BIO, EuropaBio, AfricaBio, ECPA, CropLife America, CropLife África-Oriente Medio, CropLife Asia, etc.).

En la UE, los grupos de lobby de Monsanto son la European Seed Association (Asociación Semillera Europea, ESA), el lobby de pesticidas European Crop Protection  Association (Asociación Europea de Protección de Cultivos, ECPA) y el lobby biotecnológico EuropaBio. Entre los miembros de estos grupos de lobby están las grandes multinacionales, pero también asociaciones de nivel nacional, lo que hace más fácil ejercer presión tanto a nivel de la UE como en cada país. En EEUU, las organizaciones equivalentes son la American Seed Trade Association (Asociación Estadounidense de Comercio de Semillas, ASTA), Croplife America y la Biotechnology Industry Organisation (Organización de la Industria Biotecnológica, BIO).

Los macro-lobbies

Los grupos de lobby del sector químico también defienden los intereses de Monsanto. En EEUU está el American Chemistry Council (Consejo Estadounidense de Química, ACC) y en la UE el European Chemical Industry Council (Consejo Europeo de la Industria Química, CEFIC). CEFIC es el mayor grupo de lobby de la UE, con unos 135 empleados, y entre sus miembros se encuentran Bayer, BASF y Syngenta (Monsanto no forma parte de este grupo).

Las estrategias de lobby entre los distintos sectores dentro de la cadena alimentaria están muy estrechamente alineadas. La Agri-Food Chain Coalition (Coalición de la Cadena Agro-Alimentaria, AFCC) reúne a las industrias de los pesticidas, biotecnología, piensos, alimentos y fertilizantes, que presionan de forma conjunta a la UE para desregular y acelerar la aprobación de transgénicos y pesticidas.

Los grupos de lobby relacionados con los pesticidas reciben a menudo el apoyo de organizaciones de agricultores (industriales). En Europa, la unión de grandes agricultores COPA-COGECA se alía habitualmente con ECPA a la hora de defender transgénicos y pesticidas. En EEUU, Monsanto forma parte de grupos de lobby como el US Grains Council (Consejo de Granos de los Estados Unidos) y apoya las actividades que la American Soybean Association (Asociación Estadounidense de la Soja, ASA) realiza para sus miembros, productores de soja.

Existe también una coordinación entre las campañas de lobby realizadas por los lobbies de los distintos sectores. A nivel global, incluidos los tratados sobre clima y comercio, Monsanto, Bayer y otras empresas del agronegocio están representadas por plataformas de lobby que reúnen a los principales sectores industriales, como la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la American Chamber of Commerce (Cámara Estadounidense de Comercio, AmCham), BusinessEurope, el Trans-Atlantic Business Council (Consejo Empresarial Transatlántico, TABC) y, para ponerle un poco de verde, el World Business Council on Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, WBCSD).

OJO. Las multinacionales biotecnológicas como Monsanto están comprando cada vez más empresas semilleras locales, adquiriendo por tanto más influencia en las asociaciones semilleros nacionales. La African Seed Trade Association (Asociación Africana de Comercio de Semillas, AFSTA) incluye varios grupos nacionales de Monsanto, Syngenta y Bayer, ¡y hasta el lobby semillero estadounidense ASTA es miembro! AFSTA ha presionado para conseguir nuevos derechos de propiedad intelectual para las empresas, a expensas de los derechos de los agricultores a su semilla, a través del Protocolo de Arusha de 2015. En países Bajos, Monsanto ha comprado empresas de semillas hortícolas como De Ruiter Seeds y Seminis. De esta forma, Monsanto tiene acceso a la asociación semillero nacional Plantum, cuestionando la oposición de Plantum a la patente de semillas.

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Justo cuando se está realizando la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur de América latina (aproximadamente 175 millones de toneladas), la ONG Grain publica este poster con 20 argumentos para su erradicación definitiva.

>> Descargar el poster de GRAIN

El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) acaba de publicar su informe anual en el que confirma que el Cono Sur de América Latina es la región donde se producen más transgénicos y con la mayor superficie cultivada con un solo monocultivo (más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia) de todo el mundo.

Lo que el ISAAA no informa, por ser un simple agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas, es sobre los impactos que este modelo, implantado hace 21 años y que hoy está produciendo su cosecha número 20, ha tenido en toda la región y en el mundo.

GRAIN, junto a cientos de organizaciones, viene denunciando desde antes de la instalación de este modelo de agricultura industrial las consecuencias socioambientales del mismo.

>> 20 razones para prohibir los monocultivos de soja transgénica en el Cono Sur:

1- Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizado por un organismo (la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) conformado por las mismas corporaciones. Al mismo tiempo, su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo. Su imposición en Brasil y Paraguay se dio a partir de la expansión de cultivos ilegales masivos.

2- Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3- Con la introducción de la soja transgénica, el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4- Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5- Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6- Se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7- Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas. En Argentina, desde hace casi 15 años, viene realizando un fuerte lobby político para lograr la modificación de la ley vigente y poder cobrar regalías a cada productor que guarda semillas para el año siguiente.

8- Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los «pueblos fumigados».

9- Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron jaqueados, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10- Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes.

11- La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0,4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12- La ganadería, anteriormente practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etc) con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

13- Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14- Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15- La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16- La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a la de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17- La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten, siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la «equivalencia sustancial».

18- La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global.

19 – La soja transgénica ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20- Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.

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Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

Boletín de prensa de los colectivos MA OGM e Indignación, la ONG Greenpeace y el CEMDA – Ciudad de México, A 5 de mayo 2017

  • Exhiben ante relator de Agua de la ONU al estado mexicano por la falta aplicación de la ley.
  • Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU.
  • Caso de contaminación de plaguicidas en agua de agua de comunidades mayas, llega a manos de relator de la ONU.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller. El trabajo del relator se centra en recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.

Si bien el relator de la ONU sólo contempla en su recorrido a la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas para conocer de primera mano las problemáticas vinculadas a su mandato, el señor Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indignación, acudieron a la Ciudad de México para hablar sobre la situación actual y los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua que afecta al municipio de Hopelchén, Campeche y en general a la Península de Yucatán.

Entre la información presentada al relator del Agua de la ONU se encuentran estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) con respecto a la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como en la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

En su intervención en el evento, el señor Gustavo Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y con especial énfasis en la siembra de soya transgénica en la región. «Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial. Se ha alargado mucho la sequía en nuestro municipio por la deforestación y por esta razón los lugareños hemos perdido muchas colonias de abejas e inclusive no hemos levantado cosechas. Esto es a consecuencia de tanta deforestación que ha habido en el municipio», refirió don Gustavo. Agregó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.

Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes e integrante de Indignación, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que está sea limpia y no contaminada, refiriéndose a la dependencia federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). «Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales». El abogado agregó que esperan que el informe contenga una exigencia para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.

Por su parte, María Colín, aboga de Greenpeace agregó: «Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que «la denuncia de la contaminación del acuífero de Hopelchén por presencia de plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo e interconectado. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.»

Mayores informes: maogmcolectivo@gmail.com

Material gráfico y audios para su descarga:

– Fotos sobre la construcción de drenes, la perforación de pozos ilegales de absorción para la nivelación de terrenos inundables en donde se siembran cultivos industriales como la soya transgénica, sorgo y maíz hibrido + Fotos de la deforestación a causa del crecimiento de la frontera agrícola en la selva maya de Hopelchén Campeche

– Testimonios y entrevista con Jorge Fernández Mendiburu representante legal del Consejo Maya de los Chenes y don Gustavo Huchin representante maya

Foto: Ma OGM

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Tribunal Internacional Monsanto: la multinacional es culpable de ecocidio según los Jueces y las Juezas

Este martes 18 de abril 2017, los Jueces del Tribunal Internacional Monsanto presentaron públicamente su Opinión Legal en La Haya, Holanda. «Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional –quod non por el momento–, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas», opinaron.

>> Descargar y leer la Opinión Legal de los Jueces y las Juezas

Video de la presentación de la Opinión Legal:

{YOUTUBE}u85mMLpTERE{/YOUTUBE}

Información del Tribunal Internacional Monsanto:

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Organizado en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya del 14 al 16 de octubre de 2016, tuvo como objetivo evaluar los hechos que se le imputan y juzgar los daños ocasionados por esta multinacional.

Para evaluar el comportamiento de la empresa Monsanto, el Tribunal se fundamentó en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011, y en el Estatuto de Roma, en virtud del cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI), la cual es competente para juzgar a los presuntos autores de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Los 15 y 16 de octubre, los cinco jueces y juezas del Tribunal escucharon a 30 testigos y expertos de los 5 continentes. Los jueces son: Dior Fall Sow (Senegal), consultora de la Corte Penal Internacional; Jorge Fernández Souza (México), magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México; Eleonora Lamm (Argentina), subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de justicia de Mendoza; Steven Shrybman (Canadá), socio en el bufete de abogados de Goldblatt Partners LLP; Françoise Tulkens (Bélgica), vicepresidenta del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

>> Descargar los testimonios (textos e imágenes)

>> Ver los testimonios en video

Los cinco jueces y juezas dieron hoy su Opinión Legal sobre los daños al medio ambiente y la salud causados por Monsanto, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia, que también tiene su sede en La Haya. Su Opinión Legal se sumará al debate internacional para incluir el delito de ecocidio en el derecho penal internacional. También le dará a la gente de todo el mundo un extenso archivo legal para ser utilizado en demandas en contra de Monsanto y otras empresas químicas similares.

>> Extracto de la Opinión Legal:

II.Q6.iii. La conducta de Monsanto en relación con el ecocidio

Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional –quod non por el momento–, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas. Esta evaluación se basa, en particular, en la siguiente conducta presuntamente imputable a Monsanto:

– fabricación, suministro y aplicación aérea de mezclas concentradas de herbicida glifosato utilizadas por los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Colombia en la ejecución del «Plan Colombia», cuyo impacto negativo ha quedado reflejado en el testimonio del Sr. Pedro Pablo Mutumbajoy;

– uso a gran escala de agroquímicos peligrosos en la agricultura industrial;

– diseño, producción, introducción y siembra de cultivos obtenidos por ingeniería genética;

contaminación grave de la diversidad vegetal, los suelos y las aguas;

– introducción en el medio ambiente de un contaminante orgánico persistente, el bifenilo policlorado (PCB), con los consiguientes daños ambientales generalizados, duraderos y severos.

>> Descargar y leer la Opinión Legal de los Jueces y las Juezas

Por qué se organizó un Tribunal Internacional Monsanto?

Un número creciente de ciudadanos de diferentes partes del mundo ven hoy en día a la compañía estadounidense Monsanto como el símbolo de una agricultura química, industrial y contaminante, que acelera la pérdida de biodiversidad y contribuye enormemente al calentamiento global.

Monsanto ha comercializado desde principios del siglo XX, productos altamente tóxicos que contaminan el medio ambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Por ejemplo:

– El Bifenilo Ploriclorado (PCB) que hace parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afecta la fertilidad humana y animal;

– el 2 -,4,5-T: uno de los componentes del Agente Naranja que contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy;

– el Lasso: un herbicida que ahora está prohibido en Europa;

– el famoso Roundup: el herbicida más utilizado en el mundo, que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, es asociado con monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de agrocombustibles.

El modelo agroindustrial promovido por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana; también es en gran parte responsable del desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños agricultores. Este modelo amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y la privatización de la vida.

Quienes critican a esta multinacional, afirman que Monsanto ha sido capaz de ignorar el daño humano y ecológico causado por sus productos y mantener sus actividades devastadoras a través de una estrategia sistemática de ocultación: es decir, gracias al lobby ante los organismos reguladores y las autoridades gubernamentales, a las mentiras y a la corrupción, al financiamiento de estudios científicos fraudulentos, a la presión sobre científicos independientes y la manipulación de la prensa. La historia de Monsanto constituye un paradigma de la impunidad de las empresas transnacionales y de sus dirigentes que contribuyen al cambio climático y la perturbación de la biosfera, y amenazan la seguridad del planeta.

El Tribunal Internacional Monsanto no tiene en el punto de mira únicamente a Monsanto. A través de esta empresa, es todo el sistema agroindustrial el que el Tribunal tiene en el punto de mira. Más allá de Monsanto, se trata de emprender un proceso ejemplar para denunciar a todas las multinacionales y empresas que tienen una conducta empresarial que pasa por alto los daños sanitarios y ambientales causados por sus decisiones. Además, el Tribunal pretende contribuir a la concienciación sobre los peligros de una agricultura industrial y química, y sobre la necesidad de cambiar el paradigma agrícola.

Foto: Tribunal Internacional Monsanto

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Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

Video de la Jornada contra Monsanto organizada el 25 de mayo 2016

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

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Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

Artículo de Silvia Ribeiro, investigadora de la organización ETC Group, publicado en La Jornada el 18 de marzo 2017, a propósito del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano

>> Descargar y Leer el informe completo de la relatora de Naciones unidas sobre el derecho a la alimentación

«¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?», preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas de su introducción, los agrotóxicos -llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad- han llegado a contaminar a la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos -vegetales y animales- o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.

Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.

Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas -terminar con el hambre aumentando la producción agrícola- nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, el uso de agrotóxicos aumentó además en forma exponencial en la última década.

Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos. «Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo». El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).

Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de unas pocas trasnacionales.

Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El 22 de marzo se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los «consulten», porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica. Pero los magistrados pospusieron la sentencia.

El 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848 por ciento en Argentina. Verzeñassi coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.

Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.

Más información:

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación A/HRC/34/48

Justicia se niega a suspender permiso a Monsanto en QRoo: abogado

Denuncian mayas violaciones al proceso de consulta en la Suprema Corte

Tomar el toro por los cuernos: Reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima

Documento de análisis de la ONG GRAIN – Febrero 2017

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Cuando pensamos en los grandes causantes del cambio climático, con frecuencia pensamos en automóviles y transporte aéreo. Pero los cambios producidos durante el siglo pasado en el modo en que son producidos y consumidos los alimentos, ha resultado en emisiones de gases con efecto de invernadero mayores que las procedentes del transporte. ¿El principal culpable? La producción industrial de carne y lácteos.

La estimación oficial citada con más frecuencia sostiene que el sistema alimentario es responsable de hasta un 30 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero. Algunas de estas emisiones se deben al aumento de los alimentos empacados y congelados, a las mayores distancias que los alimentos deben ser transportados y al aumento de los desechos alimentarios. Pero la fuente más importante de emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con los sistemas de producción alimentaria es el aumento del consumo de carnes y lácteos – ocurrido por la expansión de la ganadería industrial y de cultivos para alimentación animal con uso intensivo de agroquímicos. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Las Naciones Unidas (FAO) señala que sólo la producción de carne genera mayor emisión de gases con efecto de invernadero que todo el transporte mundial combinado.

No es posible continuar por este camino sin rebasar el objetivo establecido por los gobiernos en París en 2015, de dos grados Celsius para el año 2050. Reducir el consumo de carnes y lácteos es un imperativo, especialmente en EUA, Europa y otras naciones ricas que llevan décadas subsidiando la producción industrial de carnes y lácteos. Las leyes en estos países han generado ganancias astronómicas para las corporaciones erosionando la salud de sus poblaciones mientras dañaron as condiciones climáticas el planeta.

Disminuir este consumo requiere primero entender qué sistemas de producción de carne y lácteos son los que provocan los mayores daños y los mecanismos y políticas que los impulsaron. Los pequeños ganaderos en los países pobres y los campesinos que ejercen una agricultura diversificada, no son el problema. El verdadero crimen climático es la producción industrial en agro-factorías – promovida por la presión ejercida por las corporaciones de la carne, los subsidios que reciben y los acuerdos de libre comercio.

Beneficios adicionales de la reducción del consumo de carne y lácteos

Además de reducir la emisión global de gases de invernadero, reducir el consumo en los países que actualmente consumen mucha carne y lácteos podría tener beneficios importantes en la asistencia social y de salud. Un estudio muestra que reducir el consumo de carne como medio para combatir el cambio climático, reduciría el riesgo de cáncer de colon, enfermedades cardiacas y enfermedades pulmonares en 34 por ciento, a nivel mundial. Otro estudio señala que reduciría la mortalidad mundial de 6 a 10 por ciento para 2050, traduciéndose en un ahorro en costos de cuidados de salud de 735 mil millones de dólares anuales. [Marco Springman et al, «Analysis and valuation of the health and climate change co-benefits of dietary change», Proceedings of the National Academy of Sciences, 12 de abril, 2016.]

Otros científicos señalan que reducir el consumo de carne y lácteos podría reducir enfermedades infecciosas y la resistencia a los antibióticos y sus efectos secundarios. [Kris Murray, «How eating less meat could help prevent extinction, climate change, cancer and the next pandemic»]

Un estudio muestra que la adopción mundial de una dieta saludable podría reducir los costos de mitigación para la industria energética en un 50 por ciento para 2050. Esto liberaría tierra, usada en la producción de alimentos para animales; si se combina con otras  políticas, esto ayudaría a los pequeños agricultores a acceder a la tierra tan necesaria.

¿Reducir el consumo de carne realmente frenaría el cambio climático?

La respuesta es, muy simple: sí. Disminuir el consumo de carnes y lácteos, especialmente en Norteamérica y Europa, tendría un impacto significativo. Al igual que el consumo de combustibles fósiles, el consumo de carne no sustentable sobre todo es promovido por los países ricos. Países como Estados Unidos y Australia son los mayores consumidores de carne a nivel mundial con unos 90 kilos por persona anuales, seguido de cerca por algunos países de América Latina y la Unión Europea, Canadá y Rusia. En India son apenas 3 kilos (ver mapa abajo ). Para aumentar la disparidad, está el hecho de que una gran tajada del consumo de carne estadounidense y europeo contiene más carne de res, que emite más gases con efecto de invernadero que el puerco y los pollos. Norteamérica, la Unión Europea y Brasil juntos dan cuenta de la mitad de toda la res consumida en el mundo.

Mapa: ¿Cuánta carne comen las personas en todo el  mundo?

[Mapa adaptado de: Skye Gould/Business Insider, «How much meat people eat around the world», 29 de septiembre, 2016]

Las emisiones procedentes de la carne también aumentan en China (hoy el consumo de carne es 58.2 kg por persona por año), en Vietnam y otros países donde los restaurantes de comida rápida, las importaciones de carne y las agro factorías se están expandiendo rápidamente. Si esta tendencia continúa, el consumo de carne mundial aumentará 76 por ciento hacia 2050, mientras que las emisiones procedentes de los lácteos, otra gran fuente de emisiones del sector productor de alimentos, aumentará en 65 por ciento.

Inforgrafía: Aumento proyectado en el consumo de carne por región* (kilos per capita)

[*Incluye carne de vacunos, porcinos, aves y ovinos. Infografía adaptada de: IFPRI, «How many kilograms per person», Insights, Vol. 2, Issue 3, 2012, p. 23]

Un estudio reciente señala: «si las personas mantuvieran el consumo de carne según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el mundo reduciría un 40 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero actuales».

Los beneficios se harían sentir bastante rápido. El metano, el principal gas de invernadero, procedente de la ganadería, permanece en la atmósfera durante diez años solamente, mientras que el dióxido de carbono dura 200 años. El metano captura 28 veces más calor que el CO2. En consecuencia, disminuir la producción de metano puede tener un efecto relativamente rápido. Además, reducir el desecho de alimentos – especialmente carne – puede tener un impacto importante. Un tercio de los alimentos que producimos es desechado, generando alrededor de 4.4 giga toneladas de emisiones de gases con efecto de invernadero anuales. La carne da cuenta de menos de un 4 por ciento del desecho alimentario según el peso, pero provoca 20 por ciento de la huella de carbono del desperdicio alimentario.[12]

Las agrofactorías son el problema, no los pequeños agricultores y ganaderos

Los pequeños agricultores y ganaderos no tienen nada que perder ante una disminución del consumo global de carne y lácteos. En la mayor parte del Sur Global – donde el consumo de carne y lácteos tiene un nivel sustentable – 630 millones de campesinos con prácticas de emisión baja, como la agricultura mixta, más 200 millones de pastores y pequeños ganaderos que frecuentemente dejan pastar a sus animales en áreas donde los cultivos no pueden desarrollarse. Estos sistemas de producción y consumo no sólo contribuyen muy poco al cambio climático, sino que la diversidad de sus sistemas crea relaciones positivas entre los cultivos y el ganado (como el reciclaje del deshecho animal y los residuos de los cultivos) y un uso «multifuncional» de su ganado (para tracción, energía, trabajo, cueros y obtención de dinero efectivo). La producción ganadera en pequeña escala mejora la nutrición familiar, permitiendo que las personas accedan a alimentos de origen animal y vegetal. En estos sistemas, el ganado es una parte esencial del sustento familiar, de la seguridad alimentaria y la salud, y es parte integral de las tradiciones culturales y religiosas.

La producción industrial de carne y lácteos se ubica al otro extremo del espectro. Se basa en la producción altamente concentrada de carne a bajo costo y de excedentes de leche en polvo, los cuales son transados como materias primas. Este excedente de producción sostiene el crecimiento no sustentable del consumo global – y el espectacular aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Las granjas industriales o agrofactorías son el segmento de más rápido crecimiento de la producción de carne y lácteos. Constituyen el 80 por ciento del crecimiento de la producción de carnes y lácteos a nivel global en los años recientes. La producción industrial de ganado ha crecido a una tasa anual igual al doble de la velocidad de crecimiento de los sistemas de agricultura tradicional y agricultura mixta, y seis veces más rápido que la producción basada en pastoreo. Esto es el caso de los cerdos y las aves:  hoy las agrofactorías dan cuenta de 74 por ciento del total mundial de la producción avícola, 40 por ciento de la carne de cerdo y 68 por ciento de los huevos. [Jelle Bruinsma, ed., “World agriculture: towards 2015/2030, an FAO perspective”, FAO, 2003, p. 166]

Una gran parte de las emisiones generadas por la ganadería industrial ocurre indirectamente, a través de la producción de alimento para animales. En 2010, cerca de un tercio de los cereales producidos se destinaron a alimento animal y FAO predice que estas cifras se elevará a 50% para 2050. Más alimentos para animales significa más tierra cultivada. Unos 56 millones de hectáreas de tierra adicionales fueron cultivadas con soja y maíz para alimento animal en los primeros diez años del siglo XXI, resultando en la liberación de abundantes cantidades de dióxido de carbono por los cambios de uso de la tierra y la deforestación. Los cultivos para alimento animal son producidos usualmente con fertilizantes químicos, otra poderosa fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Debido a la expansión de las agrofactorías, la producción y procesamiento de alimento para animales actualmente da cuenta de casi la mitad de las emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la ganadería, y se supone que esto aumente.

Otra importante fuente de emisiones de gases de invernadero procedente de las agrofactorías es el estiércol (o excrementos de los animales). La industrialización de la ganadería significa concentración: menos agricultores y más animales por finca. La gran escala de las operaciones convierte el estiércol, valioso fertilizante natural, en un problema tóxico. En EUA, donde el proceso está muy avanzado, a comienzos de los años 90 menos de una décima parte de las vacas lecheras estaba en planteles de más de mil vacas. Hacia 2007, esta cifra había aumentado a un tercio. El mismo año, los planteles de engorda para carne de más de 16 mil cabezas manejaban 60 por ciento del mercado del ganado alimentado en establos estadounidenses. Lo mismo, o peor, está ocurriendo con los sectores de cerdos y aves.

Según la FAO, el almacenamiento y procesado de estiércol es responsable de 10 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con la ganadería mundial. Gran parte de eso proviene de las operaciones de alimentación de grandes rebaños de animales estabulados. El estiércol depositado por animales en las praderas produce de seis a nueve veces menos amonio volatilizado que el estiércol aplicado al suelo proveniente de los grandes planteles alimentados en establos. Alex Turner, investigador de la Universidad de Harvard que investiga las lagunas de estiércol (sistema de manejo de residuos utilizado en las agrofactorías), encontró que emiten unas 35 veces más metano que el estiércol aplicado en campo. Por el tremendo crecimiento de las agrofactorías y las lagunas de desechos en EUA, el total de las emisiones de metano del estiércol crecieron en más de dos tercios entre 1990 y 2012.

Un factor muy importante que afecta al clima, pero que se ignora con frecuencia, es la dependencia del ganado de los combustibles fósiles. Según la FAO, 20 por ciento de las emisiones generadas para producir carnes y lácteos proviene de combustibles fósiles. La mayor parte viene de las agrofactorías, por su necesidad de alimento para animales y de los fertilizantes usados para producirlo. También son los sistemas de distribución y venta al público, de los cuales depende la agricultura industrial, que demanda electricidad, calefacción, transporte y refrigeración.

¿Qué están haciendo los países actualmente?

Van bien

  • Dinamarca: En mayo de 2016, el Danish Ethic Council solicitó un impuesto nacional sobre las carnes rojas.
  • Suecia: En 2013, la Autoridad Sueca de Agricultura propuso un impuesto diferenciado sobre la carne (que la carne que genera la mayor parte de las emisiones de gases de invernadero pague un impuesto mayor que las que producen menos) para ser establecido a nivel de la Unión Europea.
  • China: En junio de 2016, Pekín anunció una atrevida política que apunta a disminuir en un 50 por ciento el consumo actual de carne por parte de las personas (a 40g diarios) mediante nuevas directrices nacionales sobre dieta.
  • California: En agosto de 2016, California, que produce 20 por ciento de la oferta de leche en EUA, promulgó una ley señalando que las granjas lecheras deben reducir su gases con efecto de invernadero en un 40 por ciento para 2030. Si bien el objetivo es osado, el riesgo es que lleve a una mayor concentración en torno a las pocas grandes granjas que pueden acceder a la instalación de reactores de metano.
  • Irlanda: En octubre de 2016, las autoridades irlandesas entregaron un primer estudio sobre la huella de carbono de la dieta de una persona promedio en Irlanda. Las carnes rojas dan cuenta de un 40 por ciento de todas las emisiones relacionadas con la producción de alimentos. El gobierno podría incorporar conceptos climáticos en las directrices de dieta de la nación.
  • Holanda: En 2016, el Netherlands Nutrition Center recomendó que los ciudadanos holandeses redujeran su consumo semanal de carne a menos de 500g (la mitad de lo que sugiere el USDA), y limitar el consumo de carnes rojas a 300g por semana debido al «impacto ambiental masivo de la industria de la ganadería».

Podrían hacerlo mejor

  • Consejo Nórdico: En 2012, el Consejo Nórdico publicó directrices alimentarias que llamaban a limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y reemplazar la carne alta en grasa por carne baja en grasa.
  • SueciaLa Agencia Nacional de Alimentos recomienda que en Suecia las personas coman menos carne y elijan, en cambio, alimentos de origen vegetal, en el interés del ambiente. Sugiere específicamente que las personas consuman comida vegetariana una o dos veces por semana.
  • Finlandia: En 2014, Finlandia adoptó directrices alimentaria que recomiendan reducir el consumo de carnes rojas a menos de 500 g por semana, en aras de un «desarrollo sustentable», no sólo por la salud.
  • Unión Europea: El «plan de trabajo hasta el 2050» de la Unión Europea, establece que las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura aumentarán a un tercio del total de emisiones de la UE hacia el 2050. Las acciones propuestas incluyen: reducir las emisiones de fertilizantes, estiércol y ganado; aumentar la fijación de CO2 en los suelos y los bosques; recomendar que los ciudadanos consuman alimentos estacionales producidos localmente, coman más vegetales en lugar de carne y reduzcan el consumo de carne de vacuno.

Reprueban

  • Alemania: En mayo de 2016, se filtró el borrador del plan de Alemania para alcanzar el Acuerdo de París, impulsado por el Ministerio del Ambiente. Proponía: reducir el consumo de carne del país en 50 por ciento para 2030, diciendo que la reducción de los planteles de ganado es «crucial para la protección del clima»; disminuir las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura alemana de 72 millones de toneladas en 2014 a 55-60 millones de toneladas hacia 2030, preservando las praderas y pastos en este proceso; y lograr que un 20 por ciento de toda la tierra quede bajo agricultura amigable con el ambiente. El plan definitivo, publicado en 2016, después de mucho cabildeo y discusiones, fue limpiado. Ya no hacía un llamado a los alemanes a reducir el consumo de carne y no establecía objetivos para la reducción de las emisiones de gases de invernadero en el sector agrícola.
  • Estados Unidos: EUA modificó sus directrices alimentarias en 2015. En lugar de llamar a la gente a reducir el consumo de carne, recomienda el consumo de carne magra. Esta conclusión ha sido atribuida a una «muy importante presión» de parte de la industria de la carne estadounidense para impedir en el debate cualquier vinculación entre ganado y clima y cualquier cambio en los patrones de la dieta.
  • Brasil: En 2014, Brasil modificó sus directrices alimentarias nacionales. No desalienta el consumo de carnes o lácteos, solamente el de los alimentos de origen animal altamente procesados.

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