Categoría: Agroindustria

Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la “Demanda Colectiva Maíz”. Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

“Se mantiene esta suspensión” y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito “remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil”, informó el abogado René Sánchez Galindo, de la “Demanda Colectiva Maíz”, al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.”Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades”, agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

• A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
• Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
• Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

• Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.

• Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

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Boletín de la Dirección General de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-DGCS-607) – A 18 de septiembre de 2017

    • Ha sido modificado básicamente para resistir plagas y tolerar el herbicida glifosato, recientemente clasificado como “probable cancerígeno para los seres humanos”
    • Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde EU deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, consideró Elena Álvarez-Buylla

El 90.4 por ciento de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano, revela estudio encabezado por Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM.

En México, lugar de origen y diversidad del maíz, en donde cada habitante consume en promedio medio kilogramo diario de ese grano, se ha encontrado el herbicida glifosato, “probable cancerígeno para el humano”.

En un artículo publicado en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, Álvarez-Buylla y sus colegas Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro Nelson, Elsa Gómez Hernández, Eduardo Monterrubio Vázquez, Marlenne Arleo, José Dávila Velderrain y Claudio Martínez Debat, hallaron en el alimento básico de la dieta nacional una presencia alarmante de transgenes, es decir, de genes que provienen de maíz transgénico, de plantas que han sido transformadas en laboratorios de Estados Unidos, principalmente.

Estos maíces han sido modificados básicamente para resistir plagas y para tolerar el herbicida glifosato, que ha sido recientemente clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probable cancerígeno para los seres humanos”.

Los científicos muestrearon prácticamente todos los alimentos hechos preponderantemente con maíz que se encuentran en el supermercado y las tortillas de tortillería. Los compararon con las tortillas aparentemente más artesanales, que son de maíz nativo y hechas por personas ligadas al campo. Estas últimas fueron positivas para transgenes con una frecuencia mucho menor, y no presentaron glifosato.

“Más del 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en Estados Unidos es tolerante al glifosato, que es rociado sobre los maíces transgénicos que lo toleran, penetra en las plantas y llega a los granos, pero no pensábamos encontrarlo en nuestras tortillas y otros alimentos hechos con maíz”, recalcó.

“No esperábamos estos datos tan impactantes, porque el maíz transgénico no está permitido en México a campo abierto, pues está en proceso una demanda colectiva que lo impide desde 2013, año en que se aplicó una medida precautoria que prohibía su siembra mientras duraba el proceso legal”, comentó.

Si el gobierno apoyara la agricultura campesina, tendríamos un campo fuerte, menor impacto ambiental por la producción de alimentos, comunidades campesinas íntegras produciendo y comercializando su maíz de alta calidad a precios justos, y los mexicanos gozaríamos de una mejor salud. “Es importante recuperar la soberanía alimentaria. Los mexicanos nos estamos quedando sin opciones en términos de productos de maíz libre de transgénicos”, remarcó la universitaria.

Los análisis de ADN recombinante de los laboratorios de la UNAM y la UAM que se encargaron del estudio fueron validados por un laboratorio Alemán certificado para estos análisis y con el más alto prestigio. Los análisis de glifosato fueron hechos en este mismo laboratorio Europeo.

Suficiencia nacional

Álvarez-Buylla detalló que México produce suficiente maíz para el consumo humano: nativo e híbrido no transgénico. “En 2016 se produjeron 25.7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 millones para exportación”.

Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde Estados Unidos deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, pero no para consumo humano, y menos si es grano contaminado con glifosato, sostuvo.

La doctora en ecología y genética molecular del desarrollo pidió que se apoye a la agricultura sostenible, agroecológica y campesina (que fortalecería al campo mexicano) para que este maíz nativo o criollo, de alta calidad nutricia, complementado con el híbrido, que se produce en el norte del país, cubra las necesidades nacionales.

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Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

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Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

• Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, “Nos mantendremos unidos, no nos callarán”, afirman;
• Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
• Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de “No nos callarán”.

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.” Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

Les compartimos el audio de la presentación de Eric Vides, estudiante en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invitado del conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra “Zumbidos de esperanza, resistencia a los transgénicos en la Península de Yucatán”, sobre la lucha del colectivo MA OGM contra los monocultivos de soya transgénica de Monsanto en su territorio, uno de los más importantes para la producción de miel orgánica a nivel nacional.

>> Escuchar y Descargar el audio completo en .mp3

>> Transcripción:

En México, hay más de 1800 especies de abejas. Los Españoles introdujeron la abeja de la miel, la que todos conocemos, la apis melifera, para la producción de miel y de la seda. México, desde que entró la apicultura, se volvió un país muy importante en la producción de miel. Actualmente, es el tercer exportador de miel orgánica del mundo.

Hasta hace muy poco, no se había puesto en riesgo como en otros países. Es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa: el fenómeno del colapso de las colmenas por la exposición de las abejas a los plaguicidas, especialmente a los neonicotinoides, que son insecticidas muy usados en la agricultura.

En el 2012, se abrió el debate a nivel nacional, principalmente en la Península de Yucatán, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó a Monsanto el permiso para comercializar semillas de soya transgénica. La cualidad que tiene por ser transgénica es que se vuelve resistente al FAENA, el herbicida más utilizado en el mundo (comercializado por Monsanto, que contiene glifósato).

Para este tipo de autorizaciones, de liberación de cultivos transgénicos a escala comercial, las instituciones tienen que pedir dictámenes a otras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Estas tres instituciones del gobierno hicieron dictámenes diciendo que era riesgoso, que no debería de otorgarse el permiso de siembra de soya OGM a nivel comercial. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como por arte de magia transformó estos dictámenes en favorables, y con base en eso, la SAGARPA autorizó la comercialización de soya transgénica en varios Estados de la República: los tres de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Era muy triste porque es justo en los Estados de mayor importancia en la producción apícola de México: la Península de Yucatán produce como el 40 %, y Chiapas como el 15-20%.

Los Europeos no quieren consumir productos con contenidos transgénicos, entonces todos los acuerdos comerciales entre los exportadores de México y los importadores de allá exigen que la miel sea analizada para ver si tiene transgénicos. Eso supone un gasto para los apicultores y para las cooperativas de apicultores porque ahora, para poder enviar su miel, siempre tienen que pasar por el triple escaneo o triple análisis de transgenes.

Esto movilizó el debate y una de las grandes preguntas que se hacía era: ¿Qué tan factible era la coexistencia de la actividad apícola y la siembra de soya OGM? Como siempre, había dos bandos: AGROBIO México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México, cuya misión es “crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta tecnología en el país”) hizo mucho lobbying, o cabildeo, y mucha propaganda, para decir que la apicultura y la producción de soya transgénica podían coexistir en los mismos territorios sin ningún problema de afectación, y que no había bronca porque las abejas no polinizan a la soya.

Nos dimos cuenta de que eso era mentira. Hicimos unos experimentos para ver qué tanto las abejas visitan las flores de soya y encontramos que hasta dos kilómetros de distancia las abejitas llegan a la soya, tanto convencional como transigénica. En este debate surge el colectivo MA OGM. Todos los miembros están en la Península de Yucatán. Agrupó a personas de diferentes perfiles, pero todas tenían que ver con el mundo de la apicultura: comercializadores, exportadores, abogados, gente que ha estado trabajando en ONGs durante muchos años en la Península de Yucatán, académicos, estudiantes, cooperativas, y apicultores y apicultoras. Las líderes del movimiento son mujeres.

En el 2012, cuando se otorgó el permiso, los apicultores, con ayuda de los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y de Indignación, interpusieron amparos para decir que la siembra de soya OGM los ponía en riesgo, por la comercialización. También se denunció que no se había hecho la consulta previa libre e informada que se tiene que hacer a los pueblos originarios cuando se llevan a cabo megaproyectos en sus territorios, y que no se tomaron en cuenta los dictámenes desfavorables del INEC, de la CONABIO y de la CONANP.

Es una historia jurídica muy larga, pero al final el caso llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los jueces otorgaron el fallo a favor de los apicultores utilizando como argumento el hecho de que no se realizó la consulta. No consideraron todas las otras irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento del permiso, sino que solamente la consulta.

En Yucatán y en Campeche se suspendió la autorización de siembra de soya OGM en el 2015. La recomendación de la SCJN fue que la SAGARPA, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hicieran la consulta en ocho de los municipios quejosos de Campeche y en el Estado de Yucatán. Entones, una vez que se haga la consulta, si el pueblo maya dice que sí quiere que se siembra la soya OGM, se puede regresar al estado de legalidad de la siembra de soya transgénica.

Ahorita está ocurriendo la consulta. La sociedad civil se organizó y conformó la “Misión de Observación de la Consulta al pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto”, que está todo el tiempo en las diferentes fases de la consulta viendo que se haga todo de forma legal. Desde el principio ha encontrado un montón de irregularidades. Las autoridades trajeron a los promotores y a los agricultores a quienes les gusta sembrar la soya OGM (son prácticamente todos menonitas, otros son empresarios agrícolas del norte del país que han ido a Campeche a invertir en la agricultura porque Campeche tiene extensiones de planeadas con buenos suelos enormes que facilitan mucho el modelo agroindustrial). La Misión de observación constantemente ha ido reportando todas las irregularidades de la consulta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Empezó hace más o menos un año y apenas está en la fase primera que es la fase de acuerdos previos.

A lo largo de todo este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, un problema que empezó como una preocupación comercial sobre si se va a poder exportar o no la miel ha llevado a los colectivos a un nivel de organización tremendo y a reflexiones que van mas allá de la comercialización de su producto.

Ahora, el debate dentro de los apicultores aborda temas de deforestación, de tenencia y de uso la tierra, y ahorita en el colectivo se está empezando a trabajar para tener estrategias de registro y de acción para cuando ocurren muertes de abejas por exposición a plaguicidas. Entonces, se nota cómo el colectivo va abordando cada vez más temas que son consecuencia de la expansión de la agroindustria.

Foto1: Eric Vides (crédito: Eric Vides)

Foto2: Acción de MA OGM en la Península de Yucatán (crédito: MA OGM)

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Justo cuando se está realizando la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur de América latina (aproximadamente 175 millones de toneladas), la ONG Grain publica este poster con 20 argumentos para su erradicación definitiva.

>> Descargar el poster de GRAIN

El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) acaba de publicar su informe anual en el que confirma que el Cono Sur de América Latina es la región donde se producen más transgénicos y con la mayor superficie cultivada con un solo monocultivo (más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia) de todo el mundo.

Lo que el ISAAA no informa, por ser un simple agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas, es sobre los impactos que este modelo, implantado hace 21 años y que hoy está produciendo su cosecha número 20, ha tenido en toda la región y en el mundo.

GRAIN, junto a cientos de organizaciones, viene denunciando desde antes de la instalación de este modelo de agricultura industrial las consecuencias socioambientales del mismo.

>> 20 razones para prohibir los monocultivos de soja transgénica en el Cono Sur:

1- Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizado por un organismo (la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) conformado por las mismas corporaciones. Al mismo tiempo, su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo. Su imposición en Brasil y Paraguay se dio a partir de la expansión de cultivos ilegales masivos.

2- Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3- Con la introducción de la soja transgénica, el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4- Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5- Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6- Se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7- Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas. En Argentina, desde hace casi 15 años, viene realizando un fuerte lobby político para lograr la modificación de la ley vigente y poder cobrar regalías a cada productor que guarda semillas para el año siguiente.

8- Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los “pueblos fumigados”.

9- Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron jaqueados, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10- Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes.

11- La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0,4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12- La ganadería, anteriormente practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etc) con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

13- Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14- Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15- La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16- La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a la de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17- La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten, siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la “equivalencia sustancial”.

18- La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global.

19 – La soja transgénica ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20- Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.

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