Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles – 21 de setiembre de 2020

Comunicado de la Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina RECOMA – A 21 de septiembre de 2020

Este 21 de septiembre no es uno más. Nos encuentra con la crisis del COVID 19 en todo el mundo. Una pandemia que nos obliga a reflexionar sobre los dramáticos impactos que la pérdida de biodiversidad y el daño al funcionamiento de los ecosistemas está generando al planeta y a las sociedades que formamos parte de él.

Existe pleno reconocimiento a nivel global de que las pandemias que vivimos son el resultado de la agresión a la naturaleza. No sólo el COVID 19 vinculado al tráfico de especies y destrucción de áreas naturales, sino también otras como el Dengue que al calor del cambio climático se expande por Nuestra América.

Sin embargo, el confinamiento de media humanidad, la pérdida de empleos, las dramáticas experiencias de quiebra de sistemas de salud y el costo en vidas, aún en países y ciudades ricas, no están siendo suficientes para detener a las corporaciones extractivistas o cambiar su modelo de ganancias. Los líderes del mundo continúan colocando sus esperanzas de reactivación económica post pandemia en los mismos modelos económicos que nos han llevado a esta crisis del COVID, crisis climática y crisis de biodiversidad.

En este contexto, las empresas del sector de las plantaciones son parte sustancial del problema. Cientos de miles de hectáreas, de humedales, bosques, selvas, sabanas y pastizales han sido transformadas en monocultivos de árboles, sean estos de Palma, Pinos, Eucaliptus, Cítricos, Álamos, Aguacate u otros, el modelo es el mismo. Los monocultivos de árboles destruyen la diversidad de hábitats y nichos ecológicos existentes en los ecosistemas naturales, afectan los servicios ecosistémicos, modificando las condiciones higrológicas, la disponibilidad de agua, la oferta de polinización, y las inconmensurables características que contienen los ambientes diversos, incluidas las personas que en ellos habitan.

El despojo a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y otras comunidades tradicionales, es una constante que no se ha detenido en tiempos de pandemia, inclusive se ha agravado. No ha habido confinamiento para la destrucción ambiental colocando en un enorme riesgo sanitario a los pueblos que viven en los bosques y áreas naturales. En casi todos los países la situación de los y las defensorxs del ambiente ha empeorado, al perderse las mínimas libertades civiles en el derecho de reunión y protesta. Los asesinatos continuaron durante las cuarentenas en Honduras y Colombia.

Por ello, en este día de lucha contra los Monocultivos de Arboles, nos volvemos a manifestar y replantear, que las plantaciones industriales son parte del problema y ante la magnitud de la crisis global no podemos permitir que se sigan discutiendo falsas soluciones. Los monocultivos de árboles deben estar fuera de las discusiones sobre captación de carbono para disminuir la crisis climática, fuera de las discusiones de restauración de ambientes, fuera de las discusiones de desarrollo sustentable. Con monocultivos de árboles no tendremos biodiversidad ni ecosistemas sanos, y nadie estará sano en ecosistemas enfermos sin biodiversidad.

¡BASTA DE MONOCULTIVOS INDUSTRIALES DE ÁRBOLES!
¡BASTA DE FALSAS SOLUCIONES!
¡NADIE TENDRÁ SALUD EN ECOSISTEMAS ENFERMOS!

Firma

Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina. – RECOMA

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Conversatorio 21 de septiembre Día Internacional de Lucha Contra Los Monocultivos

En una conmemoración más por el Día Internacional de Lucha Contra Los Monocultivos les invitamos a participar en el conversatorio este 21 de septiembre a las 15 hrs hora México

Tendremos transmisión en vivo por FaceBook Live de la Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles RECOMA

Les compartimos la siguiente infográfia al respecto:

¿Quién gana cuando comemos veneno?

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020

Por: Silvia Ribeiro *

El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.

Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.

Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.

Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).

Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.

No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.

El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).

Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).

También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.

Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Infonatural

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El juicio contra el maíz transgénico en México

Compartimos este artículo de opinión publicado en Contralínea sobre la lucha por defender las semillas nativas en México – A 18 de julio de 2020

Autor: Centro Vitoria *

Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.

Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.

En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.

Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.

Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.

Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.

Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.

Centro Vitoria*

*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz

Imagen: David Manrique – Contralínea

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En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020

Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.

Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.

La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.

Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.

Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!
¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur

Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020

Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos

>> Descargar Atlas en pdf<<

La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.

Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.

>> Descargar Atlas en pdf<<

La verdad sobre los transgénicos

Por Silvia Ribeiro*

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur , publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Portada del Atlas

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La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

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Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

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Agricultores mayas siguen en pie de lucha a 8 años del arribo de soya transgénica a sus territorios

Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020

Por EFE SinEmbargo

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.

“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.

Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.

Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona

Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.

Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.

“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas, según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63 mil millones de dólares.

El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de pocos meses”.

El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.

Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

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[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

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21 de setiembre – Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Compartimos este comunicado del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y RECOMA – A 21 de septiembre de 2019

Estimad@s compañer@s de lucha,

Una amenaza se extiende por nuestros territorios. Bajo el nombre falso de “reforestación”, que suena bastante agradable, inmensas plantaciones de árboles exóticos, e incluso transgénicos, han sido implementadas en Brasil por empresas transnacionales. Verdaderos “desiertos verdes” que conducen a la extinción de innumerables especies de nuestra fauna y flora y cambian el aspecto de nuestros increíbles paisajes naturales y culturales, con evidentes repercusiones sociales y ambientales, amenazando las formas de vida tradicionales de pueblos y comunidades.

Al ser el primer país de América Latina en liberar el cultivo comercial de un árbol transgénico (una especie de eucalipto) y con un ambiente político favorable, Brasil se ha convertido en una referencia para las empresas transnacionales para llevar a cabo sus proyectos. Precisamente por esta razón, el Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) se llevará a cabo en tierras brasileñas, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en Curitiba, Paraná. Rechazamos este evento corporativista, donde se discutirán falsas soluciones y nuevas formas de aumentar las ganancias corporativas a expensas de los bienes comunes.

Con este fin se lanzará una carta pública contra el monocultivo de árboles el día 21 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Lo invitamos a firmar esta carta con nosotros para fortalecer nuestra lucha y resistencia. Que juntos gritemos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUE!

21 de setiembre de 2019 Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Carta pública de organizaciones brasileñas al Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) que se realizará entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre en Curitiba, Brasil

En Brasil, país que tiene varios biomas, en cada uno de los cuales existen bosques con amplia diversidad de plantas, animales y comunidades humanas, un grupo restringido de empresas e investigadores, con apoyo del gobierno, insiste en la implantación de monocultivos de árboles exóticos para la exportación de celulosa y madera, denominando “reforestación” a esta práctica. Eso no es real, pues los bosques implican ecosistemas diversos e interdependientes, combinando las funciones realizadas por distintos tipos de animales, vegetales y hongos articulados por una multiplicidad de factores bióticos y abióticos. Los bosques son responsables, entre otras cosas, de la producción y reproducción de los ciclos hídricos en todas las regiones, y tienen un papel crucial en las áreas tropicales, donde los suelos necesitan de una amplia cobertura vegetal para almacenar el agua y preservar las nacientes. Grandes superficies cubiertas por una única especie vegetal no son bosques sino monocultivos que incentivan la sequía y constituyen “desiertos verdes” tanto en el sentido ambiental como en lo social y cultural.

En ese sentido, los monocultivos de árboles representan un modelo nefasto para las comunidades y sus territorios. En Brasil, su avance ha destruido tejidos sociales y expulsado del campo a poblaciones campesinas, indígenas, pueblos y comunidades tradicionales como quilombolas y geraizeiros entre otras. Invadiendo tierras, desestructurando importantes sistemas productivos locales y destruyendo la producción de alimentos, comprometiendo la seguridad alimentaria y la base económica de aquellos territorios, el modelo no sólo esteriliza los suelos sino que también, y principalmente, está eliminando aspectos fundamentales de la memoria y la cultura nacionales, que de ellos dependen. Se trata de la destrucción de actividades productivas y hábitos sociales amistosos con el medio ambiente y adaptados históricamente, en procesos coevolutivos, sin ninguna compensación real. No se generan empleos, las fuentes de agua se agotan, el uso de agrotóxicos propaga enfermedades, provocando abortos y malformaciones fetales que se expanden socializando la crisis y el miedo. En cada región la historia se repite, afectando especialmente a mujeres, niños y personas mayores.

En el caso del eucalipto los impactos se dan de forma acelerada, pues los clones actuales crecen tan rápido que en determinados lugares las empresas cortan los árboles a los tres años de edad. Los recursos públicos canalizados para investigaciones que viabilizan esos resultados privativos de las empresas dejan en evidencia la injusticia de un sistema que amenaza en forma concreta los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras.

Brasil fue el primer país de América Latina que autorizó la plantación comercial de un eucalipto transgénico. La aprobación fue obtenida en 2015 por Suzano, hoy la mayor empresa de plantaciones de eucalipto y uno de los mayores latifundistas del país. Aquel eucalipto transgénico pasó por una modificación genética que resultó en ganancia de productividad industrial, reduciendo el ciclo de corte en 20%. Esa aprobación ocurrió para atender los intereses del capital, ignorando las faltas de certeza sobre los impactos ambientales y socioeconómicos de esa tecnología. La introducción de los árboles transgénicos puede significar un gran impulso para otro ciclo de expansión de los monocultivos de árboles por el país y, por lo tanto, generar más y mayores daños.

El eualipto transgénico contiene un gen marcador que le confiere tolerancia a antibióticos, el gen npt II, que puede hacerse presente en la miel y en otros productos apícolas. Se desconocen sus impactos sobre la salud y, debido a ello, generará un impacto económico sobre cientos de millones de apicultores, que perderán el acceso a los mercados internacionales de productos orgánicos. En este momento se están evaluando otros árboles transgénicos en Brasil (eucaliptos y cítricos) con el apoyo de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

Para atender a nuestra población, el gobierno debería promover la diversificación de plantíos, en pequeña escala, para múltiples fines y bajo el control de las comunidades locales. Debería estimular la adopción de modelos de base agroecológica en lugar de beneficiar transnacionales que se apropian de incentivos financieros y fiscales mientras destruyen las posibilidades de vida de nuestros pueblos y comunidades. Es importante enfatizar que hoy enfrentamos una situación particularmente nefasta e inédita en la cual el presidente de la república se declara enemigo del ambiente natural y estimula la destrucción de la selva amazónica, la mata atlántica, el cerrado, la caatinga, el pantanal, la pampa y la zona costero-marina, amenazando incluso a todos los brasileños que se manifiestan en defensa de la socio-eco-biodiversidad hasta ahora preservada. Todos los biomas están altamente amenazados por las políticas de este gobierno, que incentiva el agronegocio, la minería y el desprecio de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas, entre otras. El gobierno está desarmando la fiscalización y las legislaciones ambientales y laborales, excluyendo a la sociedad civil de decisiones sobre estas políticas e incentivando invasiones de los territorios indígenas, campesinos, quilombolas y de otras comunidades tradicionales. Además está facilitando el porte de armas de fuego, al mismo tiempo que difunde el odio contra los movimientos sociales y ambientalistas, aumentando los niveles de violencia en el campo y las ciudades.

Todo esto beneficia a las grandes empresas que lucran con los monocultivos de árboles. El gobierno de Bolsonaro pone en evidencia su complicidad con dichas empresas al anunciar, en junio de este año, que el Ministerio de Agricultura pretende apoyar la expansión del área ocupada con monocultivos de árboles en más de dos millones de hectáreas hasta 2030. Repite, como marketing, el falso argumento de que esas plantaciones ayudarían a reducir la presión sobre los bosques, que siguen siendo devastados para la plantación de pasto y monocultivos. De hecho, la expansión de esas mismas plantaciones es una de las principales causas de destrucción de áreas conservadas en todos los biomas de Brasil. La forma en que el gobierno brasileño está lidiando con esa tragedia llevó a un grupo de abogados ambientales y de derechos humanos a denunciar al presidente Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes ambientales y contra la humanidad.

Sin embargo, cuando en Brasil surgieron las primeras plantaciones nació también la resistencia. Desde entonces ha crecido la indignación de mujeres y hombres ante la verdadera situación de pobreza promovida por las plantaciones: pobreza ambiental, social, económica y espiritual. Mientras se expandían los monocultivos de árboles, muchas personas se unieron en la lucha contra ellos, en el campo, en las ciudades, en las universidades. Se creó el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, donde el pueblo reafirma que quiere vivir en libertad y con dignidad en sus tierras y no morir de hambre, acorralado por las plantaciones. Conscientes de que somos portadores de derechos y queremos vivir con dignidad, con acceso a alimentación de calidad y sin venenos, reafirmamos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!

A pesar de estos tiempos adversos, continuamos firmes en la lucha contra el desierto verde y todos los monocultivos que hacen del Brasil un “paraíso” para las empresas de agrotóxicos, a costa de tragedias para las trabajadoras y los trabajadores del campo. Rechazamos los ecocidios y defendemos los derechos de las comunidades, con sus identidades, sus culturas, sus modos de vida, en sus territorios tradicionales y respetando las generaciones por venir. Nos solidarizamos con las comunidades en lucha, que resisten el avance de las plantaciones, que promueven retomadas y ocupaciones de territorios arruinados por los monocultivos de árboles. Repudiamos toda forma de persecución, criminalización, asedio, cooptación, truculencia y violencia, prácticas estimuladas y aplicadas por parte de empresas, gobierno y órganos represivos. Resaltamos que las luchas son justas y necesarias, porque la tierra debe cumplir su función social. El pueblo precisa de la tierra para vivir bien, y es inaceptable que los intereses de unas pocas empresas, algunos fondos de inversiones nacionales e internacionales y otros actores prevalezcan sobre los derechos humanos, la historia y la cultura de nuestro pueblo, en nuestra tierra, sólo para poder seguir lucrando. Exigimos una mayor actuación de los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Policía Federal, en apoyo de los pueblos y poblaciones locales así como de todas las entidades y organizaciones que actúan en defensa de sus derechos.

Rechazamos el discurso según el cual necesitamos más monocultivos de árboles, falsamente llamados “reforestación”, para resolver el grave problema del calentamiento global. Según ese falso argumento, los monocultivos de árboles absorberían de la atmósfera el CO2 que causa el calentamiento global. En verdad el combate al calentamiento exige la suspensión de la quema de derivados del petróleo, carbón mineral y gas natural, además de la protección de los bosques y coberturas vegetales características de cada bioma, respetando también los derechos de las poblaciones que han conservado esos ambientes durante generaciones, mediante relaciones de interdependencia. No aceptamos falsas soluciones como las plantaciones de carbono, que además de ampliar la crisis del clima tendrán impactos nefastos sobre las poblaciones que habitan los territorios codiciados por esas plantaciones.

Congreso de la IUFRO

Es en ese contexto que se realizará en Brasil el XXV Congreso Mundial de la IUFRO (sigla inglesa que significa “Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal”). El evento tendrá lugar entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre de 2019 en Curitiba (estado de Paraná) y reunirá a empresas, científicos, organismos gubernamentales y profesionales del sector forestal. El lema de este año es “investigación forestal y cooperación para el desarrollo sustentable”. No obstante, la “investigación forestal” que la IUFRO está promoviendo se centra en incentivar las plantaciones industriales de árboles, promover los árboles transgénicos y publicitar falsas soluciones para la crisis climática, como el “almacenamiento de carbono” en monocultivos de árboles que serán cortados a los pocos años de vida, con lo que el carbono será emitido nuevamente, volviendo a la atmósfera.

Vale resaltar que para la FAO, organización de Naciones Unidas que se incluye entre los patrocinadores de la IUFRO, los monocultivos de eucalipto son bosques! La FAO ha promovido una definición internacional de bosque que tan sólo atiende los intereses de las empresas madereras y las industrias de plantaciones de árboles. Cuando la FAO llama bosque a un conjunto de árboles de una única especie está despreciando la biodiversidad y los sistemas ecológicos a ella asociados, dando margen para que los monocultivos en gran escala y hasta los transgénicos sean considerados “bosques” y contemplados por incentivos relacionados con la mitigación del efecto invernadero. Con eso, al ignorar todas las relaciones entre plantas y demás seres vivos, incluso humanos, que componen un bosque, la FAO contribuye a su invisibilidad y destrucción, lo que es todavía más grave si consideramos la misión para la cual la FAO fue creada: eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional del mundo, dos de los impactos más graves que ocurren allí donde se instalan y expanden los monocultivos de árboles.

Otro patrocinador de este congreso en Curitiba es el FSC, sigla inglesa del “Consejo de Manejo Forestal”. Fundado en 1993 como respuesta a las preocupaciones sobre la deforestación global, el FSC es un foro que define lo que sería un “buen” manejo forestal. Inicialmente se presentó para certificar el manejo industrial del corte de madera en bosques. Después incorporó la certificación de plantaciones empresariales de árboles, con una jerga según la cual estas plantaciones serían ambientalmente adecuadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables, capaces de promover cambios positivos para las comunidades locales. Actualmente es el principal sello verde para las plantaciones de monocultivos de árboles. El FSC promueve un maquillaje verde muy útil para las empresas de monocultivo de árboles. Con ese sello las empresas se presentan como ambiental y socialmente responsables, engañando a los consumidores. Este maquillaje oculta el hecho de que los monocultivos en gran escala de eucalipto, certificados o no, que sustituyen la vegetación nativa por plantaciones están en la raíz de los impactos que destruyen comunidades y territorios y por consiguiente la vida de la biodiversidad planetaria.

Finalmente, queremos expresar nuestro REPUDIO a la propaganda que ese primer Congreso Mundial de la IUFRO en Brasil está llevando a cabo sobre los monocultivos de árboles en gran escala. Rechazamos las excursiones para visitar plantaciones y una serie de sesiones técnicas “de marketing” que, incluidas en la programación, servirán para mistificar los falsos beneficios y maquillar los daños derivados del modelo “forestal” brasileño.

Nuestro REPUDIO también a ese evento cuyo organizador es el actual gobierno federal de Brasil, que opera como aliado de las empresas y verdugo de los bosques, de las áreas conservadas y de todas las comunidades que viven en esos territorios y que de ellos dependen.

Denunciamos también que los incendios, que han horrorizado al planeta y ocultan la muerte de comunidades, la extinción de especies y la destrucción de culturas, son un paso más para el avance del capital sobre el bosque, en especial de los monocultivos de soja y maíz, y también de eucalipto, antecediendo la desertificación de la Amazonia Legal.

¡Las plantaciones NO son bosques! ¡Diga NO al Desierto Verde!

Imagen: WRM

Más información:

¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONíA!

Discursos “verdes” y deforestación

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

[Vídeo] El horror del Glifosato

Dentro de las acciones de la Jornada por el Día del Maíz compartimos este vídeo y el siguiente artículo publicado en El País que hablan sobre el Glifosato – A 4 de septiembre 2019

Niños orinan herbicida glifosato en Autlán, Jalisco

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Un día los niños de una escuela reportan dolores de cabeza y de estómago; al día siguiente alguien más vomita durante el almuerzo. Exámenes de orina demuestran que el 100% de los niños han estado en contacto con el glifosato, un poderoso herbicida que requiere portar equipo especial a la hora de aplicarlo, pero que en Autlán, Jalisco, se aplica en parcelas a lado de una escuela. #Glifosato #Herbicida #Jalisco

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Alemania prohibirá el glifosato en 2023 para proteger a los insectos

Ana Carbajosa Berlín 4 SEP 2019 

31 de diciembre de 2023. Esa es la fecha a partir de la cual el gifosato estará prohibido en Alemania, según los planes del Gobierno presentados el miércoles. El polémico pesticida tiene también fecha de caducidad prevista en la Unión Europea, donde hasta el momento solo cuenta con autorización hasta finales de 2022.

El pasado julio, Austria se convirtió en el primer país en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores tiene consecuencias nocivas para la salud y según Bayer, su fabricante, no hay suficientes evidencias científicas que lo corroboren. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el IARC la Salud, clasificó el glifosato como “posiblemente cancerígeno para humanos”.

La prohibición del glifosato se enmarca en Alemania en una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. La biodiversidad y la protección de los insectos, sobre todo de las abejas se ha convertido en una fuerte preocupación para muchos alemanes.

El uso de pesticidas como una de las principales causas de mortandad de los insectos, es uno de los aspectos que desarrolla el paquete de medidas del Gobierno alemán. El objetivo es “reducir sistemáticamente” a partir de 2020 el uso de productos que contengan glifosato en parques y jardines privados y en los campos antes de las cosechas y “eliminar totalmente” su uso un año más tarde. El Ministerio de Medio ambiente indica que los herbicidas de amplio espectro como el glifosato eliminan no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas de las que dependen especies de insectos para su alimentación.

Protección de insectos

El Gobierno alemán destinará 100 millones al año para la promoción de medidas de protección para los insectos dentro y fuera del territorio agrícola así como para investigación. Muchos municipios de Alemania ya trabajan en la creación de áreas sembradas de flores que permitan por ejemplo la conectividad de los insectos polinizadores.

La empresa Monsanto comercializó inicialmente el polémico herbicida bajo el nombre de Roundup, convertido en la bestia negra de los grupos ecologistas. Bayer compró Monsanto el año pasado y se enfrenta a demandas millonarias por supuestos efectos en la salud humana. El uso de este herbicida, uno de los más extendidos en todo el mundo, lo comercializan ahora también otras empresas agroquímicas.

Desde Bayer, criticaron la decisión, por considerar que no responde a la evidencia científica. “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno alemán de prohibir el glifosato a finales de 2023. Esta decisión ignora décadas de evaluaciones científicas de agencias reguladoras independientes […] el glifosato es seguro cuando se emplea correctamente”, indicó Liam Condon, presidente del departamento de cultivos de Bayer en un comunicado. La empresa asegura que las ventas de glifosato en Europa representan menos del 10% de las ventas del compuesto químico en todo el mundo. Bayer confía en que la Unión Europea renueve a partir de 2022 la licencia para su herbicida.

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