Los tratados comerciales, el agronegocio y la crisis climática

GRAIN

Las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre de este año en París son consideradas la última oportunidad para que los gobiernos del mundo se comprometan de modo vinculante con objetivos que pudieran detener nuestra marcha hacia la catástrofe. Pero en la cuenta regresiva hacia París, muchos de estos mismos gobiernos ya firmaron o están impulsando una serie de ambiciosos tratados comerciales y de inversión que inviabilizarán las medidas que se podrían tomar para enfrentar el cambio climático (el Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la Unión Europea y Canadá; el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico; el Tratado sobre Comercio de Servicios, negociado secretamente entre 40 países fuera de la Organización Mundial de Comercio; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos; el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, firmado por 14 países de ambos lados del Pacífico; y la Asociación Económica General Regional, entre diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y seis vecinos).

Lo que sabemos hasta el momento acerca de estos acuerdos, a partir de los pocos documentos que se han filtrado de las negociaciones secretas, es que originarán una mayor producción, más comercio y más consumo de combustibles fósiles, y que serán usados para revertir las medidas populares que pudieran afectar las ganancias de las industrias contaminantes (1).
 
Menos aún se ha dicho acerca de cómo afectarán nuestro clima las disposiciones sobre producción de alimentos y agricultura incluidas en estos acuerdos. Pero la pregunta es de extrema importancia, porque la producción de alimentos y la agricultura tienen un enorme impacto sobre el cambio climático (2). Consideramos que existen siete formas mediante las cuales la producción de alimentos y la agricultura, como componentes de los actuales acuerdos comerciales y de inversión, harán que la crisis climática empeore.
 
1. Aumentar la producción, el comercio y el consumo de alimentos que emiten grandes cantidades de gases con efecto de invernadero.
 
En términos de producción agrícola, la carne y los lácteos son los principales contribuyentes al cambio climático. Solamente el 11% de toda la carne producida se comercializa internacionalmente, pero a nivel global, la producción y el consumo de carne tienen una proyección de crecimiento de 17% para el 2024 y, en definitiva, una duplicación para 2050 (3). Se espera que el aumento del comercio juegue un papel en este crecimiento y parte de éste se originará a partir de los acuerdos comerciales más recientes, lo cual podría cambiar bastante la dinámica actual del comercio de la carne (4). Por supuesto, no podemos predecir cuánto aumentará el comercio y el consumo como resultado directo de estos acuerdos, pero se estima que las disminuciones de aranceles y los estándares más bajos, provocarán un aumento de la oferta y, por consiguiente, también del consumo en los países importadores. Eso, después de todo, es lo que los grupos de cabildeo de las empresas intentan lograr. Se espera que los mercados crezcan para algunas compañías del agronegocio y sus inversionistas debido a la dilución de las regulaciones sobre sanidad alimentaria y las leyes de etiquetado, como resultado de estos nuevos acuerdos.
 
2. La promoción de la agricultura industrial de exportación en desmedro de los sistemas de agricultura y producción de alimentos locales
 
La expansión de los mercados para las aves de corral y la leche en polvo de Europa ha sido, desde hace tiempo, un aspecto importante en la agenda de la liberalización de los mercados de la Unión Europea, como bien saben los agricultores y los pequeños ganaderos de África, que se han estado movilizando desde hace años para detener el comercio desleal de pollos y excedentes lácteos altamente subsidiados, provenientes de Europa. Estas luchas están cada vez más conectadas con el cambio climático. La producción industrial de aves de corral, después de todo, es una importante fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Los pollos Broiler, que son criados por su carne, producen siete veces más emisiones de GEI que las aves criadas de forma doméstica. Y las gallinas ponedoras, que son criadas por sus huevos, producen cuatro veces más (6). El consumo de pollos está aumentando en muchos países debido a que es una carne de bajo costo y, en consecuencia, se espera que el comercio global de aves de corral aumente. Todo este comercio se origina en las granjas avícolas industriales, que provocan mayores emisiones que la crianza casera o a pequeña escala de aves.
 
3. El fomento de los supermercados globales y los alimentos altamente procesados
 
Las principales actores del comercio de alimentos en supermercados están apuntando al crecimiento tanto en Asia como en África y América Latina, mediante los diversos nuevos acuerdos comerciales. La expansión de los supermercados globales trae consigo una expansión en la producción, comercio y consumo de alimentos procesados. Por ejemplo, bajo el TLCAN (tratado de libre comercio de América del Norte), la producción y el consumo de los alimentos procesados se disparó en México, trayendo consigo serios problemas de salud pública y el comercio minorista ha pasado a ser controlado por las grandes cadenas globales (7).
 
Los alimentos procesados —producidos por Mondelez, Nestlé, Pepsico, Danone, Unilever y similares— son importantes emisores de gases con efecto de invernadero, no sólo debido a la gran cantidad de energía usada en el envasado, procesamiento y transporte de los alimentos, sino también debido a las emisiones generadas en las plantaciones propiamente y las derivadas de la deforestación que trae consigo el aumento de dichos monocultivos.. Los alimentos procesados son producidos a partir de la materia prima más barata que las compañías puedan conseguir en el mundo entero. Un paquete estándar de alimento de supermercado, puede contener leche en polvo de Nueva Zelandia, maíz de los Estados Unidos, azúcar de Brasil, soja de Argentina y aceite de palma de Indonesia —todos alimentos que están en lo más alto de la escala de emisiones.
 
4. Fraude climático: la externalización de las emisiones
 
Los acuerdos comerciales favorecen la producción de alimentos en países con bajos costos y/o una producción altamente subsidiada, con altos niveles de emisión. Estos países tienen poderosos grupos de cabildeo a favor de la agricultura industrial y a menudo dependen fuertemente de las exportaciones agrícolas para obtener sus ingresos provenientes del extranjero. Es altamente improbable que estos países implementen medidas para reducir las emisiones que pudieran afectar la competitividad de sus productos agrícolas. Ya hemos visto a estos países actuando junto con sus compañías, para atajar los esfuerzos internacionales por lograr recortes significativos en las emisiones originadas por la agricultura, por ejemplo, promoviendo la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, dominada por el agronegocio.
 
Es poco probable que las emisiones importadas junto con los alimentos sean tomadas en cuenta por alguno de los países importadores. Aun así, si algún país importador quisiera implementar medidas para reducir la importación de ciertas materias primas que provocan altas emisiones de gases con efecto de invernadero, podrían ser impugnadas, bajo los nuevos tratados, como restricciones desleales al comercio.
 
5. Más agro-combustibles
 
Los agro-combustibles son otra forma de energía contaminante que, junto con los combustibles fósiles, podrían aumentar a causa de los últimos acuerdos comerciales. Esto ocurre especialmente cuando los capítulos de inversión de los tratados comerciales buscan “nivelar el campo de juego” para los inversionistas extranjeros, estableciendo reglas sobre “tratamiento nacional” y “la nación más favorecida”, lo que facilita mucho el acceso a la tierra para producir combustibles agroindustriales más fácilmente. Hoy, las políticas climáticas de la Unión Europea han consolidado el acaparamiento de tierras en África para la producción de etanol para los mercados europeos.
 
6. Quebrantando el apoyo a las economías locales de producción de alimentos
 
Bajo la llamada doctrina de libre comercio, los programas de “compre lo nacional” o “compre lo local”, son consideradas generalmente discriminatorias y distorsionadoras del comercio. La Organización Mundial de Comercio (OMC) no ha hecho mucho para desalentar estas iniciativas, pero los nuevos tratados comerciales bilaterales y regionales podrían ir mucho más allá. Los grupos que han luchado por la soberanía alimentaria ven esto como una amenaza potencial para las economías alimentarias locales que han estado construyendo esforzadamente durante las últimas décadas (por ejemplo, iniciativas de los consejos sobre políticas alimentarias para apoyar el uso de alimentos producidos localmente en servicios públicos como colegios y hospitales) (8). Cualquier acción para hacer que las iniciativas para comprar o utilizar productos locales sean ilegales en el sector de los alimentos, resultará automáticamente en una mayor desestabilización climática (9). Lo mismo es cierto para las iniciativas que apoyan las compras “verdes” o los programas que exigen comprar a las medianas y pequeñas empresas, en nombre de la mitigación del cambio climático.
 
7. Declarar ilegales las medidas de seguridad alimentaria
 
En el año 2013, diversos gobiernos intentaron promulgar una regla de la OMC con la que las compras públicas de alimentos en tiempos de crisis debían ser consideradas una forma de subsidio agrícola distorsionador del comercio. Muchos gobiernos compran productos agrícolas a los agricultores para estabilizar los mercados, garantizar precios y generar reservas o sistemas de distribución en el interés público. Los estragos causados por el cambio climático en un mundo de desregulación y concentración empresarial hacen que la escasez de alimentos se torne más común y más amenazante. Esto significa que cada vez son más necesarias estas medidas básicas en materia de seguridad alimentaria así como los programas de compras públicas.
 
¡Es momento de parar la desestabilización del clima!
 
Los patrones de consumo de alimentos están cambiando. La llamada dieta “occidental” se está expandiendo, particularmente en el Sur global, llevando consigo no solamente problemas de salud sino también aumentando la presión sobre el clima. Los comerciantes de materias primas agrícolas, las empresas del agronegocio, las cadenas de supermercados, los grupos de inversión y otros tipos de corporaciones, que financian y conducen el sistema industrial de alimentos, tienen un gran interés por expandir los negocios justamente en esos mercados, y los tratados comerciales son una gran herramienta para lograrlo.
 
Tenemos que sacar cuentas. Si queremos afrontar el cambio climático, tenemos que detener el consumo de algunos alimentos y eso significa parar la producción y también el comercio. Afortunadamente, se puede hacer. Pero requiere una reducción estructural progresiva de las grandes empresas alimentarias, de los grandes supermercados y de aquéllos que lo financian. En su lugar, las pequeñas y medianas fincas, las formas de procesamiento y los mercados a pequeña y mediana escala, respaldados por las adquisiciones y el financiamiento públicos, harían un mejor trabajo. Esto requiere una arremetida y unir las luchas en torno al cambio climático a las luchas por la soberanía alimentaria y en contra de los tratados comerciales promovidos por las empresas.

SCJN otorga amparo a pueblos mayas contra la siembra de soya transgénica

yucatan.com.mx

En la sesión del día de hoy, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad conceder el amparo y protección de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche, a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de soya transgénica.

Esta decisión es un logró histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México.   Tal decisión se une a otras previas y que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y la política pública del estado mexicano, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, la consulta debe ser el mecanismo que posibilita la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa.

En los próximos días, la sentencia será notificada y se darán a conocer la totalidad de sus efectos. La y los ministros debatieron sobre el interés jurídico o legítimo que asiste a la parte quejosa, así como los efectos amplios o limitados de la concesión del amparo.

Esperamos que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional y convencional de garantizar una consulta previa, libre e informada, apegada a estándares internacionales.

Lucha contra Monsanto: votar “por la vida y no por la muerte”

(VIDEO) Lucha contra Monsanto: Apicultor de Campeche llama a los ministros de la Suprema Corte a votar “por la vida y no por la muerte”

Por Tochtli en La Luna, Hijos de la tierra

Por segunda vez en el transcurso del mes de octubre, tres apicultores del municipio de Holpechén en Campeche, hicieron el viaje hasta la Ciudad de México el pasado miércoles 28 para acudir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por segunda vez fueron invitados a volver otro día. Gustavo Huchín Cahuich, Leydi Pech Martin y Angélica María Ek Canché esperaban conocer por fin la decisión de los ministros sobre la validez de siete amparos otorgados a los apicultores y grupos apícolas de la Península de Yucatán en el 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Amparos que permitieron detener el proyecto de siembra de soya transgénica por Monsanto en miles de hectáreas en la región. Pero los ministros pospusieron su decisión, como lo habían hecho el 7 de octubre. Prefirieron no examinar los 7 amparos de manera separada como era planeado, para poder emitir en una futura sesión una sola sentencia válida para todos.

VIDEO: https://youtu.be/OfisqdIzRwQ

Según Maria Colin, abogada de Greenpeace México quien acompaña la lucha de los apicultores de la Península desde el 2012, el aplazamiento de la decisión de los ministros no es una mala noticia. “Es mejor que examinen los siete amparos en un solo proyecto para emitir una sola sentencia porque hubiera sido muy complicado tener decisiones separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra”, explica.

Ma’ OGM (No OGM en maya)

Para Gustavo Huchín, quien lleva 40 años dedicándose a la apicultura, un saber ancestral heredado de su padre, abuelo y bisabuelo, “eso es desgastante porque venimos de las comunidades y contamos con muy escasos recursos económicos”. Pero al mismo tiempo, es una buena oportunidad “porque mientras más estudian nuestro caso, más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que siga sembrando Monsanto”, dijo en entrevista con Hijos de la Tierra. “Tenemos esperanza y confianza de que los ministros lo van a pensar muy bien, y van a votar por la vida y no por la muerte”, añadió.

En 2012, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) otorgó un permiso a la empresa norteamericana Monsanto para sembrar soya transgénica en 253 000 hectáreas repartidos en siete entidades de México: Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Pero en la Península de Yucatan, donde unas 15 000 familias viven de la apicultura y producen casi 40% de la miel mexicana, la resistencia fue inmediata. Las palabras “MA OGM” (“Ma’” significa “No” en maya – OGM = Organismos Genéticamente Modificados) invadieron los sitios arqueológicos y las parcelas agrícolas de la Península.

Es que la apicultura y la siembra de soya transgénica no pueden convivir. La segunda acaba con la primera ya que implica deforestar y así mismo destruir las plantas donde picotean las abejas, usar plaguicidas que las matan y contaminar la miel con polen transgénico. “Si se sigue deforestando, en poco tiempo ya no habrá montes, ya no habrá selva, entonces se morirían las abejas, ya no podríamos seguir con nuestra tradición de trabajar las abejitas para el sustento de nuestras familias”, dijo Gustavo Huchín. La misma Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) había determinado en 2012 que “no se considera viable” el proyecto de Monsanto “dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatan y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”. Pero la SAGARPA otorgó el permiso a Monsanto sin tomar en cuenta ese argumento.

Violación del derecho a la consulta y a un medioambiente sano

Los amparos interpuestos por los apicultores de la región fueron ganados bajo varios argumentos: no se respetó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya de la Península por lo que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas; se violó el derecho a un medioambiente sano ya que el glifosato (el herbicida usado para la siembra de soya transgénica) es dañino; no se tomó en cuenta el dictamen de la CONABIO en contra del proyecto de Monsanto ni los del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP) que también eran desfavorables.

“Nos enteramos de que se estaba sembrando soya transgénica en nuestras tierras en el 2012 cuando íbamos a vender nuestra miel a Europa y durante un control previo a la exportación fueron detectados dos contenedores con rasgos de soya transgénica, lo que impidió su comercialización”, cuenta Gustavo Huchín. Un 85% de la miel de la Península se exporta hacia Europa, donde no se tolera la presencia de polen contaminado por OGM. La perdida de ese mercado sería fatal por los apicultores.

Los amparos deben ser revisados durante la próxima sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 4 de noviembre. Mientras tanto, la petición subida en Change.org por Gustavo Huchín para detener los permisos de Monsanto para soya transgénica en la península, sigue recolectando firmas. Hasta la fecha más de 73 000 personas se sumieron a su demanda. “Los ministros no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar”, expresaron los apicultores de la Península en un comunicado publicado después de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN. Si los ministros confirman la validez de los amparos y la suspensión de la siembra de soya transgénica en la Península, las autoridades competentes tendrán que hacer respetar esa suspensión, lo que no hicieron hasta la fecha. La siembra ilegal de la soya OGM de Monsanto por productores cooperantes sigue en la región, causando daños a los apicultores y visibilisando la incapacidad de las autoridades de hacer prevalecer los derechos de los pueblos sobre los de las empresas.

 

GRÁFICOS DE REPUDIO AL XVI CONGRESO MUNDIAL FORESTAL DEL FAO

En ocasión del XIV Congreso Mundial Forestal, organizando por la FAO en Durban, Sudáfrica, entre los días 7 a 11 de septiembre, nosotros, integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto con diversas organizaciones sociales, estamos divulgando esta nota de repudio para manifestar nuestra indignación con la forma errónea y excluyente como la FAO está organizando, otra vez, una edición de este Congreso.

La RECOMA es una red que cuenta con representantes de organizaciones de varios países latinoamericanos cuyo objetivo fundamental es intercambiar información y articular actividades para denunciar y oponerse a la expansión de monocultivos forestales a gran escala en América Latina por sus graves impactos sobre comunidades locales como la violación de derechos territoriales, la destrucción de fuentes de agua y la sustitución de áreas de producción de alimentos.

 

Nota de repudio al XIV Congreso Mundial Forestal del FAO

RECOMA
En ocasión del XIV Congreso Mundial Forestal, organizando por la FAO en Durban, Sudáfrica, entre los próximos días 7 a 11 de septiembre, nosotros, integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto con diversas organizaciones sociales, estamos divulgando esta nota de repudio para manifestar nuestra indignación con la forma errónea y excluyente como la FAO está organizando, otra vez, una edición de este Congreso.
La RECOMA es una red que cuenta con representantes de organizaciones de varios países latinoamericanos cuyo objetivo fundamental es intercambiar información y articular actividades para denunciar y oponerse a la expansión de monocultivos forestales a gran escala en América Latina por sus graves impactos sobre comunidades locales como la violación de derechos territoriales, la destrucción de fuentes de agua y la sustitución de áreas de producción de alimentos.

 

No nos podemos callar cuando otra vez la FAO, una organización de las Naciones Unidas, organiza:

-Un evento que no pone en su agenda una discusión profunda sobre los graves problemas e impactos negativos provocados por el llamado “modelo forestal” que promueve las plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala, beneficiando en especial al llamado ´sector forestal´, sobre todo un pequeño grupo de corporaciones forestales;

-Un evento que sugiere que los bosques serían esenciales en la estrategia para mitigar el cambio climático, con el agravante que la FAO incluye en la categoría ´bosques´ erróneamente a los monocultivos de árboles, incluso hasta los transgénicos. La FAO ha vendido esta idea durante su reciente campaña por el 21 de Marzo – Día Internacional de los Bosques –, con el tema “Bosques, Clima, Cambio”. A pesar de que utilizar árboles para compensar las emisiones de carbono debidas a la quema de combustibles fósiles es comprobadamente una falsa solución al cambio climático, ese argumento ha servido como otro incentivo a la expansión de los monocultivos de árboles en gran escala.

-Un evento que es excluyente e inaccesible para los afectados del modelo forestal – comunidades locales en el mundo entero – por los altos costos cobrados por la inscripción, resultando en un evento elitista y anti-democrático. Eso es aún más grave por el hecho que la FAO como organización pública debería promover siempre un debate democrático y garantizar la participación de todas y todos, pero, por sobre todo, de aquellos afectados por el modelo que la propia FAO promueve: la plantación de monocultivos de árboles en gran escala.

Proponemos que la FAO debería invertir tiempo y energía, no en una sola pero en muchas reuniones con un objetivo urgente: repensar sus objetivos y estrategias en el tema bosques. Unas preguntas centrales serían: la FAO hoy está al servicio de qué y para quién? Y para qué y para quién debería estar trabajando? Esas reuniones deberían ser abiertas para tod@s, se deberían dar en todas las regiones y continentes con bosques y en las regiones más afectadas por el “modelo forestal”.

Si la FAO continua privilegiando con su trabajo el “sector forestal” y el modelo que este sector idealiza, nuestra tarea es continuar luchando contra este modelo de destrucción representado por los monocultivos de árboles, incluso los que son certificados por los falsos sellos verdes como el FSC, y defender y solidarizarnos con las comunidades que están sufriendo los impactos, apoyarlos en sus luchas de defensa y retomada de sus territorios invadidos por monocultivos de árboles.

Otra vez, nuestro grito es:
¡Las plantaciones no son bosques!

Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles – RECOMA
Setiembre de 2015.

Eucaliptos transgénicos aprobados en Brasil

¿Cuánto falta para que veamos monocultivos de árboles transgénicos en REDD?

Boletín WRM
El pasado mes de abril se aprobó en Brasil el uso comercial de eucaliptos transgénicos, a pesar de la fuerte resistencia local y la evidencia de que los eucaliptos transgénicos aumentan los impactos de las plantaciones industriales. Ésta es la primera aprobación de árboles transgénicos en América Latina. La solicitud provino de FuturaGene, una subsidiaria de la empresa de papel y celulosa Suzano. FuturaGene afirma que debido a que sus árboles transgénicos crecen más rápido, también absorben más dióxido de carbono.

Sin embargo, como señala un artículo de REDD-Monitor, la mayoría de los árboles de Suzano son talados y convertidos en productos de papel, lo que devuelve el carbono a la atmósfera. El artículo también pregunta si la aprobación de los árboles transgénicos en Brasil significa que ahora cabe esperar que REDD pague a las empresas que planten vastos monocultivos de eucaliptos transgénicos. Después de todo, todavía no hay definiciones acordadas para diferenciar a los bosques de las plantaciones de monocultivos de árboles (transgénicos o no) en las negociaciones de la ONU. El artículo completo puede leerse (en inglés) en:
http://www.redd-monitor.org/2015/04/24/genetically-engineered-eucalyptus-trees-approved-in-brazil-how-long-before-we-see-ge-tree-monocultures-in-redd/

Comunidades rechazan compañías de Palma Africana

Guatemala (Cerigua).- Comunidades de la Franja Transversal del Norte, la Costa Sur y Sayaxché, Petén, manifestaron su rechazo a las compañías de Palma Africana instaladas en el país y exigieron a las autoridades investigar su posible responsabilidad en la contaminación de los ríos donde operan.

Saúl Paau, representante legal de los comunitarios, afirmó que desde el 2011 han interpuesto una serie de denuncias ante el Ministerio Público (MP) por el desvío de afluentes, contaminación de agua, amenazas y coacción en contra de activistas por parte de este tipo de empresas, sin embargo hasta el momento el organismo no ha tomado cartas en el asunto.

 

Debido a la inoperancia del sistema de justicia, agregó Paau, se han dado nuevos casos de contaminación en los ríos, lo que ha vulnerado los derechos de los comunitarios, razón por la cual acordaron interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).

Los pobladores criticaron también la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a que algunas compañías operan sin licencia o estudios de impacto ambiental.

Esta situación fue comprobada por una misión de expertos que visitó recientemente el municipio de Sayaxché, Petén, para analizar la contaminación del río La Pasión y las condiciones en que se encuentran los habitantes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que además de que REPSA no cuenta con estudios de impacto ambiental para la siembra de palma africana, parte de su sembradío se encuentra en área protegida y en una zona de amortiguamiento de la Biosfera Maya.

Las comunidades reiteraron que la contaminación del río La Pasión afecta a más de 22 mil pobladores de 22 comunidades, quienes han perdido parte de sus fuentes de alimentación y del agua para el consumo.

El gobierno aseguró que ha entregado a los vecinos de Sayaché alimentos y agua potable para garantizar su seguridad alimentaria, sin embargo los vecinos afirmaron que el apoyo ha sido escaso y únicamente recibieron víveres en una ocasión.

Asimismo, denunciaron que poblados de la Franja Transversal del Norte han sido afectados por la contaminación a los fluentes y que debido a la lucha de hombres y mujeres en contra de estas compañías, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y acoso judicial, aseguraron los comunitarios.

Se les va la vida entre pesticidas

Por Gabriela Martínez, La Jornada Baja California

Ensenada, 21 de julio.- Mientras permanece hincada sobre los campos de cultivo, María se talla los ojos enrojecidos. El sudor cae de su rostro como si fuera lluvia y desde hace unos años un dolor agudo no se le quita de las manos, pero eso no evita que por lo menos seis días a la semana arranque miles de fresas del rancho donde trabaja de jornalera, una por una, aunque la piel de las manos se le caiga a pedazos.

No sabe de qué, ni por qué se enfermó, solo tiene la certeza de que su condición empeoró hace unos cinco años; no lo entiende, dice que siempre ha hecho lo mismo. Despierta de madrugada, se dispara hacia el trabajo y antes de que salga el sol se lava las manos en agua carbonatada; luego, cuando es tiempo de fumigar, respira el aire tóxico de los pesticidas.

“Me arde como si me estuviera quemando”, dice mientras levanta las manos despellejadas; “tengo que hacerlo, los patrones cuidan más las plantas que a uno”.

Dice que mientras recoge las fresas, a su alrededor se forma una neblina blanca, casi imperceptible para los recolectores, de no ser por el olor a metal que emana y el ardor que provoca en el cuerpo.

Como si estuviéramos malditos, todos enfermamos

María apenas tiene 31 años; es menudita como si fuera una niña, pero tiene el rostro cansado. Aunque no mide más de metro y medio, es capaz de cargar hasta 20 kilos de fresas. Dice que las fuerzas se le han acabado poco a poco, pero no puede darse el lujo de no trabajar, porque es el único sustento de sus cuatro hijos y su madre, enferma de cáncer.

“Es como si estuviéramos malditos, todos nos enfermamos”, dice mientras saca una fotografía de su bolsa y clava la mirada en las caras de dos adolescentes. “A mi mamá le dio cáncer y ya no pudo seguir en el campo; toda su vida la pasó entre cultivos, a mí no me falta tanto tiempo y ahora, miro a mis hijas y tengo mucho miedo”.

Ángela es una adolescente de 15 años. Es hija de María y, al igual que ella, tiene el cuerpo color chocolate. Vista de espaldas aparenta menos edad, pero el tiempo se le viene encima en las manos y en el rostro; su camino es idéntico al de su madre.

Convulsiones y sicosis

Los tanques de pesticidas están bajo resguardo de los capataces y mayordomos del rancho. Rara vez los campesinos se asoman por el cuarto donde los tienen almacenados, pero en esta ocasión la curiosidad le ganó. José, uno de los jornaleros, fotografió los envases: bromuro de metilo + cloropicrina, dice sobre las etiquetas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ambos pesticidas son considerados tóxicos y dañinos para la salud. Una de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que periódicamente se deben realizar pruebas neurológicas y neurosicológicas a los trabajadores expuestos a estas sustancias.

La recomendación obedece a que se detectó una relación entre el contacto de personas con ambos fumigantes y daños en el sistema nervioso, que se traducen en convulsiones o sicosis.

En el caso de la cloropicrina, tiene fuerte olor y efectos irritantes. Principalmente se utiliza junto con otros fumigantes líquidos como “agente de alerta”, pero, al igual que el bromuro de metilo, tiene efectos negativos en la salud; por ejemplo, causa irritación severa en el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Puede esperarse que la ingestión cause una gastroenteritis corrosiva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que la exposición puede generar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas como dificultad en el andar, movimientos involuntarios de los ojos, temblores, contracciones musculares involuntarias, ataques, disminución de las habilidades mentales y desórdenes severos mentales, las cuales pueden desarrollarse hasta semanas después de la exposición y pueden persistir indefinidamente.

Trajes viejos para las inspecciones

José cuenta que bomberos protegidos con trajes herméticos llegan periódicamente para fumigar la tierra; es una escena que no comprenden porque, mientras, cientos de campesinos permanecen arrodillados entre las legumbres o las frutas, unos pizcando u otros regando. El gas tóxico los invade de pies a cabeza.

–¿Llevan algún tipo de
protector?

–No, ninguno. Bueno ellos, los bomberos, sí, pero nosotros no.

–¿Guantes, cubrebocas, trajes… algo?

–Nada… Sí, tienen algún equipo de esos viejos y cuando vienen las inspecciones, pues sí arman todo y nos dan las cosas, pero muy pocas veces los usamos.

Campesinos y familiares de los trabajadores han comenzado a reunirse para contar los casos de padecimientos cancerígenos, enfermedades crónico-degenerativas o incluso nacimientos de niños con malformaciones. Ninguno de ellos tiene la certeza de que las enfermedades estén plenamente relacionadas con los plaguicidas, pero exigen la intervención de las autoridades para investigarlo. 

Mujeres, las más vulnerables

En la familia de María existen al menos dos diagnósticos de cáncer: el de ella y el de su madre. Tiene cuatro hijos, dos son mujeres y teme por ellas; piensa que, como ha ocurrido, el nombre de esa terrible enfermedad también las puede alcanzar. Aunque quisiera sacarlas del trabajo del campo, la realidad es que su economía no les permite pensar en esa opción.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), explica que existen estudios de organizaciones internacionales que relacionan enfermedades como el cáncer y malformaciones con pesticidas y fumigantes, particularmente en los casos de la mujer.

Señala que los compuestos de estas sustancias tienen moléculas orgánicas y otras que además son tóxicas, las cuales al tener contacto con las personas se almacenan en los tejidos adiposos. En este caso, dice, las mujeres quedan en desventaja, ya que su anatomía las hace más vulnerables: “senos, caderas, muslos o incluso el trasero.

“Hay estudios de organizaciones internacionales que confirman la relación entre los pesticidas con la leche materna. Es decir, tendríamos que pensar, bajo el supuesto de que las empresas no usan medidas preventivas, que las mujeres embarazadas que tuvieron contacto con los fumigantes están gestando a sus hijos en condiciones tóxicas, pero que además, al nacer, se van a llevar una inyección de químicos con la leche materna”, advierte.

Pero esta no es la primera vez que el mundo pone los ojos en el uso de sustancias químicas para fumigar campos agrícolas, dice Muñoz. Desde hace más de 30 años surgieron las voces de especialistas que denunciaron el impacto de los gases en la salud de los campesinos que periódicamente mantenían contacto.

Una de ellas fue la bióloga Rachel Carson, quien desde 1960 sostenía que los pesticidas y los fumigantes dañaban la capa de ozono, además de ocasionar la muerte de la flora y fauna, y de generar enfermedades entre los trabajadores que eran expuestos. Lo anterior, dice la investigadora, desató una polémica que terminó con la creación de un marco legal para el uso de estas sustancias, pero a casi medio siglo, parece no haber muchos cambios:

“México es la pluma más rápida del Oeste; firma acuerdos internacionales hasta parece que con la convicción de cumplirlos, pero no es así. Tenemos un marco legal y siguen proponiendo más leyes; primero hay que cumplir con las que ya tenemos. Mejorar va a depender de que las personas exijan sus derechos, el gobierno vigile y las empresas cumplan”, señala.

Para Muñoz la exposición de los trabajadores, no solo las mujeres, a los pesticidas es una bomba de tiempo. En México las autoridades todavía no ponen la suficiente atención no solo para regular el uso, sino garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en las medidas de prevención para evitar daño en la salud de los campesinos.

Incumple protocolo para eliminar el bromuro de metilo

Desde el 1º de enero de 2014, México se declaró libre del bromuro de metilo de acuerdo con el Protocolo de Montreal que firmó. Los estragos causados al medio ambiente por esta sustancia utilizada normalmente por las agroempresas fueron la causa de este pacto de colaboración entre diferentes países.

“El bromuro de metilo es un plaguicida muy eficiente utilizado en la fumigación de suelos agrícolas… sin embargo, es una de las sustancias más dañinas para la capa de ozono. En la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal de 1992 se reconoció al bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro ambiental”, se lee en una de las publicaciones del protocolo.

El doctor en ciencias químicas de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería Rubén Sepúlveda, y ex director de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se pregunta si el bromuro de metilo es dañino para el medio ambiente “¿qué podría causar con trabajadores que están expuestos a esta sustancia diariamente y por largos
periodos?

Con su firma, el Estado mexicano se comprometió a dejar de utilizar los pesticidas y los fumigantes con bromuro de metilo en los campos agrícolas del país. Se presumieron diferentes programas de capacitación para los empresarios sobre otras opciones para fumigar la tierra; sin embargo, la realidad es que no existen garantías sobre el cumplimiento al 100 por ciento del tratado. Ni siquiera de las normas ambientales locales.

Sepúlveda señala que, para determinar el impacto por el contacto con tóxicos, primero se debe analizar el tiempo de exposición, las barreras físicas y la distancia. Para disminuir el riesgo, en el caso de los ranchos agrícolas, las autoridades contemplan el uso de equipo de protección, así como la aplicación de protocolos de seguridad, que no siempre se cumplen.

“Pienso en los campesinos; por ejemplo, con ellos estas barreras se derrumban fácilmente. Fumigan y esparcen las sustancias mientras ellos trabajan; ellos no pueden controlar el tiempo de exposición, pero si, además, ni siquiera les entregan equipo de resguardo… eso definitivamente es poner en peligro su vida”, lamenta.

Palma africana: Denuncias, demandas y un Estado sordo

El informe de la Inspectoría no registra si las prevenciones fueron cumplidas. Pero sí menciona que la cantidad de dinero no pagada a los trabajadores por concepto de salario mínimo, alcanzó en esas inspecciones la cantidad de Q14.96 millones.

Las denuncias en contra de algunas empresas palmeras por motivos ambientales y laborales no han cesado desde 2012. El caso de Repsa, en el río La Pasión, es sólo el último y el que más impacto mediático ha tenido, pero hay más casos. Pese a las denuncias, demandas y presiones internacionales, ni el Estado ni las empresas dan respuesta o muestras de darse por aludidos.

Por Rodrigo Véliz
Centro de Medios Independientes, Guatemala

Los vecinos dijeron que los peces del río estaban muriendo. Acusaban a la empresa palmera. Cuando hacía mucho sol y durante el verano, las viviendas se llenaban de moscas. La peor parte la llevaban los animales domésticos, cerdos y algunas vacas, decían. Las moscas les generan picazón, y el roce con la corteza de árboles o el suelo buscando alivio les provoca la caída del pelo. Algunos animales enferman ante las plagas, y las pérdidas afectan la dieta de los comunitarios de Ixcán, Quiché.

El olor también era un problema. La pestilencia de los desechos de la planta extractora de palma africana, agudizada por el calor de las tierras bajas, era insoportable cuando llegaba la noche.

Esa era la queja de los alcaldes auxiliares y los Comités de Desarrollo Comunitario (Cocode) de la microregión V del municipio de Ixcán, a inicios de diciembre de 2013. La denuncia es muy similar a los relatos que se escuchan año y medio después en el municipio de Sayaxché, Petén, donde la empresa Repsa es señalada por comunitarios y organizaciones ambientales de contaminación y de ser responsables del desastre ecológico ocurrido en el río La Pasión.

Los representantes de la microregión V dirigieron esta denuncia a la empresa Palmas del Ixcán, cuya planta extractora colinda con el río Jute, un afluente del río Chixoy. La empresa contestó con otra carta, 10 días después, el 13 de diciembre de 2013. En ella se lee textualmente: «Respecto al medio ambiente (moscas y río), reconocemos que hay un problema ocasionado por un accidente dentro de nuestras instalaciones de planta extractora».

Odilsar Cardona, encargado de asuntos laborales y administrativos de Palmas del Ixcán, reconoce, en una entrevista con CMI y Plaza Pública, que en efecto, tuvieron un problema. “Se reventó un tubo de aguas, y en el proceso se salieron los residuos. La intensa lluvia que cae por las noches en Ixcán hizo que esos residuos fueran arrastrados al río”. La respuesta de la empresa, asegura Cardona, fue inmediata. Ubicaron unos filtros para que, si volvía a ocurrir un rebalse, el agua residual al menos cayera filtrada. Dice que el problema duró “dos o tres días, máximo”. Asegura, con una voz firme que nunca más volvió a suceder algo similar.

En mayo de este año varios representantes de los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Ixcán, y Sayaxché, realizaron una conferencia pública en el centro de la ciudad de Guatemala. Su objetivo era solidarizarse con lo que pasaba en las comunidades de Sayaxché, y enfatizar lo contrario a lo que Cardona asegura: Los problemas de la producción y extracción de palma son iguales en todas las regiones. Y, en el caso de Ixcán, no han cambiado desde 2013.

“Nosotros dependemos de los ríos por la falta de agua entubada. Las plantas extractoras afectan desde 2013 en el río Limón, en el río Jute, en río San Ramón. En todos esos lugares hay muertes de peces y proliferación de moscas”, dijo Margarita Osorio, representante de organizaciones de mujeres de Alta Verapaz, durante la conferencia. Y el representante de Ixcán, donde se encuentra la extractora de Palmas del Ixcán, afirmó: “Así como se dio en Sayaxché, así se sigue dando en nuestra región. Hemos puesto denuncias a nivel local, departamental y nacional. En el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y en el de Ambiente. Y hasta ahora, no ha habido respuesta”. En el documento de 2013, las autoridades del Ixcán mencionaba el problema ambiental como uno entre otros de varios tipos: resaltaba sobre todo el laboral, y la incapacidad del Estado por hacer valer las leyes.
La primera visita del Ministerio de Trabajo

El 27 de febrero de 2012 en la delegación de San Benito, Petén, se reunieron inspectores de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, organizaciones campesinas, de derechos humanos, Cocodes de la región, y tres miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH). El objetivo era planificar una serie de visitas a las empresas de palma africana del municipio: Reforestadora de Palma (Repsa), Tikindustrias, Palmas del Ixcán, y Empresa Nacional Agroindustrial (Naisa).

La reunión se realizó en respuesta a una denuncia que algunas autoridades comunitarias realizaron ante el anterior Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, por un conflicto de derecho de paso. Las comunidades se quejaban de haber quedado sin acceso a las carreteras estatales. A su alrededor solamente queda palma. Miles de hectáreas de palma.

Las visitas se hicieron desde la mañana del día siguiente, el martes 28. A las 8.30 de la mañana salió la comitiva desde Sayaxché. Casi 50 minutos después, llegó a las comunidades Las Pacayas y Las Arenas, donde a unos metros se encuentra la empresa Tikindustrias, según quedó plasmado en los informes que redactó el Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg).

En otro informe de ese día, escrito por la inspectora de la IGT, Emma Castillo Barrera de Morataya, se detallan las violaciones de la empresa Tikindustrias al Código de Trabajo. De una lista de 38 aspectos a tomar en cuenta, Tikindustrias no cumplió con 20. Doce no aplicaban, cumpliendo solamente con seis: las instalaciones cuentan con ventilación, iluminación electricidad, pasillos despejados y extinguidores. Todos aspectos importantes en las oficinas de la empresa.

En los cultivos es otra la realidad. Allí los resultados no fueron positivos: Tikindustrias, según se lee en el informe, no cuenta con contratos individuales, constancias de pagos, libros de salarios, planillas del IGSS, reglamento interior de Trabajo, boleta de informe patronal, no se cumplen las jornadas de trabajo, el descanso semanal, no hay días de asueto, vacaciones, horas de lactancia, licencia por maternidad, se paga por debajo del salario mínimo, y no se reciben bonificaciones ni aguinaldo.

Esa fue la primera vez que el Ministerio de Trabajo visitaba la empresa para una inspección, según dejó dicho OACNUDH en el informe de la Condeg.

Tikindustrias se inscribió en el Registro Mercantil en 2004, y un año después se instaló en el municipio de Sayaxché, al norte de la Reserva Biológica San Román, y al sur de los sitios arqueológicos Dos Pilas y Aguateca, en la antigua finca El Arenal. Tikindustrias, según una investigación de ActionAid, es de los mismos dueños del Ingenio El Pilar, la familia Weissenberg (Campollo y Ossaye).

Las visitas al resto de empresas palmeras fueron frustradas. Ninguna de las tres restantes permitió que la comitiva ingresara, como consta en esta acta de la IGT para la empresa Palmas del Ixcán.

(…)

La demanda que hizo todo visible

Las denuncias por abusos laborales y los paros de carreteras, trascendieron las fronteras nacionales. En noviembre de 2014, Estados Unidos decidió terminar con la espera que tenía para demandar al Estado de Guatemala. Con poco eco en la prensa local, Washington señaló al Estado de Guatemala de violar el artículo 16.1.2 del Tratado de Libre Comercio de la región (Cafta-DR, por sus siglas en inglés).

Guatemala es acusada de no tomar medidas para hacer valer el Código de Trabajo de manera recurrente y sostenida a lo largo del tiempo, afectando de esta forma el comercio entre las partes: los empresarios guatemaltecos señalados estarían compitiendo de manera desleal, ya que ahorrarían costos al no cumplir la legislación laboral. Y el Estado sería responsable de esto. Si se perdiera el caso, Guatemala tendría que utilizar Q120 millones para solucionar sus problemas de fortaleza institucional de cumplimiento de legislación laboral. Cuatro de las principales palmeras (Naisa, Repsa, Palmas del Ixcán y Tikindustrias) están en el listado de empresas que no cumplen derechos laborales.

La estrategia de Guatemala ha sido es atacar cuestiones formales para que el fondo (en este caso las violaciones a los derechos laborales) no sea abordado. El argumento se centra en la manera de interpretar el artículo 16.1.2, en el poco tiempo para presentar los escritos, en la forma que se presentan las pruebas, en el carácter anónimo de los relatos de testigos, en que el resto de pruebas documentales son ilegibles, o que ciertas instituciones no pueden ser parte del debate. Pocas veces se debate sobre el problema principal, la violación al Código de Trabajo y la escasa regulación del Estado. Y cuando éste finalmente se plantea, se dice que las cuatro empresas señaladas -las cuatro más grandes del país- no son representativas de todo el sector palmero.

En octubre de 2014, como respuesta al pacto firmado por el gobierno y las empresas palmeras, comunidades, trabajadores y organizaciones sociales presentaron otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo en contra las mismas cuatro empresas señaladas en el informe de Estados Unidos. Y las demandas son las mismas que se escuchan desde 2012: bajos salarios, falta de contratos, negación a acceso al Seguro Social, exposición a químicos tóxicos, despidos injustificados, y otros.

Firmando de recibido están todas las empresas señaladas, también el IGSS, el Ministerio de Trabajo, el Procurador de Derechos Humos, y la gobernadora de Petén. Cardona, de Palmas del Ixcán, dice que sólo es una denuncia, no una demanda. Y que está basada en generalizaciones, que todo es mentira.

Nueve meses después, según los comunitarios y la PDH, la denuncia no ha tenido ningún seguimiento.

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Plaguicida de Monsanto, en lista de cancerígenos; al Gobierno no le importa: ONG’s

Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx

El glifosato es el herbicida de uso más generalizado en el mundo y este mes la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) entregará un reporte que lo califica como “probable cancerígeno en humanos”. Mientras que otros países, como Francia, pretenden poner un alto a esta patente de la transnacional Monsanto, en México, su uso está permitido.

De acuerdo con Sandra Laso Jácome, vocera de la campaña de transparencia “Comida Sana, Tierra Sana” de Greenpeace, apuntó que en México hace falta una regulación por parte de las autoridades sobre el uso de agrotóxicos.

“Si consideramos que el catálogo de plaguicidas no ha sido actualizado en los últimos 10 años, y que ha salido a lo largo de este periodo sobre la toxicidad, que algunas de estas sustancias como recientemente fue el glifosato, fueron catalogadas como probables cancerígenas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.

El 22 de marzo la IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), adelantó, antes de publicar una monografía sobre el glifosato este mes, que nuevas sustancias químicas utilizadas para la agricultura entraron en la lista de “probablemente cancerígena para humanos”, entre ellas los insecticidas malatión y diazinón; y el popular herbicida glifosato, comercializado como Roundup y conocido en México como Aquamaster.

Las razones de la IARC para sustentar la nueva categoría de este herbicida estuvieron basadas en la evidencia “de estudios de exposiciones [de humanos a la sustancia], principalmente agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde el 2001”, citó la agencia de investigación en un comunicado.

Asimismo, la IARC se basó en investigaciones sobre tumores en ratones. De acuerdo con la IARC, la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) clasificó en un inicio al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en 1985, pero se desdijo seis años después.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

“Colombia, Ecuador y Perú, están tomando decisiones para prohibir el glifosato, que es altamente utilizado en el combate de la Coca, presionados por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de maíz, durante una conferencia en defensa de ese cereal esta semana.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia resolvió, en mayo, reducir a la mitad el uso de glifosato para atacar las plantaciones ilegales de coca, la cual sirve para obtener el estupefaciente cocaína. Por lo que Suárez Carrera pidió al Gobierno mexicano hacer un posicionamiento claro en contra del plaguicida.

Más recientemente, en Francia, la Ministra de Ecología Segolene Royal anunció la prohibición de la venta libre del Roundup, del cual su principal componente es el glifosato.

La Ministra habló en televisión nacional sobre “encabezar una ofensiva”contra los pesticidas tóxicos y pidió “a las tiendas de jardinería que retiren de la venta” los productos con dicho componente.

En contraste la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, no ha establecido un pronunciamiento luego de los hallazgos de la IARC.

GLIFOSATO Y AUTISMO

Antonio Turrent Fernández es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y tiene una larga trayectoria en la investigación de temas agrícolas. Turrent recalca que además de cáncer, a la patente de glifosato de Monsanto se la han acuñado otros males como el autismo y el daño a la microbiota intestinal.

“En Estados Unidos desde 1990 para acá se ha vuelto transgénico en todo, pero en los ochentas antes de la era transgénica, ya había, la frecuencia de niños con autismo, era de uno por cada 2 mil 500 niños, pero todo esto empezó a crecer, y en la actualidad es uno de cada 68 nacimientos”, dijo Turrent a SinEmbargo.

El autismo es un problema complejo y multicausal. Sin embargo, en el 2012 la investigadora Stephanie Seneff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), hizo una correlación entre el glifosato y dicho trastorno.

“Ella dice que el glifosato, es una antibiótico. Cuando se le da a las plantas inhibe uno de los ciclos, que produce tres aminoácidos esenciales para la planta pero también para nosotros”.

Seneff señaló la correlación entre el incremento de los plaguicidas en el cultivo agrícola con glifosato y los altos índices de autismo.

De acuerdo con la investigadora, el principal problema de las regulaciones de los Estados Unidos es que son ciegos frente a que el glifosato incrementa la toxicidad de otros químicos como el aluminio y la glutamina. Esto hace que se eliminen las bacterias buenas para el organismo, relacionadas con la digestión y la microbiota intestinal.

“Si yo ingiero glifosato se va a mi flora intestinal y mata mis bacterias que son susceptibles, y las que son tolerantes se quedan, pero, ya no son las que yo necesito para funcionar”, aseveró el doctor Turrent.

¿Qué tiene que ver el boicot a Nutella y el ecocidio de Petén?

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

Campeche: Apicultures presentan amparo contra los transgénicos

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepapara proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron  una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche. 

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y  con aval de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche.  La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible  contaminación ocurriera, aplicando a los responsables  las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).

Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos