El Negocio del Hambre y la Soberanía Alimentaria

El Negocio del Hambre y la Soberanía Alimentaria

Por Lilliam Eugenia Gómez Álvarez Ph.D. y Alejandro Henao Salazar
ecoportal.net

soberanía alimentariaLa especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la aumento de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. Esta rentabilidad resulta proporcionalmente opuesta a los intereses de la casi totalidad de la población mundial. Susan George, en su libro “Cómo muere la otra mitad del mundo” afirma que el problema más grave del hambre, es el control ejercido por aquellos que poseen el poder económico de los alimentos.

…Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. – Eduardo Galeano

Un pequeño homenaje a un visionario

Vincent Labeyrie (1924-2008), investigador y humanista francés quien marco en la Europa de la segunda mitad del siglo XX uno de los hitos más importantes, al darle a la ecología, un enfoque político. Ya para 1975 como visionario, previo los problemas que el desarrollo de los agrocombustibles acarrearían y en una de sus conferencias denunciaba: «No podemos dejar que los estómagos famélicos de los niños del tercer mundo, pasasen luego de los motores de los automóviles de los países desarrollados». Luego afirmaba que: “de las catástrofes del cambio climático, no se podía culpar a la ciencia de ella, ya que el análisis era necesario hacerlo siempre desde lo político, es decir desde el sistema económico e ideológico dominante, comparándolo con el único verdaderamente existente sobre el planeta La Tierra, ese de la Economía de la Naturaleza”. En ello no se equivoco el maestro y hoy la realidad de los hechos le da la razón.

Con la comida no se juega, la historia detrás de la crisis

La especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la aumento de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. «No hay prácticamente otro producto en el que invertir en estos momentos cuya demanda real sea tan clara, es decir, que tenga tan buenos fundamentales» (Carreño, 2011).

Esta rentabilidad resulta proporcionalmente opuesta a los intereses de la casi totalidad de la población mundial. Hoy día, nos enfrentamos a una Crisis Alimentaria Mundial cuyas razones son más complejas que un problema de producción o de sobrepoblación.

Para develar un poco estas razones debemos contar la historia detrás de esta crisis.

Comenzaremos dando una lectura desde la Bolsa de valores de New York, más conocida como “Wall Street”. Durante los años 2001 y 2002, después de la explosión de la burbuja financiera en el sector de las telecomunicaciones, los capitales se dirigieron hacia los mercados inmobiliarios, que como “daño colateral” dejó sin techo a millones de familias en los EEUU, que hoy deambulan sin vivienda por las calles con el lema: “homeless revolution” A continuación, cuando la burbuja de los mercados inmobiliarios explotó, estos se desplazaron nuevamente, esta vez hacia los mercados de materias primas, esencialmente el petróleo y los productos de la agricultura provocando así una demanda artificial y una violenta subida de los precios de los alimentos. Mientras que en 2003 se invirtieron 13 mil millones de dólares en materias primas en la bolsa de los Estados Unidos, en 2008 esta cantidad llegó a los 260 mil millones.

Los actores

Los causantes de esta especulación tienen nombre propio, los Fondos de Alto Riesgo, los Grandes Bancos de Inversión y los Fondos de Pensiones estudian variables como el clima, la demanda y las cosechas y en base a ello deciden que producto es susceptible de escasear y por ende subir su precio y es allí donde apuestan por un precio y adquieren opciones de compra «futuros» varios meses antes de la producción ver la luz. Con esto causan que el mercado vaya a la alza al comprar en una sola transacción miles de toneladas de un producto disparando así su precio; y es allí donde ejecutan sus opciones de compra al precio establecido meses atrás que es lógicamente mucho menor al precio actual, finalmente venden al precio del mercado, precio que es superior al que pagaron por las opciones de compra, quedándose obviamente con la diferencia. Es decir, que compran las cosechas de los próximos meses, no para adquirir productos agrícolas, sino para ganar dinero en la reventa posterior, y así obtener una mayor ganancia. El capital de la plusvalía ficticia cobra identidad, se establecen ganancias con los productos del suelo que aun no se han sembrado, pero que ya están vendidos; es el neoliberalismo en acción y ganando por adelantado.

Un solo fondo de inversión compró el 7% de la producción mundial en un día Un sólo ‘hedge fund’ tiene agarrado por el cuello desde hace meses a todos los productores de chocolate del mundo. El fondo Armajaro, pilotado por un conocido ejecutivo británico, Anthony Ward, apodado como ‘Chocfinger’ (dedo de chocolate), compró el pasado julio hasta 240.000 toneladas de cacao, el equivalente al 7% de la producción mundial, en una sola operación. La compra, que se hizo en el mercado Euronext, donde no hay límites sobre este tipo de materia, disparó el precio del cacao hasta sus máximos desde 1977. Las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a este periódico, en los almacenes de Hamburgo, Amberes y Ámsterdam. Ward ha apostado por el cacao, ya que uno de sus principales productores, Costa de Marfil, está virtualmente en guerra civil, con lo que escaseará el producto en breve. Según el diario británico ‘The Daily Telegraph’, George Soros invierte en este fondo de inversión.

Las consecuencias

Las consecuencias de estas apuestas muy del estilo de un casino podemos verlas en el incremento del precio de los alimentos que subieron un 83% entre 2005 y 2008 según el Banco Mundial, Igualmente la FAO maneja cifras de aumento del 45% para sólo nueve meses del 2008. Finalmente Un índice similar maneja la influyente revista The Economist’s.

Tres años después de la crisis financiera y de los alimentos de 2008, los precios de estos últimos están de nuevo aumentando vertiginosamente en los mercados internacionales (Grafico 1).

Los precios locales del maíz subieron abruptamente en varios países durante los últimos tres meses: México 37%, Brasil 15% y Argentina 14%. Esta misma tendencia se observa en otros productos agrícolas como el trigo, el cacao y el azúcar blanco.

La sobreproducción

En respuesta a esta alza de precios, la producción mundial de cereales alcanzó en 2008 un máximo histórico de 2.286 millones de toneladas producidas, lo suficiente para satisfacer las necesidades anuales previstas y para permitir una modesta reposición de las existencias mundiales. Esta tendencia de alta producción se mantiene hasta el día de hoy (ver Tabla1).

Bajo esta lógica productiva queda una inquietud grande sobre los problemas de hambre en el mundo, ya que la producción no parece ser el limitante sino la distribución inequitativa de esta producción. Si hacemos un pequeño ejercicio matemático encontramos que en el año 2008 el mundo produjo 2285 millones de toneladas de cereales que si dividiéramos de manera igualitaria a los cerca de 7000 millones de habitantes del planeta obtendríamos que cada ser humano contaría a su disposición con 326 kilogramos al año; lo que representa unos 0,846 kilogramos por persona al día. Develándose así, que el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción sino de distribución. Según afirmaciones de Jossette Sheeran, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dice que hoy día “Estamos viendo más gente con hambre que antes. Hay comida en los estantes pero la gente no tiene con qué pagar”.

La FAO calculó que la agricultura en los países en desarrollo necesita una inversión anual de 30.000 millones de dólares para ayudar a los agricultores. Tal nivel de inversión es necesario para alcanzar la meta de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, para reducir el número de hambrientos a la mitad para el 2015. La cantidad es baja si se compara con los 365.000 millones dólares gastados en 2007 en apoyo de la agricultura en los países ricos, los 1,340 billones dólares gastados cada año en el mundo en armamentos y los 17,000 billones de dólares movilizados en poco tiempo en 2008– 2009 para apuntalar el sector financiero.

La Mujer y El Hambre, desmantelando la Soberanía Alimentaria

No hay suficientes recursos –se nos ha dicho– para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. Qué pasa si dividimos esos 17 trillones de dólares por los 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estima con los cuales se superaría el hambre en el mundo, Si se hace esa simple división, el resultado que se obtendrá será 566,7 años de un mundo sin hambre…. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenia? ¿Si siempre nos han dicho que no alcanza? Y de repente casi de la noche a la mañana hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Y esto, evidentemente es la decepción más profunda que uno puede tener con quienes tienen influencias de dirigir el mundo en el cual estamos… simplemente repugna (Maxneef, 2009).

Las cifras del Hambre

A nivel mundial, el 75% de los pobres vive en zonas rurales y la mayor parte depende de los cultivos para su subsistencia (FAO, 2011). Actualmente con un incremento estimado de 105 millones de hambrientos en 2009, hay ahora 1020 millones de malnutridos en el mundo, lo que significa que casi una sexta parte de la humanidad padece hambre. El tercer mundo nos muestra que el número de hambrientos —quienes consumen menos de 1.800 calorías diarias— es de 642 millones en Asia y el Pacífico y 265 millones en el África subsahariana. En América Latina y el Caribe se registraron 53 millones de personas con hambre, un aumento del 12,8% con respecto al año 2010.

La Mujer y El Hambre

La crisis alimentaria tiene un rostro especialmente femenino: siete de cada diez de las personas con hambre son mujeres y niñas. Esto representa según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM), el 70% de los hambrientos del mundo. De Hecho, dos de cada tres mujeres en el mundo podrían estar en riesgo de sufrir hambre. Y como si esta cifra ya de por sí, no fuera absurda, las mujeres constituyen actualmente el 60% del total de los 550 millones de trabajadores y trabajadoras pobres del mundo; además de representar la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial y del sector informal. Finalmente si comparamos las cifras anteriores con el hecho que las mujeres aportan el 70% de la producción alimenticia mundial, vemos que las campesinas sólo poseen el 1% de la propiedad y tenencia de las tierras del mundo.

Causas y consecuencias de jugar con la comida

La causa del alza en el precio de los alimentos se debe a una combinación de cinco factores:

1. El precio alto del petróleo
2. La expansión de los agrocombustibles
3. La producción de carne de animales a partir de granos
4. Cosechas fallidas debido al mal clima
5. La especulación en los precios de los alimentos

Los precios agrarios en los mercados internacionales pueden volver a bajar brutalmente en cualquier momento, ya que, como se ha visto, están esencialmente ligados a los mecanismos bursátiles y a la especulación. La burbuja especulativa en los mercados agrarios puede explotar en cualquier momento. Tanto las subidas como las bajadas brutales de los precios agrarios tienen dramáticas consecuencias para los campesinos y para los consumidores.

Sin ser demagogos queda claro que existe suficiente alimento para dar de comer a toda la población mundial y todas las pretendidas soluciones basadas en el aumento de los rendimientos de la producción agrícola mediante el mayor uso de abonos o de transgénicos para «dar de comer a la población» no son más que engañosas excusas para promover un modelo productivo que incremente el poder de las industrias agroquímicas.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a estas situaciones. Resumiendo la Crisis: Susan George, en su libro “Cómo muere la otra mitad del mundo” afirma que el problema más grave del hambre, es el control ejercido por aquellos que poseen el poder económico de los alimentos.

La miopía del Sistema de producción impuesto en el mundo actual no le interesa comprender los beneficios económicos de la erradicación del hambre. Si dicha situación se juzga desde el punto de vista moral ello parecería criminal, pero desde un punto de vista económico, muestra que la producción alimentaria de los países desarrollados está ligada solamente a una demanda solvente y no a las necesidades de los seres humanos.

Desmantelamiento de la Soberanía Alimentaria

En esta súbita subida de los precios agrarios en los mercados mundiales, Colombia y muchos países se encontraron desabastecidos, ya que para alimentar a sus poblaciones habían abandonado su producción nacional y aumentado su dependencia de importaciones agrarias durante los años 80 y 90. Durante los dos últimos decenios, El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego la Organización Mundial del Comercio (OMC), han obligado poco a poco a todos los países a desmantelar todas las herramientas de política pública que permitían mantener una producción alimentaria capaz de cubrir las necesidades de las poblaciones. Los países se han visto empujados a producir para la exportación y a abandonar la producción alimentaria local.
(…)

Soberanía Alimentaria: Un mundo Mejor sí es Posible

El alimento es un DERECHO, no sólo una mercancía. Lo afirman así:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
• El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
• La Conferencia Mundial de la Alimentación, 1974.
• El Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria, 1945.
• La Conferencia Internacional sobre Nutrición, 1992.
• La Declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, 1996.

La comida no es global, la comida es local. Vinculada a unas ciertas semillas, a un modelo de producción y a una cultura. La identidad de un pueblo es su comida y la gestión de sus tierras.

Basados en esta premisa, encontramos que la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Se trata del derecho de los pueblos a decidir el propio sistema de alimentación y producción. Esto coloca a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. El concepto de Soberanía Alimentaria fue la definición lanzada por Vía Campesina en la reunión alterna al momento en que se daba la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en Roma en la FAO, en este Foro Mundial paralelo se acuña un concepto que involucra el concepto de Soberanía. Es bueno recordar que en la Cumbre Mundial de la Alimentación se hablaba de Seguridad Alimentaria, que es la que existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y para llevar una vida activa.

Por el contrario la Soberanía Alimentaria se define como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a sus objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en mercados internacionales y contra las prácticas del “dumping” (venta por debajo de los costos de producción).

En la definición de seguridad alimentaria no se mencionan las responsabilidades de los actores y se centran en la disponibilidad de los alimentos y el acceso a los mismos, ya sea por la producción y la compra en el mercado. Es una definición que enfatiza lo técnico (Revolución Verde), la relación de los factores sin un contexto en particular, dejando su interpretación a cada país.

La Soberanía Alimentaria ubica al Estado como responsable y destaca el rol de las políticas públicas para el logro de la seguridad alimentaria. Introduce el concepto de desarrollo sostenible incluyendo los conceptos básicos de seguridad en cuestión. Por último la FAO en la cumbre de 1996 en su concepción de seguridad alimentaria no hace propuestas de políticas específicas que tengan que ver con el logro de ella. Enfatiza que hay grupos vulnerables en cada país y reconoce a las mujeres en el centro de la seguridad alimentaria; especialmente como protectora y responsable de la alimentación familiar.

Mientras que la Soberanía Alimentaria establece relaciones con temas como la reforma agraria, el control del territorio, los mercados locales, la biodiversidad, la autonomía, la cooperación, la deuda, la salud y otros relacionados con la capacidad de producir alimentos localmente. En ese sentido, es una definición más amplia y sin la miopía de Sistema Económico Capitalista, es una mirada desde la Economía de la Naturaleza y como esta forma parte de la sostenibilidad de

Sistema.

Punto de Quiebre

Vivimos un momento sin precedentes en la historia de la humanidad, con una emergencia conjugada en tres crisis: La crisis Energética, La crisis Alimentaria y la crisis Climática. Ahora, el modelo productivo agroecológico, diversificado y ahorrador de insumos, se coloca claramente en oposición al modelo dominante, controlado por el agro negocio en el que se utilizan fuertemente las energías fósiles. Conceptualmente la Agroecología no es nada más que la agronomía de los años 40/50 del siglo pasado, con la incorporación de los extraordinarios avances científicos y sociales de los últimos 60 años. La agronomía convencional hoy enseñada en las escuelas, salvo honrosas excepciones, abandono las técnicas de respeto a la naturaleza y a partir de la revolución verde paso a ser en la práctica, un brazo de las industrias de agrotóxicos, fertilizantes de síntesis química y de otros insumos y maquinas sin ninguna preocupación social o ambiental.

La Agroecología hoy en día se ha transformado en la estrategia clave de la producción campesina latinoamericana. Existen en el mundo más de 30 millones de hectáreas manejadas con sistemas agroecológicos y los resultados son espectaculares. Por ejemplo, en zonas marginales con suelos y climas malos, y donde más se concentra la pobreza rural, se ha logrado incrementar producción de cultivos alimenticios en más de 100%. ¿Queremos seguir con una agricultura que es dependiente y orientada a la agroexportación? ¿O el pueblo quiere una agricultura más familiar, biodiversa, que produce para los mercados locales alimentos sanos y baratos? ¿No sería mejor una agricultura de pequeña y mediana escala, soberanamente independiente de multinacionales y de insumos químicos/transgénicos caros y ambientalmente peligrosos?

Semillas robadas

¿Una bóveda de semillas en el Ártico? La Bóveda Global de Semillas de Svalbard tiene capacidad para almacenar 4,5 millones de muestras de diferentes semillas, cada muestra contiene en promedio 500 semillas. Guardan más de 7000 especies de plantas que históricamente han sido usadas en la dieta humana. Los patrocinadores de esta iniciativa son el Gobierno Noruego y The Global Crop Diversity Trust (conformada por Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Monsanto y Syngenta). Bajo esta iniciativa en apariencia altruista se encuentra en juego la soberanía alimentaria y cultural de la humanidad, ya que la posibilidad de que estas semillas sean clonadas, genéticamente modificadas y patentadas, llevan a la apropiación de los patrocinadores de dicha bóveda de los futuros alimentos del mundo. Ante semejante amenaza la única alternativa viable es que los campesinos del mundo coleccionen sus propias semillas y constituyan bancos de vida, como parte de la soberanía alimentaria de sus pueblos.

Los problemas de las familias campesinas no quedaran resueltos por ningún organismo internacional, de las grandes reuniones y convenios sólo queda las fotos de los gobernantes asistentes, pero los problemas de las familias campesinas quedan sin resolver, es a nuestros propios campesinos los que finalmente acuerdan los mecanismos organizativos para tratar de resolver sus propias problemáticas.

VER COMPLETA, CON GRÁFICOS:

Conagua somete a instancias del gobierno federal para violar derechos del pueblo de Temacapulín, Jalisco

Guadalajara, Jalisco., a 9 de agosto de 2011.

BOLETÍN DE PRENSA

Conagua somete a instancias del gobierno federal para violar derechos del pueblo de Temacapulín, Jalisco

conagua·CONAGUA somete a otras instancias del gobierno federal para continuar violando los Derechos Humanos de los habitantes de Temacapulín ante la presa El Zapotillo, actuando en la ilegalidad y perpetuando violaciones severas en el ámbito ambiental, alimentario, salud y cultural.

Como prueba de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad con que la Comisión Nacional del Agua continúa edificando la presa El Zapotillo, es que ha emprendido a través de la CEA una guerra mediática a través de spots en radio comercial y desplegados en periódicos de Jalisco, con la cual pretende convencer engañosamente a la opinión pública que radica en la Zona Metropolitana de Guadalajara de las “bondades” de la obra.

Precisamente José Luis Luege Tamargo titular de la CONAGUA cuando fue llamado a comparecer el mes pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, volvió a falsear declaraciones e información, ya que continúa sin tener el cambio de uso de suelo por parte del único que puede aprobarlo, el Cabildo del Municipio de Cañadas de Obregón. Sin embargo presentó un documento firmado por la SEDESOL, que se trata de un acta de inspección de campo efectuada el 05 de noviembre de 2010 por esta dependencia federal, como si fuera el indicado, confirmando ante los diputados de varias fracciones ahí reunidos, que no escatima en mentirle a la opinión pública, a los directamente afectados por la obra y a los medios de comunicación. Hoy la construcción de la presa continúa ejecutándose en total ilegalidad porque no tiene el permiso para levantar una cortina de 105 ms, por tanto, Luege Tamargo, Raúl A. Iglesias Benítez, César Coll Carabias y Emilio González Márquez mienten.

La Comisión Nacional del Agua, en contubernio con el gobierno del Estado de Jalisco y Guanajuato, edifica una represa en absoluto marco de ilegalidad sin una sola consecuencia y haciendo movimientos políticos que rompen con el supuesto Estado de Derecho que guarda el país: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aceptó someter sus preceptos básicos y pasar por encima de la Ley Federal de Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos. El resolutivo que presentó la Coordinación Nacional de Monumentos cuya oficina se encuentra en la Ciudad de México, como consecuencia de la presión ejercida por la CONAGUA al impugnar el peritaje publicado el 14 de abril, donde se especifica que el mayor porcentaje de los monumentos históricos de Temacapulín deben conservarse en su lugar y sitio de origen, afirma completamente lo contrario autorizando la remoción de los monumentos incluso extralimitándose en sus atribuciones legales al firmar que es viable la construcción de la presa El Zapotillo y concluir que: “a pesar de reconocer que el conjunto urbano rural de la localidad Temacapulín, tiene atributos que le otorgan valores ambientales, estos quedan en amplia desventaja al evaluar el costo económico y social que representaría cancelar el proyecto hidráulico por preservar la integridad de dicho conjunto.”

Ya en otras ocasiones el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha afirmado con documentos en la mano, resoluciones judiciales, dictámenes y peritajes basados en estudios científicos, no con la postura política de académicos respetados en diversas materias, sino con resoluciones apegadas a reglamentos y metodologías de investigación válidas, oficiales que: El Zapotillo no tiene sustento técnico, sino que se apega estrictamente a razones políticas y económicas, que incluso, no resolverán la problemática de abastecimiento de agua ni para Jalisco ni para Guanajuato.

Ya Juan Marco Gutiérrez Subsecretario de la SEGOB, durante la Mesa Resolutiva celebrada el 1 de junio en Tepatitlán, ante la inminente pérdida de argumentos que las dependencias de gobierno tanto a nivel federal como estatal con la que no pueden defender un macroproyecto que a todas luces significa sólo beneficio para las empresas constructoras y los gobiernos en turno que facilitan las licitaciones, refrendó la amenaza e intimidación que caracteriza la actual estrategia de violencia de Estado por parte del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa de que la presa continuaría haciéndose pese a los argumentos expuestos. Por ello, SEGOB no ha retirado las denuncias penales interpuestas contra quienes participaron en la toma de la presa El Zapotillo, tanto en el ámbito federal y local, las cuales hasta la fecha se ha negado a cancelar y dejar sin efecto. Uno de los primeros compromisos iniciales frente al movimiento y condición mínima para ceder y retirarnos de la construcción fue precisamente esa. A la fecha, solo tenemos evasivas y salidas fáciles.

No solo el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo puede reconocer que hoy día sabe, está informado a conciencia y estima que las presas no son un alternativa, ni sinónimo de desarrollo para nuestros pueblos, ya otros pueblos, ciudades, académicos y especialistas en el tema están conscientes de ello: históricamente lo único que se deriva de una represa es desolación, desplazamiento, desempleo, migración y muerte para las personas que corren la mala suerte de ser perseguidos por el sistema político del Estado que a través de sus funcionarios en turno imponen negocios en nombre del desarrollo, sin justificación.

Por todo es que decimos NO a la presa El Zapotillo, no olvidemos el fracaso de la presa Arcediano, la inutilidad de la presa El Salto y las miles de muertes y enfermedades que ha causado la contaminación del Río Santiago, sitio donde se instaló la primera hidroeléctrica de México.

Temacapulín continúa en su posición y llama a la desobediencia civil pacífica.

¡Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos!
¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO!
¡NO AL HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN DEL GOBIERNO!
COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO

Para mayor información:
E-Mail: noalzapotillo@gmail.com
Facebook: Los ojos del mundo están puestos en Temaca
Twitter: @RevodelAgua

Pararon la construcción de una hidroeléctrica en Veracruz

Pararon la construcción de una hidroeléctrica en Veracruz

Proyecto Ambulante
represaLas comunidades que serían afectadas por un proyecto de represa hidroeléctrica en el río Alseseca, que nace en Tlaxcala y pasa por Puebla y Veracruz, y lograron parar la construcción de esa obra, negando a la empresa el permiso de pasar un tubo por sus tierras para desviar agua del Alseseca y juntarla con el río que baja por Jalacingo, en Veracruz, un triunfo debido a la información oportuna y a la decisión consensuada de los campesinos, platicó en entrevista Manuel Macotela, de la organización Centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl.

Asegura la página web “Conservación del Río Alseseca” (http://www.alseseca.com/conser_alseseca/conser.html):  “El Río Filobobos y el Río Alseseca forman parte de una extensión de más de 10 mil hectáreas de terreno que en el año de 1992 fue decretado como Reserva Natural Protegida por el Gobierno del Estado de Veracruz. Dentro de la zona decretada como reserva natural se encuentran 5 sitios arqueológicos de los cuales, dos de los cuales, El Cuajilote y Vega de la Peña, son visitados por turistas y paseantes año con año.  Estas zonas arqueológicas fueron establecidas por habitantes de la Cultura Totonaca en tiempos prehispánicos.” El río es preferido también para el deporte del rafting.

Ese río, el Alseseca, es el que están defendiendo las comunidades. De cómo lograron evitar el paso de tubos para la construcción de una represa hidroeléctrica, explicó el entrevistado:

–  Lo más importante, en lo que logramos, es que se hizo a tiempo. Porque tuvimos las suerte de enterarnos de lo que iban a hacer con suficiente tiempo y pudimos encontrar gente que tenía la información sobre cuáles iban a ser los impactos y los problemas que iban a causar. De esa forma, pudimos tomar acciones. La comunidad, al saber cuáles iban a ser los problemas que se iban a generar, pues se inconformó y se puso en desacuerdo desde el principio. Simplemente dijo: – Por aquí no pasan, porque no quiero que me destruyan.

– ¿Cómo se involucraron ustedes en la defensa del río?

alseseca– Trabajamos con proyectos de desarrollo en la comunidad. Impulsamos procesos de desarrollo integral sustentable. El comisariado ejidal nos comentó: – Ustedes cómo ven, me vinieron a ver y a decir que les diera permiso para pasar unos tubos. Y dijo: – Quedaron de venir la próxima semana para que ya les dé el documento firmado. Eso nos puso en alarma. – ¿Van a pasar unos tubos, para qué? –Es que van a llevarse agua de este río para el otro río. – A ver, espérense, ¿cuál es el problema o cómo está? Empezamos a buscar información y fue como nos enteramos de lo que pensaban hacer. Básicamente, esa fue la clave…

– ¿Qué descubrieron que harían con esos tubos?

– Iban a desviar el 95%, o el 90%, del río Alseseca, y se lo iban a llevar a juntarlo con el río que baja en Jalacingo, para poner una hidroeléctrica más abajo. Desde el principio nos alarmó, porque al quitarle el agua al río, pues el río se muere, qué otra alternativa o consecuencia puede ser.

– ¿Qué comunidad se inconformó?

Alseseca el Grande (municipio de Atzalan, Ver.), básicamente, fue la comunidad que se inconformó. Y, a partir de que empezamos a buscar la información, nos encontramos con la lucha de los compañeros de Papa y, pues, tristemente, de otras comunidades más abajo, como Nicolás Bravo, que ellos, pues, dieron permiso y ya estaban haciendo las obras ahí. Cuando nos enteramos y nos dimos cuenta, ya estaba muy avanzado en Nicolás Bravo, que es ya Jalacingo.

También hay otras comunidades, como Jicotes, que se van a ver afectadas, pues están tratando de pedirles permiso para pasar los tubos, pero gracias a la información que se ha estado difundiendo sobre esto, ya tuvieron elementos para inconformarse.

– ¿Cómo detuvo la obra la comunidad de Alseseca el Grande?

Simplemente se negó la autorización. No hay permiso de la comunidad para pasar la tubería. Y lo que pensamos es que quizás busquen una alternativa para pasarlo por otro lado, y otras estrategias, pero la comunidad está unida en ese sentido, ya hay un consenso y no se va a autorizar.

– ¿Les prometieron empleos y mejoras materiales, como usualmente hacen las empresas?

– Lo mismo prometieron aquí. Se lo dijeron al comisariado ejidal, pero él, hace tres años o dos años y medio, tuvo el tino de preguntarnos. No se aventó solito a decir: – Sí, lo hacemos, sino que todavía existe en esa comunidad un liderazgo fuerte y auténtico, y gracias a eso las cosas se dieron así.

– Y ustedes siguen apoyando a otras comunidades en riesgo…

– Estamos preocupados, porque el problema no es nada más que nos desvíen nuestro río, digamos, en donde estamos, sino que la afectación en cualquier río tiene repercusiones iguales. Cambia el punto, pero la afectación es la misma. Estamos colaborando con compañeros de Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan. Formamos una alianza, y estamos trabajando en las defensa de los ríos: La Alianza de Pueblos, Comunidades y Usuarios de Agua para la Defensa del Río Bobos y sus Cuencas.

– Comentabas que han usado las costumbres de las comunidades para comunicarse con ellas…

– En Tlapacoyan tienen una estrategia muy buena para comunicar el mensaje, que incorpora las tradiciones y ceremonias que tienen mucho impacto en la forma de ser de la gente.

– Como Centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl, ¿cuál es su trabajo?

– Impulsamos procesos de desarrollo integran sustentable. Hacemos diseño y transferencias de tecnologías ecosustentables. Desarrollamos la estufa Tonacalli, que es una estufa de leña, evolución de la estufa Lorena.

Ahorra entre un 50 y un 75% de la leña que usa la estufa, el bracero tradicional, por así decirlo, pero además le permite a la familia sacar el humo de la vivienda. En el humo se han encontrado hasta 14 sustancias que producen cáncer. Estamos preocupados también por esa situación y apoyamos a las familias a implementar este tipo de estufas en sus viviendas, para mejorar su salud. Por otro lado, la estufa Tonacalli tiene un recuperador térmico, una especie de boiler, que le permite capturar entre un 15 y un 25% del calor que ya se fue. Con eso calientan 40 litros de agua y con esa agua caliente la familia puede precocer sus alimentos, hervir el agua para tomar o bañarse con mayor comodidad.

– ¿Por qué se preocupan por defender los ríos y la naturaleza?

– Las cuestiones de protección del ambiente no son una cuestión de preferencias, son una exigencia del ambiente. Porque si lo modificamos a tal grado de que no podamos vivir, pues estamos poniéndonos una soga al cuello… y jalándola.

Esa es la historia de una comunidad que impidió la construcción de una hidroeléctrica, en un estado, el veracruzano, para el cual hay 112 proyectos (más del 29% de las 506 proyectadas para el país) de represas hidroeléctricas, desde las que ya han avanzado en su construcción, como en Zongolica, las que iniciaron desmontes y estudios exploratorios como en El Naranjal, y otras con diversos grados de avance en su construcción en el río Filobobos, más las seis o siete que están en espera del levantamiento de la veda en el río Los Pescados, en la cuenca de La Antigua.

Los porqués del hambre

Los porqués del hambre

Esther Vivas | El País, 30/07/2011

hambreVivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en el mundo pasa hambre?

La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas en el Cuerno de África ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de una catástrofe que no tiene nada de natural. Sequías, inundaciones, conflictos bélicos… contribuyen a agudizar una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, pero no son los únicos factores que la explican.
(…)
El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.

Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que países como Estados Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave para entender quién y para qué se produce.

industriaEn muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos…) ha provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Así, mientras el Programa Mundial de Alimentos intenta dar de comer a millones de refugiados en Sudán, se da la paradoja de que Gobiernos extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea…) les compran tierras para producir y exportar alimentos para sus poblaciones.

Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias parecidas se dieron no solo en países de África, sino también en América Latina y Asia.

cargillEl precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y venta de estas mercancías no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que, en palabras de Mike Masters, del hedge fund Masters Capital Management, un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo. Se compran y venden materias primas con el objetivo de especular y hacer negocio, repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime, son quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente rentables.

La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de África en particular son resultado de la globalización alimentaria al servicio de los intereses privados. La cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, la capacidad de los Estados del sur para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias.

Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de abundancia? La producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años sesenta, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado desde entonces. No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema de acceso. Como señalaba el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, en una entrevista a EL PAÍS: “El hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución”.

Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al ecosistema.

COMPLETA en:
http://esthervivas.wordpress.com/2011/07/30/los-porques-del-hambre/

México: Contra la explotación minera a tajo abierto

Contra la explotación minera a tajo abierto

Fuente: Dicidente Radio

mina cielo abiertoSkarlos, México DF. El 22 de julio se llevo a cabo una manifestación en el Ángel de la independencia con motivo del día mundial contra la Minería a cielo abierto, la cual fue convocada por el Frente Amplio Opositor a la Minería y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSAA.C.) buscando el alto a este tipo de explotación Minera que causa daños socio ambientales irreversibles.

Este tipo de explotación minera (a Cielo Abierto) es una actividad altamente destructora y contaminante, la cual provoca daños permanentes e irreversibles; destruye montañas, utiliza cianuro para la separación de los metales y gasta diariamente alrededor de 30 millones de litros de agua, este hecho hace que se sequen mantos freáticos o los contamina con metales pesados ocasionando enfermedades crónico degenerativas. Por si fuera poco este procedimiento deja desechos de material estéril los cuales se esparcen hectáreas a la redonda, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente.

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, les abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.

Un caso paradigmático que muestra las redes de corrupción internacional que existen en este país es lo sucedido en el Cerro de San Pedro, pues ya que a pesar de existir diversos procedimiento jurídicos en tribunales mexicanos que prohíben que siga trabajando la Minera San Xavier ésta se encuentra trabajando en completo desacato a las sentencias.

En México existen aproximadamente de 22 mil concesiones de exploración y más de 850 proyectos mineros de tajo a cielo abierto, lo que equivale al 20 % del territorio nacional, extendiéndose este nuevo boom del oro a todos los países del sur tanto América Latina, África y Asia.

Entrevista con Mario Ramos miembro fundador del Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier (FAO) que nos habla sobre la situación de la lucha contra la minera, ademas de las afectaciones socio ambientales que trae consigo la explotación a tajo abierto.
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Impresionante: Mineras Canadienses al Banquillo por abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente

Impresionante: Mineras Canadienses al Banquillo por abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Por ello mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en los tribunales de Canadá.

minaLas inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen «sospechas fundadas» de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.

Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.

El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.

Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.

El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.

A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aún siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.

En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.

Esta fue la primera demanda resentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.

El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.

Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.

Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.

Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que la Bolsa de Valores de Toronto o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.

Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.

El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.

Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.

En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.

La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.

En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.

Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que «es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto […] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por partede las víctimas.

La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.

En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13.6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.

Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas. Finalmente, al igual que con el sector privado, la naturaleza multinacional de las instituciones financieras internacionales no debiera obstaculizar el control de los tribunales de justicia.

Por Karyn Keenan, Iniciativa de Halifax (www.halifaxinitiative.org)
No a la mina
www.noalamina.org

Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

La Jornada Veracruz. Manuel Martínez Morales

veracruzLa imagen dice todo: una mujer pobre, con desnutrición evidente, recoge como puede un poco de la leche derramada por productores que protestan por los bajos precios provocados por la importación de leche en polvo. La foto se tomó en Colombia hace algunas semanas. En los ingenios veracruzanos, toneladas de azúcar se encuentran almacenadas sin encontrar mercado, pues la importación de azúcar –autorizada por el Ejecutivo federal, siempre obediente a intereses extranjeros– ha devastado la industria cañera nacional.

Desde hace meses, habitantes de Jalcomulco, de Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes y otras comunidades veracruzanas se han manifestado para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga la construcción de varias presas a lo largo de algunos ríos de la región, como el río de La Antigua y el río Blanco. Habitantes de Jalcomulco han indicado que aunque la CFE argumenta que las presas son para beneficiar a la población, saben que en realidad es para beneficiar con electricidad a varias empresas, entre ellas una cementera que se construye en la zona.

En los tres casos aludidos, comunidades pobres, trabajadores del campo y pequeños productores se ven afectados, y ven alterada su forma tradicional de vida, por el efecto devastador del “libre comercio” y el progreso ilimitado, destructivo. Pues la leche (en polvo) y el azúcar importados son más baratos, ya que son producidos con el uso intensivo de tecnología, mano de obra barata (trabajadores migrantes y maquiladores) y subsidios en los países de origen del producto; elementos no disponibles para los productores nacionales. En el caso de las presas sobre ríos veracruzanos, se trata de “traer el progreso” beneficiando a ciertas empresas –varias de ellas financiadas con capital extranjero– que se establecen en la zona, a costa de destruir el modo de vida y las fuentes de sustento de las comunidades aledañas: la agricultura, la pesca y el turismo.

Una especialista, Silvia Ribeiro, en su artículo “Mitos y engaños de las grandes represas”, afirma que las grandes presas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad –sostiene la investigadora– y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas, relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas.

En el caso de Veracruz, dejar que se construyan las presas implicará un deterioro ecológico a todo lo largo de los ríos, como en el caso de el río Los Pescados-La Antigua, porque en este último proyecto piensan dejar solamente 10 por ciento del caudal del río para aprovechamiento humano. Los pobladores de Jalcomulco insisten en que dejar solamente 10 por ciento del caudal del río es un atentado brutal contra la naturaleza ya que se acabaría toda la vida alrededor del río. Se acabaría toda la vida acuática. Además, se dejarían de producir toneladas de caña de azúcar, limón, papaya y muchos otros productos sin contar todas las especies de aves que son posibles gracias al río. Por si ello fuera poco, se exterminará una fuente muy importante de recursos, que es el turismo, que da empleo a cientos de personas en muchos de los poblados de la ribera del río.

Quienes hacen su vida a orillas del río Blanco se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, por considerarla tanto un ecocidio en por lo menos cinco municipios de la zona centro, como un proyecto que afectará la cuenca del río. Los campesinos se niegan a este proyecto –según han dicho– por la afectación ecológica; detallan que habrá tala inmoderada de árboles, el río Blanco será gravemente contaminado, además que pretenden cambiar su cauce; aunado a ello, el manantial El Sótano, también será gravemente contaminado, lo que es preocupante porque funge como la fuente de abastecimiento de agua para al menos 150 familias de Cuichapa.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales, como en los casos arriba señalados. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de las presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota, en el estado de Guerrero, están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para el MDL.

Se presenta de nuevo el dilema entre atender el bienestar humano y el equilibrio ambiental o aceptar el embate del progreso destructivo. La voracidad capitalista –origen del proyecto de construcción de las presas– sólo toma en cuenta la ganancia a como dé lugar, sin importar que sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de comunidades enteras. Ya ha sucedido en nuestro país en el pasado reciente. No debe permitirse más.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=110708_145048_748

EXIGIMOS RESPETO Y SEGURIDAD AL MAPDER NAYARIT

10 de julio de 2011, México.

EXIGIMOS RESPETO Y SEGURIDAD AL MAPDER NAYARIT

A Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México.
A Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador el Estado de Nayarit.
A Elías Ayub, Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Antonio Dehesa, residente «socio ambiental» en la Yesca y Las Cruces.
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nayarit.
A Amnistía Internacional
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH).

cfeIntegrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y de la Red Manglar Internacional, han recibido amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos en el estado Nayarit. Del mismo modo miembros del equipo Pro-Regiones que es un proyecto de investigación mancomunado del  Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Las amenazas de muerte se han dado en el contexto del trabajo de formación e información sobre las pretensiones del gobierno federal de construir el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, de las repercusiones sociales y ambientales del tal proyecto.

las crucesLos que firmamos esta carta, exigimos el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho, alto a las amenazas de muerte e intimidaciones así como las garantías de seguridad a los integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., y a los investigadores y miembros de la academia de las Universidades que conforman el equipo Pro-Regiones. También exigimos que se cumpla la normatividad internacional respecto a la construcción de este tipo de obras, cabal cumplimiento a las directrices de la Comisión Mundial de Represas (CMR), consulta previa libre e informada a las comunidades que se pretenden desalojar y afectar; la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente sustentables.

Atentamente, las 128 organizaciones y movimientos sociales de una veintena de países y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, que ponemos los ojos sobre Nayarit y las actuaciones de la CFE:

1) Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER)
2) Red Manglar México
3) Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos (REDLAR)
4) Red Manglar Internacional
5) Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)
6) Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
7) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
8) Jubileo Sur México
9) Mujeres y Punto A.C (DF)
10) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Jalisco)
11) Marea Creciente México.
12) Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México (Chiapas)
13) Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
14) Taller de Desarrollo Comunitario (Guerrero)
15) Bios Iguana A.C. (Colima)
16) Centro Mexicano de Justicia Ambiental (Guanajuato)
17) Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
18) Pro San Luis Ecológico A.C. (San Luis Potosí)
19) Unión de Grupos Ambientalistas, IAP
20) LAVIDA (Veracruz)
21) Cacto Azul A.C. (Sonora)
22) Tianguis Indígena Multicultural, A.C. (Oaxaca)
23) Guardianes de los Árboles,  A.C (Morelos)
24) Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)
25) Grupo Ecologista del Mayab A. C.  (Quintana Roo)
26) Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) (DF)
27) Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Guerrero)
28) Círculo Gema A. C.  (Quintana Roo)
29) Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua)
30) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
31) Mujer y Medio Ambiente (DF)
32) Unión Campesina Zapatista del Sur (UCAZ) (Jalisco)
33) MOCE YAX CUXTAL A.C. (Quintana Roo)
34) La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A.C., (Oaxaca)
35) Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) (DF)
36) Yaxché, Árbol de la Vida (México)
37) Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC)
38) Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
39) Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo (Jalisco)
40) Unión de Comunidades Costeras, Compostela (Nayarit)
41) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.  (CEMDA) (DF)
42) Red de Género y Economía (Redge)
43) Centro de Información de y para Trabajadores y Trabajadoras (CITTAC), (Tijuana, B.C.)
44) Colectivo Coa (Jalisco)
45) Frente Auténtico del Trabajo (FAT)
46) Radio Comunitaria Totlahtol, la palabra de todos y todas (Veracruz)
47) Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos (Oaxaca)
48) Ciudadanos Hartos (León)
49) Mujeres para el Diálogo, AC. (DF)
50) Sociedad Interdisciplinaria para la Educación, Mejoramiento del Bienestar Rural y Agroecología, A.C. (SIEMBRA) (Morelos)
51) Alianza para la protección y desarrollo de la costa de Chila (Nayarit)
52) Pastoral Social Diocesana de Nuevo Laredo (Tamaulipas)
53)  Centro Social Ymelda Tijerina, AC de Monterrey. (Nuevo León)
54)  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, A.C. (UCIZONI) (Oaxaca)
55)  Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Veracruz)
56)  Colectivo Juvenil de Comunicación del Consejo de Ejido y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CEOP) (Guerrero)
57)  Caracol Azul Radio
58)  Radio Zapote ENAH (D.F.)
59)  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero)
60)  Centro de Apoyo al Trabajador A.C.
61)  La Voladora Radio (EdoMex)
62)  Comité de Defensa de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, A.C. (DF)
63)  Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (Chiapas)
64)  Colectivo Hoja Verde  (D.F.)
65)  Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia
66)  Alianza Jaguar, A.C (Nayarit)
67)  Movimiento Ciudadano Ecologista de León (MOCE)
68)  Red Nacional de Mujeres Radialistas
69)  Medio Ambiente y Sociedad, A.C., (México)
70)  Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM) (Veracruz)
71)  Greenpeace (México)
72)  Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) (DF)
73)  Frente Democrático Campesino (FDC) (Chihuahua)
74)  Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño” (Veracruz)
75)  Alianza Cívica Coahuila
76)  Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME)
77)  Greenpeace (Voluntarios León)
78)  Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) (Tabasco)
79)  Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (Educa) (Oaxaca)
80)  Todos Jalisco
81)  Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)
82)  Restauración y Desarrollo  del ANP Cerro del Cubilete (León)
83)  Frente Amplio contra la Supervía poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente (DF)
84)  Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativa (Comcausa)
85)  DECA Equipo Pueblo (DF)
86)  Centro de Investigación Ambiental «Las Truchas» SC de RL de CV Lázaro Cárdenas (Michoacán)
87)  Guerreros Verdes (Guerrero)
88)  Bia’lii, Asesoría e Investigación (DF)
89)  Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (Chiapas)
90)  Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla)
91)  Colectiva Feminista Binacional (CFB), Frontera norte
92)  Sociedad Organizada en Lucha (SOL / MUP-CND)
93)  Alianza de la Costa Verde (Nayarit)
94)  Fundación Animare (León)
95)  KOMAN ILEL (Chiapas)
96)  Unión Popular Valle Gómez (UPVG) (DF)
97)  Alianza Cívica Querétaro (ACQ)
98)  FIAN-México
99)  Sindicato Independiente y Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura (SIDTPA)
100) Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC / antes Sindicato de Euskadi)
101) Grupo Tacuba (DF)
102) Taller Ecologista (Argentina)
103) REDES/Amigos de la Tierra Uruguay.
104) Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADESS) (El Salvador)
105) CENSAT/AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia
106) Movimiento Madre Tierra (Honduras)
107) Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) (Bolivia)
108) Southwest Workers Union (SWOU) (Estados Unidos)
109) Ceiba/Amigos de la Tierra Guatemala
110) Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
111) Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador
112) Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) (Cuba)
113) Grupo Amigos del Río Pacuare (Costa Rica)
114) Ecoportal.Net (Argentina)
115) Otros Mundos Colombia.
116) Agricultural Missions, Inc (AMI) (Estados Unidos)
117) Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas «Rios Vivos»
118) Coordinación Nacional para la Defensa de los Ecosistemas de Manglar (CONDEM) (Ecuador)
119) CoecoCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica
120) Consejos Indígena Nahuatl y Chorotegas de Nicaragua (MONEXICO)
121) Consejo Cívico de de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
122) Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (GALFISA) (Cuba)
123) International Rivers (Estados Unidos)
124) Amigos de la Tierra (Brasil)
125) Comité para la Defensa y Desarrollo de de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) (Honduras)
126) Global Greengrants Fund (Estados Unidos)
127) REDLAR Costa Rica.
128) Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) (Haití)

El escándalo de los agrocombustibles en los países del Sur. Los daños ecológicos y sociales

El escándalo de los agrocombustibles en los países del Sur. Los daños ecológicos y sociales

Por François Houtart
agrocombustiblesLa idea de extender el cultivo de los agrocombustibles en el mundo y particularmente en los países del Sur es desastrosa. Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética. En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía. En el corto plazo es más fácil utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir los agrocombustibles. Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la más requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.

Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora, lo que los economistas llaman, las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales.

Para contribuir a la solución de la crisis energética con un porcentaje de entre el 25 y el 30% de la demanda, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía, en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone de la superficie cultivable suficiente.

Se tendrá, igualmente, según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras a por lo menos 60 millones de campesinos. El precio de estas “externalidades” no pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso.

Los agrocombustibles son producidos bajo la forma de monocultivos, que destruyen la biodiversidad y contaminan los suelos y el agua.

Personalmente, he caminado kilómetros en las plantaciones del Chocó, en Colombia, y no he visto ni una ave, ni una mariposa, ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas. Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional. En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua. La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua. La contaminación de los suelos y del agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de “mar muerto” en las desembocaduras de los ríos (20 Km² en la desembocadura del Mississippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol). La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.

El impacto de los agrocombustibles sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado. No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008.

Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, el 85% del incremento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (lo que significa hambre), fue influenciado por el desarrollo de la agroenergía. Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, calificó los agrocombustibles de “crimen contra la humanidad”, y su sucesor, el belga Olivier De Schutter, ha pedido una moratoria de 5 años para su producción.

La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia. En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores de sus tierras. Miles de comunidades autóctonas, en América Latina, en África y en Asia, son desposeídas de su territorio ancestral. Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra. El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.

Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores es bien bajo y las condiciones de trabajo generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad. La salud de los trabajadores es también afectada gravemente.

Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América Latina, realizada paralelamente a la Cumbre europea-latinoamericana, en mayo del 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con malformación, debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.

Decir que los agrocombustibles son una solución para el clima, está igualmente a la moda. Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmosfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado. En ciertos casos, se convierte en negativo en relación a la energía fósil.

Si los agrocombustibles no son una solución para el clima, si solo lo son de una manera marginal, para mitigar la crisis energética, y si ellos acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medio ambientales, tenemos el derecho de preguntarnos por qué ellos tienen tanta preferencia.

La razón es que a corto y mediano plazo ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital. Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan al sector.

Ellos tienen como socios al capital financiero (George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural. Entonces, la función real de la agroenergía es en la práctica ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación.

En efecto, el proceso agroenergético se caracteriza por una sobreexplotación del trabajo, el desconocimiento de las externalidades, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto al Norte. Todo aquello es presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen «energía verde». En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.

Por lo tanto, la solución es reducir el consumo, sobre todo del Norte e invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente). La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital. En Ecuador, el Presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni. Esperemos que los gobiernos progresistas de América Latina, de África y de Asia, tengan la misma firmeza. Resistir en el Norte como en el Sur, a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético.

Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocombustibles en el Sur se constituye en un deber.

François Houtart es ex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro: El Escándalo de los Agrocombustibles para el Sur, Ediciones La Tierra y Ruth Casa editorial, Quito, 2011.

Agencia Latinoamericana de Informacion
http://alainet.org

Afectados por El Zapotillo serán reubicados en zona no cultivable

Afectados por El Zapotillo serán reubicados en zona no cultivable

El proyecto viola su derecho a la alimentación, señalan ante relator especial de la ONU

La lucha de pobladores contra la hidroeléctrica es «infructuosa», reitera funcionario estatal

Oliver de Shutter ofrece a los inconformes continuar gestiones ante autoridades mexicanas

Juan Carlos García Partida. Periódico La Jornada

zapotilloGuadalajara, Jal., 19 de junio. Como parte del proyecto hidroeléctrico El Zapotillo, el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en terrenos poco aptos para la agricultura, actividad que les da sustento, advirtió Oliver de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos a una Alimentación Adecuada.

Al visitar este sábado en Talicoyunque las casas que se construyen para reubicar a los moradores de los tres poblados que inundará la presa, De Schutter fue recibido por Héctor Castañeda, negociador de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con los afectados, quien dijo que las autoridades tienen estudios hidrológicos que demuestran que el punto elegido, sobre los cañones del río Verde, es idóneo para el proyecto.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo informó que durante el recorrido por los terrenos agrestes con que se pretende resarcir a los desplazados, el funcionario estatal dijo al relator de la ONU que la lucha contra la presa «es infructuosa» y se basa en «falsas esperanzas» creadas por abogados de los inconformes.

Posteriormente De Shutter fue a Temacapulín (sede de la resistencia al proyecto), acompañado de sus colaboradores y miembros del comité opositor, encabezados por su presidenta, Abigaíl Agredano Sánchez, y su vocero, el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez .

“El pueblo de Temaca es patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos tierras fértiles y nuestra vida se verá trastornada con la reubicación. Muchos de nuestros hermanos han muerto durante la resistencia. No nos explicamos por qué el gobierno se empecina en imponer el proyecto”, señaló Agredano Sánchez.

«La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la CEA nos hacen puras promesas y se burlan. No nos han escuchado pese a que ya recorrimos todas las instancias nacionales», denunció.

María Alcaraz, otra vecina, cuestionó: «¿En Talicoyunque sembraremos cacahuate, maíz, alfalfa? ¿Tendremos las vacas en las azoteas?» Varios de los afectados recordaron que no los consultaron sobre el plan de reubicación, pero 98 por ciento lo rechaza. De Shutter dijo estar preocupado, pero instó a no perder la esperanza, pues hay tribunales para proteger a la gente, y ofreció volver a la zona, enclavada en el municipio alteño de Cañadas de Obregón.

«A nadie se le puede privar de su derecho a la alimentación, que no sólo es poder alimentarse, sino producir los alimentos, como marca la Constitución, y espero que los tribunales lo hagan valer», expuso el relator; y garantizó a las comunidades que mantendrá la gestión de su caso ante autoridades federales y estatales.

«No están solos. Quiero asegurarles que su lucha importa a muchas personas, y es esencial que conserven sus medios de subsistencia, pues viven de cultivar productos que no van a crecer donde serían reubicados», dijo.

En 30 años, México importará 80% de los alimentos: ONU

Resultado de la actual política agropecuaria, dice De Schutter

Matilde Pérez U. Periódico La Jornada.

la jornadaOlivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, advirtió que de continuar aplicándose las actuales políticas públicas en el sector agropecuario, en tres décadas México dependerá en 80 por ciento de las importaciones de alimentos y los campesinos seguirán abandonando sus parcelas.

En la reunión que sostuvo con once agrupaciones campesinas e integrantes del movimiento Sin maíz no hay país, que organizaron el foro El hambre no espera, la crisis alimentaria en México, manifestó su preocupación por la creciente dependencia de México en el rubro, el alza de los precios internacionales de los granos y su repercusión en el incremento de la pobreza alimentaria.

Al iniciar su visita oficial al país, comentó que de 1997 a 2005 y como uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los agricultores perdieron mil millones de dólares anuales, siendo los más afectados los pequeños productores, los más pobres.

Además, 7 millones dejaron de practicar la agricultura. “Una mañana de enero de 2007, me impactó que la población haya salido a las calles a quejarse por el incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla. Me pregunté por qué pasó esto si la producción de maíz blanco en el país estaba por arriba de los niveles promedio: me di cuenta que un pequeño grupo de compañías poderosas –como Cargill y Maseca– dominan los sistemas de distribución y utilizan su poder en el mercado para imponer precios altos, es a ellos a los que se les debe exigir que bajen los precios.”

Adelantó que durante su estancia en el país y en las reuniones que sostendrá con autoridades de diversas instituciones, preguntará qué pasa con los apoyos que se les dan a los agricultores, pues «me he quedado muy impactado porque los programas como ingreso objetivo y Procampo en vez de reducir la desigualdad la provocan y hacen que los grandes productores del norte sean los beneficiados. No me queda claro qué ha hecho el gobierno para ayudar a los campesinos más pobres, sobre todo en el periodo 1997-2005».

Asentó que continuará la volatilidad e incremento de los precios internacionales de los granos y otros alimentos, pues el cambio climático pone a los mercados muy nerviosos y la producción agrícola está dirigiéndose hacia los biocombustibles, como el etanol y biodiesel. En México, además, la agricultura se ha dirigido más a los monocultivos de exportación y a la industria.

A los integrantes de las organizaciones campesinas y sociales les propuso estrechar la relación con los consumidores urbanos; integrar cooperativas para utilizar su poder de negociación en la cadena de dstribución de alimentos; aplicar una agricultura más ecológica para reducir la dependencia de los energéticos y de las grandes corporaciones y pasar de la necesidad y caridad, al reconocimiento del derecho a la alimentación, sin discriminar a nadie y sin prácticas clientelistas.

Antes Emilio García, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Olegario Carillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas, y Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, pidieron al relator su apoyo para que el gobierno ponga como asunto de emergencia nacional la producción y reserva nacional de alimentos.

CONAGUA ACEPTA QUE NO GARANTIZA EL AGUA PARA JALISCO NI GUANAJUATO CON LA REPRESA EL ZAPOTILLO

12 de Junio de 2011
COMUNICADO PRENSA MAPDER:

CONAGUA ACEPTA QUE NO GARANTIZA EL AGUA PARA JALISCO NI GUANAJUATO CON LA REPRESA EL ZAPOTILLO

zapotilloEl Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Raúl Benítez, y quien ha insistido en el beneficio que traerá la represa El Zapotillo, no asegura que se tendrán agua incluso con la represa el Zapotillo. Según la OCLSP, el volumen de agua de las principales presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma Chapala se encuentra en una situación crítica, ya que sólo almacenan el 54% de su capacidad máxima.[1] O sea, que las represas no garantizan que la población de Guadalajara tendría agua con la represa del Zapotillo que se pretende construir a costa del desplazamiento de la población de Acasico, Palmarejero y Temacapulín. En las últimas décadas se han sufrido largos periodos de sequías en el río verde.

Según el monitoreo de la Dirección Técnica del OCLSP, en las 52 presas más importantes de Jalisco, con excepción de El Salto, al 86% y Calderón al 65%, todas las demás están entre el 30 y 50% de su capacidad total. La presa más grande del estado, Cajón de Peña, en Tomatlán, se encuentra al 58%, seguida de Basilio Vadillo, en Ejutla, al 57%, Tacotán y Trigomil, en Unión de Tula, ambas al 56%. La Pólvora, en Degollado, al 48%; Santa Rosa, en Amatitán, al 46%; El Cuarenta, en Lagos de Moreno, al 42%; La Vega, en Ameca, al 39% y La Red, en Tepatitlán, al 37%.

Las principales presas de la Cuenca Lerma Chapala, que comprende los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, presentan todavía almacenamientos más bajos, que las ubican al 39% de su capacidad. La presa Solís, la más grande de la región hidrológica encuentra al 34%, mientras que Tepuxtepec se ubica al 62%. Laguna de Yuriria, al 45%; Ignacio Allende, al 37%; La Purísima, al 46%; Melchor Ocampo, al 11%; Tepatitlán, al 38%; Ignacio Ramírez, al 26%; Alzate al 13% y Peñuelitas al 16%. El lago de Chapala tiene un descenso es de 1.39 metros, nivel que no se ha presentado en al menos los últimos 14 años. Chapala tiene el 63.34% de su capacidad total.

Lo anterior confirma que las represas y específicamente el Zapotillo, no garantizan el agua a las ciudades. Además se ha demostrado que contribuyen a la crisis climática, obligan el desplazamiento de población, provocan empobrecimiento, inundación de patrimonio cultural, violencia y represión; desaparición de manglares, bosques y biodiversidad; desaparición de recarga de acuíferos, salinización de tierras, corrupción, generación de sismos, eliminación de especies nativas; desfogues e inundaciones con la pérdida de pueblos y tierras productivas, entre otras consecuencias que al misma Comisión Mundial de Represas ha documentado en todo el mundo.

Es necesario y urgente detener el represamiento de los ríos en el país, dejar los ríos vivos y buscar nuevas alternativas sustentables para la gestión del agua. Existen alternativas viables y responsables.

El MAPDER se solidariza con la lucha de los integrantes de la Organización “Salvemos el Río” del estado de Veracruz que se manifestaron en Plaza Lerdo contra los planes de CONAGUA que pretende modificar la veda del río Los Pescados para la construcción de la represa de Jalcomulco. Son más de un millón de personas que están en contra de dicho proyecto de las comunidades de Jalcomulco, Paso de Ovejas, Apazapan, entre otros. Nos sumamos a sus consignas de “Xalapa: la recolección de agua de lluvia es una opción para solucionar tu desabasto”; “No a la modificación de veda del río La Antigua”; “No a las presas”; “Señor Gobernador ¿usted conoce Jalcomulco?, prometió ayudarnos; “CFE: No inundes nuestras comunidades”; “Dame vida no muerte”. En Veracruz la CFE pretende construir 10 presas hidroeléctricas en varias cuencas de la entidad.[2]

¡BASTA DE REPRESAS!

¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

¡EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)

NOTAS:
[1] Guadalajara | Martes 07 de junio de 2011 Notimex | El Universal18:05, http://www.eluniversal.com.mx/notas/771130.html
[2] http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=250947