Los porqués del hambre

Los porqués del hambre

Esther Vivas | El País, 30/07/2011

hambreVivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en el mundo pasa hambre?

La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas en el Cuerno de África ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de una catástrofe que no tiene nada de natural. Sequías, inundaciones, conflictos bélicos… contribuyen a agudizar una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, pero no son los únicos factores que la explican.
(…)
El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.

Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que países como Estados Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave para entender quién y para qué se produce.

industriaEn muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos…) ha provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Así, mientras el Programa Mundial de Alimentos intenta dar de comer a millones de refugiados en Sudán, se da la paradoja de que Gobiernos extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea…) les compran tierras para producir y exportar alimentos para sus poblaciones.

Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias parecidas se dieron no solo en países de África, sino también en América Latina y Asia.

cargillEl precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y venta de estas mercancías no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que, en palabras de Mike Masters, del hedge fund Masters Capital Management, un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo. Se compran y venden materias primas con el objetivo de especular y hacer negocio, repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime, son quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente rentables.

La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de África en particular son resultado de la globalización alimentaria al servicio de los intereses privados. La cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, la capacidad de los Estados del sur para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias.

Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de abundancia? La producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años sesenta, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado desde entonces. No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema de acceso. Como señalaba el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, en una entrevista a EL PAÍS: “El hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución”.

Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al ecosistema.

COMPLETA en:
http://esthervivas.wordpress.com/2011/07/30/los-porques-del-hambre/

México: Contra la explotación minera a tajo abierto

Contra la explotación minera a tajo abierto

Fuente: Dicidente Radio

mina cielo abiertoSkarlos, México DF. El 22 de julio se llevo a cabo una manifestación en el Ángel de la independencia con motivo del día mundial contra la Minería a cielo abierto, la cual fue convocada por el Frente Amplio Opositor a la Minería y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSAA.C.) buscando el alto a este tipo de explotación Minera que causa daños socio ambientales irreversibles.

Este tipo de explotación minera (a Cielo Abierto) es una actividad altamente destructora y contaminante, la cual provoca daños permanentes e irreversibles; destruye montañas, utiliza cianuro para la separación de los metales y gasta diariamente alrededor de 30 millones de litros de agua, este hecho hace que se sequen mantos freáticos o los contamina con metales pesados ocasionando enfermedades crónico degenerativas. Por si fuera poco este procedimiento deja desechos de material estéril los cuales se esparcen hectáreas a la redonda, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente.

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, les abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.

Un caso paradigmático que muestra las redes de corrupción internacional que existen en este país es lo sucedido en el Cerro de San Pedro, pues ya que a pesar de existir diversos procedimiento jurídicos en tribunales mexicanos que prohíben que siga trabajando la Minera San Xavier ésta se encuentra trabajando en completo desacato a las sentencias.

En México existen aproximadamente de 22 mil concesiones de exploración y más de 850 proyectos mineros de tajo a cielo abierto, lo que equivale al 20 % del territorio nacional, extendiéndose este nuevo boom del oro a todos los países del sur tanto América Latina, África y Asia.

Entrevista con Mario Ramos miembro fundador del Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier (FAO) que nos habla sobre la situación de la lucha contra la minera, ademas de las afectaciones socio ambientales que trae consigo la explotación a tajo abierto.
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Impresionante: Mineras Canadienses al Banquillo por abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente

Impresionante: Mineras Canadienses al Banquillo por abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Por ello mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en los tribunales de Canadá.

minaLas inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen «sospechas fundadas» de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.

Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.

El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.

Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.

El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.

A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aún siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.

En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.

Esta fue la primera demanda resentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.

El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.

Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.

Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.

Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que la Bolsa de Valores de Toronto o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.

Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.

El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.

Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.

En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.

La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.

En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.

Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que «es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto […] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por partede las víctimas.

La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.

En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13.6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.

Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas. Finalmente, al igual que con el sector privado, la naturaleza multinacional de las instituciones financieras internacionales no debiera obstaculizar el control de los tribunales de justicia.

Por Karyn Keenan, Iniciativa de Halifax (www.halifaxinitiative.org)
No a la mina
www.noalamina.org

Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

La Jornada Veracruz. Manuel Martínez Morales

veracruzLa imagen dice todo: una mujer pobre, con desnutrición evidente, recoge como puede un poco de la leche derramada por productores que protestan por los bajos precios provocados por la importación de leche en polvo. La foto se tomó en Colombia hace algunas semanas. En los ingenios veracruzanos, toneladas de azúcar se encuentran almacenadas sin encontrar mercado, pues la importación de azúcar –autorizada por el Ejecutivo federal, siempre obediente a intereses extranjeros– ha devastado la industria cañera nacional.

Desde hace meses, habitantes de Jalcomulco, de Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes y otras comunidades veracruzanas se han manifestado para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga la construcción de varias presas a lo largo de algunos ríos de la región, como el río de La Antigua y el río Blanco. Habitantes de Jalcomulco han indicado que aunque la CFE argumenta que las presas son para beneficiar a la población, saben que en realidad es para beneficiar con electricidad a varias empresas, entre ellas una cementera que se construye en la zona.

En los tres casos aludidos, comunidades pobres, trabajadores del campo y pequeños productores se ven afectados, y ven alterada su forma tradicional de vida, por el efecto devastador del “libre comercio” y el progreso ilimitado, destructivo. Pues la leche (en polvo) y el azúcar importados son más baratos, ya que son producidos con el uso intensivo de tecnología, mano de obra barata (trabajadores migrantes y maquiladores) y subsidios en los países de origen del producto; elementos no disponibles para los productores nacionales. En el caso de las presas sobre ríos veracruzanos, se trata de “traer el progreso” beneficiando a ciertas empresas –varias de ellas financiadas con capital extranjero– que se establecen en la zona, a costa de destruir el modo de vida y las fuentes de sustento de las comunidades aledañas: la agricultura, la pesca y el turismo.

Una especialista, Silvia Ribeiro, en su artículo “Mitos y engaños de las grandes represas”, afirma que las grandes presas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad –sostiene la investigadora– y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas, relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas.

En el caso de Veracruz, dejar que se construyan las presas implicará un deterioro ecológico a todo lo largo de los ríos, como en el caso de el río Los Pescados-La Antigua, porque en este último proyecto piensan dejar solamente 10 por ciento del caudal del río para aprovechamiento humano. Los pobladores de Jalcomulco insisten en que dejar solamente 10 por ciento del caudal del río es un atentado brutal contra la naturaleza ya que se acabaría toda la vida alrededor del río. Se acabaría toda la vida acuática. Además, se dejarían de producir toneladas de caña de azúcar, limón, papaya y muchos otros productos sin contar todas las especies de aves que son posibles gracias al río. Por si ello fuera poco, se exterminará una fuente muy importante de recursos, que es el turismo, que da empleo a cientos de personas en muchos de los poblados de la ribera del río.

Quienes hacen su vida a orillas del río Blanco se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, por considerarla tanto un ecocidio en por lo menos cinco municipios de la zona centro, como un proyecto que afectará la cuenca del río. Los campesinos se niegan a este proyecto –según han dicho– por la afectación ecológica; detallan que habrá tala inmoderada de árboles, el río Blanco será gravemente contaminado, además que pretenden cambiar su cauce; aunado a ello, el manantial El Sótano, también será gravemente contaminado, lo que es preocupante porque funge como la fuente de abastecimiento de agua para al menos 150 familias de Cuichapa.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales, como en los casos arriba señalados. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de las presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota, en el estado de Guerrero, están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para el MDL.

Se presenta de nuevo el dilema entre atender el bienestar humano y el equilibrio ambiental o aceptar el embate del progreso destructivo. La voracidad capitalista –origen del proyecto de construcción de las presas– sólo toma en cuenta la ganancia a como dé lugar, sin importar que sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de comunidades enteras. Ya ha sucedido en nuestro país en el pasado reciente. No debe permitirse más.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=110708_145048_748

EXIGIMOS RESPETO Y SEGURIDAD AL MAPDER NAYARIT

10 de julio de 2011, México.

EXIGIMOS RESPETO Y SEGURIDAD AL MAPDER NAYARIT

A Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México.
A Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador el Estado de Nayarit.
A Elías Ayub, Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Antonio Dehesa, residente «socio ambiental» en la Yesca y Las Cruces.
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nayarit.
A Amnistía Internacional
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH).

cfeIntegrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y de la Red Manglar Internacional, han recibido amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos en el estado Nayarit. Del mismo modo miembros del equipo Pro-Regiones que es un proyecto de investigación mancomunado del  Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Las amenazas de muerte se han dado en el contexto del trabajo de formación e información sobre las pretensiones del gobierno federal de construir el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, de las repercusiones sociales y ambientales del tal proyecto.

las crucesLos que firmamos esta carta, exigimos el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho, alto a las amenazas de muerte e intimidaciones así como las garantías de seguridad a los integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., y a los investigadores y miembros de la academia de las Universidades que conforman el equipo Pro-Regiones. También exigimos que se cumpla la normatividad internacional respecto a la construcción de este tipo de obras, cabal cumplimiento a las directrices de la Comisión Mundial de Represas (CMR), consulta previa libre e informada a las comunidades que se pretenden desalojar y afectar; la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente sustentables.

Atentamente, las 128 organizaciones y movimientos sociales de una veintena de países y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, que ponemos los ojos sobre Nayarit y las actuaciones de la CFE:

1) Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER)
2) Red Manglar México
3) Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos (REDLAR)
4) Red Manglar Internacional
5) Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)
6) Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
7) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
8) Jubileo Sur México
9) Mujeres y Punto A.C (DF)
10) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Jalisco)
11) Marea Creciente México.
12) Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México (Chiapas)
13) Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
14) Taller de Desarrollo Comunitario (Guerrero)
15) Bios Iguana A.C. (Colima)
16) Centro Mexicano de Justicia Ambiental (Guanajuato)
17) Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
18) Pro San Luis Ecológico A.C. (San Luis Potosí)
19) Unión de Grupos Ambientalistas, IAP
20) LAVIDA (Veracruz)
21) Cacto Azul A.C. (Sonora)
22) Tianguis Indígena Multicultural, A.C. (Oaxaca)
23) Guardianes de los Árboles,  A.C (Morelos)
24) Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)
25) Grupo Ecologista del Mayab A. C.  (Quintana Roo)
26) Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) (DF)
27) Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Guerrero)
28) Círculo Gema A. C.  (Quintana Roo)
29) Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua)
30) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
31) Mujer y Medio Ambiente (DF)
32) Unión Campesina Zapatista del Sur (UCAZ) (Jalisco)
33) MOCE YAX CUXTAL A.C. (Quintana Roo)
34) La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A.C., (Oaxaca)
35) Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) (DF)
36) Yaxché, Árbol de la Vida (México)
37) Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC)
38) Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
39) Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo (Jalisco)
40) Unión de Comunidades Costeras, Compostela (Nayarit)
41) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.  (CEMDA) (DF)
42) Red de Género y Economía (Redge)
43) Centro de Información de y para Trabajadores y Trabajadoras (CITTAC), (Tijuana, B.C.)
44) Colectivo Coa (Jalisco)
45) Frente Auténtico del Trabajo (FAT)
46) Radio Comunitaria Totlahtol, la palabra de todos y todas (Veracruz)
47) Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos (Oaxaca)
48) Ciudadanos Hartos (León)
49) Mujeres para el Diálogo, AC. (DF)
50) Sociedad Interdisciplinaria para la Educación, Mejoramiento del Bienestar Rural y Agroecología, A.C. (SIEMBRA) (Morelos)
51) Alianza para la protección y desarrollo de la costa de Chila (Nayarit)
52) Pastoral Social Diocesana de Nuevo Laredo (Tamaulipas)
53)  Centro Social Ymelda Tijerina, AC de Monterrey. (Nuevo León)
54)  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, A.C. (UCIZONI) (Oaxaca)
55)  Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Veracruz)
56)  Colectivo Juvenil de Comunicación del Consejo de Ejido y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CEOP) (Guerrero)
57)  Caracol Azul Radio
58)  Radio Zapote ENAH (D.F.)
59)  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero)
60)  Centro de Apoyo al Trabajador A.C.
61)  La Voladora Radio (EdoMex)
62)  Comité de Defensa de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, A.C. (DF)
63)  Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (Chiapas)
64)  Colectivo Hoja Verde  (D.F.)
65)  Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia
66)  Alianza Jaguar, A.C (Nayarit)
67)  Movimiento Ciudadano Ecologista de León (MOCE)
68)  Red Nacional de Mujeres Radialistas
69)  Medio Ambiente y Sociedad, A.C., (México)
70)  Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM) (Veracruz)
71)  Greenpeace (México)
72)  Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) (DF)
73)  Frente Democrático Campesino (FDC) (Chihuahua)
74)  Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño” (Veracruz)
75)  Alianza Cívica Coahuila
76)  Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME)
77)  Greenpeace (Voluntarios León)
78)  Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) (Tabasco)
79)  Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (Educa) (Oaxaca)
80)  Todos Jalisco
81)  Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)
82)  Restauración y Desarrollo  del ANP Cerro del Cubilete (León)
83)  Frente Amplio contra la Supervía poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente (DF)
84)  Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativa (Comcausa)
85)  DECA Equipo Pueblo (DF)
86)  Centro de Investigación Ambiental «Las Truchas» SC de RL de CV Lázaro Cárdenas (Michoacán)
87)  Guerreros Verdes (Guerrero)
88)  Bia’lii, Asesoría e Investigación (DF)
89)  Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (Chiapas)
90)  Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla)
91)  Colectiva Feminista Binacional (CFB), Frontera norte
92)  Sociedad Organizada en Lucha (SOL / MUP-CND)
93)  Alianza de la Costa Verde (Nayarit)
94)  Fundación Animare (León)
95)  KOMAN ILEL (Chiapas)
96)  Unión Popular Valle Gómez (UPVG) (DF)
97)  Alianza Cívica Querétaro (ACQ)
98)  FIAN-México
99)  Sindicato Independiente y Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura (SIDTPA)
100) Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC / antes Sindicato de Euskadi)
101) Grupo Tacuba (DF)
102) Taller Ecologista (Argentina)
103) REDES/Amigos de la Tierra Uruguay.
104) Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADESS) (El Salvador)
105) CENSAT/AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia
106) Movimiento Madre Tierra (Honduras)
107) Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) (Bolivia)
108) Southwest Workers Union (SWOU) (Estados Unidos)
109) Ceiba/Amigos de la Tierra Guatemala
110) Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
111) Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador
112) Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) (Cuba)
113) Grupo Amigos del Río Pacuare (Costa Rica)
114) Ecoportal.Net (Argentina)
115) Otros Mundos Colombia.
116) Agricultural Missions, Inc (AMI) (Estados Unidos)
117) Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas «Rios Vivos»
118) Coordinación Nacional para la Defensa de los Ecosistemas de Manglar (CONDEM) (Ecuador)
119) CoecoCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica
120) Consejos Indígena Nahuatl y Chorotegas de Nicaragua (MONEXICO)
121) Consejo Cívico de de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
122) Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (GALFISA) (Cuba)
123) International Rivers (Estados Unidos)
124) Amigos de la Tierra (Brasil)
125) Comité para la Defensa y Desarrollo de de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) (Honduras)
126) Global Greengrants Fund (Estados Unidos)
127) REDLAR Costa Rica.
128) Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) (Haití)

El escándalo de los agrocombustibles en los países del Sur. Los daños ecológicos y sociales

El escándalo de los agrocombustibles en los países del Sur. Los daños ecológicos y sociales

Por François Houtart
agrocombustiblesLa idea de extender el cultivo de los agrocombustibles en el mundo y particularmente en los países del Sur es desastrosa. Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética. En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía. En el corto plazo es más fácil utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir los agrocombustibles. Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la más requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.

Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora, lo que los economistas llaman, las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales.

Para contribuir a la solución de la crisis energética con un porcentaje de entre el 25 y el 30% de la demanda, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía, en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone de la superficie cultivable suficiente.

Se tendrá, igualmente, según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras a por lo menos 60 millones de campesinos. El precio de estas “externalidades” no pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso.

Los agrocombustibles son producidos bajo la forma de monocultivos, que destruyen la biodiversidad y contaminan los suelos y el agua.

Personalmente, he caminado kilómetros en las plantaciones del Chocó, en Colombia, y no he visto ni una ave, ni una mariposa, ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas. Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional. En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua. La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua. La contaminación de los suelos y del agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de “mar muerto” en las desembocaduras de los ríos (20 Km² en la desembocadura del Mississippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol). La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.

El impacto de los agrocombustibles sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado. No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008.

Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, el 85% del incremento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (lo que significa hambre), fue influenciado por el desarrollo de la agroenergía. Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, calificó los agrocombustibles de “crimen contra la humanidad”, y su sucesor, el belga Olivier De Schutter, ha pedido una moratoria de 5 años para su producción.

La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia. En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores de sus tierras. Miles de comunidades autóctonas, en América Latina, en África y en Asia, son desposeídas de su territorio ancestral. Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra. El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.

Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores es bien bajo y las condiciones de trabajo generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad. La salud de los trabajadores es también afectada gravemente.

Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América Latina, realizada paralelamente a la Cumbre europea-latinoamericana, en mayo del 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con malformación, debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.

Decir que los agrocombustibles son una solución para el clima, está igualmente a la moda. Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmosfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado. En ciertos casos, se convierte en negativo en relación a la energía fósil.

Si los agrocombustibles no son una solución para el clima, si solo lo son de una manera marginal, para mitigar la crisis energética, y si ellos acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medio ambientales, tenemos el derecho de preguntarnos por qué ellos tienen tanta preferencia.

La razón es que a corto y mediano plazo ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital. Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan al sector.

Ellos tienen como socios al capital financiero (George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural. Entonces, la función real de la agroenergía es en la práctica ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación.

En efecto, el proceso agroenergético se caracteriza por una sobreexplotación del trabajo, el desconocimiento de las externalidades, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto al Norte. Todo aquello es presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen «energía verde». En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.

Por lo tanto, la solución es reducir el consumo, sobre todo del Norte e invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente). La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital. En Ecuador, el Presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni. Esperemos que los gobiernos progresistas de América Latina, de África y de Asia, tengan la misma firmeza. Resistir en el Norte como en el Sur, a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético.

Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocombustibles en el Sur se constituye en un deber.

François Houtart es ex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro: El Escándalo de los Agrocombustibles para el Sur, Ediciones La Tierra y Ruth Casa editorial, Quito, 2011.

Agencia Latinoamericana de Informacion
http://alainet.org

Afectados por El Zapotillo serán reubicados en zona no cultivable

Afectados por El Zapotillo serán reubicados en zona no cultivable

El proyecto viola su derecho a la alimentación, señalan ante relator especial de la ONU

La lucha de pobladores contra la hidroeléctrica es «infructuosa», reitera funcionario estatal

Oliver de Shutter ofrece a los inconformes continuar gestiones ante autoridades mexicanas

Juan Carlos García Partida. Periódico La Jornada

zapotilloGuadalajara, Jal., 19 de junio. Como parte del proyecto hidroeléctrico El Zapotillo, el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en terrenos poco aptos para la agricultura, actividad que les da sustento, advirtió Oliver de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos a una Alimentación Adecuada.

Al visitar este sábado en Talicoyunque las casas que se construyen para reubicar a los moradores de los tres poblados que inundará la presa, De Schutter fue recibido por Héctor Castañeda, negociador de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con los afectados, quien dijo que las autoridades tienen estudios hidrológicos que demuestran que el punto elegido, sobre los cañones del río Verde, es idóneo para el proyecto.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo informó que durante el recorrido por los terrenos agrestes con que se pretende resarcir a los desplazados, el funcionario estatal dijo al relator de la ONU que la lucha contra la presa «es infructuosa» y se basa en «falsas esperanzas» creadas por abogados de los inconformes.

Posteriormente De Shutter fue a Temacapulín (sede de la resistencia al proyecto), acompañado de sus colaboradores y miembros del comité opositor, encabezados por su presidenta, Abigaíl Agredano Sánchez, y su vocero, el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez .

“El pueblo de Temaca es patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos tierras fértiles y nuestra vida se verá trastornada con la reubicación. Muchos de nuestros hermanos han muerto durante la resistencia. No nos explicamos por qué el gobierno se empecina en imponer el proyecto”, señaló Agredano Sánchez.

«La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la CEA nos hacen puras promesas y se burlan. No nos han escuchado pese a que ya recorrimos todas las instancias nacionales», denunció.

María Alcaraz, otra vecina, cuestionó: «¿En Talicoyunque sembraremos cacahuate, maíz, alfalfa? ¿Tendremos las vacas en las azoteas?» Varios de los afectados recordaron que no los consultaron sobre el plan de reubicación, pero 98 por ciento lo rechaza. De Shutter dijo estar preocupado, pero instó a no perder la esperanza, pues hay tribunales para proteger a la gente, y ofreció volver a la zona, enclavada en el municipio alteño de Cañadas de Obregón.

«A nadie se le puede privar de su derecho a la alimentación, que no sólo es poder alimentarse, sino producir los alimentos, como marca la Constitución, y espero que los tribunales lo hagan valer», expuso el relator; y garantizó a las comunidades que mantendrá la gestión de su caso ante autoridades federales y estatales.

«No están solos. Quiero asegurarles que su lucha importa a muchas personas, y es esencial que conserven sus medios de subsistencia, pues viven de cultivar productos que no van a crecer donde serían reubicados», dijo.

En 30 años, México importará 80% de los alimentos: ONU

Resultado de la actual política agropecuaria, dice De Schutter

Matilde Pérez U. Periódico La Jornada.

la jornadaOlivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, advirtió que de continuar aplicándose las actuales políticas públicas en el sector agropecuario, en tres décadas México dependerá en 80 por ciento de las importaciones de alimentos y los campesinos seguirán abandonando sus parcelas.

En la reunión que sostuvo con once agrupaciones campesinas e integrantes del movimiento Sin maíz no hay país, que organizaron el foro El hambre no espera, la crisis alimentaria en México, manifestó su preocupación por la creciente dependencia de México en el rubro, el alza de los precios internacionales de los granos y su repercusión en el incremento de la pobreza alimentaria.

Al iniciar su visita oficial al país, comentó que de 1997 a 2005 y como uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los agricultores perdieron mil millones de dólares anuales, siendo los más afectados los pequeños productores, los más pobres.

Además, 7 millones dejaron de practicar la agricultura. “Una mañana de enero de 2007, me impactó que la población haya salido a las calles a quejarse por el incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla. Me pregunté por qué pasó esto si la producción de maíz blanco en el país estaba por arriba de los niveles promedio: me di cuenta que un pequeño grupo de compañías poderosas –como Cargill y Maseca– dominan los sistemas de distribución y utilizan su poder en el mercado para imponer precios altos, es a ellos a los que se les debe exigir que bajen los precios.”

Adelantó que durante su estancia en el país y en las reuniones que sostendrá con autoridades de diversas instituciones, preguntará qué pasa con los apoyos que se les dan a los agricultores, pues «me he quedado muy impactado porque los programas como ingreso objetivo y Procampo en vez de reducir la desigualdad la provocan y hacen que los grandes productores del norte sean los beneficiados. No me queda claro qué ha hecho el gobierno para ayudar a los campesinos más pobres, sobre todo en el periodo 1997-2005».

Asentó que continuará la volatilidad e incremento de los precios internacionales de los granos y otros alimentos, pues el cambio climático pone a los mercados muy nerviosos y la producción agrícola está dirigiéndose hacia los biocombustibles, como el etanol y biodiesel. En México, además, la agricultura se ha dirigido más a los monocultivos de exportación y a la industria.

A los integrantes de las organizaciones campesinas y sociales les propuso estrechar la relación con los consumidores urbanos; integrar cooperativas para utilizar su poder de negociación en la cadena de dstribución de alimentos; aplicar una agricultura más ecológica para reducir la dependencia de los energéticos y de las grandes corporaciones y pasar de la necesidad y caridad, al reconocimiento del derecho a la alimentación, sin discriminar a nadie y sin prácticas clientelistas.

Antes Emilio García, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Olegario Carillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas, y Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, pidieron al relator su apoyo para que el gobierno ponga como asunto de emergencia nacional la producción y reserva nacional de alimentos.

CONAGUA ACEPTA QUE NO GARANTIZA EL AGUA PARA JALISCO NI GUANAJUATO CON LA REPRESA EL ZAPOTILLO

12 de Junio de 2011
COMUNICADO PRENSA MAPDER:

CONAGUA ACEPTA QUE NO GARANTIZA EL AGUA PARA JALISCO NI GUANAJUATO CON LA REPRESA EL ZAPOTILLO

zapotilloEl Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Raúl Benítez, y quien ha insistido en el beneficio que traerá la represa El Zapotillo, no asegura que se tendrán agua incluso con la represa el Zapotillo. Según la OCLSP, el volumen de agua de las principales presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma Chapala se encuentra en una situación crítica, ya que sólo almacenan el 54% de su capacidad máxima.[1] O sea, que las represas no garantizan que la población de Guadalajara tendría agua con la represa del Zapotillo que se pretende construir a costa del desplazamiento de la población de Acasico, Palmarejero y Temacapulín. En las últimas décadas se han sufrido largos periodos de sequías en el río verde.

Según el monitoreo de la Dirección Técnica del OCLSP, en las 52 presas más importantes de Jalisco, con excepción de El Salto, al 86% y Calderón al 65%, todas las demás están entre el 30 y 50% de su capacidad total. La presa más grande del estado, Cajón de Peña, en Tomatlán, se encuentra al 58%, seguida de Basilio Vadillo, en Ejutla, al 57%, Tacotán y Trigomil, en Unión de Tula, ambas al 56%. La Pólvora, en Degollado, al 48%; Santa Rosa, en Amatitán, al 46%; El Cuarenta, en Lagos de Moreno, al 42%; La Vega, en Ameca, al 39% y La Red, en Tepatitlán, al 37%.

Las principales presas de la Cuenca Lerma Chapala, que comprende los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, presentan todavía almacenamientos más bajos, que las ubican al 39% de su capacidad. La presa Solís, la más grande de la región hidrológica encuentra al 34%, mientras que Tepuxtepec se ubica al 62%. Laguna de Yuriria, al 45%; Ignacio Allende, al 37%; La Purísima, al 46%; Melchor Ocampo, al 11%; Tepatitlán, al 38%; Ignacio Ramírez, al 26%; Alzate al 13% y Peñuelitas al 16%. El lago de Chapala tiene un descenso es de 1.39 metros, nivel que no se ha presentado en al menos los últimos 14 años. Chapala tiene el 63.34% de su capacidad total.

Lo anterior confirma que las represas y específicamente el Zapotillo, no garantizan el agua a las ciudades. Además se ha demostrado que contribuyen a la crisis climática, obligan el desplazamiento de población, provocan empobrecimiento, inundación de patrimonio cultural, violencia y represión; desaparición de manglares, bosques y biodiversidad; desaparición de recarga de acuíferos, salinización de tierras, corrupción, generación de sismos, eliminación de especies nativas; desfogues e inundaciones con la pérdida de pueblos y tierras productivas, entre otras consecuencias que al misma Comisión Mundial de Represas ha documentado en todo el mundo.

Es necesario y urgente detener el represamiento de los ríos en el país, dejar los ríos vivos y buscar nuevas alternativas sustentables para la gestión del agua. Existen alternativas viables y responsables.

El MAPDER se solidariza con la lucha de los integrantes de la Organización “Salvemos el Río” del estado de Veracruz que se manifestaron en Plaza Lerdo contra los planes de CONAGUA que pretende modificar la veda del río Los Pescados para la construcción de la represa de Jalcomulco. Son más de un millón de personas que están en contra de dicho proyecto de las comunidades de Jalcomulco, Paso de Ovejas, Apazapan, entre otros. Nos sumamos a sus consignas de “Xalapa: la recolección de agua de lluvia es una opción para solucionar tu desabasto”; “No a la modificación de veda del río La Antigua”; “No a las presas”; “Señor Gobernador ¿usted conoce Jalcomulco?, prometió ayudarnos; “CFE: No inundes nuestras comunidades”; “Dame vida no muerte”. En Veracruz la CFE pretende construir 10 presas hidroeléctricas en varias cuencas de la entidad.[2]

¡BASTA DE REPRESAS!

¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

¡EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)

NOTAS:
[1] Guadalajara | Martes 07 de junio de 2011 Notimex | El Universal18:05, http://www.eluniversal.com.mx/notas/771130.html
[2] http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=250947

EL INAH BAJO EL CONTROL DE CONAGUA

9 de Junio de 2011
BOLETÍN DE PRENSA MAPDER

EL INAH BAJO EL CONTROL DE CONAGUA

temacaLa Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) nuevamente impone el control de la información sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ocultar la verdad sobre el dictamen donde se especifica que el poblado de Temacapulín, por su composición histórica de más de mil cuatrocientos años, natural y arquitectónica, no debe ser inundado por la represa El Zapotillo.

El pasado 6 de junio, el INAH archivó como clasificada por dos años la información del dictamen que presentó el investigador Cuauhtémoc de Regil. En este dictamen se protegían los monumentos y tesoros históricos y culturales del poblado de Temacapulín que pretende inundar la CONAGUA. Ya desde el 2008 el primer reporte no se protocolizó como dictamen lo que le permitió a CONAGUA seguir en la ilegalidad de la obra. Apelando a los artículos 14, fracción VI, y 45, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAH argumenta que “la información que se solicita está clasificada como reservada, toda vez que, la Comisión Nacional del Agua hizo valer una impugnación al dictamen de referencia”. Sin embargo, el dictamen ya es de conocimiento público (Anexo).

Aunque no hay monumento histórico removido en el país por la inundación de cientos y cientos de represas en todo el territorio mexicano, CONAGUA pretende que la sociedad crea que trasladarán la Capilla de Acasico, el cementerio antiguo y la Iglesia de Temacapulín, además del portal de la Delegación Municipal. El 31 de mayo pasado, el director del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez aseguró que cada vestigio con valor histórico será removido “piedra por piedra”, conforme al Dictamen Técnico del INAH. Sin embargo, Iglesias Benítez, respecto del nuevo dictamen del INAH que se elaboró en tan sólo 5 días, señaló que únicamente se recomienda rescatar la fachada de la basílica, entre otros 4 puntos. Mañana dirán que no era necesario ninguno. Cabe recordar que el Puente de Arcediano en Jalisco, único en América Latina, se prometió reubicarlo “piedra por piedra” para la construcción de la represa Arcediano. Hoy, el puente de patrimonio histórico y cultural se encuentra desmontado, derruido y abandonado. Y la represa Arcediano nunca se construyó pero sí favoreció arcas de corrupción. Así, no sólo las leyes son nuevamente violadas sino los tratados internacionales en la materia que México ha signado.

La conclusión del Dictamen Técnico del INAH (Anexo a este boletín de prensa) con fecha del 14 de abril del 2011, confirma:

“La población o centro urbano de Temacapulín, tal como se desprende de los argumentos expresados en los numerales previos del presente dictamen, así como a las referencias a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los documentos internacionales de los cuales México es signatario, a la valoración técnica, histórico y social que se expresan en el presente dictamen, contiene un alto porcentaje (cerca del 70%) de su territorios urbano, monumentos históricos que de acuerdo a la ley Federal deberán ser conservados, sustentándose lo anterior en el interés general y público sobre el patrimonio cultural edificado de la Nación. Asimismo, por la arquitectura rural que subsiste mezclada en el territorio urbano y que se extiende más allá de los límites urbanos, se trata de un conjunto de monumentos históricos claramente identificado.”

“Por tal motivo, los monumentos históricos y ambientales, así como paisajísticos y naturales en los que se inserta el poblado deben ser protegidos y conservados por ser de interés de la nación. La eventual construcción de la presa El Zapotillo, al inundar el poblado y sus inmediaciones implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos, Ante ello sería imposible recuperar los elementos ambientales y el locus propio y rasgo identitario de Temacapulín, con las consecuencias que ya han sido estimadas y respaldadas por estudios sobre el particular de la UNESCO, ya que los habitantes del asentamiento tienen el derecho inalienable a conservar su patrimonio identitario”.

“Como resultado del análisis llevado a afecto y como parte de la materia de interés jurídico del INAH en el ámbito de los monumentos históricos, el conjunto representa un hito histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la Nación tal como lo señalan las leyes en la materia”

¡EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO!
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)
http://www.mapder.lunasexta.org/

LA REPRESA ZAPOTILLO CONSTRUIDA EN LA ILEGALIDAD Y POR DELINCUENTES EXTRANJEROS Y NACIONALES

COMUNICADO DE PRENSA:

LA REPRESA ZAPOTILLO CONSTRUIDA EN LA ILEGALIDAD Y POR DELINCUENTES EXTRANJEROS Y NACIONALES

mapderEn un operativo militar, este pasado 4 de junio, fue detenido el empresario Jorge Hank Rhon en su domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana. El Ejército encontró más de medio centenar de armas. El saldo fue de tres escoltas heridos, la detención del chofer y su jefe de escoltas Jorge Vera (hijo de Antonio Vera Pestina, asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, El Gato) y personal de seguridad. En 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México acusado de contrabando de artículos de piel y después alcanzó su libertad bajo fianza.

La familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción a quienes el gobierno les ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la Represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC).

La dueña de FCC es la millonaria española Esther Koplowitz Romero de Juseu, Marquesa de Casa Peñalver, quien es la principal accionista. La riqueza de Esther Koplowitz Romero de Juseu, según la revista Forbes del año 2009, ocupa el puesto 430 del mundo. Se presume como la empresa más importante del sector en España. Mientras que con su Fundación Esther Koplowitz tiene una imagen social responsable, en México se beneficia con la construcción que va a implicar dejar sin hogar ni tierras a los habitantes de tres poblados que pretenden ser reubicados por la fuerza, expropiadas sus viviendas y hacinados en pequeñas viviendas mal construidas. Mientras en Madrid y en Barcelona, España, Esther Koplowitz construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron en la comunidad de Temacapulín, causadas por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas por la construcción de la represa que lleva a cabo la empresaria Esther Koplowitz.

Mientras las ilegalidades han sido ampliamente documentadas, el gobierno estatal ni federal ha presentado pruebas de lo contrario. Por ello las empresas que la construyen operan en la ilegalidad y cometen delitos ambientales graves e irreversibles para las cuencas de la región. El proyecto ha estado plagado de irregularidades desde su origen. Ya desde el 2009 la Secretaría de la Función Pública determinaría si suspendía el proceso de licitación, pues Conagua usó un permiso ambiental irregular. Desde aquel entonces dos de los siete participantes en la licitación presentaron inconformidades por el fallo que nombró ganador al consorcio encabezado por las empresas de Carlos Hank Rhon.

Sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos, ni consulta; con amenazas a la población, con órdenes de aprehensión contra las personas que además pretenden desalojar violentamente; pese a las recomendaciones del Congreso del Estado, de Amnistía Internacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de detener la obra, de amparos, de peritajes psicosociales, del peritaje del INAH, en la total ilegalidad de la obra la corporación trasnacional española FCC y el Grupo Hermes siguen a pasos acelerados la construcción de la presa El Zapotillo, con sus instalaciones rodeadas de cercos policíacos para evitar nuevamente la toma de las instalaciones.

¡Exigimos cumplimiento de la ley, la cancelación de la represa El Zapotillo,

Y la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la gestión del agua en el país!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)

 
 
INFORMACIÓN DE LA JORNADA:

Detienen en Tijuana a Jorge Hank Rhon por posesión de 88 armas

México: Cuesta 8% del PIB el daño ambiental. Contaminación atmosférica, agotamiento de hidrocarburos y degradación del suelo las principales causas

Cuesta 8% del PIB el daño ambiental. Contaminación atmosférica, agotamiento de hidrocarburos y degradación del suelo las principales causas

Por Margarita Vega
Fuente: http://www.ecoportal.net/content/view/full/99049
mineriaEl agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente relacionados con procesos productivos representan un costo anual de 941 mil 670 millones de pesos, equivalente al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los sectores económicos que mayores costos generaron son minería, transporte, agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y caza

El agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente relacionados con procesos productivos representan un costo anual de 941 mil 670 millones de pesos, equivalente al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra, que calcula los gastos en los que tendría que incurrir la sociedad para atender el daño ecológico, se incrementó 8 por ciento entre 2007 y 2009 y equivale a más de 10 veces el presupuesto del ramo ambiental para este año.

El reporte Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2005-2009, difundido el pasado lunes, detalla que la contaminación atmosférica representó los mayores costos ambientales en el último año, al ubicarse en 520 mil 300 millones de pesos, seguida por el agotamiento de hidrocarburos, con 178 mil 906 millones, y la degradación del suelo, con 70 mil 904 millones.

«Estos costos se miden mediante balances físicos que permiten conocer la disponibilidad al inicio de un periodo (activos o acervos de apertura), sus cambios durante éste y lo que quedó de los recursos al final del periodo (activos o acervos de cierre)», explica.

Los sectores económicos que mayores costos generaron fueron el de la minería, con 179 mil 770 millones de pesos; el del transporte, con 178 mil 420 millones, y el de la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 172 mil 654 millones.

En materia de agotamiento de recursos, el Inegi indica que el total de las reservas probadas, probables y posibles de hidrocarburos registraron una disminución promedio del 1.9 por ciento anual en el periodo 2005-2009.

Mientras tanto, señala, los activos forestales registraron una reducción total de 14 millones de metros cúbicos de madera en rollo.

«El costo por agotamiento de los activos forestales es resultado de las actividades silvícolas sin manejo sustentable de los bosques, la tala clandestina, los incendios y el avance de la agricultura y la ganadería», apunta el reporte.

Por otra parte, la sobreexplotación del agua originó un incremento en los costos por agotamiento del recurso natural del orden de 4.2 por ciento anual en promedio.

Descuido

El Inegi destacó que la interacción entre el medio ambiente y la economía se ha convertido en una preocupación cada más importante para los gobiernos y las instituciones públicas a nivel mundial.

«(Actualmente) los recursos naturales son vistos como bienes escasos cuyo ritmo actual de aprovechamiento podría afectar su disponibilidad y, por ende, la productividad sostenida de la economía, sin olvidar los graves efectos para la salud y el bienestar humano», estableció.

Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones del Inegi, los sectores económicos del País invierten en protección ambiental el equivalente a 12 por ciento del costo del daño ecológico ocasionado por su actividad.

En 2009, detalla el reporte, gastaron en ese rubro 116 mil 341 millones de pesos, de los cuales casi una cuarta parte correspondieron a dependencias gubernamentales.