Categoría: Modelo extractivo

Durango: opositores a la planta de cianuro «Chemours Laguna» dicen NO al diálogo con el gobierno y la empresa

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Comunicado de prensa del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT) – Ciudad de Torreón, Coahuila, a 24 de abril 2018

Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, le decimos a la opinión pública, a la empresa y al gobierno del estado que no llevaremos a cabo Ningún Diálogo relacionado con el Proyecto Chemours Laguna, porque desde el 24 de junio del 2017 – día en el que fue colocada la «primera piedra» del Proyecto Chemours Laguna en la localidad de «El Siete Pueblo Nuevo», municipio de Gómez Palacio, Durango, hasta hoy, sólo hemos recibido amenazas, desprecio, racismo, estigmatización, criminalización, divisionismo y violencia.

Nos negamos rotundamente a dialogar con quienes ponen en riesgo nuestra salud y amenazan nuestra integridad, así como la del medio ambiente y los bienes naturales que nos rodean. Nos oponemos a dialogar con quienes dan prioridad a los intereses empresariales aun a costa de la violación a las leyes y a los derechos humanos.

Nunca -ni antes, ni durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental- fuimos informados sobre el Proyecto «Chemours Laguna». Desde el inicio las autoridades de gobierno nos han ocultado información para favorecer en todo lo posible a la empresa The Chemours Company, quien, por su parte, con información incompleta y falsa, le ha mentido y ha engañado al propio gobierno, poniendo en evidencia el aprovechamiento del contexto de corrupción e impunidad que vivimos en nuestro país.

Contrario a lo que podríamos esperar de una empresa transnacional de estas dimensiones, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada para su evaluación ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), proporciona información sesgada, distorsionada, e incompleta, además de hacer graves omisiones, como la no existencia de 19 de las 21 comunidades que seríamos potencialmente afectadas por el proyecto.

En este sentido, en la MIA la empresa señala, en la Tabla 7, «Vinculación con los criterios de desarrollo industrial de la UGA 19», (página 92), que «Si bien es cierto, el proyecto Chemours Laguna realizará actividades altamente riesgosas, también es cierto que el proyecto no se ubica en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios» y sólo se limita a señalar que el proyecto se ubica «a siete kilómetros de la localidad de Brittingham y a ocho kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita». Sin embargo, entre el polígono donde pretende ubicarse el Proyecto Chemours Laguna y las comunidades de Brittingham y Martha (que sí aparecen en la MIA), existen 19 asentamientos humanos que fueron invisibilizandos por la empresa: «El Siete Pueblo Nuevo» a 2 km; «El Volado» a 2.2 km; «Abisinia» a 3.2 km; «América Uno» a 3.6 km; «Numancia» y «San Roque» a 4.4 km; «Cuatro de Diciembre» a 4.5 km; «La Aurora» a 5 km; «Las Lechuzas» a 5 km; «Sierra Hermosa» a 5.5 km «Las Playas» a 6 km; «Noé» a 6.5 km; «Poanas» a 6.7 km; «Dolores» a 7.2 km; «La Plata» a 7.2 km; «La Mina» a 7.8 km; «Colonia 6 de Julio» a 7.8 km; «Estación Noé» a 7.8 km; y «María Antonieta» a 7.8 km.

Las mentiras e inconsistencias son mayúsculas y, sin embargo, el proyecto fue aprobado por el gobierno federal y municipal y promovido fuertemente por el gobierno estatal por encima de nuestros intereses que somos quienes sufriremos las consecuencias.

Todas y todos sabemos que uno de los peores males que tenemos en este país se explican a partir de la corrupción, la violencia y la impunidad que ocurre en el contexto de este tipo de proyectos en donde empresas y gobiernos están coludidos. Por ello, en el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, hemos acordado que no vamos a legitimar ni contribuir, con un diálogo, a un proyecto que de origen no debió de ser autorizado.

¿Qué tipo de diálogo podemos esperar de una empresa cuyo proyecto no sólo nos invisibiliza como población, sino en el que le miente al gobierno mexicano? ¿Qué tipo de garantías de diálogo pretende impulsar un gobierno que nos criminaliza, nos reprime y nos encarcela, además de su abierta y franca pretensión por apoyar, al costo que sea, el proyecto?

Combatiremos al Proyecto Chemours Laguna desde la organización de los pueblos y desde los Tribunales y, de ninguna manera, aceptamos que nos estigmaticen como violentos. Los violentos son quienes se niegan a responder las pretensiones ciudadanas. Los violentos son quienes se niegan a responder a nuestros intereses. Los violentos son quienes pretenden continuar destruyendo el medio ambiente en su afán de enriquecerse a costa de lo que sea.

Lo que está en disputa es la seguridad de nuestro territorio y de nuestras familias.

¡FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS!
 
 FIRMA:

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Foto: Rueda de prensa del FUPLDVT en Ciudad de Torreón, Coahuila, a 24 de abril 2018/ Crédito: FUPLDVT

Contacto:
Correo electrónico: frenteunidodepueblosdelalaguna@gmail.com
Teléfono: + 871 473 2134
Facebook: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio – Twitter: Frente UPLDVT

Más información:

Tras la suspensión de la planta de cianuro «Chemours Laguna», comunidades de Durango reafirman su apuesta por la vida

Durango: Represión y criminalización contra los opositores al ilegal proyecto de planta de ciuanuro «Chemours Laguna»

La fabricación de la muerte en América Latina

Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

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Acacoyagua, Chiapas, México
A 20 de abril 2018

Pronunciamiento final del Encuentro

«¡Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!»

Los 19 y 20 de abril 2018, organizaciones y comunidades que formamos parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas, nos reunimos en las tierras del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» (FPDS), en el marco del Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!», que realizamos en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas.

Hace años que nos hemos venido encontrando entre hombres y mujeres integrantes del Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo. Buscamos tejer nuestras luchas y hacer frente común al avance del extractivismo, es decir la actual fase del capitalismo que extrae un máximo de bienes comunes naturales para la acumulación de riqueza y la exportación de materias primas. Junt@s y unid@s frenaremos este modelo que daña la vida, la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, el tejido social, el patrimonio biocultural y nuestra espiritualidad.

El FPDS está a punto de cumplir tres años de resistencia contra las 21 concesiones mineras que existen en Acacoyagua y Escuintla. Nos reunimos en su territorio porque su lucha digna y justa en defensa de la vida y de la Madre Tierra es un ejemplo para nosotr@s. Su defensa es esencial para el bienestar de la población y de las futuras generaciones a quienes tenemos que dejar ríos limpios, libres de contaminación minera. Admiramos la valentía de l@s compañer@s del FPDS quienes llevan año y medio instalad@s en dos campamentos en Acacoyagua para impedir el paso de las maquinarias de la empresa El Puntal S.A. de C.V. hacia la mina de titanio «Casas Viejas». Gracias a esta acción, la mina no está activa, pero seguiremos apoyando al FPDS hasta que las 21 concesiones se cancelen de manera definitiva. Les felicitamos por haber logrado que en septiembre y octubre 2017, el ejido y los Bienes Comunales de Acacoyagua firmaran acuerdos de asamblea en donde se prohibe la actividad minera.

Su lucha es difícil y de muy largo aliento, como la de cada un@ de nosotr@s, pero estamos conscientes de que hay seguir luchando. Debemos agarrarnos de la mano, porque hoy no solo hay que enfrentarnos a las minas, sino un conjunto de megaproyectos, que hacen parte del modelo extractivo, ya que hoy hasta nuestro propio maíz originario está amenazado.

Oficialmente existen 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, pero en Pijijiapan, l@s compañer@s del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas ya lograron la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. En Pijijiapan, l@s compañer@s de las comunidades de Lázaro Cárdenas y comunidades vecinas están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas afectando la salud las personas que dependen de esa agua. Nos solidarizamos con su lucha contra el despojo agroindustrial.

Nos amenazan también los proyectos de parques eólicos que quieren producir energía eléctrica con el viento, como en el municipio de Arriaga. Están también los proyectos de la economía verde que buscan sacar provecho de la biodiversidad a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y de la militarización, con la implementación de la Gendarmería Ambiental, a la cual resisten los compañeros de «Reddeldía de los Montes Azules» en la Selva Lacandona. En cuanto a la explotación de hidrocarburos, compartimos la digna lucha del pueblo indígena zoque de Chiapas quien la cancelación de los bloques 10 y 11 de la Ronda 2.2. en los cuales se planeaba explotar 12 pozos de hidrocarburos en su territorio, pero seguimos pendiente de cualquier otro ataque a su soberanía.

La legalización del despojo se traduce por la implementación de nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sureste mexicano, entre ellas la ZEE de Puerto Chiapas que va a ocupar 8,611 hectáreas en tierras de Tapachula. El gobierno nos hace creer que se trata de un proyecto social que va a sacar a nuestras comunidades de la pobreza, pero bien sabemos que significarán «progreso» y «desarrollo» solo para las empresas, las cuales no pagarán ningún impuesto dentro de la ZEE. A cambio sacarán mucha energía, agua y mano de obra explotada para funcionar, dejándonos solo con más pobreza, más contaminación y menos tierras cultivables. Además, las ZEE son un atentado a la soberanía de nuestros municipios ya que las van a administrar personas externas que podrán venir del sector privado. Nosotros tenemos otro proyecto de vida más sustentable para nuestras comunidades, basado en el rescate de nuestros usos y costumbres, nuestras semillas originarias y nuestra medicina tradicional.

Rechazamos la nueva Ley de Seguridad Interior que otorga el derecho al presidente de la República de activar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier situación que represente un supuesto riesgo para la seguridad nacional. El Ejército podrá intervenir hasta en protestas pacíficas, por lo que condenamos esta nueva ley anticonstitucional, hecha para proteger a las empresas, no a l@s campesin@s. Ya lo vimos en enero de 2018, cuando el Ejército entró en varios ejidos del municipio de Ocosingo en la Selva Lacandona, en el marco de la implementación de la ley.

Denunciamos la implementación de estrategias de control y de programas asistencialistas en el marco de las elecciones de 2018, que generan división en las comunidades e incrementan los niveles de violencia. En el municipio de Cancúc, por ejemplo, se les está pidiendo a las comunidades y policías comunitarias vigilar con armas la entrega del programa Prospera.

Ante este panorama, nos da mucha esperanza encontrarnos en el territorio del FPDS, donde la lucha organizada y pacífica tiene resultados concretos y logra frenar el despojo, en presencia de otras organizaciones y comunidades que también se defienden y derrotan proyectos de muerte. Al resistir de forma organizada al modelo extractivo, reforzamos nuestra defensa territorial y nuestra búsqueda de soberanía, generamos unión y articulación entre los pueblos explotados, y recuperamos el ejercicio de nuestros derechos colectivos.

Firmamos:

Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo
Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» (FPDS)
Comisariato de Bienes Comunales de Acacoyagua, Chiapas
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco
Pescadores y Campesinos de la Costa y Sierra de Chiapas
Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz
Movimiento «Reddeldía de los Montes Azules»
La Voz del Pueblo
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Parroquia de Cancúc
Parroquia Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) de Ocosingo
Kinal Antsetik A.C.
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE)
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH)
Colectivo Geocomunes

Nos acompañan:

Movimiento Sueco por la Reconciliación – México (Swefor México)

Fotos: Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!» en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas, los 19 y 20 de abril 2018. Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

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Más información:

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

El Escaramujo 72: LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS

Análisis de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas (Colectivo Geocomunes)

Análisis en general de las Zonas Económicas Especiales (Colectivo Geocomunes)

En los medios:

Colectivos seguirán lucha contra «extractivismo» en Chiapas (La Jornada)

Encuentro de pueblos organizados de Chiapas señaló el avance en su lucha contra el extractivismo (Chiapas Paralelo)

Comunidades de Chiapas se pronuncian contra extractivismo (La Coperacha)

Pronunciamiento final del Encuentro «¡Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!» (Rebelión)
 
Comunidades en defensa del territorio y la vida se encuentran en Acacoyagua (Swefor)

[LIBRO PARA DESCARGAR] En la espiral de la energía

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La confederación de ONGs ecologistas española «Ecologistas en Acción» pone a disposición libre el texto íntegro de la segunda edición revisada y actualizada del libro en dos volúmenes En la espiral de la energía de Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes.

>> Descargar el Volúmen 1 <<

>> Descargar el Volúmen 2 <<

>> Comprar el libro aquí <<

Presentación:

Formas de habitar, economías, sistemas políticos, tipos de trabajos, demografía, luchas sociales, tecnologías, sistemas de valores, maneras de relacionarse con el entorno… ¿cómo han interaccionado a lo largo de la historia?, ¿tiene su discurrir forma de espiral?, ¿qué papel ha tenido la cantidad y cualidad de la energía disponible en su evolución? Y, sobre todo, ¿cuál va a ser su evolución futura?

Estamos en un momento de cambios radicales: el colapso del capitalismo global y de su civilización. Para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles durante este proceso, creemos que es esencial comprender mejor elementos sustanciales de la historia de la humanidad y del futuro más probable. Este libro es una invitación al diálogo colectivo para elaborar las estrategias e iniciativas emancipadoras que necesitamos.

La segunda edición de En la espiral de la energía es una revisión completa de la primera. Contiene datos actualizados, gráficas y tablas nuevas, y argumentaciones más pulidas al calor de los múltiples foros de discusión que se generaron alrededor de la primera edición. En definitiva, es un trabajo más maduro, más acabado.

Objetivos y perspectiva del libro:

El objetivo de este texto es comprender mejor elementos básicos de la historia de la humanidad y de los futuros que los autores argumentan como más probables para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles en este tiempo de cambio civilizatorio que estamos viviendo. Es una invitación al diálogo colectivo para elaborar nuevas estrategias e iniciativas.

El libro parte de la premisa de que necesitamos tener perspectiva histórica. Una perspectiva que analice el discurrir de la humanidad en un contexto ecosocial amplio y que, además, enmarque esto en la evolución de la vida y de los sistemas complejos. También necesitamos imaginar el futuro para poder encararlo con más posibilidades de éxito emancipador. Una visión de medio y largo plazo es imprescindible para elaborar estrategias exitosas. La idea es fusionar aprendizajes del pasado y de los posibles futuros para moldear colectivamente caminos que nos permitan construir un mundo donde quepan muchos mundos.

Uno de los problemas para afrontar el actual colapso de la civilización industrial es nuestra dificultad para comprenderlo en su complejidad y en sus raíces. No necesitamos conocimientos fraccionados, sino totalizadores y por ello el texto aborda, bajo el prisma de la historia, distintas disciplinas como la economía, la ecología, la sociología, la física, la química, la filosofía, la politología, el urbanismo, la psicología, la demografía, la geología o la ingeniería. La idea de partida es que los aprendizajes importantes en este tiempo histórico están en las fronteras entre los distintos saberes. Además, los autores recurren extensivamente a explicaciones multicausales, en las que causas y consecuencias se entrelazan.

Entre los factores a analizar, el libro pone el foco en la energía. En los cambios históricos, la energía disponible en cantidad y calidad ha sido determinante. En primer lugar y de forma fundamental, porque la complejidad social solo puede aumentar si se incrementa la energía utilizada por el sistema humano. De este modo, en el devenir de la historia la energía ha cumplido un papel central: ha marcado, junto a los recursos materiales disponibles, el marco de juego en el que se han desenvuelto las sociedades. Ha determinado lo posible. Dentro de ese contexto, han sido los seres humanos quienes han tomado las decisiones.

Con ese prisma, el libro recorre momentos fundamentales en la historia de la humanidad. Uno fue el paso del metabolismo forrajero al agrícola, lo que generó profundas mutaciones sociales acopladas a una mayor disponibilidad energética. Un segundo salto determinante fue la aparición posterior de la guerra, el patriarcado y el Estado, los tres íntimamente relacionados entre sí y con una relación utilitarista de la naturaleza. Este tránsito se hizo con un salto energético acoplado, en concreto la extensión de la domesticación de los animales y de la explotación del trabajo humano. Un tercer momento fundamental fue el inicio del capitalismo fosilista con la Revolución Industrial, que transformó profundamente las sociedades del planeta y nuestro entorno. Ahora estamos viviendo otra gran transición energética, un nuevo marco de juego radicalmente distinto. Pero en esta ocasión, en lugar de aumentar la cantidad y calidad de la energía disponible, está empezando a disminuir. La espiral de la historia gira de nuevo, impulsada por cambios energéticos, para ponerse junto al metabolismo agrícola pretérito, pero necesariamente con características distintas.

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Más información:

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Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

[INFORME] Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina: Un análisis ecofeminista

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Compartimos el informe «El IBEX 35 en guerra contra la vida – Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina: Un análisis ecofeminista», publicado por la Confederación de ONGs ecologistas española «Ecologistas en Acción» en enero 2018.

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Introducción:

Conflictos por la acción de las transnacionales españolas en el exterior: la otra cara de la “Marca España”

En los últimos 20 años las empresas con sede en el Estado español han llevado a cabo un intenso proceso de internacionalización que ha hecho que en la actualidad el 62.4% de la facturación de las compañías del IBEX 35 [1] se genere en el exterior. En algunos casos, el porcentaje incluso llega a ser cercano al 100%. [2]

Desde que comenzó el proceso de internacionalización en los años 90, las empresas españolas pusieron sus miras en América latina en un periodo caracterizado por la adopción de políticas económicas neoliberales en el marco del proceso de globalización. Así, mientras
en España se fomentaban fusiones, reestructuraciones y privatizaciones de compañías que aumentaron de tamaño y de capital, en América latina se imponían reformas estructurales basadas en la privatización, la liberalización de los mercados y la apertura a la inversión extranjera directa. Esto hizo posible que las empresas españolas accedieran al control de los sectores estratégicos de los países latinoamericanos – bancario, eléctrico, de telecomunicaciones, hidrocarburos, construcción, etc.-, y que de esta región obtuvieran entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales. [3]

En los últimos años se ha producido un direccionamiento de las inversiones hacia Europa y han comenzado a expandirse, todavía en menor medida, en África, Asia y Oceanía. [4] Pese a todo, América latina continúa siendo un objetivo geoestratégico para los intereses de las transnacionales españolas. A día de hoy España es uno de los primeros inversionistas en la región.

Los beneficios económicos obtenidos por las grandes corporaciones se sostienen sobre lageneración de importantes impactos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de derechos humanos. En la primera parte de este informe se describen tres conflictos provocados por la actua ción de empresas españolas:

  • La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.
  • La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala.
  • El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a varias empresas, entre ellas, a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

La selección de estos casos ofrece un panorama de varios conflictos socioeconómicos que han sido provocados por distintas empresas españolas, que están relacionados con megaproyectos de diversa tipología, y ubicados en diferentes países. Somos conscientes de la necesidad de ampliar la mirada y el análisis a otras regiones que reciben menos atención como África, Asia y Oceanía, que mantenemos como una tarea pendiente ante la dificultad para acceder a información suficiente y contrastada. Con todo, lo importante es comprender que los ejemplo que aquí se exponen no constituyen casos aislados. Al contrario, analizar conflictos con esta diversidad deja entrever la existencia de patrones comunes y sistémicos en la actuación de las transnacionales.

Si bien el análisis de los casos seleccionados está orientado a mostrar el accionar de las empresas españolas en los territorios donde operan, no queremos dejar de mencionar la connivencia político-económica existente entre las transnacionales y la clase política en el Estado español. Solo poniendo como referencia las compañías incluidas en este informe podemos encontrar una ingente cantidad de casos de puertas giratorias entre el poder corporativo y político. Por citar un ejemplo, Gas Natural Fenosa tiene en su historial más de 30 casos de puertas giratorias, entre los que destacan dos expresidentes de gobierno -Leopoldo Calvo Sotelo Felipe González-, cinco exministros y decenas de exdiputado y secretarios de Estado.

No es el único caso: en los últimos 40 años el 40% de los ministros españoles han pasado a convertirse en altos cargos de grandes corporaciones. Repsol, una de las empresas españolas con mayor número de puertas giratorias de políticos del PP, PSOE y PNV, tiene como consejeros al exministro de Industria y Energía del PSOE, Luís Carlos Croissier, al ex vicelehendakari (vicepresidente de la comunidad autónoma del País Vasco) Mario Fernández, y al expresidente del PNV y exconsejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, Josu Jon Imaz, entre otros. Por Iberdrola han pasado el exministro del PP Ángel Acebes, además de un expresidente de Congreso, un secretario de Estado, y varios diputados y consejeros autonómicos del PSOE y del PP. [5]

Quienes no hacen uso de las puertas giratorias para sellar su vínculo con el poder político lo hacen a través de influencias indebidas, como el Grupo ACS, una  de las empresas que se ha visto involucrada en varios escándalos de corrupción. La constructora que preside Florentino Pérez ha sido vinculada al Caso Púnica, a los papeles de Bárcenas y al Caso Lezo, que sugieren que la compañía se había beneficiado de la adjudicación de contratos a cambio del pago de comisiones ilegales al PP.

Esta es la otra cara de la Marca España, esa que el Estado ensalza cuando asegura que es la «creatividad, capacidad organizativa, esfuerzo y dedicación lo que ha permitido a las empresas españolas ocupar las posiciones de liderazgo». [2] En este informe mostramos
otra versión.

¿Por qué una mirada ecofeminista?

Ningún conflicto socioecologico es neutral al género, como tampoco lo es a la clase, el origen étnico o la cultura. Si las interacciones entre la sociedad y la naturaleza están atravesadas por relaciones de poder, es preciso tener en cuenta que es en la intersección de dichas variables de jerarquización social -género, clase, etnia, etc.- donde se estructura el conflicto. El acceso y el control sobre los recursos naturales, los impactos derivados de la degradación ecológica y las respuestas que desarrollan los sujetos sociales para enfrentarse a ellos son distintas en función de la posición que ocupan en esa estructura de poder.[6] Por eso, una mirada ecofeminista permitirá, en primer lugar, superar el sesgo androcéntrico que han caracterizado tradicionalmente a las lecturas sobre los conflictos socioecológicos.

Pero incorporar un análisis ecofeminista no solo es importante para comprender los impactos diferenciados que generan los megaproyectos de las transnacionales en las vidas de las mujeres campesinas e indígenas -aspecto que se describe en el primer bloque de este informe-, sino sobre todo para evidenciar el sistema sobre el que se asientan y que simultáneamente contribuyen a profundizar. Porque lo que está en juego es la imposición de un determinado modelo de desarrollo colonial y -enfatizamos- patriarcal dirigido a satisfacer los intereses de la clase capitalista global.

Por eso, en el segundo bloque de este informe nos centraremos en analizar cómo la penetración de las grandes corporaciones en los territorios y en las vidas de las comunidades conlleva una reactualización del patriarcado. La masculinización de las tomas de decisión, la profundización de estereotipos sexistas, la conformación de estructuras laborales patriarcales, la responsabilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura de los ciclos de reproducción, o la intensificación del control social de los cuerpos de las mujeres son, como argumentaremos, condiciones necesarias para que las transnacionales implementen sus megaproyectos.

Ante este escenario no es de extrañar que las mujeres estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del territorio y la naturaleza frente a los intereses corporativos. Tampoco es difícil imaginar por qué la violencia contra las defensoras no deja de crecer: entre 2012 y 2014, las agresiones hacia las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, por ejemplo, prácticamente se duplicaron. Y es que, como veremos más adelante, las mujeres campesinas e indígenas que defienden el territorio y la naturaleza suponen una amenaza para los poderes fácticos ya que articulan luchas que cuestionan de forma frontal las bases del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

Notas:

[1] El IBEX 35 es el principal indice bursátil de la bolsa español, formado por las 35 empresas españolas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).

[2] Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España «Presencia de España: La empresa española en el mundo» (2013)

[3] «Empresas energéticas y vulneración de derechos humanos» (Pedro Ramiro y Erika González – OMAL – Diciembre 2016)

[4] Informe OMAL nº 19: «Internacionalización de la empresa española (2000-2015)» (OMAL – Julio 2017) 

[5] http://www.puertasgiratorias.org/

[6] Agarwal, Bina. 2004. “El debate sobre género y medio ambiente: lecciones de la India”. En Miradas al futuro: hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, compilado por Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez, 239-287. México, DF.: UNAM

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

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Libro en PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

 

Tras la suspensión de la planta de cianuro “Chemours Laguna”, comunidades de Durango reafirman su apuesta por la vida

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Pronunciamiento del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT) en el marco del «Encuentro de comunidades en resistencia contra el Proyecto Chemours Laguna»– Ejido La Aurora, Municipio de Gómez Palacio, Durango, a 14 de Abril del 2018

A las Comunidades Afectadas,
Al Pueblo de la Comarca Lagunera,

Nos hemos reunido hoy en la Comunidad de La Aurora para reconocernos como Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio luego de que, el 9 de marzo pasado, en el contexto de una protesta pacífica en contra del Proyecto «Chemours Laguna», las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, nos reprimieran violentamente.

Ese día, las policías violaron nuestro derecho a la libertad de expresión y vulneraron nuestra integridad personal al confrontarnos con amenazas e intimidación, con agresiones físicas directas, puñetazos y patadas, utilizando gases lacrimógenos y detonando armas de fuego. Allanaron nuestras viviendas, destruyeron nuestros comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas.

A treinta y seis días de aquellos hechos, muchas cosas han ocurrido pero nuestra posición respecto de la «fabrica de la muerte» se mantiene: ¡NO LA QUEREMOS EN LA LAGUNA!

¡No olvidamos! Ese gobierno que ahora quiere debatir sobre el Proyecto «Chemours Laguna» es el mismo que nunca nos atendió, el mismo que mandó golpearnos, el mismo que arrestó a muchos de nuestros compañeros, el mismo que intentó infiltrar nuestro movimiento y trató de debilitarlo.

Ese mismo gobierno ha priorizado su relación con la empresa «The Chemours Company» en oposición al deseo de las comunidades que aquí nos encontramos. Rosas Aispuro no ha dejado de pronunciarse a favor del Proyecto «Chemours Laguna» a pesar que desde aquí le hemos dicho que no lo queremos en nuestros territorios.

Ahora mismo el Proyecto «Chemours Laguna» se encuentra suspendido por orden judicial y queremos aprovechar para agradecer a la organización Pro-Defensa del Ciudadano, A.C. por este esfuerzo solidario para que el derecho a la salud, al medio ambiente sano y la autodeterminación de los pueblos de la Comarca Lagunera no se vea vulnerado.

Hoy, después de múltiples intentos, tanto del gobierno municipal de Gómez Palacio, como del gobierno del Estado de Durango y de la la empresa «The Chemours Company» por desestabilizarnos y debilitarnos, nos encontramos más fuertes que nunca. A ellos les decimos que NO desistiremos en nuestra oposición a la instalación de su fábrica de muerte.

A los ciudadanos de la Comarca Lagunera les hacemos un atento llamado para que hagan suya esta lucha que no tiene otra intención más que la de garantizar la seguridad de nuestro entorno: No queremos un desarrollo que genere víctimas. No queremos ser el vertedero de desechos, materiales y humanos, de industrias irresponsables. No queremos vender nuestra salud, ni nuestro territorio. No queremos que el modelo de desarrollo sea una amenaza para nuestras comunidades. «Chemours» no debe instalarse ni aquí ni en otro territorio de México.

Sí queremos una vida digna. Queremos participar y ser tomados en cuenta. Queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. Invitamos a aquellos que compartan estos ideales a seguir unidos para no permitir que intereses mezquinos desangren la vida. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue vivo e invita a que cada vez más estemos informados, organizados y dispuestos a unir fuerzas por nuestra tierra.

¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Videos del encuentro:

– Bienvenida a Don Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo

– Experiencias en defensa del territorio

Más información en:
Correo electrónico: frenteunidodepueblosdelalaguna@gmail.com
Facebook: @FrenteUnidodePueblosdeLaLaguna; Twitter: @FrenteLaguna

Foto: El «Encuentro de comunidades en resistencia contra el Proyecto Chemours Laguna» el 14 de abril en el ejido La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango (Crédito: FUPLDVT)

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Petición: El gobierno de España debe eliminar el aceite de palma de la producción de biodiésel

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Artículo de la confederación de organizaciones ecologistas de España «Ecologistas en Acción» – A 13 de abril 2018

  • España se opone a apoyar una propuesta del Parlamento Europeo para dejar de utilizar el aceite de palma en el biodiésel.
  • Ecologistas en Acción, Salva la Selva y Transport and Environment (T&E) denuncian que el cultivo de la palma aceitera provoca enormes emisiones de CO2, desplaza a las poblaciones indígenas y destruye biodiversidad.
  • Salva la Selva lanza una petición en línea para exigir que el gobierno de España elimine el aceite de palma del biodiésel

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

El Parlamento Europeo ha aprobado un borrador de Directiva de Renovables en el que, entre otras cosas, se llama a que el biodiésel de aceite de palma no se considere una energía renovable, lo que significaría su práctica desaparición del mercado de los biocombustibles. Este borrador se está discutiendo en el Consejo de Europa, donde se reúnen los representantes de los Estados miembros, y la Comisión Europea. Al contrario que otros países de la Unión, como Holanda o Portugal, el Estado español se ha posicionado claramente en contra de esta eliminación, según filtraciones a las que ha tenido acceso Ecologistas en Acción.

Y es que el aceite de palma no solo está en la mayoría de los alimentos procesados, también se mezcla en forma de biodiésel con el diésel convencional que consumimos en Europa. En concreto, casi la mitad del aceite. Al contrario que en los alimentos, los consumidores no podemos elegir consumirlo o no, ya que el biodiésel está siempre mezclado con el diésel convencional. Es el resultado de una medida de la Directiva de Energías Renovables vigente, que obliga al uso de energías renovables en el transporte. Y esto se consigue mayoritariamente mediante el uso de biocombustibles, entre ellos de biodiésel de aceite de palma.

El objetivo de la medida era disminuir las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Pero, al contrario que se pensaba, los biocombustibles producen enormes cantidades de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), y son particularmente altas cuando provienen del aceite de palma.

Lo que ocurre es que la palma aceitera se cultiva en zonas de turberas y selvas de gran valor, principalmente en Indonesia y Malasia. La quema de amplias zonas de selva, y sobre todo el drenaje de turberas para su posterior cultivo, suponen la liberación una enorme cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. A esto hay que sumar emisiones que no continúan reteniendo las tierras deforestadas, además de las correspondientes al proceso de fabricación, transporte y quema del biodiésel. El resultado son emisiones GEI 3 veces mayores que las de la quema de combustibles fósiles.

Desgraciadamente, el impacto del cultivo de la palma aceitera no termina ahí. Este cultivo conlleva la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción como el orangután. Por si fuera poco, se trata, en general, de grandes plantaciones que desplazan a los pequeños propietarios, que se ven obligados a abandonar su tierra. Ha llegado incluso a costar la vida a líderes de estas comunidades, como Hernán Bedoya.

Según Nuria Blázquez, responsable de biocombustibles de Ecologistas en Acción, «la posición española es contraria a los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, además de ir en contra de los derechos humanos y la conservación de la biodiversidad».

Klaus Schenk, portavoz de Salva la Selva, ha añadido: «La mayor parte del aceite de palma en España (1,2 millones de toneladas en 2017) se destina a la producción de biocombustibles. El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel de las energías renovables. Por eso Salva la Selva invita a firmar esta petición para que el Gobierno español cambie de postura».

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

La petición lanzada por Salva la Selva es una carta en línea dirigida a: Álvaro Nadal, Ministro de Energía; Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura y Medio Ambiente; Román Escolano, Ministro de Economía; cc Miguel Arias Cañete, Comisario UE Clima y Energía; José Blanco López, Ponente UE DER

El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Estimados señores/as ministros:

La Unión Europea está decidiendo la nueva Directiva de Energías Renovables que estará vigente entre los años 2021 y 2030.

En el marco del proceso de renovación de la Directiva, el Parlamento Europeo decidió el 17 de enero 2018 con amplia mayoría eliminar el aceite de palma como materia prima renovable para la producción de biocombustibles (biodiésel e hidrobiodiésel).

La decisión se fundamenta en la tala masiva de las selvas tropicales para establecer las plantaciones de palma aceitera, la destrucción de la biodiversidad y el despojo a pequeños campesinos y pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.

Estudios encargados por la propia UE certifican que el biodiésel de aceite de palma libera tres veces más emisiones de efecto de invernadero que el diesel fósil de petróleo.

En este contexto, estamos muy en desacuerdo con el intenso lobby que el gobierno español está llevando a cabo a favor del aceite de palma en el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Pedimos al gobierno Español que ayude a la protección de las últimas selvas tropicales y sus habitantes. Deben tomar en serio los nocivos efectos de la industria de aceite de palma y actuar en consecuencia respetando la bien fundada decisión del Parlamento Europeo de eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Atentamente,

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

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La empresa minera Industrias Peñoles ultiliza a la UNAM para limpiar su imagen

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Comunicado de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 2 de abril 2018

Industrias Peñoles utiliza a la UNAM
Universidades de Educación Superior al Servicio de las Mineras

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),

Bajo las condiciones actuales de nuestra sociedad, viviendo en el entramado de un modelo extractivista, resulta sumamente complicado discernir entre paliativos y actos de compromiso social: el caso específico de las «jornadas de salud» que ha emprendido la Secretaría de Salud de Zacatecas en conjunto con la Fundación UNAM, organizadas por la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, ponen en manifiesto las alianzas que existen entre dependencias gubernamentales, universidades «autónomas» y particulares, en donde bajo la lógica, o mejor dicho, la ilógica neoliberal, quien pone el dinero, se faculta para conducir resultados, decisiones y voluntades.

Ese es el caso del convenio citado entre la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, y la UNAM, para emprender «jornadas de salud» en municipios devastados por la actividad minera que dicha empresa lleva a cabo. La mina a tajo abierto de Fresnillo genera un daño multidimensional irreversible en Zacatecas, consistente en la contaminación de los mantos freáticos, el gasto desmesurado de agua en una región cuyos pobladores tienen escaso acceso a ella, la acidificación del agua, la diseminación aérea de contaminantes, el rompimiento de la trama social de las comunidades, su expulsión, las afectaciones irreversibles a la salud de los pobladores por exposición a metales pesados que provocan, entre otras enfermedades: partos prematuros, malformaciones congénitas, incremento en casos de cáncer, insuficiencia renal, daño hepático o en la piel.

Es sobre esta devastación socio ambiental que Fresnillo PLC, en 2016, tan sólo en la mina del municipio de Fresnillo produjo 596,963 toneladas de minerales (principalmente de plata con 3.8 millones de onzas), mismo que se tradujo en ventas por 382.7 millones de dólares para esta mina en ese año. Esta cantidad hace ver lo risible de las becas alimentarias que otorga, más aún si consideramos que a quien se los da, es a médicos con cinco años de formación en una universidad pública que desempeñan ahí labores profesionales con las que las empresas ganan el título de responsabilidad social.

Así, la principal universidad pública del país a través de la Fundación UNAM, ha emprendido más de una vez proyectos que utilizan al cuerpo académico de esta casa de estudio (estudiantes e investigadores), para el interés de grandes empresas privadas. En este caso, convirtiendo el servicio social en un servirse por parte de las empresas privadas, a la vez que también nutre la desinformación deliberada que forma parte sustantiva de las estrategias de las empresas mineras para facilitar los procesos actuales de despojo inherentes al extractivismo que sufre el país.

Es un hecho que las empresas dedicadas a este tipo de explotación del territorio se han infiltrado en varias instituciones educativas del país, tal como ha sucedido a través de la mentada Fundación UNAM, en la que empresas como la ExxonMobil o la minera Goldcorp son donantes desde hace varios años, así como sucede con Industrias Peñoles, a través de su filial Fresnillo PLC, con la cual desde hace tres años ha realizado el mentado convenio de vinculación.

Nosotros, como comunidades de afectados por el modelo extractivo que estas empresas sostienen, vemos con enorme preocupación el terrible riesgo de la pérdida de credibilidad y objetividad que corren las Universidades y los Centros de Investigación, al ser partícipes a través de sus fundaciones, de recibir financiamiento o realizar convenios de colaboración con los cuales las empresas privadas pretenden lavar la desastrosa realidad en la que operan. El seno de las Universidades no deben permitir perder el peso y poder en la dirección y rumbo del quehacer de las universidades, y menos de la UNAM que es considerada como la más importante del país, misma que, por ser pública, se debe a las necesidades del pueblo y no de los intereses privados.

Los pasantes en servicio social que pronto percibirán la causa de las enfermedades en la consulta, no deben ser utilizados para atenuar con medidas cosméticas los daños irreversibles de la minería, menos aún deben ser utilizados cuando el cometido de la enseñanza superior es ir a la raíz de los problemas y no, por el contrario, diluirla y disimularla. Lejos de constituirse como meros ejecutores de las encomiendas o exigencias privadas, desde donde difícilmente se distinguen y viven las necesidades y problemáticas reales, se debería promover que los estudiantes estén al servicio del interés comunitario.

Lamentamos también que la UNAM se preste a enviar a sus estudiantes a zonas de alto grado de conflictividad y violencia, misma que, por cierto, ha sido desatada tras el arribo de la actividad minera, cosa que no sucede con otros alumnos a quienes se les prohíbe realizar prácticas en áreas de alto riesgo.

Sabemos que la penetración de las instituciones públicas por parte del capital minero es una estrategia recurrente y central en el modelo de explotación y despojo que nos mata. Este mismo mecanismo lo vemos a todos los niveles y en distintas instituciones. Tal como sucede con el uso del fondo minero con el cual se financia equipo en universidades, hospitales y municipios de zonas mineras. Es sin duda, una vinculación perversa que coopta, debilita y pone sumisas tanto a las instituciones públicas como a la ciencia misma.

Es falso que el interés público pueda ser financiado por el capital privado a través de mecanismos supuestamente altruistas, y por el contrario, cada vez es mayor que en todo el mundo opere la ciencia sin conciencia. El interés lucrativo de empresas como Exxonmobil, Industrias Peñoles, minera Goldcorp, Torex Gold, entre muchas otras, siempre guiará el actuar de éstas. Por ello, lo que se está permitiendo al introducirlas en las universidades, no es desarrollo, sino subordinación, coerción y el atamiento de la capacidad crítica y de acción de éstas. Dejamos sobre la mesa la conducente necesidad de escudriñar sobre el papel que está jugando esta Institución de Educación Superior (IES) y valorar si lo que se está ganando como institución vale más que lo que se está perdiendo como sociedad.

Sabemos que hay mucha capacidad y determinación por parte de grupos que han acompañado y fortalecido las demandas sociales de los pueblos, desde los quehaceres sustantivos de la universidad (extensión, investigación y docencia), y lo han hecho desde una perspectiva de servir a la sociedad con una cultura de prevención calidad y mejora. Por ello, hacemos un llamado a esta comunidad (de la UNAM y de todas las universidades) para protegerla de este tipo de maniobras que, de forma subrepticia, pretenden subordinarla a intereses ajenos al bien común del país y a la integridad de nuestros territorios. Las IES en general deben reivindicar y fortalecer su camino de autonomía institucional al denunciar y ser críticos ante estas intromisiones.

POR UNA ACADEMIA CON CONCIENCIA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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VIDEO: Comunidades del Río Verde en Oaxaca adoptan nuevos reglamentos para proteger su territorio

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Del 13 al 15 de marzo del 2018, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) organizó las «Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio» en las comunidades de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, y San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla. Ambas comunidades, en resistencia contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, presentaron sus nuevos reglamentos ejidales que sirven para proteger sus territorios de actividades extractivas. El COPUDEVER es miembro del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Compartimos el reportaje video de La Coperacha, publicado el 27 de marzo 2018:

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Compartimos el reportaje escrito de Educa Oaxaca, publicado el 23 de marzo 2018:

Para llegar del ejido Paso de la Reyna a San Lucas Atoyaquillo, Oaxaca, se tiene que transitar poco más de tres horas de camino, pese a que las comunidades se encuentran a tan solo 92 kilómetros de distancia. Ambas en su orografía, como en sus aspectos culturales brillan por sus diferencias: la primera se encuentra a los pies de las montañas, la otra enclavada en ellas; una chatina y la otra mixteca; una de risa fácil, la otra más reservada. Sin embargo, el deseo por conservar su principal afluente: el Río Verde, las hermana en una lucha jurídico y social por la defensa del territorio.

Fue en 2006, cuando en la región se inició un proceso de organización territorial para enfrentar la imposición del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reyna, y cuyo embalse inundaría más de 3 mil hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura, que tienen en el Río Verde su principal sustento. Una de estas comunidades es también San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla.

Los pasados 13 y 15 de marzo, en el marco de las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio que se realizaron para conmemorar el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, cada comunidad presentó un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna, esto de acuerdo al reconocimiento que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga hacia la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.

«En el 2010 nos propusimos elaborar nuestro reglamento pero no fue posible, hubo confusión en nuestras ideas… Hablar de nuestro ejido es muy complejo, somos tres comunidades y la idea ahí quedó. Formalmente retomamos este proceso en 2016, a través de una asamblea general y acordamos crear una comisión y ahora estamos viendo una victoria, un logro que nos propusimos«, señaló Crisanto Palacios Ruiz, ex Comisariado Ejidal de San Lucas, durante la presentación del documento a los integrantes de su comunidad y que también aglutinó a residentes de los anexos de Las Trojes y Corral de Piedra, en una calurosa tarde de compartencias.

Los reglamentos internos de los ejidos de San Lucas Atoyaquillo y Paso de la Reyna, que se entregaron en este acto a toda la población, son el resultado de dos años de trabajo, divididos en reuniones mensuales, donde se cuestionaron las necesidades y preocupaciones en torno al cuidado y protección del río, las plantas, los animales y el entorno comunitario, además de conocer los estatutos jurídicos nacionales e internaciones que respaldan sus derechos territoriales.

Estas actividades fueron asesoradas por las organizaciones civiles Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Tequio Jurídico, quienes además acompañaron el proceso de registro ante el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país.

Para Ana María García, del Área de Derechos Territoriales de EDUCA, estas actividades son el resultado de 10 años de trabajo comunitario, que ha permitido fortalecer la vida interna y en el proceso frenar el proyecto de la presa hidroeléctrica, y por ende la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca en donde participan pueblos chatinos, mixtecos, afromexicanos, organizaciones y comunidades de municipios afectados por proyectos de presas.

Cabe destacar que para acompañar la presentación de los reglamentos se contó la participación del destacado abogado, asesor agrario y autor de 14 libros de historia, luchas agrarias y derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, quien enfatizó que este documento servirá como instrumento para incorporar a las comunidades «algunos derechos que la Ley Agraria no contempla, como la libre determinación de los pueblos», además de que se cuenta con la ventaja de hacerlo perfectible, pues cada ejido puede irlo modificando de acuerdo a sus necesidades específicas.

Ante ello, el Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Paso de la Reyna, Pedro González Robles, explicó que «el año pasado hubo personas que entraron a nuestro ejido para agarrar las congas y los camarones sin pedir permiso, por ello les llamamos la atención y les explicamos que en este ejido ya tenemos un reglamento y esta acción está prohibida», señaló en asamblea comunitaria en donde centenares de pobladores se dieron cita para conocer, platear sus dudas, expresar sus testimonios y finalmente respaldar el Reglamento Interno del ejido Paso de la Reyna.

Posterior a este acto, pobladores de Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo, acompañados por una docena de comunidades, se reunieron la tarde del 14 de marzo, Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a orillas del Río Verde para llevar a cabo una celebración de agradecimiento al afluente: al ser que brinda vida a sus pueblos, que permite alimentarse, crecer, divertirse y valorar a la naturaleza. Es así, como dos comunidades divididas por las montañas pero unidas por un río, se hermanan y suman experiencias a favor de la defensa de su territorio.

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La Zona Económica Especial de Lázaro Cardenas – La Unión

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Análisis del colectivo Geocomunes – Febrero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte II: Territorialización del decreto de la ZEE de Lázaro Cardenas – La Unión

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Después de haber analizado en la parte 1 «Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes» qué son las ZEE, en qué fase están y por qué sus ubicaciones son estratégicas en la lógica del capital, es ahora importante detallar las características de cada una de las ZEE para las cuales se ha firmado el decreto y como se territorializa su posible despliegue (delimitación geográfica de la ZEE y de sus área de influencia, proyectos y empresas relacionadas, etc). En esta parte 2 empezamos con el análisis de la ZEE de Lázaro Cárdenas – La Unión que tiene su decreto firmado desde el 28 de septiembre de 2017.

Con 8,483 ha la ZEE de Lázaro Cárdenas – La Unión es la más pequeña de las 3 ZEE con decretos firmados. Esta ZEE se reparte entre los estados de Michocacán (alberga 70% de la ZEE con 5,900 ha en el municipio de Lázaro Cárdenas) y Guerrero (30 % de la ZEE con 2,543 ha en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca).

Por el momento existe una sección establecida de 547 ha a cargo del gobierno federal, ubicada en la Isla de la Palma. La Isla de La Palma fue adquirida en 1982 por el gobierno federal al ejido Zacatula y dotado en 1999 al gobierno de Michoacán junto con una franja de la isla del Cayacal. En 2003 con el Plan Estatal de Desarrollo se declaró el corredor industrial michoacano Lázaro Cárdenas-Morelia-Contepec y luego el congreso aprobó la desincorporación o expropriación de los primeros 183 ha en la isla. En 2007 la empresa estadounidense Kansas City Southern anunció su proyecto de terminal ferroviario de 80 ha dentro de la isla con una inversión de 80 millones de dólares. Y en 2015 el gobierno federal en el Plan Nacional de Infraestructura contempló una inversión de 1,315 millones de pesos para el desarrollo de un parque industrial en la isla, proyecto retomado luego en el Plan Nuevo Michoacán con la definición de las áreas (parques industriales, Recinto Fiscalizado Estratégico, patio ferroviario, etc). Sin embargo los planes del gobierno federal para la Isla de la Palma quedaron parados a razón del conflicto agrario existente con los ejidatarios que fueron expropiados sin haber tenido la indemnización de sus predios. Con la aprobación de la ZEE y la designación de la sección federal, el gobierno estatal transfiere las obligaciones jurídicas, administrativas y jurisdiccionales de la Isla de la Palma al gobierno federal para resolver el conflicto agrario y llevar a cabo el proyecto de parque industrial y de terminal ferroviaria.

El proyecto de ZEE está muy vinculado con el potencial para el movimiento de mercancías que permite el puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto empezó a operar en los setentas para abastecer a la siderúrgica contigua al puerto. Desde 1994 la administración del puerto está a cargo de la empresa paraestatal Administración Portuaria Intergral de Lázaro Cardenas (API). Hoy en día, Lázaro Cárdenas es uno de los principales puertos industriales del país, colocándose en el tercer lugar en movimiento de carga, detrás de Dos Bocas y Manzanillo.

Es el puerto más profundo de México y el único que puede recibir porta-contenedores de 7ª generación (los más grandes actualmente). Estas ventajas han permitido desarrollar rutas comerciales con 141 puertos de 31 países, principalmente del Pacífico oriental. Actualmente el puerto representa el 28% de los movimientos por contenedores en el litoral mexicano del océano Pacífico. Junto con el puerto de Manzanillo representa la mitad de la carga total operada en éste litoral mexicano y el 95% de los contenedores que transitan por el mismo. Esas cifras permiten entender la gran importancia que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas y su proyecto de ZEE, en el contexto de los posibles acuerdos bilaterales post TPP, para México en la lógica del capital.

Al respeto de los tipos de mercancías en las que está especializo el puerto de Lázaro Cárdenas, el granel mineral representa la principal línea de negocios en volumen de carga (52% del volumen de carga total en 2016). Eso se explica por la presencia dentro de las instalaciones del puerto de la empresa Arcelor Mittal, que importa hierro a la siderúrgica desde sus minas operandas en otros estados (Sonora y Colima) y exporta parte del mismo hacia Asia. Pero también por la presencia dentro del puerto de la empresa Fertinal que importa roca fosfórica desde Baja California para la elaboración de sus fertlizantes, sumada a la presencia de una terminal de carbón operada por la empresa Carbonser, que sirve para abastecer a la termoeléctrica de la CFE ubicada en Petacalco.

Después del granel mineral la carga de contenedores es el segundo tipo de mercancía más importante del puerto (26% de la carga total) y está enfocado principalmente en insumos para las industrias automotriz, manufacturera y química. Luego le siguen las mercancías de la actividad petrolera y sus derivados (11% de la carga total) debido a la presencia de una planta de PEMEX en el puerto que importa productos petroleros desde su refinería en el puerto de Salina Cruz. Esas cuatros empresas mencionadas representan la gran mayoría del mercado del puerto.

En el mercado nacional las principales zonas para el flujo de estas mercancías son el Valle de México (Ciudad de México y zonas industriales del Estado de México) y la zona del Bajío. Y en el mercado internacional el puerto importa mercancías principalmente de EEUU (35 % de las importaciones en 2014), Australia (18%), China (9%), Canadá (8%) y Corea del Sur (6%) y exporta mercancías hacia EEUU (40% de las exportaciones) y China (25 %).

(…)

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Más información:

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Empresa minera detonará ZEE de Lázaro Cárdenas

 

Durango: Reprimen y golpean a defensores en resistencia contra la planta de cianuro de Chemours

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Comunicado urgente del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT), miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

Actualización a 12 de marzo: El sueldo de la brutal represión ejercida por el Estado es de 34 policías y 17 defensores heridos, y más de 40 defensores detenidos

  • El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) protesta contra el Proyecto Chemours Laguna
  • La «Chemours Company» pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera
  • Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) en contra del Proyecto «Chemours Laguna» que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año, granaderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango, para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto «Chemours Laguna» así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango, arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido. En ese contexto, fueron heridos Don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodríguez y un profesor cuyo nombre se desconoce.

Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de fuego hiriendo a uno de los manifestantes. Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime López, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.

La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.

¡Alto a la represión de los defensores del territorio!

¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!

¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Acción Colectiva Socioambiental

Familia Pasta de Conchos

Coordinadora Ciudadana de La Laguna

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

Fotos: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

>> Petición en Change: NO A LA REPRESIÓN POLICIAL EN GOMEZ PALACIO, DURANGO

 

Más lectura sobre la represión de este viernes:

Cianuro o policía, el dilema de un ejido en Durango (Reportaje de Pie de Página)

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Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

Durango: el proyecto de planta de cianuro «Chemours Laguna» es ilegal

Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

Los mitos del progreso minero: el Banco Interamericano de Desarrollo miente

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado a «la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica».

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión. Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor, de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros. Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de «desarrollo», «inclusión social e igualdad» o «sostenibilidad ambiental», este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos. Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de tehuantepec en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Respecto al análisis que hicieron los expositores del evento con relación a que «la minería puede y debe ser un agente de desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe», reiteramos que la minería, sin importar cuanto intenten adornar sus discursos, sólo es un agente de desarrollo para las finanzas de las empresas y de los actores políticos que las favorecen. Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte. Como señalamos líneas arriba, cientos de luchas a lo largo del continente, son la prueba contundente de ello.

En relación a la declaración de Paulo de Sa, asesor senior del BID, quien asevera que «es necesario territorializar la industria minera para darle el aspecto de desarrollo social», reiteramos que la minería no genera ningún desarrollo social, sino todo lo contrario. Por citar un ejemplo entre tantos; en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera mina de plata más grande del país que generó 318 millones de dólares en venta en 2015. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el municipio de Fresnillo sigue siendo el municipio con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) en el estado y el segundo municipio con mayor pobreza extrema (11 mil 685), además de ser el municipio con los más altos índice de homicidios violentos y secuestros en todo el estado. Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue «sólo» de 4%. Durante esos 5 años no se generó ningún desarrollo social en esos municipios, a pesar que concentran dos de las minas más grandes y con mayor ganancia a nivel nacional.

Por otra parte referente a la declaración de Daniel Kaufmann, presidente de NRGI (Natural Resource Governance Institute), quien dijo: «En el pasado los códigos mineros decían que la minería tenía prioridad sobre cualquier otra actividad», recordarle que esas falsas ventajas, no sólo siguen vigentes en muchos países del continente, sino que se siguen promoviendo más, por ejemplo la ley minera mexicana en vigor, estipula en su artículo VI que «La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno». Del mismo modo, la recién aprobada Reforma Energética, da la misma categoría de actividad preferente a los hidrocarburos. Todo lo cual contraviene claramente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sobre su territorio.

En el contexto de este foro se mencionó también que la industria minera no alcanza la igualdad de género y que es necesario incorporar a más mujeres. Como si de verdad ayudara al proceso de empoderamiento de la mujer al aseverar que «ellas son muy buenas conductoras de camiones», según expresó el directivo de Goldcorp. Por su parte, Eurídice González, directora de McEwen Mining en Sinaloa, México declaró que «Las mujeres tenemos que recorrer un largo camino para poder ser parte de la industria minera».

Ante esta postura, consideramos que esta supuesta equidad de género manejada desde la industria minera, es sólo una máscara y una estrategia publicitaria. Las mujeres en las comunidades, no sólo no piden ser parte de la industria minera, sino además están al frente de las resistencias, por lo tanto, a gritos exigen que las mineras salgan, «que se larguen» de sus territorios, ya que son ellas quienes sufren, violenta y sistemáticamente, de manera directa en sus cuerpos y en sus vidas, los graves impactos del extractivismo minero.

Por otra parte, desde los movimientos sociales y la defensa territorial hemos documentado las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres por esta industria, por ejemplo, en implicaciones sobre el embarazo (desde abortos y partos prematuros, hasta malformaciones). Así mismo se ha hecho evidente la criminalización y asesinatos por parte de gobiernos y empresas para las y los defensoras del territorio, como sucedió con nuestros compañeros Bety Cariño y Mariano Abarca, fundadores de REMA, o Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras.

Y si hablamos del tipo de empleos que genera la minería, los mismos trabajadores en múltiples ocasiones han denunciado las precarias condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos, así como la negligencia e irresponsabilidad de las empresas ante los accidentes ocurridos y el fallecimiento de mineros. Recordemos el caso de Pasta de Conchos, a 12 años de impunidad.

Desde REMA denunciamos y desmentimos los supuestos beneficios de la minería, que además de enriquecer a los insaciables capitales privados -mexicanos y extranjeros- son sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

¡La minería sustentable o socialmente responsable no existe!
¡La minería es agente de despojo, no de desarrollo
¡No a la Megaminería Contaminante!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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El informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio fue publicado en febrero del 2018 por la organización Familia Pasta de Conchos y la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe, a 12 años de la explosión de gas que dejo a 65 mineros muertos en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México en el estado de Coahuila, México. Señala que la tragedia no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en la mina.

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Autoría: Elvira Martínez Espinoza, Esmeralda Saldaña Saldaña,
Rodrigo Olvera Briseño, Jorge Omar Navarro Ballesteros y Cristina Auerbach
Coordinación editorial: Dolores Rojas Rubio y Jenny Zapata López
Corrección de estilo: Cecilia Navarro
Diseño gráfico y formación: Marilia Castillejos Meléndrez
Fotografía de cubierta: Miguel Sierra

INDICE:

PREFACIO
13 CAPÍTULO 01: La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006
35 CAPÍTULO 02: El carbón rojo de Grupo México
59 CAPÍTULO 03: El corporativismo del carbón rojo en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana
67 CAPÍTULO 04: Continúa grave el minero muerto ayer
81 CAPÍTULO 05: El carbón rojo de los hermanos Moreira
95 CAPÍTULO 06: El carbón rojo de las subastas de la CFE
101 CAPÍTULO 07: Pasivo Ambiental: el carbón rojo de los poblados mineros
125 CONCLUSIONES
135 NOTAS

La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006

La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en minas en las que los empresarios no invierten en seguridad, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo. Cuando en esta región dicen «esa mina saca carbón rojo», inmediatamente se entiende que los trabajadores están en grave peligro. No se trata únicamente de clasificar la formalidad o informalidad de los centros de trabajo; en esta región, la disputa es entre la vida y la muerte. Aquí las personas mueren. El carbón rojo cuenta la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción del carbón.

En el año 1888 se firmó el primer Tratado oficial entre México y Japón. Como consecuencia, pocos años después (1897) dio inicio un gran flujo migratorio de japoneses que querían transmigrar a Estados Unidos, pero que lo harían desde México, por lo que se crearon en Japón tres compañías dedicadas a la contratación y transportación de trabajadores japoneses. En solo una década, llegaron 12 mil trabajadores, de los cuales 3,048 fueron destinados a las minas de carbón.1

La Jefatura Política del Norte del Distrito de Monclova informa al Juez Tercero Local de Múzquiz, con residencia en las Esperanzas, Coahuila, que el Ministro del Japón dijo que se publicó una noticia que los japoneses inmigrantes que últimamente han llegado a México procedentes de Japón para trabajar en las minas de carbón, lo hacen en condiciones insalubres, con sueldos muy pobres, mala alimentación, con vigilancia constante, siendo su estado peor que el de los esclavos, lo que motivó que se escaparan trescientos buscando refugio en los Estados Unidos, pidiendo el Ministro del Japón se investigue al respecto y se comunique el resultado a la Secretaría de Gobierno.2

Por supuesto no hay registro de que esta situación se investigara y se comunicara el resultado, como lo solicita el ministro del Japón. Incluso, en la región carbonífera, se refieren a los migrantes como los chinos –en un tono bastante despectivo- y aunque es posible que también migraran a las minas trabajadores de nacionalidad China, los registros que encontramos se refieren a ciudadanos japoneses.
Nací en 1926, y soy hijo de uno de esos japoneses que llegaron por miles para trabajar en las minas. Se casó aquí y nunca volvió al Japón. Pero mi papá no se metió a las minas, no quiso porque le daban mucho miedo. Él sembraba y vendía de su cosecha o lo que fuera para sobrevivir. Siempre vivimos aquí en Palaú, ahora soy bisabuelo. Y antes de venirme para esta casa viví aquí arriba, pegado a donde pusieron la Planta Lavadora.

Yo entré a las minas en 1934. Fui minero toda la vida. Mi mamá, y luego mi esposa, me hacían con el saco de arroz un calzón para la mina y me hacían un morral para llevar mi lonche. La empresa nos daba alpargatas para trabajar en la mina. Había dos tipos de alpargatas, las del carbonero y las de los supervisores, que eran mejores. En los bailes, los papás dejaban bailar a las hijas con los que traían alpargatas de supervisor. Pero como ninguna duraba mucho porque eran de ixtle y tela, las empresas tenían que dar muchas y entonces, los supervisores las vendían y nosotros nos conseguíamos un par para los bailes.

No nos pagaban con dinero. Nunca vimos nuestro salario. Se nos pagaba con comida en la tienda de la empresa. Yo ganaba 9 pesos diarios, pero no nos alcanzaba para comprar todo, solo harina, papas y frijol y siempre quedábamos a deber. Siempre le debíamos dinero a la empresa, y por eso no nos daban ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada, con eso se cobraban lo que debíamos.

El hospital era de la empresa. Ahí nos internaban cuando nos lesionábamos, pero no daban comida a los enfermos. Eso lo tenía que llevar la familia. No nos cobraban, pero no nos gustaba estar en el hospital. Si ve mi espalda, rodillas y brazos, puede ver que tengo pequeños trozos de carbón en las cicatrices. Aprendimos que si nos cortábamos, para detener el sangrado y poder seguir trabajando, nos poníamos polvo de carbón, por eso los viejos traemos carbón en el cuerpo.

Cuando llegó el sindicato minero, la contratación se volvió colectiva, y la tienda pasó a ser del sindicato. Ya nos pagaban con dinero, ganábamos más, pero no alcanzaba para comer y nos pasaba lo mismo. Cuando me descontaban lo que debía en la tienda, me quedaban 5 pesos. Y otra vez, con ese dinero íbamos a la tienda a comprar, pero a crédito. Algunos compañeros sacaban cajas de aceite o bultos de harina para revenderlos. Otros sembrábamos. Total, que los mineros del carbón teníamos más trabajos para poder sobrevivir. O con un martillo, nos rompíamos algún dedo de la mano. Con una fractura, la empresa nos indemnizaba y así íbamos construyendo nuestra casa.

No había otra forma de hacernos de una casa si no era con fracturas. Por eso, los mineros viejos tenemos las manos un poco o muy desfiguradas. Por supuesto no nos pensionábamos, no nos jubilábamos, no teníamos derecho más que a nuestro salario pagado en dinero y a los servicios de salud de la empresa. Nada más. Si dejabas de trabajar en la mina podías ir al hospital de la empresa, pero entonces, aunque cobraban poco por los servicios, tenías que pagar igual que las familias que no eran mineras. Cuando en 1972 llegó el Seguro Social, el sindicato nos decía que no aceptáramos que se nos inscribiera. Nos decían que perderíamos nuestros derechos ». Nosotros no entendíamos. Nadie nos explicaba. Pero, la llegada del IMSS fue algo muy bueno para nosotros. Yo estoy sentado en el porche de mi casa, en una mecedora, porque me jubilé. Porque tuve derecho a una pensión. Nunca conocí a Napoleón Gómez Sada, nunca supe que bajara a una mina de carbón. Tampoco vimos a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia. Creo que la diferencia entre el papá y el hijo es que el hijo vive en Canadá. Y los nuevos sindicatos mineros son iguales, ven por sus viáticos, camionetas y cuotas, que obtienen por hacer como que nos representan.

Y tampoco, nunca entendí por qué el sindicato nos decía que perderíamos nuestros derechos en el imss, si en realidad, por primera vez, tendríamos derechos.3

(…)

Notas:

1. Palacios Héctor, México y la Cuenca del Pacífico, mayo – agosto de 2012. P. 116-121.
2. Archivo General del Estado de Coahuila, AGEC FSXX, C32, F8, E9, 13F, 15 de diciembre de 1906, Población Múzquiz, Coahuila.
3. Por temor a represalias de las empresas y de los sindicatos, el señor RY optó por el anonimato. Su hijo y su nieto son mineros y teme que ellos puedan sufrir las consecuencias por su testimonio.

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