Categoría: Modelo extractivo

Chiapas: Amenazan de muerte a ejidatarios del municipio de Chicomuselo por defender sus tierras de las compañías mineras

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Boletín informativo del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz García” – Chicomuselo, Chiapas, a 14 de marzo 2017

Foto: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz García”

A los distintos niveles de gobierno,

A las organizaciones de derechos humanos,

A las organizaciones ambientalistas en mexico y el mundo,

A los medios de comunicación,

A la opinion pública,

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo: “Me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera.” En ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladadoa la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Black Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, lo cual no ha sido cumplido hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas a las que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del Estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado, por lo que se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, y a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

– A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

– Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

– Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

Documento original:

 

Más información:

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Chicomuselo en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

Declaran a Chicomuselo territorio libre de minería

Minería: 5 empresas canadienses declaradas responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina por el TPP

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Video 1: Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra – Chicomuselo, Chiapas, Noviembre 2014

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Video 2: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia pide justicia y denuncia amenazas en su contra, Noviembre 2014

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Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

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Artículo de Silvia Ribeiro, investigadora de la organización ETC Group, publicado en La Jornada el 18 de marzo 2017, a propósito del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano

>> Descargar y Leer el informe completo de la relatora de Naciones unidas sobre el derecho a la alimentación

“¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?”, preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas de su introducción, los agrotóxicos -llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad- han llegado a contaminar a la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos -vegetales y animales- o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.

Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.

Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas -terminar con el hambre aumentando la producción agrícola- nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, el uso de agrotóxicos aumentó además en forma exponencial en la última década.

Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos. “Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo”. El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).

Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de unas pocas trasnacionales.

Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El 22 de marzo se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los “consulten”, porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica. Pero los magistrados pospusieron la sentencia.

El 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848 por ciento en Argentina. Verzeñassi coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.

Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.

Más información:

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación A/HRC/34/48

Justicia se niega a suspender permiso a Monsanto en QRoo: abogado

Denuncian mayas violaciones al proceso de consulta en la Suprema Corte

Colombia: el gobierno debe respetar la voluntad del pueblo de Cajamarca quien dijo NO a la minería

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El domingo 26 de marzo, se llevó una consulta popular en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia, amenazado por el proyecto de mina de oro a cielo abierto La Colosa, de la empresa AngloGold Ashanti. La pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. La respuesta fue NO al 97.92%. Pero el gobierno niega el carácter vinculante de la decisión del pueblo, reconicido por la Ley colombiana. Lo que sigue es el comunicado del Comité Ambiental en Defensa de la Vida en respuesta al Gobierno.

Ministro de Minas de Colombia desconoce la democracia y la ley

Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germán Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ningún derecho adquirido. Es importante recordar que en relación a los títulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) definió que el Estado puede limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión (entiéndase título minero), cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional. En este caso podemos afirmar que el derecho colectivo al ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y la autonomía de los territorios son superiores y prevalecen sobre las expectativas económicas de los mineros. En tal sentido, es falso afirmar que la tenencia de un título minero representa derechos adquiridos.

Al Ministro de Minas hay que recordarle que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia define que somos un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; que los municipios tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo y promover la defensa del patrimonio ecológico desde el principio de la autonomía territorial (ver artículos 287, 311 y 313).

El Ministro olvida intencionalmente que uno de los principios del Estado Social de Derecho colombiano es la participación ciudadana, la cual es reconocida como derecho fundamental. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana tenemos que la CONSULTA POPULAR se encuentra soportada constitucionalmente en los artículos 40, 103, 104, 105 p y por medio de ella se convoca al pueblo para decidir asuntos de competencia para la comunidad, cuya decisión es de obligatorio cumplimiento en los términos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1557 del 2015.

En relación al carácter vinculante de las Consultas Populares es importante referenciar los aportes que el Centro de Investigación Jurídica de Justicia plantea sobre el asunto: La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria[1]. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Consejo Municipal está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo[2]. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la Consulta Popular de Cajamarca tiene un soporte constitucional, legal y democrático que permite proteger el patrimonio ecológico del municipio, la vocación agroalimentaria, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra niñez y familias, la identidad campesina y el agua frente a la amenaza que representan los proyectos mineros contaminantes.

Pese a las posturas centralistas, autoritarias y unilaterales que esboza el Ministro de Minas que desconocen la Constitución Política Colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la autonomía de las entidades territoriales, la democracia y la voluntad popular, es claro que la decisión de los cajamarcunos debe ser asumida por las autoridades locales y no puede ser desconocida por el gobierno nacional. En conclusión, la AngloGold Ashanti debe salir de la despensa agrícola de Colombia y respetar la voluntad popular.

Gracias Cajamarca por ratificar que nuestros derechos

no se negocian y que nuestra dignidad no se vende

[1] Ley 134 de 1994. “Artículo  8º.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.”

Ley 1757 de 2015. “Artículo 41. Carácter de la decisión y requisitos. La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (…)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;”

[2] Ley 1757 de 2015. “Artículo 42. Consecuencias de la aprobación popular de un mecanismo de participación ciudadana que requiere votación. Los mecanismos de participación ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (…)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.

Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de dos meses.

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Más información:

VIDEO: Este pueblo colombiano le dijo no a la minería (CNN)

“La Anglogold debe irse de Cajamarca”, dice líder del NO

AUDIO: El ministro de Minas afirma que hay un título que le permite a Anglo Gold Ashanti explorar

Revista de Prensa #12: Colombia dice NO a la minería

El Twitter de la Consulta Popular

El Salvador: Celebran el Acuerdo Preliminar para la prohibición de la minería metálica en el país

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Comunicado del Movimiento de Victimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y por las Corporaciones (MOVIAC) – San Salvador, A 22 de marzo 2017

La tarde del martes 21 de marzo, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático aprobaron por unanimidad los 11 artículos que contiene la propuesta de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

Ante tan importante acontecimiento, el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), a la opinión pública manifiesta:

     1. Celebramos esta transcendente decisión, considerando que por casi dos décadas hemos luchado por la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

     2. Exhortamos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a finalizar, lo antes posible, el estudio del proyecto de ley de prohibición de la minería y a emitir el referido dictamen para su votación en plenaria.

     3. Exigimos a los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos representados en el pleno legislativo votar por unanimidad a favor de esta importante ley.

     4. Pedimos al Señor Presidente de la República que, una vez aprobada la referida ley, proceda a sancionarla de forma inmediata y de ser posible en un acto público.

     5. Advertimos a la empresa minera Oceana Gold que estaremos vigilantes ante cualquier maniobra que pretenda bloquear la inminente aprobación de esta ley.

     6. Hacemos un llamado a nuestras bases en todo el país a estar atentos para movilizarse en apoyo a la culminación de este proceso de lucha y así garantizar la prohibición definitiva de la minería metálica en el país.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

NO A LA MINERÍA

San Salvador, 22 de marzo de 2017

Más sobre el tema:

Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional a la Asamblea Legislativa

Carta de solidaridad con las demandas de MOVIAC y de los movimientos sociales de El Salvador

Oaxaca: Amenazan al excomisariado de Ixtepec por defender el territorio del extractivismo

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Las organizaciones y pueblos que integran la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO) denunciaron el 13 de de marzo 2017 en un comunicado las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales, Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec ante proyectos extractivos.

 

Comunicado de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en defensa del territorio (APOYO):

Nos solidarizamos y respaldamos al pueblo de Ixtepec ante los actos de amedrentamiento y amenazas por parte del impugnado comisariado de bienes comunales

El domingo 12 de marzo, en Ixtepec, Oaxaca, un grupo de aproximadamente 50 personas, entre comuneros y avecindados, liderados por Germán Rosado Valencia, presunto presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtepec, llegó de forma violenta con gritos de intimidación y amenazas al domicilio particular de Juan Luís Arrona (expresidente del Comisariado).

La comuna de Ixtepec se encuentra en una situación ilegal, porque el actual Comisariado enfrenta un juicio de nulidad de elección en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, bajo el expediente 1479/2015, y se está a la espera de su definición.

Este acto violento de intimidación sufrido por el expresidente de Bienes Comunales Juan Luís Arrona, es por su activa participación en el rechazo al proyecto minero en esta comunidad en 2013, cuando fue representante comunal, así como su negativa a la
entrega de las tierras comunales de Ixtepec a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para proyectos eólicos y mineros de empresas trasnacionales.

Desde que el impugnado Germán Rosado asumió el cargo, se ha dado a la tarea de entregar tierras comunales de Ixtepec a la CFE para la construcción de líneas de transmisión, una subestación y parques eólicos (uno de ellos servirá para alimentar en energía a la mina a cielo abierto que pretenden imponer a esta comunidad). Todo este proceso se ha dado de forma ilegal, con engaños, repartiendo dinero e incluso falsificando un acta de asamblea donde supuestamente los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine.

Estos actos de despojo forman parte de la Segunda Fase de Desarrollo Eólico y la Zona Económica Especial que viene a nuestra región del Istmo de Tehuantepec, y por la cual se construirían alrededor de 19 nuevos parques eólicos, para producir más de 3683 MW de energía; la instalación de tres minas a cielo abierto, una precisamente en Ixtepec, gasoductos, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y proyectos hidroeléctricos.

Denunciamos que quienes se encuentran por detrás de estos megaproyectos y la violencia contra los pueblos, organizaciones y personas que defendemos nuestro territorio son la CFE, empresas privadas nacionales y extranjeras, el gobierno estatal, federal y municipal que utilizando a las autoridades agrarias, crean conflictos y dividen a las asambleas comunales, en este caso, no se ha informado al pueblo de Ixtepec de éstos proyectos, y mucho menos respetan su derecho a la autodeterminación, consagrado en al 2º. Constitucional.

Las organizaciones y pueblos que integramos la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO):

  • Denunciamos las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec de los proyectos de explotación y muerte, y exigimos el castigo de los responsables.
  • Denunciamos la violencia que los gobierno federal y estatal están implementando en nuestro territorio, para amedrentarnos e imponer estos proyectos de muerte que los gobiernos abanderan como proyectos de “desarrollo”.
  • Nos solidarizamos con el pueblo de Ixtepec y sus organizaciones que están en la defensa de su territorio. Convocamos a estar alertas e impedir que se repitan estos actos de violencia, ya que el Comisariado impugnado ha amenazado públicamente de volver a casa del excomisariado.
  • Hacemos un llamado a los pueblos del Istmo, organizaciones sociales y a la sociedad civil a respaldar la lucha del pueblo Ixtepecano y a no claudicar en la defensa de la vida y el territorio.

Más sobre el tema:

– No a la mina en Ixtepec

– Rechazan operación de minas en Oaxaca

– Reiteran pobladores rechazo a minería en Ixtepec, Oaxaca

– El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES I

– El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES II

Tomar el toro por los cuernos: Reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima

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Documento de análisis de la ONG GRAIN – Febrero 2017

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Cuando pensamos en los grandes causantes del cambio climático, con frecuencia pensamos en automóviles y transporte aéreo. Pero los cambios producidos durante el siglo pasado en el modo en que son producidos y consumidos los alimentos, ha resultado en emisiones de gases con efecto de invernadero mayores que las procedentes del transporte. ¿El principal culpable? La producción industrial de carne y lácteos.

La estimación oficial citada con más frecuencia sostiene que el sistema alimentario es responsable de hasta un 30 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero. Algunas de estas emisiones se deben al aumento de los alimentos empacados y congelados, a las mayores distancias que los alimentos deben ser transportados y al aumento de los desechos alimentarios. Pero la fuente más importante de emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con los sistemas de producción alimentaria es el aumento del consumo de carnes y lácteos – ocurrido por la expansión de la ganadería industrial y de cultivos para alimentación animal con uso intensivo de agroquímicos. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Las Naciones Unidas (FAO) señala que sólo la producción de carne genera mayor emisión de gases con efecto de invernadero que todo el transporte mundial combinado.

No es posible continuar por este camino sin rebasar el objetivo establecido por los gobiernos en París en 2015, de dos grados Celsius para el año 2050. Reducir el consumo de carnes y lácteos es un imperativo, especialmente en EUA, Europa y otras naciones ricas que llevan décadas subsidiando la producción industrial de carnes y lácteos. Las leyes en estos países han generado ganancias astronómicas para las corporaciones erosionando la salud de sus poblaciones mientras dañaron as condiciones climáticas el planeta.

Disminuir este consumo requiere primero entender qué sistemas de producción de carne y lácteos son los que provocan los mayores daños y los mecanismos y políticas que los impulsaron. Los pequeños ganaderos en los países pobres y los campesinos que ejercen una agricultura diversificada, no son el problema. El verdadero crimen climático es la producción industrial en agro-factorías – promovida por la presión ejercida por las corporaciones de la carne, los subsidios que reciben y los acuerdos de libre comercio.

Beneficios adicionales de la reducción del consumo de carne y lácteos

Además de reducir la emisión global de gases de invernadero, reducir el consumo en los países que actualmente consumen mucha carne y lácteos podría tener beneficios importantes en la asistencia social y de salud. Un estudio muestra que reducir el consumo de carne como medio para combatir el cambio climático, reduciría el riesgo de cáncer de colon, enfermedades cardiacas y enfermedades pulmonares en 34 por ciento, a nivel mundial. Otro estudio señala que reduciría la mortalidad mundial de 6 a 10 por ciento para 2050, traduciéndose en un ahorro en costos de cuidados de salud de 735 mil millones de dólares anuales. [Marco Springman et al, “Analysis and valuation of the health and climate change co-benefits of dietary change”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 12 de abril, 2016.]

Otros científicos señalan que reducir el consumo de carne y lácteos podría reducir enfermedades infecciosas y la resistencia a los antibióticos y sus efectos secundarios. [Kris Murray, “How eating less meat could help prevent extinction, climate change, cancer and the next pandemic”]

Un estudio muestra que la adopción mundial de una dieta saludable podría reducir los costos de mitigación para la industria energética en un 50 por ciento para 2050. Esto liberaría tierra, usada en la producción de alimentos para animales; si se combina con otras  políticas, esto ayudaría a los pequeños agricultores a acceder a la tierra tan necesaria.

¿Reducir el consumo de carne realmente frenaría el cambio climático?

La respuesta es, muy simple: sí. Disminuir el consumo de carnes y lácteos, especialmente en Norteamérica y Europa, tendría un impacto significativo. Al igual que el consumo de combustibles fósiles, el consumo de carne no sustentable sobre todo es promovido por los países ricos. Países como Estados Unidos y Australia son los mayores consumidores de carne a nivel mundial con unos 90 kilos por persona anuales, seguido de cerca por algunos países de América Latina y la Unión Europea, Canadá y Rusia. En India son apenas 3 kilos (ver mapa abajo ). Para aumentar la disparidad, está el hecho de que una gran tajada del consumo de carne estadounidense y europeo contiene más carne de res, que emite más gases con efecto de invernadero que el puerco y los pollos. Norteamérica, la Unión Europea y Brasil juntos dan cuenta de la mitad de toda la res consumida en el mundo.

Mapa: ¿Cuánta carne comen las personas en todo el  mundo?

[Mapa adaptado de: Skye Gould/Business Insider, “How much meat people eat around the world”, 29 de septiembre, 2016]

Las emisiones procedentes de la carne también aumentan en China (hoy el consumo de carne es 58.2 kg por persona por año), en Vietnam y otros países donde los restaurantes de comida rápida, las importaciones de carne y las agro factorías se están expandiendo rápidamente. Si esta tendencia continúa, el consumo de carne mundial aumentará 76 por ciento hacia 2050, mientras que las emisiones procedentes de los lácteos, otra gran fuente de emisiones del sector productor de alimentos, aumentará en 65 por ciento.

Inforgrafía: Aumento proyectado en el consumo de carne por región* (kilos per capita)

[*Incluye carne de vacunos, porcinos, aves y ovinos. Infografía adaptada de: IFPRI, “How many kilograms per person”, Insights, Vol. 2, Issue 3, 2012, p. 23]

Un estudio reciente señala: “si las personas mantuvieran el consumo de carne según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el mundo reduciría un 40 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero actuales”.

Los beneficios se harían sentir bastante rápido. El metano, el principal gas de invernadero, procedente de la ganadería, permanece en la atmósfera durante diez años solamente, mientras que el dióxido de carbono dura 200 años. El metano captura 28 veces más calor que el CO2. En consecuencia, disminuir la producción de metano puede tener un efecto relativamente rápido. Además, reducir el desecho de alimentos – especialmente carne – puede tener un impacto importante. Un tercio de los alimentos que producimos es desechado, generando alrededor de 4.4 giga toneladas de emisiones de gases con efecto de invernadero anuales. La carne da cuenta de menos de un 4 por ciento del desecho alimentario según el peso, pero provoca 20 por ciento de la huella de carbono del desperdicio alimentario.[12]

Las agrofactorías son el problema, no los pequeños agricultores y ganaderos

Los pequeños agricultores y ganaderos no tienen nada que perder ante una disminución del consumo global de carne y lácteos. En la mayor parte del Sur Global – donde el consumo de carne y lácteos tiene un nivel sustentable – 630 millones de campesinos con prácticas de emisión baja, como la agricultura mixta, más 200 millones de pastores y pequeños ganaderos que frecuentemente dejan pastar a sus animales en áreas donde los cultivos no pueden desarrollarse. Estos sistemas de producción y consumo no sólo contribuyen muy poco al cambio climático, sino que la diversidad de sus sistemas crea relaciones positivas entre los cultivos y el ganado (como el reciclaje del deshecho animal y los residuos de los cultivos) y un uso “multifuncional” de su ganado (para tracción, energía, trabajo, cueros y obtención de dinero efectivo). La producción ganadera en pequeña escala mejora la nutrición familiar, permitiendo que las personas accedan a alimentos de origen animal y vegetal. En estos sistemas, el ganado es una parte esencial del sustento familiar, de la seguridad alimentaria y la salud, y es parte integral de las tradiciones culturales y religiosas.

La producción industrial de carne y lácteos se ubica al otro extremo del espectro. Se basa en la producción altamente concentrada de carne a bajo costo y de excedentes de leche en polvo, los cuales son transados como materias primas. Este excedente de producción sostiene el crecimiento no sustentable del consumo global – y el espectacular aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Las granjas industriales o agrofactorías son el segmento de más rápido crecimiento de la producción de carne y lácteos. Constituyen el 80 por ciento del crecimiento de la producción de carnes y lácteos a nivel global en los años recientes. La producción industrial de ganado ha crecido a una tasa anual igual al doble de la velocidad de crecimiento de los sistemas de agricultura tradicional y agricultura mixta, y seis veces más rápido que la producción basada en pastoreo. Esto es el caso de los cerdos y las aves:  hoy las agrofactorías dan cuenta de 74 por ciento del total mundial de la producción avícola, 40 por ciento de la carne de cerdo y 68 por ciento de los huevos. [Jelle Bruinsma, ed., “World agriculture: towards 2015/2030, an FAO perspective”, FAO, 2003, p. 166]

Una gran parte de las emisiones generadas por la ganadería industrial ocurre indirectamente, a través de la producción de alimento para animales. En 2010, cerca de un tercio de los cereales producidos se destinaron a alimento animal y FAO predice que estas cifras se elevará a 50% para 2050. Más alimentos para animales significa más tierra cultivada. Unos 56 millones de hectáreas de tierra adicionales fueron cultivadas con soja y maíz para alimento animal en los primeros diez años del siglo XXI, resultando en la liberación de abundantes cantidades de dióxido de carbono por los cambios de uso de la tierra y la deforestación. Los cultivos para alimento animal son producidos usualmente con fertilizantes químicos, otra poderosa fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Debido a la expansión de las agrofactorías, la producción y procesamiento de alimento para animales actualmente da cuenta de casi la mitad de las emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la ganadería, y se supone que esto aumente.

Otra importante fuente de emisiones de gases de invernadero procedente de las agrofactorías es el estiércol (o excrementos de los animales). La industrialización de la ganadería significa concentración: menos agricultores y más animales por finca. La gran escala de las operaciones convierte el estiércol, valioso fertilizante natural, en un problema tóxico. En EUA, donde el proceso está muy avanzado, a comienzos de los años 90 menos de una décima parte de las vacas lecheras estaba en planteles de más de mil vacas. Hacia 2007, esta cifra había aumentado a un tercio. El mismo año, los planteles de engorda para carne de más de 16 mil cabezas manejaban 60 por ciento del mercado del ganado alimentado en establos estadounidenses. Lo mismo, o peor, está ocurriendo con los sectores de cerdos y aves.

Según la FAO, el almacenamiento y procesado de estiércol es responsable de 10 por ciento de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero relacionadas con la ganadería mundial. Gran parte de eso proviene de las operaciones de alimentación de grandes rebaños de animales estabulados. El estiércol depositado por animales en las praderas produce de seis a nueve veces menos amonio volatilizado que el estiércol aplicado al suelo proveniente de los grandes planteles alimentados en establos. Alex Turner, investigador de la Universidad de Harvard que investiga las lagunas de estiércol (sistema de manejo de residuos utilizado en las agrofactorías), encontró que emiten unas 35 veces más metano que el estiércol aplicado en campo. Por el tremendo crecimiento de las agrofactorías y las lagunas de desechos en EUA, el total de las emisiones de metano del estiércol crecieron en más de dos tercios entre 1990 y 2012.

Un factor muy importante que afecta al clima, pero que se ignora con frecuencia, es la dependencia del ganado de los combustibles fósiles. Según la FAO, 20 por ciento de las emisiones generadas para producir carnes y lácteos proviene de combustibles fósiles. La mayor parte viene de las agrofactorías, por su necesidad de alimento para animales y de los fertilizantes usados para producirlo. También son los sistemas de distribución y venta al público, de los cuales depende la agricultura industrial, que demanda electricidad, calefacción, transporte y refrigeración.

¿Qué están haciendo los países actualmente?

Van bien

  • Dinamarca: En mayo de 2016, el Danish Ethic Council solicitó un impuesto nacional sobre las carnes rojas.
  • Suecia: En 2013, la Autoridad Sueca de Agricultura propuso un impuesto diferenciado sobre la carne (que la carne que genera la mayor parte de las emisiones de gases de invernadero pague un impuesto mayor que las que producen menos) para ser establecido a nivel de la Unión Europea.
  • China: En junio de 2016, Pekín anunció una atrevida política que apunta a disminuir en un 50 por ciento el consumo actual de carne por parte de las personas (a 40g diarios) mediante nuevas directrices nacionales sobre dieta.
  • California: En agosto de 2016, California, que produce 20 por ciento de la oferta de leche en EUA, promulgó una ley señalando que las granjas lecheras deben reducir su gases con efecto de invernadero en un 40 por ciento para 2030. Si bien el objetivo es osado, el riesgo es que lleve a una mayor concentración en torno a las pocas grandes granjas que pueden acceder a la instalación de reactores de metano.
  • Irlanda: En octubre de 2016, las autoridades irlandesas entregaron un primer estudio sobre la huella de carbono de la dieta de una persona promedio en Irlanda. Las carnes rojas dan cuenta de un 40 por ciento de todas las emisiones relacionadas con la producción de alimentos. El gobierno podría incorporar conceptos climáticos en las directrices de dieta de la nación.
  • Holanda: En 2016, el Netherlands Nutrition Center recomendó que los ciudadanos holandeses redujeran su consumo semanal de carne a menos de 500g (la mitad de lo que sugiere el USDA), y limitar el consumo de carnes rojas a 300g por semana debido al “impacto ambiental masivo de la industria de la ganadería”.

Podrían hacerlo mejor

  • Consejo Nórdico: En 2012, el Consejo Nórdico publicó directrices alimentarias que llamaban a limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y reemplazar la carne alta en grasa por carne baja en grasa.
  • Suecia: La Agencia Nacional de Alimentos recomienda que en Suecia las personas coman menos carne y elijan, en cambio, alimentos de origen vegetal, en el interés del ambiente. Sugiere específicamente que las personas consuman comida vegetariana una o dos veces por semana.
  • Finlandia: En 2014, Finlandia adoptó directrices alimentaria que recomiendan reducir el consumo de carnes rojas a menos de 500 g por semana, en aras de un “desarrollo sustentable”, no sólo por la salud.
  • Unión Europea: El “plan de trabajo hasta el 2050” de la Unión Europea, establece que las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura aumentarán a un tercio del total de emisiones de la UE hacia el 2050. Las acciones propuestas incluyen: reducir las emisiones de fertilizantes, estiércol y ganado; aumentar la fijación de CO2 en los suelos y los bosques; recomendar que los ciudadanos consuman alimentos estacionales producidos localmente, coman más vegetales en lugar de carne y reduzcan el consumo de carne de vacuno.

Reprueban

  • Alemania: En mayo de 2016, se filtró el borrador del plan de Alemania para alcanzar el Acuerdo de París, impulsado por el Ministerio del Ambiente. Proponía: reducir el consumo de carne del país en 50 por ciento para 2030, diciendo que la reducción de los planteles de ganado es “crucial para la protección del clima”; disminuir las emisiones de gases con efecto de invernadero de la agricultura alemana de 72 millones de toneladas en 2014 a 55-60 millones de toneladas hacia 2030, preservando las praderas y pastos en este proceso; y lograr que un 20 por ciento de toda la tierra quede bajo agricultura amigable con el ambiente. El plan definitivo, publicado en 2016, después de mucho cabildeo y discusiones, fue limpiado. Ya no hacía un llamado a los alemanes a reducir el consumo de carne y no establecía objetivos para la reducción de las emisiones de gases de invernadero en el sector agrícola.
  • Estados Unidos: EUA modificó sus directrices alimentarias en 2015. En lugar de llamar a la gente a reducir el consumo de carne, recomienda el consumo de carne magra. Esta conclusión ha sido atribuida a una “muy importante presión” de parte de la industria de la carne estadounidense para impedir en el debate cualquier vinculación entre ganado y clima y cualquier cambio en los patrones de la dieta.
  • Brasil: En 2014, Brasil modificó sus directrices alimentarias nacionales. No desalienta el consumo de carnes o lácteos, solamente el de los alimentos de origen animal altamente procesados.

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Costa Rica: ecologistas demandan a la Oficina Nacional de Semillas por evadir controles legales

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Artículo de Coeco Ceiba / Amigos de la tierra Costa Rica

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió a final de año una demanda presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON) contra la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) por el incumplimiento de la ley de Biodiversidad.

Las organizaciones denuncian a la OFINASE por otorgar “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir con el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, el cual exige una “consulta previa obligada” para esa entidad ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). El mismo artículo declara que “la oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación”.

El artículo 80 de la Ley de Biodiversidad “busca resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades locales campesinas e indígenas”, según lo dispuesto en esa misma Ley, así como en el Convenio de Diversidad Biológica. Además, es importante que se cumpla y se le consultara a CONAGEBIO pues es el órgano técnico especializado para determinar si una variedad vegetal, que se pretende registrar bajo derechos de obtentor, forma parte o no del conocimiento tradicional. Por ejemplo, determinar si las semillas son recogidas de una comunidad indígena o en un área silvestre protegida.

Las “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” vendrían siendo una especie de patentes o mejor conocidas como “títulos de derecho de obtentor” otorgando protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones mediante procesos que involucra elementos de la biodiversidad.

Esta certificación de protección de obtenciones vegetales que reconoce la propiedad intelectual de plantas fue una obligación del país tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La agenda de implementación del TLC incluyó la adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV-91.

En 2008 ecologistas y distintas fuerzas sociales lograron juntar más de 100 mil firmas para someter a la consulta la aprobación del Convenio UPOV para solicitar un referéndum. Pero fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum. Pese a que UPOV contradice la Ley de Biodiversidad.

Esta contradicción entre la legislación nacional y el convenio internacional UPOV ha sido revisada por la Sala Cuarta por contener roces inconstitucionales. La Sala ha fallado a favor de la ley en el sentido de reconocer la potestad de la CONAGEBIO de negar permisos de obtentor debido a inconsistencias sobre permisos de acceso o de consentimiento libre e informado por parte de pueblos indígenas o campesinos a los que afecte dicho permiso de obtentor.

Entre junio de 2012 y enero de 2016, la OFINASE otorgó doce títulos de protección de obtenciones vegetales. En todos estos casos, dicha dependencia omitió consultar el criterio de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO. Se trata de variedades de frambuesa, dracaena, banano, crisantemo, dos especies de arroz, café, tomate, melón y una papa desarrollada por la Universidad de Costa Rica.

Según la prueba aportada por Walter Quirós, director ejecutivo de la OFINACE, “UPOV es un convenio internacional y que no tenía que cumplir con una ley nacional”.  Esta interpretación errada es la base de la demanda pues la Ley de Biodiversidad es también parte de la implementación de otro convenio internacional llamado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Según el funcionario el requisito establecido en la Ley de Biodiversidad, “queda tácitamente sin efecto” luego de que se promulgara la ley que concretó la adhesión al Convenio UPOV, “con rango superior a la ley, dentro de la jerarquía de las normas en Costa Rica”.

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Ola de rechazos a decisión de Trump de permitir oleoducto Dakota Access

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Nota radial de Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional

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El presidente de Amigos de la Tierra Estados Unidos, Erich Pica, criticó el martes 7 de febrero la decisión del gobierno de Donald Trump de reiniciar el proyecto del oleoducto Dakota Access, ya en etapa de construcción pero paralizado por la anterior administración de Barack Obama. Pica aseguró que se realizará una campaña de presión a los bancos que apoyan el emprendimiento.

El activista manifestó también la solidaridad de Amigos de la Tierra Estados Unidos con las comunidades indígenas que rechazan el oleoducto (que inicia su recorrido en el estado de Dakota del Norte). La tribu sioux de la reserva de Standing Rock, que ha liderado la resistencia y movilizado en ocasiones a miles de personas, anunció que llevará el caso a instancias judiciales.

El martes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país anunció que dará luz verde al DAPL, luego que a fines de enero el presidente Trump firmara dos resoluciones que habilitaron el relanzamiento de ese oleoducto y de otro igualmente controversial, el Keystone XL.

Obama había paralizado los dos emprendimientos ante las argumentaciones indígenas y las necesidades del país de mostrarse como líder en la lucha contra el cambio climático.

Está previsto que el Dakota Access, que tiene como dueño mayoritario a la empresa Energy Transfer Partners (ETP) y el financiamiento de un consorcio que agrupa a cerca de 20 bancos, atraviese cuatro estados: además de su inicio en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa e Illinois. Movería 470 000 barriles de petróleo por día.

“La revocación de Trump del compromiso previo de realizar una Declaración de Impacto Ambiental sobre el oleoducto de Dakota Access es tan repugnante como previsible”, consideró Pica en un comunicado de prensa circulado por Amigos de la Tierra Estados Unidos.

“Los Sioux de Standing Rock y los pueblos indígenas de Estados Unidos que han luchado por sus tierras tribales sagradas y el derecho al agua, merecen que se respete su dignidad y un futuro saludable. Los respaldamos en la lucha contra el oleoducto DAPL y presionaremos a los bancos que financian este proyecto destructivo. La resistencia de los pueblos para dejar los combustibles fósiles en el suelo no desaparecerá”, agregó Pica.

Los indígenas Sioux de la reserva de Standing Rock temen que el oleoducto contamine sus fuentes de agua potable y destruya sus sitios sagrados. Su lucha ha enfrentado inclusive el uso de la fuerza bruta por parte de servicios de seguridad privada de las empresas que participan del emprendimiento y la Guardia Nacional estadounidense.

En las últimas horas los ayuntamientos de las ciudades de Seattle (estado de Washington) y Davis (estado de California) votaron a favor de no continuar sus lazos con el banco Wells Fargo, uno de los más importantes de Estados Unidos, por su involucramiento como prestamista en el proyecto Dakota Access. Por eso retirarán sus fondos de esa entidad financiera.

En tanto, el banco holandés Abn Amro, anunció que finalizará su financiamiento de Energy Transfer Equity (ETE), compañía matriz de ETP, si el oleoducto de Dakota Access se construye sin el consentimiento de la tribu sioux de Standing Rock, o si se sigue utilizando la violencia para hacer posible el emprendimiento.

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Canadá se presume como “amigo” del mundo, ambientalista; pero en México… ha enseñado el cobre

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Artículo de Dulce Olvera publicado en Sin Embargo

Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”.

De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas. Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas.

¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.

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Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.

 

“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.

Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.

Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.

El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.

“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.

Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.

En La Sierrita, Durango, la mina La Platosa desperdicia y contamina el agua. Foto: prodesc.org

“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.

Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.

La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.

A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.

No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.

Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos*, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.

En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.

Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.

* Mariano Abarca en Chiapas (2009), Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en Oaxaca (2012)

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El nuevo extractivismo en el norte de Chiapas

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[Artículo publicado en La Jornada por Fortino Domínguez Rueda, historiador y antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.]

Actualmente, sobre los territorios zoques de Chiapas se yergue una amenaza, lo cual pone en peligro la existencia de este pueblo indígena en el siglo XXI. Es a raíz de la aprobación de la reforma energética (2013) que el gobierno mexicano ha puesto en operación, a través de la Secretaría de Energía, los proyectos ronda 1 y 2. Las rondas se conforman de una licitación pública internacional que el Estado mexicano actualmente desarrolla en relación con los recursos naturales que son susceptibles de ser explotados en materia de energía, tanto en superficie terrestre como marina. Es así como el pasado 23 de agosto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública la segunda convocatoria de la ronda 2. En específico, el proyecto se encuentra formado por tres procesos de licitación.

Es de todos sabido que desde 1901, fecha en que se descubre el primer yacimiento de petróleo en Pichucalco, Chiapas, la zona norte del estado es calificada de área petrolera y desde entonces se han puesto en operación diversos proyectos para la extracción de hidrocarburos. En la actualidad, el proyecto ronda 2 tiene el objetivo de licitar dos polígonos identificados como áreas 10 y 11 [en la zona norte de Chiapas.*] Las tierras que la ronda 2 licita comprenden tierras ejidales y pequeñas propiedades de agricultura y ganadería de los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán. Sobre este amplio territorio se han localizado 12 pozos petroleros, los cuales acaparan el interés de las grandes compañías petroleras a escala mundial. Cabe señalar que la Secretaría de Energía dará a conocer el nombre de la compañía ganadora de estas licitaciones en abril de 2017.

[* La área 10 (5 pozos – 426 km2) y la área 11 (7 pozos – 419 km2) están ubicadas en la provincia geológica y petrolera “Cinturón Plegado de Chiapas”. Contienen 12 pozos en total. Licitación 2, ronda 2 – Mapas de las áreas contractuales de la licitación 2, ronda 2 (Centro Nacional de Hidrocarburos)]

    

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En el caso de las tierras del norte de Chiapas, tenemos que señalar que es el espacio histórico-social donde el pueblo zoque ha vivido desde tiempos ancestrales. Muestra de ello es que se tienen registros arqueológicos desde hace aproximadamente 2 mil 500 años. En antropólogo mexicano Andrés Fábregas ha señalado que desde “épocas remotas los zoques formaban parte del complejo cultural olmeca que, con el devenir de los años, fue conformando diversos pueblos con sus respectivas culturas. El zoque es uno de esos pueblos” (Fábregas, 2008). En específico, los zoques del actual Chiapas son el único pueblo indígena de la entidad que no proviene del tronco lingüístico maya. Como bien señaló Andrés Aubry: “Por el trabajo de los lingüistas se supo después que su verdadero nombre era el de su lengua, en sus principales variantes dialectales: zoques, mixes y popolucas; todos ellos son los olmecas, tanto los de ayer como los de hoy” (Aubry, 2005).

Ante este contexto, debemos denunciar que el pueblo zoque de Chiapas no ha sido informado ni mucho menos ha sido consultado sobre los alcances negativos que el proyecto ronda 2 puede causar sobre sus territorios. Aquí vale la pena decir que, si bien en el paquete de leyes secundarias de la reforma energética –conformada por 21 legislaciones que entraron en vigor en 2014– solamente en tres de ellas (Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Energía Geotérmica) se hace referencia a que el Estado debe desarrollar procesos de consulta libre e informada entre los pueblos indígenas, hasta ahora y para el caso de Chiapas esto no se ha generado. También debemos recordar que el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra reconocido en diferentes tratados y declaraciones internacionales que el mismo Estado mexicano ha firmado, de ahí que este caso muestre los vacíos y clarososcuros por donde los proyectos de “desarrollo” y de explotación de recursos naturales se ponen en operación.

A causa de este horizonte gris que se avecina sobre las tierras y pueblos indígenas del norte de Chiapas, los zoques hemos comenzado a desarrollar diversas acciones, las cuales van desde reuniones familiares y de asamblea, donde se habla de la existencia del proyecto y de los potenciales efectos ambientales que se levantan sobre Nasakobajk (la madre tierra, en zoque); de igual forma se han generado mecanismos (videos y carteles) para informar sobre el tema en pueblos, comunidades y ciudades de México y Estados Unidos donde residen zoques en la actualidad. Hasta ahora, nuestras reflexiones como zoques indican que no sólo está en juego la implementación de un proyecto a gran escala, sino que se trata de una amenaza sobre la existencia civilizatoria de un pueblo indígena y su territorio. Ahora, como antes, los zoques debemos recurrir al colectivo y, desde diferentes geografías y calendarios, emprender la defensa del territorio ante el avance del extractivismo en América Latina.

Descargar el mapa del Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.

Más información:

– Centro de lengua y Cultura Zoque A.C.

– Comunicado de comunidades zoques en rechazo a los pozos petroleros

– Mapa Paquete de Pozos Zona Aceite

– Información del Proceso de Licitación de la Ronda 2 al 16 de enero de 2017: 13 empresas interesadas; 3 empresas que han acreditado la Etapa de acceso al Cuarto de Datos Geo Power Solution, S. de R.L. de C.V., Total E&P México, S.A. de C.V., Gran Tierra México Energy, S. de R.L de C.V.; 1 empresa que ha iniciado el proceso de Precalificación (Geo Power Solution, S. de R.L. de C.V.)

[Los textos entre corchetes son de Otros Mundos A.C.]

Los monocultivos de árboles no son bosques: la FAO debe revisar su definición de bosques

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Mensaje del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglos en inglés) – A 20 de enero del 2017

Estimados amigos,

El 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, está a la vuelta de la esquina. Como recordarán, en ese día vamos a hacerle llegar una carta a la FAO exigiéndole que cambie su definición de bosques que permite que un monocultivo industrial de árboles sea considerado un bosque.

Desde que el Acuerdo de París entró en vigor, se le ha abierto la puerta a una nueva expansión de los monocultivos de árboles. Esto se hace a través de diferentes medios, desde la promoción de los sumideros de carbono hasta la aplicación de los llamados programas de restauración o reforestación, y la promoción de la madera como fuente de energía para sustituir a los combustibles fósiles. Una de las razones que está en la raíz de esta promoción es que el Acuerdo de Paris –y la gran mayoría de los países que lo han ratificado- adoptan la definición de bosques de la FAO.

Las plantaciones industriales de árboles causan enormes problemas a las comunidades locales ¡y no son la solución a la crisis climática! Es urgente que la FAO cambie su definición de bosque que permite llamar “bosques” a las plantaciones.

Si su organización aún no ha adherido a la carta, los invitamos a hacerlo enviando el nombre de su organización y país a fao2017@wrm.org.uy

Si no recuerda si su organización ya ha adherido, puede chequearlo aquí.

¡Gracias de antemano!

 

¿De qué manera la definición de bosque de la FAO lesiona a comunidades y bosques?

Carta abierta a la FAO, firmada por Otros Mundos A.C. y otras 85 organizaciones

En septiembre de 2015, durante el XIV Congreso Forestal Mundial, miles de personas salieron a las calles en Durban, Sudáfrica, para protestar por la polémica definición de bosque que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) insiste en mantener*. La definición de la FAO considera que el bosque es básicamente sólo “un conjunto de árboles”, sin tener en cuenta otros aspectos fundamentales del bosque, en especial otras numerosas formas de vida tales como otros tipos de plantas, así como animales y comunidades humanas que dependen de los bosques. Del mismo modo, la definición desestima la contribución vital de los bosques a los procesos naturales que aportan el suelo, el agua y el oxígeno. Además, al definir al “bosque” exclusivamente en función de una superficie mínima de tierra cubierta por un número mínimo de árboles de un porcentaje mínimo de altura y cobertura forestal, la FAO ha promovido activamente el establecimiento de varios millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, de especies principalmente exóticas, especialmente en el Sur global. Como consecuencia de ello, sólo se ha beneficiado un sector particular: la industria de las plantaciones de árboles. Las plantaciones industriales de árboles han sido la causa directa de numerosos impactos negativos en las comunidades locales y sus bosques, los cuales han sido bien documentados.

* Hace años que la FAO define al bosque como “tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ” (en inglés: “Land with tree crown cover -or equivalent stocking level- of more than 10 percent and area of more than 0.5 hectares. The trees should be able to reach a minimum height of 5 meters at maturity in situ.”) – Fuente FAO

En la manifestación de protesta que tuvo lugar en Durban en 2015 había quienes llevaban pancartas que decían: “¡Las plantaciones no son bosques!”, y terminaron frente a la sede del Congreso Forestal Mundial, organizado por la FAO. En respuesta a un llamamiento de los líderes de la sociedad civil que participaban en la manifestación, un funcionario del Congreso Forestal Mundial salió de la sede para recibir una petición firmada por más de 100.000 personas y grupos de todo el mundo. En la petición se pedía a la FAO que cambiara con urgencia su definición de bosque y que lo definiera por su verdadero significado. Pero una vez más, la FAO no cambió su definición. (Leer: Nota de repudio al XIV Congreso Mundial Forestal del FAO)

No obstante, ocurrió algo nuevo. A diferencia del silencio como respuesta a demandas anteriores de que la FAO cambiara su errada definición de bosque, esta vez la FAO reaccionó a la protesta y envió una carta. Un punto en la carta de la FAO es particularmente interesante. Declaró: “De hecho, hay más de 200 definiciones nacionales de bosques que reflejan una variedad de partes interesadas en este asunto …”, y continúa diciendo, “… para facilitar la comunicación de datos …, es necesario que exista una categorización mundialmente válida, sencilla y operativa de los bosques”, a fin de que “permita comparaciones coherentes durante períodos más largos sobre los procesos mundiales de desarrollo y cambio de los bosques”. Con esto, la FAO intenta convencernos de que su función se limita a homologar las más de 200 definiciones diferentes de bosques que tienen los distintos países.

Pero ¿acaso es cierto, realmente, que la actual definición de bosques de la FAO no influyó, en primer lugar, en la forma en que se formularon las 200 definiciones nacionales de bosques? ¿Y tiene razón la FAO cuando aduce que las numerosas y diferentes definiciones nacionales de bosque son el resultado de las reflexiones de una serie de partes interesadas en estos países, minimizando así, una vez más, su propia influencia?

Creemos que lo cierto es lo contrario de que aduce la FAO. En primer lugar, la definición de bosque de la FAO fue adoptada hace mucho tiempo, en 1948. Según un reciente análisis conjunto de diferentes autores acerca de conceptos y definiciones de bosque, “la definición de la FAO, acordada por todos sus miembros [de la ONU], es la primera que utilizaron todos los países para homologar los informes; la definición adoptada por la FAO sigue siendo la definición de bosque más utilizada hoy en día”.

Un país que sirve de buen ejemplo para verificar si se está utilizando la definición de la FAO, es Brasil, el país con la mayor cubierta forestal del hemisferio Sur, y según fuentes oficiales, con casi 8 millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, en su mayoría monocultivos de eucaliptos. En su publicación de 2010 “Florestas do Brasil” (Bosques de Brasil), el Servicio Forestal Brasileño, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y responsable de las cuestiones relacionadas con los bosques “… considera como bosque las tipologías de vegetación leñosa que más se aproximan a la definición de bosque de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)”. Como continuación lógica a partir de basar su definición en lo definido por la FAO, se establece que “Brasil es un país … de bosques naturales y plantados”, donde por “bosques plantados” se hace referencia a los 8 millones de hectáreas de monocultivos mayormente de eucaliptos. Por lo tanto, la forma en que el gobierno de Brasil define un bosque no es el resultado de un proceso que “… refleja una variedad de partes interesadas en este asunto”. Por el contrario, es más bien una consecuencia de lo que ya fue determinado por la FAO.

Pero la influencia que tiene la definición de bosque de la FAO va más allá de tan solo determinar las definiciones nacionales en esa materia. En estos tiempos de cambio climático, la definición de la FAO ha sido el principal punto de referencia para definir lo que es un bosque en el marco de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Al adoptar la estrecha definición de la FAO basada en el concepto de la presencia de madera, la CMNUCC también ha promovido la idea de que los bosques son una superficie de tierra que sólo contiene árboles. Para la CMNUCC, lo que importa son principalmente los árboles de un bosque, debido a su capacidad de almacenar carbono a medida que crecen, y no las comunidades que dependen de los bosques. Esas comunidades afectadas se han visto perjudicadas aún más por las restricciones al uso de los recursos del bosque impuestas por “los proyectos de compensación de carbono forestal”, también denominados a menudo proyectos REDD+.

Una definición de bosque centrada exclusivamente en los árboles abre la puerta a la inclusión de los “bosques plantados” – léase: plantaciones industriales de árboles -. Es una manera totalmente falsa de “reducir la deforestación y la degradación de los bosques” pero que se acepta como opción válida en el Convenio sobre el Cambio Climático, por la que supuestamente el carbono puede ser secuestrado de la atmósfera y ser almacenado de forma permanente. En la práctica esto es sólo otra oportunidad de lucro para la industria de las plantaciones de árboles, y resulta una gran amenaza para las comunidades afectadas por la tendencia a expandir plantaciones de árboles para la función de “sumideros de carbono”.

Tras las últimas negociaciones de la CMNUCC, recientemente los países han estado modificando su legislación forestal, con la esperanza de atraer a los llamados “fondos para el clima”. Como era de esperar, las definiciones utilizadas se basan en gran medida en la definición de bosque de la FAO. En Mozambique, por ejemplo, en un taller realizado sobre REDD+, un consultor propuso una nueva definición de bosque para el país. Al igual que la definición de la FAO, también se basa en la presencia de árboles, definiendo que un bosque es una superficie con “… árboles con el potencial de alcanzar una altura de 5 metros en la madurez …” También en Indonesia, la presentación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en 2015, declaraba que, para definir sus bosques, se había “… ajustado a la definición de bosque de la FAO …”. Una vez más, una definición que define y valora un bosque exclusivamente a través de sus árboles, y que divide a los “bosques” en una serie de categorías diferentes, entre ellas “bosque natural” y algo que llaman “bosques de plantación”.

La definición de bosque de la FAO también influye en las acciones de las instituciones financieras y de desarrollo que promueven actividades a partir de la madera, como la tala industrial de bosques, las plantaciones industriales de árboles y las compensaciones de carbono REDD+. El principal ejemplo es el Banco Mundial, que como parte del conglomerado de las Naciones Unidas se ha asociado con la FAO durante décadas en una serie de iniciativas relacionadas con los bosques. Recientemente, unieron nuevamente sus fuerzas en uno de los planes más ambiciosos lanzados durante la COP 21 de la CMNUCC en París, la llamada “Iniciativa Africana de Restauración de Paisajes Forestales” (AFR100). Dicha iniciativa pretende abarcar 100 millones de hectáreas de tierras deforestadas a las que se denominan “degradadas” en diferentes países africanos boscosos. El Banco Mundial proporcionará mil millones de dólares para este plan. Pero para comprender lo que el Banco Mundial considera como “reforestación”, es crucial ver cómo el propio Banco define un bosque. Como cabía esperar, su definición también está tomada de la de la FAO, y describe un bosque como “una superficie de tierra … con cobertura (o nivel de espesura equivalente) de más del 10%, con árboles que …” Al definir a los bosques de esta manera, el Banco Mundial abre la puerta de par en par para que las empresas que expanden sus plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala en los territorios de las comunidades de África, formen parte del ambicioso plan de “restauración” que promueve junto con la FAO y otros socios. La propuesta AFR100 se parece mucho al fallido Plan de Acción Forestal en los Trópicos (PAFT) de la década de 1980, que también fue ideado por el Banco Mundial en colaboración con la FAO.

Observaciones finales

Es imperioso que la FAO deje de presentar engañosamente a las plantaciones industriales de árboles como “bosques plantados” o “silvicultura”, porque los gobiernos nacionales, otras instituciones de la ONU y las instituciones financieras, así como los principales medios de comunicación, seguirán su infeliz ejemplo. Esta forma deliberada de confundir las plantaciones de árboles con bosques engaña a la gente, porque en general los bosques son vistos como algo positivo y beneficioso. Después de todo, ¿quién podría oponerse a los “bosques”?

Por sobre todas las cosas, la FAO debería asumir plena responsabilidad por la fuerte influencia que su definición de “bosque” tiene sobre las políticas económicas, ecológicas y sociales en todo el mundo. La petición 2015 que fue presentada a la FAO en Durban declara que la FAO se describe en sus principios fundacionales como un “foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales”. El cumplimiento de este enunciado exige, entre otras cosas, que la FAO revise urgentemente su definición de bosque, y que de una definición que refleja las preferencias y perspectivas de las empresas de la madera, la celulosa y el papel, el caucho y el comercio de carbono, pase a una definición que refleje las realidades ecológicas así como las opiniones de los pueblos que dependen de los bosques. A diferencia de la influencia dominante que actualmente tienen las industrias de la madera en la FAO, un proceso transparente y abierto para establecer definiciones nuevas y apropiadas de bosques y plantaciones de árboles también debe dar participación de manera efectiva a las mujeres y los hombres que dependen directamente los bosques y, por tanto, los protegen.

Si su organización aún no ha adherido a la carta, los invitamos a hacerlo enviando el nombre de su organización y país a fao2017@wrm.org.uy

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Más información:

Página del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

El Escaramujo: Gestión Comunitaria de Bosques I – Gestión Comunitaria de Bosques II – Gestión Comunitaria de Bosques III – Gestión Comunitaria de Bosques IV

Amigos de la Tierra por la Justicia Climática en la COP22

REDD: Las trasnacionales de la conservación tras los bosques campesinos

Los pueblos de “América Media” luchando por sus territorios y contra toda forma de opresión

 

Defensores de Temacapulín denuncian despilfarro de recursos públicos en la presa El Zapotillo

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Comunicado de prensa del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; los Comités de Hijxs Ausentes de San Juan Cósala (Jalisco), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Watsonville y Los Ángeles (California, Estados Unidos); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); el Colectivo de Abogadxs; Tómala Ciudad – A 12 de enero del 2017

Publicado originalmente en las páginas del Movimiento mexicano de Afectadxs por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y del IMDEC

Foto: Rueda de prensa de los defensores de Temacapulín
el 12 de enero del 2017 en Guadalajara, Jalisco – IMDEC

El Comité Salvemos Temacapulín y las organizaciones que nos acompañan les deseamos lo mejor para este 2017 que inicia en medio del hartazgo social y de la conflictividad política y socio-ambiental que enfrenta México y nuestro estado de Jalisco, provocado por el autoritarismo, corrupción y violación a los derechos humanos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Iniciamos el año en medio de la incertidumbre de las decisiones que tomarán la Federación y el gobierno de Jalisco y Guanajuato respecto a la Presa el Zapotillo y su Acueducto Zapotillo León y de la inminente devaluación del peso mexicano y el incremento de la pobreza y la desigualdad acentuada por el irracional aumento al precio de la gasolina.

Frente a este contexto, los Comités de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey, Watsonville y Los Ángeles, y las organizaciones que nos asesoran,

1 – Denunciamos el despilfarro de recursos públicos por parte del Gobierno Federal (CONAGUA),del Gobierno de Jalisco (SEMADET, CEA) y del gobierno de Guanajuato (SAPAL), a favor de contratistas para la realización de estudios deficientes sobre el agua, los bienes naturales y el rescate de la empresa española ABENGOA.

 

 

  • Ante el actual escenario de opacidad y autoritarismo que ha dejado en evidencia, la falta de voluntad política para generar alternativas de ahorro y optimización de recursos públicos, en perjuicio directo a la población, -como es el caso del actual incremento al precio de combustibles-, resulta apremiante poner un alto al gasto desmedido por parte del Gobierno Federal y Estatal, que continúan con una política deficiente y de dispendio, al destinar recursos económicos a favor de una política pública que contempla la construcción de la presa el Zapotillo y que no ha generado una sola gota de agua en más de 26 años.
  • Denunciamos que del 2015 a la fecha, el gobierno del estado de Jalisco ha transferido al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS-PNUMA) más de 90 millones de pesos, en estudios deficientes para la toma de decisiones sostenibles, considerados por expertos de Universidades como la UNAM, UDG e ITESO como carentes de los más altos estándares de calidad internacional, los cuales no generaron nueva información y que pudieron haber sido realizados por especialistas mexicanos, incluso a un menor costo y en menor tiempo.
  • Denunciamos el gasto de más de 43 millones de pesos en la construcción ilegal (ya que no cuenta con las autorizaciones correspondientes) y servicios de vigilancia del predio denominado Talicoyunque, lugar donde pretenden reubicar a la población afectada por las obras de la presa el Zapotillo, predio que repentinamente se encuentra parcialmente poblado y que cuenta con sentencia de nulidad emitida por el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.
  • Reprobamos los alarmantes incrementos a los costos del proyecto Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, que a la fecha asciende a 20,856 millones de pesos, incrementándose del 2005 a la fecha en 49%. La presa el Zapotillo no resolverá los problemas de abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y beneficiará principalmente a la empresa ABENGOA que administrará y comercializará el agua por 25 años.
  • Resulta escandaloso que con fondos del erario público se intente rescatar a la empresa española ABENGOA, desde que se declaró en crisis en 2014 el SAPAL de Guanajuato le ha entregado 100 mil millones de pesos (mdp); la administración estatal de Jalisco, 604 mdp del fondo de pensiones de los trabajadores, y el gobierno federal primer dos millones 306 mil pesos y luego 626 mil millones más.

2 – Reconfirmamos que los estudios que realiza la UNOPS y el IMTA serán usados por el gobierno del estado de Jalisco, para convalidar y justificar una política pública deficiente y plagada de ilegalidades en perjuicio del derecho humano al agua, y en franca violación de los derechos humanos y ambientales.

  • Después de una exhaustiva revisión de los estudios por parte de especialistas de la UNAM, UDG e ITESO y de intercambios con los equipos técnicos de la UNOPS y el IMTA, nos alarma y alertamos a estar atentos del uso que el Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval pueda hacer con ellos. La UNOPS en el mes de abril entregará los resultados de su estudio.
  • Denunciamos el discurso y política contradictoria del Gobernador de Jalisco, la SEMADET y la CEA en relación a la realización de estudios y sin que éstos estén terminados, el avalar y solicitar más agua a la CONAGUA, como sucedió con el mal hecho estudio del IMTA, que contabiliza 140 millones de metros cúbicos anuales de agua que según los tecnócratas del agua no existía (no estaba contabilizada) y que según no afectará a ningún usuario. Es decir, argumentos para avalar una presa a 105 metros de altura. Entonces, ¿qué podemos esperar del estudio de la UNOPS?
  • Temacapulín rechaza el estudio de la UNOPS y ha decidido no establecer ningún tipo de relación con esta instancia de la ONU. Reafirma su derecho a la libre determinación en su territorio y el respeto de la UNOPS a su decisión de no ingresar en el. ¡La UNOPS no es bienvenida en Temacapulín!

2 – Denunciamos el hostigamiento y presión psicológica con la llegada de tubos para el acueducto en el municipio de Cañadas de Obregón a pesar de la suspensión definitiva de los trabajos de la Presa el Zapotillo y la bancarrota de ABENGOA.

  • Denunciamos como práctica intimidatoria, violatoria de los derechos humanos a la paz, tranquilidad y certeza jurídica, en contra de los pobladores de Temacapulín, las acciones realizadas por parte de la CONAGUA, el gobierno de Jalisco y Guanajuato, así como por la empresa ABENGOA, la llegada de tubería relacionada con la construcción de la presa el Zapotillo.
  • Hacemos un llamado al Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para que se mantenga vigilante del territorio, lo defienda y no autorice ningún cambio de uso del suelo.

Con base a lo anterior,

1 –  Solicitamos se detenga el abuso y el despilfarro de recursos económicos por parte de las autoridades federales, del gobierno de Jalisco y Guanajuato en perjuicio de los derechos fundamentales de los pobladores afectados con la construcción de la presa el Zapotillo.

2 – Solicitamos se suspendan de inmediato las acciones de intimidación y violencia psicológica en contra de los pobladores afectados por la construcción de la presa el Zapotillo, y se ordene el cese de cualquier actividad relacionada con la construcción de la presa el Zapotillo y el Acueducto Zapotillo León, en cumplimiento de la suspensión definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3 – Exigimos al Gobernador de Jalisco y al SEMADET transparente de inmediato los resultados del estudio de la UNOPS, y someta el estudio a una minuciosa revisión de especialistas de las principales universidades de México, las comunidades afectadas y las organizaciones y movimientos en defensa del agua, ante es usar cualquiera de sus recomendaciones.

4 – Rechazamos la propuesta de la UNOPS, de recomendar y conformar un comité para el seguimiento de las recomendaciones de su estudio. Las autoridades del agua no pueden ser juez y parte, como actualmente sucede con el estudio de la UNOPS, la cual contraponiéndose a todo principio de la ONU se negó a la participación ciudadana y contraloría social en su estudio.

5 – Hacemos un llamado y alertamos a los y las diputadas de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de Jalisco para evitar que los estudios contratados convaliden una política pública deficiente que no resolverá el problema de abasto para el AMG y solo servirá para desalojar de manera forzosa a pobladores afectados por el embalse, afectando la producción y la economía de la Región Altos d Jalisco, los derechos y su territorio.

6 – Hacemos un llamado a todas las organizanizaciones y movimiento en defensa del agua: pronto les esteremos convocando. Los resultados del estudio de la UNOPS nos afectaran a todos, en el campo y la ciudad.

7 – Exigimos se garantice y se pongan los medios por parte del estado mexicano, para permitir la participación ciudadana en la generación de datos y de alternativas para la gestión integral del agua en el Estado.

¡LA UNOPS NO ES BIENVENIDA EN TEMACAPULÍN!

¡BASTA DE ACCIONES Y DISCURSOS FALSOS Y CONTRADICTORIOS DEL GOBIERNO DE ARISTÓTELES SANDOVAL!

¡POR UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA TODXS Y PARA SIEMPRE!

ATENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo
Comités de Hijxs Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey, Watsonville y Los Ángeles
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de Abogadxs
Tómala Ciudad

Para mayor información:
Correo electrónico: incidencia@imdec.net
Teléfonos: (33) 38110944 / (044) 3311356138