Habitantes del pueblo ixtepecano se unen en una marcha en contra de la mina a cielo abierto en Cd. Ixtepec, Oax. Únete y di No a La Mina con un cartel en tu casa, porque sin oro y plata se vive sin agua no.
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Categoría: Modelo extractivo
Colombia se prepara para realizar la mayor consulta popular contra la minería
La consulta ya fue aprobada pero la Procuraduría Ambiental aún no pone fecha. Sin embargo, en Tolima, Colombia, llevan varios meses trabajando para que la consulta popular sea informada (más información aquí). Apoyamos las #ResistenciasMineras también en Ibagué.
La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.
En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.
La Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.
En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por medio de un plebiscito dijo no a la minería. Hoy Ibagué, la ciudad capital del departamento del Tolima donde se encuentra Piedras, está atravesando el mismo escenario.
“Así como están las cosas, el Estado otorga licencias sin consultar a las personas que viven en los lugares donde se planea llevar a cabo estos proyectos. Lo que pasó en Piedras es que se activaron mecanismos de participación ciudadana por los cuales la comunidad alzó su voz. La consulta popular se aprobó por un 98% de la población. Se dijo ‘no’ al proyecto minero. Esto fue una gran sorpresa para el Estado, ya que un pueblo tan pequeño tomó una gran decisión”, dijo en diálogo con Sputnik Gabriela Eslava, asesora de la senadora por el Partido Verde, Claudia López.
El proyecto que ayer preocupaba a Piedras es el mismo que hoy preocupa a Ibagué. Se llama ‘La Colosa’, y pertenece a la empresa minera AngloGold Ashanti con sede en Sudáfrica. Para extraer el oro se debe excavar en la cordillera central colombiana.
“Es aquí donde quieren hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. En una zona que es conocida como la despensa agrícola del país. Eso impactaría a Ibagué porque si bien no es en su jurisdicción, es en otro municipio, el plan es que en la mina esté en la cordillera, el mineral se limpie en Ibagué y los residuos terminen en Piedras. Entonces los que primero hicieron la consulta fueron los de Piedras. Pero los de Ibagué también estaban preocupados porque serán parte de este proceso y empezaron a plantear lo de la consulta popular”, afirmó Eslava.
El desafío de estas comunidades es que su voz sea escuchada por las autoridades nacionales. “Luego del precedente que se sentó en Tolima hace cuatro años, ha habido una especie de boom de consultas populares porque las comunidades se están dando cuenta que si bien no es jurídicamente vinculante, la consulta es una herramienta de presión política. El Gobierno nacional se ve presionado a frenar o a sentarse y dialogar. Lo que sucedió en las Piedras fue muy fuerte y el proyecto aún no se ha hecho”, explicó la asesora, quien tiene confianza en que la consulta de Ibagué, que se encuentra en período de revisión por el tribunal de la ciudad, sea positiva y a favor de la comunidad, además de sentar un precedente importante por tratarse de la primera consulta popular en una capital de departamento. “Esto obligaría al Gobierno a sentarse a pensar con seriedad qué va a hacer para garantizar la participación de las comunidades y no seguir enfrentándose a consultas populares y a la decisión de ‘minería sí’, ‘minería no’, caso por caso. Tendría que reglamentar de una vez este tema”, concluyó.
La convicción de las palabras de la senadora Claudia López da lugar a la misma interpretación. “Si viviera en Ibagué y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí, porque desde el punto de vista político así funcionan las democracias. Son los proyectos políticos de las mayorías los que empiezan a marcar el camino que va abriendo paso a la legalidad”, aseguró.
Fuente de la noticia: Sputniks
Pobladores rechazan proyecto minero en Ixtepec, derriban mojonera
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Habitantes de Ixtepec lanzaron un mensaje a quienes pretenden instalar el proyecto minero en este municipio istmeño, con la demolición de la mojonera Lote Niza que marcaba 8 mil 150 hectáreas para la explotación de oro y plata.
Como acto de rechazo, los pobladores de diferentes barrios, colonias y secciones derribaron una de las 6 mojoneras localizadas en su territorio a 10 metros del camino de terracería que conduce de la cabecera municipal al banco de caliza, ubicado en el Cerro Taberna (camino viejo a Shivaguí).
En el lugar, miembros de Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el Territorio expresaron que los habitantes de Ciudad Ixtepec no fueron informados ni consultados para realizar la exploración de minerales en la zona, de la que se pretenden extraer Oro, Plomo, Cobre y Zinc, en detrimento de la salud de la población, contaminación de agua, tierra y aire, aseguraron.
El presidente de la Asociación Agrícola de Ixtepec paso San Juanero –fundada hace más de 100 años–, dijo que lo primero que debería hacer el gobierno es informar y consultar al pueblo sobre este tipo de proyectos, antes de emitir cualquier tipo de permisos, lo cual no ha sucedido.
El proyecto minero
Rubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real.
Dicha concesión, abarca los cerros Niza Bixhichi, Tablón y Banderilla, así como 10 barrios originarios de Ixtepec; en ese sentido aclaró que aunque el mineral se encuentra en los cerros, la empresa requiere de cierta área para realizar los movimientos propios de la explotación minera, por ello se incluye en el área de actividad zonas habitadas.
El 26 de julio de 2015 la concesión fue vendida a “Pablo Ibarra Mora”, sin embargo, los abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido que las empresas mineras cambian de nombres para evitar ser vinculadas y molestadas, de manera que puedan continuar con los trámites de manera discrecional.
Valencia Núñez expresó que actualmente la empresa minera tiene por lo menos la mitad de los 26 permisos que necesitan para explotar la mina a cielo abierto en Ixtepec, aseguró que todos, excepto dos permisos, son otorgados por instancias federales.
Acción ciudadana
En los dos permisos que puede participar la comunidad de Ixtepec, es a través de sus autoridades, a partir de un Acta de Cabildo firmada por el presidente municipal y regidores respecto al cambio de uso de suelo (de habitacional – agrícola a industrial) y un acta de Asamblea de la Comuna de Ixtepec ante el Tribunal Agrario, en la que se niegue o permita la explotación minera.
En ese sentido, si las autoridades municipal y comunal respaldan a los pobladores, tienen el deber de ratificar el rechazo de manera formal al proyecto minero.
De cualquier forma, en la siguiente semana se planteará la fase final de la estrategia para solicitar un Amparo Preventivo Ciudadano, tras obtener datos de la Dirección General de Minas sobre qué autoridades municipales y comunales autorizaron la exploración en años pasados, además de adjuntar más 4 mil 400 nombres y firmas de pobladores que rechazan el proyecto minero.
Rubén Valencia dijo que se respeta el derecho agrario de los comuneros, sin embargo ellos no determinar el destino de 30 mil habitantes que tienen el derecho fundamental a la vida, “No nos mueve el odio, más allá de ideologías, colores partidistas y creencias religiosas, lo que nos mueve es el amor a la vida y a nuestro querido Ixtepec”, puntualizó.
Fuente: IstmoPress
Premios Nobel al servicio de Monsanto y Syngenta
Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado arroz doradoy atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. La misiva abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.
Para empezar, el llamado arroz dorado (arroz transgénico para expresar la provitamina A) que defienden con tanto énfasis, no existe. No por las críticas que le haya hecho Greenpeace y muchas otras organizaciones, sino porque sus promotores no han podido hacer una formulación viable, pese a casi 20 años de investigación y más de 100 millones de dólares invertidos. Tampoco han demostrado que tenga efecto en aportar vitamina A.
La primera versión de ese arroz transgénico con betacaroteno (GR1) fue un accidente de investigadores suizos que experimentaban otra cosa, por lo que nunca controlaron exactamente el proceso. Esa versión requería comer kilos de arroz diariamente para completar la dosis necesaria de vitamina A. Luego Syngenta compró la licencia y como propaganda donó la licencia de investigación a una fundación, en la que es miembro la Fundación Syngenta. Pero la empresa retuvo los derechos comerciales. En 2005, anunció la versión GR2, con más provitamina. Pero no ha podido demostrar que la provitamina sea estable, ya que se oxida fácilmente y en poscosecha disminuye a 10 por ciento del contenido. Como es una manipulación genética experimental de alteración de rutas metabólicas, podría tener cambios imprevistos con efectos graves para la salud. Varios científicos han señalado esos riesgos y los mitos del arroz dorado
(entre otros, D. Schubert, 2008, y Michael Hansen, 2013; http://goo.gl/ChvI4Q).
Por otro lado, vegetales comunes como la zanahoria, col, espinaca y muchos tipos de quelites –hierbas comestibles comunes que acompañan la siembra campesina y las culturas culinarias tradicionales– aportan mucho más vitamina A que ese arroz, sin efectos secundarios y sin pagar a trasnacionales. Por el contrario, la agricultura industrial y de precisión
que defienden en la carta de los Nobel, por ser plantadas en grandes monocultivos con agrotóxicos, eliminan esos quelites y también a los campesinos, desplazados y contaminados por las megaplantaciones.
La carta afirma que el hambre es por falta de alimentos, lo cual es falso: la producción mundial de alimentos sobra para todos los habitantes del planeta ahora y en 2050. Si existen hambrientos y desnutridos es porque no tienen tierra para producir ni pueden acceder a los alimentos. La cadena agroindustrial de alimentos –que detenta los transgénicos– desperdicia de 33 a 40 por ciento de la comida producida según datos de la FAO, lo cual alcanza para alimentar a todos los hambrientos del mundo. Además, como informa Greenpeace en su respuesta, 75 por ciento de la tierra agrícola se usa para producir forrajes para animales en cría industrial y agrocombustibles, no alimentos. (goo.gl/e5xEwc).
La afirmación de que los transgénicos son seguros para el ambiente y la salud ha sido rebatida, con argumentos y referencias científicas, por más de 300 científicos convocados por la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (goo.gl/VM8i3W).
Pero quizá lo más notable es que la carta no menciona que sólo seis trasnacionales (en vía de volverse tres) controlan todos los agrotransgénicos en el mundo, 61 por ciento de todas las semillas comerciales y 76 por ciento del mercado global de agrotóxicos. ¿Cuánta falta de ética y honestidad es necesaria para ocultar que su propuesta de agricultura de precisión
es el negocio de un puñado de trasnacionales, todas con larga trayectoria de violación de derechos ambientales, humanos y a la salud?
La sombra de las trasnacionales cae pesadamente sobre esta carta supuestamente científica
. Se dicen preocupados por el hambre y los niños desnutridos en el sur global, pero eligen presentar la carta en una conferencia de prensa en Washington, Estados Unidos, en un momento muy oportuno para favorecer a las empresas de transgénicos. En esta semana el Congreso debe votar una ley sobre etiquetado de transgénicos que quiere impedir que los estados tomen decisiones en este tema. Buscan anular la norma de etiquetado que comenzó a regir desde el 1º de julio en Vermont, luego de un referendo que votó en favor de ello.
A su conferencia de prensa se impidió asistir a Greenpeace, cuyo representante fue bloqueado por Jay Byrne, ex jefe de comunicaciones de Monsanto, que increíblemente ¡funcionaba de portero de la conferencia! (goo.gl/i8FXDg). Lejos del altruismo científico
, los firmantes organizadores de la carta, Richard Roberts y Phillip Sharp, son también empresarios biotecnológicos. El sitio donde publican la carta es un espejo de otro que redirige al Genetic Literacy Project, frente de propaganda disfrazado de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos. (GMWatch goo.gl/WekAin).
Pero lo más ofensivo es su pregunta final: ¿Cuánta gente pobre debe morir para considerar [la crítica a los transgénicos] un crimen contra la humanidad?
Opino que los firmantes deben ir inmediatamente a las zonas de plantaciones de soya transgénica en Paraguay, Argentina, Brasil, donde las madres pierden los embarazos y niños y trabajadores mueren de cáncer por los agrotóxicos de los cultivos transgénicos. Esos son crímenes contra la humanidad.
* Investigadora del Grupo ETC
Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015
Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.
El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.
[Introducción]
A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.
El fin del súper ciclo del precio de los minerales ha generado que se sitúe al sector en estado de “crisis”, pero además, hay otras dos razones que afectan de igual manera la baja, por un lado, hay un considerable aumento en los costos de operación de las faenas, y por otro, existe una fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades.
A pesar de este escenario, se logra apreciar la tendencia a seguir expandiendo el modelo minero con el mismo nivel de intensidad, tanto por parte de los gobiernos (progresistas y neoliberales), como de las empresas mineras. Para ello, el sector ha utilizado este contexto de crisis a su favor, para reacomodarse y presionar a los gobiernos de turno, solicitando mayores facilidades y permisividades para las inversiones mediante el debilitamiento de las normativas ambientales, laborales y sociales. Así mismo, las empresas se encuentran realizando una serie de maniobras económicas, como ventas de yacimientos, acciones y/o fusiones entre las mismas, y que en definitiva solo buscan fortalecer el rubro.
El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión. Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.
Frente a este escenario, como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos interesa seguir facilitando espacios de intercambio y documentación que puedan servir como insumos para todas las comunidades afectadas por la megaminería. Y en esta línea, el presente documento es un esfuerzo de sistematización que realizamos por segundo año consecutivo, donde se reportan los principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.
En OCMAL esperamos poder contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que son parte y sostienen esta red, y que siga siendo de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socioambientales con la minería.
Fracking en México
La fracturación hidráulica o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde hace doce años (2003). Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, empresas que ahora podrán participar en las licitaciones de la Ronda Uno para obtener directamente la concesión de estos campos de hidrocarburos.
Según la información que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).
Ver más información y Mapa dinámico
No obstante, en el documento de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) denominado “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones” (página 20) fechado en abril de 2010, se menciona específicamente que 1,323 pozos han sido fracturados mediante fracturamiento hidráulico tan solo en este activo y hasta el 2010; es decir 1,323 pozos con fracking tan solo en el Paleocanal de Chicontepec ubicado entre los estados de Veracruz y norte de Puebla, faltando el resto de las regiones donde de facto sabemos que ha habido fracking.
Esta discrepancia en la información sirve de muestra con respecto a la negativa constante del gobierno federal para transparentar información y datos referentes sobre la infraestructura petrolera del país, situación que deriva en un panorama de desinformación que en nada beneficia a la sociedad y mucho en cambio a las actividades petroleras con bajos o nulos estándares sociales y ambientales. La opacidad con respecto a la infraestructura petrolera se extiende por diversos temas, entre otros: la ubicación geográfica de pozos y ductos, las especificaciones técnicas mínimas de cada pozo, la delimitación de los campos de hidrocarburos, la ubicación de los linderos de las rondas cero y uno, entre otros. Esto claro, sin entrar a los temas financieros.
¿Cuáles y cuántos pozos de fracking conocemos actualmente?
Pesticidas y niñez. El futuro nos está alcanzando
Emmanuel González-Ortega. Página3
Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sólo en 2013 en México se emplearon 37 455 toneladas de insecticidas, 31 195 toneladas de herbicidas y 42 223 toneladas de fungicidas. Aunque se conoce que los estados que más utilizan plaguicidas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, dadas las carencias en infraestructura de monitoreo y la falta de regulación sobre el uso de sustancias químicas, no es posible conocer con detalle sobre el tipo de químico utilizado, el uso, o las localidades en las que se aplican.
La organización ecologista Green Peace conjuntamente con investigadores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicaron recientemente un reporte sobre la presencia de químicos usados en la agricultura industrial mexicana en ríos, drenes agrícolas, lagunas costeras y mares. Aunque existe un Catálogo Oficial de Plaguicidas, está totalmente desactualizado e incluso permite el uso de por lo menos 30 sustancias que desde hace años han sido prohibidas en otros países por sus altos índices toxicológicos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana.
El estudio de la UNAM y el grupo ecologista reporta el monitoreo de agroquímicos altamente tóxicos (por ejemplo el herbicida glifosato) en agua colectada en dos regiones muy relevantes para la agricultura: Sinaloa y la Península de Yucatán.
Sinaloa se caracteriza por la agricultura industrial en monocultivo de maíz (producción anual aproximada de 5 millones de toneladas), jitomate y trigo entre otros. La agricultura sinaloense utiliza 700 toneladas anuales de plaguicidas y se reporta que por lo menos 17 diferentes sustancias utilizadas son clasificados como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Los agroquímicos que se aplican intensivamente no permanecen en los campos de cultivo, sino que son filtrados y arrastrados hacia los cuerpos de agua, incluido el mar; por lo que las afectaciones al medio ambiente no únicamente se encuentran en el campo agrícola, sino en las aguas de ríos, lagos, en el mar, y de manera importantísima, en nuestros alimentos.
El estudio de la Facultad de Ciencias muestreó agua en diferentes puntos de Sinaloa (Ríos El Fuerte, Culiacán, Sinaloa; Lagunas Lechuguilla, Navachiste, Pabellones) en la temporada en la que no se aplican químicos. Se detectaron tóxicos altamente persistentes, tales como DDT, Endosulfán, Metoxicloro, o glifosato, que son muy contaminantes. Algunas de las sustancias tóxicas identificadas se encontraban en el mar, ¡a 10 km de la costa y a 10 metros de profundidad!
En cuanto a la Península de Yucatán, particularmente en el estado de Campeche, desde hace unos años se ha impulsado la agricultura industrializada con alto requerimiento de fertilizantes, plaguicidas y glifosato, lo que ha implicado la deforestación masiva de selva: de acuerdo a la organización Nature Conservancy, sólo en 2013 se arrasaron más de 38 mil hectáreas de selva y únicamente en el municipio de Hopelchén entre los años 2000 y 2008 se perdieron más de 22 mil hectáreas de selva, es decir se ha perdido biodiversidad y en varias comunidades se han dejado prácticas agrícolas milenarias, tales como la milpa maya o la apicultura.
El estudio de la Facultad de Ciencias realizó muestreos en Quintana Roo, en la costa de Yucatán, y en las costas de Campeche. Se encontraron concentraciones elevadas de entre varios, DDT, que es un insecticida muy tóxico y que está explícitamente prohibido, Endosulfán y Glifosato.
Como se ha explicado en notas anteriores, el glifosato es un herbicida no selectivo, cuyo uso se acrecentó a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos, siendo actualmente el herbicida más utilizado a nivel mundial y que recientemente fue clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La siembra de soya transgénica tolerante a glifosato ha provocado el uso masivo de este herbicida en la Península de Yucatán y además, los organismos gubernamentales no han actualizado la información oficial sobre los daños potenciales ni sobre la regulación en cuanto a su uso, pero en cambio, si han impulsado la agricultura intensiva a la que se ha acoplado la comunidad menonita, que actualmente también está padeciendo las falsas promesas de esta modalidad de agricultura: muchas núcleos menonitas enfrentan deudas muy severas, y enfermedades tales como cáncer por la exposición prolongada a los agroquímicos.
El estudio encontró que el río Champotón –el río más importante de la Península- presentó los mayores niveles de agrotóxicos; aunque los mayores niveles de glifosato seguramente se deben a la actividad agrícola, el estudio especula que la aspersión de glifosato en los innumerables campos de golf contribuyen a la contaminación de las aguas peninsulares con este herbicida actualmente considerado como probablemente cancerígeno.
De acuerdo al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Campeche, a partir de análisis de orina, se encontró que niños de la comunidad de Ich Ek, perteneciente al municipio de Hopelchén, están contaminados con glifosato. El funcionario desestimó que la contaminación por glifosato sea la causa de enfermedades como el cáncer. Las ignorantes (por decir lo menos) declaraciones del funcionario campechano contrastan con el reporte recientemente publicado por la organización estadounidense Red de Acción por los Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés). Este reporte hace una compilación de estudios epidemiológicos sobre el aumento significativo de enfermedades en niños de distintas regiones de los Estados Unidos (el país que históricamente ha utilizado más agroquímicos) y la exposición a diversos pesticidas. Es indudable la relación entre la contaminación química y el aumento de enfermedades infantiles.
Los niños son particularmente vulnerables a los daños por la exposición a herbicidas, ya que a nivel fisiológico desde el estado embrionario y durante las primeras etapas de vida (por ejemplo, hasta los 6 meses), los niños beben en promedio 15 veces más agua que los adultos; hasta los 12 años de vida, el ritmo de respiración de los niños es el doble que el de los adultos. Un factor adicional que posiblemente influye en la disposición a enfermedades a partir de la exposición a sustancias químicas, es que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, por ejemplo, la barrera hemato-encefálica que provee al sistema nervioso de protección ante algunas sustancias tóxicas termina de desarrollarse hasta después de los 6 meses de vida.
Por lo tanto, puede inferirse que la exposición a herbicidas u otros químicos puede provocar daños significativos a la salud. Si se consideran las condiciones socio económicas, son estas factores potenciales adicionales de emergencia de enfermedades en los niños: una familia que vive en condiciones de pobreza destina menos recursos a una alimentación adecuada y en muchos casos, lamentablemente no puede disponer de servicios médicos de calidad.
La Red de Acción por los Pesticidas reporta aumentos drásticos de enfermedades tales como distintos tipos de cáncer y leucemias (aumento de hasta 36% ), tumores de cerebro y sistema nervioso, linfoma y autismo (¡aumento de 123%!).
¿Permitiremos que ocurra lo mismo con nuestras niñas y niños?
¿Qué pasa en otros estados del país (por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua)?
¿Qué podemos hacer?
Todo empieza en la Información y la organización.
Más información:
Reporte Green Peace: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/
Reporte Red de Acción por los Pesticidas (Inglés): http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf
Comunidad de Guerrero logra la cancelación de dos concesiones mineras
Sara González, somoselmedio.org
San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.
La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, fecha en la que la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V (de origen peruana con capital británico), reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera y pedir más información a la Secretaría de Economía sobre lo que estaba ocurriendo.
En junio del 2013, la Secretaría les contesta mediante un oficio que San Miguel Del Progreso “se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861)”.
Un mes después, el 15 de julio 2013 exactamente, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos 6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.
A Júba Wajiín le ha sido otorgado el amparo el 12 de febrero de 2014 además de la protección de la Justicia Federal a la comunidad. Una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense consideró que habían sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”. De esta manera, el territorio de la comunidad y de muchas otras en la región sigue estando amenazada por empresas internacionales. En noviembre del 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de “libertad de terrenos” . El término “libertad de terreno” implica que a los 30 días que se publique la declaratoria, los terrenos están de nuevo en oferta, en otras palabras: se pueden volver a concesionar.
“Solicitamos que la SCJN discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es justamente por eso que la comunidad decidió interponer un segundo amparo, llevando a un segundo logro. El pasado 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un acuerdo mediante el cual otorga a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos. Este acuerdo imposibilita a la Secretaría de Economía aceptar solicitudes de concesiones mineras a empresas que deseen los territorios liberados, hasta que se resuelva el fondo del juicio.
Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.
La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.
Mineras: acaparadoras, contaminantes y evasoras fiscales
Por Érika Ramírez publicado en Contralínea
Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país
Grupo México ocupa el primer lugar en la lista de empresas acaparadoras de agua, unos 90 millones cúbicos, según cálculos elaborados con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., Compañía Industrial Minera México, S.A. de C.V.; Industrial Minera de México, S.A. de C.V; Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y Mexicana del Cobre, S.A. DE C.V.; el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua.
Este mismo consorcio es el responsable de contaminación por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014. También del desastre en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), en febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron atrapados tras explotar la mina de carbón.
Grupo México es el emporio que ha acaudalado al segundo hombre más rico del país, German Larrea Mota-Velasco, quien con la explotación de recursos naturales ha generado una riqueza de 9 mil millones de dólares, según la lista de Forbes.
Las concesiones
Concesiones de agua para las mineras, una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están apoderando, también, de los recursos hídricos.
Del mapeo se desprende que en México hay 417 empresas mineras, agrupadas en 230 conglomerados que aprovechan el agua a través de 1 mil 36 títulos. Las tres primeras en la lista de “aprovechamiento” son: Grupo México, S.A. de C.V., Goldcorp Inc. y ArcelorMittal México, S.A. de C.V.
El volumen de explotación de las más de 400 mineras alcanza los 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales. El geoestadista Llano Vázquez documenta que es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al vital líquido por un año de 3 millones 229 mil personas. “Cabe recordar que en México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la vivienda”, destaca en su análisis.
En entrevista, el investigador comenta que el impacto de la minería no sólo es en el territorio, sino en todo lo que deja durante la operación y posterior al cierre y abandono de una mina. Enfatiza: “uno de los elementos importantes es el agua, no sólo estamos hablando de la que consumen, sino de la destrucción de fuentes de agua, la contaminación y el acaparamiento. Para acercarnos a todo esto lo primero que habría de preguntarse es cuánta agua consumieron”.
Acaparamiento y conflicto
La minera canadiense Goldcorp Inc. es la segunda minera que mayores recursos hídricos ocupa en el país. A través de sus filiales Camino Rojo, S.A de C.V.; Compañía Minera Nukay, S.A de C.V.; Desarrollos Mineros de San Luis, S.A de C.V. y Minera Peñasquito, S.A de C.V. ocupa 47 millones 656 mil 34 .00 metros cúbicos anuales, indica CartoCrítica.
Esta compañía se encuentra en la lista de conflictos mineros que documenta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL): en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, Goldcorp “ha despertado una guerra entre cárteles que buscan cobrar cuotas de extorsión o ‘cobro de piso’. Más de diez asesinatos se han ligado a la minera desde 2014”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que desde hace varios años se ha denunciado que bajo la explotación a cielo abierto y de tumbo y relleno [técnicas de explotación minera] las empresas depredan los bienes naturales.
A la Rema, dice Mijangos Leal, “le queda clarísimo que la minería no se puede desarrollar sin agua; hay ejemplos muy concretos que nos señalan la gran cantidad de agua que utilizan, como en el caso de Carrizalillo: una mina a cielo abierto donde se utilizan aproximadamente 250 millones de litros de agua diarios para producir alrededor de 27 kilogramos de oro al día. Esto refleja el volumen que utilizan para la explotación del oro; además, contaminan, dejan aguas con residuos químicos imposibles de utilizar.
“En México, hay un marco que permite que las mineras tengan acceso al agua de manera libre, prácticamente sin pagarla, no tiene ningún cargo de responsabilidades por contaminarla ni porque sequen manantiales, arroyos o cambien los causes de los ríos”, dice.
Los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino también “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”, documenta el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industria.
Y es que para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca)”; producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación.
El geoestadista Manuel Llano expone: “los datos sobre los titulares de las concesiones de agua están alojados en el REPDA, con 500 mil concesionarios de agua en el país, con los datos del titular y un supuesto tipo de uso en las categorías: servicios, industria, uso público, acuacultura, energía hidroeléctrica… es en este registro donde hay que asomarse para poder dilucidar quienes son los usuarios.
“Sin embargo, estamos en un país en donde existe un tráfico de derechos de agua. Un concesionario puede tener equis título que le ampara determinado volumen de agua a su favor. Éste, a su vez, se la puede transferir a alguien más; entonces, hay un tráfico de derechos de agua. Si hacemos una búsqueda dentro del registro, la realidad es que si bien podremos conocer algunos nombres, también se podría estar consumiendo mucha agua de mercados informales de agua”, dice el investigador de CartoCrítica.
La Ley a favor de las mineras
Luego de las modificaciones a la Ley Minera, que se llevaron a cabo el año pasado, esta se ha volcado a favor de los empresarios del ramo, que en su mayoría son de origen extranjero. Los especialistas en el tema comentan que los artículos 6 y 19 de la Ley Minera son los más preocupantes, pues esta actividad es preferencial pese a que existen recursos comunales.
Mijangos Leal comenta que la Ley Minera en todos los países tienen una similitud que espanta, obviamente un gran promotor de la minería en el mundo es Canadá, con todo a su favor. Destaca el artículo sexto, que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.
Manuel Llano comenta que el otro problema es que la Ley Minera tiene un conflicto de derechos con la Ley General de Agua, pues la minera le concesiona el agua a las empresas sin restricción alguna. En sus fracciones V y VI indican: “Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de ley de la materia”.
Las omisiones monetarias
En Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla la falta de cumplimiento de las empresas mineras para con la hacienda pública. El máximo órgano de fiscalización del país documenta la omisión de los empresarios para pagar lo exigido apenas este año, después de que sólo pagaban módicas cantidades por “pagos de derecho”.
El dictamen del máximo órgano de fiscalización señala en la auditoría Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera, practicada a la Secretaría de Economía, que: 6 mil 823 títulos de concesión omitieron en el pago de derechos sobre concesiones mineras. Además, “2 mil 347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 1 mil 862 concesiones”, indica la ASF.
En otra de las auditorías practicadas a la Secretaría de Economía, destaca las deficiencias que hay en la regulación y supervisión de la actividad minera. Propone que la dependencia “analice las causas por las cuales no dispuso de los diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la actividad minera, y considere establecer los mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de su gestión”.
Waldo Fernández, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, dice que las omisiones de pago por parte de las mineras “es un tema muy grave. Finalmente, dentro de todos los cambios fiscales que se hicieron se ajustó mucho el tema de la minería por dos razones fundamentales: una es que no había la claridad del cobro de impuestos por las extracciones o el inventario que ellos tienen; la segunda, una parte de estos impuestos se quedaran en las localidades o municipios de donde se estaba extrayendo el material, de alguna manera para que los municipios tuvieran parte de esta riqueza, pero también para mitigar el daño de la minería”.
Con este proceder del sector, dice el legislador, se afecta a la hacienda pública. El problema en México, comenta, “no es de leyes, sino de voluntad política. La Secretaría de Hacienda tiene que encargarse de hacer auditorías a las empresas. Este es un sector muy importante para el país que también está en manos de extranjeros”.
Érika Ramírez
Jornada contra Monsanto, 25 de mayo, San Cristóbal de Las Casas
Les invitamos a la siguiente edición de la Feria Popular Alternativa que tendrá lugar el próximo 25 de mayo a un costado del Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas. Por la cercanía al Día Global de Acción contra Monsanto, diversos colectivos y organizaciones prepararemos una jornada con mesas informativas, talleres, exposición de variedades nativas de maíz, muestra de materiales pedagógicos, proyecciones y venta de alimentos limpios, locales y artesanales.
Actividades y horarios:
9:00- 10:00 Ritual de agradecimiento a la tierra.
10-12:30 Taller: ¿Qué son los transgénicos? ¿Sabes lo que comes? (Cupo limitado a 30 personas).
13:00-15:30 Taller: ¿Qué son los transgénicos? ¿Sabes lo que comes? (Cupo limitado a 30 personas).
16:00 -17:00 Rifa solidaria de productos agroecológicos.
17:00 – 18:00 Clases de Danzón con el grupo Tacón de Oro.
18:00 -19:00 Conferencia: La consulta “siembra de transgénicos en la península de Yucatán y su impacto en la producción de miel” (Invitado Remy Vandame).
19:00 – 20:00 Proyección “transgénicos”.
A.T.T.E.
Feria Popular y Solidaria*
“Jornada Contra Monsanto”
Honduras: Pueblo Maya Chortí, Declara Libre de Minería su Territorio
El pasado 30 de abril en la comunidad de El Rincon del Buey, se efectuó una asamblea comunitaria con la participación de mas de 800 delegados y delegadas de las comunidades Maya Chortis; Nueva Esperanza, Carrizalito 1 y 2, Río Amarillo, Llanetillos, Hacienda Grande, Corralito, Agua caliente, Barrio Ostuman, El Tigre, El Cordoncillo, Llano de la Puerta, San Pedrito Alto, Sesemil Primero, Sesemil Salitrón, La Vegona, El triunfo, El Barrancón, Rincón del Buey, Tierra Fría, Quesera, Planes de la Brea, Zompopero, Panalito La Línea, Aldea nueva, Malcotes, El Chilar, El zapotal y Quebracho; pertenecientes a los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas. El tema central de la asamblea para la población de las comunidades Maya-Chorti y mestizas que concurrieron fue discutir, analizar y tomar decisiones respecto a la explotación minera, aprobada por el Estado sin haber efectuado ninguna consulta con las comunidades en el área de influencia de las concesiones.
La Asamblea en pleno reafirmó su decisión y posición en cuanto declarar el Territorio Maya Chortí Libre de Minería, la que viene siendo impuestas por compañías mineras y el Estado de Honduras. El 14 de mayo del año 2015 fueron introducidas las cuatro solicitudes de concesión minera metálica y fueron registradas el 10 de julio del año 2015. Estas fueron presentadas por el Abogado Oscar Alejandro Álvarez Díaz en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Minerales Chorti S.A. de C.V.
Las comunidades afectadas realizaron una manifestación el pasado 10 de abril, por las concesiones otorgadas que afectan a más de 5,400 manzanas de tierra. Una de las mayores preocupaciones manifestadas por las poblaciones dentro de las concesiones, es la destrucción de cuencas hidrográficas y la alteración de la calidad del agua, además que se colocan en riesgo la producción agrícola de la zona, la que incluye café de optima calidad, cacao, maíz, frijoles y ganadería.
La cercanía de las concesiones al centro Ceremonial Maya, conocido como Ruinas de Copán, pone en riesgo la industria turística fuente de ingresos para parte de la población de la zona. La Concesión Copan IV, se encuentra a menos de un kilómetro de la zona de influencia del centro arqueológico de Copan. Es inaudita la actitud de la actual administración gubernamental, al imponer la construcción del aeropuerto de Piedras Amarillas, supuestamente para beneficiar la industria turística al mismo tiempo da luz verde a la destrucción inducida por la minería y el conflicto social que causará la imposición de un ecocidio.
Las solicitudes de concesión minera metálica en el municipio de Copán Ruinas se efectuaron en completo silencio, sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con las comunidades Mayas-Chortí como lo señala el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Existe una enorme jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la consulta previa y la obligatoriedad de la misma. Entre las sentencias emitidas se encuentra la del caso Comunidad Garífuna de Punta Piedras Versus el Estado de Honduras de fecha 18 de diciembre de 2015. La sentencia de la Corte IDH incluyo el proyecto minero no metálico Punta Piedra II. Y al respecto sentenció que:
217. En particular respecto del momento en que debe efectuarse la consulta, el artículo 15.2 del Convenio169 de la OIT señala que, “[e]n caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
218.En vista de lo anterior, la Corte considera que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales.
Felicitamos al pueblo Maya-Chortí y la población mestiza que en Asamblea optaron por un territorio Libre de Minería. Así mismo instamos al Estado el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades y el Pueblo Maya Chortí.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indigenas de Honduras, ODHPINH
Guatemala: Estos son los dueños de 5 de las 7 empresas señaladas de desviar ríos
Guatemala. En un hecho sin precedentes, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, demandó ante el Ministerio Público a 7 empresas agroexportadoras. La demanda es por el desvío ilegal de ríos, con el fin de utilizarlos para sus cultivos. El desvío ha provocado que comunidades enteras se queden sin agua, o la consuman contaminada, luego del uso de agrotóxicos. Esta es la información importante para 5 de esas 7 grandes empresas.
Por Equipo de Análisis, CMIGuate
Un ministro incómodo
La llegada de Sidney Samuels al MARN provocó varios ceños fruncidos. Antes de su llegada, el ministerio de ha caracterizado por el tráfico de influencias. Por lo que desde un inicio se vaticinó que tendrían que resistir los embates que las grandes petroleras, mineras y generadores de electricidad ejercen a estas instituciones para aprobar sus Estudios de Impacto Ambiental.
Samuels ha demostrado que no será parte de esas redes. Y lo ha hecho bajo la sombrilla de una pugna en varios niveles entre varias instituciones del Estado (Ministerio Público, SAT, MARN), la CICIG y la Embajada de Estados Unidos en contra de varias empresas de la cúpula empresarial. Allí cabe el caso de Aceros de Guatemala, la demanda laboral en contra de agroexportadores en el marco del Tratado de Libre Comercio, las capturas de los Panama Papers y los rumores sobre los siguientes casos de la CICIG.
Samuels es un académico de origen garífuna, ingeniero civil y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2001-2005). Doctor en Administración Pública, por la Atlantic International University, Hawaii, Estados Unidos.También se ha desempeñado como representante de la USAC ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). En 2013 fungió como Administrador General en el Ministerio de Agricultura.
Las empresas
Grupo Hame y Palmas del Horizonte
El grupo HAME responder a las siglas de su fundador Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado, junto a su hermano ya fallecido, Milton Enrique Molina Espinoza, los mayores terratenientes de Guatemala. HAME se hizo famoso el año pasado luego de la contaminación masiva del río La Pasión en el municipio de Sayaxché.
Una de sus marcas más famosas es Olmeca. Fue la empresa Olmeca que a través de REPSA amplió sus plantaciones desde su zona tradicional en la costa sur de Suchitepéquez, Quetzaltenango y San Marcos.
Algodoneros durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ampliaron sus agronegocios a las plantaciones bananeras y palma africana convirtiéndose en los principales productores independientes de ambos monocultivos en Guatemala. Esa posición la lograron acumulando enormes extensiones de tierra. Sólo en palma africana se estima que poseen más de 35 mil hectáreas.
Ingenio Pantaleón
Del grupo familiar destaca Julio Herrera Zavala, presidente del Grupo Pantaleón; de Spectrum Inmobiliaria, la cual posee el Centro Comercial Miraflores y un conjunto de residenciales en varios departamentos del país; y de Procalidad, que es la alianza de Spectrum con Colombina, una empresa de dulces de Colombia, y que llevó a la construcción de una planta en Escuintla para producir galletas, chocolates y dulces.
Pero es su participación en los bancos Agromercantil, Cuscatlán e Industrial lo que hace de la familia una de las élites más poderosas del país. El ingenio Pantaleón es el mayor productor de azúcar en Guatemala, y el Grupo Pantaleón el mayor productor de Latinoamérica, y en el proceso de producción del edulcorante también se ha extendido a Nicaragua, donde en 1998 compró el ingenio Monte Rosa, en el cual también genera electricidad, actividad ésta que le hace el mayor generador de electricidad de todos los ingenios azucareros de Guatemala.
Sus inversiones más recientes están concentradas en la producción de etanol, un combustible con enorme futuro, y para lo cual está asociado con inversionistas brasileños y colombianos. Igualmente, están invirtiendo en palma africana para la producción de biodiesel.
Ingenio Magdalena
La familia Leal Pivaral posee el ingenio azucarero Magdalena, el cual sería el segundo mayor productor de azúcar del país, además de poseer la mayor destilería de etanol. Con activa participación en el Banco del Quetzal (BANQUETZAL), institución bancaria adquirida por el Banco Industrial (BI) en agosto de 2007, con el cual se fusiona con una de las familias de mayor peso de la cúpula empresarial guatemalteca: los Díaz-Durán.
A los Leal Pivaral se les vinculó con el Partido Patriota (PP) del general retirado Otto Pérez Molina, e igualmente en el impulso de la palma africana para la producción de biodiesel.
Leal Pivaral es padre de Mario Leal Castillo. La familia Leal financió, según el TSE, al Partido Patriota desde su inicio hasta el 2015, cuando Mario Leal Castillo (ex secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia), salió peleado del gobierno del PP denunciando corrupción. Leal Castillo fue vicepresidenciable de la UNE.
También son dueños del centro comercial Cayalá, y de la empresa de seguridad Blackthorne, que cuida a la minera Exmingua, ubicada en La Puya.
Finca Bananera
La Finca Bananera es de la Corporación Agroamérica, de familia Bolaños Valle. Y estos no son los únicos problemas que tiene la empresa. El día 9 de mayo de 2016, a través de acciones legales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se logró el retiro voluntario de plantaciones de palma africana en el área de protección especial Manchón Guamuchal, ubicado entre Retalhuleu y San Marcos.
El retiro de la empresa Agroaceites se dio tras una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por parte del departamento jurídico del CONAP. El área además es un humedal de importancia mundial reconocido por la convención RAMSAR. Se estima que el área donde se había plantado dicha especie extranjera sin autorización era de 39 hectáreas.