Modelo extractivo

Se declaran autoridades comunitarias de la Montaña y Costa Chica contra las mineras y las reformas estructurales

Publicada el 21/04/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

En un encuentro en San Luis Acatlán recriminan el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo. Convocan a fortalecer sus estructuras para que las empresas transnacionales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras. En la Montaña hay 46 concesiones entregadas, informan

Integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias (CAA) de la Montaña y la Costa Chica por la defensa del territorio y en contra de la reserva de la biosfera, convocaron a las poblaciones a fortalecer a las autoridades comunitarias y agrarias para que las empresas transnacionales dedicadas a la extracción y explotación de recursos naturales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras; en la Montaña hay 46 títulos de concesiones entregadas.

En la segunda reunión del año del CAA, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, comuneros y ejidatarios recriminaron el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo Flores al ser intermediario entre los pobladores del Nuevo Balsas, Cocula, y la empresa Media Luna que extrae oro en ese municipio y que ha provocado daños al medio ambiente y a la salud de la población.

También mostraron su malestar porque el gobierno ha emprendido una estrategia reuniones paralelas con funcionarios del estado y federales en los municipios, como ocurrió ayer en Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, donde fueron ofertados proyectos productivos, lo que ocasiona falta de asistencia al encuentro del CAA.

El Consejo de autoridades integra 18 núcleos agrarios de los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Zitlaltepec y Cochoapa el Grande, fue creado en octubre del 2012. Ayer se integraron los núcleos agrarios de los municipios de Xochistlahuaca, Marquelia, Copala y Juchitán.

Al encuentro asistieron unos 200 pobladores, entre ellos comisariados ejidales, comisarios municipales y delegados. Durante la reunión, que inició minutos después de las 10 de la mañana, los pobladores manifestaron su rechazo a la extracción de los minerales de sus tierras, así como las reformas estructurales del gobierno priista encaminadas al despojo.

Uno de los activistas recordó en la reunión que en el estado hay 816 títulos otorgados a empresas mineras, de los que 46 pertenecen a municipios de la Montaña, dos de las más grandes concesiones son; la de la empresa Hochschild Mining, Corazón de Tiniebla, en Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, con 45 mil hectáreas; y el proyecto La Diana, de la empresa Vendome, que abarca 16 mil hectáreas en los municipios de Iliatenco y Zitlaltepec.

El 24 de noviembre de 2015, en un escueto informe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer del desistimiento de la empresa Hochschild Mining para continuar el proyecto de extracción de minerales en la zona, pero no se especifica el motivo. En noviembre de 2013 habitantes de la comunidad me’phaa de San Miguel El Progreso, municipio de Malinalepec, entre ellos autoridades municipales y agrarias, solicitaron un amparo contra las concesiones mineras ante la SCJN.

En la reunión de ayer, las autoridades convocaron a modificar los reglamentos internos de los núcleos agrarios y establecer que en sus tierras está prohibido cualquier tipo de extracción de minerales, recordaron que en los únicos lugares donde han logrado establecer ante el Registro Agrario Nacional (RAN) esos términos son los ejidos de San Miguel del Progreso, Zapotitlán Tablas y Zitlaltepec.

Denunciaron que una vez que las autoridades se dieron cuenta de que las comunidades y los ejidos estaban protegiendo sus tierras de la extracción de minerales, han bloqueado los trámites y ahora se encuentran en la búsqueda de nuevas formas para establecer la prohibición de cualquier acto de explotación.

Durante la reunión, el comisario ejidal de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro sostuvo que el gobierno del estado tiene un plan para impulsar la minería en el estado y una iniciativa que no ha revelado; tampoco ha hablado sobre la situación de las comunidades de la Montaña y la Costa Chica.

Otros comuneros y ejidatarios que tomaron la palabra se quejaron de la falta de interés de la población por ir a las reuniones, aunque la afectación será para los municipios, tanto de la parte alta como los de la costa. Rememoraron que los ríos de Marquelia, Quetzalapa, San Pedro y Santa Catarina nacen en la parta alta, donde se pretende sacar minerales a cielo abierto, lo que provocará la contaminación río abajo.

Los asistentes reclamaron el desinterés de los presidentes municipales de los municipios que serán afectados si se concretan los proyectos mineros. El comunero de Iliatenco, Ponciano Santana expresó “tenemos que hacer algo por las nuevas generaciones”, y reclamó la tala clandestina permitida en algunas comunidades de la Montaña.

Otro comunero, Bulmaro Candia dijo “no estamos de acuerdo en que entren las mineras a nuestros pueblos”, recordó lo que pasó con las comunidades alrededor de Campo Morado, y el conflicto que había en Cocula con la empresa Media Luna.

El señor Inocencio Nicolás, sostuvo que no hay confianza en el gobierno de los municipios, del estado y de la federación, “porque no se acuerdan del pueblo”.

Durante el encuentro fue proyectado un documental de los efectos de la minería a cielo abierto. En la reunión se acordó que el próximo encuentro será en el municipio de Copala, el 25 de junio, y el 30 de julio será el cuarto taller agrario, con el tema Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, en la comunidad de Colombia de Guadalupe.

La amenazaron por ser parte del Consejo, denuncia una vecina

La señora Epifanía Pérez Gómez, quien desde hace 22 años se desempeña como médico tradicional en las comunidades de la Montaña, denunció en la reunión que fue amenaza por teléfono el 30 de enero, día de la primera reunión del CAA en San Luis Acatlán.

Ella forma parte de la organización Cáritas Mexicanas y asiste a los talleres que la iglesia imparte a las comunidades para hacer abono orgánico, y aprender a tratar las plantas del café afectadas por la plaga de la roya.

Durante su participación, dijo que después de ir a la reunión recibió una llamada de un hombre que le dijo “que por su bien” no siguiera asistiendo; pero dice que no tiene miedo y que seguirá acudiendo a las reuniones porque le interesa lo que ocurre en su comunidad. En declaraciones, dijo que el hombre que la llamó le preguntó qué era lo que necesitaba para que dejara de apoyar a las organizaciones.

“La primer invitación que te hago es que ya no vayas a esos foros, si quieres vivir con tu familia”, fue lo que le dijo el desconocido. La mujer indicó que ese mismo día avisó de la amenaza al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

(…)

Vía Movimiento M4

Fuente: El Sur

Se declara Ixtepec como territorio libre de minería

Publicada el 20/04/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Vía Movimiento M4

Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros– del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.

Durante el evento se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales.

Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA, por las afectaciones irreversibles a los bienes naturales y las enfermedades a la salud de las personas que puede ocasionar.

Debe quedar claro que no estamos en contra de la empresa minera, estamos defendiendo nuestro derecho a la vida.

Situación actual

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE), el pasado 26 de junio de 2015, la Minera Plata Real vendió los derechos de la concesión minera de 8 mil 150 hectáreas en Ciudad Ixtepec a “Pablo Ibarra Mora”, esta actividad sugiere que durante este año se lanzará un nuevo concurso para que una empresa “extractora” tenga el derecho de explotar el oro y la plata que se encuentra en los cerros Banderilla y Nisa Bixhichi en Ciudad Ixtepec.

De acuerdo a los datos aportados en este foro la concesión minera de 50 años (de 2008 a 2058) es un peligro latente, ya que si una empresa extractora firma un contrato con el concesionario, se ve obligada a explotar la mina -a como dé lugar- de lo contrario tendría que pagar una multa onerosa.

Se destacó que el proyecto en Ciudad Ixtepec se extiende desde Laxhilona hasta la calle Trujano, abarcando más de 10 barrios originarios de Ciudad Ixtepec, como son Carrizal, Tepalcate, 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección, así como El Zapote, Carrasquedo, Picacho, Cheguigo Juárez, Cheguigo Zapata y la Huana Milpería.

La defensa de los pueblos

Durante el foro regional informativo organizado por el Comité Ixtepecano por la defensa de la Tierra y Territorio, las mujeres zapotecas realizaron también una declaración como mujeres, a favor de la vida, ya que la explotación minera a gran escala como se pretende realizar en Ciudad Ixtepec y en otros municipios istmeños, es un “proyecto de muerte”.

Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales.

Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales.

Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.

Se citó como relevante, que en Valles Centrales, gracias a la organización de la comunidad de Magdalena Teitipac, se logró expulsar a una empresa minera que contaminó los mantos acuíferos en su territorio; la cual es filial a la que realizó las exploraciones en Ciudad Ixtepec

Antes de finalizar, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la radio comunitaria Totopo, a través de la niña Antonia Jiménez Vázquez, refrendaron su respaldo a los habitantes de Ciudad Ixtepec para defender la vida en su territorio.

Abuelos y abuelas, padres y madres, hermanas y hermanos jeromeños, estamos aquí para decirles que lucharemos junto a ustedes para expulsar esa mina extranjera que sólo trae destrucción y muerte, además debemos de juntarnos todos para defender nuestro río Bicu Nisa.

Nuestros pueblos son de hermandad, de guendaliza’a (…) para tejer una vida con dignidad, como se teje una atarraya con paciencia y amor que en cada punto representa a cada hombre y mujer de hoy, y en cada amarre a las niñas y niños de mañana”.

Fuente: IstmoPress

Extractivismo en América Latina: el despojo de los derechos

Publicada el 07/04/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

De Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

América Latina se encuentra en una encrucijada. O se ponen medidas para transitar el modelo extractivista del que ha venido haciéndose cada vez más dependiente en las últimas décadas, o la situación de la región se volverá completamente insostenible en términos sociales, ambientales, climáticos e, incluso, fiscales y económicos. Los altos precios de minerales e hidrocarburos que, según un estudio de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), se cuadriplicaron entre 1991 y 2001, conllevaron que la región se volviese más atractiva y rentable para las empresas, como lo muestra que en 2013 captase 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos lo vieron como uno de los principales medios para generar renta pública, inversión extranjera directa, crecimiento económico y aumentar el comercio exterior. Es decir, para mejorar toda una serie de indicadores que a los gobiernos les gusta publicitar como muestras de buena gestión pública.

Sin embargo, el otro lado de la moneda, que rara vez gobiernos, empresas e iniciativas internacionales, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), señalan en sus informes sobre el desarrollo de la actividad extractiva en los países, es la de los daños sociales, ambientales y climáticos que, por su propia naturaleza, genera. Tampoco incluyen información sobre la sistemática violación de derechos humanos y, en especial, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que acompaña a la actividad extractiva; pues como señala acertadamente el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi, el extractivismo implica características del estado de excepción permanente, ya que “allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones desaparecen”.

Ante este hecho, no debería sorprendernos que la explotación de minerales e hidrocarburos, pero también de otros tipos de extractivismo como el hidroeléctrico, el forestal y el agrícola, entre otros, sea una causa permanente de conflicto social y ambiental en América Latina. Por dar sólo un dato, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene identificados, al menos, 210 conflictos provocados por 220 proyectos mineros y que afectan a 315 comunidades. En la lista de países donde estos conflictos ocurren, México se lleva la palma con 37 casos, seguido muy de cerca por Perú y Chile con 36 casos cada uno, Argentina con 26 y, ya más alejado, Colombia con 13. Sin embargo, es importante también mencionar la situación de países que, como Honduras, presentan un número menor de conflictos (en este caso cuatro), pero en los cuales la violencia, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente flagrante.

Según un estudio que Global Witness publicó en 2015, de los 116 asesinatos de activistas ambientales y territoriales ocurridos en 2014 que se pudieron identificar (pues existen serios vacíos de información que hacen temer una cifra aún mayor), tres cuartas partes ocurrieron en la región latinoamericana. El país más peligroso es Honduras, donde ha habido 111 asesinatos de activistas entre 2002 y 2014, de los cuales 40% de las víctimas eran indígenas. El desarrollo de actividad hidroeléctrica, minera y agroindustrial es la principal causa de estas muertes violentas.

El más reciente caso, ocurrido hace tan sólo unas semanas, es el vil asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ataque del que también fue víctima Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, organización mexicana, y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, a quien aún no se le ha permitido salir de Honduras, pese al riesgo en que está su vida. Días después, fue asesinado el compañero Nelson García, también del COPINH. Este Consejo, así como una diversidad de organizaciones y actores nacionales, regionales e internacionales, denuncian que estos no fueron casos aislados, si no que se dan en un marco generalizado de ataque a defensoras y defensores del territorio. En concreto, señalan su relación directa con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y responsabilizan a la empresa Desarrollos Energéticos.

Estos hechos muestran, además, los enormes intereses detrás de los proyectos extractivos y la arraigada corrupción, colusión e impunidad existentes en los países de nuestra región, donde rara vez se hace justicia por estos asesinatos o se ponen en marcha medidas que garanticen la no repetición de actos semejantes. En el ataque a Berta, Gustavo y Nelson y la investigación oficial que le ha seguido se pone de manifiesto cómo los gobiernos se alían con las empresas para llevar adelante proyectos por encima de la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios que son invadidos y ocupados sistemáticamente por la actividad extractiva.

Ahora, ante la caída del precio de minerales e hidrocarburos esta situación corre el riesgo de agravarse, un nuevo panorama se está abriendo. La disminución en la rentabilidad de los proyectos y en la generación de renta pública, está tratando de ser compensada con un aumento de la producción, que conlleva la ampliación de la frontera extractiva. Pero, además, también viene asociada al debilitamiento de la institucionalidad y regulación social y ambiental, la neutralización de la legislación sobre derechos humanos, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, un aumento de la represión, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal. De esta manera se pretende continuar el modelo extractivo cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, dirigiendo a la región a una carrera hacia el fondo.

En este panorama, se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas al extractivismo. Para ello, se necesita la participación y propuestas de la población, especialmente de aquella que vive y ama los territorios, como es el caso de Berta, el COPINH y tantos pueblos a lo largo de nuestra América. Por eso, el ataque a las y los defensores de los territorios es un ataque contra todas y todos, contra la humanidad, porque, además de la perdida de vidas, atenta contra la construcción de otros modelos y modos de vida que no pongan en peligro a la población y el medio ambiente de la región. Modos que protejan al planeta entero, si consideramos el impacto de la actividad extractiva sobre el cambio climático.

Es por ello que, desde la RLIE y PLQP, nos sumamos al llamado de justicia para Berta y Nelson y de seguridad para Gustavo y el COPINH. Exigimos que estos y todos los otros ataques contra defendores y defensoras sean investigados, los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y se establezcan medidas que garanticen la no repetición.

#JusticiaParaBerta
#SeguridadParaGustavo

Mapa de Asesinatos por Represas en Mesoamérica

Publicada el 30/03/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

MAPDER

Pronunciamiento por el Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

Publicada el 14/03/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Hoy 14 de marzo, día de acción internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos, varias organizaciones chiapanecas, incluyendo Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, miembros del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – Chiapas (MAPDER Chiapas), del Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, del Frente popular del Soconusco 20 de Junio y del Movimiento Libre de la Costa y Sierra Chiapaneca 16 de Febrero, organizamos una conferencia de prensa y una movilización en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, para reiterar nuestro rechazo a la multiplicación de represas en la entidad y nuestra determinación a defender nuestro territorio ante los proyectos de muerte.

Este día de acción global contra las represas fue marcado por el homenaje a la ambientalista hondureña Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchaba dignamente contra el proyecto de presa Agua Zarca en su país. También nos solidarizamos con el compañero Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra Bertha y retenido arbitrariamente en Honduras desde hace 11 días (Aquí pueden firmar nuestra acción urgente para exigir su retorno a México).

Les compartimos nuestro pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO

14 de marzo: Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

“Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse.”
Bertha Cáceres.

Los proyectos de represas han desplazado a miles de personas en el mundo e impactado los ríos y los ecosistemas de pueblos indígenas y campesinos. En Latinoamérica han surgido diversos movimientos para organizarse en torno a la defensa de los ríos y el territorio con el fin de proteger el patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente y los derechos a la alimentación, la salud, la consulta, entre otros.

El día de acción internacional contra las represas surgió en Curitiba, Brasil, en 1997, durante el primer encuentro mundial de afectados/as por las represas con el fin de demostrar que somos miles quienes nos oponemos a estos proyectos de muerte. Es falso que son proyectos sustentables de “energía limpia”, sabemos que detrás de ellos existe una gran inversión pública y privada que se impone por encima de los derechos humanos y de la naturaleza. Empresas como Oderbrecht, Abengoa, Hidralia, Iberdrola, son fondeadas por diversos bancos internacionales con el pretexto de aportar el “desarrollo” en los países donde se instalan, o el abastecimiento de agua y energía para los pueblos, cuando se ha comprobado que son proyectos complementarios a grandes proyectos económicos que benefician a las empresas: minería, puertos, corredores económicos, entre otros.

La imposición de las represas ha causado grandes conflictos por el ejercicio de la violencia, la intervención militar, las técnicas de inteligencia policiaca; sobre todo ha derramado sangre y vida de los pueblos que se han entregado a defenderse del gran capital. Tal es el caso de nuestra compañera Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo en Hoonduras, y del sobreviviente Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra la luchadora. Ambos son miembros de la Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos y sus Comunidades (REDLAR). Bertha, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) que coordinaba y el pueblo Lenca son una muestra de la digna lucha por los ríos. Es por esta razón que hoy la citamos: “Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”. Porque queremos gritar que somos fuertes, que su ejemplo de vida será semilla para defender cada uno de los ríos de Latinoamérica y del mundo de los intereses de las empresas y del modelo extractivista.

Hoy Chiapas se pronuncia por:

1. La cancelación definitiva de todos los proyectos de represas planeados y otros que contaminen y destruyan los ríos de Chiapas;
2. El alto a la criminalización de los pueblos en defensa del territorio, las amenazas y la coerción de los pueblos en Chiapas;
3. La justicia para la familia de Bertha Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH: que se abra una línea de investigación independiente del asesinato que ayude a esclarecer el caso;
4. La cancelación definitiva del proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, contra el que lucha el COPINH;
5. El retorno inmediato de Gustavo Castro a México: que continúe realizando sus diligencias desde acá y se le otorguen las condiciones necesarias para salvaguardar su salud física y psicológica.

FIRMAN:

EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS – CHIAPAS (MAPDER-CHIAPAS)

EL FRENTE CHIAPANECO EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA

EL FRENTE POPULAR DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

EL MOVIMIENTO LIBRE DE LA COSTA Y SIERRA CHIAPANECA 16 DE FEBRERO

Más fotos de nuestra acción en Tuxtla aquí

Audios de la conferencia de prensa

Argumentos de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico

Publicada el 03/03/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Fundamental mantener la suspensión y entrar al fondo de los argumentos en la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico:
· La suspensión debe mantenerse en tanto se discuten a fondo los argumentos
· Argumentos dejan ver contradicciones del Gobierno mexicano y empresas transnacionales en los documentos que integran el expediente de la Demanda Colectiva contra el maíz transgénico
· Aceptan reiteradamente el contagio del maíz nativo por los transgénicos

demandacolectivamaiz.mx
Un grupo de científicos y más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de consumidores, de derechos humanos y abogados forman la Colectividad del maíz que enfrenta a grandes empresas monopólicas de semillas ante la siembra de maíz genéticamente modificado hace 32 meses. A través del proceso jurídico se logró la suspensión provisional, a pesar de que las instancias de gobierno demandadas buscan defender un negocio de cinco empresas trasnacionales, declaró Adelita San Vicente, representante de la Colectividad e integrante de la organización Semillas de Vida. “Estamos ante una nueva definición en el Poder Judicial de la Federación en la que el Magistrado Soto Sánchez puede concedernos la suspensión definitiva de la siembra de maíz transgénico en México y con ello pasar a la historia como el Juez que protegió nuestro maíz.”
Hoy se enfrenta una nueva etapa, ya no se trata de suspender provisionalmente la siembra, sino de elevar la medida al grado de definitiva lo que implica que la suspensión se mantenga durante todos los trámites judiciales, o bien que se elimine la suspensión y se permita la siembra, como nos explica Colectivas A.C. Es momento de entrar al fondo de los argumentos antes de tomar la decisión que afectaría al principal alimento de los mexicanos.
De acuerdo con el análisis de actas e informes[1], realizado por el equipo jurídico de la Colectividad, que el Gobierno federal y las empresas rindieron ante tribunales federales, en el juicio, a lo largo de los 32 meses de litigio, se han visto obligadas a confesar que sus argumentos carecen de sustento, aun cuando públicamente argumentan a favor, con lo que caen en contradicciones. “Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.
Públicamente hacen creer que:
A.    El maíz transgénico es seguro porque puede coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos.
B.    Los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos sin consecuencias negativas.
C.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos habría un supuesto beneficio de resistencia a plagas.
D.     La siembra de transgénicos es segura porque se han practicado evaluaciones.
E.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos no habría afectaciones al medio ambiente.
Ante la justicia reconocen que:
a.      Los maíces nativos serán contagiados de transgénicos como consecuencia del flujo entre las distintas regiones del país. En lacontestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos (que sí son genes de maíz) a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que NO son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país.
b.     Si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos.Syngenta reconoció en su contestación al Juez, que para evitar flujo de semillas transgénicas hacia nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladarlas,intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos.
c.      Si los maíces nativos se contagian de transgénicos, su entorno se verá afectado. Al contestar al juez, la Sagarpa afirma:
1. Que ante el contagio de transgénicos a maíces nativos…
2. Habría un supuesto beneficio…
3. RECONOCE que con ello se modificaría el entorno…
4. Afectar el entorno implica violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz.
5. RECONOCE que los contagios continúan activos generación tras generación y su propiedad insecticida también continuará afectando organismos de los agro-ecosistemas.
d.       A pesar de que debiera existir CERO caso de nativos contagiados de transgénicos, el gobierno encontró 89 casos. En un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, que presentamos a los jueces, se encontraron 89 casos de maíces nativos contagiados por transgénicos, en 6 estados del país durante la última década. Conforme a la Ley ninguno de los 89 casos debió suceder. Por lo que resulta obvio que si se siembran a gran escala los transgénicos contagiarían todo el territorio mexicano. Algunas consecuencias son que los campesinos perderán el derecho a elegir, pues la presencia de transgénicos sería generalizada; igualmente se verían afectadas actividades como la cocina mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, dejarían de ser libres de transgénicos.
e.      Las generaciones futuras tienen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron (sin transgénicos). Una vez reconocido ante los jueces que los transgénicos contagiarían a los maíces nativos, también se afectaría a las generaciones futuras protegidas por el CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Nuestros hijos tendrían que enfrentar cambios climáticos con maíces contagiados de transgénicos. Por tanto también perderían los mercados de libres de transgénicos.
Al respecto la Doctora Elena Álvarez- Buylla, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM declaró que “la Ley de Bioseguridad, tiene un régimen especial de protección especial, justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser arriesgados por la liberación de maíces o cultivos transgénicos en otros casos y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. No importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya a pocos o cientos de metros de distancia, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso, por polinización o por intercambio, a poblaciones de maíces nativos y empezará el proceso irreparable, impredecible, irreversible e inaceptable desde el punto de vista cultural, riesgosas e inclusive peligrosas para el ambiente, para la biodiversidad y para la salud, entonces no es posible la coexistencia.”
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, explica: “Lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos porque no hay forma de controlar siembra de maíz transgénico, es como aventarlos al aire, va haber flujo por polinización cruzada o por el flujo de semillas, es decir que un campesino toma la semilla y la mezcla con la suya en sus parcelas y esto es un gran fluyo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo, la única forma que existe de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente, es negar esos permisos. La medida precautoria de carácter definitivo que estamos solicitando en este momento al Segundo Tribunal Unitario en materia civil consiste en que antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se pueda sembrar porque si se sembrara habría un daño irreversible. La afectación se daría en esencia a tres derechos humanos: la conservación del entorno, el libre intercambio de semillas, las aspiraciones de generaciones futuras, todo protegido por la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”
Públicamente hacen creer que:
F.     Los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias.
Ante la justicia reconocen que:
f.      Las autoridades sanitarias NO evalúan los impactos de la siembra de transgénicos de maíz, lo que significaría que todo el maíz que comeríamos sería transgénico. En la opinión que la Secretaría de Salud dirige a los jueces, se acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia.
Emanuel González Ortega, investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, declara: “Hemos hecho revisiones de la literatura científica sobre los efectos por el consumo de organismos genéticamente modificados y la exposición a los herbicidas que acompañan a estos cultivos, como el glifosato, e indudablemente llegamos a la conclusión de que la siembra a nivel comercial de maíces transgénicos en México causará un grave daño a la salud de la comunidad, a nivel de campo la siembra masiva expondrá a las comunidades rurales a una exposición a los herbicidas que acompañan a este tipo de cultivos transgénicos, uno de éstos es el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos. Además, investigaciones científicas han relacionado al glifosato con el aumento de diversas enfermedades; tales como desórdenes del espectro autista, una gama de afecciones degenerativas, aparición de linfomas, daños renales y hepáticos, daños al sistema reproductivo e incluso malformaciones congénitas tales como microcefalia, malformaciones craneoencefálicas, incluso espina bífida.”
Públicamente hacen creer que:
G.    Los transgénicos producen más toneladas que los demás.
H.    Los transgénicos pueden tener mejor rendimiento porque aunque no produzcan más, podría ser más barato producirlos.
Ante la justicia reconocen que:
g.     Los transgénicos NO producen más. En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos NO incrementarían la producción de maíz.
h.     Producir transgénicos es más caro que los demás. Las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces, la que enumeró diversas investigaciones científicas que financió. Las autoras de uno de estos estudios explicaron a los jueces que en su investigación documentaron el incremento en los costos.
El Doctor Antonio Turrent Fernández, Investigador Titular C en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, señala: “La SAGARPA en la opinión que emitió en los tribunales con respecto a esta demanda, reconoce que no se esperan que los organismos genéticamente modificado rindan más que los no transgénicos. Hay alternativas, desde un grupo de investigadores del INIFAP y del COLPOS, hemos estado estudiando México tiene reservas de tierras de calidad agrícola y de agua dulce que permitirían con tres millones de hectáreas, que ya están dedicadas a la agricultura con pastizales, con ecosistemas introducidos pero que están subutilizadas, podríamos producir la diferencia para llegar al orden de 50 millones de toneladas anuales, que es muy cerca del doble de lo que el país está requiriendo actualmente y esa sería la opción que tiene el país para recuperar su autosuficiencia sin recurrir a la tecnología transgénica.”
Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, explica: “Para los campesinos la producción de maíz criollo nativo es muy importante ya que depende de este maíz para la alimentación de las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala el ciclo productivo es de temporal pero tenemos una producción bastante buena, años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas o en el caso de las híbridas que no son productivas, en cambio las nativas criollas se enfrentan a las condiciones climáticas de cada año, en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores.”
Emiliano Flores Franco, campesino originario de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, recalca: “Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos que nos dan la facultad y privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos como el frijol, haba, calabaza, chícharo, tomate, chile u otros más que se puedan asociar con los maíces. Sentimos que son muy importantes porque con los híbridos y ahora los transgénicos no se pueden asociar o combinar otros cultivos que son fundamentales para la alimentación familiar campesina.”
Públicamente hacen creer que:
I.      Los transgénicos representan avances en investigación científica.
Ante la justicia reconocen que:
i.      Las empresas trasnacionales buscan explotar a los transgénicos comercialmente y en forma exclusiva. En la contestación dirigida al juez, Syngenta reconoce que con la siembra de maíz transgénico las empresas transnacionales buscan aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, lo que significa que sólo buscan ganancias comerciales; es decir que no tienen fines científicos como algunos afirman.
Raúl Hernández Garciadiego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, puntualiza al respecto de la opinión que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica, en donde llama la atención que dedica gran parte de su opinión a defender la biotecnología, siendo que la colectividad no ataca ni pone en juicio a la biotecnología, sino que la medida cautelar únicamente pretende detener durante el juicio la liberación al ambiente de maíces genéticamente alterados para conservar la materia del juicio. Los datos de la CONACYT no respaldan su opinión de que la suspensión judicial afectaría la investigación científica. La medida provisional obliga a la SAGARPA y a SEMARNAT a abstenerse de efectuar “procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos”, pero se precisa “sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado”, con lo que de ningún modo se impide la investigación.
Finalmente, el Padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hace un llamado a la ciudadanía para que mediante la difusión de estas contradicciones se les pueda hacer ver a los jueces que los requisitos para sembrar transgénicos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no se están cumpliendo y que debe suspenderse definitivamente la siembra durante todo el juicio.

Informes y contacto:
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/

Conacyt: dineros públicos para empresas ecocidas

Publicada el 29/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada

En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería, ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial. Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir.

Esta última, de acuerdo con información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de pesos para «modernización de instalaciones». A pesar de contar con esta información, el gobierno mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como «pacto de impunidad».

¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social, traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción político-empresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX, por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber protegido la operación ilegal de MSX?

Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros…?

Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar, podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos asfixia.

Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado, o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y reinventarnos.

El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida. Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?

México: Incumplen norma ambiental 65 por ciento de las minas

Publicada el 24/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Más de mil minas operan en México legalmente. De ellas, la Profepa detectó que el 65 por ciento no cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo, sólo 71 centros de operación mineros han sido clausurados

Elva Mendoza, Revista Contralínea

Tras la inspección de las más de 1 mil minas que operan legalmente en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades e incumplimiento de la normatividad ambiental en el 65 por ciento de los proyectos mineros. Derivado de los trabajos, 71 establecimientos que cuentan con registro oficial –ubicados en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora– fueron temporalmente clausurados. Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el municipio de Cananea, Sonora, forma parte de la lista negra de la Profepa.

De acuerdo con reportes que la Profepa ha generado desde 2014, alrededor del 65 por ciento de las minas que operan legalmente en el país incumplen con la normatividad ambiental. Al respecto, la dependencia prepara un informe detallado.

Luego de los trabajos de revisión, inspección y verificación realizados a las 1 mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente, la Profepa dio a conocer que 729, el 64.51 por ciento, presentan algún tipo de irregularidad.

Por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de los más de 700 centros de operación y extracción identificados, se clausuraron temporalmente 71 (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal).

Clausuras totales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.

Clausuras parciales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Incipiente cumplimiento de la ley

Apenas el 35 por ciento de las minas, 401 instalaciones, cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La mayor parte de las oficialmente registradas ante las autoridades responsables se ubican en Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.

Minas ilegales

Además de la problemática ambiental de la minería autorizada, en el país existe un número indeterminado de minas operando fuera de la ley. En 2009, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) denunció el aumento de la extracción clandestina mineral de hierro, principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero.

La Canacero informó que, al menos entre 2009 y 2010, la extracción clandestina, con base en cálculos de las empresas, ascendió a 40 mil toneladas mensuales, muchas de las cuales salieron por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En junio de 2014, durante la cumbre de Punta Mita, celebrada en Nayarit, la Alianza Pacífico –integrada por México, Colombia, Perú y Chile– anunció el inicio de una serie de consultas para establecer mecanismos que mejoren el combate contra el crimen organizado en la producción, venta y exportación de minerales, entre ellos el oro, la plata, el cobre y el hierro.

Inspecciones
Durante las visitas de inspección donde se llevan a cabo los trabajos mineros se verifican los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental Única, ambos expedidos por la Semarnat.

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con la normatividad aplicable a las actividades mineras, como la NOM-120-SEMARNAT-2011; la NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales (lugares de destino de los residuos), así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales; la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la NOM-155-SEMARNAT-2007; la NOM-157-SEMARNAT-2009, y la NOM-159-SEMARNAT-2011.

Además de las NOM, las autorizaciones y las licencias ambientales, los proyectos e instalaciones mineras deben cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos y sus reglamentos.

Normas oficiales vigentes

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este tipo de actividades:

NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de explotación minera directa.

NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales.

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

Fuente: Profepa

Guatemala: Niñez muere de hambre y frío donde la mina Marlin explota oro, plata y mercurio

Publicada el 18/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Plurijur

{youtube}WlFRTno-_hI{/youtube}

El video es una descarga tóxica de la mina Marlin al Río Tzalá que atraviesa los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, siendo una de las tantas fuentes comunitarias de agua.

Mientras el oro y la plata son llamados metales preciosos enriqueciendo a los accionistas de la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiaria guatemalteca Montana Exploradora de Guatemala Sociedad Anónima, la niñez guatemalteca muere de hambre y frío en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa donde les explota la mina Marlin.

Una querida familia de la resistencia comunitaria en San Miguel Ixtahuacán contra la mina Marlin, ha sufirido la muerte de sus dos pequeños que murieron de hambre y frío, como muchos otros y otras en toda Guatemala.

Según el certificado de defunción, Angel de un mes con 7 días, y Milton de 2 años con 2 meses, murieron de neumonía.

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, las niñas y los niños pueden estar protegidos contra la neumonía, mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de bajo costo y tecnología sencilla. Uno de los mayores factores de riesgo es la desnutrición.

Para la OMS, una comunidad o población con una nutrición normal no debe exceder del 2.5% de desnutrición.

Según la Secretaría Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala -SESAN-, el municipio de San Miguel Ixtahuacán ocupa el número 73 de los 338 del país con una desnutrición crónica del 50.4%, mientras Sipacapa ocupa el número 72 con el 50.8% de desnutrición crónica en el país. Estos datos son sobre niñez entre los 7 y 9 años de edad en primer año primaria.

De 166 municipios de Guatemala en 2008, se registró desnutrición crónica en niñez menor de cinco años superiores al 43% de los cuales el 72% pertenecen a zonas rurales. Los municipios con mayor desnutrición crónica son de los más pobres y rurales, es decir, indígenas. De entre los 166 municipios hay 33 con una tasa de desnutrición crónica mayor al 70.4% y cuentan con una tasa de ruralidad del 79%; 50 municipios tienen una desnutrición crónica entre 60.2% con una tasa de ruralidad del 75%; y 83 municipios con una tasa de desnutrición crónica entre 43% y 60% con una tasa de ruralidad de 64%.

Pero la empresa minera Montana presume en los medios de comunicación que ha construido un hospital en San Miguel Ixtahuacán que le costo millones de quetzales con equipos y personal de primera.

La mina Marlin no solo explota oro y plata a través del cianuro y otros químicos sino también MERCURIO.

A pesar que Guatemala, suscribió el 10 de octubre de 2013 el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, reconociendo que es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

Aún así, el gobierno de Alejandro Maldonado y ahora Jimmy Morales autorizaron la ampliación de la explotación de la mina Marln, y de forma ilegal, puesto que la Ley de minería no regula la ampliación de la explotación minera en el país.

Para eso deben tramitar una nueva licencia. Pero esta facultad que el Congreso de la República aprobó como limitación administrativa al poder público de los gobiernos, Madlonado y Jimmy la aprueban argumentando que la ampliación está regulada en el reglamento de la Ley de minería.

En otras palabras, al considerar los flamantes abogados del Gobierno que el Reglamento puede modificar la Ley de minería.están llevándose de corbata toda la cultura jurídica de occidente, invirtiendo la pirámide de Kelsen. Ya no es un Reglamento el instrumento para desarrollar una Ley, sino más bien para reformarla debido a las lagunas mentales de los diputados. Hay un gravísimo problema de legalidad en el país.

¿De qué sirve una Ley cuando a través de un Reglamento pueden regular aquello que los parlamentarios no aprobaron? ¿Entonces para que sirve una Ley? Se puede tener mayor información sobre la ampliación de la explotación de la mina Marlin en los reportajes de Nómada AQUÍ.

Esto también es corrupción, además de contar con abogados imbéciles.

Comunicado RECOMA en solidaridad con pueblos de Nueva Concepción

Publicada el 17/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de La Red Latinoamericana Contra Los Monocultivo de Árboles, en solidaridad con la lucha de los pueblos de Nueva Concepción, Escuintla por la liberación del río Madre Vieja.

El día 9 y 11 de febrero de 2016, más de 200 vecinas y vecinos de Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala, realizaron una acción histórica para ese municipio y para muchos pueblos; liberaron al río Madre Vieja de varias represas que desviaban sus aguas hacia las plantaciones de palma africana y caña de azúcar.

El río Madre Vieja tiene un recorrido de más de 125 kilómetros de largo, desde que nacen sus afluentes en las montañas de la Sierra Madre, atravesando la cordillera volcánica hasta llegar al sistema de manglares en su desembocadura. El río a pesar de la degradación a la que ha sido sometida por años de explotación y uso indebido de sus aguas, aún es un importante elemento para la vida y sustento de las comunidades, agricultores y agricultoras, pescadores y pescadoras que conviven en sus orillas. El río aún sostiene importantes ecosistemas y biodiversidad.

Ante las acciones emprendidas por los pueblos de las aguas del río Madre Vieja expresamos:

Nuestra solidaridad con las comunidades de Nueva Concepción Escuintla, en su lucha para lograr el acceso al agua y la liberación del río Madre Vieja de represas injusta e ilegalmente construidas por intereses particulares de la empresa de palma africana del grupo Hame y la agroindustria de la caña de azúcar y banano.

Pedimos y exhortamos a las autoridades guatemaltecas, investiguen los casos de desvíos de ríos por las agroindustrias de palma aceitera, caña de azúcar y otras, con el fin de garantizar el acceso al agua a las comunidades locales y para el sostenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas costero marinos tan importes como el manglar.

Hacemos un llamado las organizaciones sociales y a la sociedad civil en general a estar atentas ante este caso de violación de derechos humanos, con el fin de contribuir a la difusión de la información y al cumplimiento de los derechos de las comunidades afectadas.

Agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina: una lectura desde la ecología política

Publicada el 11/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Omar Felipe Giraldo
Revista Mexicana de Sociología 77
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

Resumen:
En este artículo se discute cómo el agroextractivismo pone en juego diversos mecanismos discursivos y prácticos para desterritorializar a los campesinos, en muchas ocasiones sin necesidad de expulsarlos de sus tierras. Se utilizan herramientas de la ecología política con el propósito de explicar las distintas vías por las cuales el capitalismo moderno está territorializando su racionalidad dicotómica, mediante la irrupción de un régimen tecnológico, cultural y representacional de verdad, y la imposición de un mundo transformado en su lógica de homogeneidad, linealidad y disciplinarización de la naturaleza.

DESCARGAR: farmlandgrab.org (.PDF 26 páginas)

Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

Publicada el 03/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

por Ricardo Bustamante, El Mostrador

«Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores.»

Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

omo señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

Cifras del falso dilema

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.