Licitaciones de la Ronda 1: Banderazo de salida para el Despojo

nofrackingmexico.org

México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2015 

  • La Alianza Mexicana contra el Fracking afirma que las licitaciones de la Ronda 1 y el Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía generarán atropellos a derechos humanos fundamentales de la población
  • La Reforma Energética coloca a pueblos indígenas, así como a propietarios, ejidos y comunidades en desventaja frente a contratistas
  • La Alianza reitera su oposición a métodos de extracción nocivos como la fractura hidráulica (fracking)

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking manifestaron su rechazo al proceso de apertura de las licitaciones de la Ronda 1 y al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. “Como quien comete un ilícito, el evento se realizó a escondidas del escrutinio público: en la invitación no apareció la dirección del recinto donde se dieron cita representantes de la iniciativa privada, de las dependencias de gobierno reguladoras del sector y algunos invitados selectos de la sociedad civil y la prensa: La dirección fue proporcionada el mismo día del evento.” indicó Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Por su parte, Aroa de la Fuente, también investigadora de Fundar, señaló su preocupación por que Pemex se abstuvo de participar en este proceso. “Emilio Lozoya Austin aseveró que la ‘empresa productiva del Estado’ se encuentra descapitalizada y, por tanto, prefiere dejar que actores privados se repartan la riqueza de todas y todos los mexicanos”. “Paradójicamente, lo que se repartió fueron 14 áreas de licitación en aguas someras en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y occidente de Campeche, precisamente el tipo de campos en los cuales Pemex es reconocido internacionalmente por su experiencia y por sus bajos costos de producción” señaló. Sin duda, “la ausencia de Pemex en estas licitaciones sienta un mal precedente que tendrá consecuencias para las finanzas públicas puesto que, en los últimos años, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado.”

Las y los investigadores señalaron que ésta es apenas la primera fase de la Ronda 1 de entrega de licitaciones para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Faltan otras cuatro fases más para dar por concluida la Ronda 1: dos en el Golfo de México, una de recursos convencionales en tierra y otra de recursos no convencionales (campos que presentan riesgo de ser explotados con la técnica de la fractura hidráulica, intensiva en afectaciones a al territorio y a los seres vivos que lo habitan).

El dos de julio, la Secretaría de Energía publicó un Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 cuyo texto y documentos anexos puede ser consultado aquí. “Esta página contiene un ‘mapa interactivo’. En este mapa, se esboza un ambicioso proyecto transexenal de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que abarca 3 millones de hectáreas, equivalentes al 7.4% de la superficie terrestre del país.” señaló Manuel Llano, investigador asociado al proyecto www.cartocritica.org.mx. “A esto hay que sumar otras 11 millones de hectáreas ubicadas sobre las aguas del Golfo de México.” Afirmó que el mapa no es descargable en datos abiertos, en franca violación de la normatividad vigente y los compromisos que ha asumido la Sener en el marco del compromiso 22 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Las y los integrantes de la Alianza señalaron que de acuerdo con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. “Esta es la razón por la cual los mapas son tan preocupantes. Porque sobre todos aquellos polígonos que serán entregados de aquí a 2019, la actividad que prevalecerá por encima de cualquier otra actividad económica es aquella que realice la industria de los hidrocarburos.” estableció Oscar Espino de la Red Unidos por los Derechos Humanos. “¿Qué implicaciones tiene esto en términos democráticos para la gente que vive en esos terrenos? Se vulnerarán sus derechos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad. Para las poblaciones indígenas, habrá violaciones a los derechos al territorio, la autodeterminación y cultura.

“También se viola el derecho a participar en decisiones públicas. No hubo consulta para aprobar la Reforma Energética. Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” señaló Espino.

Tomando en cuenta lo anterior, “es sumamente preocupante que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hayan negado, tras múltiples solicitudes de información, entregar las coordenadas exactas de las áreas asignadas a Pemex en la Ronda 0 y aquellas que se otorgarán como parte de los contratos de la Ronda 1. Las y los ciudadanos que habitan en estos territorios tienen derecho a conocer si se encuentran amenazados por las profundas afectaciones de esta actividad. Las organizaciones de la Alianza hemos presentado dos amparos para revertir esta decisión” mencionó Aroa de la Fuente.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reitera que continuará exigiendo al Estado mexicano la prohibición del fracking e informando y apoyando los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios.

Contacto: Francisco Cravioto Lagos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, francisco@fundar.org.mx  Tel. 5554-3001 ext. 143, 55 28 30 94 71.

Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aroa@fundar.org.mx; Tel. 5554-3001 ext. 118, 5528942814.

La Puya: Logran que se suspenda la licencia minera de una empresa norteamericana

Por: Prensa Comunitaria. Guatemala

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

 

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

“Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, en consecuencia: se restablece en si situación jurídica a los amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. C) se ordena a la autoridad denunciada cumpla con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio publico, a efecto realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos penales, en virtud de acta numero 45-2011 del código municipal de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. “

 

 

Chiapas: Ecocidio en el Río Santo Domingo

Texto y fotos: Jeny Pascacio
tierradetodas.mx

Era caudaloso y a las orillas adornaban los árboles frutales, así era el río Santo Domingo hace 40 años, según relatan los habitantes más longevos de las riberas. “Hace 40 años cuando no había ninguna draga a la orilla del río, antes de que la gente cambiara el amor a la naturaleza por la ambición al dinero”.

Al 2015, la contaminación y la extracción de arena han provocado la pérdida de árboles como el Amate, Ceibas, Sauces, Tamarindos, Limoneros; y fauna como nutrias y anguilas.

 

Los concesionarios desvían el cauce del río para beneficiarse de la arena. Los habitantes denuncian corrupción por parte de funcionarios en Conagua y Profepa.

No basta con la extracción de arena, la empresa Pepsico deposita sus desechos en el río a un kilómetro de la bomba de Smapa que abastece de agua a Tuxtla Gutiérrez. Es la triste realidad del río Santo Domingo, ubicado a unos minutos de la capital del estado.

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22 de julio: DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

ALDEAH

Tanto en el sur como en el norte, las empresas mineras saquean las tierras agrícolas y los bosques, contaminan y acaparan el agua, desplazan y expropian a poblaciones Tanto en el norte como en el sur, la rarefacción de los metales acelera su extracción. Por algunos gramos de metal, nuestros gobiernos sacrifican nuestros territorios en el altar del productivismo y de sus avatares. Con promesas de empleo, con un aumento del ingreso fiscal y algunas décimas de crecimiento económico, nos quieren convencer de aceptar esta demencia y de creer en las minas limpias y responsables, cuando bien sabemos que donde hay mina hay miseria y desolación. En todas partes de la tierra, somos cada vez más numerosos en haber decidido defender nuestros hogares y rechazar esta fatalidad.

En el marco del día auto-gestionado de lucha contra la megaminería, por la defensa de la vida y del agua (22 de julio), este año, como cada año, nos auto-convocamos para decir alto y fuerte:

NO a la minería que utiliza productos tóxicos como el cianuro y el ácido sulfúrico que contamina el agua potable y agrícola, el aire y los suelos afectando gravemente la salud de los habitantes aledaños,

NO a las megaminas que generan cada año centenas de millones de desechos tóxicos cuya contaminación perdura por siglos.

NO a las minas a cielo abierto que destruyen los ecosistemas, las zonas agrícolas, los bosques, los glaciares, que provocan patologías incurables, dejan atrás paisajes lunares y amenazan la soberanía alimentaria

NO, también a las minas subterráneas que hacen surgir de las entrañas de la tierra a los elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos,

NO a esta industria que mata, poco a poco y a grandes pasos a millares de campesinos expulsados de sus tierras, privados de agua o convertidos en mineros por obligación,

NO  a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión al infinito de las zonas de sacrificio

NO a la criminalización de la protesta y a la represión que se abate casi sistemáticamente sobre los que se atreven a decir NO,

NO a las mentiras de los magos de la aceptancia social que no se cansan en tratar de demostrar que los proyectos destructores pueden ser « limpios », « verdes » y « responsables »,

NO a la sed de ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay otra alternativa

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO

! SI A LA VIDA !

! SI A LA AUTONOMÍA Y A LA ARMONÍA !

! Decidamos nuestro futuro y el de nuestros hijos !

Solidarios con todas las luchas, invitamos a la población a movilizarse en sus territorios amenazados por los proyectos mineros y también llamamos a todos aquéllos que se sienten comprometidos y solidarios con las víctimas de la minería, aquí y en todas partes. Durante las dos últimas semanas de julio manifestemos, informemos, organicemos la resistencia. Juntémonos con las movilizaciones organizadas cerca de nuestros lugares. Festivales, mítines, acciones simbólicas, grandes o pequeñas, con 5, 100, 1000 o 100 000, delante de los centros de poder o las embajadas de los países de origen de las empresas responsables de nuestros males, en los lugares amenazados o testigos de la destrucción, en la web, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, por todos los medios ahí donde podamos, marquemos nuestra oposición a esta industria mortífera.

! Porque podemos vivir sin megaminería ! Porque no existe la fatalidad !

Este llamado no responde a ninguna bandera política. Las movilizaciones son auto-gestionadas en su totalidad. En el 2014, más de 25 movimientos de resistencia en 20 países distintos participaron en el día mundial.

Detalle de los eventos, informaciones y más: http://www.aldeah.org/es/22-de-julio-2015-dia-mundial-contra-la-megamineria

Con Esperanza Salazar (M4): encuentro de resistencias al modelo extractivo minero

Daño precoz

Radio Mundo Real

El Salvador fue el centro de la reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) durante los días 27 al 29 de junio, encuentro en el cual se trazaron líneas de acción comunes a las distintas resistencias que tienen lugar desde México hasta Panamá, relató Esperanza Salazar, participante del mismo.

“Hemos visto cómo los daños han ido en aumento, como es el caso del Valle de Siria en Honduras a partir de diez años de la instalación del proyecto; en cambio en México ya los efectos comenzaron a percibirse desde el quinto año”, dijo Esperanza.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del M4 y se elaboró una nueva estrategia regional del periodo 2016-2019.

Esperanza destacó el creciente número de territorios libres de minería en varios países, lo cual se evaluó es una táctica efectiva para el mojonamiento de las resistencias.

Esperanza fue entrevistada por el equipo de comunicación del M4 y Radio Temblor de Panamá, presentes en el cónclave. “Es falso pensar que porque sea el Estado o el gobierno quien va a explotar una mina, los perjuicios para las comunidades pueden ser menores”, dijo la activista mexicana, integrante de Bios Iguana.

Escucha la entrevista con Esperanza Salazar

Alerta: hostigamiento de hidroeléctrica a defensora de derechos humanos en Puebla

Por medio de la presente, las comunidades, luchas y organizaciones que formamos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), queremos hacerle saber que:

Primero.- Que estamos enterados del clima de hostigamiento que ha venido generando la empresa Deselec-Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla después de que el pasado 14 de junio, constituidas en Asamblea, las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaran el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 sobre las aguas del Rio Ajajalpan.

Segundo.- Que Silvia Villaseñor, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario “IMDEC” son parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) y que todos quienes somos la REMA nos tomamos seriamente la seguridad y el prestigio de nuestros compañeros y nuestras organizaciones.

En este sentido, desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañanan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡FUERA COMEXHIDRO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA!

 

PRONUNCIAMIENTO IMDEC

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1    

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó la siguiente nota de prensa que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

1.    Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

2.    Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

En El Salvador: se exige una ley que prohíba definitivamente la minería

SE REÚNEN EN EL SALVADOR ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Con el propósito de analizar la situación de la minería en Meso-América, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá, se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de CESTA Ecocentro Animas ubicado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019.

Uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional, por la voracidad económica de la empresa minera, es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Oceana Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño, exigiendo el pago de US$301 millones por supuestas ganancias que ha dejado de percibir, ya que el gobierno salvadoreño no le ha concedido el permiso de explotación del oro en Cabañas.

La empresa Pacific Rim tenía el permiso para realizar la exploración del oro y plata en Cabañas, pero no tenía el permiso para la explotación de los metales y la empresa alega que si tenía un permiso significa que debería tener el otro, pero eso es contrario a lo que establece la ley salvadoreña. A pesar de esto la empresa Pacific Rim presentó la demanda en el tribunal del CIADI del Banco Mundial y se está esperando la resolución en el futuro cercano. Es importante mencionar que el CIADI es un organismo formado por personas vinculadas a las corporaciones transnacionales, por lo que en sus resoluciones buscan favorecer a las empresas y no toman en consideración ningún impacto de carácter social o ambiental.

La empresa minera Oceana Gold ha incrementado su presencia en los últimos meses en Cabañas, de hecho ha establecido una fundación que realiza una serie de actividades para ganarse la voluntad de las personas, una de las instancias preferidas por la minera son los centros educativos donde suministran una serie de artículos escolares para generarse una buena imagen con maestros y estudiantes. Estos maquillajes empresariales han sido denunciados repetidamente por el Comité Ambiental de Cabañas CAC, Amigos de San Isidro Cabañas ASIC y CESTA Amigos de la Tierra.

En El Salvador innumerables organizaciones sociales, ambientales y religiosas han hecho el llamado a la formulación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país, de hecho hay propuestas que llevan más de 10 años en la Asamblea Legislativa, pero los diputados y diputadas de los partidos de derecha como ARENA, se niegan a aprobarla, a pesar del generalizado rechazo de la población a los proyectos mineros. Estas y otras realidades fueron discutidas profundamente en la reunión del M4 en El Salvador para establecer estrategias para revertir este proceso.

En el 2013 en una reunión en San Isidro Cabañas con el entonces candidato a la Presidencia, Profesor Salvador Sánchez Cerén y que contó con más de 2500 miembros de las diferentes organizaciones del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, el ahora Presidente manifestó que no permitiría la minería metálica durante su administración y hasta ahora la promesa se ha cumplido pero se necesita una ley que pueda garantizar la prohibición en futuros gobiernos.

En el último día de presencia de las organizaciones del M4 en el país, el lunes 29, los delegados se desplazaron a San Isidro Cabañas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Marcelo Rivera, que fue un anterior Presidente de ASIC y activista contra la minería. El evento tuvo lugar en la plaza pública de dicho municipio donde se expondrán los graves impactos que ocasiona la minería en los territorios.

Movimiento M4

¿Qué tiene que ver el boicot a Nutella y el ecocidio de Petén?

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

Solidaridad con México: académicos y activistas piden a Abengoa que se retire del polémico proyecto de la presa de El Zapotillo

El gobierno mexicano proyecta construir una presa y trasvasar el caudal del río Verde de la zona ganadera de los Altos del Jalisco al área metropolitana de León. Varios organismos han denunciado la vulneración de derechos humanos que supone el proyecto. Abengoa se hará cargo de la construcción del acueducto y de la gestión del agua durante 25 años. El miércoles 24 de junio académicos y activistas de la defensa de la gestión pública del agua entregarán una carta en la sede de la multinacional pidiendo que se retiren del polémico proyecto.

Asociaciones Vecinales de Madrid

La guerra del agua que la directora española de cine Icíar Bollaín llevó a las pantallas en `También la lluvia’ ha saltado al vecino país de México. El gobierno federal mexicano plantea construir una presa en el río Verde para trasvasar su caudal desde los Altos del Jalisco, un territorio semiestepario en el que, a pesar de la relativa escasez del agua, se produce casi el 25% de la proteína animal de México, al área metropolitana de León, capital del vecino Estado de Guanajuato.

La construcción de la presa no solo supone inundar tres pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), sino amenazar de forma directa el sustento económico de los Altos del Jalisco, en la que miles de familias viven de la ganadería gracias a las aguas subterráneas de unos acuíferos que ya en la actualidad se consideran sobreexplotados para trasvasar las escasas reservas hídricas a una zona urbana por un periodo de 25 años.

El Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, varias universidades mexicanas, el Observador de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Tribunal de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua han denunciado que el proyecto amenaza los derechos humanos de la población que deberá desplazarse de sus hogares.

Dos multinacionales españolas están en el ojo del huracán: FCC, responsable de la construcción de la presa y Abengoa, responsable a su vez de la construcción del acueducto y de la gestión del agua trasvasada.

No es la primera vez que la empresa Abengoa se involucra en un proyecto social y medioambientalmente conflictivo en América Latina. Ya en 1999 formó parte del consorcio internacional de empresas que impulsaron la privatización del agua en Cochabamba y Bolivia, que dio lugar a la denominada “guerra del agua”.

El miércoles 24 de junio a las 16:30h Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México; Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Fermín Villarroya, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Pedro Arrojo, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad de Zaragoza entregarán una carta a Abengoa firmada por más de 50 profesores y representantes de movimientos sociales defensores de la gestión pública del agua en España en la que piden su retirada de un proyecto que contradice los principios de responsabilidad social y ambiental corporativa que la multinacional dice defender.

Indígenas explican sus preocupaciones frente a mecanismo REDD en Costa Rica

¿Por qué NO?

RadioMundo Real

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica está difundiendo un corto audiovisual en el que el indígena Urías Bejarano, representante del territorio ngobe de Conte Burica, comparte impresiones y preocupaciones sobre la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en Desarrollo (REDD).

El breve testimonio fue grabado en una actividad realizada en la capital costarricense, San José, los días 19 y 20 de mayo, organizada por COECOCEIBA, con el fin de articular acciones de comunicación y organización comunitaria ante “la estrategia de secuestro de los bosques llamada REDD”, según informó a Radio Mundo Real Isaac Rojas, coordinador de esa organización.

Rojas, que es además el coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, nos señaló que la estrategia REDD se busca implementar en Costa Rica con la excusa de la lucha contra el cambio climático.

Por más información sobre el tema se puede consultar la web de COECOCEIBA: http://coecoceiba.org/

Vea el video aquí: https://vimeo.com/129928782

 

Emisiones netas cero: ni netas ni cero

Silvia Ribeiro, ALAInet

Mientras avanza el caos climático en el planeta y las previsiones de los científicos son cada vez más oscuras, desde los centros de poder de la “civilización petrolera” se teje una trampa que necesitamos conocer, entender y desarmar. Se llama “emisiones netas cero” y su exponente más reciente es un documento del Banco Mundial, que básicamente nos receta que las empresas pueden aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero si al mismo tiempo les pagamos para que las “secuestren”, con mecanismos de mercado y riesgosas tecnologías.

Es una trampa para confundirnos: no se trata de bajar emisiones, mucho menos de “cero emisiones”, al contrario, al agregarle la palabra “netas”, quieren ocultar que pese a la gravísima situación de calentamiento global, las empresas seguirán aumentando la emisión de gases con sus actividades contaminantes, pero presentarán una contabilidad –no una realidad- que muestre que esas emisiones serán supuestamente absorbidas en otra parte y el resultado dará cero, por lo que no hay de qué preocuparse.

Por el contrario, todo es para preocuparse. Porque además de que aumentarán las emisiones y por tanto el caos climático, las propuestas en sí mismas son un desastre social y ambiental, que además pretenden desviar aún más recursos públicos para las empresas.

Las causas del cambio climático están claramente identificadas (y confirmadas con los datos más recientes del IPCC). Se conoce cuál es el problema y lo que hay que cambiar: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), mayoritariamente para producción de energía, sistema alimentario agro-industrial y urbanización/transporte.

Esto en el contexto de que 80 por ciento de la población mundial apenas tiene el 5 por ciento de la riqueza global, mientras el 1 por ciento más rico tiene el 50 por ciento de ésta, lo cual es un fuerte indicador de que ese “progreso” industrial, basado en altas emisiones, en la devastación, uso y abuso de recursos planetarios, en realidad sólo beneficia una pequeña minoría, los mismos que se oponen ferozmente a cualquier reducción real de emisiones.

Y no sólo no quieren reducir, además quieren aumentar las emisiones y aumentar sus lucros con el desastre. Para esto diseñaron el concepto de “emisiones netas cero” y desde las más poderosas industrias y centros de poder anexos, se han lanzado a asentarlo, en medios, en el público, en las negociaciones internacionales, en las políticas y programas nacionales.

Un documento que acaba de publicar el Banco Mundial ­–Tres pasos para lograr cero emisiones netas– resume el concepto y ordena el abanico de medidas que los gobiernos deberían tomar. Muchas ya existían, otras son nuevas. Lo realmente nuevo es englobarlas a todas en el concepto de “emisiones netas cero”, que incluso traducen intencionalmente mal del inglés, para crear más confusión y dar la impresión que se trata de “cero emisiones”.

El paquete menciona vagamente elementos que pueden ser útiles, como “un mejor diseño de transporte público”, pero incluye en forma abrumadora el apoyo a falsas soluciones que empeoran la crisis climática: tecnologías nocivas como captura y almacenamiento de carbono, “agricultura climáticamente inteligente”, más mercados de carbono y de “bonos verdes”, pagos por servicios ambientales y programas como REDD, conectados a esos mercados. Obviamente, apoya la demanda de las petroleras para establecer “precios al carbono”, pieza clave ahora que esas empresas ven un excelente negocio en la venta de “secuestro de carbono”.

En un artículo anterior (Cambio climático: armando la trampa), expliqué que la tecnología CCS –captura y almacenamiento de carbono–, es altamente riesgosa e ineficaz para asegurar que el carbono permanezca enterrado, pero muy útil a las petroleras para extraer sus reservas hasta ahora inaccesibles, con subvenciones públicas para las costosas instalaciones y ganancias con los bonos por el supuesto “secuestro” de carbono enterrado, mientras paradójicamente explotan más petróleo y emiten más gases… que luego pueden volver a cobrar por remover de la atmósfera.

La lógica de la llamada “agricultura climáticamente inteligente”, se parece en su circularidad viciosa: pese a ser un factor principal de cambio climático, se propone intensificar la agricultura, con transgénicos “resistentes al clima”, con alto uso de fertilizantes sintéticos –destructores del suelo y emisores de gases como metano y óxido nitroso, respectivamente 25 y 100 veces más nocivos que el CO2 para el cambio climático–, todo lo cual aumentará los mercados y ganancias de las transnacionales de agronegocios. Bajo el mismo paraguas incluyen vender la capacidad de secuestro de carbono de los suelos, como técnica separada de la vida campesina, lo cual, cómo ya ha pasado con los programas REDD, será una forma de quitarle a los campesinos y comunidades el manejo de su territorio.

Paradójicamente, existen soluciones reales y posibles, que benefician a la mayoría del planeta, la más potente son los sistemas agro-alimentarios descentralizados, campesinos y urbanos, agroecológicos y con mercados locales, y muchas otras soluciones reales, igualitarias y desde abajo, incluyendo tecnológicas. Pero lo que se propaga desde el engañoso concepto de “emisiones netas cero” es todo lo contrario: legalizar el aumento de la contaminación y el caos climático por parte de las grandes industrias y que además las víctimas paguemos para que sigan con ello.

– Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

 

 

Temacapulín se niega a morir bajo el agua de la presa el Zapotillo

Diez años de resistencia de un pueblo

Este pueblo, con sus calles empedradas, sus casas con historias de al menos dos siglos, el templo de cantera rosa del siglo XVIII, balnearios, sus cultivos y sus tradiciones, quedaría sumergido si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal desacatan la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la cortina de la presa El Zapotillo sea de 80 metros.

 

En la región de los Altos de Jalisco, en medio de cañadas, hay unas 200 casas que alojan a cerca de 600 habitantes, y muchos de ellos desde hace una década luchan por preservar el sitio en que nacieron. Viven en la zozobra desde que en septiembre de 2005 se publicó la licitación de la presa El Zapotillo, sobre el río Verde, y del acueducto, que comienza en esta localidad del municipio Cañadas de Obregón y llegará al vecino estado de Guanajuato.

Este desasosiego se percibe desde que la carretera desemboca en el pueblo. La bienvenida ya no es sólo la leyenda que se lee en lo alto de un cerro: Desde (el siglo) VI Temacapulín te saluda. Hay otras frases, pintadas en las paredes blancas que llevan a la plaza central: Temaca resiste, no nos vamos a rendir. Ante el acoso del gobierno por hacerse de propiedades para deshabitar el lugar, en las viviendas hay mantas que advierten: Esta casa no se vende, no se reubica, no se inunda. Respeten lo que no es suyo. Déjenos en paz.

En la plaza están el quiosco de cantera rosa, típica de la región por los numerosos bancos de esta piedra, y la delegación municipal. Un par de ancianos están sentados en una banca, platican bajo el sol de la mañana. A unos pasos está el mesón Mamá Tachita, propiedad de Alfonso Íñiguez, quien a los 22 años se fue a trabajar al ferrocarril, a la ciudad de México. Ahora tiene casi 80 años, y desde hace una década volvió con la intención de descansar aquí, pero no lo logró.

Dice que el trabajo ahora es luchar por que se mantenga el pueblo. Aquí hay tradiciones y hay vida, asegura. Caminando por las calles –vacías en la mañana porque los niños y los jóvenes se van a la escuela a la cabecera municipal o a trabajar a las granjas avícolas que están a unos kilómetros de aquí– platica la historia de las antiguas construcciones.

La basílica construida en 1759 está dedicada a la Virgen de los Remedios, pero no nos la quieren respetar. Al pasar por la calle Porfirio Díaz dice que ese era el camino real, que venía de Valle de Guadalupe y llegaba a Cañadas de Obregón. También señala una vieja casa que era de su abuelo.

Poncho, como lo conocen los lugareños, es delgado, tiene un caminar ágil y es risueño. Sube rápidamente la cuesta al antiguo panteón. Entre la maleza sólo se ve una tumba y un busto de Alfredo R. Plascencia, cura y poeta que se inspiró en el Cristo de la Peñita, que se encuentra en una cueva, a unos kilómetros de la plaza, imagen venerada por los temacapulinenses.

Desde lo alto del cementerio, que dejó de operar a principios del siglo pasado, se ven el pueblo y los cerros que lo rodean. La vista confirma que las casas, iglesia, árboles, todo quedaría inundado: es parte de las 4 mil 800 hectáreas que la presa ocuparía si la cortina se eleva 105 metros, 25 más de lo que establece el proyecto original.

Las tierras, fértiles, son de riego y temporal. Se siembra chile de árbol, maíz, frijol, calabaza y alfalfa, que se usa principalmente para el ganado. Es una región lechera, avícola y ganadera. En el poblado y sus alrededores hay ojos de agua termal; por eso hay varios balnearios, y decenas de visitantes acuden los fines de semana. En enero y septiembre son las ferias y fiestas tradicionales.

Para estas festividades, para mantener la defensa legal de la comunidad ante la presa y para hacer obras públicas, apoyan monetariamente los clubes de hijos ausentes que se encuentran en Guadalajara y Monterrey, quienes se dedican a la producción de paletas con la marca Michoacana, cuyo emblema es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aunque la mayoría reside en California.

Aunque los habitantes son unas centenas, hay más de 3 mil hijos ausentes, como se llama aquí a quienes se van a trabajar fuera del pueblo. José García es uno de ellos. Vive en San Bernardino, California, desde hace 33 años, pero ahora con sus papeles de residente legal viene varias veces durante el año a su casa. Siento el arraigo, pertenezco a este lugar: me fui con un dolor que no me deja alejar del pueblo.

Ese mismo arraigo tiene Zenaida Sánchez, quien a sus 93 años cada mañana se baña en las albercas de aguas termales que su esposo construyó con los ingresos que obtuvo en su trabajo en Estados Unidos. Ella recuerda que su marido colocó cada piedra del pequeño balneario y sus hijos tienen prohibido mover alguna.

Abigaíl Agredano es hija de Zenaida y presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, otras dos pequeñas comunidades de unos 200 pobladores que también están en riesgo de desaparecer con la operación del embalse. Ambas están sentadas en un sillón en su domicilio, donde el frío cala. Relatan su vida y su lucha en el pueblo.

Las autoridades nos insisten en la reubicación a una meseta donde hay casas desechables que se están cayendo, ni patio tendríamos. Tampoco hay agua ni espacio para cultivar. Habría viviendas, pero no medios de vida. Aquí han venido a comprar casas para desalojar a la gente, pero muchos, hasta los que han vendido, se resisten a abandonar este lugar, señala Abigail.

Zenaida viste un suéter amarillo y falda café. Aún recuerda cuando, a cambio de un buey y mil pesos, su esposo obtuvo las tierras para hacer las albercas. Platica que mucha gente ha gozado de esas aguas calientes; los clientes no faltan.

En cada esquina hay una llave de agua fría que viene del manantial Colomos, que los pobladores utilizan para beber. Aquí este recurso no escasea. Además basta poseer tierra para tener de qué vivir. Juanita Alvarado, viuda desde hace cuatro años, dice que ella cosechó 50 kilogramos de maíz que intercambió por otros productos y eso es suficiente para el año.

También se resiste a abandonar su vivienda. “Llevamos 10 años en lucha; si no lo hubiéramos hecho, ya nos habrían comido. Esto ya hubiera desaparecido”, y expresa su fe en una estampa que lleva en la bolsa de su mandil: la imagen del Cristo de la Peñita.

Recuerda que el ahora gobernador, Aristóteles Sandoval, cuando era candidato envió un mensaje de Twitter en el que apoyaba a la comunidad. El texto decía: No vamos a inundar Temacapulín. Pero no ha cumplido, se lamenta.

En el poblado, uno de los defensores más activos es el padre Gabriel Espinosa, cuyos ancestros y él mismo nacieron aquí. Sentado en la plaza cívica, da su versión de la historia. Señala que muchos les dicen que es momento de sacarle los ojos a Conagua. Pidan lo que quieran; si quieren el templo en otro lado, se los van a llevar piedra sobre piedra. Agrega que también les dicen que la presa es un mal necesario, pero se pregunta: ¿Dónde vamos a encontrar otro pueblo de casas coloniales, calles empedradas, que transporta a otra época, donde hay tranquilidad y una vida que se palpa cada día?