Modelo extractivo

Pronunciamiento por el Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

Publicada el 14/03/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Hoy 14 de marzo, día de acción internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos, varias organizaciones chiapanecas, incluyendo Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, miembros del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – Chiapas (MAPDER Chiapas), del Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, del Frente popular del Soconusco 20 de Junio y del Movimiento Libre de la Costa y Sierra Chiapaneca 16 de Febrero, organizamos una conferencia de prensa y una movilización en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, para reiterar nuestro rechazo a la multiplicación de represas en la entidad y nuestra determinación a defender nuestro territorio ante los proyectos de muerte.

Este día de acción global contra las represas fue marcado por el homenaje a la ambientalista hondureña Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchaba dignamente contra el proyecto de presa Agua Zarca en su país. También nos solidarizamos con el compañero Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra Bertha y retenido arbitrariamente en Honduras desde hace 11 días (Aquí pueden firmar nuestra acción urgente para exigir su retorno a México).

Les compartimos nuestro pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO

14 de marzo: Día de Acción Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos

“Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse.”
Bertha Cáceres.

Los proyectos de represas han desplazado a miles de personas en el mundo e impactado los ríos y los ecosistemas de pueblos indígenas y campesinos. En Latinoamérica han surgido diversos movimientos para organizarse en torno a la defensa de los ríos y el territorio con el fin de proteger el patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente y los derechos a la alimentación, la salud, la consulta, entre otros.

El día de acción internacional contra las represas surgió en Curitiba, Brasil, en 1997, durante el primer encuentro mundial de afectados/as por las represas con el fin de demostrar que somos miles quienes nos oponemos a estos proyectos de muerte. Es falso que son proyectos sustentables de “energía limpia”, sabemos que detrás de ellos existe una gran inversión pública y privada que se impone por encima de los derechos humanos y de la naturaleza. Empresas como Oderbrecht, Abengoa, Hidralia, Iberdrola, son fondeadas por diversos bancos internacionales con el pretexto de aportar el “desarrollo” en los países donde se instalan, o el abastecimiento de agua y energía para los pueblos, cuando se ha comprobado que son proyectos complementarios a grandes proyectos económicos que benefician a las empresas: minería, puertos, corredores económicos, entre otros.

La imposición de las represas ha causado grandes conflictos por el ejercicio de la violencia, la intervención militar, las técnicas de inteligencia policiaca; sobre todo ha derramado sangre y vida de los pueblos que se han entregado a defenderse del gran capital. Tal es el caso de nuestra compañera Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo en Hoonduras, y del sobreviviente Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, herido durante el ataque contra la luchadora. Ambos son miembros de la Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos y sus Comunidades (REDLAR). Bertha, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) que coordinaba y el pueblo Lenca son una muestra de la digna lucha por los ríos. Es por esta razón que hoy la citamos: “Vos tenés las balas… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”. Porque queremos gritar que somos fuertes, que su ejemplo de vida será semilla para defender cada uno de los ríos de Latinoamérica y del mundo de los intereses de las empresas y del modelo extractivista.

Hoy Chiapas se pronuncia por:

1. La cancelación definitiva de todos los proyectos de represas planeados y otros que contaminen y destruyan los ríos de Chiapas;
2. El alto a la criminalización de los pueblos en defensa del territorio, las amenazas y la coerción de los pueblos en Chiapas;
3. La justicia para la familia de Bertha Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH: que se abra una línea de investigación independiente del asesinato que ayude a esclarecer el caso;
4. La cancelación definitiva del proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, contra el que lucha el COPINH;
5. El retorno inmediato de Gustavo Castro a México: que continúe realizando sus diligencias desde acá y se le otorguen las condiciones necesarias para salvaguardar su salud física y psicológica.

FIRMAN:

EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS – CHIAPAS (MAPDER-CHIAPAS)

EL FRENTE CHIAPANECO EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA

EL FRENTE POPULAR DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

EL MOVIMIENTO LIBRE DE LA COSTA Y SIERRA CHIAPANECA 16 DE FEBRERO

Más fotos de nuestra acción en Tuxtla aquí

Audios de la conferencia de prensa

Argumentos de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico

Publicada el 03/03/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Fundamental mantener la suspensión y entrar al fondo de los argumentos en la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico:
· La suspensión debe mantenerse en tanto se discuten a fondo los argumentos
· Argumentos dejan ver contradicciones del Gobierno mexicano y empresas transnacionales en los documentos que integran el expediente de la Demanda Colectiva contra el maíz transgénico
· Aceptan reiteradamente el contagio del maíz nativo por los transgénicos

demandacolectivamaiz.mx
Un grupo de científicos y más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de consumidores, de derechos humanos y abogados forman la Colectividad del maíz que enfrenta a grandes empresas monopólicas de semillas ante la siembra de maíz genéticamente modificado hace 32 meses. A través del proceso jurídico se logró la suspensión provisional, a pesar de que las instancias de gobierno demandadas buscan defender un negocio de cinco empresas trasnacionales, declaró Adelita San Vicente, representante de la Colectividad e integrante de la organización Semillas de Vida. “Estamos ante una nueva definición en el Poder Judicial de la Federación en la que el Magistrado Soto Sánchez puede concedernos la suspensión definitiva de la siembra de maíz transgénico en México y con ello pasar a la historia como el Juez que protegió nuestro maíz.”
Hoy se enfrenta una nueva etapa, ya no se trata de suspender provisionalmente la siembra, sino de elevar la medida al grado de definitiva lo que implica que la suspensión se mantenga durante todos los trámites judiciales, o bien que se elimine la suspensión y se permita la siembra, como nos explica Colectivas A.C. Es momento de entrar al fondo de los argumentos antes de tomar la decisión que afectaría al principal alimento de los mexicanos.
De acuerdo con el análisis de actas e informes[1], realizado por el equipo jurídico de la Colectividad, que el Gobierno federal y las empresas rindieron ante tribunales federales, en el juicio, a lo largo de los 32 meses de litigio, se han visto obligadas a confesar que sus argumentos carecen de sustento, aun cuando públicamente argumentan a favor, con lo que caen en contradicciones. “Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.
Públicamente hacen creer que:
A.    El maíz transgénico es seguro porque puede coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos.
B.    Los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos sin consecuencias negativas.
C.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos habría un supuesto beneficio de resistencia a plagas.
D.     La siembra de transgénicos es segura porque se han practicado evaluaciones.
E.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos no habría afectaciones al medio ambiente.
Ante la justicia reconocen que:
a.      Los maíces nativos serán contagiados de transgénicos como consecuencia del flujo entre las distintas regiones del país. En lacontestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos (que sí son genes de maíz) a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que NO son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país.
b.     Si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos.Syngenta reconoció en su contestación al Juez, que para evitar flujo de semillas transgénicas hacia nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladarlas,intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos.
c.      Si los maíces nativos se contagian de transgénicos, su entorno se verá afectado. Al contestar al juez, la Sagarpa afirma:
1. Que ante el contagio de transgénicos a maíces nativos…
2. Habría un supuesto beneficio…
3. RECONOCE que con ello se modificaría el entorno…
4. Afectar el entorno implica violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz.
5. RECONOCE que los contagios continúan activos generación tras generación y su propiedad insecticida también continuará afectando organismos de los agro-ecosistemas.
d.       A pesar de que debiera existir CERO caso de nativos contagiados de transgénicos, el gobierno encontró 89 casos. En un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, que presentamos a los jueces, se encontraron 89 casos de maíces nativos contagiados por transgénicos, en 6 estados del país durante la última década. Conforme a la Ley ninguno de los 89 casos debió suceder. Por lo que resulta obvio que si se siembran a gran escala los transgénicos contagiarían todo el territorio mexicano. Algunas consecuencias son que los campesinos perderán el derecho a elegir, pues la presencia de transgénicos sería generalizada; igualmente se verían afectadas actividades como la cocina mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, dejarían de ser libres de transgénicos.
e.      Las generaciones futuras tienen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron (sin transgénicos). Una vez reconocido ante los jueces que los transgénicos contagiarían a los maíces nativos, también se afectaría a las generaciones futuras protegidas por el CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Nuestros hijos tendrían que enfrentar cambios climáticos con maíces contagiados de transgénicos. Por tanto también perderían los mercados de libres de transgénicos.
Al respecto la Doctora Elena Álvarez- Buylla, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM declaró que “la Ley de Bioseguridad, tiene un régimen especial de protección especial, justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser arriesgados por la liberación de maíces o cultivos transgénicos en otros casos y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. No importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya a pocos o cientos de metros de distancia, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso, por polinización o por intercambio, a poblaciones de maíces nativos y empezará el proceso irreparable, impredecible, irreversible e inaceptable desde el punto de vista cultural, riesgosas e inclusive peligrosas para el ambiente, para la biodiversidad y para la salud, entonces no es posible la coexistencia.”
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, explica: “Lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos porque no hay forma de controlar siembra de maíz transgénico, es como aventarlos al aire, va haber flujo por polinización cruzada o por el flujo de semillas, es decir que un campesino toma la semilla y la mezcla con la suya en sus parcelas y esto es un gran fluyo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo, la única forma que existe de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente, es negar esos permisos. La medida precautoria de carácter definitivo que estamos solicitando en este momento al Segundo Tribunal Unitario en materia civil consiste en que antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se pueda sembrar porque si se sembrara habría un daño irreversible. La afectación se daría en esencia a tres derechos humanos: la conservación del entorno, el libre intercambio de semillas, las aspiraciones de generaciones futuras, todo protegido por la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”
Públicamente hacen creer que:
F.     Los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias.
Ante la justicia reconocen que:
f.      Las autoridades sanitarias NO evalúan los impactos de la siembra de transgénicos de maíz, lo que significaría que todo el maíz que comeríamos sería transgénico. En la opinión que la Secretaría de Salud dirige a los jueces, se acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia.
Emanuel González Ortega, investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, declara: “Hemos hecho revisiones de la literatura científica sobre los efectos por el consumo de organismos genéticamente modificados y la exposición a los herbicidas que acompañan a estos cultivos, como el glifosato, e indudablemente llegamos a la conclusión de que la siembra a nivel comercial de maíces transgénicos en México causará un grave daño a la salud de la comunidad, a nivel de campo la siembra masiva expondrá a las comunidades rurales a una exposición a los herbicidas que acompañan a este tipo de cultivos transgénicos, uno de éstos es el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos. Además, investigaciones científicas han relacionado al glifosato con el aumento de diversas enfermedades; tales como desórdenes del espectro autista, una gama de afecciones degenerativas, aparición de linfomas, daños renales y hepáticos, daños al sistema reproductivo e incluso malformaciones congénitas tales como microcefalia, malformaciones craneoencefálicas, incluso espina bífida.”
Públicamente hacen creer que:
G.    Los transgénicos producen más toneladas que los demás.
H.    Los transgénicos pueden tener mejor rendimiento porque aunque no produzcan más, podría ser más barato producirlos.
Ante la justicia reconocen que:
g.     Los transgénicos NO producen más. En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos NO incrementarían la producción de maíz.
h.     Producir transgénicos es más caro que los demás. Las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces, la que enumeró diversas investigaciones científicas que financió. Las autoras de uno de estos estudios explicaron a los jueces que en su investigación documentaron el incremento en los costos.
El Doctor Antonio Turrent Fernández, Investigador Titular C en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, señala: “La SAGARPA en la opinión que emitió en los tribunales con respecto a esta demanda, reconoce que no se esperan que los organismos genéticamente modificado rindan más que los no transgénicos. Hay alternativas, desde un grupo de investigadores del INIFAP y del COLPOS, hemos estado estudiando México tiene reservas de tierras de calidad agrícola y de agua dulce que permitirían con tres millones de hectáreas, que ya están dedicadas a la agricultura con pastizales, con ecosistemas introducidos pero que están subutilizadas, podríamos producir la diferencia para llegar al orden de 50 millones de toneladas anuales, que es muy cerca del doble de lo que el país está requiriendo actualmente y esa sería la opción que tiene el país para recuperar su autosuficiencia sin recurrir a la tecnología transgénica.”
Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, explica: “Para los campesinos la producción de maíz criollo nativo es muy importante ya que depende de este maíz para la alimentación de las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala el ciclo productivo es de temporal pero tenemos una producción bastante buena, años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas o en el caso de las híbridas que no son productivas, en cambio las nativas criollas se enfrentan a las condiciones climáticas de cada año, en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores.”
Emiliano Flores Franco, campesino originario de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, recalca: “Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos que nos dan la facultad y privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos como el frijol, haba, calabaza, chícharo, tomate, chile u otros más que se puedan asociar con los maíces. Sentimos que son muy importantes porque con los híbridos y ahora los transgénicos no se pueden asociar o combinar otros cultivos que son fundamentales para la alimentación familiar campesina.”
Públicamente hacen creer que:
I.      Los transgénicos representan avances en investigación científica.
Ante la justicia reconocen que:
i.      Las empresas trasnacionales buscan explotar a los transgénicos comercialmente y en forma exclusiva. En la contestación dirigida al juez, Syngenta reconoce que con la siembra de maíz transgénico las empresas transnacionales buscan aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, lo que significa que sólo buscan ganancias comerciales; es decir que no tienen fines científicos como algunos afirman.
Raúl Hernández Garciadiego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, puntualiza al respecto de la opinión que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica, en donde llama la atención que dedica gran parte de su opinión a defender la biotecnología, siendo que la colectividad no ataca ni pone en juicio a la biotecnología, sino que la medida cautelar únicamente pretende detener durante el juicio la liberación al ambiente de maíces genéticamente alterados para conservar la materia del juicio. Los datos de la CONACYT no respaldan su opinión de que la suspensión judicial afectaría la investigación científica. La medida provisional obliga a la SAGARPA y a SEMARNAT a abstenerse de efectuar “procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos”, pero se precisa “sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado”, con lo que de ningún modo se impide la investigación.
Finalmente, el Padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hace un llamado a la ciudadanía para que mediante la difusión de estas contradicciones se les pueda hacer ver a los jueces que los requisitos para sembrar transgénicos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no se están cumpliendo y que debe suspenderse definitivamente la siembra durante todo el juicio.

Informes y contacto:
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/

Conacyt: dineros públicos para empresas ecocidas

Publicada el 29/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada

En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería, ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial. Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir.

Esta última, de acuerdo con información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de pesos para «modernización de instalaciones». A pesar de contar con esta información, el gobierno mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como «pacto de impunidad».

¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social, traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción político-empresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX, por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber protegido la operación ilegal de MSX?

Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros…?

Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar, podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos asfixia.

Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado, o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y reinventarnos.

El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida. Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?

México: Incumplen norma ambiental 65 por ciento de las minas

Publicada el 24/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Más de mil minas operan en México legalmente. De ellas, la Profepa detectó que el 65 por ciento no cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo, sólo 71 centros de operación mineros han sido clausurados

Elva Mendoza, Revista Contralínea

Tras la inspección de las más de 1 mil minas que operan legalmente en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades e incumplimiento de la normatividad ambiental en el 65 por ciento de los proyectos mineros. Derivado de los trabajos, 71 establecimientos que cuentan con registro oficial –ubicados en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora– fueron temporalmente clausurados. Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el municipio de Cananea, Sonora, forma parte de la lista negra de la Profepa.

De acuerdo con reportes que la Profepa ha generado desde 2014, alrededor del 65 por ciento de las minas que operan legalmente en el país incumplen con la normatividad ambiental. Al respecto, la dependencia prepara un informe detallado.

Luego de los trabajos de revisión, inspección y verificación realizados a las 1 mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente, la Profepa dio a conocer que 729, el 64.51 por ciento, presentan algún tipo de irregularidad.

Por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de los más de 700 centros de operación y extracción identificados, se clausuraron temporalmente 71 (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal).

Clausuras totales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.

Clausuras parciales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Incipiente cumplimiento de la ley

Apenas el 35 por ciento de las minas, 401 instalaciones, cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La mayor parte de las oficialmente registradas ante las autoridades responsables se ubican en Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.

Minas ilegales

Además de la problemática ambiental de la minería autorizada, en el país existe un número indeterminado de minas operando fuera de la ley. En 2009, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) denunció el aumento de la extracción clandestina mineral de hierro, principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero.

La Canacero informó que, al menos entre 2009 y 2010, la extracción clandestina, con base en cálculos de las empresas, ascendió a 40 mil toneladas mensuales, muchas de las cuales salieron por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En junio de 2014, durante la cumbre de Punta Mita, celebrada en Nayarit, la Alianza Pacífico –integrada por México, Colombia, Perú y Chile– anunció el inicio de una serie de consultas para establecer mecanismos que mejoren el combate contra el crimen organizado en la producción, venta y exportación de minerales, entre ellos el oro, la plata, el cobre y el hierro.

Inspecciones
Durante las visitas de inspección donde se llevan a cabo los trabajos mineros se verifican los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental Única, ambos expedidos por la Semarnat.

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con la normatividad aplicable a las actividades mineras, como la NOM-120-SEMARNAT-2011; la NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales (lugares de destino de los residuos), así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales; la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la NOM-155-SEMARNAT-2007; la NOM-157-SEMARNAT-2009, y la NOM-159-SEMARNAT-2011.

Además de las NOM, las autorizaciones y las licencias ambientales, los proyectos e instalaciones mineras deben cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos y sus reglamentos.

Normas oficiales vigentes

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este tipo de actividades:

NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de explotación minera directa.

NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales.

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

Fuente: Profepa

Guatemala: Niñez muere de hambre y frío donde la mina Marlin explota oro, plata y mercurio

Publicada el 18/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Plurijur

{youtube}WlFRTno-_hI{/youtube}

El video es una descarga tóxica de la mina Marlin al Río Tzalá que atraviesa los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, siendo una de las tantas fuentes comunitarias de agua.

Mientras el oro y la plata son llamados metales preciosos enriqueciendo a los accionistas de la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiaria guatemalteca Montana Exploradora de Guatemala Sociedad Anónima, la niñez guatemalteca muere de hambre y frío en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa donde les explota la mina Marlin.

Una querida familia de la resistencia comunitaria en San Miguel Ixtahuacán contra la mina Marlin, ha sufirido la muerte de sus dos pequeños que murieron de hambre y frío, como muchos otros y otras en toda Guatemala.

Según el certificado de defunción, Angel de un mes con 7 días, y Milton de 2 años con 2 meses, murieron de neumonía.

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, las niñas y los niños pueden estar protegidos contra la neumonía, mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de bajo costo y tecnología sencilla. Uno de los mayores factores de riesgo es la desnutrición.

Para la OMS, una comunidad o población con una nutrición normal no debe exceder del 2.5% de desnutrición.

Según la Secretaría Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala -SESAN-, el municipio de San Miguel Ixtahuacán ocupa el número 73 de los 338 del país con una desnutrición crónica del 50.4%, mientras Sipacapa ocupa el número 72 con el 50.8% de desnutrición crónica en el país. Estos datos son sobre niñez entre los 7 y 9 años de edad en primer año primaria.

De 166 municipios de Guatemala en 2008, se registró desnutrición crónica en niñez menor de cinco años superiores al 43% de los cuales el 72% pertenecen a zonas rurales. Los municipios con mayor desnutrición crónica son de los más pobres y rurales, es decir, indígenas. De entre los 166 municipios hay 33 con una tasa de desnutrición crónica mayor al 70.4% y cuentan con una tasa de ruralidad del 79%; 50 municipios tienen una desnutrición crónica entre 60.2% con una tasa de ruralidad del 75%; y 83 municipios con una tasa de desnutrición crónica entre 43% y 60% con una tasa de ruralidad de 64%.

Pero la empresa minera Montana presume en los medios de comunicación que ha construido un hospital en San Miguel Ixtahuacán que le costo millones de quetzales con equipos y personal de primera.

La mina Marlin no solo explota oro y plata a través del cianuro y otros químicos sino también MERCURIO.

A pesar que Guatemala, suscribió el 10 de octubre de 2013 el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, reconociendo que es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

Aún así, el gobierno de Alejandro Maldonado y ahora Jimmy Morales autorizaron la ampliación de la explotación de la mina Marln, y de forma ilegal, puesto que la Ley de minería no regula la ampliación de la explotación minera en el país.

Para eso deben tramitar una nueva licencia. Pero esta facultad que el Congreso de la República aprobó como limitación administrativa al poder público de los gobiernos, Madlonado y Jimmy la aprueban argumentando que la ampliación está regulada en el reglamento de la Ley de minería.

En otras palabras, al considerar los flamantes abogados del Gobierno que el Reglamento puede modificar la Ley de minería.están llevándose de corbata toda la cultura jurídica de occidente, invirtiendo la pirámide de Kelsen. Ya no es un Reglamento el instrumento para desarrollar una Ley, sino más bien para reformarla debido a las lagunas mentales de los diputados. Hay un gravísimo problema de legalidad en el país.

¿De qué sirve una Ley cuando a través de un Reglamento pueden regular aquello que los parlamentarios no aprobaron? ¿Entonces para que sirve una Ley? Se puede tener mayor información sobre la ampliación de la explotación de la mina Marlin en los reportajes de Nómada AQUÍ.

Esto también es corrupción, además de contar con abogados imbéciles.

Comunicado RECOMA en solidaridad con pueblos de Nueva Concepción

Publicada el 17/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de La Red Latinoamericana Contra Los Monocultivo de Árboles, en solidaridad con la lucha de los pueblos de Nueva Concepción, Escuintla por la liberación del río Madre Vieja.

El día 9 y 11 de febrero de 2016, más de 200 vecinas y vecinos de Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala, realizaron una acción histórica para ese municipio y para muchos pueblos; liberaron al río Madre Vieja de varias represas que desviaban sus aguas hacia las plantaciones de palma africana y caña de azúcar.

El río Madre Vieja tiene un recorrido de más de 125 kilómetros de largo, desde que nacen sus afluentes en las montañas de la Sierra Madre, atravesando la cordillera volcánica hasta llegar al sistema de manglares en su desembocadura. El río a pesar de la degradación a la que ha sido sometida por años de explotación y uso indebido de sus aguas, aún es un importante elemento para la vida y sustento de las comunidades, agricultores y agricultoras, pescadores y pescadoras que conviven en sus orillas. El río aún sostiene importantes ecosistemas y biodiversidad.

Ante las acciones emprendidas por los pueblos de las aguas del río Madre Vieja expresamos:

Nuestra solidaridad con las comunidades de Nueva Concepción Escuintla, en su lucha para lograr el acceso al agua y la liberación del río Madre Vieja de represas injusta e ilegalmente construidas por intereses particulares de la empresa de palma africana del grupo Hame y la agroindustria de la caña de azúcar y banano.

Pedimos y exhortamos a las autoridades guatemaltecas, investiguen los casos de desvíos de ríos por las agroindustrias de palma aceitera, caña de azúcar y otras, con el fin de garantizar el acceso al agua a las comunidades locales y para el sostenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas costero marinos tan importes como el manglar.

Hacemos un llamado las organizaciones sociales y a la sociedad civil en general a estar atentas ante este caso de violación de derechos humanos, con el fin de contribuir a la difusión de la información y al cumplimiento de los derechos de las comunidades afectadas.

Agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina: una lectura desde la ecología política

Publicada el 11/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Omar Felipe Giraldo
Revista Mexicana de Sociología 77
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

Resumen:
En este artículo se discute cómo el agroextractivismo pone en juego diversos mecanismos discursivos y prácticos para desterritorializar a los campesinos, en muchas ocasiones sin necesidad de expulsarlos de sus tierras. Se utilizan herramientas de la ecología política con el propósito de explicar las distintas vías por las cuales el capitalismo moderno está territorializando su racionalidad dicotómica, mediante la irrupción de un régimen tecnológico, cultural y representacional de verdad, y la imposición de un mundo transformado en su lógica de homogeneidad, linealidad y disciplinarización de la naturaleza.

DESCARGAR: farmlandgrab.org (.PDF 26 páginas)

Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

Publicada el 03/02/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

por Ricardo Bustamante, El Mostrador

«Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores.»

Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

omo señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

Cifras del falso dilema

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

“En minería, la utilidad pública es un título perverso porque esconde la utilidad privada”

Publicada el 27/01/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Entrevista a Gustavo Castro de ‘Otros Mundos’

Renzo D’Alessandro. ALAInet

Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector.

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

VIDEO: Oro. Una fiebre en decadencia

Publicada el 22/01/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Números Naturales

Los paisajes áridos de México contienen oro en concentraciones muy bajas, poco rentables para la explotación minera tradicional. La minería a cielo abierto ha cambiado las reglas del juego, ya que permite obtener beneficio económico incluso de este tipo de depósitos. Es una técnica de alto impacto ambiental –consumo de agua dulce, toxicidad, destrucción del paisaje– impulsada por la demanda de oro para la especulación financiera en tiempos de crisis. ¿Sería tan rentable esta industria si tuviese en cuenta los impactos ambientales?

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450 presas amenazan a un tercio de los peces de río del mundo

Publicada el 14/01/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Los expertos denuncian cientos de proyectos para construir barreras en las cuencas del Amazonas, el Congo y el Mekong, hogar para unas 4.000 especies de peces fluviales

Manuel Ansede, elpais.com

Casi medio millar de presas proyectadas en las cuencas de tres de los principales ríos del planeta ponen a “un tercio de los peces de río en riesgo”, según denuncian hoy 40 expertos en la revista científica Science. Mientras que en los países industrializados emerge un movimiento para derribar las presas más nocivas, existen proyectos para construir 450 barreras en las cuencas de los ríos Amazonas (América), Congo (África) y Mekong (Asia). Los firmantes del nuevo artículo denuncian la “falta de transparencia” durante los procesos de autorización de las presas y la “falta de protocolos” para evaluar su impacto medioambiental.

“Estos proyectos abordan importantes necesidades energéticas, pero sus defensores suelen sobrestimar los beneficios económicos y subestimar los efectos a largo plazo sobre la biodiversidad y sobre pesquerías de importancia crítica”, alertan los autores, liderados por el ecólogo Kirk Winemiller, profesor de la Universidad de Texas A&M (EE UU).

En las cuencas de los ríos Amazonas, Congo y Mekong viven 4.000 especies de peces de río, la tercera parte de las conocidas en el planeta. La mayoría no se puede encontrar en otros lugares. Los 40 expertos subrayan que “las grandes presas reducen invariablemente la diversidad de los peces”, pero también impiden la conexión entre diferentes poblaciones fluviales y bloquean el normal ciclo de vida de especies migratorias. “Esto puede ser especialmente devastador para las pesquerías tropicales, en las que muchas especies de gran valor migran cientos de kilómetros”, sostienen.

Entre los firmantes hay decenas de profesores de universidades de EE UU, Brasil, Reino Unido, Camboya y Alemania, además de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Incluso cuando las evaluaciones de impacto ambiental son obligatorias, se pueden gastar millones de dólares en estudios que no tienen ninguna influencia real en los proyectos, a veces porque se finalizan cuando la construcción ya está en marcha”, denuncian los autores.

Winemiller recuerda el caso del río Xingú, un importante afluente del Amazonas. Su tramo inferior es un complejo de rápidos que sirve de hábitat a casi medio centenar de especies de peces que no se hallan en ningún otro punto de la Tierra. “Estas especies, que alimentan a los pescadores locales que abastecen el comercio internacional de peces ornamentales, están ahora amenazadas por el gigantesco proyecto hidroeléctrico Belo Monte”, señala Winemiller. Este complejo de presas brasileño, cuya finalización está prevista en 2016, fue diseñado con la ambición de convertirse en la tercera hidroeléctrica del mundo, por detrás de la presa de las Tres Gargantas, en China, y de la represa de Itaipú, entre Paraguay y Brasil.

“Este controvertido proyecto está casi terminado y va a cambiar radicalmente el río, su ecología y la vida de la población local, especialmente de las comunidades indígenas que han dependido de los servicios que proporciona el ecosistema del río”, añade Winemiller. La construcción forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento del Gobierno brasileño, para impulsar el desarrollo económico del país. La organización Survival, que defiende los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, ha denunciado que “la presa destruiría los medios de vida de miles de indígenas que dependen de la selva y del río para obtener agua y alimentos”.

“Somos escépticos respecto al hecho de que las comunidades rurales en el Amazonas, el Congo y el Mekong tengan más beneficios por el suministro de energía y la creación de empleo que perjuicios por la pérdida de pesquerías, su agricultura y sus propiedades”, explican los autores en la revista Science. Los científicos piden que las autoridades utilicen los métodos analíticos de última generación para tener en cuenta todos los impactos acumulativos de las presas sobre el medio ambiente y las poblaciones locales, con el objetivo de descartar proyectos muy perjudiciales o reubicarlos en tramos fluviales menos frágiles.

Los expertos calculan que, en el 75% de los casos, la construcción de las grandes presas del mundo tuvo sobrecostes de casi el 100% de los presupuestos utilizados para justificar su creación. El equipo recuerda el caso de la presa de las Tres Gargantas, en la que el Gobierno chino tuvo que destinar 26.000 millones de dólares para moderar su impacto ecológico.

“Las agencias gubernamentales responsables de las autorizaciones para construir presas deben exigir evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y basadas en la ciencia, a escala regional”, clama Winemiller. Además, afirma, las instituciones financieras, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, “deben exigir garantías de que este tipo de evaluaciones se llevan a cabo antes de aprobar los préstamos”.

Emmanuel Boulet, especialista principal en medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, recuerda que existen protocolos internacionales de buenas prácticas para la construcción de barreras en los ríos. “Cuando se aplican, podemos tener resultados beneficiosos para todos, como en la planta hidroeléctrica Reventazón, en Costa Rica, o la central hidroeléctrica Chaglla en Perú”, opina. El banco concedió préstamos de 200 millones y 150 millones de dólares respectivamente para estos dos proyectos.

Boulet, no obstante, acepta las críticas. “Reconocemos que los países pueden mejorar su planeamiento de la energía hidroeléctrica”, admite. “En otras palabras, tenemos que llevar a cabo los proyectos adecuados y hacerlos adecuadamente”, finaliza.

Denuncian posible reacctivación de la minería en Chicomuselo

Publicada el 13/01/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Chiapas Paralelo

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

URGENTE ATENDER EL TEMA DE PROYECTOS MINEROS EN CHIAPAS.

Diversas organizaciones campesinas de Chiapas se reunieron ayer en el Municipio de Chicomuselo, para manifestar su rechazo al actual sistema político, demandan entre otras cosas la cancelación de las concesiones mineras en Chicomuselo y se pronuncian a favor de un nuevo constituyente en el país.

El día de ayer 10 de enero de 2016 este Comité de Derechos Humanos constató la presencia de miles de personas integrantes de diversas organizaciones con presencia en la región sierra fronteriza de Chiapas, quienes se concentraron para conmemorar la muerte de campesinos el 10 de enero de 1995 en un enfrentamiento con ganaderos y policías en esta cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.

En ese marco, los representantes de distintas organizaciones expresaron su rechazo a las concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado en este municipio de Chicomuselo, sin la consulta previa, si el consentimiento, y sin la información a los habitantes de las comunidades.

Recordaron que en el año 2009, fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero por defender el medio ambiente en esta región sin que hasta la fecha se conozca a los verdaderos responsables de este crimen, al mismo tiempo acordaron fortalecer la unidad entre organizaciones para frenar entre estos y otros proyectos que ponen en peligro y afectan más la salud y la vida de sus comunidades. Manifestaron que la problemática que hoy se vive en todo el país es el despojo territorial a través de megaproyectos que promueven las grandes empresas trasnacionales con el apoyo del gobierno en sus distintos niveles que promueven la entrega de diversos proyectos que solo resuelven de momento la necesidad de muchas familias

Este Comité de Derechos Humanos ha documentado en diversas ocasiones la frecuente presencia de empresarios mineros que intentan por diversos medios conseguir el permiso de las comunidades para la extracción de minerales, como es el caso del Ejido Grecia de este municipio donde recientemente el “GRUPO CORPORATIVO MALE, Y/O MIVACHI se ha hecho presente ante la Asamblea General de Ejidatarios para conseguir el permiso de paso para la extracción de minerales. (Se dice que en el ejido Grecia la mayoría no está de acuerdo pero como hay presión por parte de la empresa, actualmente se encuentran debilitados)

De igual manera y ante el temor de que se reabran las actividades mineras nuevamente en este municipio, integrantes de la sociedad civil mantienen constante vigilancia en las comunidades para evitar que empresas mineras interesadas en el saqueo de los recursos minerales se introduzcan a las comunidades donde existen concesiones mineras, así como también un grupo de 15 Comisariados Ejidales de la región planada de Chicomuselo organizados en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, se reunieron el día 13 de noviembre del año 2015 para analizar este asunto, en esa misma fecha enviaron un documento dirigido a los representantes ejidales como es el Presidente del Comisariado Ejidal, el Consejo de vigilancia y la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Grecia de este Municipio en donde manifiestan su desacuerdo con la explotación minera y determinan frenar dichas actividades apoyados con los habitantes de sus respectivos ejidos si es necesario.

Por todo lo anterior, este Comité de derechos humanos considera urgente la necesidad de que el gobierno en sus distintos niveles atienda este problema toda vez que la entrada de empresas para la extracción de minerales en esta región podría culminar en enfrentamientos mayores afectando y poniendo en riesgo la vida de seres humanos.

De igual manera recordamos que desde el año 2008 diversas organizaciones de la sociedad civil de este municipio y de la región se han manifestado y se mantienen en resistencia pacífica a estos proyectos porque se han concientizado sobre las múltiples afectaciones que implica la actividad minera en cualquiera de sus formas como fue el caso con la empresa canadiense Black Fire en Chicomuselo.