Mesoamérica se reúne en Pacuare: VI Encuentro en Defensa de los Ríos y las Comunidades

Osvaldo Durán Castro
• Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.
• El evento es la continuación de 5 encuentros mesoamericanos realizados en diferentes países; los 2 últimos en las conflictivas regiones de Lorica, Colombia y Boquete, Panamá, donde los proyectos impuestos originan, igual que en los demás países de Latinoamérica, disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras, juicios, encarcelamientos y hasta el asesinato de personas.

Entre la vida y el mercantilismo
La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).
En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.
Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.
Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.
Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.
En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.
A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.
En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.

Debate, organización y alternativas energéticas
Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.
Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).

Nuevos debates y seguimiento
Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.
En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:
1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.
2. Estrategias de participación social efectivas.
3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.
4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.
5. Ecología de los ríos y naturaleza.
6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.

En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:
En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.
En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.
En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.
El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.
En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.
En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.

Un panorama global diseñado para el capital
Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.
En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.
Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.

Osvaldo Durán Castro es Coordinador VI REDLAR.

Más información:
http://www.redlar.org/

El Gobierno Federal ha infestado de proyectos y más represas a todo el país. Ante la crisis climática actual las represas se convierten en proyectos todavía menos sustentables, con altos riesgos de inundaciones catastróficas letales para la población. El desfogue continuo de represas ha acarreado ya la perdida de miles de hectáreas de cultivo, miles de personas afectadas y comunidades que han visto incrementar la migración. Los pueblos originarios quedan en mayor pobreza, la crisis climática se agudiza como una espiral interminable y los impactos medioambientales son irreversibles. Pese a ello, el gobierno sigue intentando represar más ríos del país.

Desde 1995 el gobierno a través de la CONAE hoy CONUEE dependiente de la Secretaria de Energía, planea la construcción de 510 represas para hidroeléctricas, de estas 112 son en el Estado de Veracruz, en el marco de la privatización de la energía, de las cuendas y sus ríos. La SEMARNAT, como la CFE, CONAGUA en contubernio con los Gobiernos del Estado y Empresas Privadas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, violación sistemática de los derechos humanos; falta de transparencia y nula consulta previa e informada. Nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras.

Por ello, el MAPDER saluda al 2º Foro Estatal de Afectados por las Presas e Hidroeléctricas en Veracruz que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Septiembre de 2011 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, donde comunidades indígenas nahuas entre otras son amenazadas y hostigadas por proyectos que amenazan sus tierras y territorios.

El MAPDER felicita a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) por su aniversario y a todas las demás organizaciones que serán anfitriones de este importante encuentro, entre ellos Defensa Verde Naturaleza para Siempre (Amatlán de los Reyés, Ver.), CDH Toaltepeyolo (Zongólica, Ver.) y Salvemos al río cuenca la Antigua (Jalcomulco, Ver).

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡EL AGUA Y LA ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA!
¡QUEREMOS RÍOS VIVOS!
POR UN MÉXICO LIBRE DE REPRESAS

http://www.mapder.lunasexta.org/

Conagua somete a instancias del gobierno federal para violar derechos del pueblo de Temacapulín, Jalisco

·CONAGUA somete a otras instancias del gobierno federal para continuar violando los Derechos Humanos de los habitantes de Temacapulín ante la presa El Zapotillo, actuando en la ilegalidad y perpetuando violaciones severas en el ámbito ambiental, alimentario, salud y cultural.

Como prueba de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad con que la Comisión Nacional del Agua continúa edificando la presa El Zapotillo, es que ha emprendido a través de la CEA una guerra mediática a través de spots en radio comercial y desplegados en periódicos de Jalisco, con la cual pretende convencer engañosamente a la opinión pública que radica en la Zona Metropolitana de Guadalajara de las “bondades” de la obra.

Precisamente José Luis Luege Tamargo titular de la CONAGUA cuando fue llamado a comparecer el mes pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, volvió a falsear declaraciones e información, ya que continúa sin tener el cambio de uso de suelo por parte del único que puede aprobarlo, el Cabildo del Municipio de Cañadas de Obregón. Sin embargo presentó un documento firmado por la SEDESOL, que se trata de un acta de inspección de campo efectuada el 05 de noviembre de 2010 por esta dependencia federal, como si fuera el indicado, confirmando ante los diputados de varias fracciones ahí reunidos, que no escatima en mentirle a la opinión pública, a los directamente afectados por la obra y a los medios de comunicación. Hoy la construcción de la presa continúa ejecutándose en total ilegalidad porque no tiene el permiso para levantar una cortina de 105 ms, por tanto, Luege Tamargo, Raúl A. Iglesias Benítez, César Coll Carabias y Emilio González Márquez mienten.

La Comisión Nacional del Agua, en contubernio con el gobierno del Estado de Jalisco y Guanajuato, edifica una represa en absoluto marco de ilegalidad sin una sola consecuencia y haciendo movimientos políticos que rompen con el supuesto Estado de Derecho que guarda el país: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aceptó someter sus preceptos básicos y pasar por encima de la Ley Federal de Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos. El resolutivo que presentó la Coordinación Nacional de Monumentos cuya oficina se encuentra en la Ciudad de México, como consecuencia de la presión ejercida por la CONAGUA al impugnar el peritaje publicado el 14 de abril, donde se especifica que el mayor porcentaje de los monumentos históricos de Temacapulín deben conservarse en su lugar y sitio de origen, afirma completamente lo contrario autorizando la remoción de los monumentos incluso extralimitándose en sus atribuciones legales al firmar que es viable la construcción de la presa El Zapotillo y concluir que: “a pesar de reconocer que el conjunto urbano rural de la localidad Temacapulín, tiene atributos que le otorgan valores ambientales, estos quedan en amplia desventaja al evaluar el costo económico y social que representaría cancelar el proyecto hidráulico por preservar la integridad de dicho conjunto.”

Ya en otras ocasiones el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha afirmado con documentos en la mano, resoluciones judiciales, dictámenes y peritajes basados en estudios científicos, no con la postura política de académicos respetados en diversas materias, sino con resoluciones apegadas a reglamentos y metodologías de investigación válidas, oficiales que: El Zapotillo no tiene sustento técnico, sino que se apega estrictamente a razones políticas y económicas, que incluso, no resolverán la problemática de abastecimiento de agua ni para Jalisco ni para Guanajuato.

Ya Juan Marco Gutiérrez Subsecretario de la SEGOB, durante la Mesa Resolutiva celebrada el 1 de junio en Tepatitlán, ante la inminente pérdida de argumentos que las dependencias de gobierno tanto a nivel federal como estatal con la que no pueden defender un macroproyecto que a todas luces significa sólo beneficio para las empresas constructoras y los gobiernos en turno que facilitan las licitaciones, refrendó la amenaza e intimidación que caracteriza la actual estrategia de violencia de Estado por parte del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa de que la presa continuaría haciéndose pese a los argumentos expuestos. Por ello, SEGOB no ha retirado las denuncias penales interpuestas contra quienes participaron en la toma de la presa El Zapotillo, tanto en el ámbito federal y local, las cuales hasta la fecha se ha negado a cancelar y dejar sin efecto. Uno de los primeros compromisos iniciales frente al movimiento y condición mínima para ceder y retirarnos de la construcción fue precisamente esa. A la fecha, solo tenemos evasivas y salidas fáciles.

No solo el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo puede reconocer que hoy día sabe, está informado a conciencia y estima que las presas no son un alternativa, ni sinónimo de desarrollo para nuestros pueblos, ya otros pueblos, ciudades, académicos y especialistas en el tema están conscientes de ello: históricamente lo único que se deriva de una represa es desolación, desplazamiento, desempleo, migración y muerte para las personas que corren la mala suerte de ser perseguidos por el sistema político del Estado que a través de sus funcionarios en turno imponen negocios en nombre del desarrollo, sin justificación.

Por todo es que decimos NO a la presa El Zapotillo, no olvidemos el fracaso de la presa Arcediano, la inutilidad de la presa El Salto y las miles de muertes y enfermedades que ha causado la contaminación del Río Santiago, sitio donde se instaló la primera hidroeléctrica de México.

Temacapulín continúa en su posición y llama a la desobediencia civil pacífica.

Para mayor información:
E-Mail: noalzapotillo@gmail.com
Facebook: Los ojos del mundo están puestos en Temaca
Twitter: @RevodelAgua

Pararon la construcción de una hidroeléctrica en Veracruz

Proyecto Ambulante
Las comunidades que serían afectadas por un proyecto de represa hidroeléctrica en el río Alseseca, que nace en Tlaxcala y pasa por Puebla y Veracruz, y lograron parar la construcción de esa obra, negando a la empresa el permiso de pasar un tubo por sus tierras para desviar agua del Alseseca y juntarla con el río que baja por Jalacingo, en Veracruz, un triunfo debido a la información oportuna y a la decisión consensuada de los campesinos, platicó en entrevista Manuel Macotela, de la organización Centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl.

Asegura la página web “Conservación del Río Alseseca” (http://www.alseseca.com/conser_alseseca/conser.html):  “El Río Filobobos y el Río Alseseca forman parte de una extensión de más de 10 mil hectáreas de terreno que en el año de 1992 fue decretado como Reserva Natural Protegida por el Gobierno del Estado de Veracruz. Dentro de la zona decretada como reserva natural se encuentran 5 sitios arqueológicos de los cuales, dos de los cuales, El Cuajilote y Vega de la Peña, son visitados por turistas y paseantes año con año.  Estas zonas arqueológicas fueron establecidas por habitantes de la Cultura Totonaca en tiempos prehispánicos.” El río es preferido también para el deporte del rafting.

Ese río, el Alseseca, es el que están defendiendo las comunidades. De cómo lograron evitar el paso de tubos para la construcción de una represa hidroeléctrica, explicó el entrevistado:

–  Lo más importante, en lo que logramos, es que se hizo a tiempo. Porque tuvimos las suerte de enterarnos de lo que iban a hacer con suficiente tiempo y pudimos encontrar gente que tenía la información sobre cuáles iban a ser los impactos y los problemas que iban a causar. De esa forma, pudimos tomar acciones. La comunidad, al saber cuáles iban a ser los problemas que se iban a generar, pues se inconformó y se puso en desacuerdo desde el principio. Simplemente dijo: – Por aquí no pasan, porque no quiero que me destruyan.

– ¿Cómo se involucraron ustedes en la defensa del río?

– Trabajamos con proyectos de desarrollo en la comunidad. Impulsamos procesos de desarrollo integral sustentable. El comisariado ejidal nos comentó: – Ustedes cómo ven, me vinieron a ver y a decir que les diera permiso para pasar unos tubos. Y dijo: – Quedaron de venir la próxima semana para que ya les dé el documento firmado. Eso nos puso en alarma. – ¿Van a pasar unos tubos, para qué? –Es que van a llevarse agua de este río para el otro río. – A ver, espérense, ¿cuál es el problema o cómo está? Empezamos a buscar información y fue como nos enteramos de lo que pensaban hacer. Básicamente, esa fue la clave…

– ¿Qué descubrieron que harían con esos tubos?

– Iban a desviar el 95%, o el 90%, del río Alseseca, y se lo iban a llevar a juntarlo con el río que baja en Jalacingo, para poner una hidroeléctrica más abajo. Desde el principio nos alarmó, porque al quitarle el agua al río, pues el río se muere, qué otra alternativa o consecuencia puede ser.

– ¿Qué comunidad se inconformó?

Alseseca el Grande (municipio de Atzalan, Ver.), básicamente, fue la comunidad que se inconformó. Y, a partir de que empezamos a buscar la información, nos encontramos con la lucha de los compañeros de Papa y, pues, tristemente, de otras comunidades más abajo, como Nicolás Bravo, que ellos, pues, dieron permiso y ya estaban haciendo las obras ahí. Cuando nos enteramos y nos dimos cuenta, ya estaba muy avanzado en Nicolás Bravo, que es ya Jalacingo.

También hay otras comunidades, como Jicotes, que se van a ver afectadas, pues están tratando de pedirles permiso para pasar los tubos, pero gracias a la información que se ha estado difundiendo sobre esto, ya tuvieron elementos para inconformarse.

– ¿Cómo detuvo la obra la comunidad de Alseseca el Grande?

Simplemente se negó la autorización. No hay permiso de la comunidad para pasar la tubería. Y lo que pensamos es que quizás busquen una alternativa para pasarlo por otro lado, y otras estrategias, pero la comunidad está unida en ese sentido, ya hay un consenso y no se va a autorizar.

– ¿Les prometieron empleos y mejoras materiales, como usualmente hacen las empresas?

– Lo mismo prometieron aquí. Se lo dijeron al comisariado ejidal, pero él, hace tres años o dos años y medio, tuvo el tino de preguntarnos. No se aventó solito a decir: – Sí, lo hacemos, sino que todavía existe en esa comunidad un liderazgo fuerte y auténtico, y gracias a eso las cosas se dieron así.

– Y ustedes siguen apoyando a otras comunidades en riesgo…

– Estamos preocupados, porque el problema no es nada más que nos desvíen nuestro río, digamos, en donde estamos, sino que la afectación en cualquier río tiene repercusiones iguales. Cambia el punto, pero la afectación es la misma. Estamos colaborando con compañeros de Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan. Formamos una alianza, y estamos trabajando en las defensa de los ríos: La Alianza de Pueblos, Comunidades y Usuarios de Agua para la Defensa del Río Bobos y sus Cuencas.

– Comentabas que han usado las costumbres de las comunidades para comunicarse con ellas…

– En Tlapacoyan tienen una estrategia muy buena para comunicar el mensaje, que incorpora las tradiciones y ceremonias que tienen mucho impacto en la forma de ser de la gente.

– Como Centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl, ¿cuál es su trabajo?

– Impulsamos procesos de desarrollo integran sustentable. Hacemos diseño y transferencias de tecnologías ecosustentables. Desarrollamos la estufa Tonacalli, que es una estufa de leña, evolución de la estufa Lorena.

Ahorra entre un 50 y un 75% de la leña que usa la estufa, el bracero tradicional, por así decirlo, pero además le permite a la familia sacar el humo de la vivienda. En el humo se han encontrado hasta 14 sustancias que producen cáncer. Estamos preocupados también por esa situación y apoyamos a las familias a implementar este tipo de estufas en sus viviendas, para mejorar su salud. Por otro lado, la estufa Tonacalli tiene un recuperador térmico, una especie de boiler, que le permite capturar entre un 15 y un 25% del calor que ya se fue. Con eso calientan 40 litros de agua y con esa agua caliente la familia puede precocer sus alimentos, hervir el agua para tomar o bañarse con mayor comodidad.

– ¿Por qué se preocupan por defender los ríos y la naturaleza?

– Las cuestiones de protección del ambiente no son una cuestión de preferencias, son una exigencia del ambiente. Porque si lo modificamos a tal grado de que no podamos vivir, pues estamos poniéndonos una soga al cuello… y jalándola.

Esa es la historia de una comunidad que impidió la construcción de una hidroeléctrica, en un estado, el veracruzano, para el cual hay 112 proyectos (más del 29% de las 506 proyectadas para el país) de represas hidroeléctricas, desde las que ya han avanzado en su construcción, como en Zongolica, las que iniciaron desmontes y estudios exploratorios como en El Naranjal, y otras con diversos grados de avance en su construcción en el río Filobobos, más las seis o siete que están en espera del levantamiento de la veda en el río Los Pescados, en la cuenca de La Antigua.

Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

La Jornada Veracruz. Manuel Martínez Morales

La imagen dice todo: una mujer pobre, con desnutrición evidente, recoge como puede un poco de la leche derramada por productores que protestan por los bajos precios provocados por la importación de leche en polvo. La foto se tomó en Colombia hace algunas semanas. En los ingenios veracruzanos, toneladas de azúcar se encuentran almacenadas sin encontrar mercado, pues la importación de azúcar –autorizada por el Ejecutivo federal, siempre obediente a intereses extranjeros– ha devastado la industria cañera nacional.

Desde hace meses, habitantes de Jalcomulco, de Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes y otras comunidades veracruzanas se han manifestado para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga la construcción de varias presas a lo largo de algunos ríos de la región, como el río de La Antigua y el río Blanco. Habitantes de Jalcomulco han indicado que aunque la CFE argumenta que las presas son para beneficiar a la población, saben que en realidad es para beneficiar con electricidad a varias empresas, entre ellas una cementera que se construye en la zona.

En los tres casos aludidos, comunidades pobres, trabajadores del campo y pequeños productores se ven afectados, y ven alterada su forma tradicional de vida, por el efecto devastador del “libre comercio” y el progreso ilimitado, destructivo. Pues la leche (en polvo) y el azúcar importados son más baratos, ya que son producidos con el uso intensivo de tecnología, mano de obra barata (trabajadores migrantes y maquiladores) y subsidios en los países de origen del producto; elementos no disponibles para los productores nacionales. En el caso de las presas sobre ríos veracruzanos, se trata de “traer el progreso” beneficiando a ciertas empresas –varias de ellas financiadas con capital extranjero– que se establecen en la zona, a costa de destruir el modo de vida y las fuentes de sustento de las comunidades aledañas: la agricultura, la pesca y el turismo.

Una especialista, Silvia Ribeiro, en su artículo “Mitos y engaños de las grandes represas”, afirma que las grandes presas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad –sostiene la investigadora– y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas, relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas.

En el caso de Veracruz, dejar que se construyan las presas implicará un deterioro ecológico a todo lo largo de los ríos, como en el caso de el río Los Pescados-La Antigua, porque en este último proyecto piensan dejar solamente 10 por ciento del caudal del río para aprovechamiento humano. Los pobladores de Jalcomulco insisten en que dejar solamente 10 por ciento del caudal del río es un atentado brutal contra la naturaleza ya que se acabaría toda la vida alrededor del río. Se acabaría toda la vida acuática. Además, se dejarían de producir toneladas de caña de azúcar, limón, papaya y muchos otros productos sin contar todas las especies de aves que son posibles gracias al río. Por si ello fuera poco, se exterminará una fuente muy importante de recursos, que es el turismo, que da empleo a cientos de personas en muchos de los poblados de la ribera del río.

Quienes hacen su vida a orillas del río Blanco se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, por considerarla tanto un ecocidio en por lo menos cinco municipios de la zona centro, como un proyecto que afectará la cuenca del río. Los campesinos se niegan a este proyecto –según han dicho– por la afectación ecológica; detallan que habrá tala inmoderada de árboles, el río Blanco será gravemente contaminado, además que pretenden cambiar su cauce; aunado a ello, el manantial El Sótano, también será gravemente contaminado, lo que es preocupante porque funge como la fuente de abastecimiento de agua para al menos 150 familias de Cuichapa.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales, como en los casos arriba señalados. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de las presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota, en el estado de Guerrero, están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para el MDL.

Se presenta de nuevo el dilema entre atender el bienestar humano y el equilibrio ambiental o aceptar el embate del progreso destructivo. La voracidad capitalista –origen del proyecto de construcción de las presas– sólo toma en cuenta la ganancia a como dé lugar, sin importar que sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de comunidades enteras. Ya ha sucedido en nuestro país en el pasado reciente. No debe permitirse más.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=110708_145048_748

EXIGIMOS RESPETO Y SEGURIDAD AL MAPDER NAYARIT

A Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México.
A Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador el Estado de Nayarit.
A Elías Ayub, Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Antonio Dehesa, residente «socio ambiental» en la Yesca y Las Cruces.
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nayarit.
A Amnistía Internacional
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH).

Integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y de la Red Manglar Internacional, han recibido amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos en el estado Nayarit. Del mismo modo miembros del equipo Pro-Regiones que es un proyecto de investigación mancomunado del  Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Las amenazas de muerte se han dado en el contexto del trabajo de formación e información sobre las pretensiones del gobierno federal de construir el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, de las repercusiones sociales y ambientales del tal proyecto.

Los que firmamos esta carta, exigimos el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho, alto a las amenazas de muerte e intimidaciones así como las garantías de seguridad a los integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., y a los investigadores y miembros de la academia de las Universidades que conforman el equipo Pro-Regiones. También exigimos que se cumpla la normatividad internacional respecto a la construcción de este tipo de obras, cabal cumplimiento a las directrices de la Comisión Mundial de Represas (CMR), consulta previa libre e informada a las comunidades que se pretenden desalojar y afectar; la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente sustentables.

Atentamente, las 128 organizaciones y movimientos sociales de una veintena de países y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, que ponemos los ojos sobre Nayarit y las actuaciones de la CFE:

1) Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER)
2) Red Manglar México
3) Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos (REDLAR)
4) Red Manglar Internacional
5) Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)
6) Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
7) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
8) Jubileo Sur México
9) Mujeres y Punto A.C (DF)
10) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Jalisco)
11) Marea Creciente México.
12) Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México (Chiapas)
13) Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
14) Taller de Desarrollo Comunitario (Guerrero)
15) Bios Iguana A.C. (Colima)
16) Centro Mexicano de Justicia Ambiental (Guanajuato)
17) Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
18) Pro San Luis Ecológico A.C. (San Luis Potosí)
19) Unión de Grupos Ambientalistas, IAP
20) LAVIDA (Veracruz)
21) Cacto Azul A.C. (Sonora)
22) Tianguis Indígena Multicultural, A.C. (Oaxaca)
23) Guardianes de los Árboles,  A.C (Morelos)
24) Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)
25) Grupo Ecologista del Mayab A. C.  (Quintana Roo)
26) Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) (DF)
27) Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Guerrero)
28) Círculo Gema A. C.  (Quintana Roo)
29) Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua)
30) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
31) Mujer y Medio Ambiente (DF)
32) Unión Campesina Zapatista del Sur (UCAZ) (Jalisco)
33) MOCE YAX CUXTAL A.C. (Quintana Roo)
34) La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A.C., (Oaxaca)
35) Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) (DF)
36) Yaxché, Árbol de la Vida (México)
37) Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC)
38) Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
39) Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo (Jalisco)
40) Unión de Comunidades Costeras, Compostela (Nayarit)
41) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.  (CEMDA) (DF)
42) Red de Género y Economía (Redge)
43) Centro de Información de y para Trabajadores y Trabajadoras (CITTAC), (Tijuana, B.C.)
44) Colectivo Coa (Jalisco)
45) Frente Auténtico del Trabajo (FAT)
46) Radio Comunitaria Totlahtol, la palabra de todos y todas (Veracruz)
47) Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos (Oaxaca)
48) Ciudadanos Hartos (León)
49) Mujeres para el Diálogo, AC. (DF)
50) Sociedad Interdisciplinaria para la Educación, Mejoramiento del Bienestar Rural y Agroecología, A.C. (SIEMBRA) (Morelos)
51) Alianza para la protección y desarrollo de la costa de Chila (Nayarit)
52) Pastoral Social Diocesana de Nuevo Laredo (Tamaulipas)
53)  Centro Social Ymelda Tijerina, AC de Monterrey. (Nuevo León)
54)  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, A.C. (UCIZONI) (Oaxaca)
55)  Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Veracruz)
56)  Colectivo Juvenil de Comunicación del Consejo de Ejido y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CEOP) (Guerrero)
57)  Caracol Azul Radio
58)  Radio Zapote ENAH (D.F.)
59)  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero)
60)  Centro de Apoyo al Trabajador A.C.
61)  La Voladora Radio (EdoMex)
62)  Comité de Defensa de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, A.C. (DF)
63)  Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (Chiapas)
64)  Colectivo Hoja Verde  (D.F.)
65)  Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia
66)  Alianza Jaguar, A.C (Nayarit)
67)  Movimiento Ciudadano Ecologista de León (MOCE)
68)  Red Nacional de Mujeres Radialistas
69)  Medio Ambiente y Sociedad, A.C., (México)
70)  Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM) (Veracruz)
71)  Greenpeace (México)
72)  Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) (DF)
73)  Frente Democrático Campesino (FDC) (Chihuahua)
74)  Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño” (Veracruz)
75)  Alianza Cívica Coahuila
76)  Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME)
77)  Greenpeace (Voluntarios León)
78)  Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) (Tabasco)
79)  Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (Educa) (Oaxaca)
80)  Todos Jalisco
81)  Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)
82)  Restauración y Desarrollo  del ANP Cerro del Cubilete (León)
83)  Frente Amplio contra la Supervía poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente (DF)
84)  Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativa (Comcausa)
85)  DECA Equipo Pueblo (DF)
86)  Centro de Investigación Ambiental «Las Truchas» SC de RL de CV Lázaro Cárdenas (Michoacán)
87)  Guerreros Verdes (Guerrero)
88)  Bia’lii, Asesoría e Investigación (DF)
89)  Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (Chiapas)
90)  Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla)
91)  Colectiva Feminista Binacional (CFB), Frontera norte
92)  Sociedad Organizada en Lucha (SOL / MUP-CND)
93)  Alianza de la Costa Verde (Nayarit)
94)  Fundación Animare (León)
95)  KOMAN ILEL (Chiapas)
96)  Unión Popular Valle Gómez (UPVG) (DF)
97)  Alianza Cívica Querétaro (ACQ)
98)  FIAN-México
99)  Sindicato Independiente y Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura (SIDTPA)
100) Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC / antes Sindicato de Euskadi)
101) Grupo Tacuba (DF)
102) Taller Ecologista (Argentina)
103) REDES/Amigos de la Tierra Uruguay.
104) Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADESS) (El Salvador)
105) CENSAT/AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia
106) Movimiento Madre Tierra (Honduras)
107) Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) (Bolivia)
108) Southwest Workers Union (SWOU) (Estados Unidos)
109) Ceiba/Amigos de la Tierra Guatemala
110) Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
111) Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador
112) Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) (Cuba)
113) Grupo Amigos del Río Pacuare (Costa Rica)
114) Ecoportal.Net (Argentina)
115) Otros Mundos Colombia.
116) Agricultural Missions, Inc (AMI) (Estados Unidos)
117) Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas «Rios Vivos»
118) Coordinación Nacional para la Defensa de los Ecosistemas de Manglar (CONDEM) (Ecuador)
119) CoecoCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica
120) Consejos Indígena Nahuatl y Chorotegas de Nicaragua (MONEXICO)
121) Consejo Cívico de de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
122) Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (GALFISA) (Cuba)
123) International Rivers (Estados Unidos)
124) Amigos de la Tierra (Brasil)
125) Comité para la Defensa y Desarrollo de de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) (Honduras)
126) Global Greengrants Fund (Estados Unidos)
127) REDLAR Costa Rica.
128) Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) (Haití)

Afectados por El Zapotillo serán reubicados en zona no cultivable

El proyecto viola su derecho a la alimentación, señalan ante relator especial de la ONU

Oliver de Shutter ofrece a los inconformes continuar gestiones ante autoridades mexicanas

Juan Carlos García Partida. Periódico La Jornada

Guadalajara, Jal., 19 de junio. Como parte del proyecto hidroeléctrico El Zapotillo, el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en terrenos poco aptos para la agricultura, actividad que les da sustento, advirtió Oliver de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos a una Alimentación Adecuada.

Al visitar este sábado en Talicoyunque las casas que se construyen para reubicar a los moradores de los tres poblados que inundará la presa, De Schutter fue recibido por Héctor Castañeda, negociador de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con los afectados, quien dijo que las autoridades tienen estudios hidrológicos que demuestran que el punto elegido, sobre los cañones del río Verde, es idóneo para el proyecto.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo informó que durante el recorrido por los terrenos agrestes con que se pretende resarcir a los desplazados, el funcionario estatal dijo al relator de la ONU que la lucha contra la presa «es infructuosa» y se basa en «falsas esperanzas» creadas por abogados de los inconformes.

Posteriormente De Shutter fue a Temacapulín (sede de la resistencia al proyecto), acompañado de sus colaboradores y miembros del comité opositor, encabezados por su presidenta, Abigaíl Agredano Sánchez, y su vocero, el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez .

“El pueblo de Temaca es patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos tierras fértiles y nuestra vida se verá trastornada con la reubicación. Muchos de nuestros hermanos han muerto durante la resistencia. No nos explicamos por qué el gobierno se empecina en imponer el proyecto”, señaló Agredano Sánchez.

«La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la CEA nos hacen puras promesas y se burlan. No nos han escuchado pese a que ya recorrimos todas las instancias nacionales», denunció.

María Alcaraz, otra vecina, cuestionó: «¿En Talicoyunque sembraremos cacahuate, maíz, alfalfa? ¿Tendremos las vacas en las azoteas?» Varios de los afectados recordaron que no los consultaron sobre el plan de reubicación, pero 98 por ciento lo rechaza. De Shutter dijo estar preocupado, pero instó a no perder la esperanza, pues hay tribunales para proteger a la gente, y ofreció volver a la zona, enclavada en el municipio alteño de Cañadas de Obregón.

«A nadie se le puede privar de su derecho a la alimentación, que no sólo es poder alimentarse, sino producir los alimentos, como marca la Constitución, y espero que los tribunales lo hagan valer», expuso el relator; y garantizó a las comunidades que mantendrá la gestión de su caso ante autoridades federales y estatales.

«No están solos. Quiero asegurarles que su lucha importa a muchas personas, y es esencial que conserven sus medios de subsistencia, pues viven de cultivar productos que no van a crecer donde serían reubicados», dijo.

CONAGUA ACEPTA QUE NO GARANTIZA EL AGUA PARA JALISCO NI GUANAJUATO CON LA REPRESA EL ZAPOTILLO

El Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Raúl Benítez, y quien ha insistido en el beneficio que traerá la represa El Zapotillo, no asegura que se tendrán agua incluso con la represa el Zapotillo. Según la OCLSP, el volumen de agua de las principales presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma Chapala se encuentra en una situación crítica, ya que sólo almacenan el 54% de su capacidad máxima.[1] O sea, que las represas no garantizan que la población de Guadalajara tendría agua con la represa del Zapotillo que se pretende construir a costa del desplazamiento de la población de Acasico, Palmarejero y Temacapulín. En las últimas décadas se han sufrido largos periodos de sequías en el río verde.

Según el monitoreo de la Dirección Técnica del OCLSP, en las 52 presas más importantes de Jalisco, con excepción de El Salto, al 86% y Calderón al 65%, todas las demás están entre el 30 y 50% de su capacidad total. La presa más grande del estado, Cajón de Peña, en Tomatlán, se encuentra al 58%, seguida de Basilio Vadillo, en Ejutla, al 57%, Tacotán y Trigomil, en Unión de Tula, ambas al 56%. La Pólvora, en Degollado, al 48%; Santa Rosa, en Amatitán, al 46%; El Cuarenta, en Lagos de Moreno, al 42%; La Vega, en Ameca, al 39% y La Red, en Tepatitlán, al 37%.

Las principales presas de la Cuenca Lerma Chapala, que comprende los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, presentan todavía almacenamientos más bajos, que las ubican al 39% de su capacidad. La presa Solís, la más grande de la región hidrológica encuentra al 34%, mientras que Tepuxtepec se ubica al 62%. Laguna de Yuriria, al 45%; Ignacio Allende, al 37%; La Purísima, al 46%; Melchor Ocampo, al 11%; Tepatitlán, al 38%; Ignacio Ramírez, al 26%; Alzate al 13% y Peñuelitas al 16%. El lago de Chapala tiene un descenso es de 1.39 metros, nivel que no se ha presentado en al menos los últimos 14 años. Chapala tiene el 63.34% de su capacidad total.

Lo anterior confirma que las represas y específicamente el Zapotillo, no garantizan el agua a las ciudades. Además se ha demostrado que contribuyen a la crisis climática, obligan el desplazamiento de población, provocan empobrecimiento, inundación de patrimonio cultural, violencia y represión; desaparición de manglares, bosques y biodiversidad; desaparición de recarga de acuíferos, salinización de tierras, corrupción, generación de sismos, eliminación de especies nativas; desfogues e inundaciones con la pérdida de pueblos y tierras productivas, entre otras consecuencias que al misma Comisión Mundial de Represas ha documentado en todo el mundo.

Es necesario y urgente detener el represamiento de los ríos en el país, dejar los ríos vivos y buscar nuevas alternativas sustentables para la gestión del agua. Existen alternativas viables y responsables.

El MAPDER se solidariza con la lucha de los integrantes de la Organización “Salvemos el Río” del estado de Veracruz que se manifestaron en Plaza Lerdo contra los planes de CONAGUA que pretende modificar la veda del río Los Pescados para la construcción de la represa de Jalcomulco. Son más de un millón de personas que están en contra de dicho proyecto de las comunidades de Jalcomulco, Paso de Ovejas, Apazapan, entre otros. Nos sumamos a sus consignas de “Xalapa: la recolección de agua de lluvia es una opción para solucionar tu desabasto”; “No a la modificación de veda del río La Antigua”; “No a las presas”; “Señor Gobernador ¿usted conoce Jalcomulco?, prometió ayudarnos; “CFE: No inundes nuestras comunidades”; “Dame vida no muerte”. En Veracruz la CFE pretende construir 10 presas hidroeléctricas en varias cuencas de la entidad.[2]

NOTAS:
[1] Guadalajara | Martes 07 de junio de 2011 Notimex | El Universal18:05, http://www.eluniversal.com.mx/notas/771130.html
[2] http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=250947

9 de Junio de 2011
BOLETÍN DE PRENSA MAPDER

EL INAH BAJO EL CONTROL DE CONAGUA

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) nuevamente impone el control de la información sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ocultar la verdad sobre el dictamen donde se especifica que el poblado de Temacapulín, por su composición histórica de más de mil cuatrocientos años, natural y arquitectónica, no debe ser inundado por la represa El Zapotillo.

El pasado 6 de junio, el INAH archivó como clasificada por dos años la información del dictamen que presentó el investigador Cuauhtémoc de Regil. En este dictamen se protegían los monumentos y tesoros históricos y culturales del poblado de Temacapulín que pretende inundar la CONAGUA. Ya desde el 2008 el primer reporte no se protocolizó como dictamen lo que le permitió a CONAGUA seguir en la ilegalidad de la obra. Apelando a los artículos 14, fracción VI, y 45, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAH argumenta que “la información que se solicita está clasificada como reservada, toda vez que, la Comisión Nacional del Agua hizo valer una impugnación al dictamen de referencia”. Sin embargo, el dictamen ya es de conocimiento público (Anexo).

Aunque no hay monumento histórico removido en el país por la inundación de cientos y cientos de represas en todo el territorio mexicano, CONAGUA pretende que la sociedad crea que trasladarán la Capilla de Acasico, el cementerio antiguo y la Iglesia de Temacapulín, además del portal de la Delegación Municipal. El 31 de mayo pasado, el director del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez aseguró que cada vestigio con valor histórico será removido “piedra por piedra”, conforme al Dictamen Técnico del INAH. Sin embargo, Iglesias Benítez, respecto del nuevo dictamen del INAH que se elaboró en tan sólo 5 días, señaló que únicamente se recomienda rescatar la fachada de la basílica, entre otros 4 puntos. Mañana dirán que no era necesario ninguno. Cabe recordar que el Puente de Arcediano en Jalisco, único en América Latina, se prometió reubicarlo “piedra por piedra” para la construcción de la represa Arcediano. Hoy, el puente de patrimonio histórico y cultural se encuentra desmontado, derruido y abandonado. Y la represa Arcediano nunca se construyó pero sí favoreció arcas de corrupción. Así, no sólo las leyes son nuevamente violadas sino los tratados internacionales en la materia que México ha signado.

La conclusión del Dictamen Técnico del INAH (Anexo a este boletín de prensa) con fecha del 14 de abril del 2011, confirma:

“La población o centro urbano de Temacapulín, tal como se desprende de los argumentos expresados en los numerales previos del presente dictamen, así como a las referencias a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los documentos internacionales de los cuales México es signatario, a la valoración técnica, histórico y social que se expresan en el presente dictamen, contiene un alto porcentaje (cerca del 70%) de su territorios urbano, monumentos históricos que de acuerdo a la ley Federal deberán ser conservados, sustentándose lo anterior en el interés general y público sobre el patrimonio cultural edificado de la Nación. Asimismo, por la arquitectura rural que subsiste mezclada en el territorio urbano y que se extiende más allá de los límites urbanos, se trata de un conjunto de monumentos históricos claramente identificado.”

“Por tal motivo, los monumentos históricos y ambientales, así como paisajísticos y naturales en los que se inserta el poblado deben ser protegidos y conservados por ser de interés de la nación. La eventual construcción de la presa El Zapotillo, al inundar el poblado y sus inmediaciones implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos, Ante ello sería imposible recuperar los elementos ambientales y el locus propio y rasgo identitario de Temacapulín, con las consecuencias que ya han sido estimadas y respaldadas por estudios sobre el particular de la UNESCO, ya que los habitantes del asentamiento tienen el derecho inalienable a conservar su patrimonio identitario”.

“Como resultado del análisis llevado a afecto y como parte de la materia de interés jurídico del INAH en el ámbito de los monumentos históricos, el conjunto representa un hito histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la Nación tal como lo señalan las leyes en la materia”

COMUNICADO DE PRENSA:

LA REPRESA ZAPOTILLO CONSTRUIDA EN LA ILEGALIDAD Y POR DELINCUENTES EXTRANJEROS Y NACIONALES

En un operativo militar, este pasado 4 de junio, fue detenido el empresario Jorge Hank Rhon en su domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana. El Ejército encontró más de medio centenar de armas. El saldo fue de tres escoltas heridos, la detención del chofer y su jefe de escoltas Jorge Vera (hijo de Antonio Vera Pestina, asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, El Gato) y personal de seguridad. En 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México acusado de contrabando de artículos de piel y después alcanzó su libertad bajo fianza.

La familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción a quienes el gobierno les ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la Represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC).

La dueña de FCC es la millonaria española Esther Koplowitz Romero de Juseu, Marquesa de Casa Peñalver, quien es la principal accionista. La riqueza de Esther Koplowitz Romero de Juseu, según la revista Forbes del año 2009, ocupa el puesto 430 del mundo. Se presume como la empresa más importante del sector en España. Mientras que con su Fundación Esther Koplowitz tiene una imagen social responsable, en México se beneficia con la construcción que va a implicar dejar sin hogar ni tierras a los habitantes de tres poblados que pretenden ser reubicados por la fuerza, expropiadas sus viviendas y hacinados en pequeñas viviendas mal construidas. Mientras en Madrid y en Barcelona, España, Esther Koplowitz construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron en la comunidad de Temacapulín, causadas por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas por la construcción de la represa que lleva a cabo la empresaria Esther Koplowitz.

Mientras las ilegalidades han sido ampliamente documentadas, el gobierno estatal ni federal ha presentado pruebas de lo contrario. Por ello las empresas que la construyen operan en la ilegalidad y cometen delitos ambientales graves e irreversibles para las cuencas de la región. El proyecto ha estado plagado de irregularidades desde su origen. Ya desde el 2009 la Secretaría de la Función Pública determinaría si suspendía el proceso de licitación, pues Conagua usó un permiso ambiental irregular. Desde aquel entonces dos de los siete participantes en la licitación presentaron inconformidades por el fallo que nombró ganador al consorcio encabezado por las empresas de Carlos Hank Rhon.

Sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos, ni consulta; con amenazas a la población, con órdenes de aprehensión contra las personas que además pretenden desalojar violentamente; pese a las recomendaciones del Congreso del Estado, de Amnistía Internacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de detener la obra, de amparos, de peritajes psicosociales, del peritaje del INAH, en la total ilegalidad de la obra la corporación trasnacional española FCC y el Grupo Hermes siguen a pasos acelerados la construcción de la presa El Zapotillo, con sus instalaciones rodeadas de cercos policíacos para evitar nuevamente la toma de las instalaciones.

Detienen en Tijuana a Jorge Hank Rhon por posesión de 88 armas

MAPDER
A 3 de junio de 2001, México.

COMUNICADO DE PRENSA:

EL GOBIERNO FEDERAL ROMPIÓ LA NEGOCIACIÓN

El día 1º de junio el gobierno federal representado por José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y del subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, quebrantó el proceso del diálogo y la negociación imponiendo la decisión de continuar con la construcción de la presa El Zapotillo, y por lo tanto anunciando la inminente inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco. Durante el encuentro el gobierno federal intimidó a su contraparte con la presencia de trabajadores de la obra y los pobladores que han sido comprados por el mismo gobierno. En la mesa impositiva, que no resolutiva, el director de Conagua simplemente sentenció que el proyecto no tiene marcha atrás y que seguirá su construcción. Confirmaron la vigencia de las denuncias penales y amenazaron con el ejercicio de la fuerza para el desalojo. Así, ordenes de aprehensión, imposición, expropiación y represión es el lenguaje del gobierno federal a quienes demandan el respeto a los derechos humanos. Con ello se evidencia la  sistemática violación de los derechos humanos de la población y con graves antecedentes.

1) El gobierno federal escondió el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que señala que 70 por ciento del poblado debe ser preservado.
2) Prohibió la entrada de autoridades judiciales a verificar peritajes.
3) Continuó con las obras pese a los amparos otorgados.
4) El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo buscaron desde hace años la interlocución con el gobierno federal y la Conagua sin ser nunca atendidos y más bien difamados y engañados, y ahora pretende imponerse por medio de expropiaciones y desalojos que se vaticinarían serían con lujo de violencia.
5) Presionó a los habitantes a firmar la venta de tierras.
6) No cuenta con el cambio de uso del suelo donde pretende construir las viviendas para el desalojo forzoso de la población (además de viviendas mal construidas)
7) No aceptó llevar a cabo una consulta que la población luego llevó a cabo y misma que fue desconocida por el gobierno federal.
8) No presentó un adecuado Estudio de Impacto Ambiental y tampoco cuentan con toda la documentación debida, la que nunca han querido mostrar públicamente.
9) Técnicamente la presa la Zapotillo está mal diseñada para cimentar la cortina, pero lo niegan como lo negaron en el caso de la presa Arcediano que, luego de derrumbar un puente histórico con promesas de reubicarlo y hoy desarmado y abandonado, confirmaron su inviabilidad geológica cuando se habían erogado millones de pesos en fraudulentos negocios. ¿Cómo creer que se reubicará una iglesia “piedra por piedra” si no hay un caso en el país y se encuentran monumentos históricos bajo el agua?
10) Engañó, presionó y amenazó a la población opositora.
11) Buscó mecanismos de división comunitaria.
12)  No ofreció alternativas de solución a la gestión del agua, pese a la evidencia de que las presas en el país, con la actual crisis climática, se encuentran secas o en otros momentos a punto de colapsar lo que ha llevado a su desfogue, pérdida de biodiversidad, de pueblos, de terrenos cultivados entre otros impactos sociales, ambientales y económicos.
13) Hizo caso omiso del peritaje psicosocial, y de los fallecimientos de personas por la presión de la construcción de la obra, pero sí le preocupa la indemnización a la empresa española que se beneficia con el contrato.
14) No dialogó en condiciones justas y dignas manteniendo órdenes de aprehensión contra opositores, promesas de retirarlas que nunca se hicieron efectivas.
15) Violó toda normatividad internacional técnica y de derechos humanos, así como un total incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

A lo largo y ancho del país y desde décadas atrás, el gobierno ha mostrado que los procesos de diálogo y negociación con la sociedad no los respetan ni cumple. No existen experiencias exitosas de indemnización, de reubicación, de promesas cumplidas, de respeto y escucha no sólo en la construcción de represas en el país, sino en otros megaproyectos. La sociedad ya no cree en este gobierno cooptado por los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales que en este caso beneficia a la empresa española FCC Construcciones. La imposición de las obras y megaproyectos con grandes e irreversibles impactos sociales y ambientales son sistemáticamente las acciones del gobierno federal.

Por todo lo anterior, el gobierno federal viola el Estado de Derecho, los derechos humanos y la normatividad internacional, y agrega al país un conflicto social más que se suma a la lista de imposiciones e impunidad por todo el territorio mexicano. Los cauces políticos y los mecanismos legales estatales y nacionales ya han sido agotados.

Hacemos responsables al gobierno federal, al Presidente Felipe Calderón, a Raúl Antonio Iglesias Benítez y a José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, por la seguridad e integridad de la población de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y los miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

El MAPDER hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos, la cancelación de la represa y la búsqueda de alternativas sustentables a la gestión del agua en los estados de Jalisco y Guanajuato. El MAPDER tiene en jaque otros megaproyectos del estado como son los intentos de construcción de la presa Itzantún en Chiapas, la presa Paso de Reina en Oaxaca, la presa La Parota en Guerrero, la presa Arcediano en Jalisco. Y la presa El Zapotillo que los pobladores están dispuestos a detener y hacer respetar sus derechos. Urgen alternativas sustentables que eviten agudizar el deterioro del medio ambiente, la crisis climática y la obstrucción de las cuencas, con respeto al Estado de Derecho, con cabal cumplimiento a los derechos humanos y a la normatividad internacional.

Más información: http://www.mapder.lunasexta.org/