ANÁLISIS

Chiapas: Amenazan de muerte a ejidatarios del municipio de Chicomuselo por defender sus tierras de las compañías mineras

Publicada el 05/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín informativo del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García» – Chicomuselo, Chiapas, a 14 de marzo 2017

Foto: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García»

A los distintos niveles de gobierno,

A las organizaciones de derechos humanos,

A las organizaciones ambientalistas en mexico y el mundo,

A los medios de comunicación,

A la opinion pública,

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo: «Me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera.» En ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladadoa la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Black Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, lo cual no ha sido cumplido hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas a las que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del Estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado, por lo que se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, y a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

– A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

– Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

– Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

Documento original:

Más información:

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Chicomuselo en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

Declaran a Chicomuselo territorio libre de minería

Minería: 5 empresas canadienses declaradas responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina por el TPP

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Video 1: Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra – Chicomuselo, Chiapas, Noviembre 2014

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Video 2: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia pide justicia y denuncia amenazas en su contra, Noviembre 2014

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El COPINH celebra 4 años de resistencia y lucha de la comunidad Río Blanco en defensa del río Gualcarque

Publicada el 04/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El 1ro de abril 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) celebró el cuarto aniversario de la lucha de la la comunidad Río Blanco por la defensa del río sagrado Gualcarque. Fue un día como este, en el 2013, que el pueblo lenca de esta comunidad ubicada en el municipio de Intibucá empezó a enfrentarse al proyecto hidroeléctrico letal e ilegal Agua Zarca impulsado por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

«Son 4 años de ardua lucha, constante, con amenazas de sobornos queriendo comprar nuestras conciencias con falsas promesas, intimidaciones y asesinatos de nuestras compañeras y compañeros por parte de la empresa DESA a quien el estado de Honduras le otorgó en concesión nuestro Río, sin consultarnos», escribió el COPINH en su página web. El proyecto ha venido imponiéndose en Río Blanco mediante la compra ilegal de tierras, la violación del derecho a la consulta del pueblo lenca, reconocido por el artículo 169 de la OIT que ratificó Honduras, y una represión extremadamente violenta que ha dejado a 5 miembros del COPINH asesinados, entre los cuales la coordinadora Berta Cáceres, acribillada por sicarios el 2 de marzo 2016 en su domicilio de La Esperanza, municipio vecino de Intibucá, donde se encuentra la sede del Consejo.

El pueblo de Río Blanco celebró el aniversario en la comunidad, gritando consignas tales como «¡Berta Vive Vive!, ¡La lucha Sigue!» y «¿De dónde vino el asesinato? ¡De DESA!». A un año del asesinato de la defensora lenca, el COPINH exige que los autores intelectuales del asesinato sean juzagados, apuntando directamente a los responsables de la empresa DESA. Un recien informe de OXFAM, Lands Right Now y Defensoras Madre Tierra abunda en ese sentido y denuncia: «Los hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres ponen en evidencia la necesidad de que el Ministerio Público de Honduras amplíe y profundice en la investigación de los supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca«.

«Pensaron que matando el cuerpo matarían el pensamiento y las ideas que nos compartio y enseñó», escribió el COPINH en su página. «Pero continuamos nuestro caminar por liberar este sagrado río de los intereses mesquinos de unos pocos empresarios que cada día quieren despojar nuestros territorios. Aquí, nadie se rinde!».

Durante la ceremonia, un integrante del COPINH destacó dos momentos históricos en el caminar de Río Blanco contra Agua Zarca. Primero, el momento llamado «ejercicio de control territorial»: los defensores del Gualcarque «hacían movilizaciones para pasar por los lugares donde se estaba construyendo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pasando incluso por las instalaciones donde los empleados de DESA dormían y tenían sus comedores, y también por el alojamiento de la empresa Sinohydro». Segundo, la salida de la empresa china Sinohydro, que inicialmente impulsaba la construcción de Agua Zarca junto con DESA, el 15 de julio 2013: «Eso es otro momento importante que da esperanza y un empuje muy fuerte a esta comunidad.»

«Como compañeros que estamos en el COPINH, tenemos que estar fuertes y firmes porque es el legado que la compañera Berta nos ha dejado», compartió una defensora de Río Blanco durante la ceremonia. «Tenemos que seguir adelante, no desmoralizarnos, sino darnos fuerza, porque estamos en una defensa de nuestro territorio y no la hemos terminado«, agregó.

El COPINH sigue en pie de lucha para defender al río Gualcarcarque de Agua Zarca y exige que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés FMO y el bando de desarrollo finlandés FINNFUND retiren definitivamente todo tipo de financiamiento a este proyecto hidroeléctrico ilegítimo.

Más información:

Escuchar los audios de la celebración realizados por el COPINH

Leer el texto del COPINH celebrando el 4º aniversario de la lucha de Río Blanco

Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

Publicada el 03/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Artículo de Silvia Ribeiro, investigadora de la organización ETC Group, publicado en La Jornada el 18 de marzo 2017, a propósito del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano

>> Descargar y Leer el informe completo de la relatora de Naciones unidas sobre el derecho a la alimentación

«¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?», preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas de su introducción, los agrotóxicos -llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad- han llegado a contaminar a la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos -vegetales y animales- o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.

Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.

Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas -terminar con el hambre aumentando la producción agrícola- nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, el uso de agrotóxicos aumentó además en forma exponencial en la última década.

Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos. «Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo». El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).

Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de unas pocas trasnacionales.

Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El 22 de marzo se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los «consulten», porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica. Pero los magistrados pospusieron la sentencia.

El 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848 por ciento en Argentina. Verzeñassi coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.

Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.

Más información:

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación A/HRC/34/48

Justicia se niega a suspender permiso a Monsanto en QRoo: abogado

Denuncian mayas violaciones al proceso de consulta en la Suprema Corte

Mapa interactivo: Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios

Publicada el 31/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El mapa «Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios» fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).

>> Consultar el mapa

Este trabajo de mapeo visibiliza por el momento solo 21 de los numerosos conflictos ambientales en los que las mujeres juegan un papel decisivo en la defensa del territorio. Se concentra exclusivamente en conflictos mineros por ahora, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. El objetivo es «visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres», explica la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales en su página web.

Cada conflicto está vizibilizado por un punto en el mapa, acompañado de un video y un texto de contextualización, de datos sobre el proyecto minero al origen del conflicto, así como de una descripción de sus impactos específicos sobre mujeres y de la manera en que ellas se organizan para resistir.

Por ejemplo, a propósito del proyecto de mina de cobre a cielo abierto «Mirador», de la empresa china ECSA EcuaCorriente S.A., en la Cordillera del Condor, Ecuador, que viola el derecho del pueblo Shuar a la consulta y a un medioambiente sano, se puede leer que las mujeres sufren de «criminalización en protestas contra la minería a gran escala y por resistirse a salir de las zonas que según la empresa le pertenecen». «Viven en permanente hostigamiento por mecanismos administrativos y judiciales (indagaciones, en varios casos con prisión preventiva, y procesos judiciales), y otras formas extrajudiciales (represiones violentas, amedrentamiento y agresiones físicas y psicológicas, así como mensajes y apelativos discriminatorios y estigmatizantes) por parte de funcionarios de la empresa y de las instituciones gubernamentales. Frente a esto y otras violaciones a sus derechos los moradores desconocen los principios judiciales y carecen de recursos económicos para contratar su defensa legal. Se acentúa la dependencia y violencia patriarcal especialmente patrimonial ya que los hombres adultos depende de un jornal y de actividades extractivas y las mujeres junto a niños y niñas trabajan de forma riesgosa y precaria en actividades de subsistencia. Con los desalojos violentos se sufrió violencia física, violencia psicológica tanto las mujeres como sus niños, impotencia, temor, angustia, desesperación al verse sin hogar sin tierra, atentando a su seguridad e integridad.»

«En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres», escribe la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales. «A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacificas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.»

>> Consultar el mapa

[PDF] Cartilla de Protección Integral para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Honduras

Publicada el 28/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta publicación de Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Honduras (PBI) – Marzo 2017

>> DESCARGAR LA CARTILLA EN PDF <<

Autoría y edición: Valdivia Moutawali, Maripaz Gallardo, y María José Urgel
Ilustraciones: Irene Cuesta
Diseño: Bricelda Contreras

Introducción

Esta cartilla de protección es el resultado de un interesante proceso que comienza con la ejecución del proyecto impulsado por PBI Honduras entre 2016 y parte de 2017 y financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales bajo el título «Aumentando las capacidades de protección y seguridad integral de personas, comunidades y organizaciones de defensores de derechos humanos – con enfoque de género – en Honduras».

Las actividades clave de este proyecto han sido una serie de capacitaciones en materia de seguridad y protección integral, que comprendieron diversas visitas de seguimiento para asegurar que los conocimientos se consolidaran. Desde el principio, nuestra intención fue extender los efectos de las capacitaciones y dotar de herramientas a los y las participantes para que el proyecto pudiera tener un efecto multiplicador y su impacto continuara una vez finalizado.

Para fortalecer las capacidades existentes en materia de protección integral, pusimos en común las experiencias de más de 200 personas defensoras de derechos humanos de unas 40 organizaciones, colectivos y comunidades e impulsamos metodologías novedosas que nos ayudaron a abordar los distintos componentes de la seguridad y protección integral, teniendo siempre en cuenta el enfoque de género y la particular situación y protección de las defensoras de derechos humanos.

A través de este proceso de compartir y aprender en colectivo, desarrollamos herramientas que nos ayudaron a identificar las medidas de protección más adecuadas a las situaciones de riesgo particulares de las personas que defienden derechos en Honduras. Los ejemplos, las historias compartidas, la creatividad y resistencia de hombres y valientes mujeres que, de manera frecuente, experimentan amenazas, hostigamiento y violencia, han sido el material de base para elaborar el contenido de esta publicación.

Queremos agradecer a las y los protagonistas de estas historias procedentes de diferentes regiones del país, que nos permitieron entrar en un pedacito de sus vidas y nos recibieron con gran confianza y hospitalidad, en un clima en el que los espacios de defensa de derechos humanos se han ido estrechando a pasos agigantados. El entusiasmo, la valentía, el compromiso y capacidad de trabajo común mostrada, son para el proyecto de Brigadas Internacionales de Paz en Honduras, fuentes de inspiración y aprendizaje.

También, nos gustaría agradecer a todas las organizaciones y personas expertas hondureñas que ayudaron en la facilitación de los talleres, y a las organizaciones internacionales en materia de protección, pues rescatamos algunas de sus herramientas en la materia y las contextualizamos, siendo este un valioso aporte en nuestro proceso metodológico. Queremos agradecer a Acceso, Front Line Defenders, UDEFEGUA, Protection International, Capacitar.Internacional.Inc y Tactical Tecnology Collective.

De forma especial, agradecemos al Fondo Canadá para Iniciativas Locales, que creyó en nuestra propuesta y financió el proyecto que nos permitió desarrollar este interesante proceso de capacitaciones y elaborar este documento. Esta publicación tampoco hubiera sido posible sin la aportación de Misereor.

Esperamos de todo corazón que esta cartilla contribuya a incrementar la protección integral de los y las defensoras para que puedan continuar con la importante actividad que desempeñan en el país.

>> DESCARGAR LA CARTILLA EN PDF <<

Más información:

Solidaridad con Miriam Miranda y sus compañeros de la OFRANEH agredidos por la policía en Honduras

AUDIOS – Memoria del conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina»

Colombia: el gobierno debe respetar la voluntad del pueblo de Cajamarca quien dijo NO a la minería

Publicada el 28/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El domingo 26 de marzo, se llevó una consulta popular en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia, amenazado por el proyecto de mina de oro a cielo abierto La Colosa, de la empresa AngloGold Ashanti. La pregunta fue: «¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». La respuesta fue NO al 97.92%. Pero el gobierno niega el carácter vinculante de la decisión del pueblo, reconicido por la Ley colombiana. Lo que sigue es el comunicado del Comité Ambiental en Defensa de la Vida en respuesta al Gobierno.

Ministro de Minas de Colombia desconoce la democracia y la ley

Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germán Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ningún derecho adquirido. Es importante recordar que en relación a los títulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) definió que el Estado puede limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión (entiéndase título minero), cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional. En este caso podemos afirmar que el derecho colectivo al ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y la autonomía de los territorios son superiores y prevalecen sobre las expectativas económicas de los mineros. En tal sentido, es falso afirmar que la tenencia de un título minero representa derechos adquiridos.

Al Ministro de Minas hay que recordarle que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia define que somos un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; que los municipios tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo y promover la defensa del patrimonio ecológico desde el principio de la autonomía territorial (ver artículos 287, 311 y 313).

El Ministro olvida intencionalmente que uno de los principios del Estado Social de Derecho colombiano es la participación ciudadana, la cual es reconocida como derecho fundamental. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana tenemos que la CONSULTA POPULAR se encuentra soportada constitucionalmente en los artículos 40, 103, 104, 105 p y por medio de ella se convoca al pueblo para decidir asuntos de competencia para la comunidad, cuya decisión es de obligatorio cumplimiento en los términos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1557 del 2015.

En relación al carácter vinculante de las Consultas Populares es importante referenciar los aportes que el Centro de Investigación Jurídica de Justicia plantea sobre el asunto: La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria[1]. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Consejo Municipal está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo[2]. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la Consulta Popular de Cajamarca tiene un soporte constitucional, legal y democrático que permite proteger el patrimonio ecológico del municipio, la vocación agroalimentaria, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra niñez y familias, la identidad campesina y el agua frente a la amenaza que representan los proyectos mineros contaminantes.

Pese a las posturas centralistas, autoritarias y unilaterales que esboza el Ministro de Minas que desconocen la Constitución Política Colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la autonomía de las entidades territoriales, la democracia y la voluntad popular, es claro que la decisión de los cajamarcunos debe ser asumida por las autoridades locales y no puede ser desconocida por el gobierno nacional. En conclusión, la AngloGold Ashanti debe salir de la despensa agrícola de Colombia y respetar la voluntad popular.

Gracias Cajamarca por ratificar que nuestros derechos

no se negocian y que nuestra dignidad no se vende

[1] Ley 134 de 1994. “Artículo 8º.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.”

Ley 1757 de 2015. “Artículo 41. Carácter de la decisión y requisitos. La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (…)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;”

[2] Ley 1757 de 2015. “Artículo 42. Consecuencias de la aprobación popular de un mecanismo de participación ciudadana que requiere votación. Los mecanismos de participación ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (…)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.

Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de dos meses.

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Más información:

VIDEO: Este pueblo colombiano le dijo no a la minería (CNN)

«La Anglogold debe irse de Cajamarca», dice líder del NO

AUDIO: El ministro de Minas afirma que hay un título que le permite a Anglo Gold Ashanti explorar

Revista de Prensa #12: Colombia dice NO a la minería

El Twitter de la Consulta Popular

¡Hoy, 27 de marzo, celebremos los 24 años del COPINH!

Publicada el 27/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Hoy, 27 de marzo, celebremos los 24 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cofundado en el 1993 por Berta Cáceres, asesinada y sembrada el 2 de marzo 2016.

Celebraciones en la sede del COPINH: El Centro de Encuentros y mistad UTOPÍA, en la Esperanza, Intibucá, Honduras. >> Streaming audio: https://stream.codigosur.org/guarajambala.mp3

>> Fotos en el Facebook del COPINH

Celebración en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: «Nos lo dijo el río» – Lectura de poesía en defensa de la tierra para celebrar los 24 años del COPINH – Librería La Cosecha (Calle Belisario Dominguez #3D) >> Evento Facebook

El Salvador: Celebran el Acuerdo Preliminar para la prohibición de la minería metálica en el país

Publicada el 24/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado del Movimiento de Victimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y por las Corporaciones (MOVIAC) – San Salvador, A 22 de marzo 2017

La tarde del martes 21 de marzo, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático aprobaron por unanimidad los 11 artículos que contiene la propuesta de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

Ante tan importante acontecimiento, el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), a la opinión pública manifiesta:

1. Celebramos esta transcendente decisión, considerando que por casi dos décadas hemos luchado por la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

2. Exhortamos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a finalizar, lo antes posible, el estudio del proyecto de ley de prohibición de la minería y a emitir el referido dictamen para su votación en plenaria.

3. Exigimos a los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos representados en el pleno legislativo votar por unanimidad a favor de esta importante ley.

4. Pedimos al Señor Presidente de la República que, una vez aprobada la referida ley, proceda a sancionarla de forma inmediata y de ser posible en un acto público.

5. Advertimos a la empresa minera Oceana Gold que estaremos vigilantes ante cualquier maniobra que pretenda bloquear la inminente aprobación de esta ley.

6. Hacemos un llamado a nuestras bases en todo el país a estar atentos para movilizarse en apoyo a la culminación de este proceso de lucha y así garantizar la prohibición definitiva de la minería metálica en el país.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

NO A LA MINERÍA

San Salvador, 22 de marzo de 2017

Más sobre el tema:

Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional a la Asamblea Legislativa

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Publicada el 23/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El defensor mexicano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, dio esta semana una entrevista a «Mar de Fueguitos», un programa que se emite en la radio comunitaria de Bilbao, País Vasco, en la que reflexionó sobre la organización de los movimientos en defensa de la vida y el territorio. El año pasado, el amigo de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres se encontraba con ella en La Esperanza, Intibucá, Honduras, preparando un foro sobre energías alternativas, cuando sicarios la asesinaron en su casa. A él también le dispararon pero sobrevivió. Luego recibió una alerta migratoria impidiéndole salir de Honduras por 30 días, por lo que interpuso denuncias contra el Estado hondureño ante la justicia de ese país y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En enero del presente año, recibió el premio «Justicia Visionaria» de la organización estadounidense Other Worlds por su trabajo a favor de un cambio de sistema en Chiapas y el mundo.

Escuchar y Descargar la entrevista a Gustavo Castro (25’12)

Escuchar y Descargar todo el programa de esta semana: «Defensoras de la vida y la tierra contra el despojo» (58’20)

Fragmentos:

Mar de Fueguitos: Hace un par de meses, denunciaste al gobierno de Honduras por haber sido retenido después del asesinato de Berta. Al día de hoy, siguen personas detenidas por el asesinato de Berta (algun ex militar, algún empleado de la empresa contra la que luchaba Berta y sus compañeras). ¿Se sabe al día de hoy quienes la asesinaron y dónde están sus asesinos?

Gustavo Castro: Sí, en enero fue cuando anuncié mi demanda contra el gobierno de Honduras ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también otra demanda contra la juez de Intibucá por violaciones a derechos humanos. En ese contexto fue cuando el gobierno mexicano logró capturar al séptimo implicado, quien aceptó haber participado en el asesinato. Pero siguió la investigación y en febrero capturaron al octavo implicado. Entre ellos, el primero es el ex gerente de la empresa DESA que impulsaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras. Supuestamente, él contrató a un militar, este militar a un ex militar y este ex militar a un grupo de sicarios. En esta trama, ya van 8 imputados encarcelados. Estamos en ese proceso todavía de presionar para que la investigación sea transparente y abierta, lo que el gobierno hondureño no quiere. Permanece la secretividad sobre el mismo expediente. Obviamente hay tantas irregularidades, inconstitucionalidad e ilegalidades en todo el proceso, que no quieren abrir el expediente. Incluso, yo digo que se lo auto-robaron cuando asaltaron a la magistrada en octubre pasado y le robaron el expediente. Obviamente, la familia de Berta, el COPINH y yo estamos pidiendo que se rompa esa secretividad, que la investigación sea transparente y abierta para poder apoyar el proceso de investigación.

Mar de Fueguitos: Muchas compañeras de Berta siguen luchando en defensa de los derechos humanos. Berta tenía un premio internacional y la protección de la CIDH. ¿Qué más se puede hacer para que los que trabajan en defensa de los derechos humanos contra multinacionales no pierdan la vida?

Gustavo Castro: Es una excelente pregunta que nos hacemos todos y todas. Me parece que hay que cambiar la estrategia de resistencia, sobre todo ahora que ya lo que antes era un derecho humano, como la manifestación pacifica, ahora es un crimen. Los gobiernos modificaron la legislación para evitar o inhibir la protesta social y pacífica, el reclamo a los derechos humanos, al agua, a la vivienda, a la vida, a la salud, etc. No podemos seguir haciendo las mismas acciones cuando ya se nos ha criminalizado de esta manera. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de resistir. Tenemos que generar otras maneras de construir procesos colectivos comunitarios. Tenemos que cuidarnos más, protegernos más. También la solidaridad y la presión pública y mediática tienen que jugar un papel importante para que los gobiernos no mantengan en la impunidad tanta violencia, sobre todo cuando, en el marco de tratados de libre comercio, están abiertas las puertas para entregar todos los bienes comunes naturales y culturales al capital, al negocio, a las empresas. Eso se convierte en una disputa por el territorio, por los bienes comunes, por ponerles precio, por ponerles negocio, por ponerles dueño. Y en ese territorio pues hay gente. De allí la criminalización que estamos viendo cada vez mayor. Creo que una conciencia de este proceso también nos ayudaría a modificar esas estrategias. Y también a construir procesos sociales y colectivos de otra manera.

Mar de Fueguitos: Hablando de estas otras maneras, tu llevas décadas trabajando con organizaciones sociales intentado crear redes, conectar, movilizar a gente. ¿Cuál es el secreto para conseguir tejer esas redes y que esas redes al final tengan la suficiente fuerza para poder cambiar las cosas?

Gustavo Castro: Cuando lo hacemos juntos y juntas y no nos dejamos solos. En ese sentido, cuando convocamos a la creación de la Red latinoamericana contra las represas (REDLAR) en donde generamos alianzas y redes de solidaridad y también de cercanía, nos identificamos con la misma problemática y sobre todo, no nos dejamos solos, y nos apoyamos mutuamente. Después, en la medida que nos fuimos encontrando con otras problemáticas, conformamos de la Red latinoamericana contra monocultivos de arboles (RECOMA), contra la afectación socio ambiental de las plantaciones de palma de aceite y de monocultivos que nos están afectando a todos. También la red regional contra la minería: el Movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero (M4). Al final las problemáticas son las mismas porque son los mismos proyectos, las mismas políticas y las mismas empresas. En esa identificación común de problemáticas y la búsqueda de alternativas, nos vamos encontrando. Por eso nos dicen tanto en la región: «Ustedes se reúnen a cada rato». Pues tienen razón. Nos encontramos para luchar, compartir experiencias, apoyarnos. Un reto importante es que la resistencia sea acompañarnos en la alegría de buscar alternativas en medio de la situación tan difícil.

Mar de Fueguitos: Me imagino que las amenazas y el miedo a perder la vida es uno de los problemas que dificulta el hecho de que estas redes sigan trabajando. ¿Cuales son las mayores dificultades que tienen esas redes?

Gustavo Castro: La criminalización y el miedo que tenemos que vencer. Como bien decía Bertita: «Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo.» Nos estamos enfrentando a muchas inversiones, a grandes corporaciones, con muchos intereses. De por medio están millones de euros, intereses de todo tipo, de sectores económicos, petroleros, electricos, agroindustriales. Creo que es una de las principales dificultades que tenemos: ¿Cómo vencemos ese miedo y como hacemos para cuidarnos y protegernos de manera colectiva y conjunta? A final de cuentas, la vinculación entre las comunidades, entre las organizaciones y los pueblos se va fortaleciendo en la medida que vamos viendo éxitos, avances. Se han logrado muchos porque el movimiento ha detenido plantaciones, pese a la gran violencia, se han detenido proyectos petroleros, de gas, mineros, represas. A veces con costos muy altos lamentablemente. Tenemos que buscar la manera en qué esos costos sean los menos posible. El año pasado, en México, festejamos en un encuentro muy bonito los territorios libres de megaproyectos, de represas, de minería, de transgénicos, todos aquellos que a la gente le afecta de manera inmediata (Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo en Miacatlán, Morelos, julio 2016). Nosotros calculamos que, en México, logramos que más de 2000 comunidades se han decretadas libres de minería. No con saldos muy fáciles, por cierto, sino con saldos muy dificiles, de represión y demás. Pero eso genera esperanza y alegría al ver que sí se puede. Podemos seguir resistiendo pero sobre todo la pregunta es: ¿Qué alternativas buscamos en la región? Y eso es precisamente lo que íbamos a hacer con Bertita y el COPINH allá en Honduras hace justo un año.

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Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

Publicada el 22/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Hoy, 22 de marzo, Día Internacional del Agua, publicamos el informe «Estado del Agua en América Latina y el Caribe» realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

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Para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) el agua es un bien común, fundamental para la vida en todas sus expresiones, la reconoce como un elemento ordenador de los diversos territorios, y la considera un eje articulador de las diversas luchas por la justicia social y ambiental.

Desde hace varios años, las organizaciones de ATALC han trabajado por la defensa del agua como bien común, reconociendo que los pueblos deben controlar sus territorios, y reafirmando los derechos a la tierra y al agua. De esta forma, han expresado una vehemente oposición a todas las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua, que implica la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. De aquí que ATALC haya resistido a modelos impuestos por el capital corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno y tratados de libre comercio, que a través de asociaciones e inversiones promueven el acaparamiento de las aguas.

América Latina y el Caribe aloja una serie de países diversos, tanto en sus características geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que implica una estructura diferente de disponibilidad y manejo del líquido vital. La conflictividad por el agua en la región ha tenido un crecimiento sin precedentes durante los últimos años, hasta llegar a niveles de complejidad que generan diversos impactos en el ámbito político, en las economías de los países, y en la forma como se concibe lo social. Los conflictos por el agua en la región expresan la crisis de un sistema económico y político que paralelo a una crisis ambiental, climática y alimentaria, observan en la naturaleza, específicamente en el agua, una frontera para la creación de nuevos mercados en su insaciable búsqueda de acumulación. Con el avance de el modelo neoliberal, que en la actualidad se manifiesta con el desarrollo y emplazamiento de emprendimientos, en especial con la promoción de actividades extractivas y de gran envergadura, se implica el uso intensivo de los dones naturales – el agua en particular -, y se impacta sobre las condiciones de vida de las poblaciones y el ambiente.

El presente documento es un esfuerzo conjunto por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para reflexionar y sistematizar los diferentes conflictos de agua que durante los últimos años padece la región. Presenta reflexiones sobre el papel del capital corporativo en la privatización de las aguas con la construcción de grandes infraestructuras y los impactos de actividades extractivas e industriales, además de modelos de desarrollo que acaparan las aguas de las comunidades locales, cuyo sustento depende de estos territorios y bienes comunes. En contraste, también se resalta horizontes y/o aspiraciones políticas y sociales de sectores defensores de la naturaleza que han promovido y generado alternativas, alianzas y renovadas posibilidades sustentables en su relación con las aguas en la región.

En este informe entregamos una serie de documentos para contribuir a una mirada amplia sobre la situación del agua en su relación con los conflictos ambientales en la región, y busca presentar propuestas desde los territorios para la construcción de sociedades sustentables. Esperamos que su lectura y comprensión fortalezca la construcción conjunta de conocimiento para la resistencia y la implementación de alternativas de los pueblos en su relación social, cultural, ancestral e histórica con las aguas.

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Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

Publicada el 20/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El libro «Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México» fue coordinado por los investigadores José Luís Martínez Ruíz, Daniel Murillo Licea y Luisa Paré, y por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Su publicación tiene como antecedente el seminario coordinado por los tres investigadores, denominado: «Conflictos por el agua y alternativas de gestión en los territorios de los pueblos indígenas de México», el cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

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Nuestro territorio nacional alberga una megadiversidad biológica derivada de una heterogeneidad de su medio físico, una contrastante topografía y una amplia gama climática que determina una fisiografía compleja, que influye en la situación y disponibilidad de los recursos hídricos. A ello hay que agregar los contrastes regionales de desarrollo y las desigualdades socio-económicas que privan en México.

En ese contexto heterogéneo y contrastante debe tomarse en cuenta también la diversidad etnolingüística, organizativa y cultural del país. En México se consideran como indígenas —ya sea por hablar una lengua indígena o por identificarse como integrante de un pueblo o una cultura indígena— alrededor de 15.7 millones de personas (Inegi, 2010).

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha dividido el territorio nacional en 25 regiones indígenas, a saber: Altos de Chiapas; Chimalapas; Chinanteca; Chontal de Tabasco; Costa y Sierra Sur de Oaxaca; Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica; Frontera Sur; Huasteca; Huichol o Gran Nayar; Istmo; Maya; Mayo-Yaqui; Mazahua-Otomí; Mixe; Mixteca; Montaña de Guerrero; Norte de Chiapas; Otomi Hidalgo-Querétaro; Purépecha; Selva Lacandona; Sierra de Juárez; Sierra Norte de Puebla y Totonacapan; Tarahumara; Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz, y Valles Centrales. De los 2,456 municipios, 624 son considerados indígenas y de las 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus habitantes son identificados como indígenas. En ese sentido, México no solamente es uno de los diez países con mayor biodiversidad, también es notable por su pluriculturalidad y diversidad etnolingüística derivadas de la persistencia de los herederos y descendientes de los pueblos originarios del México prehispánico.

Una parte importante de las localidades indígenas se encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas, correspondientes a áreas forestales, con una función hidrológica esencial para la recarga de los acuíferos y abasto de agua para las ciudades y zonas de riego.

Originados por múltiples y distintas causas, en las regiones indígenas se han reportado tanto en el pasado como en el presente numerosos conflictos por el agua. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos desarrollado por el IMTA en 2015, en las cuencas donde se asientan los pueblos indígenas se han registrado más de 80 tipos de conflictos por el agua. En esa medida creo que es necesario reflexionar a fondo sobre la etiología de estas confrontaciones por los recursos hídricos. Reconocer las verdaderas causas de tales disputas posibilita proponer alternativas que sean viables en lo social, en lo ambiental y que también sean sostenibles para el desarrollo económico, incluido el etnodesarrollo. En el contexto de este panorama los coordinadores de este libro convocamos a un grupo de investigadores, representantes de organizaciones civiles y de comunidades y pueblos indígenas, a que nos presentaran sus análisis y reflexiones en torno a los conflictos y alternativas de gestión en los territorios indígenas de México.

Como resultado se tiene el presente libro que consta de diez capítulos y seis recuadros. No obstante el énfasis y las particularidades de los casos o experiencias en torno a la gestión de los recursos hídricos que cada autor o autores expone, se puede observar al hacer la lectura completa del libro que ciertos ejes temáticos o problemáticas confluyen y se entrelazan, a saber: el impacto socio-ambiental en los ecosistemas y poblaciones indígenas en las cuencas donde se proyectan y construyen las obras hidráulicas, en especial las megaobras; el cuestionamiento al modelo económico neoliberal marcado por impulsar actividades productivas que depredan el medio ambiente y afectan las condiciones materiales de vida de las comunidades; el surgimiento de movimientos sociales de resistencia y defensa del agua y del territorio; propuestas de manejo de los recursos hídricos desde lo local, a partir de concebir a la cuenca como parte de una unidad territorial y en el que los elementos culturales, como la cosmovisión y los saberes locales alimentados por un patrimonio cognitivo ancestral, son parte de la concepción del territorio; la prevención y gestión de los conflictos bajo enfoques de participación social que promueven la cogestión del territorio y sus cuencas entre los diversos actores sociales y, por último, considerar a los pueblos indios como sujetos sociales a la hora de aplicar políticas públicas en el sector agua.

En esa trama de ejes es que surgen los siguientes cuestionamientos claves en torno a la problemática del sector agua y que pienso, están implícitos en las diferentes exposiciones que componen este libro: ¿Por qué el aumento de conflictos por el agua y su agravamiento en los territorios indígenas en México? ¿Hay alternativas viables articuladas en lo social, en lo económico y lo ambiental? ¿El modelo vigente de gestión y administración de los recursos hídricos promovido por el Estado y por organismos financieros, empresariales y diversas instancias internacionales del sector agua, requiere de un viraje de 180 grados en su relación con los pueblos indios y con el manejo de los recursos hídricos? ¿Qué hacer entonces para prevenir y resolver los conflictos sociohídricos? ¿El marco legal actual del agua da certidumbre y seguridad para administrar y gestionar los recursos hídricos para el bienestar y progreso del país sin inequidades sociales, riesgos ambientales y rupturas del tejido social? Y si no, su modificación o reforma ¿hacia dónde debe apuntar para evitar el ecocidio y, por así decirlo, la muerte de las «esencias de vida» que sostienen a las comunidades indígenas y campesinas?

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[REVISTA EN PDF] Impunidad y graves violaciones a derechos humanos en México

Publicada el 18/03/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el número 21 de la revista Aportes DPLF, la revista de la Fundación para el Debido Proceso – Enero 2017

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Editorial (Por Katya Salazar, Directora Ejecutiva)

Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.

En este contexto, la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.

En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la CIDH por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano luego de la desaparición de los estudiantes, no solo respecto de su localización, sino respecto del agotamiento de las líneas de investigación así como la atención y reparación a las víctimas.

El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado-CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso —plasmados en dos informes— fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo con la finalidad de mejorarlo.

Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, los mismos que deben ser debidamente investigados y juzgados.

Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.

El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con la finalidad de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, dedicamos esta edición de AportesDPLF a la situación actual de derechos humanos en México.

La primera sección de este número examina las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México. Sobre este tema, Claudia Paz y Paz —ex Fiscal General de Guatemala— nos explica cómo el caso Ayotzinapa exhibió las principales deficiencias del sistema de investigación criminal mexicano y en base a su experiencia como integrante del GIEI, propone una serie de recomendaciones sobre cómo mejorarlo. En esa misma línea, Ariel Duliztky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre despariciones forzadas o involutarias, plantea veinte puntos para la creación de una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición forzada en México. Por su parte, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, comparte sus principales conclusiones después de la misión que realizó a México en su rol como relator. Concluye esta sección Erick Witte de OSJI, haciendo un análisis en profundidad de por qué ciertos crímenes que se cometen actualmente en México podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

La reforma del sistema de justicia penal mexicano es abordada en la segunda sección de esta edición. Al respecto, Miguel Sarre llama la atención sobre la falsa dicotomía entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, mientras que Iván de la Garza nos plantea los retos que persisten en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, en vigor en todo el territorio mexicano desde junio de 2016. Por último, Carlos Ríos examina el rol que tienen las medidas cautelares en el nuevo sistema acusatorio y cómo el enraizamiento cultural de los valores del sistema inquisitivo, impedirían la correcta implementación de la prisión preventiva.

En la tercera sección se incluyen algunas reflexiones sobre reformas institucionales fundamentales que se vienen llevando a cabo en México. Úrsula Indacochea de DPLF nos habla del alto grado de intervención de los órganos políticos, en la selección de altas autoridades del sistema en México, y de la ausencia de contrapesos efectivos. Por su parte, Oscar Arredondo nos describe el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los desafíos que se han presentado desde la reforma constitucional y los pasos pendientes para alcanzar su correcta implementación. Aroa de la Fuente, aborda el tema de la reforma energética en México y nos describe la situación actual, tres años después de su aprobación.

La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población mexicana es analizada en la cuarta sección de esta revista. Leopoldo Maldonado de Artículo 19 muestra la realidad que afronta el periodismo mexicano y cómo la guerra contra el narcotráfico ha impactado el ejercicio de la libertad de expresión de distintas formas. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aborda la situación que viven los familiares de migrantes desaparecidos y nos explica cómo la organización de estas familias ha promovido la creación de un mecanismo transnacional que les permita acceder a la justicia.

Para concluir con esta edición, la quinta sección titulada «Desde los Estados muestra la situación que se vive en el interior del país. La hermana Consuelo Morales y Ana Claudia Martínez, nos describen la situación actual en Nuevo León, resaltando el papel de la opinión pública en una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal en ese estado.

En Chihuahua, Lucha Castro nos cuenta cómo ante la crisis de seguridad desencadenada por la guerra contra el narcotráfico la sociedad civil y el gobierno del estado se han aliado para combatir la impunidad y la corrupción. Desde Coahuila, Michael Chamberlin nos explica cómo la unión de familiares de personas desaparecidas generó un impacto tal que llevó a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por sociedad civil, Naciones Unidas y autoridades estatales, a través del cual se han promovido reformas estatales en materia de desaparición forzada. Desde Jalisco, César Pérez detalla cómo la práctica de la tortura continúa impune en el estado a pesar de reformas estatales para la penalización de este delito. Por último, David Lovatón expone cómo Yucatán, a pesar de no ser un estado que enfrenta situaciones graves de derechos humanos como ocurre en el resto del país, también enfrenta problemas serios, muchos de ellos relacionados con la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas Mayas.

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