ACCIÓN URGENTE en solidaridad con Acción Ecológica y el Pueblo Shuar en Ecuador

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#SosAcciónEcológica. El gobierno de Ecuador continúa criminalizando la lucha del pueblo Shuar contra la minería. Ahora, además, arremete contra la organización Acción Ecológica quien, con 30 años de trabajo en la defensa territorial y por los derechos humanos, apoya esta causa. Nos sumamos a las acciones de repudio y solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos. Tu también puedes sumarte firmando esta acción urgente.

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Al gobierno ecuatoriano: contra la doble cacería extractivista

21 de diciembre de 2016,

Al Presidente de Ecuador,
Dr Rafael Correa,

Por la presente, queríamos hacerle llegar nuestra preocupación frente el avance de la megaminería en territorio shuar, donde fue desalojada la comunidad de Nanknits en agosto de 2016, en Morona Santiago, para dar paso a la construcción de un campamento minero, por parte de la empresa china Explorcobres S.A. Es sabido que este proyecto minero avanza sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas y que las comunidades shuar han interpuesto diferentes recursos legales, sin ser escuchadas por su gobierno.

En los últimos días, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto con la transnacional minera han escalado de tal manera que ya hay un muerto y varios heridos. En el enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre, usted descalificó a los indígenas afirmando que: “se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales…” Asimismo, el discurso de criminalización se vio acompañado por el decreto de Estado de Excepción y la militarización inmediata de los territorios shuar, para lo cual su gobierno lanzó una verdadera cacería contra dirigentes y miembros de las comunidades, en una clara ilustración de violencia extractivista.

 

En ese marco de violación de derechos humanos, el gobierno acaba de lanzar también una segunda cacería, arremetiendo contra la ONG Acción Ecológica, conocida a nivel nacional e internacional por su defensa de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, a la cual amenaza con cerrar y disolver, por presiones de la transnacional china y debido a su apoyo al pueblo shuar.

Los abajo firmantes, intelectuales, activistas y personas que creemos en la autodeterminación de los pueblos, repudiamos la violencia extractivista del gobierno ecuatoriano y nos solidarizamos con la lucha del pueblo shuar y con la defensa de derechos humanos realizada por Acción ecológica, exigiendo el inmediato cese de esta doble cacería.

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Imagen: Acción Ecológica

Más información:

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe se solidariza con Acción Ecológica

– Comunicado de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Rueda de prensa de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Comunicado de Acción Ecológica pidiendo paz y verdad para los Shuar de la Cordillera del Cóndor a 18 de diciembre

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe se solidariza con Acción Ecológica

Declaración de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC-* en solidaridad con la organización ecuatoriana Acción Ecológica a quien el ministerio del Ambiente de Ecuador le notificó su cierre el 20 de diciembre por «desviarse de los fines y objetivos por los cuales» fue constituida. La solicitud de su extinción y disolución fue enviada por el ministerio del Interior el 19 de diciembre por haber «manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplido por la comunidad shuar» – quien sufre represión y militarización en su territorio amenazado por la minería – y denunciado «los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarian de la actividad extractivista».

En solidaridad con Acción Ecológica

A 21 de diciembre del 2016,

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- manifiesta su profunda preocupación por las noticias recibidas en las últimas horas desde el hermano país del Ecuador, en las que se señala la solicitud de procedimiento administrativo para la extinción y disolución (cierre) de la Organización Social Corporación Acción Ecológica, por parte del viceministro de seguridad interna Dr. Diego Torres Saldaña.

A través de la presente comunicación, ATALC quiere manifestar su solidaridad con Acción Ecológica, a la que considera una de las organizaciones que históricamente han luchado en nuestra América por la defensa de los derechos de la naturaleza, buscando la garantía de un ambiente sano y en pos del buen vivir y el respeto integral entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza.

 

Como organización ambientalista de la región de América Latina y el Caribe hacemos un llamado a las organizaciones ecologistas y que trabajan por la justicia social y ambiental en diferentes lugares del mundo para acompañar a la organización ecuatoriana en este difícil momento.

Al gobierno del Ecuador solicitamos respetuosamente se entreguen todas las garantías para que a través del diálogo democrático se pueda llegar a la resolución adecuada de la situación que hoy se presenta con Acción Ecológica.

Descargar la declaración en español o en inglés en formato pdf.

Imagen: Acción Ecológica

Más información:

– Comunicado de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Rueda de prensa de Acción Ecológica a 20 de diciembre

– Comunicado de Acción Ecológica pidiendo paz y verdad para los Shuar de la Cordillera del Cóndor a 18 de diciembre

– Petición colectiva en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints a 19 de diciembre

Documentos oficiales de clausura de Acción Ecológica:

– Notificación de cierre (Ministerio del Ambiente).pdf

Solicitud de extinción (Ministerio del Interior).pdf

Informe jurídico (Ministerio del Ambiente).pdf

*ATALC reúne a 13 organizaciones miembros de la Federación Amigos de la Tierra Internacional -ATI- en América Latina y el Caribe, incluyende a Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México.

El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México

Presentación

fas-ctdh-derecho-participacion-consultaLa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución co­mo en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promo­ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.

 

La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, co­mo lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es una encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor compren­sión a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que merecen nuestra atención. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas, desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispen­sable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.

La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional.

Entre los temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones incorporadas en 2011, temáticas que han sido objeto de otras Colecciones de esta Comisión Nacional. Por otro lado, se pueden identificar algunos estudios que versan sobre tópicos cuyo debate nacional sigue vigente, generándose normatividad al respecto, como las reformas en materia penal, la presun­ción de inocencia, la prohibición de tortura y de desa­parición forzada de personas y los derechos de las víctimas de los delitos.

La presente serie se integra con los siguientes títulos:
1) Origen, evolución y positivización de los derechos hu­manos; 2) Aproximaciones teóricas al debate contemporá­neo de los derechos humanos; 3) La evolución histórica delos derechos humanos en México; 4) Los pueblos indíge­nas de México y sus derechos: una breve mirada; 5) Dere­cho Internacional Humanitario; 6) Estado de Derecho y Principio de Legalidad; 7) La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México; 8) Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 9) La desaparición forzada de personas; 10) La prevención y la sanción de la tortura; 11) Los derechos humanos de las víctimas de los delitos; 12) Aspectos cultu­rales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos; 13) Libertad de ex­presión y acceso a la información; 14) Presunción de inocencia; 15) Algunas resoluciones relevantes del Poder Judi­cial en materia de derechos humanos; 16) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acción de incons­titucionalidad de ley; 17) Grupos en situación de vulnera­bilidad; 18) Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 19) Dere­chos humanos de los pueblos indígenas: el debate colo­nial y las Leyes de Indias de 1681; 20) Agua y derechos humanos; 21) Cultura de la legalidad y derechos huma­nos; 22) De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos; 23) Diálogo jurisprudencial y protec­ción de los derechos humanos; 24) El derecho a la partici­pación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México; 25) El derecho humano al voto; 26) La identificación y la trata de personas, un par de problemas que enfrentan las
personas que migran; 27) La justiciabilidad del derecho al agua en México; 28) La personalidad jurídica en la desapa­rición forzada; 29) La trata de personas como violación a los derechos humanos: el caso mexicano; 30) Migració en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio mexi­cano; 31) Multiculturalidad, ciudadanía y derechos huma­nos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena; 32) Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México; 33) Proteccionismo, dere­chos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida; 34) Una mirada a los derechos de las niñas y los niños: su resignificación, y 35) Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de investigación.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los autores —a quienes agradecemos que compartan su experiencia y visión de los temas— pretende contribuir a impulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las personas, así como a fortalecer su cumplimiento.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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Ecuador – Petición en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints en lucha contra la minería

Compartimos esta petición firmada por 46 organizaciones entre las cuales Otros Mundos AC. El pueblo Shuar de la comunidad de Nankints en la provincia de Morona Santiago en la Cordillera del Cóndor, Ecuador, está siendo reprimido por defender su territorio ante proyectos mineros.

Urge la desmilitarización de la comunidad Shuar de Nankints y la derogación del Estado de Excepción en Morona Santiago.

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón – Defensoría del Pueblo de Ecuador – pbenalcazar@dpe.gob.ec, comunicacion@dpe.gob.ec

Javier Felipe Córdova Unda
– Ministro de Minería – javier.cordova@mineria.gob.ec

Abg. Cristina Silva Cadmen
– Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) – cristina_silva@arcom.gob.ec  

Dra. Inés Arroyo
– Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria – iarroyoz@magap.gob.ec

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
– Fiscalía General del Estado – serranoam@fiscalia.gob.ec

 

A 19 de diciembre del 2016

 

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

 

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firman:

1.Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
2.Amazon Watch, Estados Unidos
3.Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá
4.Bios Iguana, México
5.CATAPA, Bélgica
6.Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
7.CEIBA, Guatemala
8.Censat Agua Viva, Colombia
9.Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canadá
10.Colectivo CASA, Bolivia
11.Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá
12.Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
13.Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canadá
14.Cooperacción, Perú
15.Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
16.Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canadá
17.Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
18.Earth Law Center, Estados Unidos
19.Environmental Defender Law Center (EDLC), Estados Unidos
20.The Esperanza Project, Estados Unidos
21.Friends of the Earth – Canadá
22.Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
23.The Gaia Foundation, Reino Unido
24.GRUFIDES, Perú
25.Intercontinental Cry, Canadá
26.Justiça nos Trilhos, Brasil
27.Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
28.KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives  
29.Kalikasan Peoples Network for the Environment, Filipinas
30.Kanaka, Ecuador
31.Listen To The Amazon, Reino Unido
32.McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canadá
33.Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canadá
34.Mining Justice Action Committee – Victoria, Canadá
35.Mining Justice Alliance – Vancouver, Canadá
36.MiningWatch Canada
37.Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
38.Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
39.Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
40.Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
41.Otros Mundos Chiapas, México
42.Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
43.Red Muqui, Perú
44.Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
45.Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canadá
46.United for Mining Justice, Canadá

Mapa del Colectivo Geografía Crítica

Más información:

– Sobre lo ocurrido en Morona-Santiago: Necesitamos un baño de paz y verdad con la naturaleza (Acción Ecológica)

– Declaración conjunta de Conaie y Confeniae ante los últimos sucesos en Nankints, Morona Santiago

– Mapa de grandes proyectos mineros en la cordillera del cóndor (Colectivo Geografía Crítica)

Informe mundial sobre ciencias sociales. Cambios ambientales globales

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CLACSO. UNESCO. ISSC.
París.
Noviembre de 2016

Hay que dejar de ver los temas ambientales como asuntos periféricos o como cuestiones que ejercen un impacto externo en las sociedades; por el contrario, el cambio ambiental está interrelacionado con otras muchas crisis, riesgos y vulnerabilidades a las que se enfrentan las sociedades de hoy. Estas han comprenderse conjuntamente para poder abordarlas en conjunto. Las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible son una sola y misma agenda. El agua, los bosques, las ciudades, la agricultura, el transporte, la vivienda, la energía; en cada uno de estos procesos de la sociedad contemporánea los aspectos ambientales están entrelazados con los valores, creencias y comportamientos del ser humano. Damos forma a nuestro medio ambiente como él nos da forma a nosotros.

Heide Hackmann, Susanne Moser, Françoise Caillods, Karen O’Brien … [et al.]

 

La agroecología como alternativa a los plaguicidas altamente peligrosos

Artículo de Fernando Bejarano González* en La Jornada del Campo del 17 de diciembre 2016 (Leer el número completo aquí)

Apoyar la investigación y el desarrollo de alternativas agroecológicas para el control de insectos, de plantas no deseadas –mal llamadas malezas– y de enfermedades en la agricultura para eliminar el uso de plaguicidas químicos, especialmente de los plaguicidas altamente peligrosos, es una demanda de organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, no gubernamentales de defensa de la salud ambiental y de los consumidores a escala mundial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido los criterios técnicos para identificar a los plaguicidas altamente peligrosos. En términos generales este término se refiere a los plaguicidas que pueden causar la muerte o efectos a la salud a corto plazo por su alta toxicidad aguda, o también provocar efectos crónicos irreversibles a largo plazo (cáncer, malformaciones, daños reproductivos). O, también, que están incluidos en convenios ambientales internacionales (Protocolo de Montreal, de Estocolmo o de Rotterdam) o que pueden causar un daño a la salud y el ambiente por las condiciones en las que se usan. A estos criterios, la Red Internacional de Plaguicidas o PAN Internacional –por sus siglas en inglés– propone que se añadan otros, como son el potencial para causar la muerte de las abejas, o que alteren la acción normal de las hormonas, entre otros.

PAN internacional ha elaborado una lista de 296 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con una o más de dichas propiedades, según clasificaciones de organismos nacionales o internacionales reconocidos (ver la lista en www.rapam.org). De esa lista, 183 plaguicidas altamente peligrosos están autorizados en México por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), e incluidos en el Catálogo de Plaguicidas de 2016 de la Cofepris, en más de dos mil formulaciones distintas, tanto para uso agrícola, como para uso industrial, doméstico e incluso algunos para el control de mosquitos vectores transmisores de enfermedades. De igual manera, dentro de los  plaguicidas altamente peligrosos están autorizados 44 ingredientes activos de plaguicidas que son probables causantes de cáncer en seres humano, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y 83 de ellos tienen una toxicidad alta para las abejas que puede provocar su muerte. Estos son datos preliminares de un informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México que desde la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM) daremos a conocer próximamente en colaboración con investigadores de diversas universidades del país.

Como ha señalado Baskut Tuncak, actual Relator Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, el uso de plaguicidas químicos puede vulnerar el derecho a la vida, a la salud, a una alimentación sana y adecuada y a un medio ambiente sustentable, además de afectar de manera particular los derechos de la niñez (ver los informes de Baskut Tuncak en http://www.srtoxics.org).

Es en este contexto que la discusión sobre las alternativas agroecológicas al uso de los plaguicidas químicos y en particular de los plaguicidas altamente peligrosos se hace necesaria e indispensable para alcanzar el mayor nivel de protección a los derechos humanos vulnerados por el uso de estos agrotóxicos. Hay que recordar que esto adquiere un significado especial en México debido a la reforma del artículo primero de la Constitución Política, que indica que «todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad» (Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011), obligación que está lejos de cumplirse.

Al estudiar el problema del surgimiento y control de plagas, de plantas no deseadas y enfermedades, la agroecología busca entender el rol de la biodiversidad en un agroecosistema, sus componentes y funciones para desarrollar estrategias de diversificación del hábitat. Por ejemplo, busca incrementar la diversidad de los insectos benéficos –predadores y parasitoides– que actúan como enemigos naturales de los insectos que se han convertido en plaga para bajar la densidad de su población. Para ello recurren al fomento de policultivos, rotaciones de cultivo, cultivos de cobertura o franjas de cultivo. Además del uso de trampas, plantas repelentes o insecticidas y fortalecer la fertilidad biológica del suelo.

Es necesario que en México se abra un debate público sobre las consecuencias de la política neoliberal en materia de regulación de los plaguicidas, la cual ha conducido a otorgar permisos a un alto número de plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la protección de los derechos humanos y sus garantías. Es necesario un cambio en las políticas públicas para que se fomenten las alternativas agroecológicas a los plaguicidas químicos, especialmente los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, incorporando la experiencia y el saber de las organizaciones campesinas, indígenas y de productores privados, de las asociaciones de profesionales, de los centros de investigación agrícola, de los que practican la agricultura orgánica en los más de cien cultivos certificados en el país, así como de los que están practicando una certificación participativa construyendo sistemas locales alimentarios más sustentables.

*Maestro en ciencias y director de la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM)

Más información:

Agroecología: innovaciones para sistemas agrícolas y alimentarios sustentables

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

¿Biodiversidad sintética?

«Desde nuevos riesgos al ambiente y la salud, enormes desafíos de bioseguridad, hasta el tema de la nueva biopiratería digital, pasando por la posibilidad de extinguir especies o construir armas biológicas, nadie se pudo quedar al margen del debate.»

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

La biología sintética, una actualización de la ingeniería genética que viabiliza nuevas construcciones transgénicas y otras alteraciones en seres vivos, ha atravesado las discusiones en la conferencia global del Convenio de Biodiversidad (CDB) de Naciones Unidas, reunido desde el 4 al 17 de diciembre en Cancún, México.

Desde nuevos riesgos al ambiente y la salud, enormes desafíos de bioseguridad, hasta el tema de la nueva biopiratería digital, pasando por la posibilidad de extinguir especies o construir armas biológicas, nadie se pudo quedar al margen del debate. Para sus promotores, agresivos y muy bien financiados por la Fundación Gates o trasnacionales, se trata de pequeños cambios, apenas una edición genética, casi como cambiar una palabra en un texto, pero prometen resolver (¡otra vez!) desde el hambre hasta el cambio climático y las enfermedades. Los más osados quieren manipular especies silvestres y hacer ingeniería de ecosistemas, prometen terminar la malaria y hasta revivir mamuts. Curioso que las propuestas de esta nueva raza de conservacionistas sea extinguir especies, pero las que ellos decidan que no es preciso conservar.

Apenas comenzada la conferencia, más de 170 organizaciones de todo el mundo, incluidas las mayores redes globales de campesinos, como la Vía Campesina, ambientalistas como Amigos de la Tierra y otras sindicales, sociales y de consumidores demandaron al CDB detener la tecnología de extinción de especies, refiriéndose a los impulsores genéticos. Se trata de una nueva aplicación de ingeniería genética, que está dirigida a alterar especies silvestres, desde insectos a plantas o animales, para forzar la permanencia de un carácter transgénico a través de generaciones, lo cual podría llevar a la extinción de una especie, dependiendo del carácter que se inserte (aquí). El llamado tuvo repercusión en varias delegaciones, principalmente el grupo de países de África, que planteó la necesidad de aplicar un estricto principio de precaución ante estos nuevos riesgos. El tema sigue en consideración.

Según explicó la doctora Ricarda Steinbrecher, de la Federación de Científicos de Alemania, mientras que los transgénicos aplicados a cultivos están construidos para expresarse en semillas que hay que plantar (aunque a través del polen se crucen con cultivos no transgénicos, contaminándolos) con los impulsores genéticos, el objetivo es que se diseminen agresivamente en el ambiente y que persistan a través de muchas generaciones. Cuando la alteración es para que las especies solamente tengan machos en su descendencia, el objetivo es eliminar una población completa. Y aunque no funcione como afirman sus promotores, el desequilibrio genético podría llevar a cambios imprevistos. Eliminar una especie –o una población de ésta– tendrá una cascada de repercusiones en todo el ecosistema: todas las especies son parte de un conjunto complejo de co-evolución y co-adaptación, parte de las cadenas alimentarias y otros procesos. Incluso aquellas que algunos consideran plagas (como ratones o malezas) o que son vectores de enfermedades (como mosquitos), surgen y se desarrollan porque ese sistema crea un nicho para ellas por alguna razón.

Los impulsores genéticos no toman en cuenta ninguna de estas relaciones, solamente pretenden eliminar lo que sus promotores definen como problema, sin tocar las causas, las condiciones ambientales –muchas veces ambientes degradados por otras tecnologías, megaproyectos y alto uso de agrotóxicos– ni las condiciones de salud y socio-económicas de las personas afectadas, que en la mayoría de casos son los principales factores que favorecen lo que se define luego de plaga o epidemia.

Pese a que quizá ni siquiera funcione, los intereses comerciales y la guerra de patentes sobre estas tecnologías son enormes y principalmente para sus aplicaciones en agricultura, pero tratando de evitar el rechazo que tuvieron los transgénicos, sus promotores han tomado otras vías para lograr su aceptación: las presentan como técnicas para enfermedades o conservación.

Por otro lado, la industrialización de la biología sintética plantea toda otra serie de temas. Colocar en Internet los mapas genómicos de muchas especies vegetales, animales, microbianas, permite que las empresas y quienes tengan acceso a las herramientas adecuadas, puedan descargar la información genética y construir artificialmente principios activos y otros genes, para su uso a nivel industrial. Pero también para otros usos, inclusive usos hostiles, como fabricar ciertos virus y bacterias, que pueden dañar cosechas, animales domésticos y hasta humanos. El tema es complejo y la alineación de gobiernos es esperada: la mayoría de países de Norte, que tienen las herramientas, las patentes y son sede de las trasnacionales, no quieren ninguna nueva norma ni discusión, alegan que de esa forma se promueve la ciencia porque todos pueden acceder a la información. Si bien este principio sería bueno si se aplicara a todo, no proponen acompañar este supuesto interés público de una prohibición al patentamiento, privatización y lucro de resultados que ellos pueden obtener al usar la información. Al contrario, se parece mucho a la biopiratería de siempre, pero digitalizada y con un espectro de usos e impactos mucho mayores.

Por eso, entre los llamados Premios del Capitán Garfio 2016, que se entregaron en el marco del CDB se incluyó a Canadá y Honduras (representado por una profesora mexicana de biotecnología), que en estas negociaciones han estado entre los más aguerridos defensores de la industria de la biología sintética.

Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

 

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

 

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

 

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

Este artículo fue escrito por Natalia Carrau, integrante de REDES / Amigos de la Tierra Uruguay, y publicado en la página de Amigos de la Tierra Internacional

La Agroecología en América Latina necesita un cambio en las políticas de comercio e inversiones

En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.

No hay duda de que la Agroecología en el marco de la Soberanía Alimentaria requiere del comercio y las inversiones. Sin embargo, no todos los enfoques y formas de atender el comercio y las inversiones aportan a consolidarla y garantizarla. Para ello, son claves las políticas que implementan los Estados y los marcos institucionales que generan para los flujos de comercio e inversiones. Los países que son soberanos en su sistema agroalimentario, también construyeron soberanía en su régimen de comercio e inversiones.

En la actualidad, el marco de comercio e inversiones dominante plantea una relación causal entre la llegada de las inversiones y el crecimiento y desarrollo de los países. Esta premisa repetida de forma fundamentalista impide ver que esta forma de negociar las inversiones y el comercio reproduce las lógicas y racionalidades más perversas del sistema capitalista, y, operan como instrumentos de acumulación a favor de las empresas transnacionales (ETN).

La racionalidad sobre la que se sostiene el flujo de comercio de inversiones necesita sustituirse para que sea un aporte que encaje en las trayectorias de construcción y recuperación de soberanía de los países del sur global.

En América Latina estas reflexiones son urgentes porque las bases sobre las que se sostiene la enorme mayoría de trayectorias al desarrollo, están orientadas al libre mercado, libre comercio y libre inversión.

Libre mercado, libre comercio y libre inversión: la triada que encorseta a los Estados

Las vías por las que la Soberanía Alimentaria se ve restringida con la liberalización comercial tal cual está planteada desde la teoría económica dominante, es una simple ecuación: la rebaja de aranceles a la entrada de productos extranjeros, inunda el mercado doméstico con productos de menor precio (muchas veces altamente subsidiados en su país de origen y con fuerte concentración a manos del capital transnacional).

Esto desestimula y daña la producción nacional que puede estar desarrollándose con eslabones de valor agregado y manufactura versus la simple extracción de materia prima. Los productos industriales producidos en los países en desarrollo por lo general son poco competitivos, consecuencia de la división internacional del trabajo y de que los países desarrollados tienen economías altamente industrializadas y concentran los eslabones con mayor valor agregado de las cadenas de producción, con alto valor tecnológico y muy competitivas en el mercado mundial.

Al mismo tiempo, muchas de las ventajas que el mundo desarrollado presenta frente al comercio y las inversiones están basadas en la histórica desigualdad en el derecho al desarrollo. La trayectoria hacia el desarrollo seguida por los países del norte global se realizó en momentos históricos donde las actuales reglas para el comercio e inversión no existían. Estas reglas demuestran ser altamente restrictivas para desarrollar industria nacional, valor agregado y competitividad en el comercio internacional.

La forma de quebrar esta ecuación viciosa es rompiendo con el esquema y las normas que plantean los axiomas del libre comercio y sentando las bases para nuevas reglas y políticas domésticas que se dirijan al desarrollo industrial nacional en condiciones de soberanía (en todos los sentidos) y dirigidas a los intereses de la población. Algunas pistas sobre por dónde pueden darse estos cambios ponen el acento en las metodologías y contenidos de los acuerdos comerciales y de inversiones.

Una vista rápida al panorama de la liberalización comercial y de inversiones de América Latina muestra trayectorias fuertemente basadas en los preceptos del libre mercado, libre comercio y libre inversión. El denominador común es que las cláusulas, reglas y metodologías que incluyen la liberalización no permite al Estado fijar nuevas bases para la construcción de una estrategia de desarrollo soberana porque debe respetar el principio de no discriminación con el extranjero basado en las reglas de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y la prohibición de implementar requisitos de desempeño. Además, la liberalización impone mecanismos específicos de solución de controversias de tipo Inversor-Estado que instalan una “para-justicia” por fuera de la jurisdicción nacional.

América Latina avanzó hacia el libre comercio

América Latina tiene un panorama variado en cuanto a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Las subregiones, América del Sur, Centroamérica y México presentan diferencias y al mismo tiempo, en América del Sur también hay tendencias diferenciales que permiten dividir la subregión entre cono sur y cono norte.

La cercanía y conexión con los países del norte, especialmente Estados Unidos, constituye una “variable de ajuste”. Centroamérica y México tienen una trayectoria histórica de cercanía e influencia de Estados Unidos y este hecho también se ve reflejado en los procesos seguidos en la liberalización comercial. Por ejemplo, para México un mojón indiscutible en su historia de liberalización comercial lo constituye la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) [1] en 1994. La apertura de México a la liberalización comercial fue significativa después de la firma del TLCAN. Esta trayectoria también se puede identificar en otros países que al firmar TLC clásicos con algún país desarrollado (preferentemente Unión Europea, Canadá o Estados Unidos), inician un camino ascendente hacia la negociación y firma de múltiples TLC y TBI [2].

Lo mismo se puede observar con algunos países de América del Sur que habiendo sido parte de un proceso de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones, la firma de TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, rompió la posibilidad de consolidación de una inserción internacional diferente para volcarse a una liberalización comercial y de inversiones clásica y agresiva. Este es el caso de Colombia y Perú específicamente [3].

Es diferente el camino transitado por los países que fundaron el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): tanto Brasil y Argentina como Uruguay y Paraguay sufrieron, al igual que el resto de los países de América Latina, procesos de profunda liberalización económica, comercial y de inversiones a través de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington. La década del noventa dio lugar a países liberalizados, flexibilizados, abiertos a las ETN y con una reducción drástica del papel del Estado, además de los efectos en la cohesión social y en la democracia que tuvieron los procesos de dictadura militar y cívico-militar sufridos.

Pero estos países se volcaron a una inserción internacional vía el proceso de integración regional MERCOSUR. Este proceso nace desde una racionalidad neoliberal, pero se vio transformado en su estructura y caracterización a partir de la asunción de los gobiernos progresistas y de izquierda a inicios del S. XXI. Esta transformación, impidió por mucho tiempo la tentación de insertarse en el mundo vía la firma de TLC. Aún así, los países del MERCOSUR sí avanzaron en la liberalización del régimen de inversiones [4].

El caso de Centroamérica no refleja una multiplicidad de TBI firmados, el promedio es bastante bajo por país. Sin embargo, el proceso de integración regional de la región, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), no llegó a ser una integración que superara los aspectos comercialistas y la cercanía con América del Norte, en particular Estados Unidos (vía el CAFTA primero y luego vía el Acuerdo de Asociación firmado con la UE), impactó en la liberalización comercial y de inversiones y en el desembarco de ETN provenientes de esa región.

La Agroecología necesita de soberanía y de políticas públicas

El marco de comercio e inversiones tiene impactos mayúsculos en uno de los sectores más importantes de la soberanía de los países: los alimentos y el derecho a la alimentación. Los efectos que la liberalización comercial y de inversiones han tenido en los sistemas de producción locales de los países de América Latina son devastadores. La entrada de productos alimenticios a los países en desarrollo vía la liberalización comercial, propició no solo la invasión de los mercados de pautas de consumo de alimentos muy diferentes a las locales, sino que implicó, entre otras cosas, pérdida de biodiversidad y de saberes locales y regionales, erosión de suelos y deforestación, el empobrecimiento y desplazamiento de comunidades campesinas, de pequeños productores familiares y el acaparamiento de millones de hectáreas de tierra rica y cultivable por parte de ETN.

Los impactos que tiene la liberalización comercial y de inversiones en términos de Soberanía Alimentaria no son registrados por la teoría económica dominante.

El Estado [5] sigue siendo al mismo tiempo una pieza que no encaja, y una pieza que falta en el rompecabezas. Como poder público soberano, el Estado debe ser una pieza central como regulador, articulador y, sobre todo, como diseñador de políticas que promuevan un desarrollo sustentable y soberano. Las políticas liberalizadoras coartan la posibilidad de implementar políticas activas de promoción de sistemas locales de producción de alimentos, de experiencias vivas de Agroecología sostenidas local o regionalmente por comunidades, de ofrecer apoyos técnicos y económicos a la construcción de sistemas de comercialización locales o implementar políticas de control de precios y etiquetado de alimentos, entre otros. No permiten este tipo de políticas porque son vistas como amenazas y discriminación hacia inversores reales o potenciales o hacia los productos de estas inversiones extranjeras.

La resistencia al régimen neoliberal de comercio e inversiones: pistas para un cambio de sistema

La Agroecología necesita de políticas públicas y apoyos concretos. Las políticas públicas solo se pueden concretar si los Estados son soberanos para poder definir las políticas y estrategias de desarrollo que crean más convenientes. Sin políticas no podemos consolidar Agroecología. El régimen de comercio e inversiones restringe la posibilidad de implementar políticas y está basado en premisas injustas y en racionalidades contrapuestas a la justicia económica, ambiental y social. La disputa a las lógicas impuestas por el libre mercado, el libre comercio y la libre inversión son imprescindibles. Algunas pistas:

  • Planes nacionales para la Agroecología: Si consideramos que la Agroecología constituye una base material, cultural, simbólica, política, económica y ambiental imprescindible para la soberanía alimentaria, entonces se necesitan planes nacionales que aborden las necesidades de los productores de alimentos a pequeña escala y sus territorios.
  • Reglas para las ETN, derechos para los pueblos: La supremacía de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos es indiscutible. Las ETN deben respetar las leyes y políticas nacionales y los derechos humanos y deben estar sujetas a tratados internacionales vinculantes que las controlen y juzguen cuando incurren en violaciones. La aprobación de un tratado vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el marco de Naciones Unidas es urgente.
  • Evaluación de las políticas de promoción de inversión: el régimen de comercio e inversiones generan impactos. Es hora de comenzar a evaluar estos impactos con indicadores que reflejen la realidad que tiene lugar en los territorios y consideren la enorme asimetría de poder que existe entre las ETN y los Estados en los territorios al momento de seguir adelante con la firma de estos instrumentos.
  • Servicios y empresas públicos protegidos: los servicios y las empresas públicas constituyen bases fundamentales para garantizar el acceso a una infinidad de derechos humanos. Tanto los servicios como las empresas públicas no pueden ser negociados ni directa ni indirectamente en ningún contenido de los actuales tratados comerciales o de inversiones en negociación. Todos los acuerdos megarregionales en curso incluyen la incorporación de los servicios y empresas públicas en la negociación desconociendo su importante contribución al desarrollo.

Referencias

1. El TLCAN fue celebrado por Estados Unidos, Canadá y México. Son amplísimos los textos de análisis que discuten los beneficios de este TLC y que sostienen la relación causal entre la firma de este tratado y la multiplicación de unidades económicas conocidas como “maquilas” que se dedican a la elaboración de productos de exportación en condiciones laborales de seudo esclavitud.

2. México posee aproximadamente 13 TLC con diferentes países y regiones y 29 TBI firmados.

3. En 2010 la Unión Europea cerró negociaciones para la firma de un TLC (promovido por la región europea como Acuerdo de Asociación) con Perú y Colombia. Al inicio, el acuerdo con estos países estaba comprendido en un acuerdo birregional que incluía al proceso de integración regional Comunidad Andina de Naciones (CAN) junto a Bolivia y Ecuador. Sin embargo, las presiones de la Unión Europea para incluir todos los capítulos de liberalización de los TLC –los comerciales y los que no son estrictamente comerciales como la Propiedad Intelectual- provocaron la salida de Bolivia y Ecuador y, posteriormente el rompimiento de la CAN como bloque de integración regional.

4. Brasil es el único país miembro del MERCOSUR que no tiene vigentes ninguno de los TBI negociados. El resto de los países: Argentina tiene casi 60 TBI firmados, Paraguay tiene aproximadamente 22 tratados firmados y Uruguay casi una treintena. Si bien no todos están vigentes en estos países, la suma refleja la política de apertura a las inversiones siguiendo las recetas económicas implementadas en toda la región. A diferencia de otras regiones de América Latina como Centroamérica o la región andina, en el MERCOSUR la ausencia de TLC, dio vía rápida al camino bilateral con la firma de sendos TBI.

5. En algunos países como los de la región del cono sur de América del Sur, el Estado como entidad de poder público ha sido parte conformador de la sociedad moderna. En el caso de Uruguay, el rol del Estado y las empresas públicas es central en términos de estrategia de desarrollo. Algo similar ocurre en Argentina y Brasil aunque en estos países también se deben considerar otras formas de construcción colectivas relacionadas con comunidades campesinas e indígenas. El rol del Estado debe entonces relativizarse teniendo en cuenta la trayectoria de cada país en torno a la construcción de su sociedad moderna y las circunstancias de las coyunturas actuales.

Mas información:

– La sociedad civil le dice NO a la “Agricultura Climáticamente Inteligente”

– Publicaciones del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional

Foto: Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México

Life is not a business!

En español

Joint statement of indigenous peoples of Mexico on the inauguration day of the COP 13 – December 4, 2016, Cancun, Quintana Roo, Mexico

CONSIDERING THAT:

  • The COP13 on Biodiversity to be held in Cancun as of December 4, 2016 is carried out in the framework of a predatory extractivist model;
  • The Mexican State has put itself at the service of large transnational corporations and the so-called «green economy”;
  • A recurrent feature of previous COPs has been the turning of a meeting to discuss issues related to biodiversity into a business fair and a platform for the implementation of mega-projects;
  • Mining, wind parks and hydroelectric projects, as well as the advance of the monoculture plantation model and the promotion of the use of toxic inputs contribute to the plundering of lands and territories of indigenous communities and lead to serious human rights and native people rights violations;
  • Corporations pollute the soil and water with impunity, they destroy the social ties within indigenous and farmers communities while environmental defenders are criminalized;
  • Environmental impact studies are rigged to respond to the interests of large corporations and the rights of native peoples to free, prior and informed consent processes is not respected;
  • The plundering of indigenous territories is also supported and promoted by big tourism companies and the building of large luxury housing projects;
  • The threats to the territory and culture of native peoples come hand in hand with deception, opacity, contract manipulation, violation of agrarian agreements, promises of economic heavens, conservationist speeches and concerns about climate change that don´t go beyond mere rhetoric;
  • When these deceptive speeches don’t work, they resort to pressuring peoples who resist, through statements of academics and «environmental» organizations linked to the predatory extractivist system, threats to withdraw governmental support programs, and even violent actions by security bodies and the establishment of clash or paramilitary groups, often associated to organized crime;
  • Territorial plundering comes hand in hand  with the privatization of culture and the fight against the indigenous identity, its language and its way to see the world;
  • The process of criminalization of people and communities in resistance constantly endangers the defenders of the commons and selectively represses those who, in their legitimate right, oppose this economic system of death;

The signatories of this Statement, aware of the fact that in the COP 13 of the Convention on Biological Diversity (CBD) there will be important discussions, such as the regulation of modified living organisms, bioprospecting and the use of biodiversity by Indigenous Peoples and communities, want to have a say.

We are peoples with memory. We won’t forget the experience of the Maya ICBG (Pharmaceutical research and sustainable use of ethnobotanic knowledge and biodiversity in the Mayan Region of the Highlands of Chiapas, Mexico), operated by El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), the University of Georgia, with the economic support of the US government, and the molecular biotechnology company Nature Limited of Wales (UK).

The Maya ICBG, the largest biopiracy project, was stopped by the strength of indigenous and farmers communities of Chiapas and of the Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas (COMPITCH). But we know that new forms of colonialism are looming in our territories and the sacred lands we inhabit.

Therefore,

WE STATE THAT:

  • The biocultural heritage at stake does not have a price: it is intangible and immeasurable. We have the moral, ethic and historical obligation to continue protecting it and sharing it, because it is linked to the processes of our life, processes we learned from our Mother Earth and which are the result of the ancestral knowledge of our peoples.
  • We are not against taking care of nature: we have been its keepers for thousands of years. The imposition of the projects mentioned above, their implementation based on traps and deception, and the fact that information about what these projects really mean for our territories is being concealed, convince us that these projects are not aimed at protecting biodiversity.
  • We are deeply concerned over the way decisions are made at the COP13 because they can compromise natural resources and put at risk our ancestral knowledge.
  • The promotion of the REDD+ Program (“Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries) exemplifies the lack of will to find real solutions to climate change, one of the greatest threats against life on the planet. Native peoples are not laboratories where can be tested mechanisms to reach sustainable development goals.
  • Native peoples know that it is necessary to consider and address the real causes of the loss and degradation of biodiversity. We want to continue defending our territories, our culture, our community identity. In all corners of the world, indigenous people manage our forests and territories, our mountains, our rivers and our seas, respecting and promoting biodiversity, with logics that are far away from this «green economy» that only wants to turn Mother Earth into a commodity.
  • We are decided to continue aiming at our food sovereignty through clean practices that generate food for our own consumption and that allow us to exchange our surplus in local markets. If we lose control of our territories and hand it to transnational companies, we will miss all opportunities to produce our own food.

We have not lost our memory.

TO THE BIG COMPANIES AND THEIR ALLIES WE SAY:

“You have ruined nature. You don’t care about water, air, nor life. You only care about making more profits. You’ve turned oil into the only source of energy just in order to make profits. Profit itself is the reason behind your new «green economy». We are willing to find solutions to the problems that your predatory economy has caused around the globe, but you can’t avoid the huge responsibility over the current climate crisis.”

AS PENINSULAR MAYAN PEOPLE, WE SAY to the authorities, civil organizations and those linked to agroecology and the society in general:

  • The Nagoya and Cartagena Protocols, which will be negotiated in parallel to the COP 13, favor multinational companies and promote the privatization of goods and ancestral knowledge.
  • In our country, those who lead these projects, big «green coyotes» (The National Commission for the knowledge and the use of biodiversity – CONABIO, and the German cooperation agency – GIZ, for example) are not known for searching the wellbeing of the people and native communities, but that of transnational corporations.
  • Under a rigged process and rhetoric, the CBD does not represent us. It pretends to bind an unstoppable development which is intrinsically predatory, to a so-called will to preserve and safeguard biodiversity.

We already know this speech. We don´t believe you.

Life is not a business!

Mother Earth, biodiversity and common natural resources are not for sale:
they are cared for and defended!

Signatories:
Mayan Communities and Peoples of the Yucatan Peninsula
«U Yits Ka’an» – Agroecology School of Maní (Yucatan)
Inhabitants of Chablekal (Yucatán)
Reddeldía de Los Montes Azules Movement (Chiapas)
Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas – COMPITCH
Cooperative Society for Regional Consumption Chac-Lol (Yucatan)
The Indigenous Regional and Popular Council of Xpujil – Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Campeche)

Adherents:
Friends of the Earth International
Otros Mundos A.C. (Chiapas, Mexico)
Indignación A.C. (Yucatan, Mexico)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos – PIAP (Guerrero, Mexico)
U Yich Lu’um A.C. (Calakmul, Campeche, Mexico)
Mesoamericana Movement against the Extractive Mining Model (M4)
CEIBA
COECO-CEIBA
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC, Panama)
Haiti Survie
CENSAT-Agua Viva
NAT
Friends of the Earth Argentina
Friends of the Earth-United States
Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)
World Rainforest Movement (WRM)
Brother Tomás González, de La 72, Home-Refuge for migrating people (Tabasco, Mexico)
Ernestina López, from the Indigenous Pastoral of Guatemala
Florentina Hernández Galindo, from Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca, Mexico)
Dr. Isabel Hawkins, from the Yakanal Project (California, United States)