Comunicado de Amigos de la Tierra Argentina y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 12 de enero 2017
A partir del pasado martes 10, en la comunidad mapuche Lof en resistencia Cushamen, habitantes de la provincia de Chubut sufrieron 2 violentos allanamientos y 3 episodios de represión en 4 días. Al día de redacción de esta nota, siguen detenidos arbitrariamente tres integrantes de la comunidad, y también sigue en estado crítico uno de los dos heridos de bala. Mientras tanto, el gobernador calificó de «terroristas» a los afectados.
La comunidad ejercía su derecho a la protesta en el marco de un conflicto por el recorrido del tren turístico «La Trochita», que atraviesa sus territorios ancestrales. Valiéndose de una opaca orden judicial, más de doscientos efectivos de Gendarmería, apoyados por cuerpos especiales de la Policía Federal y Provincial, numerosos carros de asalto y drones, cortaron los accesos e irrumpieron en la comunidad, agrediendo físicamente a hombres, mujeres y niños, secuestrando ganado y destruyendo viviendas.
Estos hechos fueron llevados a cabo con el aval del poder judicial y el gobierno provincial, y mediando intereses corporativos de uno de los mayores terratenientes de la Argentina: el grupo Benetton. Esta corporación trasnacional, que opera en 120 países, tiene un largo historial de conflictos con comunidades mapuche. El grupo, propietario de casi 1 millón de hectáreas divididas entre las provincias de Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, tiene inversiones en ganadería, soja, monocultivos industriales de árboles e inclusive minería.
El artículo 75 de la Constitución Argentina dictamina «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones». El Estado Argentino incumple por tanto su Carta Magna, así como otras normativas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Responsabilizamos por la seguridad de las comunidades afectadas al Gobernador Das Neves, y exigimos la actuación urgente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y de la Secretaría de DD.HH. de la Nación. El Estado Argentino se encuentra defendiendo los intereses corporativos por encima del interés del pueblo, por lo que denunciaremos este accionar ante la comunidad internacional, en búsqueda de acabar con la impunidad de las corporaciones que violan derechos humanos.
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El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.
El impulso de modelos de extracción de nuestros bienes comunes hacen parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sur América –IIRSA- con el propósito de favorecer los intereses del capital corporativo transnacional. 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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