¿Biodiversidad sintética?

«Desde nuevos riesgos al ambiente y la salud, enormes desafíos de bioseguridad, hasta el tema de la nueva biopiratería digital, pasando por la posibilidad de extinguir especies o construir armas biológicas, nadie se pudo quedar al margen del debate.»

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

La biología sintética, una actualización de la ingeniería genética que viabiliza nuevas construcciones transgénicas y otras alteraciones en seres vivos, ha atravesado las discusiones en la conferencia global del Convenio de Biodiversidad (CDB) de Naciones Unidas, reunido desde el 4 al 17 de diciembre en Cancún, México.

Desde nuevos riesgos al ambiente y la salud, enormes desafíos de bioseguridad, hasta el tema de la nueva biopiratería digital, pasando por la posibilidad de extinguir especies o construir armas biológicas, nadie se pudo quedar al margen del debate. Para sus promotores, agresivos y muy bien financiados por la Fundación Gates o trasnacionales, se trata de pequeños cambios, apenas una edición genética, casi como cambiar una palabra en un texto, pero prometen resolver (¡otra vez!) desde el hambre hasta el cambio climático y las enfermedades. Los más osados quieren manipular especies silvestres y hacer ingeniería de ecosistemas, prometen terminar la malaria y hasta revivir mamuts. Curioso que las propuestas de esta nueva raza de conservacionistas sea extinguir especies, pero las que ellos decidan que no es preciso conservar.

Apenas comenzada la conferencia, más de 170 organizaciones de todo el mundo, incluidas las mayores redes globales de campesinos, como la Vía Campesina, ambientalistas como Amigos de la Tierra y otras sindicales, sociales y de consumidores demandaron al CDB detener la tecnología de extinción de especies, refiriéndose a los impulsores genéticos. Se trata de una nueva aplicación de ingeniería genética, que está dirigida a alterar especies silvestres, desde insectos a plantas o animales, para forzar la permanencia de un carácter transgénico a través de generaciones, lo cual podría llevar a la extinción de una especie, dependiendo del carácter que se inserte (aquí). El llamado tuvo repercusión en varias delegaciones, principalmente el grupo de países de África, que planteó la necesidad de aplicar un estricto principio de precaución ante estos nuevos riesgos. El tema sigue en consideración.

Según explicó la doctora Ricarda Steinbrecher, de la Federación de Científicos de Alemania, mientras que los transgénicos aplicados a cultivos están construidos para expresarse en semillas que hay que plantar (aunque a través del polen se crucen con cultivos no transgénicos, contaminándolos) con los impulsores genéticos, el objetivo es que se diseminen agresivamente en el ambiente y que persistan a través de muchas generaciones. Cuando la alteración es para que las especies solamente tengan machos en su descendencia, el objetivo es eliminar una población completa. Y aunque no funcione como afirman sus promotores, el desequilibrio genético podría llevar a cambios imprevistos. Eliminar una especie –o una población de ésta– tendrá una cascada de repercusiones en todo el ecosistema: todas las especies son parte de un conjunto complejo de co-evolución y co-adaptación, parte de las cadenas alimentarias y otros procesos. Incluso aquellas que algunos consideran plagas (como ratones o malezas) o que son vectores de enfermedades (como mosquitos), surgen y se desarrollan porque ese sistema crea un nicho para ellas por alguna razón.

Los impulsores genéticos no toman en cuenta ninguna de estas relaciones, solamente pretenden eliminar lo que sus promotores definen como problema, sin tocar las causas, las condiciones ambientales –muchas veces ambientes degradados por otras tecnologías, megaproyectos y alto uso de agrotóxicos– ni las condiciones de salud y socio-económicas de las personas afectadas, que en la mayoría de casos son los principales factores que favorecen lo que se define luego de plaga o epidemia.

Pese a que quizá ni siquiera funcione, los intereses comerciales y la guerra de patentes sobre estas tecnologías son enormes y principalmente para sus aplicaciones en agricultura, pero tratando de evitar el rechazo que tuvieron los transgénicos, sus promotores han tomado otras vías para lograr su aceptación: las presentan como técnicas para enfermedades o conservación.

Por otro lado, la industrialización de la biología sintética plantea toda otra serie de temas. Colocar en Internet los mapas genómicos de muchas especies vegetales, animales, microbianas, permite que las empresas y quienes tengan acceso a las herramientas adecuadas, puedan descargar la información genética y construir artificialmente principios activos y otros genes, para su uso a nivel industrial. Pero también para otros usos, inclusive usos hostiles, como fabricar ciertos virus y bacterias, que pueden dañar cosechas, animales domésticos y hasta humanos. El tema es complejo y la alineación de gobiernos es esperada: la mayoría de países de Norte, que tienen las herramientas, las patentes y son sede de las trasnacionales, no quieren ninguna nueva norma ni discusión, alegan que de esa forma se promueve la ciencia porque todos pueden acceder a la información. Si bien este principio sería bueno si se aplicara a todo, no proponen acompañar este supuesto interés público de una prohibición al patentamiento, privatización y lucro de resultados que ellos pueden obtener al usar la información. Al contrario, se parece mucho a la biopiratería de siempre, pero digitalizada y con un espectro de usos e impactos mucho mayores.

Por eso, entre los llamados Premios del Capitán Garfio 2016, que se entregaron en el marco del CDB se incluyó a Canadá y Honduras (representado por una profesora mexicana de biotecnología), que en estas negociaciones han estado entre los más aguerridos defensores de la industria de la biología sintética.

Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

 

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

 

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

 

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

Este artículo fue escrito por Natalia Carrau, integrante de REDES / Amigos de la Tierra Uruguay, y publicado en la página de Amigos de la Tierra Internacional

La Agroecología en América Latina necesita un cambio en las políticas de comercio e inversiones

En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.

No hay duda de que la Agroecología en el marco de la Soberanía Alimentaria requiere del comercio y las inversiones. Sin embargo, no todos los enfoques y formas de atender el comercio y las inversiones aportan a consolidarla y garantizarla. Para ello, son claves las políticas que implementan los Estados y los marcos institucionales que generan para los flujos de comercio e inversiones. Los países que son soberanos en su sistema agroalimentario, también construyeron soberanía en su régimen de comercio e inversiones.

En la actualidad, el marco de comercio e inversiones dominante plantea una relación causal entre la llegada de las inversiones y el crecimiento y desarrollo de los países. Esta premisa repetida de forma fundamentalista impide ver que esta forma de negociar las inversiones y el comercio reproduce las lógicas y racionalidades más perversas del sistema capitalista, y, operan como instrumentos de acumulación a favor de las empresas transnacionales (ETN).

La racionalidad sobre la que se sostiene el flujo de comercio de inversiones necesita sustituirse para que sea un aporte que encaje en las trayectorias de construcción y recuperación de soberanía de los países del sur global.

En América Latina estas reflexiones son urgentes porque las bases sobre las que se sostiene la enorme mayoría de trayectorias al desarrollo, están orientadas al libre mercado, libre comercio y libre inversión.

Libre mercado, libre comercio y libre inversión: la triada que encorseta a los Estados

Las vías por las que la Soberanía Alimentaria se ve restringida con la liberalización comercial tal cual está planteada desde la teoría económica dominante, es una simple ecuación: la rebaja de aranceles a la entrada de productos extranjeros, inunda el mercado doméstico con productos de menor precio (muchas veces altamente subsidiados en su país de origen y con fuerte concentración a manos del capital transnacional).

Esto desestimula y daña la producción nacional que puede estar desarrollándose con eslabones de valor agregado y manufactura versus la simple extracción de materia prima. Los productos industriales producidos en los países en desarrollo por lo general son poco competitivos, consecuencia de la división internacional del trabajo y de que los países desarrollados tienen economías altamente industrializadas y concentran los eslabones con mayor valor agregado de las cadenas de producción, con alto valor tecnológico y muy competitivas en el mercado mundial.

Al mismo tiempo, muchas de las ventajas que el mundo desarrollado presenta frente al comercio y las inversiones están basadas en la histórica desigualdad en el derecho al desarrollo. La trayectoria hacia el desarrollo seguida por los países del norte global se realizó en momentos históricos donde las actuales reglas para el comercio e inversión no existían. Estas reglas demuestran ser altamente restrictivas para desarrollar industria nacional, valor agregado y competitividad en el comercio internacional.

La forma de quebrar esta ecuación viciosa es rompiendo con el esquema y las normas que plantean los axiomas del libre comercio y sentando las bases para nuevas reglas y políticas domésticas que se dirijan al desarrollo industrial nacional en condiciones de soberanía (en todos los sentidos) y dirigidas a los intereses de la población. Algunas pistas sobre por dónde pueden darse estos cambios ponen el acento en las metodologías y contenidos de los acuerdos comerciales y de inversiones.

Una vista rápida al panorama de la liberalización comercial y de inversiones de América Latina muestra trayectorias fuertemente basadas en los preceptos del libre mercado, libre comercio y libre inversión. El denominador común es que las cláusulas, reglas y metodologías que incluyen la liberalización no permite al Estado fijar nuevas bases para la construcción de una estrategia de desarrollo soberana porque debe respetar el principio de no discriminación con el extranjero basado en las reglas de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y la prohibición de implementar requisitos de desempeño. Además, la liberalización impone mecanismos específicos de solución de controversias de tipo Inversor-Estado que instalan una “para-justicia” por fuera de la jurisdicción nacional.

América Latina avanzó hacia el libre comercio

América Latina tiene un panorama variado en cuanto a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Las subregiones, América del Sur, Centroamérica y México presentan diferencias y al mismo tiempo, en América del Sur también hay tendencias diferenciales que permiten dividir la subregión entre cono sur y cono norte.

La cercanía y conexión con los países del norte, especialmente Estados Unidos, constituye una “variable de ajuste”. Centroamérica y México tienen una trayectoria histórica de cercanía e influencia de Estados Unidos y este hecho también se ve reflejado en los procesos seguidos en la liberalización comercial. Por ejemplo, para México un mojón indiscutible en su historia de liberalización comercial lo constituye la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) [1] en 1994. La apertura de México a la liberalización comercial fue significativa después de la firma del TLCAN. Esta trayectoria también se puede identificar en otros países que al firmar TLC clásicos con algún país desarrollado (preferentemente Unión Europea, Canadá o Estados Unidos), inician un camino ascendente hacia la negociación y firma de múltiples TLC y TBI [2].

Lo mismo se puede observar con algunos países de América del Sur que habiendo sido parte de un proceso de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones, la firma de TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, rompió la posibilidad de consolidación de una inserción internacional diferente para volcarse a una liberalización comercial y de inversiones clásica y agresiva. Este es el caso de Colombia y Perú específicamente [3].

Es diferente el camino transitado por los países que fundaron el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): tanto Brasil y Argentina como Uruguay y Paraguay sufrieron, al igual que el resto de los países de América Latina, procesos de profunda liberalización económica, comercial y de inversiones a través de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington. La década del noventa dio lugar a países liberalizados, flexibilizados, abiertos a las ETN y con una reducción drástica del papel del Estado, además de los efectos en la cohesión social y en la democracia que tuvieron los procesos de dictadura militar y cívico-militar sufridos.

Pero estos países se volcaron a una inserción internacional vía el proceso de integración regional MERCOSUR. Este proceso nace desde una racionalidad neoliberal, pero se vio transformado en su estructura y caracterización a partir de la asunción de los gobiernos progresistas y de izquierda a inicios del S. XXI. Esta transformación, impidió por mucho tiempo la tentación de insertarse en el mundo vía la firma de TLC. Aún así, los países del MERCOSUR sí avanzaron en la liberalización del régimen de inversiones [4].

El caso de Centroamérica no refleja una multiplicidad de TBI firmados, el promedio es bastante bajo por país. Sin embargo, el proceso de integración regional de la región, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), no llegó a ser una integración que superara los aspectos comercialistas y la cercanía con América del Norte, en particular Estados Unidos (vía el CAFTA primero y luego vía el Acuerdo de Asociación firmado con la UE), impactó en la liberalización comercial y de inversiones y en el desembarco de ETN provenientes de esa región.

La Agroecología necesita de soberanía y de políticas públicas

El marco de comercio e inversiones tiene impactos mayúsculos en uno de los sectores más importantes de la soberanía de los países: los alimentos y el derecho a la alimentación. Los efectos que la liberalización comercial y de inversiones han tenido en los sistemas de producción locales de los países de América Latina son devastadores. La entrada de productos alimenticios a los países en desarrollo vía la liberalización comercial, propició no solo la invasión de los mercados de pautas de consumo de alimentos muy diferentes a las locales, sino que implicó, entre otras cosas, pérdida de biodiversidad y de saberes locales y regionales, erosión de suelos y deforestación, el empobrecimiento y desplazamiento de comunidades campesinas, de pequeños productores familiares y el acaparamiento de millones de hectáreas de tierra rica y cultivable por parte de ETN.

Los impactos que tiene la liberalización comercial y de inversiones en términos de Soberanía Alimentaria no son registrados por la teoría económica dominante.

El Estado [5] sigue siendo al mismo tiempo una pieza que no encaja, y una pieza que falta en el rompecabezas. Como poder público soberano, el Estado debe ser una pieza central como regulador, articulador y, sobre todo, como diseñador de políticas que promuevan un desarrollo sustentable y soberano. Las políticas liberalizadoras coartan la posibilidad de implementar políticas activas de promoción de sistemas locales de producción de alimentos, de experiencias vivas de Agroecología sostenidas local o regionalmente por comunidades, de ofrecer apoyos técnicos y económicos a la construcción de sistemas de comercialización locales o implementar políticas de control de precios y etiquetado de alimentos, entre otros. No permiten este tipo de políticas porque son vistas como amenazas y discriminación hacia inversores reales o potenciales o hacia los productos de estas inversiones extranjeras.

La resistencia al régimen neoliberal de comercio e inversiones: pistas para un cambio de sistema

La Agroecología necesita de políticas públicas y apoyos concretos. Las políticas públicas solo se pueden concretar si los Estados son soberanos para poder definir las políticas y estrategias de desarrollo que crean más convenientes. Sin políticas no podemos consolidar Agroecología. El régimen de comercio e inversiones restringe la posibilidad de implementar políticas y está basado en premisas injustas y en racionalidades contrapuestas a la justicia económica, ambiental y social. La disputa a las lógicas impuestas por el libre mercado, el libre comercio y la libre inversión son imprescindibles. Algunas pistas:

  • Planes nacionales para la Agroecología: Si consideramos que la Agroecología constituye una base material, cultural, simbólica, política, económica y ambiental imprescindible para la soberanía alimentaria, entonces se necesitan planes nacionales que aborden las necesidades de los productores de alimentos a pequeña escala y sus territorios.
  • Reglas para las ETN, derechos para los pueblos: La supremacía de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos es indiscutible. Las ETN deben respetar las leyes y políticas nacionales y los derechos humanos y deben estar sujetas a tratados internacionales vinculantes que las controlen y juzguen cuando incurren en violaciones. La aprobación de un tratado vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el marco de Naciones Unidas es urgente.
  • Evaluación de las políticas de promoción de inversión: el régimen de comercio e inversiones generan impactos. Es hora de comenzar a evaluar estos impactos con indicadores que reflejen la realidad que tiene lugar en los territorios y consideren la enorme asimetría de poder que existe entre las ETN y los Estados en los territorios al momento de seguir adelante con la firma de estos instrumentos.
  • Servicios y empresas públicos protegidos: los servicios y las empresas públicas constituyen bases fundamentales para garantizar el acceso a una infinidad de derechos humanos. Tanto los servicios como las empresas públicas no pueden ser negociados ni directa ni indirectamente en ningún contenido de los actuales tratados comerciales o de inversiones en negociación. Todos los acuerdos megarregionales en curso incluyen la incorporación de los servicios y empresas públicas en la negociación desconociendo su importante contribución al desarrollo.

Referencias

1. El TLCAN fue celebrado por Estados Unidos, Canadá y México. Son amplísimos los textos de análisis que discuten los beneficios de este TLC y que sostienen la relación causal entre la firma de este tratado y la multiplicación de unidades económicas conocidas como “maquilas” que se dedican a la elaboración de productos de exportación en condiciones laborales de seudo esclavitud.

2. México posee aproximadamente 13 TLC con diferentes países y regiones y 29 TBI firmados.

3. En 2010 la Unión Europea cerró negociaciones para la firma de un TLC (promovido por la región europea como Acuerdo de Asociación) con Perú y Colombia. Al inicio, el acuerdo con estos países estaba comprendido en un acuerdo birregional que incluía al proceso de integración regional Comunidad Andina de Naciones (CAN) junto a Bolivia y Ecuador. Sin embargo, las presiones de la Unión Europea para incluir todos los capítulos de liberalización de los TLC –los comerciales y los que no son estrictamente comerciales como la Propiedad Intelectual- provocaron la salida de Bolivia y Ecuador y, posteriormente el rompimiento de la CAN como bloque de integración regional.

4. Brasil es el único país miembro del MERCOSUR que no tiene vigentes ninguno de los TBI negociados. El resto de los países: Argentina tiene casi 60 TBI firmados, Paraguay tiene aproximadamente 22 tratados firmados y Uruguay casi una treintena. Si bien no todos están vigentes en estos países, la suma refleja la política de apertura a las inversiones siguiendo las recetas económicas implementadas en toda la región. A diferencia de otras regiones de América Latina como Centroamérica o la región andina, en el MERCOSUR la ausencia de TLC, dio vía rápida al camino bilateral con la firma de sendos TBI.

5. En algunos países como los de la región del cono sur de América del Sur, el Estado como entidad de poder público ha sido parte conformador de la sociedad moderna. En el caso de Uruguay, el rol del Estado y las empresas públicas es central en términos de estrategia de desarrollo. Algo similar ocurre en Argentina y Brasil aunque en estos países también se deben considerar otras formas de construcción colectivas relacionadas con comunidades campesinas e indígenas. El rol del Estado debe entonces relativizarse teniendo en cuenta la trayectoria de cada país en torno a la construcción de su sociedad moderna y las circunstancias de las coyunturas actuales.

Mas información:

– La sociedad civil le dice NO a la “Agricultura Climáticamente Inteligente”

– Publicaciones del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional

Foto: Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México

Life is not a business!

En español

Joint statement of indigenous peoples of Mexico on the inauguration day of the COP 13 – December 4, 2016, Cancun, Quintana Roo, Mexico

CONSIDERING THAT:

  • The COP13 on Biodiversity to be held in Cancun as of December 4, 2016 is carried out in the framework of a predatory extractivist model;
  • The Mexican State has put itself at the service of large transnational corporations and the so-called «green economy”;
  • A recurrent feature of previous COPs has been the turning of a meeting to discuss issues related to biodiversity into a business fair and a platform for the implementation of mega-projects;
  • Mining, wind parks and hydroelectric projects, as well as the advance of the monoculture plantation model and the promotion of the use of toxic inputs contribute to the plundering of lands and territories of indigenous communities and lead to serious human rights and native people rights violations;
  • Corporations pollute the soil and water with impunity, they destroy the social ties within indigenous and farmers communities while environmental defenders are criminalized;
  • Environmental impact studies are rigged to respond to the interests of large corporations and the rights of native peoples to free, prior and informed consent processes is not respected;
  • The plundering of indigenous territories is also supported and promoted by big tourism companies and the building of large luxury housing projects;
  • The threats to the territory and culture of native peoples come hand in hand with deception, opacity, contract manipulation, violation of agrarian agreements, promises of economic heavens, conservationist speeches and concerns about climate change that don´t go beyond mere rhetoric;
  • When these deceptive speeches don’t work, they resort to pressuring peoples who resist, through statements of academics and «environmental» organizations linked to the predatory extractivist system, threats to withdraw governmental support programs, and even violent actions by security bodies and the establishment of clash or paramilitary groups, often associated to organized crime;
  • Territorial plundering comes hand in hand  with the privatization of culture and the fight against the indigenous identity, its language and its way to see the world;
  • The process of criminalization of people and communities in resistance constantly endangers the defenders of the commons and selectively represses those who, in their legitimate right, oppose this economic system of death;

The signatories of this Statement, aware of the fact that in the COP 13 of the Convention on Biological Diversity (CBD) there will be important discussions, such as the regulation of modified living organisms, bioprospecting and the use of biodiversity by Indigenous Peoples and communities, want to have a say.

We are peoples with memory. We won’t forget the experience of the Maya ICBG (Pharmaceutical research and sustainable use of ethnobotanic knowledge and biodiversity in the Mayan Region of the Highlands of Chiapas, Mexico), operated by El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), the University of Georgia, with the economic support of the US government, and the molecular biotechnology company Nature Limited of Wales (UK).

The Maya ICBG, the largest biopiracy project, was stopped by the strength of indigenous and farmers communities of Chiapas and of the Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas (COMPITCH). But we know that new forms of colonialism are looming in our territories and the sacred lands we inhabit.

Therefore,

WE STATE THAT:

  • The biocultural heritage at stake does not have a price: it is intangible and immeasurable. We have the moral, ethic and historical obligation to continue protecting it and sharing it, because it is linked to the processes of our life, processes we learned from our Mother Earth and which are the result of the ancestral knowledge of our peoples.
  • We are not against taking care of nature: we have been its keepers for thousands of years. The imposition of the projects mentioned above, their implementation based on traps and deception, and the fact that information about what these projects really mean for our territories is being concealed, convince us that these projects are not aimed at protecting biodiversity.
  • We are deeply concerned over the way decisions are made at the COP13 because they can compromise natural resources and put at risk our ancestral knowledge.
  • The promotion of the REDD+ Program (“Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries) exemplifies the lack of will to find real solutions to climate change, one of the greatest threats against life on the planet. Native peoples are not laboratories where can be tested mechanisms to reach sustainable development goals.
  • Native peoples know that it is necessary to consider and address the real causes of the loss and degradation of biodiversity. We want to continue defending our territories, our culture, our community identity. In all corners of the world, indigenous people manage our forests and territories, our mountains, our rivers and our seas, respecting and promoting biodiversity, with logics that are far away from this «green economy» that only wants to turn Mother Earth into a commodity.
  • We are decided to continue aiming at our food sovereignty through clean practices that generate food for our own consumption and that allow us to exchange our surplus in local markets. If we lose control of our territories and hand it to transnational companies, we will miss all opportunities to produce our own food.

We have not lost our memory.

TO THE BIG COMPANIES AND THEIR ALLIES WE SAY:

“You have ruined nature. You don’t care about water, air, nor life. You only care about making more profits. You’ve turned oil into the only source of energy just in order to make profits. Profit itself is the reason behind your new «green economy». We are willing to find solutions to the problems that your predatory economy has caused around the globe, but you can’t avoid the huge responsibility over the current climate crisis.”

AS PENINSULAR MAYAN PEOPLE, WE SAY to the authorities, civil organizations and those linked to agroecology and the society in general:

  • The Nagoya and Cartagena Protocols, which will be negotiated in parallel to the COP 13, favor multinational companies and promote the privatization of goods and ancestral knowledge.
  • In our country, those who lead these projects, big «green coyotes» (The National Commission for the knowledge and the use of biodiversity – CONABIO, and the German cooperation agency – GIZ, for example) are not known for searching the wellbeing of the people and native communities, but that of transnational corporations.
  • Under a rigged process and rhetoric, the CBD does not represent us. It pretends to bind an unstoppable development which is intrinsically predatory, to a so-called will to preserve and safeguard biodiversity.

We already know this speech. We don´t believe you.

Life is not a business!

Mother Earth, biodiversity and common natural resources are not for sale:
they are cared for and defended!

Signatories:
Mayan Communities and Peoples of the Yucatan Peninsula
«U Yits Ka’an» – Agroecology School of Maní (Yucatan)
Inhabitants of Chablekal (Yucatán)
Reddeldía de Los Montes Azules Movement (Chiapas)
Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas – COMPITCH
Cooperative Society for Regional Consumption Chac-Lol (Yucatan)
The Indigenous Regional and Popular Council of Xpujil – Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Campeche)

Adherents:
Friends of the Earth International
Otros Mundos A.C. (Chiapas, Mexico)
Indignación A.C. (Yucatan, Mexico)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos – PIAP (Guerrero, Mexico)
U Yich Lu’um A.C. (Calakmul, Campeche, Mexico)
Mesoamericana Movement against the Extractive Mining Model (M4)
CEIBA
COECO-CEIBA
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC, Panama)
Haiti Survie
CENSAT-Agua Viva
NAT
Friends of the Earth Argentina
Friends of the Earth-United States
Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)
World Rainforest Movement (WRM)
Brother Tomás González, de La 72, Home-Refuge for migrating people (Tabasco, Mexico)
Ernestina López, from the Indigenous Pastoral of Guatemala
Florentina Hernández Galindo, from Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca, Mexico)
Dr. Isabel Hawkins, from the Yakanal Project (California, United States)

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

Artículo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 8 de noviembre, Cancún, Quintana Roo, México

El 5 de diciembre de 2016, el presidente mexicano acudió a la COP 13 en el Moon Palace, en Cancún, Quintana Roo, México, para anunciar la creación de cuatro nuevas areas naturales protegidas (ANP), declaradas como “Reservas de la Biósfera”. En el marco de esta reunión en la que los 196 países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglos en inglés) negocian la protección de la biodiversidad, Enrique Peña Nieto presentó a México como un país a la “vanguardia de la conservación”.

Las cuatro nuevas ANP son: el Caribe Mexicano (5.7 millones de hectáreas en la franja marítima de Quintana Roo), las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes (1.2 millones de hectáreas de franja marítima de Baja California y Baja California Sur), el Pacífico Mexicano Profundo (57.8 millones de hectáreas de franja marítima de Chiapas a Nayarit y alrededor del Archipiélago de Revillagigedo), y la Sierra de Tamaulipas (308 hectáreas). El país cuenta ahora con 91 millones de hectáreas de areas naturales protegidas. En contraposición, existen 38 millones de hectáreas de concesiones mineras a lo largo del territorio.

Foto: Enrique Peña Nieto en la COP 13 el 5 de diciembre – Otros Mundos A.C.

Dos areas naturales protegidas amenazadas por la minería en Chiapas

En México, las ANP no representan una garantía contra las actividades extractivas. Bien lo vemos en la zona Costa de Chiapas, donde existen 21 concesiones mineras en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, ubicados justo entre dos Reservas de la Biósfera, la del Triunfo y la de la Encrucijada. La realización de estos proyectos mineros tendría impactos graves en los ecosistemas de estas areas frágiles de bosques y manglares.

 

“No es cierto que aquí en México se protege el medio ambiente y se preservan las áreas naturales protegidas”, alerta Luís Rojas Nomura, habitante de Acacoyagua y miembro del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Su organización forma parte de la Red mexicana de afectados por la minería (REMA) y hace un gran trabajo para parar la actividad minera en la region. “¿Para qué sirve crear otras cuatro reservas naturales para proteger la biodiversidad, si aquí con la minería van a destruir dos?”, pregunta.

Además, nos preocupa que en México las ANP se estén instrumentalizando como una forma de control territorial, agundizándose con la creación este año la figura de la gendarmería ambiental, encargada de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas”, para “prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental”. Se instaló en regiones claves como la Selva Lacandona, en Chiapas, donde tiene una connotación contrainsurgente.

Los pagos por servicios ambientales sustituyen prácticas colectivas con estrategias individualistas

En su discurso, el presidente promovió el sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), en el que individuos reciben un pago por actividades de manejo “sustentable” de los ecosistemas que generan “servicios ambientales” como biodiversidad, agua limpia o aire limpio. Se puede tratar de captar y la filtrar el agua o proteger ciertas especies de fauna o de flora. En el caso de los bosques, los pagos vienen de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con dinero aportado entre otros por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, banco para la conservación creado para financiar los proyectos de la CBD, en el que se encuentran instituciones como el Banco Mundial y empresas.

“Es preocupante que el esquema de PSA siga siendo promocionado como la forma más adecuada de manejo de bosques en México”, comenta Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C. y co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. “Más del 60% de los bosques en nuestro país está en manos de ejidos y comunidades y mucho de estos ecosistemas han pervivido gracias a prácticas colectivas que las propias comunidades han mantenido desde centenas de años. El problema con los PSA es que sustituyen esas prácticas colectivas con estrategias individualistas y de corto plazo, dependientes de financiamientos y mercados externos.”

Los PSA son vinculados al mercado de carbono, de tal modo que una de las actividades retribuidas es la captura de CO2, es decir la generación de bonos de carbono para las empresas que quieren compensar sus actividades emisoras de gases a efecto invernadero. Eso permite que el sector privado y países del Norte global sigan contaminando y no representa una verdadera solución al cambio climático.

Más pagos por servicios ambientales en la Selva Lacandona

Unas horas después de su aparición en la COP 13, Enrique Peña Nieto viajó a la Selva Lacandona para exponer su estrategia de defensa del medio ambiente en la zona, en la que prioriza los PSA. “Ya hemos visto como estos programas han afectado a comunidades en la región”, agrega Claudia Ramos, presente en la COP 13 como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional. “Varias se quejaron de las restricciones que implicaba la implementación de los programas y de las que no habían sido informado al momento de firmar su contrato, como la de no poder extender sus tierras agrícolas, o no aprovechar ciertos productos del bosque. Por ello, decidieron dejar de recibir los pagos.”

A parte de cuatro nuevas ANP, el presidente anunció la creación de cinco nuevas áreas de salvaguarda, zonas donde se prohibe explotar y extraer hidrocarburos. Una es justamente la “Región Selva Lacandona” (18 mil 348.9 Km2 dentro de la Provincia Petrolera Cinturón Plegado de Chiapas). Según el decreto por el que se crea esta zona de salvaguardia, esto contribuirá a cumplir con uno de los objetivos de la Meta Nacional “México Próspero”: “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. Abre claramente la puerta al desarrollo de proyectos de la economía verde en la región.

Isaac Rojas, co-cordinador del Programa de bosques y biodiversidad para Amigos de la Tierra Internacional, también presente en la COP 13 como observador, señala: “Estas areas de salvaguarda pueden ser utilizadas para la compensación en biodiversidad y para generar créditos para seguir contaminando”. (más información sobre la compensación en biodiversidad, biodiversity offset en inglés, en el boletín 227 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, pagina 5).

Nuevo impulso en el sector de los hidrocarburos

Vemos como a nivel global, la política de conservación, a través de su financiación, va paradójicamente de mano con el desarrollo del modelo extractivo y la destrucción del medio ambiente. En México, al mismo tiempo que se multiplican las ANP y las areas de salvaguarda, el sector de los hidrocarburos está conociendo un nuevo impulso. En el 2014, el presidente promulgó una reforma energética que acabó con la nacionalización del sector, además de abrir la puerta a la extracción a grande escala de hidrocarburos no convencionales mediante el fractura hidráulica (fracking en inglés). En consecuencia, se están actualmente imponiendo proyectos de extracción de hidrocarburos en comunidades rurales, indígenas y campesinas, como en la zona Zoque de Chiapas, donde se proyecta perforar doce pozos.

Enrique Peña Nieto no tiene el derecho de posicionarse en la escena internacional como protector de la biodiversidad, cuando viola derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. El Estado mexicano enfrenta denuncias por graves casos de violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La constante ha sido la política de despojo a través de la imposición de proyectos de extracción en donde se resguarda únicamente los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

Más información:

Mecanismos financieros en la CBD: abriendo las puertas hacia más privatización de la biodiversidad

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– El Foro de Negocios y Biodiversidad 2016: la vida y los bienes comunes al servicio del sector privado

– Los retos de la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

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Mecanismos financieros en la CBD: abriendo las puertas hacia más privatización de la biodiversidad

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Artículo de Isaac Rojas, integrante de COECO-CEIBA / Amigos de la Tierra Costa Rica y co-coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional – Publicado en el boletín No. 227 – Noviembre / Diciembre 2016 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (Descargar el boletín completo)

La Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), es un foro donde las organizaciones y movimientos podemos llevar nuestras posiciones para tratar de que sean plasmadas en documentos oficiales. No creemos que sea en una COP [Conferencia de las Partes, es decir la reunión de los gobiernos miembros de la CBD] u otra reunión de la CBD o de cualquier otra convención de Naciones Unidas, donde se cambiará el mundo. Es un espacio de trabajo complementario a la labor cotidiana de resistencia, movilización y transformación que llevamos a cabo desde el ámbito local conjuntamente con comunidades locales y Pueblos Indígenas.

Es importante tener en cuenta que la CBD, como cualquier otra institución de Naciones Unidas, no rechaza, sino más bien abraza, lo que desde el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) bautizaron como economía verde. Es decir aquella economía que no cuestiona las relaciones de poder que provocan, por ejemplo, las desigualdades, el control corporativo, la concentración de poder y la producción altamente destructiva y contaminante. Más bien las legitima al afirmar que basta tan solo con algunas “correcciones” para que el modelo actual siga funcionando. De acuerdo a esta lógica, si se invierte en la protección de la biodiversidad – léase abrir nuevos negocios – se crean condiciones para que cualquier inversión incorpore criterios ambientales y sociales, se le pone valor económico – y precio también – a los «activos ambientales» y vemos la Naturaleza no como lo que es sino como «capital natural», el modelo dominante seguiría funcionando ya pintado de verde y generando nuevos negocios.

Los mecanismos de financiación para la biodiversidad aceleran su destrucción

La CBD ha abierto la puerta a instrumentos de la economía verde a través de la discusión sobre lo que hoy se conoce como la financiación para la biodiversidad. Es decir, los fondos que se necesitan para la protección de la misma. Se sostiene que es necesario una gran cantidad de dinero para poder conservarla pues ésta se pierde a un ritmo cada vez más acelerado y preocupante. Las causas son diversas pero una en la que se hace énfasis desde el discurso dominante, es que al ser la biodiversidad un bien común, nadie la protege. Al mismo tiempo, los países mayoritariamente del Sur que poseen esa biodiversidad, no cuentan con los recursos financieros para protegerla, mientras que los países industrializados cada vez aportan menos fondos a pesar de sus obligaciones internacionales en este tema del financiamiento. Se pensó entonces en el sector privado, pero el sector privado no está dispuesto a financiar si a cambio no recibe “un retorno” de su inversión. De esta forma, es necesario encontrar nuevos mecanismos financieros – algunos basados en el mercado – que hagan posible este financiamiento y nuevas ganancias. (1) Ésta es una de las premisas vigentes en la CBD y en otros espacios.

Este tipo de mecanismos financieros son conocidos en la CBD como “innovadores”. Sin embargo y debido a que generaron oposición dado que mostraban una inclinación por aquellos basados en el mercado, en la COP 12 se empezó a hablar de mecanismos financieros para la biodiversidad. (2) La CBD se refiere a seis tipos de mecanismos financieros innovadores entre los cuales destaca la reforma fiscal ambiental, el pago por servicios ambientales y la compensación en biodiversidad. Un panel creado por el CBD y llamado ‘el Panel de Alto Nivel en la Evaluación Global de Recursos para la Implementación del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011 – 2020’, añade otros más entre los cuales destaca los permisos comerciables y la compensación. Varios de estos mecanismos, lo que hacen es abrir la puerta a nuevos negocios que pueden generar muchos recursos económicos para el beneficio de las mismas empresas que son las responsables por la destrucción de la biodiversidad. Así, en lugar de solucionar el problema de fondo que es la pérdida de biodiversidad, más bien la aceleran. Además, la idea de compensar daños en materia de biodiversidad es absurda y perversa dado el carácter único de cualquier especie o ecosistema (ver Boletín 198 y Boletín 181).

La Financiarización de la Naturaleza (FN), una nueva forma de privatizar la Naturaleza

Se afirma por quienes promueven este tipo de mecanismos y además abrazan la economía verde, que estos serán exitosos en el tanto la biodiversidad cuente con una valoración económica puesto que sin ella, no puede existir ni el precio ni los negocios. En las Metas de Aichi (1, 2 y 20) (3) se sostiene la importancia de la valoración económica que en la vida real, es muy difícil de separar del precio. Con precio, se hace posible la Financiarización de la Naturaleza (FN) entendida como una nueva forma de privatizar la Naturaleza y también, las formas de existencia y vías de subsistencia de numerosas comunidades locales y Pueblos Indígenas que viven, existen y dependen de la misma. La FN también intenta reemplazar la legislación nacional e internacional por pagos, así que quien tiene recursos financieros prefiere pagar por los daños que crea en lugar de acatar las leyes, lo que incluye sanciones. La FN se presenta siempre a través de proyectos piloto, instrumentos o políticas como algo muy técnico y complejo tratando de ocultar que conlleva una visión del mundo distinta a la que tenemos desde las comunidades, los movimientos y organizaciones que trabajamos por la justicia social. Al presentarse de esta forma, quienes promueven la FN ocultan la discusión sobre las relaciones de poder que provocan la crisis ambiental actual y sobre las responsabilidades en la creación de la misma. Ambos aspectos son necesarios a abordar para encontrar soluciones reales que conlleven a largo plazo, la superación de la crisis ambiental actual.

Debido al fuerte rechazo que los mecanismos financieros innovadores generaron en los movimientos sociales, y en algunos gobiernos, no hay referencia explícita en la agenda de la próxima COP 13, en Cancún, México. Hemos visto que más bien, quienes los promueven, cada vez que enfrentan críticas, tratan de disfrazarlos cambiándoles de nombre e incorporándolos en otras discusiones. Así lo vimos con el concepto de mecanismos financieros innovadores. (1) Por el momento, estas propuestas enmarcadas en la FN han ganado espacio en temas más generales, pero no tanto en la especificidad de cada instrumento y en su conversión en políticas recomendadas por la CBD. Sin embargo, desde las organizaciones y los movimientos sociales estamos en alerta ya que durante la COP 13, este tipo de mecanismos se están promovidos, en los pasillos y eventos paralelos. Y ante esta promoción, hay que actuar para frenarlos.

Varias recomendaciones discutidas en la COP 13 se refieren a mecanismos financieros

En la COP se analiza propuesta de recomendaciones que luego de ser discutidas, negociadas y aprobadas se convierten en las decisiones de la COP. Estas recomendaciones se negocian en reuniones previas. Del análisis que hemos hecho de las recomendaciones que se están discutiendo durante la COP 13, se encuentran menciones que hacen referencia a los mecanismos financieros. Por ejemplo hay referencias a REDD (el programa de Reducción de Emisiones  de carbono causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques) (2). También encontramos una resolución en materia de restauración (4), donde se habla del desarrollo de procesos contables «que tengan en cuenta los valores de los ecosistemas naturales y seminaturales y de las funciones y servicios que ofrecen.» Esta idea es practicada ya en algunos países que forman parte de la iniciativa Biofin, (5) al introducir la naturaleza en las cuentas nacionales, se le pone un precio, lo que permitirá la instauración de mercados, cuotas de contaminación, permisos que pueden comercializarse, compensación.

Por último, encontramos la incorporación de la biodiversidad en todos los sectores, asunto que además es el tema central escogido por el gobierno anfitrión para la COP 13. (6, 7) Por incorporación, se entiende inclusión o integración de las acciones relacionadas a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en estrategias relacionadas a sectores productivos. (8) También encontramos que esta incorporación es una forma de generación de recursos, pues podría facilitar el uso de mecanismos de compensación o generar mercados verdes. (9) En la propuesta de resolución, se habla de la necesidad de contabilizar ecosistemas, servicios de los ecosistemas, recoge la idea de que la incorporación de la biodiversidad sirve para la generación de recursos. Del párrafo 70 al 81, se hace una oda al sector empresarial, se invita a las partes a alentar al sector a generar y evaluar información sobre los impactos que provoca, a usar mecanismos de compensación, a alentar a las empresas a usar mecanismos como los protocolos de capital natural… en fin, no se habla nunca de determinar responsabilidades, aplicar sanciones o eliminar algún tipo de actividad destructora de la biodiversidad.

La lógica predominante es la alentar medidas voluntarias, utilizar mecanismos beneficiosos para generar más negocios. Es afín a toda la lógica que sustenta la FN, ayuda a eternizar las causas que provocan la pérdida y erosión de la biodiversidad. Pierde la CBD una gran oportunidad para que la incorporación de la biodiversidad en todos los sectores, conlleve cambios estructurales que aseguren la supervivencia y recuperación de la misma.

Debemos fortalecer iniciativas locales que contribuyen a cambiar el sistema

Es necesario, desde los movimientos sociales y el Estado, atacar definitivamente las causas que provocan la pérdida y degradación de la biodiversidad. En la base de estas luchas, está la defensa del territorio, la cultura y la identidad comunitarias como clave para el fortalecimiento de iniciativas locales. Hoy en día, en todo el mundo, las comunidades locales y los movimientos, están desarrolladas miles de iniciativas que debemos fortalecer. La soberanía alimentaria basada en sistemas diversos controlados por campesinas, campesinos e indígenas a través de prácticas de su agricultura productora de alimentos y otros bienes destinados a los mercados locales es una de ellas. De esta forma, luchar para que las tierras estén en manos de pequeños agricultores y agricultoras así como de Pueblos Indígenas es vital, porque sin el control de la tierra no hay posibilidad de soberanía alimentaria. Debemos continuar fortaleciendo el control de los bosques y la biodiversidad en manos de las comunidades y Pueblos Indígenas a través de propuestas como la gobernanza comunitaria de ambos. Tal y como lo hemos investigado a través de experiencias concretas, la gobernanza comunitaria del bosque es una propuesta que protege, conserva y mejora la biodiversidad; fortalece los derechos históricos y colectivos; favorece el control comunitario y asegura que el bosque no sea deforestado convirtiéndose así en una solución real en la lucha contra el cambio climático. El fortalecimiento de los mercados locales como una herramienta para reducir el consumismo y fortalecer economías locales es importante de igual forma. A su vez ayudan a mejorar la equidad y generan numerosos empleos dignos, contrario a la acción de las transnacionales. En muchas de estas propuestas, le bastaría al Estado solamente reasignar dónde van los recursos en lugar de iniciar discusiones y propuestas con nuevos mecanismos financieros.

La CBD, espacio internacional donde se discute muchas de estas propuestas, debe de alejarse del camino de las falsas soluciones. Debe respetar los principios que la fundamentan. Debe respetar los derechos de comunidades locales y Pueblos Indígenas que ella misma debería de promover con más fortaleza. La CBD no debe favorecer los mecanismos financieros que entrañan falsas soluciones. La lógica perversa de pagar para continuar contaminando, eterniza las causas de la degradación y destrucción de la biodiversidad y debe ser erradicada de cualquier propuesta. Los recursos financieros existen así como también existe la obligación histórica de quienes, ha través de sus modelos de desarrollo, han provocado esta destrucción, de brindar esos recursos.

(1) Más información en este folleto de Amigos de la Tierra Internacional: Financierización de la naturaleza: La creación de una nueva definición de la naturaleza.
(2) Hay dos referencias a REDD. Una en la recomendación sobre cambio climático que viene del SBSTTA 20 en el punto XX/10 y a renglón seguido, se refiere a propuestas alternativas. Lo mismo encontramos en la resolución propuesta desde el SBSTTA 19 en el punto XIX/8 en el punto 4, tercer párrafo.
(3) Las Metas de Aichi fueron aprobadas en la COP 10 y señalan una hoja de ruta para la conservación de la biodiversidad y persiguen detener la destrucción de la misma.
(4) Resolución propuesta, número XX/12 que viene del SBSTTA 20, en el párrafo 14, punto 6.
(5) Según la UNDP, la Iniciativa de Financiación de la Biodiversidad ( BIOFIN ) «tiene como objetivo […] mejorar la rentabilidad, a través de la incorporación de la biodiversidad en el desarrollo nacional y la planificación sectorial; y desarrollar estrategias integrales de movilización de recursos nacionales.»
(6) Asunto que se debatió tanto en el SBSTTA 20 como en el SBI 1 (punto XX/15 del SBSTTA 20 y que es más desarrollado por la propuesta de resolución 1 / 4 del SBI).
(7) TWN Info Service on Biodiversity and Traditional Knowledge, 12 October 2012. North-South divide on resource mobilization. 
(8) GEF, UNEP, CBD; Mainstreaming Biodiversity into Sectoral and Cross-Sectoral Strategies, Plans and Programmes Module B-3, Version 1 – July 2007.
(9) Finance Mechanisms for Biodiversity: Examining Opportunities and Challenges. Co – Chairs Summary of an International Workshop convened by the OECD, World Bank, GEF, and the European Commission, together with Sweden and India, 12 May 2012 – Montreal, Canada.

Más información:

¡La Vida no es un negocio!

– «Integración de la biodiversidad»: ¿solución real a la devastación de la naturaleza?

El Foro de Negocios y Biodiversidad 2016: la vida y los bienes comunes al servicio del sector privado

Los retos de la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

– Entrevista a Isaac Rojas en Radio Mundo Real

Berta Cáceres, Premio Campeones de la Tierra

CINU

(05 de diciembre de 2016).- Berta Cáceres, la activista hondureña por los derechos de los pueblos indígenas, asesinada en marzo de este año, fue una de los seis elegidos para el Premio Campeones de la Tierra, el máximo galardón que otorga anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La líder hondureña fue reconocida de forma póstuma por su labor al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una agrupación que aboga por los derechos territoriales de las poblaciones autóctonas del país centroamericano.

Cáceres lideró numerosas campañas por causas ambientales. La más prominente fue en contra del proyecto de represa hidroeléctrica de Agua Zarca por valor de 50 millones de dólares, que según Berta, se estaba construyendo sin una adecuada consulta con la comunidad indígena Lenca.

El premio anual se otorga a figuras destacadas de los sectores público y privado y de la sociedad civil que hayan contribuido significativamente con el medio ambiente.

Los galardones de este año se presentaron en el marco de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP13), que se celebra en Cancún, México del 4 al 17 de diciembre.

También recibieron el galardón el biólogo e investigador mexicano José Sarukhán Kermez, el presidente de Ruanda, la agencia marroquí para la energía sostenible, un ambientalista de la India y otra de Estados Unidos.

Más de 160 organizaciones del mundo llaman a una moratoria sobre la nueva tecnología de «extinción genética» en la COP 13

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Boletin de prensa de más de 160 organizaciones del mundo – 5 de diciembre del 2016, Cancún, Quintana Roo, México

Esta semana, organizaciones sociales, ambientales y sindicales publicaron un llamado en el que conminan a los gobiernos reunidos en la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México, a establecer una moratoria sobre la controvertida tecnología de extinción genética conocida como de impulsores genéticos (gene drives en inglés).

Los impulsores genéticos son una tecnología de edición genética experimental cuyo objetivo es la diseminación agresiva de un rasgo específico de ingeniería genética en una especie o población en la naturaleza. Si un impulsor genético fuese exitoso, los rasgos de diseño genético seleccionados se difundirían y se convertirían en dominantes en poblaciones silvestres en sólo unas cuantas generaciones de la especie, o podrían hasta provocar su extinción.

Más de 160 organizaciones de la sociedad civil de los seis continentes se unieron al llamado. Entre ellos, organizaciones ambientales que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional, sindicatos como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), que representa a más de 10 millones de trabajadores en 127 países; La Vía Campesina Internacional, la mayor organización global campesina, que representa millones de campesinos en todo el mundo; movimientos de agricultura sustentable como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM); la organización internacional de pueblos indígenas Tebtebba; coaliciones de científicos como la Unión Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS, México), así como el Grupo ETC y la Red del Tercer Mundo.

 

No existe en este momento ni el conocimiento ni la compresión necesaria para liberar impulsores genéticos en el ambiente. Ni siquiera sabemos qué preguntas se deben hacer. Conducir a la extinción cualquier especie tiene serias implicaciones éticas, sociales y ambientales”, dijo la Dra. Ricarda Steinbrecher, que representa a la Federación de Científicos de Alemania. “Es esencial que hagamos un alto para que la comunidad científica, las comunidades locales y la sociedad en su conjunto puedan conocer, debatir y reflexionar. No podemos dejarnos llevar por esta riesgosa novedad tecnológica. Una moratoria es esencial.”

“Esta tecnología de extinción genética constituye una solución falsa a los problemas de conservación”, afirmó Dana Perls de Amigos de la Tierra. “Queremos apoyar los esfuerzos de protección de la biodiversidad realmente sostenibles y que vienen de las comunidades. Los impulsores genéticos pueden ser rápidamente adoptados por las empresas de agronegocios e intereses militares. Necesitamos una moratoria inmediata sobre estas tecnologías irreversibles e irresponsables que son los impulsores genéticos.”

“El tema de impulsores genéticos será uno de los debates más álgidos en el CDB este año”, aseguró Jim Thomas, del Grupo ETC. “El tema de alto impacto está avanzando velozmente en el mundo real sin regulación alguna. Hay inversiones de millones de dólares en el desarrollo de los impulsores genéticos, e incluso hay propuestas sin siquiera mínimas precauciones para liberarlos en el ambiente en los próximos cuatro años.”

“El CDB es el tratado internacional más importante para la protección de la biodiversidad y la vida sobre La Tierra”, dijo Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo. “Por el mandato que tiene, el CDB debe adoptar esta moratoria, y los países que son parte del Convenio deben actuar ahora para evitar daños irreversibles.”

El llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos derivados de ingeniería genética sigue abierto a firmas de organizaciones. Para agregar la firma de su organización al llamado a moratoria, enviar los datos a trudi@etcgroup.org 

Texto del llamado (descargar):

Llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos (Gene-drives) derivados de ingeniería genética.

En vista de las significativas amenazas ecológicas, culturales y sociales que implican los impulsores genéticos producidos con ingeniería genética, que incluyen amenazas a la biodiversidad, a la soberanía nacional, a la paz y la seguridad alimentaria, los abajo firmantes llamamos a los gobiernos presentes en la 13a. Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, a que en base al principio de precaución, establezcan una moratoria sobre:

1) los desarrollos y las aplicaciones experimentales de sistemas de impulsores genéticos y

2) toda liberación en el ambiente de impulsores genéticos producidos con ingeniería genética.

168 firmantes:

Organizaciones internacionales y regionales:

African Biodiversity Network; Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe – ATALC; ECOROPA (Europa); European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility – ENSSER; ETC Group; Friends of the Earth Africa – Friends of the Earth Europe; Friends of the Earth International; Global Forest Coalition; GMO-Free Regions (Europa); GRAIN; Heinrich Böll Foundation; International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM; International Federation of Organic Agriculture Movements EU – IFOAM EU; International Forum on Globalization; La Via Campesina International; Millennium Institute; Mothers Across the World; Navdanya International; Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (África del Este y del Sur); Red por una América Latina Libre de Transgénicos – RALLT (América Latina); The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations – IUF; The Pan African Institute for Consumer Citizenship and Development – CICODEV (África); Tebtebba – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education; Third World Network; World Rainforest Movement

Organizaciones de África:

African Center for Biosafety – ACB (Sudáfrica); African Centre for Biodiversity – Acbio; Action for Sustainable Development – ASUD (Malawi); Biowatch South Africa; Commons for EcoJustice – EcoJustice (Malawi); Earthlife Africa Durban (Sudáfrica); Farm-Saved Seeds Network – FASSNET (Malawi); Food Sovereignty Ghana; Green Living Movement – GLM (Zambia); Growth Partners Africa – GPA; Health of Mother Earth Foundation – HOMEF (Nigeria); Kasisi Agricultural Training Centre (Zambia); Kenya Food Rights Alliance – KEFRA (Kenia); NeverEndingFood (Malawi); Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (Kenia); Young Christian in Action for Development – YCAD (Togo); Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity Conservation – ZAABC

Organizaciones de Asia:

Consumers Union of Japan; Go Organic Davao City (Filipinas); Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment, Sustainable Economy – Green Convergence (Filipinas); Interface Development Interventions, Inc. – IDIS, Inc; Kauban Movement (Davao City, Filipinas); KONPHALINDO (National Consortium for Forest and Natural Conservation in Indonesia); Luna Legal Resource Center for Women and Children, Inc. (Filipinas); Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura – MASIPAG (Filipinas); Mamayan Ayaw sa Aerial Spraying (Philippines); No GMO Campaign (Japón); Philippine Misereor Inc. – Davao Region Cluster; Roots for Equity (Pakistán); Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment – SEARICE (Filipinas); Sustainable Davao Movement (Davao City, Filipinas); Tuburan Institute (Davao City, Filipinas)

Organizaciones de Europa:

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft – AbL e.V. (Family Farmers Organisation) (Alemania); Attac France; Biofuelwatch (Reino Unido); Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. – BÖLW (German Umbrella Organization of Organic Farmers, Processors, and Retailers) (Alemania); Bundesverband Naturkost Naturwaren – BNN e.V. (Alemania); Corporate Europe Observatory – CEO; Commité de investigacion e información independientes sobre ingeniería genética – CRIIGEN (Francia); Critical Scientists Switzerland – CSS; Ecologistas en Acción (España); Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature – FRAPNA; France Nature Environnement; Les Amis de la Terre – Amigos de la Tierra Francia; BUND – Amigos de la Tierra Alemania; Amigos de la Tierra Noruega; Amigos de la Tierra Rusia; Friends of the Siberian Forests; Gen Ethisches Netzwerk – GeN (Alemania); GeneWatch (Reino Unido); Groupe International d’Etudes Transdisciplinaires – GIET (Francia); GMWatch (Reino Unido); Initiative for GE-Free Seeds and Breeding (Germany); L’Association Sciences Citoyennes (France); La Confédération Paysanne (Francia); Pan-Africanist International (Bélgica); Pôle RISQUES (Francia); Réseau Semences Paysannes (France); Schweizer Allianz Gentechfrei – SAG (Suiza); Save Our Seeds (Alemania); Scientists for Global Responsibility (Reino Unido); TestBiotech (Unión Europea); Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebühren (Alemania); junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (jAbL); What Next Forum (Suecia);

Organizaciones de América Latina y el Caribe:

Acción Ecologica (Ecuador); Acción por la Biodiversidad (Argentina); Asociación de Consumidores Orgánicos (México); Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva (Colombia); BASE-IS, Paraguay; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano – Ceccam (México); Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Argentina); CENTRO ECOLÓGICO (Brasil); CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador; Colectivo por la autonomía – COA (México); Confederación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – CONAMURI (Paraguay); Coordinadora Nacional Agraria de Colombia – CNA (Colombia); FDCL – Center for Research and Documentation (Chile/Alemania); Fundación Solón (Bolivia); Grupo Carta de Belém (Brasil); Grupo Semillas (Colombia); Guerreros Verdes A.C. (México); Movimiento Camponês Popular – MCP; Movimiento de Mujeres Campesinas – MMC (Brasil); Movimiento de Pequeños Agricultores – MPA (Brasil); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST(Brasil); Plataforma Ñamoseke Monsanto (Paraguay); Red de Guardianes de Semillas (Ecuador); Red Semillas Libres de Colombia; REDES – Amigos de la Tierra Uruguay; Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Brazilian Society of Ethnobiology and Ethnoecology); Unión de organizaciones campesinas regionales autónomas – UNORCA (México); Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad – UCCS (México); Vía Campesina Brasil; Red de Coordinación en Biodiversidad (Costa Rica); Federación Ecologista de Costa Rica – FECON;  Fundación Terram (Chile)

Organizaciones de América del Norte:

Alliance for Humane Biotechnology – AHB; Biodynamic Association – BDA; Canadian Biotechnology Action Network – CBAN; Canadian Friends Service Committee (Quakers); Center for Food Safety – CFS (Estados Unidos); Center for Genetics and Society (Estados Unidos); Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos); Community Alliance for Global Justice – CAGJ (Estados Unidos); BioScience Resource Project (Estados Unidos); Earth in Brackets (Estados Unidos); Fair World Project (Estados Unidos); Food & Water Watch (Estados Unidos); Food Democracy Now! (Estados Unidos); Food Secure Canada; Friends of the Earth US; Global Justice Ecology Project (Estados Unidos); GMO Inside/Green America (Estados Unidos); International Centre for Technology Assessment – ICTA (Estados Unidos); Institute for Agriculture and Trade Policy (Estados Unidos); Institute for Responsible Technology (Estados Unidos); Maine Organic Farmers and Gardeners Association (Estados Unidos); Moms Across America (Estados Unidos); Movement Generation (Estados Unidos); National Farmers Union (Canadá); National Family Farm Coalition (Estados Unidos); Organic Consumers Association (Estados Unidos); Organics Seed Growers and Trade Association – OSGATA (Estados Unidos); Pesticide Action Network North America; Rural Advancement Fund International – RAFI-USA (Estados Unidos); The Greenhorns (Estados Unidos); The Nature Institute (USA); USC Canada; Vigilance OGM (Quebec, Canadá); Winnemem Wintu Tribe (USA)

Organizaciones de Oceania:

FOODwatch (Western Australia); Friends of the Earth Australia; Gene Ethics (Australia); GM Cropwatch (Australia); GM-Free Australia Alliance Inc. – GMFAA; The Institute of Health and Environmental Research (Australia); MADGE Australia Inc.; Pesticide Action Group (Australia Occidental); SA Genetic Food Information Network – SAGFIN (Australia); Save Our Trees (Australia Occidental); Tanzania Alliance for Biodiversity – TABIO

Más información:

– Descargar el llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos con lista completa de firmas y un resumen de antecedentes preparado por el Grupo de trabajo de la sociedad civil sobre impulsores genéticos: 

– El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se reúne del 4 al 17 diciembre en Cancún, México. Están en debate, otros temas de biología sintética también.

– En septiembre de 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (IUCN, por sus siglas en inglés) adoptó una moratoria de facto sobre investigación de impulsores genéticos para la conservación y otros propósitos.

– En junio de 2016, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Publicó el estudio “Gene Drives on the Horizon”, que explora las preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con los impulsores genéticos y aconsejó contra de la liberación en el ambiente de los mismos.

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En la prensa:

– Advierten organizaciones sobre impulsores genéticos

– Organizaciones piden moratoria sobre tecnología de extinción genética en COP 13

– Organismos civiles del mundo exigen a la COP13 frenar la alteración permanente de especies

Guatemala, laboratorio de la impunidad ambiental

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales

Alejandro González – Coordinador Amigos de la Tierra España

Nunca hemos vivido tiempos sin violencia. Pero estos últimos han permitido a los movimientos de la sociedad civil sumar y converger. La agenda de la sostenibilidad es también ahora la de la lucha contra la pobreza, la lucha de las mujeres y la lucha por los derechos humanos. Elementos que cuestionan las raíces del sistema en el que vivimos, que no ha entendido que el planeta es finito y que ha puesto los beneficios de unos pocos por encima de los derechos de todo el planeta y sus habitantes.

Uno de los mejores ejemplos de un sistema sediento de recursos naturales para el beneficio de unos pocos son las hidroeléctricas. Destruyen de manera prácticamente irreversible ecosistemas tan vulnerables como los ríos e históricamente han arrasado, en todo el mundo, el hogar de las comunidades locales. La resistencia de la gente por su entorno no se ha podido doblegar sin un abuso de poder del que vemos su mejor ejemplo en Guatemala.

Se trata de un país paradigmático de la situación donde las multinacionales llegan a tener más recursos económicos y poder político que los propios estados, la arquitectura de la impunidad de los delitos ambientales y contra las comunidades indígenas está perfectamente construida en el país: el genocidio y la puesta en libertad de Ríos Montt, el entramado corrupto de Otto Pérez Molina y los atropellos de dos multinacionales españolas en territorio indígena que narramos a continuación, son caras del mismo problema.

Hidralia es una empresa gallega con oscuros antecedentes en España ejecutando proyectos hidroeléctricos que ha trasladado la misma lógica a Guatemala. Tal y como recogen los informes realizados por las ONGs, la empresa ha desplegado un entramado financiero en Centroamérica de más de 200 sociedades a través del cual la filial Hidro-Santa Cruz planificó una presa de 5 megawatios en el río ‘Qambalam en la región de Santa Cruz de Barillas, donde habitan varias comunidades indígenas. Jamás se ejecutó una consulta previa, libre e informada tal y como obliga el convenio 169 de la OIT. Fueron de hecho las comunidades las que tuvieron que hacer su propio referéndum.

La respuesta social de protesta fue acallada por medio de la represión policial y trabajadores de la empresa. El resultado, cientos de heridos, un trabajador de la empresa muerto y 10 líderes comunitarios encarcelados durante dos años hasta su total absolución este verano. Nuestro compañero Arturo Pablo sabe bien en qué circunstancias le encarcelaron. Además, se ha abierto una brecha profunda entre las comunidades urbanas y rurales aún por cerrar. En otra cuenca, la del río Cahabón, una filial de la empresa de Florentino Pérez, ACS, ha protagonizado un caso similar en varias fases.

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales, y la sociedad civil no da abasto para tejer redes de denuncia, apoyo y solidaridad. Es por ello que reclamamos un marco vinculante a nivel internacional. Hace muy poco hemos sembrado su semilla.

¡La Vida no es un negocio!

English version

Declaración conjunta de pueblos indígenas de México, al inaugurarse la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, en Cancún, Quintana Roo, México – 4 de diciembre del 2016, Cancún, Quintana Roo, México

CONSIDERANDO QUE:

  • La celebración de la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) de la Convención sobre diversidad biológica, a realizarse en Cancún a partir de este 4 de diciembre de 2016, se sitúa en el contexto de un modelo extractivo depredador;
  • El Estado mexicano se ha puesto al servicio de las grandes empresas transnacionales y de la llamada “economía verde”;
  • La constante en las COPs pasadas ha sido convertir una asamblea de discusión sobre biodiversidad en una feria de negocios y plataforma de implementación de proyectos;
  • Los proyectos mineros, eólicos e hidroeléctricos, así como el avance del modelo de monocultivos y la promoción de uso de agrotóxicos, contribuyen al despojo de las tierras y los territorios de las comunidades indígenas y conllevan graves violaciones a los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios;
  • Las empresas contaminan suelos y aguas impunemente, destruyen el tejido social de comunidades indígenas y campesinas, mientras los defensores del medio ambiente son criminalizados;
  • Los estudios de impacto ambiental están amañados para responder a los intereses de las grandes empresas y no se respeta el derecho de los pueblos originarios a procesos de consulta libre, previa e informada;
  • El despojo de los territorios indígenas es también apoyado y promovido por grandes empresas de la industria turística y por la construcción de grandes desarrollos habitacionales de lujo;
  • Las amenazas al territorio y la cultura de los pueblos originarios vienen acompañadas de engaños, opacidad, manipulación de contratos, violación a mandatos agrarios, promesas de paraísos económicos, discursos conservacionistas y preocupaciones ante el cambio climático que nunca sobrepasan el nivel de la mera retórica;
  • Cuando estos discursos engañosos no funcionan, se recurre a presionar a los pueblos que resisten, a través de declaraciones de académicos y de organizaciones “ambientalistas” afines al sistema extractivo depredador y amenazas de retirar programas de apoyo gubernamental, hasta llegar a la actuación violenta de los órganos de seguridad y la constitución de grupos de choque o paramilitares, asociados a veces con el crimen organizado;
  • Al despojo territorial se une la privatización de la cultura y el combate contra la identidad indígena, su lengua y su cosmovisión;
  • El proceso de criminalización de las personas y comunidades que resisten pone en peligro constante a los defensores de los bienes comunes y realiza una represión selectiva en contra de quienes, en uso de su legítimo derecho, se oponen a este sistema económico de muerte,

Los firmantes de esta Declaración, conscientes de que en la COP13 de la Convención sobre Diversidad Biológica se discutirán temas que no son menores, como la regulación de organismos vivos modificados, la bioprospección y el uso de la biodiversidad por parte de pueblos y comunidades indígenas, queremos decir nuestra palabra.

Somos pueblos con memoria. No olvidamos la experiencia del ICBG-Maya (conocido en castellano como proyecto de investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la Región Maya de Los Altos de Chiapas, México), que fue operado por parte del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Georgia, con apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, y la compañía biotecnológica molecular Nature Limited de Gales, Reino Unido.

El ICBG-Maya, el proyecto más grande de biopiratería, fue detenido por la fortaleza de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y por el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH). Pero sabemos que nuevas formas de colonialismo penden sobre nuestros territorios y sobre las sagradas tierras en las que vivimos.

Por ello,

DECLARAMOS QUE:

  • El patrimonio biocultural que está en juego no tiene precio: es intangible e inconmensurable. Tenemos la obligación moral, ética e histórica de continuar con su resguardo y su uso compartido, porque está vinculado a los procesos mismos de nuestra vida, procesos que aprendimos de nuestra Madre Tierra y que son fruto del conocimiento ancestral de nuestros pueblos.
  • No estamos en contra de cuidar la naturaleza: hemos sido sus guardianes por miles de años. La imposición de los proyectos arriba mencionados, su implementación a base de trampas y engaños, y el hecho de que se oculta información sobre lo que realmente significan para nuestros territorios, nos convencen de que no tienen como objetivo la salvaguarda de la biodiversidad.
  • Sentimos una gran preocupación por la forma en que se toman las decisiones en la COP 13, porque pueden comprometer los bienes de la naturaleza y poner en riesgo los conocimientos ancestrales que resguardamos.
  • El impulso del proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2) evidencia la falta de voluntad para encontrar soluciones reales al cambio climático, una de las mayores amenazas contra la vida en el planeta. Los pueblos originarios no somos laboratorios donde puedan experimentarse mecanismos para lograr los objetivos de desarrollo sustentable.
  • Los pueblos originarios sabemos que es necesario mirar y atender las causas reales de la pérdida y degradación de la biodiversidad. Queremos seguir defendiendo nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra identidad comunitaria. Hacia los cuatro puntos cardinales del planeta, los pueblos indígenas manejamos nuestros bosques y territorios, nuestros montes, nuestros ríos y mares, respetando y promoviendo la biodiversidad, con lógicas alejadas de la “economía verde” que sólo busca convertir a la Madre Tierra en una mercancía.
  • Estamos decididos a seguir buscando nuestra soberanía alimentaria a través de prácticas limpias, que generen alimentos de autoconsumo y que nos permitan intercambiar nuestros excedentes en mercados locales. Si perdemos el control de nuestros territorios y los entregamos a las empresas transnacionales, se perderá la posibilidad de producir nuestros propios alimentos.

No hemos perdido la memoria.

A LAS GRANDES COMPAÑÍAS Y SUS ALIADOS LES DECIMOS:

“Ustedes han echado a perder la naturaleza. No les interesa el agua, ni el aire, ni la vida. Sólo les interesa ganar más dinero. Convirtieron el petróleo en la única fuente de energía sólo por lucro. Es el lucro el mismo motivo que se esconde detrás de su nueva “economía verde”. Estamos dispuestos a encontrar soluciones a los problemas que su economía depredadora ha causado a todo el planeta, pero ustedes no pueden evadir la enorme responsabilidad que tienen en la actual crisis climática.’’

COMO PUEBLO MAYA PENINSULAR, LES DECIMOS a las autoridades, a las organizaciones civiles y vinculadas con la agroecología y a la sociedad en general:

  • Los protocolos de Nagoya y de Cartagena, que se discutirán al margen de la COP 13, favorecen a las empresas multinacionales y promueven la privatización de bienes comunes y de conocimientos ancestrales.
  • En nuestro país, quienes encabezan estos proyectos, los grandes “coyotes verdes” (La Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad – CONABIO, la agencia de cooperación alemana GIZ, entre otros), no se han caracterizado por la búsqueda del bien de los pueblos y de las comunidades originarias, sino el de las multinacionales.
  • Bajo un discurso y un proceso amañados, la Convención por la Diversidad Biológica no nos representa. Une en sus planteamientos una propuesta de desarrollo imparable que es en sí depredadora, con un supuesto deseo de conservar y salvaguardar la biodiversidad.

Conocemos ya ese discurso. No les creemos.


¡La Vida no es un negocio!

¡La Madre Tierra, la biodiversidad y los bienes comunes naturales
no se venden: se aman y se defienden!

Firmamos:

Comunidades y pobladores Mayas de la Península
«U Yits Ka’an» Escuela de Agroecología de Maní (Yucatán)
Pobladores de Chablekal (Yucatán)
Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules (Chiapas)
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas – COMPITCH (Chiapas)
Sociedad Cooperativa de Consumo Regional Chac-Lol (Yucatán)
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Campeche)

Subscriben:

Amigos de la Tierra Internacional
Otros Mundos A.C. (Chiapas, México)
Indignación A.C. (Yucatan, México)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos – PIAP (Guerrero, México)
U Yich Lu’um A.C. (Calakmul, Campeche, México)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
CEIBA
COECO-CEIBA
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC, Panamá)
Haiti Survie
CENSAT-Agua Viva
NAT
Amigos de La Tierra Argentina
FOE-US
Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)
Movimiento mundial por los Bosques tropicales (WRM)
Fray Tomás González, de La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes (Tabasco, México)
Ernestina López, de la Pastoral Indígena de Guatemala
Florentina Hernández Galindo, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca, México)
Dr. Isabel Hawkins, del Proyecto Yakanal (California, Estados Unidos)

Más información sobre la COP 13:

– «Integración de la biodiversidad»: ¿solución real a la devastación de la naturaleza?

– El Foro de Negocios y Biodiversidad 2016: la vida y los bienes comunes al servicio del sector privado

– Los retos de la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

En la prensa:

Durante COP 13 pueblos indígenas llaman a no negociar con la vida