ANÁLISIS

Otros Mundos A.C. recibirá el Premio «Justicia Global» en Denver

Publicada el 26/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este sábado 29 de octubre, la asociación civil Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra México recibirá el premio “Justicia Global” (“Global Justice” en inglés) por parte del Comité de Justicia y Paz de Denver (Denver Justice & Peace Comité, DJPC), en Denver, capital del estado de Colorado, Estados Unidos.

El Comité estadounidense creado en el 1976 trabaja por la solidaridad con los pueblos de América latina y la promoción de los derechos humanos, económicos y ambientales en la región. Apoya entre otros la resistencia del pueblo de Cajamarca contra la minera Yanacocha en Perú.

Con la entrega de este reconocimiento a Otros Mundos Chiapas A.C., el Comité dice reconocer el valor de su trabajo en la búsqueda de alternativas a la crisis social, económica, política y medioambiental que atravesamos en el actual sistema de dominación capitalista.

El año pasado, este reconocimiento fue otorgado a la historiadora estadounidense Aviva Chomsky, quien ha dedicado una gran parte de su trabajo a la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos.

¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras!

Publicada el 25/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 25 de octubre del 2016

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, alertamos a la comunidad internacional sobre la grave situación que están viviendo los y las defensores y defensoras de la tierra, del territorio y de los derechos humanos en Honduras. La multiplicación de proyectos extractivos como monocultivos de palma africana, minería y represas en este país de Centroamérica, a la cual nos enfrentamos también en México, se acompaña de una guerra abierta contra los pueblos en defensa de su bienestar y de sus fuentes de vida.

En el Bajo Aguán (norte), donde la corporación hondureña Dinant acapara tierras para extender monocultivos de palma africana con el financiamiento del Banco Mundial, dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fueron asesinados por paramilitares el 18 de octubre: José Ángel Flores, su presidente, y Silmer Dionisio George, uno de sus integrantes. No son casos aislados: desde el 2009, Human Rights Watch tiene documentados más de 29 asesinatos ligados a la defensa de la tierra que han permanecido en la impunidad en el Bajo Aguan.

Denunciamos la violenta represión que sufre el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH) de manera ininterrumpida desde hace varios meses. El pasado 9 de octubre, dos de sus miembros fueron víctimas de intentos de homicidio a balazos: Tomás Gómez, su coordinador, y Alexander García Sorto, uno de sus líderes comunitarios. Repudiamos estos ataques perpetrados bajo el orden del poder corporativo y del gobierno hondureño que buscan silenciar la lucha del COPINH contra los proyectos extractivos, en particular contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa hondureña DESA sobre el río Gualcarque, en territorio del pueblo Lenca (suroeste).

El COPINH ha sufrido intentos de criminalización y varios ataques que han terminado con la vida de varios compañeros y compañeras por la defensa del río Gualcarque y su lucha histórica de defensa de los bienes comunes. Estos asesinatos permanecen en total impunidad. Exigimos que sean condenados todos los autores intelectuales y materiales del asesinato de la coordinadora Berta Cáceres, acribillada de balas el 2 de marzo de este año. El robo del expediente del caso a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de supuestos ladrones, el 29 de septiembre, es una vergüenza para el gobierno hondureño que trabaja al servicio de la impunidad y no de la justicia.

Reclamamos que cese la guerra cotidiana contra los miembros COPINH, cuya manifestación pacífica por la justicia y la tierra frente al Ministerio Público en Tegucigalpa el 20 de octubre fue violentamente reprimida por la policía, en donde se puso en riesgo la vida de menores de edad al hacer uso indiscriminado de gases lacrimógenos. En la manifestación también resultaron heridos miembros del OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), quienes se enfrentan cotidianamente a la represión por defender su territorio de la expansión hotelera y palmera en el norte de ese país.

Desde México, apoyamos la lucha de los miembros COPINH en defensa del río Gualcarque y del pueblo lenca .Así mismo, abrazamos a los compañeros y las compañeras del OFRANEH y del MUCA en ardua lucha por la defensa de sus territorios. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca, y de todos los proyectos de muerte que acaparan tierras, desplazan pueblos y destrozan los bienes comunes naturales en nuestro continente.

¡No a los proyectos extractivos que traen muerte en nuestro continente!
¡Sí a la vida y a la autodeterminación de los pueblos!

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México

– Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

– Repudio al asesinato de campesinos en Honduras (comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC)

Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

Publicada el 25/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Honduras, octubre de 2016

ACTUALIZACIÓN:

«Muchas gracias por haber firmado la carta dirigida a autoridades hondureñas sobre la situación de las personas que defienden derechos humanos en su país. La carta fue firmada por 170 organizaciones y 16 académicos y otras personalidades. Se entregó esta tarde al Ministerio Público y la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentalización. Adjuntas encontrarán la versión final, con su firma incluida y la copia de recepción de la misma con los respectivos sellos en la primera y última páginas. Les invitamos a circular la carta con sus contactos y compartirla con sus respectivos gobiernos.»

CARTA:

Respetables Señora y Señores

Héctor Leonel Ayala
Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización

Karla Cueva
Sub-Secretaria de Justicia y Derechos Humanos

Oscar Chinchilla
Fiscal General de la República de Honduras

Apreciables señoras y señores:

Las organizaciones firmantes, acompañantes de diferentes procesos de defensa de los derechos humanos en Centroamérica, manifestamos nuestra preocupación por los graves obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, tal y como lo evidencian los recientes asesinatos de José Ángel Flores (presidente) y Silmer Dionisio George (miembro) del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocurridos el día martes 18 de octubre y los atentados en contra de Tomás Gómez Membreño (coordinador general) y Alexander García Sorto (integrante) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el pasado 9 de octubre; así como intimidaciones, amenazas, la represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente las actividades de defensoras y defensores en su país; particularmente cuando éstas afectan los intereses de actores con poder político o económico.

Estos ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos repercuten negativamente sobre el disfrute de los derechos que defienden, contribuyen a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias. En una reciente declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto” (1).

Honduras es el país con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 426 personas beneficiarias, de las cuales 16 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2001 y julio de 2016 (2).

El hecho que José Ángel Flores, Silmer Dionsio George, Tomas Gómez Membreño y Alexander García Soto pertenezcan a organizaciones a las que les fueron concedidas medidas cautelares (3) de la CIDH demuestra una grave falla en el deber del Estado de Honduras de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan por hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como quedó expresado en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos (4), la cual fue co-patrocinada y votada por Honduras.

La continuidad de estos hechos de violencia contra las y los defensores, ponen en evidencia que en Honduras la situación es crítica para ellos, ya que no cuentan con garantías por parte del Estado para ejercer su labor ni sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión o asociación pacíficas, a participar en los asuntos públicos y a interponer recursos efectivos (5) cuando lo consideren oportuno.

Respetados funcionarios del Estado de Honduras,

Como es de su conocimiento, durante este año diferentes órganos de tratado de Naciones Unidas han examinado al Estado de Honduras (6). En sus sesiones los diferentes Comités han preguntado específicamente sobre qué esta haciendo el Estado de Honduras para garantizar el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta como Estado ha sido el reconocimiento de “la labor de los defensores de derechos humanos” y la aprobación, reglamentación e implementación de la Ley de Protección de defensores de derechos humanos, así como “la atención a las 38 solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General del Sistema de Protección hasta junio de 2016” (7).

Sin embargo, los hechos de violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos demuestra que este mecanismo ha resultado poco efectivo, tal y como ha sido señalado tanto por actores nacionales como internacionales, dada la falta de medidas concretas (8) y específicas de protección para estas personas, más allá del acompañamiento o vigilancia perimetral policial; los cuales en algunos casos se ha brindado sin análisis de riesgos y respondiendo sólo con medidas de urgencia y no de protección (9).

En sus observaciones finales, tanto el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Contra la Tortura, como el Comité sobre Trabajadores Migrantes expresaron su preocupación por la descalificación (10), las amenazas (11) actos de intimidación (12) y asesinatos (13) en contra de las personas defensoras de derechos humanos y el grado de impunidad de la que gozan los responsables de esos actos (14).

El Comité Contra la Tortura expresó también su preocupación por las (…) declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que se descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos, poniendo así en riesgo su integridad física (15).

Ante esta grave situación, por medio suyo nos permitimos hacer un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección a los y las defensoras de derechos humanos, entre las cuales están:

Tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser desarrolladas en consulta con las beneficiaras (16).
Fortalecer y dotar con los recursos necesarios (17) al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, concediendo un mayor espacio de participación a las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos (18).
Desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente (19) en consulta con las personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de prevenir los ataques en su contra.
Garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas ni hostigamiento y cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos (20), e
Investigar de manera exhaustiva, eficaz (21) , sin demora y de manera independiente (22) todas las denuncias y atentados contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos (23). Además, se haga rendir cuentas a los responsables (…) y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física (24).

Estamos seguros de que la implementación de estas acciones redundará en mejorar las condiciones del trabajo y la seguridad de las y los defensores, y les daría, además, el respaldo institucional que necesitan para continuar con la defensa de los derechos humanos; lo que redundará en beneficios para toda la sociedad hondureña.

Respetuosamente,

Cc
Roberto Herrera Director Comisionado Nacional de Derechos humanos.
Sr. Embajador Giampaolo Carmelo RIZZO ALVARADO Misión Permanente de Honduras ante el Sistema de Naciones Unidas – Ginebra, Suiza.
Dirección General de Investigación para el Cumplimiento de Compromisos en Derechos Humanos
Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales
Dirección General de Políticas Públicas de los Derechos Humanos y Justicia

Sr. James Callavaro, Relator País, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sr. Embajador Choi Kyonglim, Presidente del Consejo de DDHH de NU
Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de DDHH de NU-Ginebra
Sra. María Soledad Pazo Oficina del Alto Comisionado de DDHH- Honduras

Órganos de Tratado de Naciones Unidas:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité contra la Tortura
Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Relatores/as especiales de Naciones Unidas:
Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;
Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación;
Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

(1) E/C.12/2016/2, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Defenders and Economic, Social and Cultural Rights, 7 October 2016. Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
(2) PBI, Honduras Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Junio 2016).
(3) CIDH. MC 50/14 – Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Honduras y MC 112/16 – Miembros de COPINH, familiares de Berta Cáceres y otro, Honduras.
(4) A/HRC/31/L.28 Protección de los defensores de derechos humanos, ya sean individuos, grupos u órganos de la sociedad, que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (23 de marzo de
2016)
(5) Ibídem A/HRC/31/L.28.
(6) Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura y Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
(7) Comité contra la Tortura, 58o Sesión. Intervención de Honduras, segundo informe periódico de honduras al Comité contra la tortura. 27 al 28 de julio de 2016. En: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fSTA%2f
HND%2f24652&Lang=en
(8) CAT/C/HND/2, Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafo 42, 10 de agosto de 2016
(9) ¿Es realmente efectivo el mecanismo de protección para Defensorxs de Derechos Humanos?, Coalición contra la Impunidad, 17 octubre de 2016.
(10) E//C.12/HND/CO/2, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafos 9 y 10, 24 de junio de 2016
(11) E/C.12/HND/CO/2; CAT/C/HND/2; CMW/C/HND/CO/1.
(12) CAT/C/HND/2.
(13) E/C.12/HND/CO/2, CAT/C/HND/2, CMW/C/HND/CO/1.
(14) Op. Cit. CAT/C/HND/2.
(15) Op. Cit.
(16) A/HRC/33/42/Add.2 Consejo de Derechos Humanos 33o período de sesiones,  Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras, 2016.
(17) Op. Cit. Coalición contra la Impunidad; A/HRC/33/42/Add.2.
(18) Op. Cit.
(19) Op. Cit. A/HRC/33/42/Add.2.
(20) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(21) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(22) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(23) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(24) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.

Iniciativa promovida por la Plataforma Internacional contra la Impunidad

Chiapas: buscan autorización de pueblos zoques para abrir 12 pozos de hidrocarburos

Publicada el 24/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Inicia consulta en tres municipios. No autorizaron presencia de observadores en el proceso. EZLN se opone.

Por Ángeles Mariscal desde Chiapas. Aristegui Noticias

La Secretaría de Energía inició el martes la consulta a los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, con el fin de lograr su autorización para abrir 12 pozos de donde se espera extraer gas y aceite que actualmente se licitan.

La consulta se llevó a cabo en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Tecpatán; el jueves se efectuará en el municipio Francisco León; el viernes en los poblados La Providencia y El Escobar de Ixtacomitán; y el sábado en Pichucalco. Estos municipios ubican en la zona norte de Chiapas, donde habitan indígenas de la etnia zoque, de acuerdo al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

De acuerdo a la Constitución mexicana, para explorar y explotar hidrocarburos que se encuentren en zonas indígenas, se debe tomar en cuenta los intereses y derechos de esas comunidades y pueblos.

Sin embargo, de acuerdo a integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque, originarios de esa región, en la consulta fue impedida la presencia de observadores externos y especialistas.

“Sobre el proyecto sólo se informó a las autoridades ejidales a través de los ayuntamientos, sin darles mayores detalles. Es hasta el día de la votación cuando someramente se mencione a los habitantes la implicación de los proyectos, explicó Fermín Ledesma, integrante del Centro.

Para acceder a los detalles del proyecto, cada empresa licitante debe pagar 2.5 millones de pesos, por concepto de acceso por cada uno de los “cuarto de datos” que componen las características de los yacimientos sujetos a la licitación que fue abierta el pasado 24 de agosto.

“Primero se les debió informar, para que los ejidatarios analizarán y consultaran sobre los alcances con personas de su confianza y efectos, para que tuvieran un periodo de discusión interna. En estas condiciones no se está llevando a cabo una consulta libre e informada”, explicó el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

De acuerdo a la convocatoria CNH-R02-L02/2016, la licitación comprende 12 pozos localizados en una extensión de 845 kilómetros cuadrados donde se encuentran yacimientos de gas y aceite. Se convocó a personas morales nacionales y extranjeras, y a empresas productivas del Estado. Extraoficialmente ya hay tres empresas extranjeras interesadas en la licitación.

La licitación también comprende 20 pozos en el municipio de Macuspana, Tabasco, en la zona conocida como Cuencas del Sureste, señala el CNIH. El 7 de abril de 2017 se dará a conocer el resultado del proceso. Actualmente, en Chiapas los poblados que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se oponen a los proyectos de la industria extractiva en sus territorios.

Bayer, Monsanto y compañía: agricultura como si no hubiera un mañana

Publicada el 21/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Gabriela Vázquez, eldiario.es

El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la compra de la primera por 66.000 millones de dólares. Esta unión se sumaba a la de Dow-Dupont ( diciembre de 2015) y a la de Syngenta-ChemChina ( febrero de 2016), y dejaba “desparejada” a la otra gran empresa del sector semillero y de agroquímicos, BASF, de quien se espera que mueva ficha próximamente.

Pero esta agitación no sólo está dándose en este sector, sino también en otros sectores vitales en el mundo de los insumos agrícolas, y con unos volúmenes de mercado mucho mayores, como son el de los fertilizantes (175.000 millones de dólares en el año 2013, respecto a los 93.000 del mercado de pesticidas-semillas) y el de la maquinaria agrícola (116.000 millones). Todas estas empresas se encuentran igualmente en un frenesí de compras y fusiones, de apuesta por nuevos mercados y de concentración en cada vez menos manos.

Estas fusiones aún pueden ser evitadas por la legislación anti-monopolio de los distintos países (aunque, cuando aún intentaba comprar Syngenta, Monsanto estaba tan segura de que nadie bloquearía el acuerdo que ofrecía una fianza de 2.000 millones de dólares en caso de que así fuera ), y nadie puede saber cómo será exactamente el panorama final: ¿a qué escenario nos llevará esta tendencia que comenzó con la compra de pequeñas empresas semilleras por todo el mundo hace unas décadas?

La acumulación de poder por parte de estas empresas multinacionales se retroalimenta, haciéndose cada vez mayor: su tamaño les da una gran capacidad de lobby, lo que permite que la legislación de todo el mundo se adapte a sus intereses. En el año 2015 las empresas del sector agroquímico invirtieron 132 millones de dólares en labores de lobby sólo en el Congreso de EEUU. También les otorga una enorme influencia a la hora de decidir qué es lo que se investiga y cómo, ganándole terreno cada vez más a la investigación pública y decidiendo de facto hacia dónde se encaminan nuestros sistemas agroalimentarios.

Sin embargo, el mayor poder de estos oligopolios reside en su capacidad para dar lugar a sus propias narrativas sobre lo que debe ser y será la alimentación del futuro. Un modelo alimentario basado en la cantidad de calorías producidas, quizá con algunos suplementos para combatir, considerándolas de forma aislada, algunas deficiencias vitamínicas. Las medidas ambientales que se introducen intentan reconciliar al modelo agroindustrial con el medio en el que vive, sin replantearse este en su conjunto.

En estas narrativas el modelo de monocultivos destinados a la exportación y largas distancias se mantiene. También se mantiene la dinámica del agricultor cada vez más dependiente del suministro de insumos externos, aunque no se cierra la puerta a que estos insumos puedan cambiar. Se defiende la “intensificación sostenible”, que se fundamenta en que, ya que la agricultura va a degradar inevitablemente el territorio, lo mejor es maximizar mediante el uso de insumos externos la productividad de un terreno dado, para ocupar el menor espacio posible. Esta argumentación, aparte de dar por hecho que es inevitable que la actividad agrícola destruya el medio en el que se desarrolla, supone que el único impacto de ésta se da en la parcela en que se cultiva, sin considerar el impacto que la obtención de esos insumos genera en otros lugares.

No es esta una defensa de la autosuficiencia radical de las explotaciones agrícolas. Quiero reivindicar más bien una lógica que no sólo tenga en cuenta cuánto se produce y a qué coste económico, sino que considere igualmente los materiales y energía (incluida la energía necesaria para mover esos materiales por el mundo) que han tenido que consumirse en el proceso. Lamentablemente, nuestro sistema económico no es capaz de medir adecuadamente estos costes, por lo que no podemos dar por hecho que lo más barato económicamente es lo más “barato” en términos de materiales y energía.

Algunas de las soluciones tecnológicas que se plantean, al no ser claramente destructoras o contaminantes de por sí, permiten imaginar un campo que se desarrolla a espaldas del mundo físico que lo sostiene. En muchos casos la cuestión no es el rechazo a la propia tecnología, sino preguntarnos si se han echado las cuentas de hasta qué punto podemos disponer de los recursos para generalizar su utilización. En un mundo de recursos finitos y políticas neoliberales, el acceso de unos pocos agricultores de élite a la maquinaria más avanzada podría impedir a todo el resto el acceso a herramientas mucho más básicas. Si sabemos que necesitaríamos siete planetas para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, ¿cuántos necesitaríamos para que todos los agricultores trabajasen en el futuro que se imaginan Bayer y Monsanto?

Lo que no es posible, bajo este modelo ni bajo ningún otro, es conseguir un sistema de producción justo y viable a largo plazo que garantice los niveles de consumo y despilfarro que tenemos actualmente en los países enriquecidos. Sencillamente, no existen en el planeta que tenemos los materiales para hacer algo así.

Afortunadamente, existen formas de producir lo suficiente para asegurar que se cubran las necesidades (que no los deseos, que son ilimitados) de todas las personas, tanto en el plano alimentario como en otros. Olivier de Schutter, anterior relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, ya explicaba hace algunos años cómo la agroecología (un concepto que va más allá de la agricultura ecológica, con la que a menudo se confunde) sería capaz de “alimentar al mundo” en un contexto de crisis económica, ecológica y energética. Es más, sería posible hacer esto desde una perspectiva de recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, de recuperación de la toma de decisiones que en estos momentos, y cada vez más con acuerdos como el de Bayer y Monsanto, se encuentra muy lejos de las comunidades que en la práctica sustentan la vida.

Uno de los cambios clave entre un modelo y otro sería el de recuperar el enfoque centrado en la adaptación de la producción al medio (basado en la diversificación de soluciones según las condiciones particulares de cada lugar), en lugar de continuar con el enfoque centrado en la modificación del medio (basado en la estandarización de muchos lugares diferentes mediante el aporte de insumos externos). El segundo enfoque, en el que un menor número de soluciones son válidas para todo el mundo, encaja mejor con un modelo globalizado y concentrador de poder.

El cómo podría funcionar un modelo basado en la diversificación, qué datos sobre su efectividad tenemos hasta ahora, qué elementos del modelo industrial actual convendría mantener y cuales convendría desechar, y cómo podría realizarse la transición de uno a otro son temas abordados en el informe “ From uniformity to diversity” del comité IPES-Food. Este comité está formado por expertos relacionados con las Naciones Unidas (entre ellos el ya mencionado de Schutter), la academia y diversas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la cooperación internacional.

Según ellos, “el que el potencial de la agroecología para mejorar los resultados de los sistemas alimentarios no coincida con un potencial para generar beneficios para el agronegocio podría explicar por qué ha tardado tanto en hacerse hueco en la agenda política.” Aunque distintos organismos de la ONU lleven varios años haciéndose eco del potencial de la agroecología, especialmente en países del Sur, el primer Simposio sobre Agroecología de la FAO no tuvo lugar hasta el año 2014.

El informe señala también el riesgo fundamental de que, en un momento en el que el cambio es tan necesario, las prioridades políticas se centren no en fomentar y salvaguardar el desarrollo de modelos alternativos, sino en realizar retoques a las prácticas de las multinacionales que en realidad dejen intactos los aspectos esenciales del modelo actual.

Existen distintas medidas que pueden ponerse en marcha para, poco a poco, ir cambiando el centro de gravedad de nuestros sistemas alimentarios, pero la concentración de poder en el sistema actual ha alcanzado cotas tan altas que la acción política resulta también esencial para su desmantelamiento. Aunque no parece que nuestros gobiernos tengan ninguna intención de hacerlo, el bloqueo de acuerdos como el de Bayer-Monsanto sería un buen lugar para empezar.

Boletín del WRM: Los pueblos de “América Media” luchando por sus territorios y contra toda forma de opresión

Publicada el 20/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Boletín nº 226- Octubre 2016

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“América Media”: pueblos en resistencia ante un pasado colonial que perdura con imposición y violencia

Cuando pensamos en los países que van desde el sur de México hasta Panamá, acostumbramos hablar de América Central o Centroamérica. Es decir, en nuestro imaginario, ese sería el nombre que usaríamos para situar el territorio que se encuentra entre la región Sur y la región Norte del continente americano. Sin embargo, las historias, culturas, economías y políticas de este territorio cuentan una historia diferente y nos obligan a reflexionar más allá sobre sus límites y definiciones.

Mientras que administrativamente, Centroamérica comprende siete países: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; algunos historiadores aún delimitan la región de acuerdo a los límites establecidos por uno de los virreinatos de la colonia española, es decir, los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Por otra parte, la antropología definió como Mesoamérica a los territorios que comprenden desde la mitad sur de México, los territorios de Guatemala, Belice y El Salvador, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se asentaron grupos de las zonas precolombinas de México y del Caribe – tales como los pueblos Mayas, Lencas, Pipiles, Kunas, Chorotegas, Nasos, Bribris, entre otros -, y que han habitado estos parajes durante milenios. No debemos confundirnos con otras divisiones que han sido creadas por organizaciones internacionales para pretender una “integración” económica que apunta a expandir el comercio neoliberal en estos territorios.

Pero la historia oficial, antropológica y colonial no considera las otras diversas historias que los pueblos, culturas y geografías nos cuentan. Aquellas que tienen que ver con los intercambios culturales y políticos, las luchas de resistencia, las percepciones y formaciones de lugares sagrados, territorios y que dan un sentido de pertenencia a esta “América Media”, en el sentido amplio de la palabra, desde el sur de México hasta Panamá.

Esta “América Media” entonces es un territorio definido y re-definido a lo largo de los años por sus pueblos y culturas. A través del tiempo, no obstante, y sobretodo desde la era de la colonización, su papel ha sido el de zona de disputa territorial entre las grandes potencias europeas —a las que se sumó a fines del siglo XIX, Estados Unidos—, con el objetivo de explotar y controlar sus “recursos naturales”. Su ubicación es estratégica, ya que permite cortar camino en la comunicación de los océanos Atlántico y Pacífico por vía marítima. Además, es una zona de altísima biodiversidad en términos de bosques y manglares, suelos fértiles, ricas reservas de agua dulce, así como de enormes reservas de petróleo y minerales.

Durante poco más del último siglo, estos territorios han estado modulados por movimientos de liberación y emancipación social, seguidos por cruentas dictaduras militares. La fuerte violencia política y persecución social que continúa en la actualidad no ha impedido a que las luchas de resistencia se siguieran multiplicando por todos sus rincones. Sin embargo, en la actualidad, con los movimientos y organizaciones de base enfocados especialmente en la defensa de los territorios y contra la imposición de un modelo extractivista destructivo, los niveles de violación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos es alarmante.

Este boletín busca apoyar y honrar a estos pueblos diversos y sus luchas de resistencia. Por tanto, es un boletín dedicado a reflexionar sobre esa “América Media”, es decir, a los territorios definidos por sus pueblos, historias y luchas que van desde el sur de México hasta Panamá. De la mano de organizaciones aliadas en estos territorios, el WRM ha buscado resaltar las imposiciones y luchas que desde hace muchísimos años vienen pugnando los pueblos en la defensa de sus bosques, tierras y culturas.

El empuje por expandir las plantaciones de monocultivos, las concesiones mineras y petroleras, los proyectos de “conservación” tipo REDD+, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura, entre otros, ha ido de la mano de una violenta represión -con casi total impunidad- de cada vez más personas que resisten ese modelo económico que está al servicio del gran capital. En palabras de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en Honduras, cuyo legado ha trascendido los territorios de la “América Media”, “La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus”.

Esperamos que este boletín ayude a dar visibilidad a estas luchas y así entender mejor los diversos procesos que pretenden imponerse en estos territorios.

LOS PUEBLOS DE «AMÉRICA MEDIA» LUCHANDO POR SUS TERRITORIOS Y CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN

Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica
Un modelo impuesto que saquea y expulsa a pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad. Pese a esto, la resistencia crece y clama solidaridad.

Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma aceitera en Centroamérica, el cual se incrementa con la demanda de este aceite a nivel global.

Madre Vieja: el río que llegó al mar
En febrero de 2016, varias comunidades de la cuenca del río Madre Vieja en Guatemala, se armaron de valor, denunciaron el desvío y robo del agua por parte de las agroindustrias, y emprendieron una pacífica batalla por la liberación de su río.

Neocolonialismo y plantaciones en la costa Garífuna de Centroamérica
Un siglo después de la invasión a Honduras por Sam Zemurray y Manuel Bonilla con las empresas bananeras y luego de palma aceitera, se inicia una nueva imposición con la amenaza de las llamadas “ciudades modelo”.

El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica
A pesar de los intentos para hacerle creer a la población que el extractivismo minero significa desarrollo sustentable, los pueblos de Mesoamérica, alertados sobre la contaminación que éste produce, caminan en la construcción de diferentes formas de resistencia.

La defensa del territorio cuerpo-tierra: una alternativa para los movimientos sociales en resistencia
Es necesario hacer una defensa integral por el derecho a decidir sobre el territorio, el cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, éstas tienen posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar el sistema capitalista, patriarcal y colonial.

Semuc Champey, Guatemala: donde el río se esconde
Un extraordinario bosque fue convertido en “área protegida” sin siquiera consultar con las comunidades que habitaron y cuidaron de esas tierras desde hace siglos. Este “modelo de conservación” se suma a una serie de violaciones históricas.

[Conversatorio] Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina

Publicada el 19/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este martes 25 de octubre del 2016 a las 7 PM,

Otros Mundos A.C. les invita al conversatorio

«Resistencia al modelo extractivo:
criminalización e impunidad en América latina»

en el Foro Kinoki de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Dirección: Belisario Domínguez #5A, Colonia Centro,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Les queremos invitar al conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina», en el que reflexionaremos sobre este sistema económico basado en la acumulación del capital y la extracción de bienes comunes naturales mediante la actividad minera, la construcción de represas hidroeléctricas, la extracción de gas y petróleo, la explotación de los bosques y de la biodeversidad. Este modelo se impone a través de megaproyectos que violan los derechos humanos de los pueblos rurales, negros e indígenas de América latina, destruyendo el medioambiente y las fuentes de vida de las comunidades. Es el modelo contra el cual miles de pueblos están resistiendo para proponer otra forma de vida, más respetuosa del medioambiente y de las tradiciones ancestrales de los pueblos.

Contaremos con la presencia de Bertha Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para hablarnos de la resistencia al modelo extractivo en Centroamérica. Es hija de Berta Cáceres, quien coordinaba dicha organización cuando fue asesinada en la noche del 2 al 3 de marzo de este año en Honduras. Le quitaron la vida por defender al pueblo Lenca del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Tendremos un enlace vía Skype con Gustavo Castro Soto, integrante de Otros Mundos A.C., quien nos hablará de los impactos del modelo extractivo sobre los pueblos y el medioambiente en México y América latina. Como defensor, ha trabajado de cerca con el COPINH durante 20 años, creando redes de resistencia a megaproyectos en la región.

Estará presente también el abogado Miguel Ángel de Los Santos, profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien lleva el caso de Gustavo Castro Soto en su proceso de demanda a las autoridades hondureñas por el intento de asesinato del que fue víctima en la noche en la que asesinaron a Berta Cáceres. Nos hablará de los mecanismos de criminalización de los movimientos sociales y de la impunidad en la que permanecen los autores de violaciones de derechos de las y los que resisten al modelo extractivo en la región.

Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de La Haya a Monsanto

Publicada el 18/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Ecocidio y crímenes contra la humanidad, entre los cargos

Luis A. Boffil Gómez, La Jornada

Dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a la trasnacional Monsanto, y dar testimonio de carácter ético de las «graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos que la empresa desarrolla y comercializa en México».

En un comunicado emitido por el grupo de derechos humanos estatal Indignación, Greenpeace y los colectivos Sin Transgénicos y Apícola Los Chenes, se informó que Angélica Ek y Feliciano Ucán visitaron La Haya este fin de semana para pedir que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Oposición desde 2012

En 2012, Angélica y Feliciano –apoyados por el Colectivo Apícola Los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas de Campeche y Yucatán– presentaron diversos amparos contra el permiso que el gobierno mexicano otorgó a Monsanto para sembrar en forma comercial soya transgénica resistente al herbicida llamado glifosato.

El comunicado refiere que para entregar el permiso las autoridades de agricultura y del medio ambiente ignoraron los dictámenes de los órganos técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas; por ejemplo, lo referente al destino final del herbicida en los mantos freáticos de la península de Yucatán, que tiene un suelo altamente permeable.

Además, en esta región se produce miel para exportación, por lo que se pone en riesgo el mercado por el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos. Asimismo, habría restos de polen de soya transgénica en el producto.

Los apicultores destacaron que el glifosato pone en riesgo la salud de los agricultores y de las especies benéficas. Es el producto más empleado a escala mundial, junto con otros agroquímicos, y en la región aumentó su uso.

Denunciaron que en Hopelchén, entre 2005 y 2015, se perdieron 59 mil 880 mil hectáreas de selvas, muchas de las cuales eran cultivadas con soya y maíz naturales. «Es tan sólo una lista de impactos de la empresa Monsanto que, con sus productos, ha provocado la muerte de abejas y afectaciones en flora y fauna, la construcción de pozos de agua ilegales y la pérdida de masa forestal».

Lo único que se busca, finaliza el reporte de los ambientalistas, es que se respete el modo de vida de los pueblos originarios y su medio ambiente.

…………………

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharán testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Una asamblea popular, será un evento diferente que de forma paralela brindará la oportunidad para que los movimientos sociales puedan congregarse y planear el futuro que queremos. El Tribunal Monsanto y la Asamblea Popular se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos

VIDEO: Defendamos el maíz mexicano ante los tratados de libre comercio

Publicada el 17/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Pronunciamiento de la Feria Popular Alternativa en el marco del día nacional del maíz – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

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El 29 de septiembre del 2016, día nacional del maíz, las organizaciones reunidas en la Feria Popular Alternativa celebramos la diversidad de las semillas que tenemos la suerte de poder sembrar en nuestro país. México es la cuna del maíz, con alrededor de 60 razas y miles de variedades de este cereal, fundamental en nuestra alimentación y nuestra cultura.

Agradecemos el trabajo de l@s miles de pequeñ@s agricultore/as que cuidan las semillas criollas heredadas de sus abuel@s gracias a sus saberes ancestrales. Hoy, más que nunca, necesitamos sus conocimientos y sus semillas diversas para que los cultivos resistan a los cambios climáticos en medio de la crisis ambiental que estamos enfrentando. Por ello, rechazamos todas las leyes que pretendan restringir la libertad de l@s campesin@s de usar, preservar y multiplicar sus semillas. Esta libertad se ve amenazada hoy por el Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado en febrero de este año por México y otros once países de la región pacífica.

Nos oponemos a este acuerdo impulsado por Estados Unidos y empresas trasnacionales, negociado a espaldas de la ciudadanía. Exigimos al Senado mexicano que está actualmente examinando el acuerdo, no ratificarlo. Al ratificarse el TPP, México debería adherirse al convenio de la Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV 91), que permitiría a las empresas biotecnológicas, como Monsanto, Bayer, Dupont Pioneer o Syngenta Crop, controlar la circulación de las semillas campesinas.

No queremos que l@s campesin@s sean multad@s o encarcelad@s por sembrar o intercambiar una semilla porque una empresa ha decidido hacerse dueña de ella. Nosotr@s Mexican@s no necesitamos que ninguna empresa trasnacional pretenda encargarse de nuestra alimentacion, ya que nuestr@s campesin@s saben hacerlo mejor. En realidad, no creemos que dichas empresas se preocupen por nuestro bienestar. Sólo quieren generar poder y dinero despojando a l@s campesin@s de México y del mundo de sus semillas y de sus conocimientos para volverlos dependientes de sus productos. Creemos que las semillas son un bien común y nunca aceptaremos que se privaticen.

En esta celebración, tuvimos la suerte de ser acompañad@s por los representantes de las Naciones Indígenas de América que corren a través del continente en el marco de las Jornadas de Paz y Dignidad y hicieron ese día una parada en San Cristóbal de Las Casas, para celebrar con nosotr@s la diversidad de las semillas.

Somos orgullos@s de ser de un país en el que la siembra de maíz transgénico fue prohibida, gracias a la lucha jurídica del colectivo “ Demanda colectiva Maíz”. Sin embargo, la lucha no está terminada, pues la prohibición es temporal. Exigimos que nunca se vuelva a permitir la siembra de maíz OGM en México, ya que las empresas que los comercializan pretenden también instaurar una dependencia de los campesinos hacia sus productos.

Preferimos mil veces comer tortillas hechas con maíz criollo que con maíz que contiene genes de bacterias. Queremos estar en buena salud, y por ello seguir comiendo el maíz de nuestr@s campesin@s.

¡No a la privatización de las semillas campesinas de México!
¡No al TPP en México!
¡No al maíz transgenico!
¡Si al maíz criollo y a las semillas campesinas!

¡Vivan l@s campesin@s mexican@s que defienden sus semillas y sus saberes ancestrales!

15 de octubre, SCLC: Feria de Economía Solidaria y Celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas

Publicada el 14/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este sábado 15 de octubre del 2016, la asociación civil Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, integrante de la Feria Popular Alternativa, participará en dos eventos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

– La Feria Artesanal de Economía Solidaria (entrada libre)

Horario: 9.30 AM – 3.00 PM

Lugar: Casa Pastoral, Calle 5 de febrero, esquina General Utrilla, atrás de la Catedral

Programa: Venta de productos artesanales locales- Posibilidad de pagar con Túmin, la moneda alternativa y solidaria local + Proyección de videos sobre mujeres campesinas

– La celebración del Día Internacional de las Mujeres Campesinas (entrada libre)

Horario: 9.00 AM – 6.00 PM

Lugar: Plaza de la Paz, frente a la Catedral

Programa: Mercado de trueque (12 PM-1 PM) + Rifa + Proyección de videos sobre mujeres campesinas en la Casa Pastoral (ver dirección arriba) + Mesas de difusión

Juzgarán a Monsanto en tribunal especial de La Haya por crímenes contra la humanidad

Publicada el 14/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina

Publicada el 12/10/2016 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Jaime Porras Ferreyra, nytimes

“Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

*Jaime Porras Ferreyra es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal. Es consultor en temas internacionales y escribe en medios de España y América Latina.