Comunicado de ATALC: condena asesinato de Lesbia Yaneth Urquía Urquía en Honduras

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) condena asesinato defensora del ambiente en Honduras

Asesinan a otra integrante del COPINH hondureño: llenos de dolor e indignación llamamos a multiplicar la presión internacional sobre el Estado de Honduras

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), federación de organizaciones ecologistas presente en numerosos países de la región, manifiesta su solidaridad y acompañamiento en estas horas de dolor al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Lesbia Yaneth Urquía Urquía y el movimiento social de ese país en general.

El asesinato ocurre a pocos días del desarrollo de un proceso de consulta en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, por el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario y la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CONROA) en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Honduras, sobre los siguientes puntos: la realización del catastro de tierras y la construcción de un proyecto hidroeléctrico.

Ambos proyectos son impulsados por el gobierno sin consultar con las comunidades y este último es propiedad de la Vicepresidenta del Poder Legislativo hondureño Gladys Aurora López y miembro del partido en el poder.

El hecho constituye un claro mensaje intimidatorio a la población, para generar terror en las comunidades y que no participen en la consulta. Cabe mencionar que solo en el 2015 se registra la muerte de 15 indígenas lencas del municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la ola de persecuciones, atropellos, amenazas y asesinatos, a manos de sicarios y de las propias fuerzas públicas del Estado, de dirigentes y luchadores/as sociales hondureños.

ATALC, que tiene entre sus organizaciones al Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras, reafirma la denuncia del COPINH en un comunicado del miércoles sobre la evidencia, con un nuevo asesinato, de la existencia de “un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH”.

Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada a esa organización desde las protestas contra el golpe de Estado de 2009 y una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas, y en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I, en el municipio de San José, La Paz. EL COPINH denuncia la vinculación directa de la presidenta del oficialista Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, en la construcción de esa central.

Semanas atrás el diario británico The Guardian publicó una extensa nota que dio cuenta de la existencia de “listas negras” entre militares y policías hondureños, con nombres de luchadores a asesinar. En tanto, el 1º de julio fuerzas policiales asaltaron en la madrugada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para reprimir y desalojar a estudiantes que la ocupaban en defensa de la educación pública. Casi a diario llegan noticias desde Honduras de atropellos terribles contra el movimiento social. Hay que recordar que apenas días después del asesinato de Berta, el 15 de marzo, fue asesinado otro integrante del COPINH, Nelson García, de la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés.

Según el COPINH Lesbia Yaneth fue asesinada enseguida después de realizadas dos reuniones en Marcala, el 4 y 5 de julio, en el marco de un llamado “proceso de consulta” del gobierno de Honduras sobre un proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada, a la que tienen derecho las comunidades indígenas.

Como red de organizaciones que luchamos por la justicia social y ambiental, y que defendemos sin vacilaciones los derechos humanos y el derecho de los pueblos a defender sus bienes comunes y soberanía, ATALC  exige al Estado de Honduras que garantice el freno inmediato a las persecuciones y asesinatos de integrantes del COPINH, y que se haga justicia en todos los casos. Asimismo, llamamos a toda la comunidad internacional a redoblar nuestros esfuerzos y acciones para velar por el respeto a los derechos humanos en Honduras.

COPINH: Comunicado sobre el asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con mucho pesar comunica a la comunidad nacional e internacional del asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.

La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

 

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.

Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.

Acompañamos en este profundo dolor a la familia de nuestra compañera. Dado a los 6 días del mes de julio en La Esperanza, Intibucá. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etempica, Iselaca se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

¡Lesbia Yaneth vive, la lucha sigue!
¡Berta vive, la lucha sigue!
COPINH

Asesinada en Honduras otra dirigente ecologista, compañera de Berta Cáceres

114 activistas ambientales han muerto violentamente en una década en el país centroamericano

 

La lucha contra las empresas transnacionales, una lucha contra los engranajes del sistema de dominación

por Júlia Martí en Observatorio de multinacionales en América Latina

Resumen

Debido a la centralidad de las empresas transnacionales en el nuevo sistema de dominación múltiple, estas se convierten en un agente clave al que los movimientos sociales tienen que hacer frente intentando disputarles su poder. En esta lucha los movimientos sociales, como agentes de emancipación colectiva, disponen de una serie de potencialidades pero también de límites, que conviene conocer para poder fortalecerlos, superando contradicciones y siendo capaces de atacar las diferentes dimensiones del poder de las transnacionales, al mismo tiempo que se construyen alternativas en la lógica de los procesos de transición.

Palabras clave

empresas transnacionales, alternativas, movimientos sociales, transición.

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Vía Movimiento M4

Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015

OCMAL

Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

[Introducción]

A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.

 

El fin del súper ciclo del precio de los minerales ha generado que se sitúe al sector en estado de “crisis”, pero además, hay otras dos razones que afectan de igual manera la baja, por un lado, hay un considerable aumento en los costos de operación de las faenas, y por otro, existe una fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades.

A pesar de este escenario, se logra apreciar la tendencia a seguir expandiendo el modelo minero con el mismo nivel de intensidad, tanto por parte de los gobiernos (progresistas y neoliberales), como de las empresas mineras. Para ello, el sector ha utilizado este contexto de crisis a su favor, para reacomodarse y presionar a los gobiernos de turno, solicitando mayores facilidades y permisividades para las inversiones mediante el debilitamiento de las normativas ambientales, laborales y sociales. Así mismo, las empresas se encuentran realizando una serie de maniobras económicas, como ventas de yacimientos, acciones y/o fusiones entre las mismas, y que en definitiva solo buscan fortalecer el rubro.

El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión. Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.

Frente a este escenario, como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos interesa seguir facilitando espacios de intercambio y documentación que puedan servir como insumos para todas las comunidades afectadas por la megaminería. Y en esta línea, el presente documento es un esfuerzo de sistematización que realizamos por segundo año consecutivo, donde se reportan los principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

En OCMAL esperamos poder contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que son parte y sostienen esta red, y que siga siendo de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socioambientales con la minería.

 


Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

Observatorio de Multinacionales en América Latina

por Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores [1]. Para ello, en los tratados de “libre comercio” y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. Como nos recuerda Alejandro Teitelbaum, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales” [2].

 La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, etc. Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos [3].

El hecho de que en los tratados de “libre comercio” —tanto en los firmados en las pasadas décadas como en los que hoy se están negociando [4]—se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales [5]. Que una minera canadiense, por poner un caso actual, amenace con demandar al Estado español ante el CIADI —a través de una filial suya en Panamá y acogiéndose al tratado bilateral de inversiones entre ambos países— porque le sea denegada la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) certifica que las empresas transnacionales disponen de un poder jurídico que les hace situarse por encima de los Estados y la ciudadanía.

El CIADI, símbolo de la lex mercatoria

Entre las instituciones que operan en el arbitraje internacional, el CIADI es la más relevante de todas ellas. Este tribunal arbitral depende directamente del Banco Mundial y fue creado en 1965 como resultado del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados; en base al mismo, los Gobiernos de los Estados firmantes son requeridos a garantizar tres grandes principios: preservar la seguridad de la inversión, inhibirse en los procesos en los que la empresa decida transferir su capital a otros países y custodiar la igualdad en el tratamiento a las empresas nacionales y extranjeras.

El CIADI, que entró en vigor un año después de su creación y ha llegado a tener 159 Estados signatarios en 2015, funciona de acuerdo al Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ADIE), que define el instrumento al cual se acogen las demandas, la composición de los tribunales que intervendrán en el litigio y la vinculación del laudo final. Así, para cada litigio, se elige a dos árbitros y un presidente: un árbitro es designado por el Estado demandado y otro por la multinacional, mientras el presidente se propone en común por ambas partes. De hecho, el propio CIADI cuenta con una lista de árbitros de diferentes nacionalidades que se pone a disposición de las partes. Estos árbitros, que en un 96 por ciento son hombres, reciben una remuneración por hora dedicada al procedimiento que oscila entre 275 y 510 euros la hora; teniendo en cuenta que la duración media de los procesos se estima en unas 500 horas, puede constatarse que este tipo de procedimientos resulta muy atrayente para muchos juristas. Entre ellos, por ejemplo, destacan nombres como el de Francisco Orrego Vicuña, quien antes de dedicarse al arbitraje internacional desempeñó importantes funciones de gobierno en Chile durante la dictadura de Pinochet; Orrego, por cierto, fue propuesto por Repsol como árbitro en la demanda interpuesta contra Argentina en 2012 por la expropiación de YPF.

Y no son solamente los árbitros quienes sacan un gran rendimiento a estos procesos; entre las partes implicadas, encontramos también casos de multinacionales que han logrado salvar sus cuentas gracias a los laudos emitidos por el CIADI. Tal es el caso de la corporación estadounidense Cargill, que se embolsó 66 millones de euros procedentes del Estado mexicano tras ganar una demanda motivada por la creación de un impuesto que el Gobierno de México había establecido a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. Y eso mismo podría pasar si prosperase la demanda que ha interpuesto la multinacional francesa Veolia frente a Egipto al considerar que el aumento del salario mínimo —de 400 a 700 libras egipcias al mes, esto es, de 41 a 72 euros— atenta contra sus inversiones en el país.

 

El CIADI y las multinacionales españolas

Uno de los casos más conocidos es probablemente el de Repsol, que en 2012 presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra la República de Argentina, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por España y Argentina en 1991, por la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández del 51 por ciento de la que hasta entonces había sido su filial YPF. Pero este caso, que se resolvió dos años después con un acuerdo amistoso entre las partes —según el cual el Gobierno argentino entregaba a la multinacional petrolera títulos de deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares más un paquete nominal de otros 1.000 millones, junto con el disentimiento mutuo de las acciones legales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones—, no ha sido, ni mucho menos, el único en que una empresa española ha recurrido al CIADI cuando ha visto peligrar sus inversiones en otros países.

En total, han sido una treintena las veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI; en el 90 por ciento de los casos, estas demandas se han dirigido a países de América Latina —sobre todo a Argentina, Venezuela, México y Ecuador [6]— ,la región donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola, Abertis y Abengoa figuran también en la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI. Por citar solo uno de estos casos a modo de ejemplo: Abengoa, en consorcio con COFIDES —una compañía financiera dedicada a ofrecer apoyo a los proyectos de inversión privados de empresas españolas en el exterior—, logró que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de residuos industriales peligrosos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. En la sentencia del tribunal de arbitraje se dictaminó que, a cambio de que Abengoa restituyese la propiedad del territorio donde se construyó la planta al Estado mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros por los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones estatales —tras un fuerte proceso de movilización social en su contra— decretaran el cierre definitivo de la planta.

 

España ante el CIADI

A la vez que las transnacionales españolas han utilizado el Derecho Corporativo Global para demandar a otros países ante los tribunales internacionales de arbitraje, España ha pasado a estar en los últimos años entre los países del mundo que más demandas ante el CIADI han recibido; concretamente, ocupa el cuarto lugar del ranking con un total de 26 casos. De todas estas reclamaciones, únicamente dos han sido concluidas; el resto han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos Gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. En todos estos casos, el instrumento invocado como referencia para iniciar el proceso de arbitraje ha sido el Tratado de la Carta de la Energía.

Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes inversores —entre los que destacan diferentes multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión— para ir demandando al Estado español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual se basaron para invertir”. Es decir: hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante.

Este caso es relevante, además, porque representa un ejemplo de cómo los Gobiernos están tomando decisiones y regulando a favor de las grandes corporaciones a pesar de que, aparentemente, parezca todo lo contario. Dicho de otro modo: el Gobierno español ha recortado las primas a la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos y eso ha afectado, fundamentalmente, a los pequeños productores y a las pymes de ese sector, no así a los intereses del oligopolio eléctrico que han sido favorecidos; al mismo tiempo, no parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, van a poder reclamar importantes indemnizaciones a cuenta del presupuesto público.

 

Propuestas y alternativas

En este contexto, para reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje [7], pueden proponerse alternativas como las siguientes: denunciar los tratados comerciales —bilaterales, regionales y multilaterales— cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI —como ya han hecho diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela—; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; eliminar los tribunales arbitrales y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

*Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Notas:
[1] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro (2015): Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
[2] Teitelbaum, Alejandro (2012): “Tribunal arbitral internacional”, en Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 239-242.
[3] Datos de la UNCTAD. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/
[4] Como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA), el acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
[5] Hernández Zubizarreta, Juan: “El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos”,ALAI-América Latina en Movimiento, 4 de enero de 2016.
[6] Destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI y ha sido objeto de una de cada tres demandas presentadas por parte de las compañías españolas en todo el mundo.
[7] Teitelbaum, Alejandro (2010): La armadura del capitalismo, Icaria, Barcelona.

Vía:  Movimiento M4

VIDEO_4 MESES DE IMPUNIDAD_COPINH SIGUE EXIGIENDO JUSTICIA

COPINH

El 2 de Julio del 2016, a 4 meses del asesinato de Berta Cáceres el COPINH sigue exigiendo justicia y una comisión independiente. A la protesta frente al Ministerio Público en La Esperanza/ Intibucá llegaron compañeras y compañeros de varias comunidades entre ellas la Colonia 8 de Octubre, Pueblo Viejo, la Jarcia, la Tejera, San Isidro, San Fernando y varias personas internacionales. La policía vino a intimidar a la gente, amenazando y pidiendo más reguardo militar.

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…Y HOY 4 DE JULIO

A 4 meses del crimen político contra nuestra compañera Berta Cáceres, Tomas coordinador del COPINH convoca a un TUITAZO MUNDIAL para seguir clamando Justicia.
Convocamos a que se sumen a este iniciativa utilizando las siguientes etiquetas: 
– @JuanOrlandoH 
– ‪#‎ComisionIndependienteYA‬ 
– ‪#‎4MesesSinJusticia‬ 
– ‪#‎JusticiaParaBerta‬
Este se realizará en dos momentos del día 04 DE JULIO a las 10:00am y a las 3:00pm hora de Honduras (GMT-6)

México, entre los 16 países más peligrosos para ambientalistas

Revista Proceso

Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.

De acuerdo con el informe, Brasil resultó el país más peligroso para los ecologistas, ya que 50 de ellos fueron asesinados el año pasado, sobre todo en los estados de la Amazonia. Le siguen las Filipinas y Colombia, con 33 y 26 activistas asesinados. Con cuatro casos registrados, México formó parte de los 16 países en los que se registraron asesinatos de activistas.

 

“Muchos de los asesinatos documentados ocurrieron en pueblos remotos o lejanos en los bosques lluviosos” planteó la organización, al precisar que “nuestros datos están probablemente subestimados”. Añadió que “cerca del 40 por ciento de las víctimas eran indígenas”.

El informe señaló la complicidad de las autoridades del Estado en 97 de los crímenes documentados: en 16 casos, los asesinos eran integrantes de grupos paramilitares; en 13 casos eran militares; en 11 casos eran policías y en 11 más, fungían como empleados de empresas de seguridad privada.

“Hubo escasa evidencia de que las autoridades investigaron a fondo los crímenes o tomaron acciones para que los perpetradores rindan cuentas”, aseveró el documento, al señalar que los pueblos indígenas enfrentan solos a empresas con capital extranjero, “muchas veces respaldadas por el Estado”.

En 2015 fueron asesinados 42 opositores a proyectos mineros, mismos que los gobiernos suelen promover como “factores de desarrollo”, ya que atraen inversiones extranjeras. En Filipinas, por ejemplo, el 97% de las inversiones en minería provienen de Estados Unidos, Canadá, China y Japón.

Otros 20 activistas fueron asesinados a raíz de su oposición a proyectos agroindustriales el año pasado, mientras que la lucha contra proyectos de presas hidroeléctricas costó la vida a 15 personas, “principalmente en Honduras, Guatemala y México”, señaló el documento.

Morir en defensa de la naturaleza

La ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo en La Esperanza, un año después de recibir el Premio Medioambiental Goldman por la lucha que libró contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, el cual amenazaba con privar las comunidades indígenas Lenca del acceso al río Gualcarque.

Otros 15 ecologistas perdieron la vida por pelear contra proyectos de deforestación, y 13 más por enfrentar a cazadores.

“La sobrevivencia de la cultura de los pueblos indígenas está amenazada”, advirtió el informe, al recordar que una quinta parte de los territorios del mundo son territorios indígenas y se encuentran “generalmente en áreas relativamente intocadas donde recursos naturales de alto valor se ven destinados a la explotación”.

“Para cada vida perdida, muchas más están siendo arruinadas por la violencia vigente, las amenazas y la discriminación”, deploró la organización, que registró mil 176 casos de asesinatos de ecologistas y defensores de la tierra desde 2002.

Vía: Movimiento M4

Nicaragua: Indígenas mueren en defensa de su territorio, según informe

En 2015 más de tres personas fueron asesinadas a la semana en el mundo por defender su tierra, sus bosques y sus ríos, según un informe de Global Witness. Doce de esas muertes fueron de indígenas miskitos en el Caribe Norte nicaragüense.

indigenas-asesinados-defensa-tierra-nicaraguaEl informe titulado “En terreno peligroso” documenta 185 muertes ocurridas el año pasado por todo el mundo, en las que incluyen los casos de los indígenas nicaragüenses, tras la violencia provocada por la invasión de colonos a sus territorios.

Los casos a los que se refiere el informe se han registrado todos en comunidades de los territorios de Wangki Twi Tasba Raya y Wangki Li Aubra, para las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció medidas cautelares, sin que el gobierno las haya acatado.

 

De los doce muertos, el informe se limita a referir un caso ocurrido a mediados de diciembre del 2015, cuando un grupo armado de colonos atacó la comunidad La Esperanza, en Wangki Twi Tasba Raya, donde raptaron a tres comunitarios y horas más tarde, asesinaron a los indígenas Rey Müller y Kent Disman Ernesto e hirieron a otros tres. “Se teme que los tres hombres secuestrados hayan muerto”, señala el informe de Global Witness.

El informe supone que la cifra de muertos en general sea mayor, pero aún así considera “la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada”, pues representa un aumento del 59 por ciento respecto a 2014.

Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería, con 42 casos; la agroindustria, con 20 muertes; la tala, 15 muertos, y los proyectos hidroeléctricos, 15 muertos.

“En terreno peligroso” destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuyas tierras y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales. En el Caribe nicaragüense han dejado también unos tres mil indígenas desplazados.

Impacto ambiental

Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan, explicó que a la violencia que sufren las comunidades, también destaca el impacto ambiental que causan los colonos en el bosque y contaminación de los ríos donde ellos toman agua. Sin embargo, por el riesgo que significa no han tenido capacidad de hacer un estudio de ese impacto ambiental.

Como parte de la propaganda electoral, el gobierno ha intentado ofrecerles préstamos a los comunitarios para gallinas y cerdos, pero estos señalan que en qué terrenos los dejarán, si sus territorios están invadidos, dijo Cunningham.

Fuente: La Prensa

Vía Movimiento M4

Detienen a Seis Integrantes de la Caravana Mesoamericana en Nueva Guinea, Nicaragua

ACTUALIZACIÓN: Expulsó Nicaragua a mexicanos detenidos

El 25 de junio de 2016 fueron detenidos en la colonia Fonseca municipio de Nueva Guinea, Nicaragua, participantes de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir.

En este link se están colectando firmas en apoyo para hacer entregarlas a las autoridades correspondientes:
https://secure.avaaz.org/es/petition/Aminta_Granera_Ana_Isabel_Morales_Liberar_a_cinco_jovenes_solidarios_detenidos_por_gobierno_de_Nicaragua/?apfvyib

Conozca las actividades de la Caravana.

Comunicado Urgente: Detienen a Seis Integrantes de la Caravana Mesoamericana en Nueva Guinea, Nicaragua

26 de Junio, 2016.

El día 25 de junio del 2016, seis integrantes de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir fueron injustamente detenidos en el municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, mientras daban un taller de hornos ahorradores de leña a residentes de Colonia la Fonseca. Los detenidos incluyen: Ana Laura Rodríguez (27 años) de Argentina; Byron Francisco Reyes Ortiz (31 años) de Costa Rica; Daniel Espinoza Jiménez (25 años) de nacionalidad Española y Mexicana; y Emmanuel de la Luz Ruiz, Eugenio Pacelli Chávez Macedo, y Salvador Tenorio Pérez, de 25 años y de nacionalidad mexicana (fotografías adjuntas).

La detención occurio a las 3:00 de la tarde, después de un accidente menor que tuvo un integrante del taller, Alexander Marenco, a las 11:00 a.m. Al tratar de limpiar el contenedor metálico que se usaría para la instalación del horno, se produjo una llamarada, pero residentes aseguran que Marenco está en buenas condiciones y no culpa a los compañeros y la compañera de los agravios.
Sin embargo, en el transcurso del día la Policía Nacional de Nicaragua se presentó al lugar donde residían los integrantes de la caravana y l@s detuvieron. En la declaración de la Policía Nacional se culpa a l@s compañer@s de manejar sustancias explosivas, lo cual constituye un delito regulado por la ley 510, “Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. Esta grave manipulación de la información demuestra como se criminaliza la busqueda de alternativas para la preservación de la naturaleza.

Como integrantes del proyecto de la Caravana, aseguramos que los materiales que son utilizados en su recorrido son únicamente para dar talleres de alternativas ecológicas. En ningún momento se ha pretendido portar algún tipo de sustancia o material que pueda dañar a alguien, pues nuestras intenciones siempre han sido de apoyo y cooperación para un Buen Vivir. La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir es un esfuerzo conjunto de colectivos que estamos comprometid@s con el cuidado de la Madre Tierra. Nos preocupa el cambio climático y nuestra misión es compartir talleres de tecnologías que involucran el uso de energías alternativas y formas conscientes del uso de nuestros recursos.

Exigimos:
1) La liberación inmediata y libre transito de nuestr@s compañer@s, para que regresen con sus familias a sus paises de origen.
2) La entrega inmediate del transporte y equipo que pertenecen a l@s integrantes de la caravana.
3) Que se maneje la información transparentamente, para que se esclarezca que l@s integrantes de la caravana no fueron culpables de ningún crimen.
4) Un alto a la criminalización de la preocupación por el medio ambiente.

Hacemos un llamado a las organizaciones, personas, y a la comunidad internacional que apoyan esta iniciativa, para pronunciarse en contra de esta detención injusta a las embajadas de Argentina, Costa Rica, España, y México en Nicaragua.

Embajadas y Consulados en Nicaragua:
Embajada de Argentina:
TELÉFONO LOCAL: 2255.0062
INTERNACIONAL: +505.2255.0062
FAX LOCAL: 2276.2654
INTERNACIONAL: +505.2276.2654
EMAIL embargentina@alfanumeric.com.ni
HORARIO 8:00 – 12:00

Embajada de Costa Rica en República de Nicaragua:
Teléfono: (505)2270-64-34
Fax: (505) 22766399
Horas de Oficina: 8:00 AM a 4:00 PM
Atención al Público: 8:00 AM a 4:00 PM
Personal: Javier Sancho Bonilla, Embajador (a)
Natalia Elena Rojas Jiménez, Consejero (a)
Jonathan Enrique Guzmán Obando, SegundoSecretario
Email: embcr-ni@rree.go.cr

Consulado de España:
Horarios de Cancillería / Sección Consular: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas
Contacto:
Centralita (líneas fijas): (+505) 22 76 09 66/67 /68
Centralita (líneas celulares): (+505) 88103947 /3551 /3948 /2630
Fax: (+505) 22 76 09 37
Teléfono de Emergencia Consular: (00 505) 8889 56 23
Correo electrónico: emb.managua@maec.es
Consulado de México:
Teléfonos: 2278-4919, 2278-4920 Y 2278-4921

Embajador de México en Nicaragua: Miguel Díaz Reynoso, asist_emb_nic@sre.gob.mx
Encargada de la Sección Consular Tercer Secretario: Ana Paula Martínez Garrigós,
amartinez@embamexnica.org.ni
Encargada de Administración, Documentación y Archivo: María Isabel González Sánchez,
igonzalez@embamexnica.org.ni
Apoyo de laSección Consular Técnico Administrativa «C»: Eyleen Asenet Mendoza Carvallo,
emendoza@embamexnica.org.ni
TELEFONOS SECCIÓN CONSULAR: 2277-5886, ext.217 y 218

El legado de Bety Cariño

Por Heriberto Paredes, Agencia Subversiones

Aquí no más vergüenza por la piel,
por la lengua, por el vestido, por la danza,
por el canto, por el tamaño, por la historia.
Aquí el orgullo de sernos
morenitas, chaparritas, llenitas,
ñuu savis bonitas,
ñuu savos valientes,
con la frente digna
aquí no el silencio
aquí el grito
aquí la digna rabia
Bety Cariño

La sonrisa de Rebeca es la misma que la de su hermana. Es una de sus herencias. Carmen guardó la palabra combativa que convoca y que nos llevó a su comunidad, Chila de las Flores, en la mixteca poblana. El rostro de Bety Cariño se multiplicó en muros, camisetas, fotografías que reposan en las paredes y altares familiares, pero lo más importante es que su legado dejó muchas enseñanzas en las personas que conoció y que no conoció, es decir, su ejemplo de lucha no pudo ser derrotado. Todo lo contrario.

En medio de un terreno lleno de árboles se asoman varias mesas en las que se sientan a comer mujeres y hombres invitados al homenaje que la familia Cariño Trujillo le preparó a su hija mayor, Bety, asesinada 6 años atrás, el 27 de abril de 2010. A pesar del dolor que significa la pérdida de una hija, una hermana, una madre ejemplar como lo fue ella, la familia se ha mantenido firme y con el paso de los años encontró en estos homenajes un mecanismo de sanación, una suerte de reconciliación con la vida y con la muerte. En el rostro de quienes estamos sentados disfrutando el delicioso mole, el arroz, las aguas de frutas, las tortillas recién calentadas y algunas tlayudas, también se dibuja un semblante de tranquilidad. No asistimos a un evento triste, fuimos invitadas e invitados a un ejercicio de memoria en donde recordaremos las luchas y las enseñanzas que con su vida nos dejó nuestra compañera Bety.

Alrededor de las 6 de la tarde, amistades cercanas a Bety, familiares, asistentes a este homenaje, poco a poco van colocando una ofrenda. Una ofrenda no de muerte sino de vida, llena de maíz azul y blanco, jarrones de agua, gladiolas de color rojo y blanco, espigas de maíz, como suelo un petate de palma y al centro el retrato sonriente de ella. Una vela se enciende el centro, luego un círculo de personas alrededor de la ofrenda se vuelve el detonante para que se den muchos mensajes. Carmen, su hermana menor comienza:

«Qué bueno que están aquí, agradeciendo todo el esfuerzo que significa venir el día de hoy hasta la mixteca, aquí a Chila de las Flores, y pues les damos una cordial bienvenida, a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan. Pero que no sólo hoy nos han acompañado, que nos han acompañado desde hace 6 años, son 6 años que se cumplieron el 27 de abril, día en que asesinaron a Bety en esa caravana a San Juan Copala y que asesinaron también a Jyri Jaakola, el compañero finlandés e hirieron a compañeros de medios libres, a defensores y defensoras de derechos humanos y que por eso para nosotros es muy importante que nos reunamos en este día».

«También los recibo y estoy muy agradecido de ustedes por venir acá a visitar a mi hija y a nosotros, y solamente le pido al creador que regresen con bien a su tierra y muchas gracias, porque yo tengo muy pocas palabras pero de todo corazón estoy agradecido de ustedes» nos dice amablemente don Miguel Cariño.

«El destino es así, ella era muy inquieta, le gustaba convivir con la gente humilde, defendía sus derechos, es por eso que ella casi el magisterio lo dejó y se dedicó a defender la vida de los de abajo, porque los de arriba son, ratas, pero nosotros somos los del nivel bajo» nos comenta su única tía.

«Hoy le di preferencia a estar con la familia, a estar con ustedes y compartir, pues a decirles que no están solos, así como ustedes nos han dicho que no estamos solos, de la misma forma, estar unidos en la lucha contra este gobierno que trata de una u otra forma de acabar con nosotros y con todos nuestros hermanos y esto no es algo yo descubro ahora sino a raíz de un dolor que me dejó este gobierno, viendo que no solamente a nosotros nos ha hecho el mal, a muchos más se los sigue haciendo, y yo dije, si a mi hijo, por sus compañeros lo mataron, es no va a quedar así, vamos para adelante con todo, lo que tenga que pasar que pase», afirma doña Berta, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres normalistas asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014.

«Nos duele la pérdida de la compañera, a lo mejor no la conocimos, pero con la información que hemos tenido sabemos que era una luchadora, porque quería a su tierra, quería a su gente, quería a su pueblo, esa gente es la que más se recuerda y pues venimos a darles un abrazo y a estar con ustedes» comparte una compañera a nombre de San Francisco Xochicuautla.

«Estoy recordando a Bety, bueno acostumbro a hacer diario una ofrenda a la Madre Tierra, en esa ofrenda diario se recuerda a Bety y también a mi compañero Pancho, asesinado hace 26 años, los dos son muy presentes y me acompañan, son personas que nos dan fuerza en esa vida de lucha por un mundo mejor» expresa Verónica, una de las mejores amigas de Bety, parte del Centro de Derechos Humanos «Bety Cariño» en la sierre de Santa Marta en Veracruz.

«Las madres de FUNDEN-NL les mandan un cálido brazo y fuerza, somos madres de desaparecidos, igual resistimos, el gobierno es lo que quiere, que perdamos la memoria. No podemos» sentencia una madre integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León.

«Soy sobreviviente de la masacre de Acteal y entiendo muy bien y comparto su dolor, sé muy bien por lo que están pasando. Estuve en la masacre y perdí 9 de mis familiares, incluyendo a mis papás, y quedé siendo una niña de 10 años a la deriva. Estamos con ustedes, espero esta no sea la última vez que estamos por aquí» declaró una compañera a nombre de las y los sobrevivientes de Acteal.

«Quiero agradecer a la familia Cariño Trujillo, entendemos que la lucha es muy compleja, la lucha indígena más y nos están atacando por todas partes. De verdad que no sabemos cómo agradecer o cómo expresar el agradecimiento, ya que habemos algunos desplazados y sin conocernos, la compañera arriesgó su vida y trató de rescatar a la comunidad» dice Marcos Albino, uno de los voceros del pueblo triqui desplazado por paramilitares.

Muchas personas presentes en este homenaje no conocieron a Bety Cariño, pero cada intervención les recuerda a una luchadora que les habría gustado mucho conocer y que ahora significa la comprobación de que se tiene que seguir luchando y de que sí es posible construir proyectos de vida.

La imagen de don Miguel, su padre, sosteniendo un retrato sonriente de Bety, encabeza una caminata hacia el panteón en donde están sembradas las cenizas de nuestra amiga. La música corona esta escena, una banda mixteca toca y todo retumba en las pequeñas calles de la comunidad, mientras tanto, el sol cae lentamente y el contingente llega a la entrada principal del panteón, dos mujeres triquis que sostienen una lona con las fotos impresas de Bety Cariño y Jyri Jaakola, entran primero y señalan el breve camino –que hay que atravesar caminando entre tumbas– hacia el modesto memorial.

Se nota que algunas flores fueron colocadas días atrás, pero ahora cada una de las personas que camina en su homenaje trae consigo o una espiga de maíz –del terreno trabajado por don Miguel– o bien las gladiolas rojas y blancas. Cae la noche contundente, se ilumina el espacio con velas y antorchas, vuelven a dedicar palabras para Bety mientras se colocan las flores debajo del nicho en donde reposan las cenizas. A cada intervención le siguen las fanfarrias tocadas por la banda.

Al terminar este homenaje, uno menos serio le sigue en la entrada del panteón: la gente se arremolina para bailar al ritmo de chilenas y sones mixtecos, empezando por su padre, muchas personas cargan el retrato de Bety y bailan con él, Rebeca, su hermana de en medio, pasa con una jícara repartiendo un traguito de mezcal. La banda no para y lo que en algún momento se sintió como vacío ahora se vuelve alegría y fiesta. Poco a poco las personas se encaminan nuevamente a la casa de la familia, porque doña Ema Trujillo, su mamá, preparó el mejor pozole de la región mixteca. Ni siquiera pensar en dejar que se enfríe el manjar.

Lo fundamental de esta cena es que las personas que no se conocían ahora están conversando y tejiendo redes, ideas, luchas, las palabras llenan la sobre mesa y el café hace compañía, a pesar del calor que está haciendo. Por fin la banda de música se sienta a cenar también. De esta cena es posible que surjan nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevas misiones. Del intento por imponernos el dolor y el olvido, nace lo que a Bety le habría encantado: nuevos ánimos para seguir luchando.

    «Hoy es el primer día de mi vida que escribo sobre este hecho tan doloroso que entre otras miles de rabias que he visto y vivido me han llevado a ser parte de esta digna, pero muy digna, rabia, que atraviesa mi pecho, que me amarra al mezquite de mi origen y me hace levantarme todos los días como cactus altivo, frondoso, profundo, espinoso, jugoso pues, pa’indignar a otros y a otras, pa’hacernos sujetos, pues, de nuestra propia historia». Bety Cariño, El lugar de la rabia y el deseo en el sujeto de la digna rabia.

Aún quedan espinas

Durante la comida algunas mujeres triquis compartieron informalmente la situación tan compleja que viven ahora, justamente 6 años después de haber sido desplazadas por el grupo paramilitar UBISORT. Esta agrupación, compuesta también por habitantes de la región triqui está ligada al Partido de la Revolución Institucional (PRI) durante los últimos años del gobierno de Ulises Ruíz y hasta ahora, ya que no ha perdido sus beneficios y no ha sido desestructurada o perseguida, a pesar del reconocimiento que el gobierno federal le ha dado como un grupo paramilitar.

«Nuestros hijos han crecido fuera de la comunidad y esto ha hecho que poco a poco pierdan su cultura, su lengua, nos ha costado mucho mantenerla, porque en Copala, se habla el triqui como en un 70% y afuera pues sólo les enseñan el castellano. Además, ha sido muy difícil conseguir trabajo y tener algo de recursos para ir viviendo, tenemos además el dolor de que algunos perdimos a familiares, o simplemente tuvimos que dejar nuestras casas sin poder sacar algo, papeles, ropa, lo necesario, simplemente nos obligaron a irnos para poder sobrevivir. Ahora no sabemos qué va a pasar» platica en voz muy baja una mujer triqui que no debe superar los 35 años de edad y que es madre de 3 niñas y un niño. En su rostro es perceptible el dolor enterrado, algo que no se calma por completo, algo que se revive constantemente. Su padre, sentado a nuestro lado, nos mira pero no pronuncia palabra alguna, sólo asiente cuando lo requiere su hija, aunque en sus ojos se adivina la rabia del agraviado.

La situación la región triqui no ha mejorado, pese a los montajes que defiende el gobierno de Gabino Cué, los cuales intentan mostrar que ya todo está tranquilo en la zona y que no hay nada que impida el regreso de las familias desplazadas. Para las y los triquis que sostienen el plantón afuera del palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, así como para las familias que han tenido que reiniciar su vida en otras localidades, está muy claro que existe un pacto político de protección al grupo paramilitar y que de este modo se debe asegurar un falsa paz. Según varios testimonios, «cada que un medio de comunicación o alguna autoridad va a San Juan Copala, UBISORT trae gente de otros pueblos, acarrea niñas y niños para que en la escuela se simulen clases, miente para que cuando la gente de afuera venga se encuentre con que todo está bien, pero cuando terminan su visita, Copala vuelve a ser un pueblo fantasma, con casas abandonadas quemadas, con la presencia de gente armada en las calles que controla todo. Si nosotros nos paramos cerca de ahí nos van a matar, desde el paraje de La Sabana, ahí donde mataron a Bety y donde pararon a la segunda caravana humanitaria, están esas personas vigilando. El gobierno miente cuando dice que ahí todo está tranquilo».

De igual forma, el esposo de Bety Cariño, Omar Esparza, sustenta su hipótesis sobre la impunidad en el caso del asesinato de la luchadora social a partir de la existencia de un pacto político. El pasado 4 de mayo, en una comparecencia ante Michel Forst, Relator Especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Esparza expuso que «en este caso el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca conocen a los asesinos, hay 9 órdenes de aprehensión en este caso y 4 han sido detenidos en estos 6 años. Este grupo paramilitar está protegido por el gobierno mexicano y por el gobierno en Oaxaca. No se ha podido detener a los demás porque hay un acuerdo de protección de parte del gobierno». Así lo reafirmó recientemente el abogado David Peña, quien ante la detención de Mauro Vásquez Ramírez, el 22 de abril de 2016, cuarto implicado en el asesinato de Bety, sostuvo que «han sido las familias [tanto la Cariño Trujillo como la de Jyri Jaakola] y la presión que han hecho las que han logrado resultados. Es claro que de parte del gobierno estatal no hay voluntad, conoce a los responsables de los asesinatos y no hace nada para detenerlos».

Omar Esparza, quien en esta comparecencia con el Relator Especial lucía triste, desesperado, afirmó que: «El gobierno federal ha mencionado que dará para esta región, 1,400 millones de pesos, lo que nosotros vemos es que prefiere una paz en una región en conflicto y permanece la impunidad en el caso de Bety y de Jyri. En estos días el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca han manifestado que no van a entrar a detener a los responsables del asesinato. Han pasado 6 años, hemos estado en el Parlamento Europeo, con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ha sido un caso en el cual se han pronunciado internacionalmente diferentes instituciones y hasta el día de hoy no ha pasado nada».

Michel Forst escuchó con mirada atenta la denuncia de Omar sobre el asesinato de su compañera y del activista internacionalista Jyri, escuchó, además, las palabras de que denunciaban la situación en México: «Las instituciones procuran mantener un acuerdo político que detener a los responsables de los asesinatos de muchos de los defensores de derechos humanos en este país. Nosotros nos hemos cansado ya, reuniones y reuniones con todas las instancias de gobierno de procuración de justicia, no creemos más». El representante de la ONU apuntó algunas cosas, y pasó al siguiente caso. No pronunció palabra alguna.

Queda mucho por hacer

Quienes fueron parte del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y de la experiencia de lucha que estructuró Bety Cariño afirman que todos los días había actividad en el local con el que contaba el proyecto. Cuentan con alegría cómo llegaban muchos jóvenes de toda la mixteca a buscar alternativas, apoyo, ser escuchados. Igual un día se planificaban talleres de género para abordar seriamente la grave situación de machismo que asola no sólo la región mixteca sino todo el país; se pedía asesoría para reparar transmisores y volver a echar a andar las radios comunitarias; se denunciaban agresiones, conflictos. Se atendían los problemas. Se planificaban proyectos para fortalecer las iniciativas de autonomía de algunas comunidades, ejemplo de ello fue la radio «La voz que rompe el silencio», iniciativa que intentaba atender las necesidades de información en lengua triqui y al mismo tiempo dotar de un espacio propio de comunicación y que con el trabajo de Teresa Bautista y Felícitas Sánchez fue posible.

Para quien compartió estas y otras experiencias organizativas y de lucha con Bety Cariño resulta claro que es necesario continuar con su ejemplo, es imprescindible luchar por la memoria y por la construcción de nuevas alternativas para enfrentar la tormenta de despojo y muerte en que se vive en este país desde hace mucho tiempo. Por que si no se hace nada, si el ejemplo de Bety se convierte en mera imagen o consigna, será peor: quienes sustentan proyectos de muerte habrán ganado.

En el segundo día del homenaje, se realiza una misa en donde la canción final se trata de una pieza escrita por la propia Bety. Es este el homenaje que una de sus maestras de la escuela le rinde a la que alguna vez fue su alumna, una de las más queridas. Luego vino un foro abierto para que las organizaciones, colectivos, amistades y familiares pudieran compartir algunas palabras finales, música, poesía, testimonios. Por ejemplo, el disco llamado «Cantando sueños, cosechando esperanzas», compuesto por 6 piezas musicales es un trabajo impecable en donde se han retomado fragmentos de los poemas y escritos de Bety para ser musicalizados con distintos ritmos. Su palabra vuelta música.

Como siempre, la comida se vuelve un ritual necesario. El último acto del homenaje es nuevamente las mesas entrelazadas con los árboles, al fondo doña Ema, auxiliada de sobrinas y amistades, sirve las tortitas de camarón con queso bañadas en una deliciosa salsa. Arroz, frijoles, tortillas y agua de tamarindo acompañan el manjar. La sensación final tiene que ver con la consolidación de estas nuevas redes, de estos nuevos lazos y vínculos que darán –si se procuran y se cuidan– frutos tan fuertes como las pitahayas rojas, que crecen hasta en la sequía más agresiva. La vida que renace a pesar de todas las adversidades, así como ere y es Bety Cariño.

Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití

Texto: Aline Hernandez. Agencia SubVersiones

En 2010, el Instituto de Estados Unidos por la Paz (USIP) publicó un documento donde denominan a Haití «el país de las ONG’s». De acuerdo con el informe, previo al terremoto, existían entre 3,000 y 10,000 organizaciones no-gubernamentales, las cuales se encargaban de relevar servicios estatales en sectores como educación, salud y creación de empleos (1). Posteriormente, en un estudio publicado por la antropóloga Laura Zanotti y la historiadora Mishaine Joseph, se calcula que tras el terremoto que azotó a la isla en 2010, la presencia de las ONG’s se elevó a más 20,000 (2).

En la Conferencia Internacional de Donantes «Hacia un nuevo futuro para Haití», celebrada el 31 de marzo de 2010, los donantes comprometieron $ 5.3 mil millones de dolares para la recuperación del país caribeño. Tanto el gobierno de Haití como las empresas locales, fueron marginadas de las tareas de recuperación y reconstrucción. Según un informe de AP, menos de un centavo de cada dólar de la ayuda por el terremoto llegó al gobierno haitiano, las ONG que trabajan en la asistencia por el desastre recibieron aproximadamente 43 centavos y 33 centavos terminaron en manos de los militares estadounidenses

Apenas unas semanas después de la catástrofe, las organizaciones se multiplicaron e irrumpieron en otros sectores y servicios como sanidad, agricultura, creación de infraestructura habitacional y distribución de agua además de la reconstrucción del país. La investigadora social Grace Everest, estima que las organizaciones no-gubernamentales proveen actualmente el 70% total de servicios de salud y el 80% en servicios públicos.

Pero el hecho de que estas ONG’s provean o releven funciones que solía cubrir el Estado responde a una naturaleza mucho más problemática, ya que representa una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Por un lado, a través del reemplazo se logra que el Estado abandone, como explica la investigadora Arundhati Roy, su función en materia de toma de decisiones. Esto incide tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país. Ahora éstas son delegadas a las organizaciones y por tanto a instituciones y países que las financian como el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales.

Roy precisamente explica que el boom de presencia de ONG’s en territorios en conflicto, coincide con la apertura de los mercados al neoliberalismo (3). El perpetuo estado de dependencia que generan estas «ayudas» suele ir de la mano con la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y por tanto la economía del país. Por ejemplo, en un informe publicado por Famine Early Warning Sytems Network se estima que en el decurso que comprende de 2004 a 2008, Haití importó casi la totalidad de alimentos de consumo básico (4). Por otro lado, el relevo tiene fuertes implicaciones en los sectores y servicios públicos. Implica no sólo la privatización de muchos de éstos sino además la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos.

Esta forma de ocupación «humanitaria» o «cruzada liberal» es por tanto indisociable del proyecto de intervención y ocupación de los Estados Unidos en Haití, que lleva operando casi un siglo. Visto en conjunto, los procesos de intervención sean mediante fuerzas de estado o a través de organizaciones no-gubernamentales —donde muchas veces las segundas son resultado de las primeras— obedecen, en diferentes fases, a lo que la investigadora y economista Naomi Klein ha denominado como «capitalismo de desastre», que opera de la mano con la «doctrina del shock».

El análisis realizado por Klein plantea que desde 1970, se ha puesto en marcha un modelo de carácter corporativista que apela a «privatización radical de guerras y catástrofes». Éste busca o bien aprovecharse de las catástrofes como ocurrió en Nueva Orleans con el huracán Katrina o en Sri Lanka con el terremoto del 2004, o bien fabricarlas, como es el caso de Irak o Afganistán, para lograr, en palabras del economista Milton Friedman, que «lo que hasta entonces era políticamente imposible, se vuelva políticamente inevitable».

Las crisis que derivan de estos ataques o catástrofes se vuelven entonces lucrativas oportunidades para el mercado y la inversión privada, quienes vinculados con las potencias y de la mano de las ONG’S, orientan la situación en beneficio de las potencias y de los intereses corporativos representados por las multinacionales.

Para ello recurren a estrategias como debilitar la economía interna, acrecentar el endeudamiento, generar escasez alimentaria y por tanto impulsar la pauperización de la población, acentuar mediáticamente la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, además de que comúnmente dichas fuerzas de ocupación están directamente relacionadas con el alza de la violencia en los países donde se instalan, generando así otra justificación más por la cual permanecer. En la presente entrevista realizada al Camille Chalmers, el profesor e investigador de origen haitiano, profundiza en las vías y formas en que se ha aplicado este modelo en Haití y las consecuencias que ha tenido.

Referencias

1. Haiti: A Republic of NGOS?, disponible en línea en: https://goo.gl/1oghYp
2. Mishaina Joseph, A critical View of NGOs in Developing Nations. A Case Study of Haiti, Hofstra University, disponible en línea en: https://goo.gl/bxMN06 y Laura Zanotti, Cacophonies of Aid, Failed State Building and NGOs in Haiti: setting the stage for disaster, envisioning the future, disponible en línea en: http://goo.gl/3UjWqb
3. Esto mismo ocurrió tras la segunda ocupación norteamericana en Haití, tras el golpe de estado efectuado al entonces primer presidente electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide. El periodista e investigador Kevin Edmonds explica que «Una organización paraguas de activistas anti-Aristide y ONG’s llamadas el Grupo de 184, por ejemplo, fue ampliamente financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, y el Instituto Internacional Republicano». Kevin Edmonds, NGOs and the Business of Poverty in Haiti, disponible en línea en: http://goo.gl/RlHFr9
4. Haïti Sécutité Alimentaire en Bref, Fews Net. Famine Early Warning Systems Network, disponible en línea en: http://goo.gl/5Jn2fR
5. Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.