Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

OFRANEH

Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.

Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante  que  en su artículo 20  señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.

 

Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.

En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de  los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.

Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los «intereses» del Estado.

DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.

La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.

– Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH

Take Action: #JusticeForBerta!

US House of Representatives Needed to Co-Sponsor Berta Cáceres Human Rights Act — Call Today!

August 17, 2016


Mural of Berta Cáceres at the World Social Forum, Montreal. Photo Credit: Stephen Bartlett.

 

Dear community,

We are excited about the growing movement to stop US support for repression in Honduras. Since June 15th, around 30 US Representatives have signed on as co-sponsors to H.R. 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act! Can you take action to get your representative to co-sponsor this important bill?

 

Introduced by Rep. Johnson (GA), H.R. 5474 calls for suspension of U.S. military and police aid to Honduras until human rights violations committed by Honduran security forces cease and their perpetrators are brought to justice. Click here to read the provisions included in the bill.

Take three quick actions to push forward the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act:

 1. Write today to ask your Representative to co-sponsor H.R. 5474!

Follow this action link from the Latin American Working Group to enter your zip code and send an email to your US Representative. If they have already co-sponsored, please thank them for their support!

 2. Call your Representative’s Foreign Policy Aid!

Use the number provided from the action link (or call the Congressional switchboard in DC at (202) 224-312 to be connected to your Rep) and ask to speak to the foreign policy aide. If the foreign policy aide is not available, ask to leave a message. Feel free to use the following script:

 

Script: “My name is _____. I am a constituent from (your town/city) in (your state). I am calling to ask Rep. _____ to co-sponsor H.R. 5474, The Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act calling for a suspension of U.S. security aid to Honduras until human rights violations committed by the Honduran security forces cease. Has Rep. _______ seen this bill? Can I count on him/her to sign on? Please contact directly Arya Hariharan (arya.hariharan@mail.house.gov) in Rep. Johnson’s (GA) office to receive and official copy of the bill and to officially co-sponsor the bill. Finally, please call me this week at (_your phone number_) to let me know if you have seen the letter, and if Rep. _____will sign it.”     

**In your phone conversation, please highlight why this bill is important to you, especially if you have traveled to Honduras or heard a Honduran speak in your community.  

 

If you learn that your Representative has agreed to support this bill, please notify Elise Roberts at wfpumw@witnessforpeace.org so co-sponsorship can be confirmed with Rep. Johnson’s office.

 3. Sign this petition to call on all US House Representatives to support H.R. 5474 – and share on social media!

 


Berta Cáceres as puppet at the Democratic National Convention. Photo Credit: Nas lutas, Twitter: @PersonalEscrito
 

Around the world, people are mobilizing to demand a fair investigation into the murder of Berta and to topple the systems that lead to violence against those defending their communities and territories. In the US, people are organizing to support the passage of this historic bill. Last month, there was a people’s caravan at the Democratic National Convention to demand justice for Berta and “all the other Honduran activists whose lives have been taken violently because of their organizing to defend Indigenous people, the Earth and women, and their struggle for self-determination”. At the World Social Forum in Montreal, people from all over the world gathered in several convergence spaces to hear the call from Laura and Berta Zuniga Cáceres, daughters of Berta, asking for justice and solidarity.

   
        Photo Credit: The Nation Report, Twitter: @Echped     Photo Credit: COPINH, Twitter: @COPINHHONDURAS 

 

Join this movement by calling on the US House of Representatives to support H.R. 5474!

Thank you for taking action!

Onward,

The Other Worlds Team

‪ #‎JusticiaParaBerta‬  ‪#‎HR5474‬ ‪#‎JusticeForBerta

 

Chiapas: H. Ayuntamiento de Acacoyagua firma declaratoria de municipio libre de minería

BOLETÍN DE PRENSA

H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS DECLARA MUNICIPIO LIBRE DE MINERÍA.

Acacoyagua, Chiapas a 16 de Agosto del 2016

  • Presidente municipal y regidores de Acacoyagua se comprometen a no otorgar licencias municipales a minería y consideran que los proyectos no representan una fuente económica ni beneficio social.
  • Los habitantes de Acacoyagua no permitiremos la reanudación de los proyectos mineros en nuestro territorio.

El presidente municipal Ing. Patricio Eli Matías Salas y los regidores del H. Ayuntamiento de Acacoyagua, Chiapas firmaron y certificaron un oficio  donde declaran que su administración “no acepta, ni aceptara la otorgación de licencias municipales para la actividad minera en el municipio”. La firma de la Declaratoria de Municipio Libre de Minería es un acto de compromiso que han establecido la autoridades con los/as representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua que conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco, para prever la explotación minera de las trece concesiones existentes en el municipio, y  atender los daños a la salud y al medio ambiente  causados por cuatro proyectos de explotación y exploración de Titanio e ilmenita (Cristina, Casas Viejas, Titán y San Vicente) establecidos desde hace diez años.

La declaratoria describe la inconformidad del H. Ayuntamiento a la minería porque la explotación ha devastado la flora y fauna de la Sierra Madre de Chiapas; contaminado los ríos “Doña María” y “Cacaluta”, los cerros y llanuras y en la zona existe cáncer en útero, hígado y piel y enfermedades en los ojos por la alta exposición del aire contaminado por la trituración de la ilmenita.

El H. Ayuntamiento expresa en su declaratoria que: “Los proyectos mineros en la región no garantizan una fuente económica ni beneficio social (las familias se han visto en la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero para atender las enfermedades y los decesos de sus familiares) por las consecuencias en la contaminación al ambiente y el conflicto social que ha causado”, termina expresando que su administración: “prioriza la garantía de los derechos de los habitantes por sobre los intereses de las empresas mineras o la propiedad privada”.

La declaratoria y el compromiso de las autoridades a rechazar la minería en el municipio da fuerza y anima a cancelar definitivamente los proyectos mineros. Los y las representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos a escondidas (ni de exploración ni explotación), nada de paso de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos,  nada de promesas de minería sustentable porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones.

Atentamente:

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA/CHIAPAS)

¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Minería no, vida sí!
¡Territorios libres del modelo extractivo!

Información:
libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org
salvadorchavit@hotmail.com

Cahabón: el agua, un bien sagrado para la vida del pueblo q’eqchi’

Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.
El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido.

deFondho Julio 2016 Número 9

Centro ProDH

Hoy, en todo México, hombres y mujeres organizados recurren a sus conocimientos ancestrales, vuelven al origen de su cohesión, usan de manera alternativa y creativa el derecho y reflexionan en colectivo para enfrentar el despojo territorial que se cierne sobre pueblos y comunidades debido a los megaproyectos y la reforma energética.

En la medida en que este despojo territorial redunda en el rompimiento del tejido comunitario, nos encontramos ante un tema que requiere especial atención y que es, sin duda, otra cara de la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país.

La defensa de la tierra y el territorio se ha convertido así en una misión fundamental para pueblos, ejidos y comunidades ante políticas públicas y empresariales que priorizan al extractivismo como fuente de energía y acumulación de capitales a bajo costo.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto en el reconocimiento de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) como en el de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas (dcpi) aún hay mucho por avanzar, sobre todo en la existencia de mecanismos adecuados para su justiciabilidad.

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de forma incipiente, algunas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentado precedentes que reconocen los derechos de los pueblos por encima de ambiciosos proyectos empresariales. Sin embargo, la experiencia muestra que en algunas regiones no bastan las resoluciones judiciales, pues a pesar de que pueblos y comunidades obtienen relevantes victorias en los juicios que emprenden, se siguen enfrentando no sólo contra poderosos intereses económicos, sino también contra gobiernos que no cumplen sus obligaciones e incluso contra el crimen organizado, prohijado desde el poder estatal.

Uno de los aprendizajes que ha dejado este contexto es que el desarrollo de estrategias preventivas, antes que reactivas, genera mayores posibilidades de defensa. El fortalecimiento comunitario y la participación activa de las mujeres constituyen dos pilares esenciales en la defensa de la tierra y el territorio, desde esta perspectiva de prevención.

En esta edición de Defondho, que busca mostrar un panorama general sobre los desafíos que enfrenta hoy en día la defensa de los territorios indígenas en México, se destacan el análisis y la experiencia de comunidades y organizaciones que día con día enfrentan la batalla del ejercicio de su autonomía para seguir siendo lo que son y lo que quieren ser.

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Defender la vida, defender la tierra

11 de Agosto del 2016, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

casa de la mujer ixim ansetic

El sistema de despojo y extractivismo es inminente, tiene varios nombres: hidroeléctrica, minera, carretera, monocultivo, extracción petrolera, arenera, pero tiene el mismo apellido despojo para los pueblos.

Chiapas, uno de los estados más ricos en recursos naturales, y diversidad cultural no es excepción en esta guerra de poder e imposición de un modelo neoliberal en donde no cabe el amor y cuidado de la madre tierra, ni el trabajo y la vida colectiva o comunitaria.

Caminando los diferentes proyectos de imposición para las comunidades, encontramos la construcción ahora llamada ampliación de la carretera San Cristóbal Palenque cuyo proyecto ha cambiado en 3 ocasiones, bajo la supervisión de las mismas empresas y bajo el mismo presupuesto 3,000 millones[1] de pesos,  encontramos la presa hidroeléctrica de Tenosique antes Boca del Cerro que aunque cambie de nombre y de kilómetros será en el mismo río y con las mismas consencuencias de pérdida comunitaria.

Ya basta!, este es el grito que 10 comunidades de la zona del Valle de Tulijá le hacen a este sistema, hoy sus comisariado ejidales se encuentran presentando ante el Registro Agrario Nacional actas de asamblea firmadas no solo por ejidatarios/as de sus ejidos, sino por mujeres, niños, niñas, jóvenes que luchan en defensa de la vida.

Después de 10 meses de reuniones, en las que se analizó la información pública en torno a los megarproyectos de la zona, en las que se compartió información, y se adquirió el compromiso no solo de informar, sino de sumar por igual a hombres y mujeres de las comunidades, el resultado son actas que con diferentes palabras pero un mismo corazón representan acuerdos para el no paso de la carretera.

Hoy hay 10 comisariados aquí, pero sumado más de 1500 firmas de hombres y mujeres en defensa de Chiapas, y por territorios libres de megaproyectos.

Abajo la lista de comunidades y sus firmas, ayúdanos a difundir, esta lucha es de todas y todos. Por un México libre de megaproyectos, sin minería, sin hidroeléctricas, sin extracción de pétroleo, sin fracking.

[1] Dato que se podrá localizar en la siguiente página de la SCT http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do

FAO: Agricultura comercial generó casi el 70 % de la deforestación en América Latina

No es necesario cortar bosques para producir más alimentos, según el informe El estado de los bosques del mundo 2016.

FAO

En América Latina, la agricultura comercial es la principal causante de la deforestación, según el nuevo informe de la FAO, El estado de los bosques del mundo 2016 (SOFO, por sus siglas en inglés).

El SOFO señala que la agricultura comercial generó casi el 70 % de la deforestación en América Latina entre el periodo 2000-2010, pero solo un tercio en África, donde la agricultura a pequeña escala constituye un factor más significativo de la deforestación.

En la Amazonia en particular, la producción de agronegocios para los mercados internacionales fue el principal factor de deforestación posterior a 1990, producto de prácticas como el pastoreo extensivo, el cultivo de soja y las plantaciones de palma aceitera.

“La agricultura comercial de la región no puede continuar creciendo a expensas de los bosques y recursos naturales de la región” explicó Jorge Meza, Oficial Forestal Principal de la FAO.

 

Meza -quien dirige la iniciativa regional de la FAO de uso sostenible de los recursos naturales- destacó que políticas como la vinculación de incentivos agrícolas asociados a criterios ambientales, la adopción de prácticas silvopastoriles, el pago por servicios ambientales y la recuperación de las pasturas degradadas pueden evitar la ampliación de la frontera agrícola a costa de los bosques.

«La seguridad alimentaria puede lograrse mediante la intensificación agrícola y medidas como la protección social, en lugar de a través de la expansión de las áreas agrícolas a expensas de los bosques», explico Meza.

Aunque la deforestación sigue siendo alta en la región, a 2015 su tasa se ha reducido en casi 50% comparada a 1990. Esta reducción también ha sido significativa en el Amazonas, producto de las políticas de desarrollo sostenible impulsadas por los países que comparten la cuenca amazónica.

Según el SOFO, desde 1990 más de 20 países a nivel global mejoraron su seguridad alimentaria y mantuvieron o aumentaron su cobertura forestal, demostrando que no es necesario cortar bosques para producir más alimentos.

Ampliación de pasturas: principal causa de la deforestación

Un estudio citado por el SOFO sobre las causas de la deforestación en siete países de América del Sur (De Sy et al., 2015) evidenció la relación entre la deforestación y la expansión del pastoreo extensivo.

Según el estudio, en el período 1990-2005, el 71 % de la deforestación en Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela se debió al aumento de la demanda de pastos; el 14 %, a los cultivos comerciales; y menos del 2 % a la infraestructura y a la expansión urbana.

La expansión de los pastos causó la pérdida de al menos un tercio de los bosques en seis de los países analizados. La excepción fue Perú, donde el aumento de las tierras de cultivo en pequeña escala fue el factor dominante de la deforestación, causando el 41 %.

En Argentina, la expansión de los pastos fue responsable del 45 % de la deforestación, mientras que la expansión de las tierras de cultivo comerciales respondió por más del 43 %. En Brasil, más del 80 % de la deforestación se asoció a la conversión de tierras en terrenos de pastoreo.

Vincular las subvenciones agrícolas a las normas ambientales

En varios países del mundo, las subvenciones agrícolas a gran escala han fomentado la deforestación ya que aumentan la rentabilidad de la producción agropecuaria y generan presión por ampliar la frontera agrícola. Ejemplos de ello en la región son el pastoreo extensivo y la producción de soja a escala industrial.

Una opción de política para evitar esto es vincular los incentivos y mecanismos de fomento público que recibe la agricultura comercial al cumplimiento de normas ambientales.

El SOFO destaca que sólo una reforma de este tipo en Brasil, que vinculó las subvenciones al crédito rural con criterios ambientales, evitó la pérdida de 270 mil hectáreas de bosques que habrían sido deforestadas para incrementar la producción de carne de vacuno.

La iniciativa “Bolsa Verde” de Brasil es otro ejemplo: un programa de transferencia condicionada de efectivo que entrega recursos a miles de familias pobres a cambio de que mantengan la cubierta vegetal y gestionen de forma sostenible sus recursos naturales.

Costa Rica: el valor de los servicios ambientales

Según el SOFO, luego de que la deforestación alcanzara su valor máximo en Costa Rica en la década de 1980, hoy los bosques cubren el 54 % de su superficie, gracias a cambios estructurales realizados en la economía y la prioridad otorgada a la conservación y la gestión sostenible de los bosques.

Los incentivos forestales destinados al desarrollo de plantaciones se sustituyeron a mediados de la década de 1990 por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, PSA. Este programa se ha utilizado para reforzar el sistema de áreas protegidas y crear corredores biológicos que abarcan 437 mil hectáreas.

El programa ofreció incentivos a los agricultores para que plantaran 5,4 millones de árboles, además de apoyar la conservación de los bosques en territorios indígenas.

En total, entre 1996 y 2015, las inversiones en proyectos PSA relacionados con los bosques en Costa Rica alcanzaron los 318 millones de dólares USD ; el 64 % de estos fondos procedió de los impuestos a los combustibles fósiles y el 22 %, de créditos del Banco Mundial.

“Este tipo de iniciativas han sido desarrolladas también por otros países de la región, como el Programa Sociobosque de Ecuador y las políticas de fomento forestal de Guatemala” dijo Meza.  

El rol de los privados y las plantaciones

Una forma de reducir la presión sobre los bosques nativos es el desarrollo de plantaciones forestales.

En Uruguay, por ejemplo, la superficie de plantación forestal aumentó alrededor de 40 mil hectáreas al año en el período 2008-2011, una inversión anual estimada de 48 millones de dólares.

En Chile, desde 1990, se ha establecido más de 1 millón de hectáreas de plantaciones. A partir de 2025, se prevé que las plantaciones produzcan de forma sostenible unos 50 millones de metros cúbicos de madera al año.

Según el SOFO, las plantaciones en Chile han reducido la presión sobre los bosques naturales, en los cuales la explotación forestal industrial se redujo del 16,1 % de la explotación forestal total en 1990 al 0,8 % en 2013.

Desde 1990 se ha producido un aumento del 8 % de la superficie de bosques primarios y otros bosques regenerados de forma natural en Chile. Sin embargo, el SOFO advierte que en algunos casos las plantaciones han reemplazado a los bosques naturales.

Zacualpan gana otro Amparo contra la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.

La sentencia del amparo 434/15 dictada por el TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015 y determina que Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, así como Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia continúan con el nombramiento que les fue otorgado, los primeros como integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y los segundos como Consejo de Vigilancia de la Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima.

Recordamos que el 11 de Octubre pasado la Comunidad Indígena de Zacualpan bloqueó la entrada a la Comunidad para evitar que María Elena Díaz Rivera, ex Delegada de la Procuraduría Agraria entrara a legitimar una Asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales. Esta exfuncionaria de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en 9 minutos realizó una Asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el cuorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular.

María Elena Díaz Rivera fue destituída de su cargo como Delegada de la Procuraduría Agraria el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia Procuraduría Agraria, por diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

El amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta Comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Exigimos al Gobierno del Estado, a la Procuraduría Agraria y al Gobierno Municipal de Comala se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

A 5 Meses del crimen COPINH sigue exigiendo “Justicia Para Berta”

COPINH

El día 2 de agosto, se cumplieron 5 meses del asesinato de la coordinadora general de COPINH, Berta Cáceres Flores. Para conmemorar este hecho y continuar llamando a la justicia, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH- hizo un llamado nacional e internacional convocando a un lanzamiento de globos aerostáticos con mensajes como “Son #5MesesSinJusticia”, “#JusticiaParaBerta”, “Bertha No Se Olvida” y “Tu Latido es Lucha”.

En palabras del coordinador general de COPINH, Tomás Gómez Membreño “Son 5 meses sin justicia por tanto el COPINH, el pueblo lenca y su familia seguimos exigiendo un mejor papel del Ministerio Público y del Estado de Honduras. Hemos entendido su asesinato como una estrategia para paralizar la luchas en defensa de los bienes comunes y de la naturaleza”. En el lanzamiento de globos que tuvo lugar en la ciudad de La Esperanza participaron niñas y niños de la comunidad lenca de Pueblo Viejo y se escucharon consignas como “-Para Berta Cáceres, -¡Justica!”.

 

La hija de Berta Cáceres, Laura Zúniga, que también participó en la actividad escribió en la “Carta abierta a mi mami”: “Le cuento que llenamos el cielo de luces para saludarla, que nos sentimos felices cuando llenamos el cielo de esperanza (…) que a 5 meses de que nos arrancaron sus brazos, seguimos en pie (…)”.

A esta acción se incorporaron personas y organizaciones de otras regiones de Honduras y de fuera, entre estas: las y los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario, la Red Nacional de Defensoras de DDHH, el Foro de Mujeres por la Vida y Paso a Paso también tuvo réplica internacional en Barcelona, Italia, en Buenos Aires, Argentina y en Berkely, Estados Unidos.

Esta actividad tiene la intención de mostrar la insatisfacción en los avances de las autoridades hondureñas que siguen  sin investigar la autoría intelectual del crimen, con la secretividad ilegal y silencio ante las peticiones del COPINH y la familia: de conformación de una Comisión Independiente  de Investigación y la cancelación de proyecto hidroeléctrico DESA-Agua Zarca.
La Esperanza Intibucá

Desmenuzando el modelo extractivista en el Encuentro mexicano de resistencias

Movimiento M4

El cercamiento de la naturaleza no es nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas las estrategias corporativas de apropiación del territorio y de los bienes comunes naturales han aumentado y se han diversificado. Del mismo modo, las poblaciones han crecido en la resistencia y han creado nuevas formas de defensa.

Todos los proyectos responden a un solo modelo extractivo y por tanto, en muchos momentos las estrategias que las empresas usan para invadirlos son muy similiares. Podemos identificarlas y reconocernos en los padecimientos.

En la primera jornada del encuentro, diferentes grupos organizados expusieron su lucha contra proyectos extractivos de minería, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, transgénicos y mercantilización de los bosques. El Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo recibió a una amplia variedad de actores que permitió brindar un panorama amplio sobre cómo opera el modelo extractivo en su conjunto. Así, se dieron cita procesos de 18 estados de la república junto con miembros de organizaciones sociales, académicos, abogados y medios libres.

 

Y es que para hablar del territorio y de su defensa necesitamos vernos desde diferentes frentes. Entonces, pensarnos desde el territorio es pensarnos desde la historia de la tierra junto a las personas que viven en ella y la reproducen, los imaginarios y la espiritualidad que se crean.

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Algunos datos de la megaminería, según investigadores

  • La minería en México consume el 17% de la energía nacional, mueve el 2% de la minería metalera del mundo y está concentrada en pocas manos.
  • El despojo no lo hacen capitales abstractos, son personas concretas que están relacionadas con proyectos mineros. En México son 4 personas quienes poseen el 9% del total del PBI mexicano.
  • El 69% de la inversión minera en México viene de Canadá
  • La “diplomacia económica canadiense” usa a las propias embajadas para promover a las inversiones de las empresas canadienses.

¿Qué es el modelo extractivo y cómo opera?

El investigador de la UNAM, Gian Carlo Delgado y Jennifer Moore, de la asociación canadiense Alerta Minera Canadá compartieron algunos conceptos para apoyar en la reflexión.

El capital corporativo, tanto nacional como extranjero ve los “proyectos de inversión” y por tanto las “porciones de tierra”, como una sola “cosa” con muchos elementos para “explotar”. Es por eso que el modelo extractivo pretende mercantilizar cada una de las esferas que en él habitan, tanto naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, montañas) como humanas y culturales. Para operar hay todo un aparato legal, comunicacional y sobre todo de ingeniería de conflictos que se pone al servicio de las empresas extractivas para que logren el despojo de las poblaciones. Las estrategias corporativas suponen grupos de choque que provocan conflictividad social, se criminaliza y judicializa a las y los defensores comunitarios, hay cooptación social, e incluso control del Estado a través de las Cámaras de la industria y la adaptación de leyes que beneficien a las empresas. Todo ello con el objetivo de neutralizar los movimientos sociales organizados e imponer su “desarrollo”.

Recordando el análisis que Gustavo Castro hacía en 2013:

«El modelo de la industria extractiva en el sistema capitalista es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, incorporándole precio y dueño incluso a las funciones naturales como la captura de carbono de los árboles, con el fin de obtener el mayor lucro posible, evitando restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar. En fin, sin asumir los costos de dicha extracción. Por ello el extractivismo es de muy alto impacto.

El Modelo Extractivista succiona los bienes comunes naturales a escala industrial, sin tomar en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales ni económicos locales. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este Modelo tienen nombre, las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.»

Frente a este panorama, los pueblos poco a poco hemos crecido en la necesidad de defender el territorio de manera integral. Confluir en una visión holística del territorio, ubicarlo desde allí y no desde los proyectos particulares es el eje que articula la defensa y las resistencias actualmente.

En ese sentido, las experiencias compartidas por Francisco Rocael del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala sobre los efectos de la minería y la articulación de las resistencias regionales fue de gran apoyo. En los últimos años hemos presenciado una fuerte transformación de luchas locales en confluencias de redes nacionales, regionales e internacionales con articulaciones en favor del territorio. Este hecho habla tanto de una madurez política de los procesos como de una unidad en contra del capital depredador al que no dejaremos avanzar. Vemos la necesidad de tejer relaciones más allá de las fronteras físicas, apelando a la prevención y a la creatividad en los procesos. Los territorios son uno solo. Nuestras luchas, también. Con todos los aprendizajes sobre la mesa y los tiempos difíciles por venir, nos juntamos a reforzar redes y celebrar las resistencias.

Escuchar audios de la mesa sobre estrategias corporativas para la apropiación del territorio aquí

@MovimientoM4

Carta del Parlamento europeo al Gobierno de Honduras por Asesinato de Lesbia Yaneth Urquía Urquía

PARLAMENTO EUROPEO

Bât. Willy Brandt
03M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Bruselas, 05 de agosto del 2016

Para: Don Juan Orlando Hernández
Presidente de la República de Honduras

Asunto: Nuevo asesinato de una defensora de los derechos humanos y del medio-ambiente en Honduras

Excelentísimo Don Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras;

Hemos conocido la semana pasada el asesinato de Lesbia Yaneth Urquía Urquía, reconocida activista por los derechos humanos y el medio-ambiente, ocurrido cuatro meses después del de Berta Cáceres y del de Nelson García. Este hecho execrable vuelve a poner de manifiesto la continua persecución que sufren las/os defensoras/es de derechos humanos en Honduras y el clima de total impunidad que reina en el país.

Lesbia Yaneth Urquía Urquía era una destacada lideresa comunitaria vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) desde las protestas de la sociedad civil en contra el golpe de Estado del año 2009 y activa en la defensa de los bienes comunes. Lesbia Yaneth ha estado organizando la movilización en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica “Aurora I” del municipio de San José (La Paz) sobre el río Chinacla que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras.

El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía Urquía ha ocurrido coincidiendo con un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tienen derecho las comunidades indígenas, de conformidad al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Parlamento Europeo aprobó el pasado14 de abril de 2016 una resolución en la que condenaba todos los asesinatos de los defensores de los Derechos Humanos en Honduras, haciendo particular mención a los de las ya citadas activistas, así como al de la transexual Paola Barraza, defensora de los derechos LGBT.1 En el texto, se señalaba que Honduras es uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de Derechos Humanos, por lo que se instaba a sus autoridades a realizar «investigaciones inmediatas, objetivas y exhaustivas sobre estos asesinatos y otros anteriores», con el fin de asegurar que la «colaboración con la sociedad civil, la protección de los defensores de los derechos humanos, de los periodistas y de los profesionales de la justicia, tiene un adecuado funcionamiento y financiación».

Por todo ello, los miembros del Parlamento Europeo abajo firmantes nos dirigimos al Gobierno de Honduras para:

1. Manifestar nuestras más profundas condolencias a la familia de Lesbia Yaneth y reiterar nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas y a todos/as los luchadores/as por los derechos de los pueblos humanos y el medio-ambiente en Honduras;

2. Reiterar nuestra más alta preocupación por el imparable deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en la República de Honduras y por la visible incapacidad del Estado por poner término a la campaña de hostigamiento y asesinatos selectivos llevada a cabo por parte de mercenarios al servicio de intereses crematísticos;

3. Conocer de primera mano y con detalle el estado de las medidas adoptadas por el ejecutivo y el resto de poderes del Estado desde los asesinatos de marzo hasta este último y, específicamente, aquellas destinadas a la protección cautelar de los/as defensores de derechos/as humanos y líderes indígenas, tal y como conminó a hacer la CIDH y tal y como estableció la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el 15 de abril de 2015;

4. Instar de nuevo al Estado hondureño a poner de manera urgente todos los medios efectivos para garantizar una protección efectiva a todos/as los defensores de derechos humanos en Honduras y de manera espcial a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que está sufriendo de primera mano y con mayor virulencia los ataques por parte de oscuros intereses asesinos;

5. Informar sobre el avance de las investigaciones en torno a los asesinatos de Lesbia Yaneth, Berta Cáceres y Nelson García y sobre el estado de las medidas adoptadas por los poderes del Estado para poner remedio y fin a la situación de completa impunidad que reina en el país, atendiendo tanto a las recomedaciones de la CIDH en su informe de 20152 como a las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst3;

6. Reiterar nuestra invitación a que el Gobierno de Honduras solicite una Comisión Internacional para realizar una investigación independiente, integrada por expertos internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de contribuir de forma efectiva al esclarecimiento de los crímenes contra Berta Cáceres, Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía Urquía; recordamos que tanto varios Estados miembro como la propia Comisión Europea se mostraron favorables a estudiar un co-financiamiento de este esfuerzo;

7. Manifestar asimismo nuestra preocupación sobre los incesantes actos de discriminación y por la ocurrencia de delitos motivados por el odio por razones de orientación sexual e identidad de género y reiterar el llamado que hiciera esta Eurocámara en el sentido de desarrollar directrices de buenas prácticas en estrecha cooperación con la sociedad civil y de incluir en el Código penal nuevas medidas apropiadas para evitar los actos de discriminación y los delitos motivados por el odio y la protección de la comunidad LGBTI.

Quedando a la espera de recibir la información solicitada, le saludan atentamente los miembros del Parlamento Europeo:

Miguel Urbán Crespo
Josep María Terricabras
Tania González
Estefanía Torres
Jean-Luc Schauffhauser
Paloma López Bermejo
Barbara Spinelli
Marina Albiol
Kostadina Kuneva
Sabine Lösing
Xabier Benito
Lola Sánchez-Caldentey
Ana Maria Gomes
Iosu Juaristi
Martina Anderson
Matt Carthy
Lynn Boylan
Liadh Ní Riada
Michèle Rivasi
Fabio De Masi
Jude Kirton-Darling
Louis Michel
Ernest Urtasun
Teresa Giménez
Julie Ward
Lidia Senra

NOTAS:
1. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras (2016/2648(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0129+0+DOC+XML+V0//ES
2. OEA/CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15, 31 diciembre 2015, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Hondurases- 2015.pdf
3. “Hay que actuar ya para que Honduras no se convierta en una zona de impunidad para los asesinos de defensores de derechos humanos”, Ginebra, OHCHR, 18 marzo 2016, http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18481&LangID=S

Con copia a:

-Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República
– Sr. Héctor Leonel Ayala, Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
– Sr. Julián Pacheco, Ministro de Seguridad 
– Sr. Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
-Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra
– Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas
– Embajador de la Unión Europea en Honduras;
– Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad;
– Consejo Europeo;
– Comisión Europea;
– Parlamento de Honduras;
– Secretaria de Integración Económica Centroamericana;
– Parlacen;
– Asamblea Parlamentaria EuroLat;
– Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños;
– Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
– Representante Residente Adjunta en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH