Categoría: ANÁLISIS

ENCUENTRO MEXICANO DE RESISTENCIAS
CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO.

NUESTROS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Y OTROS MEGAPROYECTOS

-represas, parques eólicos, monocultivos/biocombustibles, gas/fracking, petróleo/gasoductos, transgénicos, reservas de la biosfera/REDD-

FECHA: 28, 29 y 30 de julio de 2016*
LUGAR: Parroquia de Miacatlán, Estado de Morelos
CONVOCAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
INSCRIPCIONES CON: Silvia Sandoval en rema@remamx.org o Berenice Rodríguez en verynice_365@hotmail.com**

*La llegada al lugar del evento será el 27 de julio.
**Ayúdanos en la planificación del evento inscribiéndote antes del 15 de julio.

¡No a la explotación de oro y plata en la tierra de Zapata!

 DIRIGIDO A: Mujeres y hombres integrantes de bienes comunales, ejidos, comunidades, organizaciones, académicos, movimientos sociales y ciudadanos que están en resistencia y luchan contra la imposición de los proyectos del Modelo Extractivo, en especial quienes luchan contra minería, represas, parques eólicos, monocultivos/biocombustibles, gas/fracking, petróleo/gasoductos, transgénicos, reservas de la biosfera/REDD y otros proyectos megaproyectos.

OBJETIVO: Compartir experiencias de las resistencias quienes, a través de diversas estrategias organizativas, jurídicas, mediáticas, etc han logrado prohibir, liberar y proteger/blindar su territorio de proyectos relacionados con el Modelo Extractivo, con la intención de reforzar los procesos de las luchas locales, municipales, regionales, estatales, nacional e internacional.

DESARROLLO DEL EVENTO: Nuestro intercambio de experiencias se llevará a cabo con exposiciones y discusiones en plenaria, y análisis detallados por mesas de trabajo. Contaremos con la participación de experiencias de otros países. Finalizaremos el encuentro con un acto político y una marcha/movilización de las resistencias el día 30 de julio de 2016.

META: El objetivo de nuestro encuentro será festejar los logros que las mujeres y hombres de las resistencias y en defensa de la vida y el territorio han logrado por medio de su lucha organizada contra la imposición de proyectos que atentan contra el patrimonio histórico, destruyen la cultura de los pueblos y dejan irreparables daños al medio ambiente y la salud de las poblaciones.

INTERCAMBIOS: Para compartir trae fotocopias de las acciones que han realizado y platícanos cómo las han implementado en tu comunidad para blindar, proteger y declarar libre tu territorio libre de minería y otros proyectos del modelo extractivo (Fotocopias de tus resolutivos como Actas de asamblea agraria, Estatutos Comunitarios o Reglamento Interno, Declaratoria de Territorios Libre, Amparo, Actas de cabildo municipal, MIA´s, etc.)

También habrá espacio para trueque de materiales (trípticos, carteles, videos, periódicos murales, manuales, libros, mapas, etc.). Trae tus lonas y posters con tus consignas para que las pongas en el evento.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: A los delegados y delegadas que se hayan inscrito se les ofrecerán alimentos y hospedaje durante el encuentro. Cupo limitado.

TRAER:
-Un plato, vaso, cuchara
-Para tu aseo personal (un jabón neutro, papel higiénico, toalla, pasta de dientes, etc)
-Prever ropa para lluvia

Érika Ramírez, Revista Contralínea

Cientos de conflictos socioambientales se mueven en el país: amenaza de despojo de recursos naturales; desplazamiento de comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos; contaminación ambiental y resguardo de recintos sagrados, han puesto en resistencia a organizaciones civiles, pueblos y defensores de derechos humanos en “defensa de la madre tierra”.

Unas 184 hectáreas de bosque en la comunidad San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, podrían ser devastadas. Esta zona verde ha sido afectada por la tala de árboles que conforman la metrópoli. Ahí, también se asienta la comunidad otomí encargada de preservar el área, ancestralmente.

El motivo es la construcción de un proyecto inmobiliario que pretende edificar 11 mil viviendas para unas 50 mil personas. Se trata del desarrollo “Bosques del paraíso, de la empresa Merket.

Como en otros proyectos que afectan comunidades indígenas y el medio ambiente, los habitantes de la zona supieron de él cuando se comenzó con la tala de árboles. Allí viven unas 15 mil personas que conservan los ojos de agua, el mismo bosque y especies vegetales. Es también el espacio de donde recogen las variantes de hongos que crecen de manera silvestre y utilizan para alimentarse.

Berenice Sánchez, representante de las autoridades autónomas de San Francisco Magú, relata a Contralínea: “desde el momento en que nos dimos cuenta de que se estaba talando el bosque, a mediados de noviembre de 2012, convocamos a asamblea general en el pueblo de San Francisco Magú. La asamblea es la máxima autoridad, no el ayuntamiento ni el gobierno estatal, tampoco; es el pueblo que tenía que definir lo que sucedía con este bosque. Se determinó exigir la cancelación y revocación total de todos y cada uno de los permisos que hayan extendido cada una de las dependencias”.

El proyecto inmobiliario que se pretende construir tiene un impacto ambiental y cultural, dice la joven indígena, porque vulnera los usos y costumbres de la comunidad otomí. “El hecho de que tanta gente de fuera vaya a llegar de un solo golpe a nuestra comunidad terminaría aniquilando nuestra forma de vida; además, deja en total indefensión a las futuras generaciones. Somos una zona que históricamente ha estado marginada por el municipio, nosotros contamos con nuestro propio sistema de agua potable, un sistema autónomo; de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, deja en total aniquilamiento la zona de recarga de los mantos acuíferos”.

El caso de San Francisco Magú ha sido observado por diversas organizaciones que se pronuncian por la defensa del medio ambiente, como la Red de Afectados Ambientales, y el problema es del conocimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, para que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendieran el proyecto inmobiliario.

Los conflictos y los mártires

En México existen más de 300 conflictos socioambientales, dice en entrevista el investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que “existen grandes problemas ecológicos y la mayor parte de estos suponen conflictos de tipo socioambiental… Las causas de éstos, por lo regular, son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello, los organismos estatales, por lo general, se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.

El investigador calcula que estos conflictos se han incrementado en los últimos años a unos 300, de los cuales ha dado cuenta en su obra Ecocidio en México. La batalla final es por la vida. También identifica que hasta el momento se afecta a 180 municipios en todo el país. De la tipificación, los conflictos impactan de la siguiente forma: biotecnológico, 9; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12, y urbano, 17.

Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo.

(…)

 Minería, lo más conflictivo

María Fernanda Paz Salinas, investigadora del Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinaria (CRIM) de la UNAM, dice en entrevista que los conflictos socioambientales son la respuesta social ante este avasallamiento del capital, con anuencia y apoyo del Estado. “Lo que vemos a lo largo y ancho del país, desde Baja California hasta la península de Yucatán, tiene diversas expresiones y formas de manifestarse; pero tienen en común las respuestas ante megaproyectos que impactan sobre la vida, las actividades y el bienestar de las personas”, dice.

La académica, integrante del Programa de Estudios Socioambientales del CRIM, expone que la conflictividad socioambiental no es nueva, pero que se ha ido intensificando con los años. “Podemos encontrar conflictos que tienen que ver con la gestión ambiental, con la afectación de áreas naturales protegidas, en los bosques, comunidades y ejidos. Esto está muy vinculado al proceso de expansión del capital y una privatización de espacios públicos”.

La minería es una de las actividades que mayores conflictos ha generado en el país, y en el que los investigadores ponen especial énfasis. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene documentados 37 conflictos, que coloca al país como el de mayor conflictividad, por encima de países mineros como Perú y Chile.

La conflictividad que se incrementa en el país y que ha cobrado ya la vida de más de una decena de activistas y ha amenazado a varios más, está vinculando la defensoría de los territorios.

Se trata de la “Campaña en defensa de la madre tierra y el territorio”, que acompañan 215 comunidades y pueblos de 17 estados del país, acompañados de 43 académicos, músicos, actores, actrices y religiosos.

Los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a la Campaña son 97 y se tipifican en proyectos de generación de energía, 34 por ciento; minería, 32 por ciento; privatización del agua, 15 por ciento; infraestructura transporte, 12 por ciento; urbanización, 11 por ciento; extracción de agua, 7 por ciento; desarrollos turísticos, 7 por ciento; contaminación ambiental, 6 por ciento; explotación forestal, 4 por ciento; no regularización de tierras, 4 por ciento; gestión del agua, 4 por ciento, y de soya transgénica, 1 por ciento.

Entre los conflictos se encuentran algunos ya conocidos, como el de San Salvador Atenco, frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el Río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava, y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.

También en Tecámac y Coyotepec, Estado de México, con las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. Los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes, en Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria.

Lo ocurrido en Xochicuautla, Estado de México, con acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. En Amilcingo, Morelos, con el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio.

En el Río San Pedro con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”, por medio de una supuesta consulta al Pueblo Náyeri y en la comunidad Maya de Chablekal, Yucatán, donde se desalojó a una familia y se detuvo 4 personas.

Carlos Fazio, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, retoma el término acuñado por el politólogo Achille Mbembe de necorpolítica, “que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como ‘administración y trabajo de muerte’… Según poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados especialmente en neocolonias, cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte.

Érika Ramírez

Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016

El presente documento pretende informar y equipar a organizaciones de la sociedad civil, activistas y demás actores interesados en la reforma energética del sector eléctrico, sobre los principales cambios, riesgos y oportunidades de defensa del territorio para comunidades en México. En primer lugar, se describe el proceso legislativo que desembocó en la reforma energética y el contexto en el cual se realiza; en segundo lugar, se explicarán los cambios que trae la reforma energética en las distintas actividades que componen la industria eléctrica y en la negociación de tierras para la realización de estas actividades; en tercer lugar, se explican los riesgos que la reforma trae en lo que respecta a la defensa de los derechos territoriales de comunidades agrarias y no agrarias en México; en cuarto lugar se presentan las oportunidades de defensa, que hasta el momento han sido identificadas para líderes y organizaciones; en quinto lugar, se presenta un listado de herramientas y espacios de información disponibles que pueden ser de utilidad para conocer de antemano las zonas de riesgo y los posibles proyectos que se van a realizar con el fin de prever acciones de defensa. Una publicación de FUNDAR en colaboración con varias organizaciones, entre ellas Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

Descargar la publicación: Defensa del territorio frente a proyectos del sector eléctrico en México (pdf, 56 pág.)