Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.
La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.
«Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa», declaró Acuña.
Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que «cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar».
«Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida», denunció Grufides.
La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por «hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra». La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a «acabar con el acoso» en contra de ella.
En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.
La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.
Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.
En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.
En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:
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Por Giorgio Trucchi | LINyM 
El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.
Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.
La creciente intervención de empresas trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aborde el tema en contextos de la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con empresas, gobierno y organizaciones.
En el mundo crece la violencia. El asesinato y las desapariciones se vuelven un signo ominoso de los días. La represión se hace abierta, a veces dirigida y a veces confusa, genérica, masiva, siempre a mansalva. Los acuerdos de libre comercio, el sistema agroalimentario industrial, los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la vida misma, el acaparamiento de tierras, el sometimiento de las mujeres a designios patriarcales e injustos, las devastaciones que se suman, amenazan el futuro común que nos merecemos. Pero la gente sigue buscando cuidar, entender, compartir, procurar, abrazar, impulsar, procrear, alimentar, imaginar, entender junta, responsabilizarse e implicarse, reproducir y cuidar la vida en toda la extensión de la palabra. Para eso está la Biodiversidad, con su información y su razonamiento compartido.
Amigos de la Tierra Internacional estima que con los ingresos públicos que los gobiernos pierden en un lapso de 15 años por motivo de los paraísos fiscales, se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. A nivel mundial se pierden hasta $600 mil millones de dólares anuales de ingresos públicos como consecuencia del fraude fiscal a través de paraísos fiscales, ello sin considerar la evasión fiscal (1). En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables. Se podría suministrar energías renovables a millones de personas, al tiempo que se protegería al medioambiente de los combustibles fósiles sucios y del cambio climático que causan.
Aura Lolita Chávez Ixcaquic es lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala, el cual da seguimiento a procesos de consulta popular y buena fe, diálogo y acciones colectivas ante la amenazante expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria en su territorio.
Nada me cuesta más trabajo que contar el último minuto con Bertha. De aquella noche en que irrumpieron los sicarios. Despedí su ultimo suspiro pese a mi insistencia de que no nos dejara, pero la cita con los ángeles estaba marcada. Muchos intentos se dieron para quitarle la vida por el delito de defender la tierra y los territorios ancestrales del pueblo lenca, en la lucha por los derechos humanos.