El petróleo pone en peligro la biodiversidad del Amazonas

Agencia SINC

Ante el posible aumento de la explotación petrolífera en la Amazonía ecuatoriana, un equipo de científicos, con participación del Real Jardín Botánico de Madrid, advierte del peligro para la biodiversidad en esta zona. Según el trabajo, que presenta una visión actualizada del mapa petrolero de la Amazonía, los bloques de petróleo concesionados representan en la actualidad el 30%, pero la cobertura podría extenderse a casi el 70% en los próximos años, afectando también a otros países cercanos y poniendo en riesgo la zona más rica del planeta.

Bajo la selva Amazónica de Ecuador hay petróleo. Fue en la década de los años 70 cuando se descubrió su existencia y comenzaba la extracción. En la actualidad, el 30% de la Amazonía está incluido en bloques petroleros que han sido concesionados a empresas petrolíferas, siendo Ecuador el país con más superficie explotada para la extracción de crudo de todos los países amazónicos, pese a ser uno de los más pequeños de la zona.

Sin embargo, el 30% parece haberse quedado corto. En septiembre de 2015 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, admitía por primera vez que el crecimiento del país comenzaba a estancarse e, incluso, podría decrecer en los meses siguientes. La caída del precio del petróleo era la culpable. El país, cuya economía depende de la producción de petróleo, recortaba su presupuesto en 2.000 millones de dólares por culpa de la bajada del crudo y había que buscar alguna solución.

El Gobierno ecuatoriano ya ha movido ficha económica. Ahora tiene planes de extender la cobertura de los campos de petróleo en otro 30% de la Amazonía, por lo que si la subasta que se ha abierto consigue asignar los nuevos bloques en oferta, sumando los distintos porcentajes casi un 70% en la zona ecuatoriana estará concesionado a la industria petrolera en los próximos años.

Un estudio internacional en el que participan los investigadores españoles del Real Jardín Botánico-CSIC Jesús Muñoz y Javier Fajardo, que acaba de ser publicado en la revista científica Ecology and Evolution, advierte del peligro que para la Amazonía puede suponer esta ampliación en la extracción de petróleo y propone algunas alternativas de conservación para evitar futuros desastres ecológicos irremediables.

Más de 740 especies en peligro con el nuevo esquema de explotación

“Al menos 25 ecosistemas y 745 especies únicas e insustituibles están en peligro con el nuevo esquema de explotación petrolífera que se propone en el sur de la Amazonía, una región especialmente vulnerable a la pérdida de biodiversidad, y cuya cobertura de protección es insuficiente para afrontar nuevas extracciones de petróleo”, señala Jesús Muñoz, uno de los firmantes del artículo y actual director del Real Jardín Botánico de Madrid. “Por tanto, su preservación se convierte en esencial para mejorar la protección de la biodiversidad amazónica en Ecuador”, añade.

El gobierno del Presidente Correa, consciente de la importancia ecológica de algunas de las zonas más biodiversas de Ecuador, que coinciden con bloques petroleros, lanzó en 2007 la Iniciativa Yasuní-ITT. Su objetivo era promover un modelo de desarrollo diferente al que solo considera la explotación no sostenible de recursos. En concreto, la iniciativa proponía dejar de explotar determinados bloques petrolíferos recibiendo contraprestaciones económicas de la comunidad internacional vinculada al mercado de carbono. Lamentablemente, el proyecto no tuvo el eco internacional necesario y Ecuador la dio por terminada en 2013.

El historial de explotación de petróleo en la Amazonía está manchado por numerosos desastres ambientales y sociales en zonas donde viven numerosos pueblos indígenas, algunos de los cuales, denominados ‘pueblos en aislamiento voluntario’, no han contactado nunca con la sociedad occidental. Por ejemplo, en julio de 2014 se produjo en la zona de la Amazonía ecuatoriana un derrame de petróleo que afectó al Lago Agriío. Se recolectaron unos 1.700 barriles.

Mejorar la tecnología actual para reducir el impacto ambiental

En este contexto, y con estos antecedentes, en el trabajo se exploran alternativas de conservación para la Amazonía ecuatoriana. “En nuestras conclusiones ponemos el acento en que la ampliación del mapa petrolífero pone en serio compromiso una parte importante de la biodiversidad amazónica», dice Javier Fajardo.

Como sugerencias para su salvaguardia, los científicos proponen aumentar el nivel de protección de determinadas áreas claves por su composición biológica, y ofrecer una categorización de los bloques petroleros en base a su importancia para la conservación. «En el estudio resaltamos la necesidad de utilizar tecnología punta en la extracción del petróleo para reducir los impactos ambientales”, explica Fajardo.

El trabajo, que junto a los investigadores españoles también firman Janeth Lessmann, del departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile, y Elisa Bonaccorso, de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, presenta una visión actualizada del mapa petrolero de la Amazonía y una perspectiva de futuro partiendo del aumento de extracción de petróleo que no solo afectará a Ecuador, el país en el que se centra este estudio, sino también a otros países como Colombia, Perú o Bolivia.

Según los científicos, el Gobierno de Ecuador debe encontrar soluciones para satisfacer las necesidades económicas del país, pero no por ello permitir una extracción incontrolada en zonas protegidas y afectar a las comunidades indígenas. El equipo recuerda que, mientras el precio del petróleo disminuye de manera notable, el impacto ambiental en zonas sensibles aumenta de forma alarmante al mismo ritmo.

La mujer lidera la lucha contra el calentamiento global

Las organizaciones femeninas reclaman poner a la igualdad de género en el centro de los fondos dedicados al desarrollo sostenible durante la Cumbre Mediterránea del Clima

David Fernández Guerrero, El País

Lunes por la mañana en Tánger. La ciudad despierta de una noche ventosa, y un tráfico caótico empieza a acumularse en las calles. Los hombres son mayoría en las zonas peatonales, sean estos del servicio de limpieza o simples viandantes que acuden a sus lugares de trabajo. Un grupo de mujeres trabaja en los jardines. Encorvadas, riegan la hierba, ataviadas en trajes y sombreros que las cubren completamente de la radiación solar. Les espera una ardua jornada de trabajo bajo un sol intenso.

 La mujer —y los niños— sufren buena parte de las consecuencias del cambio climático. Tanto, que el riesgo de que mueran a causa de la desertificación es “14 veces mayor al de los hombres”, según Leila Rhiwi, presidenta de ONU Mujeres del Magreb. Esta es una de las ideas que las mujeres participantes en la Cumbre Mediterránea del Clima (Medcop22, en inglés), celebrada hasta hoy en Tánger, ponen sobre la mesa. Malas condiciones sanitarias, un acceso desigual a la tierra y la propiedad; o incluso, a un recurso tan esencial como el agua, convierten a la mujer en la primera víctima de cualquier catástrofe climática. Para hacer frente a este reto, las organizaciones participantes en la Cumbre proponen poner la batalla por la igualdad de género en el centro de la financiación climática. El encuentro, organizado por el Gobierno de Marruecos y organizaciones como la Unión por el Mediterráneo, deberá servir para presentar estas demandas a la Cumbre Mundial del Clima (COP22) de Marrakech, que tomará el relevo al encuentro de París en noviembre.

 “La mujer, junto a la tierra, necesita tener acceso a dos o tres cosas. Una de ellas es el agua, otras son la innovación y la tecnología [para trabajarla]. Y esto es algo que podemos hacer. En las negociaciones sobre el cambio climático no pensamos en las mujeres que viven en África, América central o una pequeña isla. Estas ausentes”. Hakima El Haite, ministra de Medio Ambiente de Marruecos, lo tiene claro. Si su género está empoderado, será capaz de hacer frente a los peligros que conlleva un clima más cálido e inestable, especialmente en aquellas regiones donde se sentirá en mayor medida, como la ribera sur del Mediterráneo.

 ¿De qué manera impacta el cambio climático a la mujer? “Las mujeres se encuentran en estratos sociales que no cuentan con recursos”, asegura Mbarka Bouadia, ministra de Asuntos Extranjeros de Marruecos. Como resultado, el 70% de las persones afectadas por el cambio climático son mujeres, sostiene. Cada vez que hay sequía, ellas son las primeras en sufrir la falta de agua. Cada vez que la tierra se seca, ellas son las primeras en lamentar la falta de comida. Y ellas son las primeras refugiadas climáticas, avisa Bouadia.

 Los ejemplos de esta deprivación abundan. Rhiwi, presidenta de ONU Mujeres del Magreb, sostiene que el “territorio cultivado por las mujeres en Tanzania y Uganda crecería en un 30% si tuvieran igual acceso a la propiedad y la tierra”. La lista de problemas, por añadidura, crece si se tiene en cuenta “las malas condiciones sanitarias” en las que suelen vivir.

¿Cómo se puede llevar el cambio a la práctica? “Deberíamos introducir la dimensión de género en todos los mecanismos de adaptación al cambio climático, y también en los de mitigación de sus efectos. El fondo verde [de lucha contra el calentamiento global, que debería ayudar al sur global a prosperar sin tener que recurrir a los combustibles fósiles], por ejemplo, debería dedicar parte de sus recursos a esta finalidad”, responde El Haite.

Pero no todo se reduce al monto de la ayuda exterior. Junto a esta, también es esencial que las mujeres estén presentes —en igualdad de condiciones, no de forma testimonial— en la toma de decisiones. “Cuando tienes una mujer en poder, esta piensa sobre familias e infancia. Los hombres piensan sobre carreteras y aeropuertos”, concluye la ministra de Medio Ambiente de Marruecos.

Pronunciamiento de apoyo al movimiento magisterial/Chiapas

PRONUNCIAMIENTO
LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS QUE DEFENDEMOS LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN LA COSTA, SOCONUSCO Y SIERRA DE CHIAPAS NOS SOLIDARIZAMOS CON EL MOVIMIENTO POPULAR Y MAGISTERIAL DE LA CNTE

Escuintla, Chiapas a 21 de Julio de 2016

Al Movimiento Magisterial en Chiapas
A los maestros y maestras de la CNTE
A los medios de comunicación alternativos
A las organizaciones sociales y de Derechos Humanos

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos los actos de represión que se han dado en las ultimas semanas en contra de maestros, maestras, estudiantes y sociedad civil que conforman el Movimiento Popular y Magisterial de la CNTE quienes mantienen un plantón sobre el tramo carretero San Cristóbal- Tuxtla en Chiapas.

Condenamos el uso de la violencia y de la fuerza pública, así como la utilización de grupos civiles para atacar a quienes se manifiestan de manera civil y pacífica para exigir al Estado Mexicano la Abrogación de la Reforma Educativa y en contra de la privatización de la educación pública en nuestro país.
Así mismo, queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad a su lucha de todos los  maestros y maestras, quienes nos siguen dando cátedras de cómo luchar y defender los derechos que quieren ser pisoteados por la clase política y por el dinero. 
Sabemos bien que a pesar de que se ha establecido el dialogo con la Secretaria de Gobernación, las amenazas, los actos de intimidación, vigilancia, hostigamiento, y represión no ha cesado en su contra.
Desde este rincón de la costa, soconusco y sierra de Chiapas queremos saludar su lucha, su resistencia, y también abrazar su causa, que hoy es nuestra, y que nos convoca a sumar esfuerzos para lograr que se abrogue la mal llamada reforma educativa.
Nosotros, nosotras desde acá también estamos luchando y resistiendo en contra del despojo y la explotación de nuestra madre tierra, vivimos bajo amenaza de que los ricos y los gobernantes se apropien de nuestros ríos, bosques, selvas, mares, lagunas, aire, y agua, y pese a los intentos de querer despojarnos de nuestras tierras y territorios, acá seguimos, y acá seguiremos, y ahora que ustedes están en las calles, realizando marchas, bloqueos, toma de oficinas, nos da ánimos de seguir luchando, nos da alegría de saber que no somos los únicos que resistimos, por esa razón, nos mantendremos firmes hasta lograr garantizar que nuestro patrimonio y de nuestra familia se preserve y conserve.

No a la Reforma Educativa
No a la Represión. No a la Violencia.
No a la minería.
Ni presas. Ni Presos.
¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Vida si, Mina no!

Atentamente
Otros Mundos Chiapas AC
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Unión de Campesinos y Pescadores de la Costa y Sierra de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco AC
Frente de Defensa del Soconusco 20 de Junio
La Voz del Pueblo
Comité Regional de Padres y Madres de Familia de la Región Soconusco
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
 MAPDER Chiapas
Comité Rural de Padres y Madres de Familia- Tonalá
Sociedad Cooperativa “Bersain Hernández Zavala”
Maestros y Maestras del Soconusco de Chiapas

Ambientalistas en peligro

Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente

Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

Por Darío Aranda, Página 12

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

22 DE JULIO DE 2016: DIA MUNDIAL CONTRA LA MINERIA

SEXTA JORNADA INTERNACIONAL DE RESISTENCIA

LLAMADO A LOS PUEBLOS A MANIFESTARSE EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA.
Basta ya! Fuera mineras!
El pueblo unido jamás será vencido!
Sumate en tu comunidad. Esta lucha la ganamos entre tod@s.

EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN.
BASTA DE COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS CON LAS CORPORACIONES.
LA DEMOCRACIA ES EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.
LA MINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL.
SUBI TU POSTAL A LA CAMPAÑA DESCARGANDO LA IMAGEN.

Nuevamente este año convocamos a la jornada internacional de lucha contra la megaminería en defensa de la vida y del agua. Diremos alto y fuerte con nuestras actividades, nuestras manifestaciones, concentraciones, festivales, NO a la minería contaminante, NO a la utilización de tóxicos que contaminan el agua, el aire y los suelos, NO a las mega-minas que generan cada año centenares de millones de toneladas de desechos tóxicos cuyo impacto destructor se mide en siglos, NO a la minería a tajo abierto que destruye ecosistemas, zonas agrícolas o de bosques, que arrasan con nuestra selva, que derriten los glaciares, que provocan patologías incurables y dejan en herencia paisajes lunares, NO a las minas subterráneas que hacen brotar desde las entrañas de la tierra elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos y matan a fuego lento o vivo a miles de campesinos transformados en mineros por obligación, NO a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión sin fin de las “zonas de sacrificio”, NO a la avidez por la ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay alternativa. 

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO.

Llamamos a todos a unirse y realizar todo tipo de manifestaciones para atraer la atención de nuestras poblaciones tantas veces mal informadas y desinformadas, para defender también a todos los ambientalistas que arriesgan sus vidas por un deseo común y de manera benévola y a todos los luchadores, para manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de la megaminería, aquí y allá. Manifestemos, informemos, organicemos la resistencia.
Esta convocatoria no porta bandera política y es profunda y esencialmente una muestra de resistencia pacífica. Las movilizaciones son autogestionadas.

Unamos nuestras luchas! Abracemos nuestras luchas!

Evento Facebook

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Colombia se prepara para realizar la mayor consulta popular contra la minería

La consulta ya fue aprobada pero la Procuraduría Ambiental aún no pone fecha. Sin embargo, en Tolima, Colombia, llevan varios meses trabajando para que la consulta popular sea informada (más información aquí). Apoyamos las #ResistenciasMineras también en Ibagué.

La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.

 consulta-popular-ibagueEn Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.

 La Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.

 En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por medio de un plebiscito dijo no a la minería. Hoy Ibagué, la ciudad capital del departamento del Tolima donde se encuentra Piedras, está atravesando el mismo escenario.

 “Así como están las cosas, el Estado otorga licencias sin consultar a las personas que viven en los lugares donde se planea llevar a cabo estos proyectos. Lo que pasó en Piedras es que se activaron mecanismos de participación ciudadana por los cuales la comunidad alzó su voz. La consulta popular se aprobó por un 98% de la población. Se dijo ‘no’ al proyecto minero. Esto fue una gran sorpresa para el Estado, ya que un pueblo tan pequeño tomó una gran decisión”, dijo en diálogo con Sputnik Gabriela Eslava, asesora de la senadora por el Partido Verde, Claudia López.

 El proyecto que ayer preocupaba a Piedras es el mismo que hoy preocupa a Ibagué. Se llama ‘La Colosa’, y pertenece a la empresa minera AngloGold Ashanti con sede en Sudáfrica. Para extraer el oro se debe excavar en la cordillera central colombiana.

“Es aquí donde quieren hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. En una zona que es conocida como la despensa agrícola del país. Eso impactaría a Ibagué porque si bien no es en su jurisdicción, es en otro municipio, el plan es que en la mina esté en la cordillera, el mineral se limpie en Ibagué y los residuos terminen en Piedras. Entonces los que primero hicieron la consulta fueron los de Piedras. Pero los de Ibagué también estaban preocupados porque serán parte de este proceso y empezaron a plantear lo de la consulta popular”, afirmó Eslava.

 El desafío de estas comunidades es que su voz sea escuchada por las autoridades nacionales. “Luego del precedente que se sentó en Tolima hace cuatro años, ha habido una especie de boom de consultas populares porque las comunidades se están dando cuenta que si bien no es jurídicamente vinculante, la consulta es una herramienta de presión política. El Gobierno nacional se ve presionado a frenar o a sentarse y dialogar. Lo que sucedió en las Piedras fue muy fuerte y el proyecto aún no se ha hecho”, explicó la asesora, quien tiene confianza en que la consulta de Ibagué, que se encuentra en período de revisión por el tribunal de la ciudad, sea positiva y a favor de la comunidad, además de sentar un precedente importante por tratarse de la primera consulta popular en una capital de departamento. “Esto obligaría al Gobierno a sentarse a pensar con seriedad qué va a hacer para garantizar la participación de las comunidades y no seguir enfrentándose a consultas populares y a la decisión de ‘minería sí’, ‘minería no’, caso por caso. Tendría que reglamentar de una vez este tema”, concluyó.

La convicción de las palabras de la senadora Claudia López da lugar a la misma interpretación. “Si viviera en Ibagué y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí, porque desde el punto de vista político así funcionan las democracias. Son los proyectos políticos de las mayorías los que empiezan a marcar el camino que va abriendo paso a la legalidad”, aseguró.

 Fuente de la noticia: Sputniks

Pobladores rechazan proyecto minero en Ixtepec, derriban mojonera

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Habitantes de Ixtepec lanzaron un mensaje a quienes pretenden instalar el proyecto minero en este municipio istmeño, con la demolición de la mojonera Lote Niza que marcaba 8 mil 150 hectáreas para la explotación de oro y plata.

Como acto de rechazo, los pobladores de diferentes barrios, colonias y secciones derribaron una de las 6 mojoneras localizadas en su territorio a 10 metros del camino de terracería que conduce de la cabecera municipal al banco de caliza, ubicado en el Cerro Taberna (camino viejo a Shivaguí).

 

En el lugar, miembros de Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el Territorio expresaron que los habitantes de Ciudad Ixtepec no fueron informados ni consultados para realizar la exploración de minerales en la zona, de la que se pretenden extraer Oro, Plomo, Cobre y Zinc, en detrimento de la salud de la población, contaminación de agua, tierra y aire, aseguraron.
El presidente de la Asociación Agrícola de Ixtepec paso San Juanero –fundada hace más de 100 años–, dijo que lo primero que debería hacer el gobierno es informar y consultar al pueblo sobre este tipo de proyectos, antes de emitir cualquier tipo de permisos, lo cual no ha sucedido.

El proyecto minero

ixtepec-noalaminaRubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real.

Dicha concesión, abarca los cerros Niza Bixhichi, Tablón y Banderilla, así como 10 barrios originarios de Ixtepec; en ese sentido aclaró que aunque el mineral se encuentra en los cerros, la empresa requiere de cierta área para realizar los movimientos propios de la explotación minera, por ello se incluye en el área de actividad zonas habitadas.

El 26 de julio de 2015 la concesión fue vendida a “Pablo Ibarra Mora”, sin embargo, los abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido que las empresas mineras cambian de nombres para evitar ser vinculadas y molestadas, de manera que puedan continuar con los trámites de manera discrecional.

Valencia Núñez expresó que actualmente la empresa minera tiene por lo menos la mitad de los 26 permisos que necesitan para explotar la mina a cielo abierto en Ixtepec, aseguró que todos, excepto dos permisos, son otorgados por instancias federales.

Acción ciudadana

En los dos permisos que puede participar la comunidad de Ixtepec, es a través de sus autoridades, a partir de un Acta de Cabildo firmada por el presidente municipal y regidores respecto al cambio de uso de suelo (de habitacional – agrícola a industrial) y un acta de Asamblea de la Comuna de Ixtepec ante el Tribunal Agrario, en la que se niegue o permita la explotación minera.

En ese sentido, si las autoridades municipal y comunal respaldan a los pobladores, tienen el deber de ratificar el rechazo de manera formal al proyecto minero.

De cualquier forma, en la siguiente semana se planteará la fase final de la estrategia para solicitar un Amparo Preventivo Ciudadano, tras obtener datos de la Dirección General de Minas sobre qué autoridades municipales y comunales autorizaron la exploración en años pasados, además de adjuntar más 4 mil 400 nombres y firmas de pobladores que rechazan el proyecto minero.

Rubén Valencia dijo que se respeta el derecho agrario de los comuneros, sin embargo ellos no determinar el destino de 30 mil habitantes que tienen el derecho fundamental a la vida, “No nos mueve el odio, más allá de ideologías, colores partidistas y creencias religiosas, lo que nos mueve es el amor a la vida y a nuestro querido Ixtepec”, puntualizó.

 

Fuente: IstmoPress

Entrevista con Gustavo Castro – Actualidad RT

El único testigo del asesinato de Berta Cáceres revela más detalles sobre el suceso

Actualidad RT

El activista mexicano Gustavo Castro es el único testigo del asesinato de la ambientalista indígena hondureña Berta Cáceres. ¿Cómo recuerda aquella noche del 2 de marzo en que mataron a Berta? ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Por qué Honduras no hace nada para proteger a los activistas medioambientales e impide que se investiguen sus asesinatos? ¿Por qué para los gobiernos resulta más barato criminalizar la protesta social que ir contra las transnacionales? Véanlo en Entrevista, de RT:

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Quiché: Lolita Chávez y la batalla por los bosques

Prensa Comunitaria

Por: Nelton Rivera.

“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.

En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.

Algo está pasando en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los encargados para este departamento de ésta institución realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y delegados de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derecho de las comunidades para defender los bosques y el territorio, al mismo tiempo que personalizan las agresiones en contra de Lolita Chávez.

Frente a la diversidad de negocios que se generan con  la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo una autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo, el de nuestros bienes naturales”.

La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca uno de los tantos temas que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.

En el departamento del Quiché existe una de las redes  criminales más sofisticadas, en el año 2015 se publicó una investigación que confirma la existencia de esta red: En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos describe quiénes son las principales figuras de estas estructuras.

Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, y si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera y las actividades que de esta se desprenden.

La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia de organizaciones criminales como los partidos políticos Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el general Otto Pérez Molina.

Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas en el departamento del Quiché.

Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez

El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que transportan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y minutos despues el camión fue detenido para que el personal del Iban revisara la cantidad de madera en su interior. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.

Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados. Luego en el MP se presentó el señor Oscar Montealegre proietario del camión que transportaba la madera quién presentó otra denuncia en contra de varias personas del CPK.

Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:

“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.

Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones y amenazas la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.

Bajo la presión de los agentes otro de los agresores  finalmente entrego su DPI y dió los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo: Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron con estos dos señores la PNC se negó a identificarlos.

Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, varias autoridades comunitarias tuvieron que hacer presión  para que los agentes de la PNC asumieran atender el llamado de auxilio hecho por Lolita Chávez, no es la primera vez que los agentes de la PNC desatienden los llamados de Lolita Chávez.

Varios comunitarios denunciaron que desde ese día (23 de junio) varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas señalan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.

¿Qué está pasando con el INAB?

Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché  y Abelardo Monjaras es director subregional.

Las comunidades saben que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.

Las comunidades han denunciado varias veces que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y a quienes forman parte del  CPK.

En el reportaje Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio se explica la continuidad de las agresiones y amenazas en contra del CPK y específicamente en contra de la integridad de Lolita Chávez. Detrás de las agresiones están los representes de los programas del INAB en el departamento del Quiché.

Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP, fueron vistos haciendo uso del sonido y lanzando serios señalamientos en contra de la integridad de Lolita Chávez.

¿Quién esta dando los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?

En la concentración del 4 de julio también apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento[1], es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques, durante la concentración ella también emitió oponión sobre Lolita Chávez y el CPK. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, también tienen una relación laboral con la Fundación CALMECAC en 2015.

¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?

Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a denunciarlos ante la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitidas desde el año 2005.

El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento el MP la convoca para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella interpuso en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y el representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.

La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias  MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.

La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito fueron señaladas,  los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.

Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché.[2]

Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porque delitos es que esta citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a que personas convocó la fiscalía distrital.

[1] Prensa Libre. Exigen la continuidad del Inab en Quiche. Oscar Figueroa. 4 de julio 2016.

[2] INAB. Documento de Plantaciones Obligatorias.

Premios Nobel al servicio de Monsanto y Syngenta

 
Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado arroz dorado y atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. La misiva abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.

Para empezar, el llamado arroz dorado (arroz transgénico para expresar la provitamina A) que defienden con tanto énfasis, no existe. No por las críticas que le haya hecho Greenpeace y muchas otras organizaciones, sino porque sus promotores no han podido hacer una formulación viable, pese a casi 20 años de investigación y más de 100 millones de dólares invertidos. Tampoco han demostrado que tenga efecto en aportar vitamina A.

La primera versión de ese arroz transgénico con betacaroteno (GR1) fue un accidente de investigadores suizos que experimentaban otra cosa, por lo que nunca controlaron exactamente el proceso. Esa versión requería comer kilos de arroz diariamente para completar la dosis necesaria de vitamina A. Luego Syngenta compró la licencia y como propaganda donó la licencia de investigación a una fundación, en la que es miembro la Fundación Syngenta. Pero la empresa retuvo los derechos comerciales. En 2005, anunció la versión GR2, con más provitamina. Pero no ha podido demostrar que la provitamina sea estable, ya que se oxida fácilmente y en poscosecha disminuye a 10 por ciento del contenido. Como es una manipulación genética experimental de alteración de rutas metabólicas, podría tener cambios imprevistos con efectos graves para la salud. Varios científicos han señalado esos riesgos y los mitos del arroz dorado (entre otros, D. Schubert, 2008, y Michael Hansen, 2013; http://goo.gl/ChvI4Q).

 

Por otro lado, vegetales comunes como la zanahoria, col, espinaca y muchos tipos de quelites –hierbas comestibles comunes que acompañan la siembra campesina y las culturas culinarias tradicionales– aportan mucho más vitamina A que ese arroz, sin efectos secundarios y sin pagar a trasnacionales. Por el contrario, la agricultura industrial y de precisión que defienden en la carta de los Nobel, por ser plantadas en grandes monocultivos con agrotóxicos, eliminan esos quelites y también a los campesinos, desplazados y contaminados por las megaplantaciones.

La carta afirma que el hambre es por falta de alimentos, lo cual es falso: la producción mundial de alimentos sobra para todos los habitantes del planeta ahora y en 2050. Si existen hambrientos y desnutridos es porque no tienen tierra para producir ni pueden acceder a los alimentos. La cadena agroindustrial de alimentos –que detenta los transgénicos– desperdicia de 33 a 40 por ciento de la comida producida según datos de la FAO, lo cual alcanza para alimentar a todos los hambrientos del mundo. Además, como informa Greenpeace en su respuesta, 75 por ciento de la tierra agrícola se usa para producir forrajes para animales en cría industrial y agrocombustibles, no alimentos. (goo.gl/e5xEwc).

La afirmación de que los transgénicos son seguros para el ambiente y la salud ha sido rebatida, con argumentos y referencias científicas, por más de 300 científicos convocados por la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (goo.gl/VM8i3W).

Pero quizá lo más notable es que la carta no menciona que sólo seis trasnacionales (en vía de volverse tres) controlan todos los agrotransgénicos en el mundo, 61 por ciento de todas las semillas comerciales y 76 por ciento del mercado global de agrotóxicos. ¿Cuánta falta de ética y honestidad es necesaria para ocultar que su propuesta de agricultura de precisión es el negocio de un puñado de trasnacionales, todas con larga trayectoria de violación de derechos ambientales, humanos y a la salud?

La sombra de las trasnacionales cae pesadamente sobre esta carta supuestamente científica. Se dicen preocupados por el hambre y los niños desnutridos en el sur global, pero eligen presentar la carta en una conferencia de prensa en Washington, Estados Unidos, en un momento muy oportuno para favorecer a las empresas de transgénicos. En esta semana el Congreso debe votar una ley sobre etiquetado de transgénicos que quiere impedir que los estados tomen decisiones en este tema. Buscan anular la norma de etiquetado que comenzó a regir desde el 1º de julio en Vermont, luego de un referendo que votó en favor de ello.

A su conferencia de prensa se impidió asistir a Greenpeace, cuyo representante fue bloqueado por Jay Byrne, ex jefe de comunicaciones de Monsanto, que increíblemente ¡funcionaba de portero de la conferencia! (goo.gl/i8FXDg). Lejos del altruismo científico, los firmantes organizadores de la carta, Richard Roberts y Phillip Sharp, son también empresarios biotecnológicos. El sitio donde publican la carta es un espejo de otro que redirige al Genetic Literacy Project, frente de propaganda disfrazado de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos. (GMWatch goo.gl/WekAin).

Pero lo más ofensivo es su pregunta final: ¿Cuánta gente pobre debe morir para considerar [la crítica a los transgénicos] un crimen contra la humanidad? Opino que los firmantes deben ir inmediatamente a las zonas de plantaciones de soya transgénica en Paraguay, Argentina, Brasil, donde las madres pierden los embarazos y niños y trabajadores mueren de cáncer por los agrotóxicos de los cultivos transgénicos. Esos son crímenes contra la humanidad.

* Investigadora del Grupo ETC


México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

Habitat International Coalition

Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de México y de toda la región, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de “desarrollo e infraestructura” —o también “proyectos de despojo”— que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos.

Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa de los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida, numerosas de las cuales implementan estrategias basadas en los derechos humanos. Con el objetivo de reforzar estas estrategias y de compartir las lecciones aprendidas en el marco de la lucha del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y de sus aliados, el presente Manual para la Defensa de los Derechos Humanos frente a los proyectos de despojo desglosa los 13 derechos humanos que con mayor frecuencia resultan afectados por estos proyectos. Además, busca identificar las leyes y tratados que los reconocen pero sobre todo, ofrecer algunas soluciones prácticas para que comunidades, movimientos sociales y organizaciones puedan defenderse frente a su violación. Conscientes de que el de los derechos humanos también es un campo en disputa, este ejercicio se desarrolla recurriendo a las interpretaciones que resultan más favorables a los pueblos.

 

Este Manual está entonces especialmente pensado para los defensores y defensoras comunitarios; las organizaciones defensoras de derechos humanos, y las personas afectadas por un proyecto de desarrollo: cualquier propietario/a, poseedor/a, avecindado/a, arrendatario/a y ocupante que pierde tierras, viviendas, bienes personales tangibles e intangibles a causa de un proyecto de desarrollo, así como personas que sufren otros tipos de violaciones a sus derechos humanos (pérdida de empleo, pérdida o restricción de acceso a medios de vida como recursos pesqueros, forestales, etc., de los cuales su subsistencia depende) a raíz del mismo.

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El texto estuvo a cargo de Maria Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Claudia Gómez Godoy (Colectivo de Abogad@s) con el apoyo de Angélica Castro Rodríguez y Ana María García Arreola (Servicios para una Educación Alternativa a.c.) y de María González Valencia (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario a.c.). Cada una de estas personas colaboró también en la elaboración del Protocolo antes mencionado.  Diseño: Tania Hernández / Ilustración: Jazbeck Gámez. Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ, por MISEREOR y Pan por el Mundo y está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (cc by-nc 4.0). Usted es libre de compartir y adaptar el material siempre y cuando se brinde crédito de manera adecuada y no se utilice con fines comerciales.

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