SCJN otorga amparo a pueblos mayas contra la siembra de soya transgénica

yucatan.com.mx

En la sesión del día de hoy, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad conceder el amparo y protección de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche, a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de soya transgénica.

Esta decisión es un logró histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México.   Tal decisión se une a otras previas y que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y la política pública del estado mexicano, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, la consulta debe ser el mecanismo que posibilita la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa.

En los próximos días, la sentencia será notificada y se darán a conocer la totalidad de sus efectos. La y los ministros debatieron sobre el interés jurídico o legítimo que asiste a la parte quejosa, así como los efectos amplios o limitados de la concesión del amparo.

Esperamos que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional y convencional de garantizar una consulta previa, libre e informada, apegada a estándares internacionales.

Canal interoceánico de Nicaragua, pesadilla para ambientalistas

Por José Adán Silva, IPS Noticias

Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales.

El informe “Canal de Nicaragua. Estudio de Impacto ambiental y Social. Resumen Ejecutivo” lo realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) a solicitud de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN Group), la concesionaria china responsable del proyecto.

El resumen ejecutivo tiene 113 páginas y compendia una investigación cuyo contenido y volumen es desconocido porque ni el gobierno, ni ERM y HKND difundieron integralmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social.

En el documento, ERM asegura que el megaproyecto podría ser beneficioso para el país, siempre que en su concepción, construcción y operación se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia ambiental, económica y social, para lo que hace variados requerimientos.

Pero devela precisos riesgos y amenazas al ambiente de este país centroamericano de 6.1 millones de habitantes y 129.429 kilómetros cuadrados, al que la obra partiría horizontalmente en dos y atravesaría el lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, el segundo mayor cuerpo de agua dulce de América Latina con 8.624 kilómetros cuadrados.

Salvador Montenegro, exdirector ejecutivo del Centro para la Investigaciones en  Recursos Acuáticos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, destaca que el resumen del estudio sugiere estudios adicionales en el lago Cocibolca, para evaluar los riesgos al medioambiente y recomendar acciones para mitigarlos.

“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.

El científico nicaragüense fue despedido del cargo en la universidad por alegadas presiones del gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien respalda el proyecto del canal, impulsado por la agencia progubernamental de inversiones que encabeza su hijo Laureano Ortega.

Ahora, Montenegro integra el conglomerado de científicos, académicos, ambientalistas y activistas de la sociedad civil aglutinados en el Grupo Cocibolca, abiertamente opositor al proyecto canalero.

Mónica López, activista del grupo, reseñó para IPS los principales hallazgos dentro del estudio de ERM que, a su criterio, evidencian que la obra abriría las puertas a una catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina.

Según López, ERM concluye que ni HKND ni el gobierno tienen la experiencia y capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud planteada.

Por ello recomienda el respaldo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar daños en áreas sensibles como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Reserva Indio Maíz, el río San Juan, el Cocibolca y reservas periféricas.

“El estudio dice que en situaciones normales, estas áreas usualmente serían consideradas intocables por su fragilidad social y ecológica”, observó López.

ERM sostiene que si no se realizan nuevos análisisy se aplican medidas de protección y mitigación “es probable que los impactos sean significativamente peores”.

Por ello recomendó estudios para medir los riesgos del canal por actividades sísmicas; otro para medir el impacto en el lago del dragado y las amenazas de la introducción de salinidad al agua dulce lacustre, así como otros sobre el riesgo de que el canal reduzca el flujo del lago al río San Juan.

También concluye que “sin acciones enérgicas y continuas de HKND y el gobierno” ni siquiera la Ruta Cuatro —la seleccionada y única considerada viable— tendría un impacto neto positivo para el ambiente que justificaría su construcción.

Con base en el resumen de ERM y en las consideraciones de científicos y expertos locales e internacionales, el Grupo Cocibolca envió una carta al presidente el 26 de octubre, solicitando la derogación de la ley que dio vida al proyecto canalero.

Ortega no ha respondido, pero HKND, a través de sus funcionarios fuera de Nicaragua, anunció la continuación de investigaciones para echar a andar el proyecto, con un costo previsto de 50.000 millones de dólares, la obra de mayor envergadura a nivel mundial en los últimos años.

El asesor jefe del proyecto de HKND, Bill Wild, dijo a medios locales que la empresa realizó “algunas optimizaciones con mayor costo para el proyecto, (para) evitar (y) reducir impactos ambientales y sociales, y minimizar los riesgos”.

Según Wild, los estudios iniciado en 2013 continuarán hasta 2016 y se complementarán con adicionales investigaciones topográficas e hidrológicas, encargados a la empresa australiana CSA Global.

El vicepresidente ejecutivo de HKND Group, Kwok Wai Pang, afirmó al periódico El Nuevo Diario que después de conocer el estudio de ERM “se realizarán más investigaciones a profundidad en la ruta”.

“Durante el estudio de factibilidad llevamos a cabo estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y arqueológicos y colectamos un volumen alto de información sísmica, niveles de agua, intrusión salina, entre otros, para elaborar un diseño conceptual”, aseguró.

También Telémaco Talavera, portavoz de la presidencial Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, minimizó las observaciones de ERM y de ambientalistas.

En diálogo con IPS y otros tres periodistas, se mostró confiado en la capacidad de HKND para “resolver con gran sabiduría cualquier inconveniente que surja, y que son normales en este tipo de proyectos de gran envergadura”.

Más problemas que los ambientales

Pero pese al optimismo del gobierno y HKDN sobre el proyecto, otros factores ajenos al tema ambiental ensombrecen sus perspectivas.

Por un lado, medios especializados aseguraron en septiembre que con la actual crisis financiera en China, el magnate detrás de HKND, Wang Jing, había perdido hasta 84 por ciento de su fortuna, calculada antes en más de 10.000 millones de dólares y reducida ahora a aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Por otro, la creciente resistencia de los campesinos asentados en la ruta trazada del proyecto ha dañado el clima internacional para los negocios del grupo, según la activista López.

En el país se han realizado 55 marchas en contra del proyecto. La última convocó, el 27 de octubre en Managua, a campesinos afectados llegados de diferentes partes del país, junto con otros manifestantes, y tuvo gran repercusión en los medios internacionales por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan el megaproyecto.

ERM destaca en su documento que el rechazo social afecta la viabilidad del proyecto.

“El proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales”, advierte el resumen.

Hasta ahora, el gobierno dio el aval a HKND para la expropiación de 2.909 kilómetros cuadrados de tierras sobre la ruta.

La ley del canal se aprobó en 2013, pero fue oficialmente en diciembre del 2014 que arrancó el proyecto, con obras menores en la zona sur del océano Pacífico.

La obra acuática unirá los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta de 276 kilómetros de longitud, 105 de los cuales atravesarán el Cocibolca.

HKDN proyectó que la construcción llevaría cinco años a partir de 2013 y estimó que en 2019 el canal entraría en operación, pero ERM proyecta que la infraestructura no estaría lista en ese plazo.

Lucha contra Monsanto: votar “por la vida y no por la muerte”

(VIDEO) Lucha contra Monsanto: Apicultor de Campeche llama a los ministros de la Suprema Corte a votar “por la vida y no por la muerte”

Por Tochtli en La Luna, Hijos de la tierra

Por segunda vez en el transcurso del mes de octubre, tres apicultores del municipio de Holpechén en Campeche, hicieron el viaje hasta la Ciudad de México el pasado miércoles 28 para acudir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por segunda vez fueron invitados a volver otro día. Gustavo Huchín Cahuich, Leydi Pech Martin y Angélica María Ek Canché esperaban conocer por fin la decisión de los ministros sobre la validez de siete amparos otorgados a los apicultores y grupos apícolas de la Península de Yucatán en el 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Amparos que permitieron detener el proyecto de siembra de soya transgénica por Monsanto en miles de hectáreas en la región. Pero los ministros pospusieron su decisión, como lo habían hecho el 7 de octubre. Prefirieron no examinar los 7 amparos de manera separada como era planeado, para poder emitir en una futura sesión una sola sentencia válida para todos.

VIDEO: https://youtu.be/OfisqdIzRwQ

Según Maria Colin, abogada de Greenpeace México quien acompaña la lucha de los apicultores de la Península desde el 2012, el aplazamiento de la decisión de los ministros no es una mala noticia. “Es mejor que examinen los siete amparos en un solo proyecto para emitir una sola sentencia porque hubiera sido muy complicado tener decisiones separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra”, explica.

Ma’ OGM (No OGM en maya)

Para Gustavo Huchín, quien lleva 40 años dedicándose a la apicultura, un saber ancestral heredado de su padre, abuelo y bisabuelo, “eso es desgastante porque venimos de las comunidades y contamos con muy escasos recursos económicos”. Pero al mismo tiempo, es una buena oportunidad “porque mientras más estudian nuestro caso, más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que siga sembrando Monsanto”, dijo en entrevista con Hijos de la Tierra. “Tenemos esperanza y confianza de que los ministros lo van a pensar muy bien, y van a votar por la vida y no por la muerte”, añadió.

En 2012, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) otorgó un permiso a la empresa norteamericana Monsanto para sembrar soya transgénica en 253 000 hectáreas repartidos en siete entidades de México: Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Pero en la Península de Yucatan, donde unas 15 000 familias viven de la apicultura y producen casi 40% de la miel mexicana, la resistencia fue inmediata. Las palabras “MA OGM” (“Ma’” significa “No” en maya – OGM = Organismos Genéticamente Modificados) invadieron los sitios arqueológicos y las parcelas agrícolas de la Península.

Es que la apicultura y la siembra de soya transgénica no pueden convivir. La segunda acaba con la primera ya que implica deforestar y así mismo destruir las plantas donde picotean las abejas, usar plaguicidas que las matan y contaminar la miel con polen transgénico. “Si se sigue deforestando, en poco tiempo ya no habrá montes, ya no habrá selva, entonces se morirían las abejas, ya no podríamos seguir con nuestra tradición de trabajar las abejitas para el sustento de nuestras familias”, dijo Gustavo Huchín. La misma Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) había determinado en 2012 que “no se considera viable” el proyecto de Monsanto “dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatan y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”. Pero la SAGARPA otorgó el permiso a Monsanto sin tomar en cuenta ese argumento.

Violación del derecho a la consulta y a un medioambiente sano

Los amparos interpuestos por los apicultores de la región fueron ganados bajo varios argumentos: no se respetó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya de la Península por lo que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas; se violó el derecho a un medioambiente sano ya que el glifosato (el herbicida usado para la siembra de soya transgénica) es dañino; no se tomó en cuenta el dictamen de la CONABIO en contra del proyecto de Monsanto ni los del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP) que también eran desfavorables.

“Nos enteramos de que se estaba sembrando soya transgénica en nuestras tierras en el 2012 cuando íbamos a vender nuestra miel a Europa y durante un control previo a la exportación fueron detectados dos contenedores con rasgos de soya transgénica, lo que impidió su comercialización”, cuenta Gustavo Huchín. Un 85% de la miel de la Península se exporta hacia Europa, donde no se tolera la presencia de polen contaminado por OGM. La perdida de ese mercado sería fatal por los apicultores.

Los amparos deben ser revisados durante la próxima sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 4 de noviembre. Mientras tanto, la petición subida en Change.org por Gustavo Huchín para detener los permisos de Monsanto para soya transgénica en la península, sigue recolectando firmas. Hasta la fecha más de 73 000 personas se sumieron a su demanda. “Los ministros no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar”, expresaron los apicultores de la Península en un comunicado publicado después de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN. Si los ministros confirman la validez de los amparos y la suspensión de la siembra de soya transgénica en la Península, las autoridades competentes tendrán que hacer respetar esa suspensión, lo que no hicieron hasta la fecha. La siembra ilegal de la soya OGM de Monsanto por productores cooperantes sigue en la región, causando daños a los apicultores y visibilisando la incapacidad de las autoridades de hacer prevalecer los derechos de los pueblos sobre los de las empresas.

 

Aguas de Oro (video)

documental de Simona Carnino

Maxima Acuña Chaupe tiene arrugas profundas, una pequeña estatura y una voluntad de granito.
Vive a 4200m en los Andes peruanos y en el corazón de Conga, el proyecto de ampliación de Yanacocha, la mayor mina de oro en América Latina, propiedad de la empresa estadounidense Newmont.
Maxima tiene un sueño.
Continuar a vivir entre las montañas.
Yanacocha también tiene un sueño.
Están en juego no sólo los intereses personales, sino la supervivencia de la andina.
Y es por eso que Maxima no abandona su país, a pesar de la violencia física y psicológica que sufre diariamente.

http://www.aguasdeoro.org/

https://youtu.be/B654DHOX7Yw

La magia de Tetela, cuatro años de frenar los intereses de Carlos Slim

Aldabi Olvera, masde131

Fue mágica, nos dicen.

La manera en que las cosas se fueron acomodando para que Tetela pudiera detener a Grupo Frisco, la minera de Carlos Slim, y dejara legalmente anulada su posibilidad de realizar cualquier actividad en sus montañas de pinos, fue mágica.

El pasado 3 de octubre venció el plazo que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio en 2013 a la minera para hacer una consulta pública y preguntar a la población de Tetela si aceptaba que se hicieran trabajos de exploración en sus cerros. No lo hizo. A estas alturas, Frisco definitivamente no puede entrar a Tetela.

Derrotar al segundo hombre más rico del mundo se veía lejos, inalcanzable. Por eso dicen que la defensa de su territorio fue mágica. Sin embargo, mujeres de origen tetelense relatan con detalle a Másde131 el camino que siguen desde hace cuatro años, cuando los mineros intentaron comprar ranchos en el barrio de la Cañada, específicamente en el Cerro de Espejeras.

Las personas indicadas actuaron a tiempo, tanto adentro como afuera del pueblo, nos cuentan:

Quien tenía que colgar las lonas en el pueblo, lo hizo.

Quien llegó de afuera para asesorar, llegó.

Quienes debían recorrer las comunidades del municipio para informar, dar talleres, hacer reuniones, viajaron incansablemente.

Todas y todos marcharon en caminatas de miles de personas dentro del pueblo.

Intelectuales como Juan Villoro, John Holloway, Francisco López Bárcenas, acudieron a foros por Tetela; especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) contestaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la empresa y argumentaron las razones por las cuales es inviable la instalación de una mina a cielo abierto en el pueblo; algunos periodistas en todos los medios, hasta Milenio, hicieron notas con cabezas como: “El pueblo campesino que declaró la guerra a Carlos Slim”, textos que dieron la vuelta al mundo; incluso, hubo algunos diputados y funcionarios en distintas dependencias de gobierno, como la Semarnat, que lanzaron resolutivos favorables para el pueblo.

Integrantes de Tetela Hacia el Futuro A.C. nos cuentan que también fue determinante la conformación de su asociación, el uso constante de redes sociales para comunicar su problemática, la unión que tuvieron también con otros pueblos vecinos como Zautla, Cuetzalan, Olintla, con los cuales compartieron las posibilidades de defensa del territorio ante una mina en la región. Con estos pueblos (los cuales han defendido exitosamente su territorio) conformaron después el Consejo Tiyat Tlalli y empezaron a articularse con movimientos contra la minería en México y Mesoamérica.

Bendecir el manantial

Tetela de Ocampo, corazón de la Sierra Norte de Puebla, celebró este sábado 24 de octubre cuatro años de comenzar la defensa de sus montañas y manantiales contra Grupo Frisco. Las actividades comenzaron con una misa realizada en el hemiciclo donde se rinde homenaje a los batallones de Tetela, Zacapoaxtla, Xochiapulco, los cuales combatieron a las tropas francesas en 1862.

En el hemiciclo están las figuras de “los Juanes”, personajes de la época liberal, anticlericales, masones. El lugar fue inaugurado por el actual gobernador, Rafael Moreno Valle, quien promueve proyectos extractivos en todo el estado, incluidos los pueblos de donde salieron estos batallones. La rotonda trae un mensaje del general Ignacio Zaragoza, pronunciado en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, el 5 de mayo de aquel 1862:

    “Valientes hijos de la montaña, los que aman a nuestra patria triunfan, tengan de pues la patria os asiste, pelearemos contra el que osa llamarse primer ejército del mundo, sin embargo, como ya lo he dicho, vosotros sois de los primeros hijos de México”.

Los primeros hijos de México: totonacos, nahuas.

Más de 131 publicó hace más de un año un texto titulado Si pudimos con los franceses, cómo no vamos a poder contra los canadienses. Esta frase pronunciada por un indígena en un foro en Ixtacamaxtitlán muestra el ánimo que tienen los pueblos nahuas, totonacos y mestizos de la Sierra Norte de Puebla al saber que el 20 por ciento de la sierra está concesionario a diversos megaproyectos extractivos como mineras (principalmente canadienses), hidroeléctricas, fracking y petróleo.

Tan solo Tetela tiene 18 concesiones de exploración minera en 10 mil 663 hectáreas. En el punto más álgido de su defensa medioambiental, representantes de Tetela acudieron a una reunión con la minera en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo. En esa reunión les dijeron que triturarían 4 mil toneladas diarias para sacar un gramo de oro por tonelada. Fue el único dato tangible que recibieron. La empresa no les informó nada más. Luego se enteraron de que en realidad serían 20 mil. Para esa fecha la minera ya había explorado y realizado 80 barrenos en la montaña.

En alguna ocasión hicieron presencia en el pueblo para un foro junto con la Semarnat, los integrantes de Frisco salieron escoltados por la policía estatal.

La manifestación pasa enfrente de casas que todavía muestran lonas con el mensaje: “No a la mina”. La marcha es tranquila, va encabezada por un estandarte de la Virgen de Guadalupe, luego le siguen las ahumadoras, mujeres con sahumerios, niños con dos mantas: una sobre lo que no quieren en su pueblo, y otra sobre lo que sí quieren, luego van personas de otros pueblos de la sierra y de Tetela.

Después de una hora de caminata y de pasar sobre la rivera de un río rodeado de árbol papalote, la marcha se enfila hacia La Cañada y el manantial de la comunidad. Ahí realiza una ceremonia dirigida a los cuatro puntos cardinales y al cielo y la tierra.

Es mágico, repiten, aunque los problemas en Tetela no han terminado por completo.

Otras amenazas

Pareciera que muchos tetelenses dieron por sentado su triunfo contra Carlos Slim, pero en el pueblo corren rumores: han subido camionetas extrañas, hay personas que todavía reciben dinero de la minera, supuestamente para reforestar lo destruido por la barrenación ilegal del monte.

Así que no se ha acabado la historia. Además de la posible presencia de la minera de Slim, los canadienses de Almaden también consiguieron derecho de exploración en el vecino municipio de Ixtacamaxtitlán, al menos la mitad de su territorio está concesionado a la minera canadiense.

Frente a Espejeras se encuentra el cerro de Quimixochío, compartido por Tetela e Ixtacamaxtitlán. Los manantiales vienen de la barranca que nace en Espejeras. Si se instala una mina en Quimixochío, las fuentes de agua de Tetela también quedarían contaminadas.

Además, 3 mil hectáreas de sus bosques adquirieron un tono seco, café. La Comisión Nacional Forestal ha encontrado un hongo e insecto que de por sí vive en el árbol pero se ha roto su equilibrio y está enfermando a los pinos. El año pasado murió el 10 por ciento de los árboles contagiados y este año morirán el 30 por ciento. Tetela Hacia El futuro A.C. lleva el mismo tiempo denunciando esto que luchando contra la minera, pero no se les ha atendido.

Tetela podría entrar al programa de Pueblos Mágicos. Ante este y otros problemas como las agroindustrias necesita un ordenamiento territorial, pero se esfumaron los recursos. Aún así, no se detienen, el próximo 22 de noviembre presentarán una investigación terminada de las organizaciones Fundar y PODER, con las cuales ya recorrieron el municipio para explicar el derecho a la consulta que tienen como pueblo.

La magia, la fuerza

No tiene limite la fuerza de los ríos de la sierra. El turbio café golpea con rayos blancos a las grises antiguos de las piedras. Luego hay un agujero que come el agua. Así son los ríos de Tetela, rodeados de pino, encino y papalote, de terrenos con frutas como durazno y manzana. Probar la comida, el mixiote, el tlacoyo, permite descubrir una de las fuentes de la magia de Tetela.

Esta magia también la tienen las personas, indias y mestizas, de Tetela y de toda la Sierra Norte de Puebla, porque la magia no la decreta un programa turístico de gobierno para gentrificar y folclorizar un lugar. La magia de la Sierra Norte de Puebla consiste en la capacidad que tienen sus habitantes para mantener con vida y en equilibrio, con amor, el lugar que han habitado por siglos.

Acasico: el pueblo que quieren inundar

Por Juan Ives Palomar, en Subversiones

Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo.

La comunidad se encuentra en el corazón de los territorios amenazados por los planes de inundación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  Los vecinos de este pueblo, junto con los de Palmarejo y Temacapulín, deben de ser desplazados del territorio que históricamente han habitado, según las proyecciones del proyecto y el gobierno mexicano.

En contraste con siglos pasados, en la actualidad, Acasico cuenta con aproximadamente 200 habitantes. Por su parte, Flamacordis, que es un poblado hermano que se encuentra a unos metros cruzando el río Ancho, está prácticamente vacío. La mayoría de las casas de «aquel lado» (como dicen los vecinos) son ya viejas ruinas de adobe, solo una pequeña casa resiste conectada a algunos servicios. Hasta hace algunas décadas, en ambos pueblos que conectaban el municipio de Mexticacán con el de Yahualica de González Gallo, vivían centenares de campesinos según narra Francisca, una vecina de Acasico.

Durante la década de los 80, cuando los efectos de la implementación de «El Nuevo Modelo Económico» se comenzaron a sentir, se aceleró la migración del campo a la ciudad. De esta manera, Acasico y Flamacordis (como miles de otras comunidades rurales en todo el país) fueron perdiendo habitantes. «La gente se iba para el norte o para la ciudad desde que yo era chamaco, desde los años 50 algunos de nuestros padres ya se iban para luego regresar […] pero la cosa empezó a arreciar hará unos 20 años cuando los pueblos se empezaron a quedar sin gente pues cada vez más personas se empezaron a quedar allá, mejor» cuenta Don Eliodoro, otro vecino de Acasico.

Pasaron desde ese tiempo más de 25 años: el gobierno de Jalisco, la CONAGUA y el gobierno de Guanajuato anunciarían el inicio de la construcción de la presa el Zapotillo en el año 2006. Con el proyecto, resultarían afectadas e inundadas las comunidades de Acasico, Temacapulín, Palmarejo junto con más de 4,500 hectáreas de tierra para agricultura y ganadería.

Actualmente, la vorágine del neoliberalismo no sólo nos arroja a los horizontes más conocidos del horror; como Ayotzinapa, Tlatlaya, la guardería ABC, Ostula, Apatzingán y la guerra contra el narcotráfico, sino también persiste en hacernos recordar crueles y despóticos proyectos de exclusión como las presas: la Parota en Guerrero, el Paso de la Reyna en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit o El Zapotillo en Jalisco.

En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas.

El proyecto, dicen, pretende subsanar el déficit de acceso al agua que tienen los habitantes de las ciudades de León y Guadalajara. El argumento falaz va así: El Zapotillo servirá para aliviar la presión ejercida sobre la cuenca Lerma-Santiago.

Bajo esta justificación, el proyecto fue licitado y ha sido construido en diferentes etapas por las constructoras La Peninsular, Grupo Hermes, FCC y Abengoa, mismas que a la fecha, en conjunto, ya se han echado a la bolsa más de 14 mil millones de pesos en la construcción de la infraestructura hídrica. Casualmente, en el proyecto original no se menciona nada de El Puerto Seco ubicado en el estado de Guanajuato, que consume 64 litros de agua por segundo y que aloja las naves de producción de diversas transnacionales. Esta omisión, de la mano del compromiso existente desde el foxismo de atender las necesidades de los industriales del Bajío, ayudan a entender quién recibirá el beneficio derivado de la construcción de la presa.

Así, después de más de 7 años de haber anunciado la construcción de la presa, apenas en junio de 2015 empezó la construcción del «Nuevo Acasico»: una aglomeración de casas construidas a la usanza del INFONAVIT que costará más de 540 millones de pesos al erario público, diseñada con una distribución de espacios y calles que nos recuerda a los ‘cotos’ citadinos, situada en la cima de una árida colina. Pareciera que ni el gobierno federal ni el estatal aprendieron del rotundo fracaso del proyecto «Nuevo Talicoyunque», un desarrollo al que se pretendió trasladar sin ningún éxito a los vecinos del pueblo aledaño de Temacapulín, Jalisco.

Todo esto está muy lejos de las grandilocuentes declaraciones de José Elías Chedid, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP)  quien afirma que el Comité Mixto del proyecto ha otorgado «confiabilidad» a la reubicación de Acásico (Informador, 2015). Vecinos de la comunidad afirman que quienes participan en esta organización están involucrados directamente con la organización «México Sustentable» que es parte de la Fundación Desarrollo Sustentable A.C, un organismo que en complicidad con las dependencias gubernamentales se ha dedicado a convencer a los pobladores de vender sus propiedades, enmascarándose bajo la supuesta atención psicológica de los pobladores y un uso faccioso en medios de comunicación del discurso del respeto a los derechos humanos.

«Las reuniones de estas personas suelen ser en lugares cerrados,  la mayoría de las veces fuera del pueblo» asegura don Luis, uno de los vecinos que se ha resistido todos estos años a vender sus tierras, hecho que contradice las publicaciones de prensa que afirman que todos los habitantes ya han accedido a la reubicación. «La verdad no se sabe bien a bien cuantos y quienes ya vendieron, la cosa es que esos de CONAGUA y México Sustentable dividieron a las familias pagando de manera secreta y por separado las parcelas» comenta.

En fechas recientes, a más de 1 año de estar suspendida la construcción de la presa debido a varios recursos legales interpuestos por pobladores de la zona, el gobierno de Jalisco anunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) realizará estudios durante 16 meses en la cuenca del río Verde para analizar la viabilidad de los proyectos. Esta situación, lejos de brindar legitimidad al proyecto parece poner aun más en evidencia las irregularidades del proceso para construir la cortina de la presa hasta los actuales 79.6 metros. Las preguntas se acumulan, ¿cuánto hemos gastado los mexicanos en los últimos 25 años en estudios técnicos de la cuenca del río Verde? ¿no debieron de haber estado listos y verificados estos documentos tiempo antes de poner la primera piedra de la obra? Hoy ninguna respuesta basta para los moradores de la tierra hundida.

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Por Jen Moore

El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.

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Entre otras cosas, el gobierno canadiense extiende préstamos y seguros a través de Export Development Corporation sin transparencia ni disposiciones legislativas en materia de derechos humanos; ofrece una amplia gama de servicios diplomáticos a empresas, omitiendo considerar sus antecedentes o el potencial perjuicio que pueden causar sus proyectos; y envía al extranjero fondos de asistencia canadiense al desarrollo para mejorar la reputación de proyectos extractivos y promover reformas a los códigos de minería que favorecen los intereses de las empresas y, a su vez, limitan derechos de comunidades indígenas y otros derechos colectivos.

 

Recientemente, el gobierno destinó $25 millones CAD a la asistencia al desarrollo en el extranjero. Estos fondos han sido administrados por tres instituciones académicas canadienses agrupadas bajo el Instituto Internacional Canadiense para el Desarrollo de Recursos (Canadian International Resources Development Institute, CIRDI), llamado inicialmente Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (Canadian International Institute for Extractive Industries and Development, CIIEID). La función del CIRDI es contribuir con los intereses de política exterior y de la industria extractiva canadienses influyendo en las políticas y lasinstituciones  que regulan los recursos naturales de otros países[1].

Un ex ministro de desarrollo internacional canadiense señaló en declaraciones ante el sector minero que la CIRDI sería su “principal y mejor embajador”[2].

Tal vez el ejemplo más ilustrativo del modo tendencioso en que el Estado canadiense apoya a las inversiones mineras del país en el extranjero es el rol que cumplen los representantes de sus misiones diplomáticas. Los funcionarios de las embajadas canadienses tienen acceso privilegiado a información acerca de qué está sucediendo en comunidades afectadas por la minería y siguen de cerca la definición de políticas relevantes en los países donde tienen presencia. Su comportamiento muestra de manera perturbadora cómo el gobierno canadiense tolera y acepta violaciones de derechos indígenas y de derechos humanos con el fin de respaldar los intereses exclusivos de las empresas canadienses, mientras a la vez afianza el modelo neoliberal de minería.
Blackfire Exploration y la embajada canadiense en México

Recientemente, MiningWatch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, junto con Otros Mundos-Chiapas y la familia de Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, en México, pudieron acceder a importantes datos sobre uno de los ejemplos de esta relación. Lo consiguieron a través de un pedido de información planteado ante el entonces Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and International Trade, DFAIT, actualmente DFATD) de Canadá. Las 960 páginas de correos electrónicos de la embajada, notas informativas y contenidos de medios obtenidas 18 meses después, permitieron reconstruir la relación entre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, con sede en Calgary, cuya mina de extracción de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas, estuvo en funcionamiento durante casi dos años, en 2008 y 2009. Según revelan los documentos, desde antes de que la mina entrara en funcionamiento hasta que fue cerrada por motivos ambientales a fines de 2009, la embajada canadiense en México prestó apoyo incondicional a Blackfire, incluso tras el brutal homicidio del activista comunitario Mariano Abarca y la aparición de evidencias contundentes de que la empresa sobornó al presidente municipal de Chicomuselo[3].

Un análisis conjunto de estos documentos permite ilustrar cuatro aspectos de la relación del Estado canadiense con la empresa minera: 1) cómo la embajada posibilitó que esta pequeña empresa de capital privado instalara y pusiera en funcionamiento la mina, a pesar de señales evidentes de potenciales conflictos,
2) cómo la embajada se ocupó de evitar conflictos a la empresa, 3) la predisposición de la embajada a ignorar las graves amenazas a activistas locales, y 4) su determinación de defender los intereses de la empresa, incluso cuando todos los indicios, y también todos los presuntos autores del homicidio de Abarca, señalaban a la empresa.

En primer lugar, diversos documentos gubernamentales revelan que la embajada logró que Blackfire pusiera en funcionamiento la mina presionando al estado de Chiapas, a pesar de que no había un claro consentimiento de la comunidad para que se desarrollara el proyecto y la empresa tenía problemas con sus permisos de funcionamiento. Entre 2007 y 2008, personal de la embajada se trasladó en dos oportunidades a Chiapas, y prestó apoyo a la empresa. La importancia de estas acciones de lobby fue expresada en un mensaje de correo electrónico enviado por un representante de la empresa a un asesor político de la embajada en México D.F. en septiembre de 2008: “Todos en Blackfire apreciamos verdaderamente lo que ha hecho la Embajada al ejercer presión sobre el gobierno del estado para conseguir que avancen las gestiones en nuestro favor. No podríamos haberlo hecho sin su ayuda”[4].

En segundo lugar, la embajada se mostró dispuesta a ayudar a Blackfire a superar la situación cuando se intensificaron las protestas contra la mina. La embajada seguía de cerca estas protestas, e incluso hizo caso omiso de amenazas de muerte contra activistas locales. En julio de 2009, el líder comunitario local Mariano Abarca viajó con una delegación a México D.F. y dialogó con un funcionario de la embajada canadiense, durante un encuentro sobre el cual hay registros de video. Señaló que la empresa había incumplido promesas, que la mina estaba provocando daños ambientales y que había trabajadores armados que lo intimidaban a él y a otras personas que se oponían a la explotación. Pocas semanas después, Mariano Abarca fue detenido en la vía pública mientras intervenía en los preparativos de un encuentro local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo. La embajada tenía conocimiento de que Abarca había sido detenido sobre la base de señalamientos falsos planteados por la empresa contra él. A pesar de ello, y del testimonio de Abarca con respecto a la presencia de trabajadores armados, además de 1.400 cartas enviadas a la embajada en las cuales se manifestaba profunda consternación por la vida de Abarca, la respuesta de la embajada se centró en asegurar la continuidad de las actividades de la empresa[5].

Seis semanas después Abarca fue asesinado, la mina se cerró por factores ambientales y se supo que la empresa había efectuado pagos directos en la cuenta bancaria personal del alcalde local para acallar las protestas. Hasta hace poco[6], las evidencias de corrupción que surgieron en ese momento estaban siendo investigadas por la Real Policía Montada Canadiense, al amparo de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign Public Officials Act) de Canadá[7].

Incluso entonces, la embajada siguió defendiendo los intereses de la empresa. Para empezar, la embajada no se distanció de la empresa, sino más bien de la investigación sobre el homicidio, al negarse a reunirse con organizaciones comunitarias de damnificados, y al no tomar las medidas necesarias para que los funcionarios del gobierno canadiense que visitaron Chiapas en ese entonces reclamaran una investigación exhaustiva e imparcial del homicidio de Mariano Abarca.

Aproximadamente dos meses después, la embajada finalmente envió una delegación investigadora a la comunidad para que dialogara con los grupos afectados. El informe del agregado político se refiere a promesas incumplidas, falta de apoyo de la comunidad, daño ambiental y prácticas corruptas; este documento fue enviado a las más altas reparticiones del gobierno canadiense. No obstante ello, apenas cinco días después de que el informe se distribuyera, la embajada volvió a asesorar a Blackfire con respecto a estrategias para demandar al estado de Chiapas en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina[8].

Estos hallazgos se publicaron en 2013 y, unos pocos meses después, el hermano de Mariano Abarca, Uriel, y uno de sus hijos, José Luis, llevaron el informe a la embajada canadiense en México para exigir una respuesta[9]. Lo que obtuvieron fue el discurso que el gobierno de Canadá repite sistemáticamente a quienes cuestionan su política exterior con respecto a la minería canadiense en el extranjero. El representante de la embajada dijo a Uriel y a José Luis que el gobierno canadiense insta a las empresas del país a respetar la legislación local y mantener altos estándares de responsabilidad social empresarial. La embajada se negó a reconocer que su apoyo activo e incondicional podría haber disuadido a Blackfire de cumplir con la legislación local y con las normas internacionales.

Cuando Uriel y José Luis pidieron a la embajada canadiense que no ignorara las amenazas a otros líderes comunitarios en México que son perseguidos y criminalizados habitualmente debido a que defienden su tierra, agua, medios de subsistencia y medioambiente, el funcionario de la embajada subrayó que esto equivaldría a una intromisión en la soberanía mexicana. No obstante, este mismo funcionario no consideraba que interceder ante el gobierno del estado de Chiapas para lograr que la mina de Blackfire comenzara a funcionar implicara una intromisión en la soberanía de México.

Para complementar estos hallazgos, MiningWatch Canada confeccionó una lista de otros trece ejemplos de casos en los cuales la embajada canadiense intercedió en representación de empresas mineras afectadas por conflictos[10]. Pero, seguramente los ejemplos son muchos más, y es probable que estos sigan en aumento en el futuro. Sobre todo porque, desde que se publicó el informe sobre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, el gobierno de Canadá ha adoptado la política de destinar el 100 por ciento de su cuerpo diplomático a respaldar intereses privados, y se refiere a esta estrategia como “diplomacia económica”. En su Plan de Acción para los Mercados Globales 2013, el gobierno se refirió a la diplomacia económica en los siguientes términos: “todos los recursos diplomáticos del Gobierno de Canadá se emplearán en representación del sector privado para alcanzar los objetivos declarados con respecto a mercados extranjeros clave”[11], incluidos países como México, Chile, Brasil, Colombia y Perú. Ante la prevalencia de la inversión exterior canadiense en el sector globalizado de la minería y la falta de garantías para asegurar que las misiones canadienses en el exterior otorguen prioridad al respeto de los derechos humanos e indígenas individuales y colectivos, esta política sin duda reforzará el apoyo a empresas mineras, mientras que comunidades y trabajadores siguen expuestos a riesgos, como ser demonizados, criminalizados, amenazados y asesinados por reivindicar sus derechos en defensa de su vida, sus medios de subsistencia, sus recursos hídricos y sus tierras.

En conclusión, el Estado canadiense comparte responsabilidad por el neocolonialismo, los conflictos, los abusos y la impunidad que caracterizan actualmente a la industria minera canadiense globalizada. Por tal motivo, resultó alentador que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al término de su período de sesiones de otoño de 2014, instara a Canadá a actuar para que las empresas rindan cuentas por violaciones de derechos humanos e indígenas que involucraran a sus actividades en el extranjero, y además a “adoptar medidas a fin de evitar las múltiples violaciones a los derechos humanos”[12] ocurridas en relación con sus actividades. Esto demandará nada menos que un cambio radical en la política exterior canadiense y en el programa económico que ésta promueve y sostiene. Para ello, es vital continuar denunciando la complicidad del Estado canadiense en los abusos del sector de la minería, y trabajar junto a quienes defienden su tierra y luchan por la autodeterminación, la preservación del agua y un medioambiente sano.

NOTAS:
[1] MiningWatch Canada. (2014, 4 de marzo). New Federally Funded Academic Institute a Tool to Support Mining Industry, disponible en http://www.miningwatch.ca/news/new-federally-funded-academic-institute-tool-support-mining-industry
[2] Mackrael, K. (2013, 19 de junio). ‘Huge opportunities’ for Canadian mining industry to work in developing countries. The Globe and Mail, disponible en http://www.theglobeandmail.com/news/politics/huge-opportunities-for-canadian-mining-industry-to-work-in-developing-countries/article12670581/
[3] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy, disponible en http://
www.miningwatch.ca/news/report-reveals-how-canadian-diplomacy-supported-deadly-blackfire-mining-project
[4] Solicitud de acceso a información A-2010-00758/RF1, p. 000185, citada en Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[5] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[6] Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Otros Mundos, A.C. y Red Mexicana de Afectados por la Minería/Chiapas (REMA Chiapas). (2015, 11
de marzo). Red Mexicana Deplora el Resultado del Gobierno Canadiense sobre el Caso Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/red-mexicana-deplora-el-resultado-del-gobierno-canadiense-sobre-el-caso-blackfire-en-chicomusel
[7] Common Frontiers-Canada, Council of Canadians, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2011, 29 de agosto). La sociedad civil canadiense expresa su agrado ante el allanamiento de las oficinas de Blackfire Exploration. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/la-sociedad-civil-canadiense-expresa-su-agrado-ante-el-allanamiento-de-las-oficinas-de
[8] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[9] Moore, J. (2013, 4 de septiembre). Embajada canadiense desaíra a la familia de fallecido activista mexicano. Programa de las Américas, disponible en http://www.cipamericas.org/es/archives/10572
[10] MiningWatch Canada. (2013, 8 de octubre). Antecedentes: Cambiar las políticas públicas y las prácticas mineras para asegurar la salud de individuos, comunidades y ecosistemas, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/article/antecedentes-una-docena-de-ejemplos-de-la-
diplomacia-minera-canadiense
[11] Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Global Markets Action Plan, disponible en http://www.international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng
[12] CIDH. (2014, 7 de noviembre). CIDH culmina 153 Período de Sesiones. CIDH, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/131.asp

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Vía Movimiento M4

TPP: Leyes nacionales… bajo certificación estadunidense

Emilio Godoy, Revista Proceso

México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

En Tratados de Libre Comercio (TLC) previos, Estados Unidos ha aplicado una certificación unilateral para corroborar, en función de sus demandas, que sus socios han cambiado marcos legales domésticos.

“La aprobación del TPP implica hacer compatibles las leyes nacionales. Estados Unidos quiere asegurarse de que las legislaciones son compatibles con los objetivos del tratado”, dice a Apro Manuel Pérez Rocha, investigador del estadunidense Instituto para el Estudio de Políticas.

Los 12 países involucrados en las tratativas del acuerdo anunciaron la mañana del lunes 5 en Atlanta, Georgia, que habían concluido un nuevo acuerdo del TPP, aunque los equipos negociadores trabajan para pulir el texto y así poder divulgarlo.

El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, con la salvedad de que no podían cambiar lo acordado en principio.

El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.

Los presidentes de los socios deben suscribir el documento para que pase a los congresos nacionales para su debate y aval. Ese camino se recorrería en 2016.

“En Estados Unidos inicia la lucha en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Instamos a todos los gobiernos a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar antes de firmar”, declaró Judit Rius, directora y asesora legal de la campaña de Acceso de Medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos.

El Congreso estadunidense no puede enmendarlo y sólo puede decidir si avala o no el acuerdo, debido a que el presidente Barack Obama cuenta con la autoridad fast track para negociar y firmar un TLC. Esa misma limitante aplica al Congreso chileno y al Senado mexicano.

El pasado 12 de mayo parlamentarios de cinco países del TPP firmaron una carta abierta en la que urgen a sus líderes políticos a proteger la soberanía nacional del proceso de certificación de Estados Unidos. El grupo incluye a exfuncionarios, excongresistas, dirigentes políticos, voceros de organizaciones comerciales y miembros de comités relacionados con temas del TPP de Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.

La misiva expresa “una preocupación grave” sobre que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a las partes en tratados de libre comercio previos cambios en sus leyes, regulaciones y procedimientos para cumplir con la interpretación estadunidense de las obligaciones de los países antes de que la nación norteamericana avale la entrada en vigor del acuerdo.

En las leyes ejecutivas de sus recientes TLC, el gobierno de Estados Unidos ha incluido como requisito la retención de la autorización de ese acuerdo hasta que otro gobierno cambie sus leyes, regulaciones y procedimientos con el propósito de que sean acordes con las demandas estadunidenses. Hasta que eso ocurre, Estados Unidos no completa el intercambio de cartas con ese país, lo cual es necesario para que el acuerdo entre en vigor entre ellos.

Los firmantes de la carta argumentan que esto ha derivado en que Estados Unidos obtiene concesiones adicionales, sus funcionarios bosquejan las leyes del otro país, los acuerdos rigen en diferentes momentos para diferentes países y ocurren prolongados retrasos en la aplicación de los pactos comerciales para algunas naciones.

Por ello piden garantizar que el TPP contenga una provisión efectiva que “proteja nuestra autoridad legislativa soberana de tal influencia externa” y que reafirme “nuestro derecho constitucional a determinar exclusivamente si nuestro gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las provisiones del acuerdo antes de su vigencia”, así como resistir cualquier intento de otro socio del TPP de “influir en el diseño de nuestras leyes previamente a su entrada en vigencia”.

 

Presión continua

En los TLC más recientes suscritos por Estados Unidos es práctica recurrente que esa nación supervise la actualización legal interna acorde con el contenido de los acuerdos. “Los funcionarios de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios a las leyes y políticas internas del otro país que el gobierno requiere antes de permitir que el tratado entre en vigor. Luego, el gobierno de Estados Unidos monitorea el cumplimiento y presiona hasta que sus demandas son satisfechas”, escribieron en el sitio electrónico TPP: No certification en agosto de 2014 Jane Kelsey, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora senior de la Red del Tercer Mundo.

Aunque el Congreso estadunidense apruebe el TPP, el pacto no regiría en relación con cada socio hasta que Washington lo certifique; es decir, que ha satisfecho la visión del cumplimento.

Las investigadoras sostienen que el proceso provee de margen adicional para que el Congreso y la industria estadunidenses impongan su propia interpretación de las obligaciones del socio.

La Ley Bipartidista de Prioridades Comerciales de 2014 contiene requerimientos nuevos y adicionales para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consulte al Congreso sobre el apego a los requisitos de la certificación.

El proceso aplica a una gama de medidas, como leyes, regulaciones, arreglos institucionales y normativos, firma de tratados internacionales y decretos ejecutivos. Estados Unidos ha requerido a otros países para que cumplan con lo que considera que fue acordado, aunque no esté escrito en el texto del acuerdo.

Luego de concluir las tratativas del TLC entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), El Salvador tuvo que mantener al menos tres ruedas de negociaciones, dos en suelo estadunidense, sobre asuntos como la aceptación de las inspecciones estadunidenses de carne y pollo.

Washington validó el lenguaje de siete leyes sobre derechos de propiedad intelectual y de autor, telecomunicaciones, aduanas, agricultura, procedimientos penales y arreglos de distribución para empresas extranjeras antes de ser adoptadas por Costa Rica. El gobierno estadunidense revisó las versiones finales para asegurarse de que no hubiera cambios.

Nicaragua envió la ley de aplicación del DR-CAFTA a Estados Unidos antes de que fuera firmada por el presidente. La nación norteamericana pidió que la ley fuese publicada para garantizar que el país centroamericano había completado el proceso de aplicación.

En el caso de la República Dominicana, otro socio de ese acuerdo regional, Washington pre-avaló el lenguaje de siete leyes y luego revisó la legislación final para asegurarse de que no hubiera variaciones antes de proceder a la certificación.

Guatemala aprobó su legislación para aplicar el DR-CAFTA a finales de mayo de 2006 luego de intensas consultas con USTR, pero tuvo que esperar meses para recibir la garantía de que el marco legal cumplía con las condiciones estadunidenses.

El caso de Perú es muy evidente, como lo constatan 15 documentos del USTR de 2008 y 2009 desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información.

Estados Unidos revisó que Perú diseñara unas 35 leyes sobre protección de datos farmacéuticos, arbitraje para inversiones, cambios a la propiedad indígena de la tierra y el sistema educativo. De hecho, dos equipos de abogados estadunidenses asesoraron a la nación incaica en el bosquejo de leyes ambientales y de negocios. De esa forma, Estados Unidos certificó a Perú para que el TLC entre ambos iniciara el 1 de febrero de 2009.

 

El costo de decir “no”

Edward Alden, asociado Bernard L. Schwartz y director de la Iniciativa Renovando Estados Unidoslanzada por el Consejo de Relaciones Internacionales, considera complicado que el Congreso rechace el TPP, a pesar del contexto electoral actual.

“Si el Congreso rechaza el TPP, es una bofetada en la cara de los otros 11 países, incluyendo aliados estrechos como México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que han tomado domésticamente decisiones difíciles para ser capaces de concluir el acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso va a ser muy reacio a hacer eso”, comentó Alden durante una conferencia con medios el día 7.

Alden recordó que hay políticos populares en ambos partidos e industrias como la tabacalera y la farmacéutica, bastante descontentos con las tratativas.

“El costo de decir no es enormemente alto, pero pienso que no será fácil y que va a ser un gran peso para la administración”, resumió.

En mayo último, un grupo encabezado por el exministro de Agricultura japonés, Masahiko Yamada, interpuso una queja constitucional contra las negociaciones, porque ni siquiera los miembros del Parlamento habían tenido acceso a los documentos oficiales.

Otro caso relacionado con la secrecía está pendiente en Nueva Zelanda.

El acuerdo abarca un mercado de 800 millones de personas y equivale a 40% de la economía mundial.

El texto fue negociado en secreto y con escaso debate en México, aunque USTR ha divulgado un sumario que aporta algunos elementos.

En productos agrícolas, las partes eliminarán o reducirán tarifas y otras políticas restrictivas, lo cual aumentarán el comercio agrícola en la región y “fortalecerán la seguridad alimentaria”.

Las naciones acordaron mayor transparencia y cooperación en algunas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola, léase los transgénicos.

El capítulo de textiles incluye reglas de origen específicas que requieren el uso de tejidos y fibras de la región, con un mecanismo que permite la utilización de ciertos materiales no disponibles en el bloque.

El TPP incluye compromisos específicos sobre la transferencia de información para procesamiento de datos.

Las partes se comprometen a garantizar el libre flujo de la información y datos globales, sujeto a objetivos legítimos de política pública, como la protección de los datos personales.

El documento insta a las partes a cooperar en políticas sobre protección de datos personales y del consumidor electrónico, así como cooperación en ciberamenazas y capacidad en ciberseguridad.

Además, las partes acuerdan combatir el tráfico ilegal de especies, proteger variedades amenazadas e incentivar iniciativas ambientales voluntarias, como los programas de responsabilidad social corporativa.

Así mismo, las naciones coinciden en medidas estrictas contra la falsificación y la piratería y la sujeción de los Estados a un tribunal internacional en cuestión de inversiones.

“No veo ventajas para México. Entra en competencia con otros países que le pueden ganar mercados, especialmente en Estados Unidos. Cedió el sector energético y el automotriz, sacrifica lácteos y textiles, que tenían cierta ventaja” en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 para Canadá, Estados Unidos y México, señala Pérez Rocha.

Para Rius, el capítulo de propiedad intelectual significa para México “un paquete de obligaciones que va a extender y fortalecer las patentes más allá de 20 años y en los medicamentos biológicos, un compromiso de protección de 5 a 8 años, durante el cual no se van a poder registrar productos genéricos o biosimilares”.

Por su parte, Artículo 19, Derechos Digitales y la Red en Defensa de los Derechos Digitales demandaron al gobierno mexicano la apertura del texto.

“Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad sólo resta legitimidad y confianza”, señalaron.

Nueva publicación de ONG con propuestas para pensar modelos alternativos al extractivismo

Vía Movimiento M4

«El objetivo de este documento es promover el debate en las regiones sobre propuestas para emprender transiciones al post extractivismo a nivel regional, enfocándolo en los cambios en las políticas e instituciones regionales que permitirían emprender transiciones a ese nivel independientemente de las políticas nacionales o en complementación a las mismas».

Autores: Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE: Acción Internacional para la Salud – AIS, Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh, Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO, Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES, Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana – GPC

La sostenida y creciente conflictividad socio ambiental asociada con las actividades extractivas, especialmente la minería y los hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate nacional la deseabilidad y la viabilidad a largo plazo de un modelo de crecimiento basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento de los recursos naturales. Aunque no haya ni claridad ni consenso sobre un modelo alternativo, se comienza a percibir una búsqueda intuitiva a un modelo alternativo en base a las críticas a los impactos indeseables del modelo actual y al anhelo de construir una manera de organizar la economía y la sociedad para lograr el “buen vivir” con la justicia social y la sostenibilidad ambiental…

Hasta ahora la discusión sobre estas posibles transiciones se ha llevado a cabo a nivel del país y de la región sudamericana (Gudynas 2012; 2015), con el debate sobre propuestas para reformar las políticas e instituciones nacionale e intergubernamentales. Sin embargo, ha habido poco debate y reflexión sobre las implicancias de estos cambios y las posibles transiciones al nivel subnacional, en las regiones. Por eso, el objetivo de este documento es promover el debate en las regiones sobre propuestas para emprender transiciones al post extractivismo a nivel regional, enfocándolo en los cambios en las políticas e instituciones regionales que permitirían emprender transiciones a ese nivel independientemente de las políticas nacionales o en complementación a las mismas.

El propósito es idear caminos que permitan imaginar escenarios post extractivistas en las regiones. Para ello, se presentará una descripción del extractivismo y de la idea de las transiciones desde la perspectiva de las regiones. En seguida se presentarán las principales características del extractivismo en el Perú, algunas propuestas para emprender transiciones al post extractivismo en y desde las regiones y, finalmente, algunas reflexiones sobre las posibilidades y las limitaciones de promover transiciones al post extractivismo en las regiones en contextos nacionales favorables o desfavorables.

    En ausencia de una sola alternativa al extractivismo presentada como una utopía, en los últimos años se ha ido proponiendo una estrategia alternativa. En vez de construir modelos utópicos alternativos a los cuales aspirarse, se propone buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un modelo alternativo todavía no definido pero uno que se fundamentaría en la defensa y realización plena de los derechos humanos y de la naturaleza. De esta manera, se sostiene, se podría ir solucionando problemas agudos y apremiantes mediante cambios graduales y secuenciados en las políticas públicas y las prácticas institucionales. A esta estrategia y proceso se llaman las transiciones para salir del viejo desarrollo.

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“Di no al fracking”, piden Lumi Cavazos, Julieta Venegas y Rubén Albarrán (Video)

La Alianza Mexicana Contra el Fracking estrenó un video con Julieta Venegas, Lumi Cavazos y Rubén Albarrán para explicar qué es la fractura hidráulica o fracking, una práctica que afectara a indígenas de la Huasteca potosina, entre otras zonas. La campaña en Avaaz.org pide prohibir la práctica a diputados y senadores y cuentan ya con 20 mil firmas. Esta semana, en el barco de Greenpeace “Esperanza” que visita el Puerto de Veracruz, se estrenó el video. Vía Aristegui Noticias.

Alianza Mexicana contra el Fracking

Para mayor información:
nofrackingmexico.org
@NoFrackingMx

https://youtu.be/v1Yu_h_nc_Q

El TPPeor, un TLCAN recargado

por Alfredo Acedo, CIP Americas

Negociado a puerta cerrada—clandestinamente, diríase—la Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglos en inglés), significa la venta final de México a las corporaciones multinacionales, en otras palabras, tocarle Las Golondrinas a lo que queda de la soberanía nacional y eliminar cualquier posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria.

Mientras la ONU celebra este 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación y La Vía Campesina conmemora el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria en contra de las corporaciones transnacionales, organizaciones campesinas e indígenas en México repudiaron el nuevo acuerdo comercial y se preparan para demandar al Senado de la República el rechazo a la firma del TPP, el cual—en su opinión—debería ser sometido a consulta pública.

 

Pequeños y medianos productores integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y de El Barzón aseguraron en sendos comunicados que el TPP agravaría aún más la dependencia del exterior al imponer condiciones que volverían imposible la soberanía alimentaria.

Las corporaciones trasnacionales y un puñado de políticos tecnócratas y grandes empresarios son quienes han participado en las negociaciones “en lo oscurito”. Aunque no hay acceso a los documentos del acuerdo, es obvio que el proceso ha sido desarrollado de una manera sigilosa con el fin de garantizar los intereses de la élite económica global, en contra de las sociedades y naciones involucradas. Los borradores filtrados indican que se trata de un acuerdo comercial peor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TPP, como el TLCAN, no es comercio ni “libre comercio”. No se trata de bajar barreras arancelarias. Estos acuerdos abordan más la creación y extensión de privilegios para las corporaciones multinacionales. Permiten a estas empresas colocarse por encima de los gobiernos, de las leyes y decisiones judiciales para evitar impactos negativos en sus inversiones. Se convierten así en una amenaza para el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la salud pública y otros derechos de la población.

Precisamente, la principal preocupación de expertos y de los productores del campo mencionados es que las leyes soberanas y los sistemas judiciales de los países signatarios de tratados como el TLCAN y el TPP, quedan subordinados a tribunales establecidos por los acuerdos, sin garantías ni derecho al debido proceso, sometidos a cortes más favorables a las empresas privadas que al interés público.

“La mayoría de la gente estaría en peores condiciones como resultado del acuerdo. Peor aún, las disposiciones del TPP que fortalecen y alargan las patentes y la protección del derecho de autor, tendrían un impacto en la distribución del ingreso. No es una exageración cuando los opositores al TPP se refieren al acuerdo como la ‘toma del poder por las trasnacionales’”, asegura el experto Mark Weisbrot, del Centro para la Investigación Económica y Política.

De acuerdo con los estudios del Programa de las Américas, a México le fue bastante mal en los primeros 20 años de TLCAN. “Desde que el acuerdo entró en vigor en 1994, el crecimiento anual per cápita del país se estanco en un promedio de solo 1.2 porciento—una de las más bajas del hemisferio. Su salario real ha disminuido y el desempleo ha incrementado, escribió su directora Laura Carlsen en el New York Times. También generó desempleo y pérdida de salario en Estados Unidos.

En este contexto, destaca Weisbrot, “Las lecciones del TLCAN son una gran parte de la razón por la que el gobierno de Obama tendrá tantos problemas para conseguir la aprobación del TPP en el Congreso. Los defensores del TPP también han aprendido del TLCAN: por eso el contenido del nuevo acuerdo ha sido mantenido en secreto a través de todo el proceso de negociaciones”.

Para la UNORCA, México y sobre todo el medio rural está siendo víctima de un nuevo atropello de dimensiones mayúsculas y casi nadie está poniendo atención debido a los múltiples problemas y crisis en curso. “Está en puerta otra peligrosa traición del gobierno de México”, afirmó su dirigente nacional Olegario Carrillo. 

El común de la gente nunca ha oído hablar del TPP, y la mayoría de quienes han escuchado sobre él no saben qué es exactamente. Eso no es casualidad. Una enorme cantidad de personas de varios países a uno y otro lado del Océano Pacífico, incluido México, va a ser gravemente afectada y no se le ha pedido su opinión ni ha sido consultada la ciudadanía sobre el tema.

El TPP contiene 30 capítulos, que incluyen temas como medio ambiente, medidas sanitarias, acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos al comercio, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, propiedad intelectual, cuestiones laborales, entre otros. Incorpora además los llamados temas horizontales: coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas. Y a nivel industrial, el acuerdo involucra las áreas automovilística, textil, farmacéutica y agrícola.

Según Beatriz Plaza y Gorka Martija, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, los puntos clave del acuerdo son:

Prohibición de etiquetado obligatorio para los productos transgénicos.

Protección de patentes y derechos de autor, (incluido un sector tan sensible como los medicamentos genéricos, favoreciendo a las trasnacionales farmacéuticas mediante el reforzamiento de la propiedad industrial).

Reconocimiento mutuo de numerosas regulaciones, lo cual implica la aplicación de aquellas menos garantistas y más beneficiosas para los intereses de las corporaciones.

Detrimento de la contratación pública en favor de la privatización (reducción en la compra de productos locales en pro de productos internacionales).

Regulaciones ambientales (se pactan asuntos relacionados con energía nuclear, contaminación y sostenibilidad).

Y desregulación financiera.

En efecto, no se trata de comercio, no se trata de “libre mercado”; se trata de poder y control. El poder desplazado cada vez más lejos de los pueblos, y acaparado por una clase reducida de magnates y accionistas de las corporaciones trasnacionales que están por encima hoy más que nunca de gobiernos y naciones.

El TPP crea un sistema de tribunales comerciales internacionales que permitirá a las empresas trasnacionales ignorar y anular las leyes nacionales de cualquier país miembro. Son tribunales extrajudiciales, es decir, su autoridad se encuentra fuera y por encima de los sistemas nacionales de justicia. Sus integrantes no son electos y no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos.

Las leyes que estarán sujetas a este nuevo acuerdo son, entre otras, el derecho a la alimentación, la propiedad intelectual (patentes), seguridad e inocuidad de alimentos, subsidios, normas ambientales, y prácticamente cualquier regulación que afecte los negocios de las corporaciones. Los cambios en este configuración institucional y legislativo tendrán un impacto mayor en el acceso a alimentos suficientes y sanos por parte de la población mexicana, y en particular, los sectores más empobrecidos.

Si un país aprueba una ley para proteger a sus ciudadanos, para garantizar la calidad de los alimentos o para reducir la contaminación, la multinacional que se vea afectada puede llevar el caso a esos tribunales. Las sentencias serán vinculantes. No importa que la gente haya votado a sus legisladores y aprobado sus propias leyes.

“Rechazamos tajantemente la participación del gobierno de Enrique Peña Nieto en la negociación de estos acuerdos secretos a favor de las trasnacionales y en contra del pueblo de México”, expresó la UNORCA.

El gobierno mexicano, que se sumó a las negociaciones cuando estos ya habían llegado a algunos acuerdos y que se sometió a los intereses del gobierno de EEUU y las trasnacionales, hace referencia a los supuestos beneficios que se conseguirán con la firma del TPP. El presidente Enrique Peña Nieto lo llamó en un tuit, “acuerdo de vanguardia con el que México fortalece su integración comercial con el mundo” como si la integración en si mismo fuera un beneficio. Agregó: “El Acuerdo de Asociación Transpacífico se traducirá en mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado para los mexicanos”.

Para desmentirlo, sólo tendríamos que vernos en el espejo del TLCAN. A 21 años de su entrada en vigor, el campo es un desastre. Su aportación al PIB se ha ido decreciendo, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes y se ha mantenido estancada la economía con un promedio de 2% de crecimiento anual, reducido a cero por el aumento poblacional y la cifra es peor para el sector agrícola. La dependencia alimentaria del país ha llegado a 42 por ciento, según datos oficiales.

Por su parte, El Barzón asegura que en la mayoría de las regiones el TLCAN no ha generado crecimiento del empleo mientras que el crecimiento de las exportaciones confinadas a un sector reducido de la producción ha descansado en mano de obra barata, empleos precarios y en un aumento de componentes e insumos importados tanto en la agricultura como en las manufacturas.

Tratados nefastos para el campo

En la actualidad México tiene firmados 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

O sea, por tratados no paramos, y esta es la prueba de que estos acuerdos no son la solución a la crisis de la producción agroalimentaria, ni el despegue de la economía del país sino el rescate de la planta productiva nacional para poder aprovechar la relación comercial con otros países en condiciones más equitativas.

“Se presume mucho que los productores mexicanos entraremos en contacto con 700 millones de consumidores. En la actualidad los tratados ya nos permiten llegar a más de 500 millones de consumidores, sin embargo, la debilidad de la planta productiva nacional y la existencia de una estructura monopólica en los mercados nacionales, han impedido que nuestro país llegue a niveles mejores de desarrollo”, considera El Barzón.

El TPP no sólo no aportará ninguna solución sino que afectará de manera severa a los productores de arroz, trigo, leche y carne y profundizará la dependencia alimentaria de México, además de llevar a la destrucción y a la quiebra a miles de productores y regiones enteras del país.

Igual que en el TLCAN, el sector agropecuario será uno de los más afectados pues tanto en arroz, carne, leche y trigo nuestro país ha sufrido el desplome de su producción con el aumento de las importaciones lo cual nos ha convertido en un país absolutamente dependiente del exterior..

El TPP y las condiciones sobre las cuales se realizará la apertura total de la desgravación de aranceles nos llevará a la práctica desaparición de los productores pequeños y medianos que se encuentran aún ligados a estos productos y a estas regiones del país.

En realidad el TPP sólo traerá beneficios para las empresas mexicanas que ya tienen presencia multinacional. Así los únicos favorecidos serán el grupo Visur a partir de la empresa Su Karne, las empresas Lala y Alpura, la empresa Bimbo y el grupo Gruma, pues su crecimiento y presencia internacional se ha logrado a partir de la dominancia de los mercados nacionales y de los grandes apoyos que reciben en materia fiscal, de financiamientos y recursos presupuestales del gobierno.

Veamos algunos de los impactos en cada producto:

Arroz

En México sólo quedan 3, 800 productores de arroz y somos dependientes en un 80% de las importaciones para cubrir el consumo nacional. La apertura indiscriminada que se está proyectando en el TPP y los plazos tan cortos para desgravación arancelaria provocará la ruina de estos productores y la afectación grave en los estados de Nayarit, Michoacán, Veracruz y Morelos, entre otros. Frente a la enorme potencia de Vietnam que produce 28 millones de toneladas o Japón con 7.9 millones de toneladas, ¿qué haremos con las 232 mil que producimos en México?

Trigo

Hoy en día México padece una dependencia de aproximadamente 70% del consumo de trigo pues sólo tiene capacidad de producir al año 3.6 millones de toneladas. Estados Unidos produce casi 60 millones de toneladas anuales, altamente subsidiados por el estado. Ha sido esta relación desventajosa lo que ha llevado prácticamente a desaparecer a los productores nacionales de trigo.

Las nuevas ventajas que el TPP daría a Estados Unidos y Canadá afectarían de manera severa a Sonora, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco donde los productores cada día sufren la falta de apoyo gubernamental y el crecimiento de los costos de producción.

Carne y leche

La participación de Nueva Zelanda, la desgravación arancelaria y los plazos tan cortos van a destruir a miles de productores, con una dependencia del 49.6% de importaciones de las cuales 90% provienen de Estados Unidos, 5% de Nueva Zelanda y 1.5% de Canadá.

En el caso de la carne, el 87% de las importaciones provienen de Estados Unidos, el 11% de Canadá. EU tiene una producción de 11.05 millones de toneladas. En México hay 1.5 millones de productores de carne, con una producción de 1.8 mdt, siendo los principales estados productores: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Michoacán.

Finalmente, los pequeños y medianos productores reiteran su condena a la secrecía y la clandestinidad con la que se han llevado a cabo estas negociaciones y manifiestan su inconformidad porque sólo algunos líderes del Consejo Nacional Agropecuario y representantes de las grandes empresas agroalimentarias del país fueron tomados en cuenta.

Varias organizaciones campesinas han hecho un llamado a todos los afectados por el TPP a sumar esfuerzos para movilizar a la población y evitar que se imponga el interés de las grandes corporaciones agroalimentarias.

Exigieron que el Senado no actúe como oficialía de partes del ejecutivo, sino que analice en detalle y responsablemente este acuerdo. Y demandaron un debate con todos los sectores involucrados y una consulta pública nacional vinculante.

Alfredo Acedo es un periodista Mexicano y el director de comunicaciones para el Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Escriba sobre la agricultura, la soberanía alimentaria y la organización de campesinos, la biodiversidad, y los políticos Mexicanos.

LOS PAÍSES RICOS CONDUCEN AL PLANETA A UN CAMBIO CLIMÁTICO IRREVERSIBLE

AVISO A LA PRENSA
    Amigos de la Tierra Internacional

    19 de octubre de 2015

    BONN, ALEMANIA, 19 de octubre de 2015 –  Amigos de la Tierra Internacional ha advertido hoy que los países ricos –los más responsables del cambio climático– nos están conduciendo a un cambio climático irreversible y más devastador, en lugar de tomar las medidas radicales que se necesitan con urgencia para reducir sus emisiones de carbono.

    La advertencia fue emitida al tiempo que gobiernos de todo el mundo comienzan una reunión de una semana en las negociaciones climáticas de la ONU en Bonn para negociar, por primera vez, el texto de un nuevo tratado climático mundial a ser acordado en París el mes de diciembre.

    “Las promesas de reducción de emisiones realizadas por los países ricos hasta ahora son menos de la mitad de lo que necesitamos para evitar un cambio climático fuera de control. El proyecto de acuerdo para París sobre la mesa de negociaciones esta semana muestra que muchos parecen dispuestos a aceptar consecuencias irreversibles y devastadoras para las personas y el planeta”, dijo Susann Scherbarth, activista de campaña de Justicia Climática y Energía, Amigos de la Tierra Europa.

    «Este proyecto incluso desmantelaría varios principios fundamentales de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, como la equidad. Esto es simplemente inaceptable. Los países más ricos deben cumplir con su parte justa. El nuevo tratado debe proteger a los países y personas menos privilegiados, no dejar que los países más ricos evadan responsabilidades” añadió.

    “Los políticos están en camino a fallarnos en su cumbre de París. Muchos políticos, bajo la presión de los contaminadores corporativos transnacionales que se benefician de los combustibles fósiles y la energía sucia, promueven el carbón, el fracking y la energía nuclear ante la ONU y localmente. En cambio, deben comprometerse a una reducción drástica de emisiones y una transformación de nuestro sistema energético”, dijo Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía, Amigos de la Tierra Internacional.

    Cientos de miles de personas están pagando con sus vidas por la falta de acción continua de nuestros gobiernos. Pero los verdaderos líderes, los pueblos, están tomando medidas y mostrando el camino con soluciones reales, como la energía renovable controlada por la comunidad.

    Miles de personas de todo el mundo, entre ellas partidarios de Amigos de la Tierra, planean ir a París para hacerse oír durante la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas [1] y movilizarse aún más en el año 2016 y más allá.

    «Nuestros gobiernos deben poner fin a la energía sucia y seguir con urgencia a los verdaderos líderes: los pueblos, no los contaminadores. Más y más personas están apoyando las soluciones reales, resistiendo la extracción de combustibles fósiles y conduciéndonos hacia sociedades seguras para el clima”, dijo Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía, Amigos de la Tierra Internacional.

    Organizaciones de justicia climática, movimientos sociales, grupos religiosos, sindicatos, organizaciones ambientales y de desarrollo dieron a conocer un nuevo informe: “Su justa parte: el análisis de la sociedad civil sobre el principio de equidad en los INDC”. [2]

    El informe muestra que muchos países en desarrollo se han comprometido a hacer algo más que su «justa parte» para reducir las emisiones, mientras que los países ricos están peligrosamente fallando en esforzarse.

    El informe se basa en la información que han presentado los gobiernos ante la ONU sobre sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (INDC), que describen en qué medida se comprometen a reducir sus emisiones.

    El informe sostiene que, si bien la «equidad» es un principio básico en el proceso de la ONU para lograr un acuerdo mundial, los países hasta ahora han sido autorizados a determinar sus propios objetivos sobre una base puramente nacional sin hacer referencia a la escala del esfuerzo mundial necesario.

    En el informe, la parte justa que cada país debe tener en la lucha contra el cambio climático se mide en función de su nivel de responsabilidad en la causa de la crisis, así como su capacidad para hacer frente al cambio climático en este momento.

    NOTAS

    [1] Amigos de la Tierra Internacional pide a sus seguidores que se unan a sus actividades en diciembre en París y en 2016, y que se inscriban a la campaña de revolución energética en línea.
    Para ver más información: https://www.wearetheenergyrevolution.org/es/start/

    [2] El resumen del nuevo informe se encuentra en línea en http://civilsocietyreview.org
    El informe completo estará disponible en noviembre.

    Hallazgos del informe:

    · La ambición de todos los principales países desarrollados está muy por debajo de sus partes justas, que incluyen no solo medidas nacionales sino también las finanzas internacionales. Los que tienen la brecha más cruda incluyen Rusia (que no contribuye en nada de su parte justa), Japón (aporta una décima parte de su parte), Estados Unidos (contribuye aproximadamente un quinto de su parte justa) y la Unión Europea (contribuye poco más de un quinto de su parte justa).

    · La mayoría de los países en desarrollo evaluados han hecho promesas de mitigación que superan su parte justa. Esto incluye Kenia, las Islas Marshall, China e Indonesia. Las INDC de la India corresponde bastante a su parte justa, mientras que la de Brasil es un poco más de dos tercios de su parte justa.

    · La mayoría de los países desarrollados tienen partes justas que ya son demasiado grandes para cumplir mediante la reducción de sus emisiones solamente. El resto de sus partes justas debe cumplirse mediante el apoyo a una reducción equivalente de las emisiones en los países en desarrollo. Esto representa casi la mitad de los cortes necesarios a nivel mundial, lo que indica la necesidad de una gran expansión de las finanzas, la tecnología y la ayuda internacionales.

· A pesar de que el financiamiento climático es fundamental para los países desarrollados para cumplir con sus partes justas, hay una sorprendente falta de compromiso. Se requiere financiamiento internacional a mayor escala para que los países en desarrollo puedan ir más allá de sus propias partes justas y se cumpla con los recortes de emisiones totales necesarios a nivel mundial. También se necesita un aumento significativo de la financiación pública para el clima para satisfacer las necesidades de adaptación y para cubrir pérdidas y daños en los países en desarrollo, en particular para los más vulnerables.