Categoría: ANÁLISIS

El TPP: el tratado de las grandes corporaciones

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El TPP restará derechos y libertades de toda la ciudadanía a cambio de beneficios económicos mínimos. Actualmente esperando la ratificación del Senado, es un tratado que se debe analizar y debatir con detenimiento.

Gisela Pérez de Acha, Horizontal.mx

Secretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

ecretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

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Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

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Acuerdo de Asociación Transpacífico: a este mal acuerdo comercial le esperan importantes luchas a nivel nacional

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Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional
4 de febrero de 2016

Los ministros de comercio de 12 países miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico realizaron una firma simbólica del acuerdo comercial que establece normas económicas favorables a las empresas para el 40% de la economía mundial.

Amigos de la Tierra internacional advierte que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se convertirá en una amenaza para la vida de la gente y el planeta en caso de ratificarse.

Sam Cossar-Gilbert, Coordinador del programa de Justicia Económica – Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dijo:

«La ceremonia de firma del TPP no es nada más que una oportunidad para sacarse una foto e intentar apuntalar este acuerdo profundamente impopular y ambientalmente destructivo. Los ministros de comercio saben que será muy difícil ratificar el TPP en los parlamentos nacionales, especialmente en Estados Unidos donde los principales candidatos a la presidencia se oponen a él».

“Las miles de personas que protestaron hoy en las calles de Nueva Zelanda son una muestra del rechazo generalizado que existe en contra de este acuerdo comercial empresarial en todo el Pacífico.  La lucha contra el TPP crece y debemos asegurarnos de que esta injusticia de 6000 páginas no consiga ver la luz del día.

«El TPP socavaría las normas ambientales relativas a una amplia gama de asuntos, incluyendo la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos, la modificación genética, el uso de sustancias químicas y el cambio climático.  Por ejemplo, protegería el «libre comercio» de productos de energía sucia y conllevaría el aumento de las exportaciones de carbón, petróleo y gas, exacerbando el calentamiento global.”

«El TPP incluye el polémico mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por adoptar políticas que podrían perjudicar sus ganancias esperadas. Recientemente, TransCanada anunció que utilizaría el sistema ISDS para demandar a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por negarle autorización para la construcción de un oleoducto de arenas bituminosas. El TPP además socavará el «derecho a reglamentar» de los gobiernos, y es por esta razón que los legisladores deberían rechazar este mal acuerdo.

 

Un nuevo flanco de batalla se abre contra el TPP

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Servindi

Un nuevo flanco de lucha en el plano social y político se abre en torno al Acuerdo Transpacífico (TPP), a propósito de su reciente firma por 12 países, el 4 de febrero en Nueva Zelanda.

Si bien es prematuro señalar que el nivel de consciencia en las calles es grande, protestas como las que tuvieron lugar el jueves en Chile, México y Perú, dejan entrever que el camino se irá poblando a medida que más ciudadanos se vayan enterando en frío del daño que le podría significar dicho acuerdo en temas como salud, trabajo y ambiente.

Dicho esto, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, profesionales de la salud y del sector químico-farmacéutico, expertos en derecho, entre otros, han hecho suyo el tema y un grupo de ellos se dieron cita en Lima como antesala a una marcha que solo en la capital peruana llegó a movilizar a más de dos mil personas.

El objetivo en este momento, como bien exclamaron los marchantes en su recorrido, es evitar que los Congresos ratifiquen el tratado, en un espacio de tiempo máximo de dos años.

Lo primero que cabe precisar es que si bien son 12 los países que integran el TPP, son Estados Unidos y Japón los que tienen casi todo el peso.

«Hay que terminar con esa falacia que dice que todos hacemos el 40 por ciento de la economía mundial. Estados Unidos y Japón son el 80 por ciento de ese 40», explica Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC) y miembro del grupo juvenil Las Zonas.

Lo segundo es señalar que se trata de un «acuerdo» cuyo contenido nunca fue abierto al público, sino solo a los negociadores de los Estados y a un grupo de 500 grandes empresas, según reporta el Observatorio Ciudadano de Chile en un reciente informe.

El mismo se enfoca en el impacto que tendrá el polémico acuerdo en los derechos humanos en Chile, México y Perú, el bloque latinoamericano del grupo. Esto en contraste con los anuncios triunfalistas de los gobiernos sobre que el TPP será bueno para sus ciudadanos.

«Se trata de una afirmación que no solo no tiene fundamento empírico que lo respalde, sino que es rebatida por diversos estudios que demuestran que las bondades económicas que para los estados de América Latina  tendría el TPP son, al menos, dudosas», señala.

Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), sostiene que en el plano laboral el tratado perjudicará a algunos sectores económicos del país, principalmente al «ya golpeado sector textil».

Esto se dará, explica, porque países como Vietnam tendrán vía libre para posicionarse sobre los mercados a los que habitualmente Perú atiende. Señala así que este país, que tiene una legislación laboral sumamente débil frente a la peruana, tiene todas las de ganar. Lo mismo ocurriría con países como Singapur, Malasia y Brunei, que también forman parte del TPP.

Pero el riesgo se prolonga mucho más. Y sin duda el capítulo que por el momento más preocupa, al menos en Perú, es el que afecta el derecho a la salud. Vale precisar que hasta el fin de las negociaciones del TPP, que se cerraron el 5 de octubre pasado en Atlanta, EE.UU., el Ministerio de Salud mantuvo su negativa a firmar el tratado.

Los negociadores de esta cartera se oponían a la protección de los llamados datos de prueba de fármacos biológicos para el cáncer, que debido al monopolio tienen precios astronómicos.

De acuerdo a Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, el mecanismo de datos de pruebas, seudopatentes para algunos, aún no se implementa en el Perú.

Lo cierto es que con el TPP en vigencia, dicho mecanismo será impuesto por un plazo de 8 años, lo que hará que los pacientes no se beneficien de los últimos avances en medicamentos, debido a que solo una empresa tendrá la exclusividad para su elaboración.

El capítulo de inversiones es igual de preocupante a raíz de que establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”.

En este punto llama la atención el futuro que le espera a las comunidades y pueblos originarios. Luis Hallazi sostiene que dichas inversiones representan un peligro ya que territorialmente hablando no se sabe dónde se van a ejecutar estas inversiones.

Al respecto, advierte que el 47 por ciento del territorio peruano abarca superficie de pueblos indígenas, según estudios del IBC, y de ese porcentaje una parte significativa aún está pendiente de reconocimiento, es decir, de titulación.

No obstante, apuntando al tratado en sí, José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile, sostiene que una dimensión no abordada por los Estados latinoamericanos en el proceso que llevó a la aprobación del TPP, es la de la afectación que este acuerdo tiene sobre los citados pueblos.

«Se trata de una realidad crítica puesto a que los 3 estados de la región involucrados en el TPP se encuentran entre los de mayor demografía indígena en América Latina», explica Aylwin. Se trata además de Estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas

En ese sentido, por tratarse de un acuerdo que los afectará directamente procede la consulta previa, señala el experto jurídico. Lo concreto hasta el momento es que tanto Chile como Nueva Zelanda lograron incluir salvaguardas al polémico tratado. 

En el caso del primero, sus negociadores establecieron una salvaguarda al capítulo de inversiones en la que se señala que el Estado de ese país “se reserva a adoptar o mantener cualquiera medida  conforme a los derechos o preferencias de los pueblos indígenas”. Se desconoce si México y Perú han incluido algo parecido.

“Si el tratado es tan beneficioso (como dicen los Gobiernos) por qué se mantiene en secreto”, se pregunta Flora Luna, médico-pediatra y representante del colectivo Perú Libre de Transgénicos. Es la misma pregunta que se hacen los opositores al tratado.

Para Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, quien finalmente fue la que estampó su firma el 4 de este mes en Auckland, Nueva Zelanda, en representación de Perú, se trató de un tema de «estrategias» para lograr términos más favorables en las negociaciones.

En ese marco, Luna plantea la necesidad de encarar a las autoridades de los sectores claves por su conveniente silencio. Apuntó directamente al Ministerio del Ambiente, a cargo de Manuel Pulgar-Vidal, el cual tendría mucho que explicar respecto al capítulo que le concierne en el tratado.

El TPP involucra una serie de temas aún difíciles de abordad y explicar con total claridad -propiedad intelectual, solución de controversias, compras gubernamentales, entre otros-, lo que explica en parte que mucha gente aún no conecte o advierta todas sus amenazas. Gabriela Delgado y Ciro Salazar, jóvenes de la Plataforma Peruanos contra el TPP consideran que es así.

«Necesitamos más creatividad para la creación de contenidos, para poder traducir el TPP», afirma Salazar, quien ha sido blanco de los abusos de las fuerzas del orden que incluso han llegado a detenerlo, cuando participaba en marchas contra el TPP.

«El TPP no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de derechos de los inversionistas», sostiene el activista a la vez que recibe el respaldo de un auditorio atento y con muchas preguntas.

Lo que sigue ahora, explican representantes de diversos frentes ciudadanos, es una batalla en diversos ámbitos. El social parece garantizado, el que se debe trabajar ahora es el político, señalaron. Por ello plantearon buscar el apoyo de un número importante de congresistas, y por otro lado fortalecer una estrategia internacional, con Chile, México y eventualmente otros países. 

En ese sentido ya han dado algunos pasos, el Gobierno por su parte a nivel interno recién lo hará, tal es así que la ministra de Comercio Exterior de Perú reconoció en conferencia de prensa desde Nueva Zelanda que lo que le toca al Gobierno hacer ahora, es convencer al Congreso de las bondades del TPP. En poco tiempo se verá quién acelera más el paso.

Conforman el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida

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PRONUNCIAMIENTO

Ciudadanos/as, organizaciones y movimientos alertan de la grave situación del agua en el estado de Chiapas especialmente en Tuxtla, Gutiérrez y conforman el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida.

Reunidos a fecha de 29 de Enero del 2016 las organizaciones e individuos abajo firmantes, preocupados y preocupadas por la grave situación social, política y ambiental por la que atraviesa nuestro estado y en especial la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, conformamos el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y exponemos lo siguiente:

1. Condenamos la actitud del los diferentes partidos políticos de turno ante las políticas de protección y gestión de los diferentes bienes naturales, que hacen de nuestro estado, un estado rico en biodiversidad. Consideramos que dicha gestión ha sido enfocada a una estrategia extractivista de dichos bienes para el beneficio y rédito de las empresas mexicanas y extranjeras  que han saqueado el estado durante años sin ninguna consideración por los pueblos indígenas, el campesinado y los ecosistemas que dan identidad a nuestra región.

2. Especialmente señalamos y condenamos al partido Verde Ecologista que, con la aplicación de la llamada “Economía Verde” y con la bandera de la protección del medio ambiente y por la lucha por el cambio climático, han incrementado aún más los problemas medioambientales y desigualdad del estado con la aplicación y puesta en marcha de proyectos REDD, ecoturismo, carreteras, represas, minería, ciudades sustentables y plantaciones de monocultivos de Palma Africana o Jatrofa.

3. Hacemos eco de la denuncia pública del grave problema de contaminación proveniente del basurero gestionado por la empresa PROACTIVA , filial de VEOLIA cuyos efluentes altamente contaminados con metales pesados llegan al rio Grijalva, Suchiapa y Santo Domingo y son distribuidos posteriormente por SMAPA llegando a las casas de las Tuxtlecas y Tuxtlecos provocando problemas de salud graves (Cáncer, sarpullidos, etc.) en la población. En este mismo sentido denunciamos el caso omiso de la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA y los distintos gobiernos municipales ante las distintas denuncias llevadas a cabo por el C. Héctor Montesinos dueño del predio más afectado y que ha recibido amenazas de muerte en los últimos días.

4. Nos preocupa la criminalización y de hostigamiento que el defensor del agua y los derechos humanos Héctor Montesinos y su familia están viviendo, así como la persecución que vive Maria Delia Ruiz Torres—— por su lucha por proteger el río Sabinal,  por lo que exigimos la seguridad física y psicológica de los compañeros/as y solicitamos se persiga a los responsables de la corrupción y contaminación del agua en el estado de Chiapas.

5. Así mismo nos manifestamos en contra de la Plataforma logística de acopio y transporte de productos en Ocozocuatla, que no es más que parte de la maquinaria para seguir explotando los bienes naturales de Chiapas y que además está situada en una zona de gran riqueza natural gracias a los altos niveles de precipitación.

6. Exigimos un manejo sustentable de las aguas residuales que van a dar al rio Sabinal, cuyos embovedados están al borde del colapso y la implantación de una nueva cultura del agua en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que tenga en cuenta aspectos sociales, ecológicos, económicos y no políticos como se ha dado hasta la fecha. En este sentido rechazamos cualquier tipo de proceso de privatización que se pueda dar.  Exigimos el cierre inmediato de la extracción de material arenoso y la actividad de las caleras que causan graves problemas medioambientales y de salud.

7. Nos oponemos a las altas tarifas de electricidad que pagamos en nuestro estado y a la instalación de las 5 presas proyectadas para el rio Usumasinta (rio aun sin represar y cuyas presas podrían traer un impacto sin precedentes) y las más de 99 concesiones mineras que amenazan con contaminar los ríos y dañar la salud de las/os habitantes de Chiapas.

Ante esta situación, hacemos un llamado a la población a levantarse, organizarse y proponer alternativas desde la ciudadanía, exigiendo espacios democráticos de consulta donde la voz del pueblo pueda ser escuchada y tomada en cuenta.

Queremos un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades sociales y no a unas cuantas empresas; que atienda a las necesidades de los ecosistemas para poder dejar a los y las que vienen detrás un mundo libre de contaminación, saludable y socialmente justo.

Exigimos que se lleven a cabo los mecanismos necesarios para poder castigar y detener la actividad saqueadora de empresas nacionales y multinacionales que operan en el territorio explotando los bienes naturales y contaminando agua, tierra y aire.

Anunciamos que nos unimos a la jornada del 14 al 22 de marzo “Jornada internacional contra las represas, por la vida y los ríos” que se convoca desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER-Chiapas). Invitamos a demás organizaciones, colectivos y movimientos se unan a posicionar juntos y juntas ¡Ni agua para las presas, ni agua para las empresas! ¡Ni presas, ni pres@s”.

Organizaciones que conformamos el Frente:

Chiapanec@s en Defensa del Agua
Otros Mundos A.C.
MOCRI CNPA MNn
Amigos del Rio Sabinal
OPEZ Histórica
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Héctor Montesinos Cano
Frente Popular Revolucionario
Meyapac
Coordinadora magisterial-sec40
Frente de Union Revolucionario FUR

Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

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por Ricardo Bustamante, El Mostrador

«Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores.»

Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

omo señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

Cifras del falso dilema

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

La situación de las mujeres rurales de América Latina en el acceso a la tierra

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Hoy quiero compartir una parte de mi situación como mujer: yo me casé a los 18 años y me separé cuando tenía 21 años, por sufrir violencia psicológica, sexual y física. Gracias al apoyo de mis padres logré seguir adelante con mi vida. Eso fue en el año 1994, justo cuando se estaban organizando el retorno libre y voluntario de México a Guatemala, donde estuve exiliada durante 14 años a causa del conflicto armado que duró 36 años en nuestro país, Guatemala.

Maria Raquel Vásquez – Luchadora social por los derechos de las mujeres rurales en Guatemala desde los años 80

 

eldiario.es

Al momento de quedar libre de ataduras conyugales empecé a luchar junto a otras mujeres para lograr que pudiéramos tomar decisiones para garantizar nuestros derechos a decidir en el proceso de retorno y sobre todo garantizar nuestro derecho a la tierra. Gracias a procesos de formación que he recibido durante estos 21 años he descubierto que las mujeres tenemos capacidad para salir adelante sin necesidad de depender de un hombre.

A las mujeres nos han obligado a estar sumisas a las decisiones que otros toman por nosotras. Sin embargo, el empeño que nosotras hemos puesto para sacar adelante a nuestras familias ha demostrado que somos capaces de contribuir al desarrollo no solo de nuestras familias, sino también de nuestros países. Lamentablemente el sistema actual no nos favorece. Por ejemplo, la tierra, que es uno de los elementos esenciales para nosotras, está en manos de los hombres.

 

Según los datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en un comunicado publicado el mes de agosto del 2015, mientras que las mujeres del campo son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial, las de la región de Latinoamérica y el Caribe continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política. Por esas razones cada día se hace necesario avanzar en la lucha y lograr que las mujeres tengamos mayor acceso a la tierra.

Considero que el control efectivo de la tierra por parte de las mujeres podría tener un mayor impacto en la seguridad alimentaria y nutricional en la región. La misma FAO afirma que, como promedio, sólo el 18% de las explotaciones agrícolas regionales son manejadas por mujeres y que reciben únicamente el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica.

No cabe duda que las mujeres rurales de América Latina tenemos que seguir avanzando en posicionar nuestras demandas para lograr mayor participación, promover políticas y garantizar los recursos económicos que nos ayuden a salir de la difícil situación que nos tiene atrapadas.

Invito a más mujeres a que nos atrevamos a hablar, a defender nuestros derechos a la tierra y a vivir una vida libre de violencia.

Por último, quiero compartir que la mejor herencia de nuestras madres y que nosotras dejaremos a nuestros hijos es esa lucha incansable por defender nuestros derechos.

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

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por Marie-Pia Rieublanc, basta!

Nueve millones de Mexicanos viven sin acceso al agua potable. El gobierno está por reforzar la política de liberalización del sector, en parte responsable de la situación actual. Las multinacionales tienen inmensas concesiones de agua y sus actividades generan contaminación, escasez de los recursos hídricos y conflictos sociales. Las empresas francesas no están extrañas al problema: Suez y Veolia gestionan de manera controvertida varios sistemas de distribución de agua y la petrolera Total está interesada en entrarle a la extracción de gas de lutita en el país, una actividad ultra contaminante. Una coalición ciudadana está luchando para poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua. Pero la batalla será ruda. Investigación.

 

Este articulo fue publicado, al principio, en francés.

Nueve millones de Mexicanos – de una población de 121 millones – no tienen acceso al agua potable. La situación está empeorando en el país: en 50 años, la disponibilidad de agua por habitantes en México cayó de un 64% [1]! Una de las causas es la liberalización del mercado del agua iniciada en el 1992, que permitió la venta de las aguas nacionales a empresas privadas o a particulares en forma de concesiones. Esta liberalización dejó entrar el sector privado en la gestión de los sistemas municipales de abastecimiento de agua y de drenaje. Además, hay sectores económicos consumidores de mucha agua, como las embotelladoras, que poseen ahora importantes concesiones, unas de las cuales se encuentran en zonas en riesgo.

Al respecto, la Coca-Cola tiene el derecho de extraer 33.7 millones m3 de agua por año en México, lo que corresponde al consumo anual mínimo de 20 000 personas. El grupo estadounidense explota 50 acuíferos, de los cuales 15 están sobreexplotados [2]. A menor escala, la trasnacional suiza Nestlé extrae 9 millones m3 de agua cada año en el país aprovechando 16 acuíferos, de los cuales 6 están sobreexplotados.

Las aguas de México están a la venta

La industria minera, así como la extracción de gas y de petróleo, tiene un impacto aún más importante. Consume millones de litros de agua diarios. La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero, en el sur del país, usa 418.8 millones de litros de agua cada día sólo para su proceso de lixiviación (cuando las toneladas de minerales extraídos están regados con agua y cianuro de sodio para separar el oro de los residuos) [3]. Esta mina, ubicada en una zona infestada por el narcotráfico, está explotada desde el 2007 por Goldcorp, primera compañía minera de las Américas y segunda a nivel mundial. Prevé extraer 200 toneladas de oro en Los Filos en los próximos años para realizar un volumen de negocios de 7 mil millones de dólares. La empresa canadiense se instaló en este territorio gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los productos que usa tal como el cianuro tienen graves impactos sobre el medioambiente y la salud de las poblaciones.

A esos excesos se suman numerosos incidentes, como el derrame de 40 000 m3 de sulfato de cobre en agosto del 2014 en el norte del país en el río Sonora, cuyas aguas se volvieron naranjas a lo largo de más de 150 kilómetros después de la ruptura de una presa de jales de una mina de cobre explotada por el Grupo México. 20 000 habitantes fueron privados de agua, otras decenas se enfermaron y todas siguen esperando reparación de parte de la empresa de Germán Larrea, segundo hombre más rico del país después de Carlos Slim. Al origen de esas derivas se encuentra la reforma agraria diseñada en el 1992 por el presidente liberal Carlos Salinas de Gortari, del Partido revolucionario institucional (PRI) [4]. Para facilitar la entrada del capital extranjero, impulsó la conversión de las tierras de «propiedad social» en propiedades privadas y simplificó la concesión del usufructo de las tierras colectivas a las empresas, dándole un golpe de gracia a la herencia de Zapata.

La producción de energía hidroeléctrica también necesita, por definición, mucha agua. La multiplicación de las concesiones otorgadas a este sector agudiza las tensiones sociales ya que la construcción de represas desregula los ecosistemas de los ríos y puede inundar centenas de hectáreas de tierras habitables y cultivables. En el estado de Guerrero, los habitantes de La Parota llevan once años resistiendo a la construcción de una presa diseñada para generar luz para la gran ciudad de Acapulco, en perjuicio de los pescadores y agricultores del pueblo.

Arsénico, plaguicidas e hidrocarburos

En consecuencia de esas reformas liberales y del crecimiento de la población, el país se acerca un poco más cada año del estrés hídrico, que empieza cuando sólo hay 1700 m3 de agua disponible al año para cada habitante. De las 37 regiones hídricas que cuenta el país, tres podrían pasar por debajo de este umbral de allí al año 2013 si la tendencia sigue igual: la región del Río Bravo (907 m3), la Península de Baja California (780 m3) y el Valle de México (127 m3).

El otro gran reto que enfrenta el país es el desigual acceso a los sistemas de agua potable a través del territorio. Las poblaciones más marginadas se encuentran en zonas rurales, en donde cinco millones de personas no tienen acceso a este recurso. En Guerrero, el estado más afectado por el problema, una de cada tres personas está en ese caso; en Veracruz una de cada cuatro y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca una de cada cinco personas.

Por si eso fuera poco, 21 cuencas estaban fuertemente contaminadas en el 2009 (de las 1471 que cuenta el país). La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró la presencia de arsénico, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, componentes fármacos y antibióticos, así como bacterias. Una parte de esta contaminación es de origen industrial: los derrames petroleros son innumerables en México. Un informe de la Procuradoría federal de protección al medioambiente (Profepa) contabilizó más de 7000 incidentes en 15 años provocados por la empresa paraestatal Petroleos Mexicanos (Pemex) [5]. O sea 1.3 incidentes cada día! La actividad minera, además de ser regularmente responsable de derrames de productos tóxicos en los ríos, causa la dispersión de metales pesados en el ambiente, resultado de las explosiones con dinamita. La fumigación de químicos en la agricultura es también una plaga. Pero la contaminación doméstica no se puede ignorar en este país donde 11 millones de habitantes, de los cuales 7.8 millones viven en zonas rurales, no están conectados a un sistema de drenaje y alcantarillado.

Gaz de lutita y fractura hidráulica, la nueva amenaza

Frente a esta situación crítica, el expresidente mexicano Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) añadió en el 2012 el derecho al agua en la Constitución, dos años después de su reconocimiento por las Naciones Unidas: «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible», dice ahora el artículo 4. Desde ese entonces, el Congreso mexicano tiene la misión de garantizar el respecto de este nuevo derecho modificando la Ley de Aguas Nacionales de 1992, heredada del gobierno de Carlos Salina de Gortari y carente de visión ecológica y social. El gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto (PRI), quien sucedió a Felipe Calderón en el 2012, prometió realizar esta reforma antes del fin de su mandato. ¿Por fin pondrá la población al centro de la política del agua? Desgraciadamente, está tomando la dirección opuesta. Su reforma energética del 2014 acabó con el monopolio de la empresa Pemex en el sector de los hidrocarburos, instaurado en el 1938. La extracción y la distribución de gas y petróleo ahora están abiertas a empresas privadas nacionales y extranjeras – implicando un incremento de las necesidades en agua.

Uno de los objetivos de esta reforma es abrir la puerta a la explotación de hidrocarburos «no convencionales» como el gas de lutita, que se extrae mediante la controvertida técnica de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. Cada fractura requiere entre 15 y 20 millones de litros de agua [6], y los productos químicos que se usan penetran en los mantos acuíferos. Importantes yacimientos de lutita se encuentran en la frontera con Estados Unidos, en las regiones más áridas del país. Su explotación a gran escala podría crear nuevas zonas de conflictos relacionados con el agua.

La empresa francesa Total, involucrada en la extracción de gas de lutita en Tejas en Estados Unidos (tiene cuotas en los yacimientos de la empresa norteamericana Chesapeake), está interesada en este nuevo mercado. En abril del 2014, su expresidente Christophe de Margerie (hoy fallecido) acompañó al jefe de Estado francés François Hollande durante una gira en México. Regresó a su país con un acuerdo firmado con Pemex sobre «un intercambio de tecnología en la exploración y la producción de hidrocarburos» así como «una evaluación de las futuras oportunidades en los sectores no convencionales, como el gas de lutita».

Una nueva Ley de Aguas que viola los derechos humanos

En marzo del 2015, la Conagua, organismo que depende de la Secretaria del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), presentó su proyecto de reforma de Ley de Aguas. Un texto totalmente contrario al supesto objetivo oficial y que «viola el derecho humano al agua», denunciaron varios investigadores y ONGs [7]. El texto limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras la Organización mundial de la salud (OMS) la define entre 50 y 100. El mismo, según especialistas, promueve la privatización de este recurso y limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define entre 50 y 100 litros al día.

En junio del 2015, los diputados enterraron (temporalmente) este polémico proyecto de ley [8], que incita a construir más represas hidroeléctricas, a usar las aguas nacionales «para la extracción de cualquier sustancia y para cualquier proceso de transformación», facilitando así mismo la extracción de hidrocarburos como el gas de lutita y también la actividad minera que ocupa ya un 13% del territorio según datos de la Secretaria de Economía. «El proyecto de la Conagua está claramente vinculado a la reforma energética porque facilita la apropiación de los recursos hídricos para la extracción de combustibles y la producción de energía en el país», explica Gerardo Alatorre, profesor e investigador en la Universidad de Veracruz.

La desastrosa gestión del agua de Veolia y Suez

El proyecto de Ley de la Conagua incita a las autoridades locales a «promover» la participación del sector privado en los servicios municipales de gestión del agua y de alcantarillado, que se vuelve una obligación y ya no sólo una opción. Sin embargo la apertura de los sistemas de agua públicos ha sido muy controvertida en México. «Desde la descentralización de la gestión del agua y del alcantarillado en los años 1980, los gobernadores de los Estados reciben fondos que manejan como se le dan las ganas», explica María Luisa Torregrosa, doctora en sociología y coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. «Hay una falta de profesionalización del personal y de continuidad política en los proyectos que cambian en función de los presidentes municipales», precisa.

En Aguascalientes, en el centro del país, el sistema de agua está gestionado desde el 1993 por Proactiva Medio Ambiente CASAA, sucursal del grupo francés Veolia y de ICA, empresa mexicana dirigida por Carlos Slim. Resultado: la red nunca ha sido ampliada porque CASAA ha tenido problemas económicos que le ha impedido financiar nuevas infraestructuras. Las tarifas han subido y son unas de las más altas del país (22 pesos por m3 mensuales, cuando el precio promedio a nivel nacional es de 12.3 pesos), mientras que el servicio no está satisfactorio y el agua siempre falta en ciertas colonias de la ciudad [9].

En Saltillo, en el estado de Coahuila (norte del país), el servicio está operado por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), filial del grupo francés Suez Environnement. Las tarifas fueron multiplicadas por tres mientras que el 70% de la población sigue en la imposibilidad de tomar el agua de la llave. Sin embargo, Agbar acaba de ganar un contracto de 30 años con la ciudad de Veracruz (Golfo de México) para gestionar su sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado, junto con la compañía brasileña Odebrecht. No cabe duda de que Veolia y Suez, líderes mundiales del mercado del agua, beneficiarán de la reforma propuesta por la Conagua si ésta termina por ser votada.

Poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua

Pero la resistencia se está organizando frente a la privatización de la gestión del agua y de los recursos hídricos. Gerardo Alatorre coordina el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida que reúne a 420 investigadores y organizaciones de todo el país. El colectivo trabaja desde el 2012 a la elaboración de una propuesta de reforma ciudadana de la Ley de Aguas. Ésta fue entregada a los diputados el 12 de febrero del 2015 pero pronto eclipsada por el proyecto de la Conagua.

El texto del colectivo ciudadano «reconoce el agua como un bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro». Opuesto a la multiplicación de las represas, propone un manejo de los recursos hídricos cuenca por cuenca, por instancias participativas comunitarias y ciudadanas. Preve «desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua». Y prohibir el «uso de aguas nacionales para factura hidráulica o la minería tóxica».

El proyecto ha recolectado unas 60 000 firmas. Varios senadores de la oposición prometieron respaldarla, asegura Gerardo Alatorre, quien espera una fuerte movilización popular en el caso de que el proyecto inicial de la Conagua sea votado. Pero el gobierno mexicano sabe muy bien pasar reformas polémicas a escondidas. En el 2014, la reforma energética fue adoptada durante la Copa del Mundo de fútbol. Además, las elecciones de junio de este año permitieron al PRI engrosar sus filas en la Cámara de diputados. Ésta fue encargada de adoptar un nuevo texto lo más pronto posible. ¿Será parecido al que fue enterrado?

Marie-Pia Rieublanc

Notas

[1] De 18 035 m3 en 1950 a 11 500 m3 en 1955 y 4 312 m3 en 2007. Fuente.

[2] Según el economista mexicano Gian Carlo Delgado, en su libro Apropriación del agua, medioambiente y obesidad : los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México (UNAM, CIICH, Colección Alternativas).

[3] Manifestación de impacto ambiental del proyecto minero Los Filos, 2005

[4] La reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana puso un fin al reparto agrario instaurado después de la revolución de 1910. Este no era conveniente a la hora de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

[5] Informe publicado en el 2007 por la Procuraduría federal de protección al medioambiente (Profepa) que registró entre el 1993 y el 2007 7279 accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa paraestatal encargada de la extracción y producción de hidrocarburos en México.

[6] Según un informe de la ONG Food and Water Watch. La fractura hidráulica consiste en forar el suelo hasta varios kilómetros de profundidad para inyectar una mezcla de agua, arena y centenas de productos químicos y así fracturar la roca de lutita y liberar el gas que contiene.

[7] Carta abierta de unos treinta investigadores y organizaciones civiles incluso Greenpeace. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México fustiga también esta propuesta de Ley que «promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social», lo que «potencia la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta».

[8] El texto fue aprobado el 5 de marzo en dos comisiones de la Cámara de Diputados en el marco de un proceso acelerado que escandalizó a la opinión pública y a parte de la oposición. Al final nunca fue examinado en plenaria.

[9] Balance realizado en junio de este año por la Comisión ciudadana de agua potable y de alcantarillado de Aguascalientes. Fuente.

“En minería, la utilidad pública es un título perverso porque esconde la utilidad privada”

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Entrevista a Gustavo Castro de ‘Otros Mundos’

Renzo D’Alessandro. ALAInet

Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector.

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo  que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro  ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

Declaratoria del Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Represas y Minería

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21 y 22 de Enero 2016. Boca de Cielo, Tonalá, Chiapas

Convocados por el Movimiento Mexicano de Afectad@s por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos reunimos en Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, en la sede del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, más de 70 delegad@s de 20 municipios de la entidad. Del Soconusco y la Sierra Madre: Pijijiapan,Tonalá, Arriaga, Escuintla, Acacoyagua, Cacahoatan, Acapetahua, Huixtla, Huehuetan,Tapachula, Comalapa, Chicomuselo, Motozintla; de los Altos: San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Chenalhó, Huixtan; del Centro: Tuxtla Gutiérrez; y de la zona Norte: Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacan. Analizamos la grave situación que atraviesa el país y las comunidades campesinas, pesqueras e indígenas de Chiapas por la imposición de un modelo de desarrollo y de proyectos que amenazan la tierra y el territorio.

Observamos con gravedad el avance de los proyectos mineros en la entidad, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de los pueblos, impuestos a través de engaños, compra de autoridades, división comunitaria, entre otras tácticas. La amenaza de la construcción de proyectos de represas avanza por las diversas cuencas de la entidad, poniendo en riesgo la vida de los ríos, los ecosistemas y la fuente de sustento de los pueblos que viven de ellos. Por otra parte, identificamos y condenamos la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales.

Vemos con preocupación la pésima gestión del agua en la capital del Estado y en muchos otros municipios, cuyo fin es la privatización de los servicios municipales del agua. Otro problema es el mal manejo de los residuos sólidos urbanos que contaminan los cuerpos hídricos y son fuentes de enfermedades para las poblaciones. Los monocultivos de palma aceitera, soya y cultivos de maíz transgénicos ponen en peligro la biodiversidad, las semillas nativas y la soberanía alimentaria. Especialmente, los testimonios hicieron referencia a las empresas: ProNatura, ProActiva, GoldCorp, Monsanto y Blackfire, entre otras.

Ante este panorama, los pueblos, ejidos, organizaciones y movimientos aquí reunidos fortalecemos nuestra organización y resistencia proponiendo alternativas ante el modelo de mercantilización de la vida y apropiación corporativa, pese a la criminalización y la persecución que vivimos l@s defensores de la tierra, el territorio y los derechos humanos en Chiapas y en México. Convocamos a los pueblos a participar en la jornada estatal en defensa del agua contra la privatización del agua y las presas y por los ríos libres que se llevara a cabo del 14 al 22 de marzo bajo el lema “Ríos para la vida, no para las empresas”. De igual manera invitamos a seguir creando procesos de organización local y regional para hacer frente a los proyectos impuestos, informarse sobre las consecuencias del modelo, proteger la tierra y el territorio y defender todas aquellas formas de vida que aun nos dan sustento y permanencia a la madre tierra.

Los abajo firmantes felicitamos al movimiento Pueblos Unidos en defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), así como al pueblo de Jalcomulco y de la cuenca de la Antigua, por la celebración de los dos años del campamento de las Centinelas del Río que impiden la construcción de una presa por la empresa brasileña Odebrecht sobre el río Pescados. Desde el sureste mexicano enviamos un abrazo a nuestro movimiento hermano.

De manera internacional nos solidarizamos con el Movimiento de Afectados por presas de Brasil (MAB) y lo acompañamos en el dolor debido del asesinato de la compañera Nilce Souza Magalhães, quien era una mujer valiente en defensa de los ríos de la Amazonia, opositora a la presa Jirau en el Estado de Rondonia.

¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Vida si, Mina no!

Atentamente,
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
La Voz del Pueblo
Frente Popular del Soconusco 20 de junio
OCEZ-MLN
Movimiento Popular en Resistencia, MPR, Pueblo Nuevo Solistahuacan.
Comite de Derechos Humanos Teynem Kinalej, Margaritas
Frente Civico Tonalteco
Frente Popular Ricardo Flores Magón
Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI CNPA-MN
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Chiapanec@s en defensa del agua
Otros Mundos A.C.
Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas)
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA-Chiapas)
La Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental (La VIDA, Veracruz)
Colectivo Geocomunes

Solidaridad con el pueblo de Haití

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El gobierno de Haití sigue hasta ahora con su convocatoria a la segunda vuelta electoral en Haití.

Un balotaje que solo cuenta con la participación del candidato oficialista y el apoyo de la llamada “comunidad internacional”, expresada explícitamente por la OEA, la Unión Europea, EE.UU. y por supuesto, la cobertura de la MINUSTAH.

Con el fin de garantizar las diferentes formas de ocupación y saqueo posible, buscan convencer que con su intervención se ha “estabilizado” el país, que todo se encuentra bajo calma y que, pese a “algunas dificultades”, puede llevarse adelante la jornada electoral con miras a instalar un nuevo presidente, aparentemente resultado de las urnas, el 7 de febrero según manda la Constitución.

Lo que realmente se vive en el país, según informan las organizaciones, sobre todo en las principales ciudades, es una creciente ola de manifestaciones populares que claman por su soberanía, por la anulación de las fraudulentas elecciones, el fin de la injerencia de la “comunidad internacional” y el inicio de una transición por fuera del control de esta última. El pueblo aspira a refundar su nación, y en tal escenario las “selecciones” que siguen intentando imponerles solo legitiman la continuidad de la dominación y ocupación que la misma comunidad internacional viene propiciando con la permanencia de la MINUSTAH y sus tropas, en el marco centenario de la ocupación estadounidense.

Ante esta situación, la red Jubileo Sur/Américas redobla su solidaridad con el pueblo de Haití, en su lucha incansable en defensa de su soberanía y derecho a la autodeterminación, y llama a las fuerzas populares de toda nuestra América a expresarse en similar sentido. Reclamamos, en especial:

– Respeto a la voluntad del pueblo de Haití incluyendo sus demandas de anulación del viciado proceso electoral y el inicio de una transición libre y democrática

– Cese de toda represión;

– Fin de la injerencia extranjera;

– Retiro de la MINUSTAH.

Exhortamos a los gobiernos de América latina y el Caribe a unirse en la construcción de una nueva política hacia Haití. Instamos a retirar las tropas que después de 12 años ya, siguen participando en la ocupación de un pueblo hermano, y a oponerse activamente a la concreción de este nuevo fraude contra la voluntad haitiana. Y que avancen con urgencia en la materialización de una política de cooperación solidaria con los derechos, necesidades y alternativas que el pueblo haitiano siguen defendiendo.

 ¡¡ Viva el pueblo haitiano libre y soberano !!

¡¡Viva la solidaridad entre los pueblos !!

¡¡Fuera la MINUSTAH ya!!

¡¡Fin de la ocupación económica y militar de Haití!!

– América latina y el Caribe, 22 de enero 2016

JUBILEO SUR / AMÉRICAS

VIDEO: Oro. Una fiebre en decadencia

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Números Naturales

Los paisajes áridos de México contienen oro en concentraciones muy bajas, poco rentables para la explotación minera tradicional. La minería a cielo abierto ha cambiado las reglas del juego, ya que permite obtener beneficio económico incluso de este tipo de depósitos. Es una técnica de alto impacto ambiental –consumo de agua dulce, toxicidad, destrucción del paisaje– impulsada por la demanda de oro para la especulación financiera en tiempos de crisis. ¿Sería tan rentable esta industria si tuviese en cuenta los impactos ambientales?

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Las mujeres en la construcción de la economía solidaria y la agroecología: textos para la acción feminista

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LAS MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LA AGROECOLOGÍA.
TEXTOS PARA LA ACCIÓN FEMINISTA

sof

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Presentación
Sea en el campo, las ciudades, ríos o bosques, la práctica cotidiana de las mujeres es al mismo tiempo de resistencia a los ataques del capitalismo patriarcal sobre la vida y de construcción del mundo en el que queremos vivir.
Desde la lucha para que el mercado no sea el referente de organización de nuestras vidas, la SOF está involucrada en una serie de procesos en los que un conjunto de mujeres, movimientos y organizaciones sociales plantean la urgencia de otro paradigma de sostenibilidad de la vida, y construyen caminos para lograrlo.
Esa publicación es un esfuerzo más por seguir iluminando las experiencias, las elaboraciones y las propuestas políticas de las mujeres en movimiento que con su acción organizada, impulsan cambios concretos en sus vidas y de sus comunidades, en la economía, la política y las relaciones sociales.