Campaña Es hora de dejar en paz a Haití

ALBA Movimientos

Desde la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) se ha impulsado la Solidaridad con el Pueblo Haitiano, además de denunciar la intervención de las Tropas de Minustah allá.

Dando seguimiento a esta Campaña produjeron los afiches para difundirlos ampliamente entre los militantes de los Movimientos Populares de todo el mundo.

El lema del Afiche es “Es hora de dejar en paz a Haití” además de poner las palabras del Ministro de Defensa Brasileiro anunciando que se retiraran las tropas en 2016. Brasil hoy es el país que tiene mayor contingente militar en Haití, seguido por Chile y Uruguay. Por eso es necesario presionar a  estos gobiernos desde los Movimientos Populares de todo nuestro continente.

Todos los años, en Octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reune para definir la continuidad o no de la Minustah, por eso es muy  importante que en este mes de Septiembre y Octubre avancemos en una amplia Campaña Comunicacional en todos los medios que tenemos (afiches, páginas de internet, redes sociales, debates, conferencias, movilizaciones, etc).

Los Pequeños Productores Enfrían el Planeta

Proyecto Mundo Justo anuncia el lanzamiento del último vídeo, “Los Pequeños Productores Enfrían el Planeta.” Nuevo documental que destaca el impacto negativo de la agricultura industrial en el cambio climático mientras expone cómo los pequeños productores están combatiendo la crisis climática a través de la agricultura orgánica regenerativa.

Más información y Recursos: http://fairworldproject.org/cool/espanol/

Nace Grieta un mapeo y una radiografía de los conflictos y resistencias del México de abajo

Vía Hijos de la Tierra

Anuncia Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) el lanzamiento de Grietas Medios para armar, (http://www.grieta.org.mx) portal web que recopila la información de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y da un mapeo muy completo de las agresiones capitalistas en cada uno de los estados de la república y de las resistencias en los pueblos originarios que se han sumado al llamado del Congreso Nacional Indígena, así como los comunicados y actividades de los pueblos zapatistas de Chiapas, como el Seminario del Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, los comunicados del EZLN y las Juntas de Buen Gobierno.

En el portal se define su política editorial, “Grieta, Medio para Armar, es un espacio de seguimiento a medios informativos que apunta a hacer una radiografía de los conflictos y procesos organizativos de abajo a nivel nacional”, un espacio que sin duda ayuda al trabajo de sistematización y enlace de todas esas noticias que se producen desde las resistencias y las rebeldías que existen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y seguramente se convertirá pronto en un referente en donde observar ese México de abajo que se resiste y construye a contra de la depredación capitalista. Para los pueblos y grupos dedicados a la defensa de la tierra y territorio es un espacio que se propone dar un enorme seguimiento a estos procesos en cada uno de los estados del país.  Desde esa iniciativa se puede tener un panorama amplio de lo que sucede más allá de nuestra localidad y permite estar dando seguimiento con la velocidad que permite el internet y las redes sociales virtuales.

Bienvenida Grieta Medio para armar, alimentado por un esfuerzo colectivo y fortalecido por la capacidad organizativa de buscar darle un cuerpo más integral de lo que pasa en México.

Nota de repudio al XIV Congreso Mundial Forestal del FAO

RECOMA
En ocasión del XIV Congreso Mundial Forestal, organizando por la FAO en Durban, Sudáfrica, entre los próximos días 7 a 11 de septiembre, nosotros, integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto con diversas organizaciones sociales, estamos divulgando esta nota de repudio para manifestar nuestra indignación con la forma errónea y excluyente como la FAO está organizando, otra vez, una edición de este Congreso.
La RECOMA es una red que cuenta con representantes de organizaciones de varios países latinoamericanos cuyo objetivo fundamental es intercambiar información y articular actividades para denunciar y oponerse a la expansión de monocultivos forestales a gran escala en América Latina por sus graves impactos sobre comunidades locales como la violación de derechos territoriales, la destrucción de fuentes de agua y la sustitución de áreas de producción de alimentos.

 

No nos podemos callar cuando otra vez la FAO, una organización de las Naciones Unidas, organiza:

-Un evento que no pone en su agenda una discusión profunda sobre los graves problemas e impactos negativos provocados por el llamado “modelo forestal” que promueve las plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala, beneficiando en especial al llamado ´sector forestal´, sobre todo un pequeño grupo de corporaciones forestales;

-Un evento que sugiere que los bosques serían esenciales en la estrategia para mitigar el cambio climático, con el agravante que la FAO incluye en la categoría ´bosques´ erróneamente a los monocultivos de árboles, incluso hasta los transgénicos. La FAO ha vendido esta idea durante su reciente campaña por el 21 de Marzo – Día Internacional de los Bosques –, con el tema “Bosques, Clima, Cambio”. A pesar de que utilizar árboles para compensar las emisiones de carbono debidas a la quema de combustibles fósiles es comprobadamente una falsa solución al cambio climático, ese argumento ha servido como otro incentivo a la expansión de los monocultivos de árboles en gran escala.

-Un evento que es excluyente e inaccesible para los afectados del modelo forestal – comunidades locales en el mundo entero – por los altos costos cobrados por la inscripción, resultando en un evento elitista y anti-democrático. Eso es aún más grave por el hecho que la FAO como organización pública debería promover siempre un debate democrático y garantizar la participación de todas y todos, pero, por sobre todo, de aquellos afectados por el modelo que la propia FAO promueve: la plantación de monocultivos de árboles en gran escala.

Proponemos que la FAO debería invertir tiempo y energía, no en una sola pero en muchas reuniones con un objetivo urgente: repensar sus objetivos y estrategias en el tema bosques. Unas preguntas centrales serían: la FAO hoy está al servicio de qué y para quién? Y para qué y para quién debería estar trabajando? Esas reuniones deberían ser abiertas para tod@s, se deberían dar en todas las regiones y continentes con bosques y en las regiones más afectadas por el “modelo forestal”.

Si la FAO continua privilegiando con su trabajo el “sector forestal” y el modelo que este sector idealiza, nuestra tarea es continuar luchando contra este modelo de destrucción representado por los monocultivos de árboles, incluso los que son certificados por los falsos sellos verdes como el FSC, y defender y solidarizarnos con las comunidades que están sufriendo los impactos, apoyarlos en sus luchas de defensa y retomada de sus territorios invadidos por monocultivos de árboles.

Otra vez, nuestro grito es:
¡Las plantaciones no son bosques!

Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles – RECOMA
Setiembre de 2015.

México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Por Aroa de la Fuente López*
en Observatorio Petrolero Sur

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos;[2] la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.[3]

En un marco de extrema violencia, la reforma energética profundiza un modelo energético insostenible

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos,[4] así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.[5]

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

El Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas, incluso si son pueblos indígenas
 La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir,también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en laLey de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

 Muchos mundos

Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas[6]. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking ** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

Notas

[1] En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).

[2] Más información sobre este caso se encuentra aquí

[3] Para conocer más sobre este proyecto ver aquí

[4] Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).

[5] Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005)

[6] Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible aquí (pdf)

Fuentes consultadas:

AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.

BBC Mundo (06/12/2014). México: “identifican” los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.

Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.

Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.

La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.

Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.

— (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.

Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.

Informe: Justicia fallida en el estado de Guerrero

Open Society

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes activistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos e introducidos en vehículos policiales en Iguala, Estado de Guerrero. Desde entonces, ninguno de los estudiantes—43 en total—ha sido visto de nuevo.

La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, desató protestas a lo largo y ancho del país debido a la frustración que provoca la impunidad. Esta atrocidad se convirtió en símbolo de la incapacidad de México de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables.

Justicia fallida en el estado de Guerrero analiza los factores que subyacen a dicha incapacidad, y ofrece recomendaciones para cambiar la situación. El resultado de más de dos años de investigación y análisis por parte de expertos nacionales e internacionales se condensa en este informe, que ofrece el análisis más exhaustivo hasta la fecha de las deficiencias estructurales del sistema de justicia de Guerrero; fallas que han permitido a los autores de la violencia actuar con casi absoluta impunidad.

Justicia fallida en el estado de Guerrero pone de manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Asimismo, propone un plan de reformas que sienten las bases para la recuperación de la confianza en el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guerrero.

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Auténticos amigos de las trasnacionales

Silvia Ribeiro, ALAI

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público.  El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”!  El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

Las negociaciones y textos que se discuten son secretas, pero Wikileaks, a través de medios como La Jornada, los ha filtrado desde 2014, la versión más reciente en julio 2015. (http://wikileaks.jornada.com.mx/) De lo contrario no conoceríamos lo que discuten desde 2012, pese a que si lo consiguen, tendrá consecuencias de amplio alcance en la vida de todos en los países participantes y mucho más allá, ya que el bloque negociador avizora imponer este mismo marco al resto de los países.

El TISA integra un paquete de varios tratados comerciales en negociación en los que un grupo de países, Estados Unidos a la cabeza, busca afianzar el mercado de sus empresas y su esfera de poder comercial, financiero y político. Los más significativos son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTIP y TPP por sus siglas en inglés). El primero es entre EU y Europa (llamado informalmente OTAN económica) y el segundo entre Estados Unidos y varios países del Pacífico.

El más amplio temática y numéricamente es el TISA, en el que actualmente participan 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros asiáticos y varios latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Juntos representan el 68% del comercio en servicios a nivel global.

Es notoria la exclusión de países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), aunque China pidió, infructuosamente, incorporarse al TISA.  Es clara la intención de afirmar la competencia económica con ese bloque y otros del Pacífico liderados por China.

Estados Unidos y los iniciadores del TISA –que responden a la demanda de poderosísimos grupos trasnacionales financieros y cadenas de supermercados, entre otros– se llamaron a sí mismos “auténticos buenos amigos de los servicios”, en referencia irónica al grupo de negociación sobre liberalización de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al que consideran estancado, pese a que implica también severos impactos negativos para la mayoría de la gente.  La OMC no es más transparente o democrática, allí también los acuerdos se negocian en secreto, entre grupos de países auto-elegidos, que finalmente van a un plenario de miembros que poco pueden hacer para cambiar lo ya pactado previamente entre algunos.

La diferencia con el TISA, además de contenidos, es que ni siquiera formalmente se proponen pasar por otra instancia fuera del club de los elegidos, antes de finalizar el acuerdo. El texto será confidencial por 5 años después de acordado y los Congresos de los países –donde esto se requiera– sólo podrán aceptar o rechazar el paquete entero, como caja negra. Paradójicamente, el TISA exigirá total transparencia de parte de los Estados sobre sus compras públicas, servicios y normativas, y antes de concretarlas, estará obligado a consultarlas primero con las empresas.

Obviamente, el TISA facilitará mayor privatización de servicios públicos, lo cual es de por sí devastador, porque sectores como salud, educación, agua, saneamiento, electricidad y muchos otros, no son “mercados”, sino necesidades básicas de la sociedad que deben ser cubiertas socialmente más allá de la situación geográfica o económica de los que las necesitan. Esto ya ha sufrido una brutal erosión en muchos países y el TISA se propone ahondarla.

Pero además, está diseñando una completa desregulación de los servicios privados. Por ejemplo, Walmart, la mayor empresa del planeta y el mayor empleador privado de Norteamérica (con efecto devastador sobre salarios y derechos laborales) participa activamente en las negociaciones del TISA a través de la Coalición de Industrias de Servicios, y espera que este acuerdo lo “libere de las normativas gubernamentales en zonificación y tamaño de las tiendas” así como de regulaciones sobre venta de alcohol, cigarrillos, etc. (E. Gould, ISP, 2014).

Otros elementos nuevos y claves del TISA son el llamado mantenimiento del status quo y “cláusula de trinquete”. Según esto, los países del TISA no podrán hacer en el futuro ninguna ley o normativa, o cambiar cualquier política, que afecte lo acordado.

Por si fuera poco, todo lo que se defina como servicio, quedará automáticamente incluido –incluso lo que ahora no exista, por ejemplo nuevas coberturas de salud, etc.– porque sólo habrá listas de exclusión que presenten los países durante la negociación y sean aprobadas.

Son tantas las perversiones de este tratado, que urge conocerlo y actuar contra él, desde donde estemos, como ya hacen organizaciones sindicales, ambientales, sociales. Una buena noticia fue el paro general que realizó la central de trabajadores PIT-CNT de Uruguay este 6 de agosto, que incluyó en sus demandas el “rechazo total y absoluto al TISA”.

– Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Mujer, violencia e industria minera

Vía Movimiento M4

Mujer, violencia e industria minera[1]
Por Lina Solano Ortiz [2]

En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera

En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.

En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.

Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].

Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.

Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].

Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación ‘Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana’, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por GoldCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.

Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor

A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.

El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.

Notas

[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.
[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687
[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957
[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf
[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html

Fuente: Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

 

Guatemala: El modelo de estado, sacudido

Con Daniel Pascual (CLOC-VC) sobre las jornadas de movilización en Guatemala

Radio Mundo Real

Las organizaciones populares, indígenas, campesinas, feministas, estudiantiles y urbanas de Guatemala se encuentran movilizadas reclamando la refundación del sistema político y económico del país centroamericano ante la constatación de una cadena de corrupción que alcanza al militar y presidente Otto Pérez Molina, a las puertas de las fechas fijadas para las elecciones nacionales.

Al respecto, Radio Mundo Real consultó al referente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Vía Campesina Centroamérica para conocer los prígenes y eventuales derivaciones de estas movilizaciones.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales en Guatemala están previstas para el 6 de setiembre.

La marcha pacífica convocada para hoy jueves por la Asamblea Social y Popular (ASP) resultaría multitudinaria según Pascual, ante la confirmación de diversos sectores para participar en lo que incluirá el primer Paro Nacional –especialmente en la ciudad capital- en contra de Otto Pérez Molina y el estado de corrupción general.
Ciudadanos, campesinos, estudiantes de enseñanza media y universitarios, empresarios, comerciantes, padres de familia, empleados públicos y privados participan de las protestas, que incluirán el rotundo rechazo a la clase política oficialista y respaldo al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al respecto Daniel Pascual señaló, en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto que la crisis de corrupción se destapó en varias esferas del estado, desde la Presidencia, la Policía Nacional Civil, el Congreso y el sistema de previdencia o seguridad social.

Como ejemplo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada como cabecilla de la estructura de defraudación aduanera guarda prisión preventiva en el centro de detención para mujeres Santa Teresa, mientras se resuelve el proceso en su contra.

El referente campesino indicó que las elecciones previstar para setiembre carecen de legitimidad por haberse incumplido varias de las reglamentaciones electorales, vinculándose el financiamiento de las campañas con los hechos de corrupción.

Escucha el testimonio de Daniel Pascual desde Ciudad de Guatemala en audio adjunto: MP3 (12.7 MB)

Revista Biodiversidad 85

grain.org

Este número de Biodiversidad, sustento y culturas, lo dedicamos casi por entero a celebrar las luchas y la entereza del pueblo de nuestra hermana Colombia. Celebramos a un pueblo que sufre ya décadas de conflicto interno, desplazamientos forzados, violencia estatal, insurgente y paramilitar y, sobre todo, el control de sus territorios por el poder corporativo. Pero es un pueblo que sigue resistiendo, inclaudicable, y defiende sus raíces, sus valores, sus hijos y sus territorios. Es maravillosa la creatividad puesta en juego para no sólo sobrevivir sino para también sortear día a dia las fuerzas y obstáculos que el Estado y las corporaciones les interponen. El pueblo colombiano sigue soñando con un país libre de violencia y libre de poderes corporativos que lo desangren.

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Editorial

La foto de la portada nos muestra el trabajo duro, constante y valiente de campesinas y campesinos de Colombia en su resistencia habitual contra todas las fuerzas y obstáculos que el Estado y las corporaciones les interponen en lo cotidiano, intentando deshabilitar sus esfuerzos, y asi tenerles en sometimiento y precariedad: condición necesaria para imponerles los más abyectos desginios. Pero todas estas personas, y las comunidades a las que pertenecen, siguen en sus luchas y no cejarán jamás. Este número de Biodiversidad, sustento y culturas, lo dedicamos casi que por entero a celebrar estas luchas, y al pueblo de nuestra hermana Colombia.

Como una figura que nos brinde una resonancia a esta lucha, le hemos cedido el editorial a John Berger, con sus reflexiones aparecidas en La Jornada Semanal, suplemento dominical de La Jornada el 28 de junio de este año.

mo resistir a las fuerzas del olvido

John Berger

Hace unas semanas el cuadro Les femmes d’Alger, pintado por Picasso en 1955 (hace 60 años), se vendió en Christie’s de Nueva York por la suma de 180 millones de dólares. Parte de la decisión de pintarlo fue inspirada por el deseo de anunciar su respaldo al pueblo argelino en su lucha y su guerra contra el colonialismo francés, que comenzara un año antes.

Hoy es día de la Ascensión, cuarenta días después de la Pascua. Según los Evangelios, ése fue el día en que Cristo, como lo testimoniaron sus discípulos, ascendió por el aire hacia los cielos. Y en la tierra la gente quedó abandonada a su suerte.

La semana pasada estuve dibujando, más que nada flores, motivado por una curiosidad que poco tiene que ver con la botánica o la estética. Me he estado preguntando si las formas naturales —un árbol, una nube, un río, una piedra, una flor— pueden mirarse y ser percibidas como mensajes.

Mensajes —no hace falta decir más— que nunca pueden verbalizarse, y que no están dirigidos particularmente a nosotros. ¿Es posible “leer” las apariencias naturales como textos?

Para mí no hay nada místico en este ejercicio de dibujo. Es un ejercicio gestual cuyo propósito es responder a diferentes ritmos y formas de energía —que me gusta imaginar como textos de un lenguaje que no se nos ofreció para leer. Y no obstante, conforme trazo el texto me identifico físicamente con la cosa que estoy dibujando y con la inconmensurable lengua madre en que está escrita.

***

En el orden global totalitario del capitalismo financiero especulativo en el que vivimos, los medios no dejan de bombardearnos con información, pero esta información es casi siempre una diversión planeada, que nos distrae la atención de lo que es cierto, esencial y urgente.

Mucha de esa información tiene que ver con lo que alguna vez llamamos política, pero ahora la política fue subsumida por la dictadura global del capitalismo especulativo, con sus comerciantes y grupos bancarios de presión.

Los políticos, tanto de derecha como de izquierda, continúan en sus debates, en sus votaciones, en la aprobación de resoluciones, como si no fuera así. El resultado es que su discurso no se refiere a nada. Es inconsecuente. Las palabras y los términos que utilizan y repiten —como terrorismo, democracia, flexibilidad— se vaciaron de cualquier significado. A lo ancho del mundo sus públicos siguen sus cabezas parlantes cual si atisbaran un interminable ejercicio escolar o una clase donde aprendieran retórica. Pura mierda.

Otro capítulo de la información con la que nos bombardean se concentra en lo espectacular, en los eventos violentos y chocantes donde quiera que ocurran por el mundo. Asaltos, terremotos, embarcaciones capturadas, insurrecciones, masacres. Una vez mostrados, cualquier espectáculo es reemplazado por otro. Casi no existen explicaciones pacientes ni seguimientos. Nos llegan como impactos, no como historias. Son el recordatorio de la impredictibilidad de lo que puede ocurrir. Demuestran los factores de riesgo en la vida.

Añadamos a esto la práctica lingüística utilizada por los medios en su representación y descripción del mundo. Es muy cercana a la jerga y lógica de los expertos en administración y manejo. Cuantifica todo y casi no hace referencia a la sustancia o a la cualidad. Se ocupa de los porcentajes, de los virajes en las encuestas de opinión, de las cifras del desempleo, las tasas de crecimiento, las crecientes deudas, las estimaciones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Es una voz que se siente a gusto con los dígitos pero nada tiene que ver con los cuerpos vivos, o con los que sufren. Y no habla ni de remordimientos ni de esperanzas.

Entonces, lo que se dice públicamente y el modo en que se dice promueven una especie de amnesia cívica e histórica. La experiencia nos es arrebatada. Los horizontes del pasado y el futuro se borronean. Estamos siendo condicionados a vivir en un interminable e incierto presente, reducidos a ser ciudadanos en el Estado del Olvido.

Mientras, lo que ocurre a nuestro alrededor va de mal en peor. El planeta se sobrecalienta. La riqueza del planeta está siendo concentrada en menos y menos manos, mientras la mayoría está mal alimentada, no encuentra sino comida chatarra o de plano pasa hambre. Más y más millones de personas están siendo forzadas a emigrar con ínfimas posibilidades de sobrevivir. Las condiciones laborales se tornan más y más inhumanas.

Aquellos que están listos para protestar contra lo que ocurre hoy, o resistir ante esas fuerzas, son legión. Pero los medios políticos para hacerlo son por el momento poco claros o están ausentes. Necesitan tiempo para desarrollarse, así que hay que esperar. Pero cómo esperar en tales circunstancias. Cómo esperar en esta condición de olvido.

Recordemos que el tiempo, como lo explicaron Einstein y otros físicos, no es lineal sino circular. Nuestras vidas no son puntos en una línea —una línea que hoy es amputada por la voracidad instantánea del orden capitalista global sin precedentes. No somos puntos en una línea, somos los centros de círculos.

Tales círculos nos rodean con testamentos dirigidos a nosotros por nuestros predecesores desde la Edad de Piedra, y por textos que no se dirigen a nosotros pero que nosotros presenciamos. Son textos de la naturaleza, del universo, y nos recuerdan que la simetría coexiste con el caos, que el ingenio puede burlar las fatalidades, que lo que deseamos nos tranquiliza más que las promesas.

Entonces, sostenidos por lo que heredamos del pasado y por lo que testimoniamos, tendremos el coraje para resistir y continuar resistiendo en circunstancias aún inimaginables. Aprenderemos a esperar en la solidaridad.

Y al infinito seguiremos valorando que juremos y maldigamos en todas las lenguas que conocemos.

Eduardo Gudynas: La derecha y la izquierda no entienden a la naturaleza

la-razon.com / Ricardo Aguilar Agramont

El autor de Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, Eduardo Gudynas, explica las implicaciones de ese modelo de desarrollo adoptado en Sudamérica. Se entiende por extractivismo (de gobiernos conservadores o progresistas) la extracción de recursos naturales en grandes volúmenes con el objeto de ser exportados.

¿Cómo ve el discurso transicionista de los gobiernos progresistas en relación al extractivismo?

La invocación de un extractivismo transitorio se da especialmente en Bolivia y Ecuador; sin embargo, no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo por varias razones: la primera es que la forma en que se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan más el extractivismo, por ejemplo, aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos tienen derrames económicos que inhiben procesos de autonomía en otros sectores productivos, tanto en la agricultura como en la industria.

 

El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola a promover cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos. Tercero, como los proyectos extractivos generan tanta resistencia social (ejemplos recientes son el de los Guaranís de Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva Yasuni en Ecuador), los gobiernos tienen que defenderlos de forma tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores de la sociedad y por tanto inhiben la búsqueda de alternativas.

¿Hay paralelismo entre el discurso del extractivismo transitorio y el de la salida también gradual del capitalismo?

En el caso del Ecuador eso tiene una elaboración teórica. Ellos consideran que el extractivismo es la única vía que tienen para la acumulación de capital que permita una transformación de su aparato productivo, pero suceden problemas similares a los de Bolivia: no hay una transformación de ese aparato y tampoco se acumula los volúmenes de capital esperados, a causa de la caída de los precios de las materias primas y el gasto corriente del Estado. Ese discurso tiene una complicación: es muy parecido al de la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman Rostow: que los países atrasados debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para intentar el salto industrial. Así, escuchar el discurso transicional tiene un sabor agridulce por ser una idea similar a la de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX.

El salto industrial, que en Bolivia es un mandato constitucional, se parece al deseo de la izquierda tradicional del siglo XX.

Hay diferencias sustanciales. Aquella izquierda concebía mal depender de los extractivismos, los veía como sinónimo de atraso. La nacionalización de los recursos era un medio para dar el salto industrial. La otra diferencia es que esa izquierda quería recuperar autonomía frente a los procesos internacionales bajo el paraguas del imperialismo; sin embargo, el progresismo actual defiende al extractivismo, dejó en segundo plano medidas y discursos industrialistas. Solo hay planes industriales con propuestas sustantivas en Argentina y Brasil, con alguna implementación en Brasil. Tienen un discurso de crítica a países del norte, al sistema financiero, pero quieren adentrarse más en la globalización porque ésa es la vía comercial de salida para sus materias primas.

En Bolivia hay una campaña gubernamental mediática de industrialización…

Sí, pero la prioridad de la industrialización para salir del extractivismo, en países como Bolivia, estaría claramente en lo agropecuario. Porque ese sector podría fácilmente articularse con una gran variedad de producción y con el consumo propio del país para evitar seguir importando alimentos; sin embargo, una industrialización para cumplir apenas la primera etapa de refinado de un metal y transformarlo en lingotes dista mucho de la manufactura.

Recién se hizo una cumbre al respecto y se incentivará cultivos de soya.

En el sector agropecuario es evidente la presión y tentación de caer en una estrategia extractivista, eso va a tener consecuencias porque contribuye a ser dependiente la producción de los indicadores de precios de los mercados globales y, por lo tanto, la capacidad del Gobierno para definir qué cultivar y qué no. Se afecta incluso la capacidad del agricultor para tomar esa decisión, se ve acotado porque terminan respondiendo a las alzas de precio de los mercados internacionales. Los resultados de la cumbre corren el riesgo de contribuir a la subordinación comercial agrícola de Bolivia. Segundo, la ampliación de la frontera agropecuaria genera mucha preocupación por sus posibles impactos ambientales. Tercero, preocupa la posibilidad de que se autoricen transgénicos, no solo por el lado de la variedad transgénica, sino porque el transgénico se cultiva como parte de un paquete tecnológico que incluye ciertos químicos, cierta maquinaria y por lo tanto cierto tipo de producción. Eso contribuye a la subordinación comercial y productiva del país y a desplazar variedades nativas de cultivo. Habrá años en que los agricultores ganarán más plata, cuando los precios estén altos, pero como esta es una producción más intensificada, sus gastos corrientes son mucho más altos, por lo tanto los márgenes de rentabilidad son estrechos. Es un rumbo muy riesgoso.

¿Riesgos propios de la minería o de los hidrocarburos?, ¿hay una constante?

Son los efectos derrame. Finalmente, sectores muy distintos se terminan pareciendo porque entran a funcionar bajo la lógica del extractivismo.

Hoy el Gobierno vincula al ecologismo con el imperio, ¿esto es similar en la región?

En Ecuador se los tilda de izquierda infantil. A mí me parece que cuando la demanda de preservar la naturaleza del propio país, la calidad del agua, del cielo, la fauna y flora de la propia nación son demandas inherentes a la propia condición de cualquier ciudadano, calificarlas como una imposición imperialista es desmedido. También refleja que hay actores políticos que ya no tienen argumento para responder a las llamadas de alerta. Entonces solo queda descalificar. Van a permanecer los problemas de contaminación del agua y regresará la protesta ciudadana y no se puede estar reaccionando de aquí a la eternidad diciendo que cualquier demanda responde a un resorte del imperialismo.

Hay extractivismos a la derecha y a la izquierda. ¿En qué se parecen y distan?

La economía tradicional, sea convencional o la de origen marxista, no tiene herramientas conceptuales para determinar la cara económica de la destrucción de los recursos naturales, termina contabilizando como positiva la destrucción del patrimonio porque lo exportan, pero es incapaz de analizar las implicancias de los daños sociales y ambientales. Entonces las visiones económicas tradicionales de izquierda y derecha tienen una enorme dificultad para entender qué pasa con la naturaleza del siglo XXI. Es paradojal que exista esta tensión en Bolivia porque es uno de los países donde ha estado más presente la visión de la Pachamama y la naturaleza.

¿Efectos derrame en la política y la globalización?

En la globalización tiene que ver con que exportar obliga a obedecer las reglas de la globalización, no hay escapatoria, entonces nuestras economías se vuelven dependientes. En el otro campo, los extractivismos conservadores o progresistas están en regímenes democráticos, pero al extractivismo le gusta un gobierno presidencialista para reducir otros poderes del Estado. Por ejemplo, para que la Justicia no le impida una inversión minera, u otros órganos de decisión se opongan. Cuanto más presidencialista es un régimen, mayores chances hay para los proyectos extractivos.

¿El poder económico transnacional se ha visto afectado por los nacionalismos de la región?

En la actual fase del capitalismo, la propiedad del recurso natural ya no es importante para el entramado de empresas internacionales, porque aceptan que pueda ser nacional. Ponen énfasis en controlar la tasa de extracción, la producción primaria y su comercialización, es por eso que en el sector petrolero proliferan empresas estatales que se encargan de la primera fase. Eso no le preocupa a las trasnacionales, no les afecta; en el sector minero incluso les conviene, porque la extracción la hace la empresa nacional y se ahorran todas las discusiones con las comunidades locales y gobiernos. Solo les interesa tener mineral para procesar y exportar. En el debate, se ha perdido la perspectiva de que para el capitalismo es más importante el control de las redes de comercialización y producción que sobre la propiedad del recurso.

¿La flexibilización en las normas ambientales en la región se vincula con lo que usted dice sobre el extractivismo?

Sí, para poder llevar adelante los extractivismos. Como tienen tal nivel de impacto social, ambiental y territorial, se deben reducir los controles y exigencias, eso lo hacen los países de diversas maneras, otorgando excepciones, por ejemplo: permitiendo la exploración en áreas protegidas, como en Bolivia y Ecuador; rebajando estándares, como en Brasil; achicando los tiempos de valoración para su aprobación automática, como se intentó en Colombia. Hay varios mecanismos por los cuales se hacen más laxas las exigencias.

¿Alternativas?

Puedo decir que en varios países se discuten salidas post extractivistas que implican repensar cómo salir de desarrollos que dependen y están dominados por el extractivismo; estas salidas son propuestas transicionales, porque hay que ir lidiando con este entramado cultural que apoya los extractivismos e implica medidas ambientales sociales con un fuerte componente de discusión de cómo reorganizar las economías nacionales para hacer funcionar nuestros países sin tener que depender de la exportación de las materias primas.

¿Qué opina de lo dicho por el Vicepresidente sobre cuatro ONG, entre ellas el Cedib, con la que usted trabajó?

He pasado de la sorpresa a cierta rebeldía, para terminar en la tristeza. Cedib tiene una bien ganada reputación de ser una de las organizaciones ciudadanas de investigación e información más serias de América Latina. Ese centro, como muchos otros, ofrece un marco independiente para dar a conocer investigaciones, análisis o reflexiones. En ellos hay muchas voces. Entonces, si se está en desacuerdo con esas voces, hay que argumentar, presentar datos, nuevas reflexiones. Pero aquí parecería que se quiere simplemente silenciar esas voces. Hacer eso no hará desaparecer los impactos, por ejemplo de explotar petróleo dentro de un parque nacional. En cambio, se debilitará la necesaria pluralidad de voces dentro de una sana democracia. Y es justamente que se haya caído en ese extremo lo que me genera tristeza.

Datos

Nombre: Eduardo Gudynas

Nació: Uruguay, 1960

Cargo: Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).

Perfil

Es autor de decenas de libros y un sinnúmero de colaboraciones académicas en revistas y libros de coautoría relacionados al medio ambiente. Es docente de universidades en Bolivia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, entre otras.

La lucha por el agua en Nejapa: David contra el Goliat de Coca Cola

Una campaña logra detener en El Salvador durante un año la explotación del acuífero de Nejapa por parte de la empresa embotelladora de Coca Cola.

Periódico Diagonal

La primera vez que Coca Cola fijó su vista en el acuífero de Nejapa, a través de su empresa embotelladora en El Salvador, fue en 1999. Dieciséis años después, ese tesoro del que depende el consumo humano de 30.000 personas no sólo está sobreexplotado al 200%, sino que además los vertidos contaminantes derivados de la sobreexplotación afectan y merman las condiciones de vida y salubridad de las comunidades autóctonas, aprovechando la falta de legislación y vulnerando el derecho al agua de la población salvadoreña.

Por si esto fuera poco, Coca Cola tiene prevista la ampliación de esta planta industrial ubicada en el acuífero lo que, en uno de los países del mundo con mayor estrés hídrico, supondría la práctica desaparición del mismo y la condena de la población a vivir sin agua.

En este contexto, Alianza por la Solidaridad, una de las organizaciones no gubernamentales que lleva tiempo denunciando, junto con la sociedad civil del país y el Foro por el Agua, la falta de responsabilidad de este tipo de empresas, lanzó hace unas semanas una campaña para impulsar una movilización social con el objetivo de detener la intención de la embotelladora de ampliar su planta industrial ubicada en el acuífero y exigir a ésta que reduzca un 22% su consumo de agua.

Así, bajo el lema TIERRRA, «con tres erres»: responsabilidad, rentabilidad, y recursos, la ONG quiere hacer hincapié en la necesidad de que las inversiones empresariales sean responsables, y llamar la atención sobre que, además, no solo no basta denunciar cuando no lo son, sino que hay que ir más allá en la defensa activa de los derechos de la ciudadanía.

Afortunadamente la campaña ha dado sus frutos, y la denuncia se ha traducido en que, tras la presentación en El Salvador del informe de Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua de la situación, el Gobierno haya decretado una moratoria de un año en la explotación del acuífero de Nejapa, comprometiéndose a realizar durante ese tiempo estudios científicos que certifiquen la situación real de este depósito de aguas subterráneas.

Una moratoria que las comunidades del lugar han aplaudido, al tiempo que han avisado de que estarán «pendientes del cumplimiento de la misma a través de las herramientas ministeriales e interinstitucionales que se pongan en marcha».

VIDEO:

La lucha por el agua en Nejapa: David contra el Goliat de Coca Cola from TMEX on Vimeo.