El sábado 14 de noviembre, en Café Museo Café

El sábado 14 de noviembre, en Café Museo Café

El XII Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se llevará a cabo a partir de mañana martes 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, anunció el comité organizativo durante una conferencia de prensa en Xalapa este lunes 9 de noviembre. «Somos un movimiento nacional donde se agrupan organizaciones, movimientos y luchas que están en defensa de los ríos y afectados por la construcción de presas de abastecimiento de agua e hidroeléctricas», dijo Libertad Díaz, miembro de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos A.C. y de la coordinación del MAPDER.
«Cada año tenemos esta actividad donde los pueblos nos encontramos para analizar nuestro contexto político, planear estrategias que nos den pistas para enfrentar las violaciones a los derechos de los pueblos», añadió Libertad Díaz. La acompañaban en esta rueda de prensatres otros integrantes del MAPDER: dos miembros de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Rosalinda Hidalgo y Emilio Rodriguez, así como Alejo Ruíz, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), anfitrión del encuentro.
Se analizarán la reforma energética y la propuesta de Ley de Aguas de la Conagua
Durante el evento, al cual participarán organizaciones de México (Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Jalisco) y de otros países (Costa Rica, España), se analizarán las consecuencias de la reforma energética de 2014 y también la propuesta de reforma de la Ley de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua en marzo de este año y temporalmente enterrada por la Cámara de Diputados. «La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazándolos de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas», escribieron los organizadores en un boletín de prensa leído durante la conferencia (ver documento 1 abajo de esta nota).
Es la segunda vez que la entidad gobernada por Javier Duarte (PRI) es la sede de un encuentro nacional del MAPDER: en 2013, el X encuentro se llevó a cabo en Amantlán de los Reyes, cuña de la lucha contra la presa El Naranjal. «No es casual que el evento se haga otra vez en Veracruz porque hay más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado y varios proyectos de fracking», dijo Rosalinda Hidalgo en referencia a la voluntad del gobierno de permitir la extracción de gas de lutita, un gas no convencional que se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. «Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país», escribieron los organizadores en su boletín.
Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos»
La elección de la ciudad de Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos» según los organizadores, no es casual tampoco. Allí se concentra la lucha de los defensores de la Cuenca de la Antigua, amenazada por varios proyectos. Uno de ellos, llamado «Propósitos Múltiples Xalapa» («que incluye una presa de 100 m. por 700 metros de ancho que inundaría 400 has. de territorio con importante biodiversidad en la región», precisa el boletín de prensa), se quiere imponer en el municipio sobre el río Pescados. Es promovido por el estado de Veracruz para abastecer en agua a la ciudad de Xalapa y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, la que acaba de ganar un contrato de 30 años en el municipio de Veracruz para gestionar su sistema de agua potable junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez Environnement.
Los opositores a la presa de Odebrecht lograron detener el proyecto hasta el día de hoy pero han sido criminalizados: en mayo de este año, fueron ilegalmente detenidos y recluidos tres ejidatarios de Jalcomulco e integrantes de PUCARL. Organizar el encuentro en este lugar es «un reconocimiento a la lucha en Jalcomulco», dijo Libertad Díaz durante la conferencia de prensa.
Alegría en medio de la represión
Los organizadores hablaron del contexto de alta represión que reina en el estado de Veracruz. No se puede ignorar ya que en 2013, Noé Vasquéz Ortiz, quien participaba al encuentro en Amatlán de Los Reyes, fue asesinado el día de la inauguración. «Hemos tenido reuniones a nivel de la red para evitar cualquier tipo de atentado», dijo Rosalinda Hidalgo, precisando que como organizadores elaboraron una carta en la cual solicitaron «al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México resguardar la reunión» del MAPDER. El documento fue firmado por cerca de 70 organizaciones y académicos de México y el mundo (ver documento 2).
Los organizadores quieren que «este encuentro (sea) una gran fiesta de conciencia alegría que tejera un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes». Par los defensores de los ríos del estado de Chiapas, será la ocasión de vizibilizar sus luchas. Estarán presentes compañeros de 13 organizaciones y comunidades del estado: del Comité de Derechos Humanos de San Juan Bautista (Las Margaritas), del Comité de Derechos Humanos de la Región de Tulijá (Salto de Agua), de la Vicaria, del Comité de Derechos Humanos San Miguel Arcángel de la parroquia de Huixtán, del movimiento La Voz del Pueblo, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), del colectivo Chiapanecos en Defensa del Agua (Tuxtla Gutiérrez), del Centro de la Mujer Ixim Antsetik de Palenque, de la comunidad de Huitiupán, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chenalhó, de la Parroquia de San Juan Cancuc y de la asociación Otros Mundos A.C.
DOCUMENTOS:
1) El Boletín de Prensa del XII Encuentro Nacional del MAPDER
Carta de aliados nacionales e internacionales para solicitar vigilancia y respeto al XII Encuentro Nacional del MAPDER
Xalapa, Veracruz, México a 9 de noviembre de 2015
A:
-Miguel Osorio Chong (Secretario de Gobernación)
-Javier Duarte de Ochoa (Gobernador del Estado de Veracruz)
-Flavino Díaz Alvarado (Secretario de Gobierno de Veracruz)
-Arturo Bermúdez Zurita (Secretario de Seguridad Pública de Veracruz)
-Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla (Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz)
Organizaciones de la sociedad civil, movimientos en defensa de la tierra y el territorio y académicos/as nacionales e internacionales solicitan al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México resguardar la reunión que del 10 al 12 de noviembre de 2015 tendrán los pueblos y organizaciones que conforman el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y garantizar: El “Derecho de Reunión”, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 9), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20), así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).
El MAPDER es un movimiento conformado por organizaciones, pueblos y colectivos reconocidos a nivel nacional e internacional por su labor en la defensa y protección de los bienes naturales del agua y los derechos de los pueblos, sin embargo dentro de su labor, los/as integrantes han vivido represión y hostigamiento en sus espacios de reunión, como lo fue en el encuentro nacional del 2013 donde asesinaron al compañero Noé Vásquez del municipio de Amatlán de los Reyes del estado de Veracruz, además de la injusta persecución en abril de 2015 a los ejidatarios del municipio de Jalcomulco por su oposición al Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa que afecta la cuenca del río La Antigua.
Ante la inseguridad que se vive en el Estado de Veracruz, solicitamos que en el XII Encuentro Nacional que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre del presente año, se velen los derechos para no impedir que los/as integrantes del municipio de Jalcomulco, los ciudadanos/as de Veracruz, los pueblos afectados por la construcción de presas de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas se reúnan para discutir en forma colectiva la protección y defensa de sus bienes comunes y su territorio sin hostigamiento, criminalización y represión.
Estaremos al pendiente de que el gobierno de Veracruz, el gobierno federal y las instancias de vigilancia de derechos humanos implementen las condiciones para que este evento se lleve en paz y seguridad, sin clima de hostilidad y sin un cerco policiaco que intimide a los habitantes de la región como a quienes asisten.
Agrademos la atención de las instancias correspondientes y enviamos un cordial saludos.
Atentamente
Estatales
Pueblos Unidos en Defensa de la Cuenca de la Antigua por Ríos Libres (PUCARL)
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LAVIDA), Asamblea Ama Teocelo, Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre. Alianza de comunidades y usuarios del Bobos-Naútla. Centro de Derechos Humanos Beti Cariño. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Nacionales
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), Guerrero. Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER) Oaxaca. Comité Salvemos Temacapulin, Acasijo y Palmarejo (Jalisco), Bios Iguana Ac. Educa AC, Consejo Náyeri, Nayarit. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Coalición Mexicana por el Derecho al Agua (COMDA). Asociación de Usuarios del agua de Saltillo. Mujer y Medio ambiente AC. Red Todos los Derechos para Todos y Todas. Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR). Presbítero Júlian Verónica, Amatlán de los Reyes. Otros Mundos, Chiapas. IMDEC.
Internacionales
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) Brasil. Rivers International. Ríos Vivos Colombia. Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (REDLAR), CEPRODESU, Cuba. Centro Memorial Martín Luther King, Cuba. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Freshwather Action Network México. Habitat International Coalition (HIC). COECO CEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica. Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección al Medio Ambiente (MODATINA) Chile. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), El Salvador. Ecologistas en Acción nni Ekologistak martxan, España. Agrupación sociocultural Mañios y Baguales, Patagonia sin Represas, Chile. Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá. Consejo de Pueblos Wuxhaj, Guatemala. Blue Planet Project and Food and Water Watch. M`Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental entre los Ríos Argentina. Oscar Olivera, Fundación Abril, Cochabamba Bolivia. Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIV) Perú. Movimiento Pro Ríos Costa Rica. FASE, Brasil. People and Plants International. Re: Common, Italia. Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity. Katu Kortada, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa la humanidad.
Académicos
Dra. Luisa Paré IIS-UNAM, Dr. Hipólito Rodríguez CIESAS-Golfo, Dr. Gerardo Alatorre, IED-UV, Dra. Rosío Cordova IIHS-UV, Citlalli López CITRO-UV, Dra. Beatriz Torres UV, Noah Silber-Coats University Arizona, Dr. Juan Hernández Zubizarreta, Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del observatorio de Multinacionales en América Latina. Dr. Eckart Boege INAH-Veracruz. Carlos Rafael Rea Rodríguez UAN. Zulma Amador UV. Dr. Francisco López Bárcenas miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Mtro, Milton Gabriel Hernández García, ENAH. Dr. Miguel Alexiades. Universidad de Kent. Leandro Gaspar Scalabrin, Membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul – Brasil. Cuerpo Académico ( Riesgos socio-ambientales y vulnerabilidad social 342 SEA-UV.
Boletín del XII Encuentro del MAPDER en Jalcomulco, Veracruz
BOLETÍN DE PRENSA
Xalapa, Veracruz a 9 de Noviembre del 2015.

-JALCOMULCO, VERACRUZ SERÁ EL CORAZÓN DE LAS RESISTENCIAS POR LA DEFENSA DE LOS RÍOS SEDE DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS.
-ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EXIGEN Y VIGILAN QUE LAS AUTORIDADES IMPLEMENTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y SIN CERCO POLICIACO PARA QUE EL XII ENCUENTRO SE LLEVE EN PAZ Y SEGURIDAD.
Los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres (PUCARL), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER) convocan a comunidades, movimientos, colectivos y organizaciones a reunirse del 10 al 12 de noviembre en Jalcomulco, Veracruz en el XII Encuentro Nacional de Afectados por Presas…”Por la unidad de los pueblos en Defensa de los ríos”
La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazando de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas. Esta imposición se ha acompañado de la amenaza de una nueva Ley del agua, medidas que violan los derechos sobre la tierra y la autodeterminación de los pueblos y de estrategias de criminalización de la protesta y ejercicio de violencia directa hacia los/as defensores de los derechos humanos, la tierra y el territorio. Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país. Entre los temas que se trabajaran: análisis de las reformas energéticas, ley nacional del agua, estrategias del miedo y criminalización de la protesta, derecho agrario, violación a los derechos de los pueblos por proyectos de infraestructura, alternativas de manejo de cuenca,
La Cuenca del Río La Antigua y sus pueblos son afectados desde hace casi cuatro años por la amenaza de construcción del proyecto “Propósitos Múltiples Xalapa” que incluye una presa de 100 m. por 700 metros de ancho que inundaría 400 has. de territorio con importante biodiversidad en la región. En este encuentro se exige la cancelación del proyecto propósitos Múltiples Xalapa y las concesiones de los servicios municipales de agua en los municipios de Medellín, Boca del Rio y Veracruz. Se demanda que se mantenga la veda en el río Antigua así como protección y saneamiento del río, llevando a cabo procesos de reforestación en la parte alta de la cuenca. Para quienes defienden la cuenca se pide un alto a la criminalización y la cancelación de las denuncias a los integrantes del comité, ejidatarios y comuneros que han participado desde abril del año. Los pueblo de la cuenca del Río Antigua han decidido desde hace años que no se quieren estos proyectos, así que no esta a consulta esta decisión determinante de los pueblos.
Existiendo el antecedente en Veracruz de hostigamiento y criminalización hacia los/as integrantes del MAPDER, como lo fue el asesinato de Noé Vásquez durante la celebración de nuestro decimo aniversario y la injusta detención de los compañeros ejidatarios de Jalcomulco, organizaciones, movimientos y académicos/as nacionales e internacionales solicitan a las autoridades correspondientes que se implementen las condiciones necesarias para que el encuentro se lleve en un clima de paz, sin hostilidad y sin un cerco policiaco que violente “derecho de reunión”. También se ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos vigilen la seguridad de los/as defensores de diversos estados del país que injustamente han sido encarcelados, amenazados y hostigados por sus autoridades locales y federales.
Entre las organizaciones, movimientos y académicos/as firmantes se encuentran más de 100 firmas a nivel estatal, e internacional que piden al Gobierno de Veracruz evitar un clima de hostilidad y un cerco policiaco. Dichas organizaciones han puesto una mirada de alerta en Jalcomulco Veracruz.
Este encuentro es una gran fiesta de conciencia alegría que tejera un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes.
Ríos para la vida no para la muerte
Agua, vida y alegría no son mercancías
Atentamente
Comité Organizador
Los días 10 y 12 de noviembre el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y en Defensa Ambiental (LAVIDA), realizaran el XII Encuentro de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
“No es casual que Veracruz vuelva a ser el anfitrión de este encuentro, dado que esperamos 102 proyectos hidroeléctricos en la entidad. Como en Jalcomulco, donde está asentado el río La Antigua y quieren hacer una presa de 700 metros de ancho y 100 metros de alto”, explica Rosalinda Hidalgo, integrante de Mapder Veracruz a Mónica Montalvo, de Hijos de la Tierra.
Hidalgo explica que este año los ejes del evento tratarán sobre sobre la reforma energética, como el fracking, presas y minas, pero también analizaran los impactos sobre las comunidades indígenas y campesinas en las nuevas políticas privatizadoras del agua. En Veracruz, explica Hidalgo, la misma empresa que quiere hacer la presa en Jalcomulco, se quiere agencia los servicios municipales de agua. También se discutirá sobre la reforma agraria y los conflictos que puede generar.
“Jalcomulco es el corazón de la resistencia veracruzana y se ha convertido en un referente en año y medio”, explica Rosalinda. La articulación regional de los pueblos de la cuenca contra la presa ha conseguido que la empresa brasileña Odebrecht se retirara provisionalmente y se consiguiera una pequeña victoria.
También, Veracruz necesita atención por la represión que están padeciendo sus activistas, comenta la organizadora. Desde el asesinato de Noé Vázquez en 2013, quien se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se pretende instalar en la cuenca de los ríos Blanco y Metlac, la escalada de violencia contra ecologistas y periodistas no ha cesado. El clima de hostigamiento y criminalización va en aumento pero también los frutos de las luchas, como en la cuenca Bobos-Nautla o en Amatlán de los Reyes, donde las movilizaciones han dado sus resultados.
“Van a venir de Jalisco, Nayarit, Chiapas, Colima, Oaxaca… Contaremos con la presencia de Marco Antonio Suástegui, referente por la defensa de los ríos en Guerrero y otras compañeras”.
Por último, los organizadores apuestan que el encuentro sirva para “tejer un manto de fuerza” entorno a experiencia y luchas de todo el país.
Más información:
Convocatoria al 12o. Encuentro Nacional del MAPDER
La relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, advirtió hoy que el cambio climático constituye una grave y especial amenaza para la seguridad alimentaria, y pudiera añadir 600 millones de personas a las filas de los desnutridos para 2080.
En un comunicado en anticipación de la Cumbre sobre el Clima que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, la experta añadió que el incremento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y el aumento de la temperatura y el nivel del mar, acompañados de inundaciones y sequías, tienen un impacto significativo sobre el derecho a la alimentación.
«Todos estos incidentes climáticos tendrán graves efectos sobre las cosechas, el ganado, la pesca, la acuicultura y los medios de vida en general de las personas», consideró.
Elver advirtió que responder a las grandes demandas de alimentos con modelos agrícolas de producción a gran escala no es la solución adecuada.
En ese sentido, apuntó que es necesario un cambio de una agricultura industrial a sistemas transformativos como la agroecología que apoyen al movimiento alimentario local, proteja a los pequeños agricultores, respete los derechos humanos, la democracia alimentaria y las tradiciones culturales.
La relatora recordó que los que menos han contribuido al calentamiento global son los que más sufrirán por sus efectos dañinos y añadió que las políticas de mitigación y adaptación deben respetar al derecho de la alimentación y otras garantías básicas.
Hilal Elver afirmó que la sociedad civil está presionando a las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCU) para que el acuerdo que se adopte en la Cumbre de Paris respete, proteja y cumpla con los derechos.
Intibucá, Honduras, 05-11-2015.
!El COPINH denuncia urgentemente el desalojo violento de los compañeros y compañeras de la comunidad de Somolagua!

El COPINH denuncia urgentemente el desalojo violento de los compañeros y compañeras de la comunidad de Somolagua, San Juan, Ceguaca, Santa Barbará, quienes se encuentran en un proceso de recuperación de tierra. El día de ayer (04 de noviembre 2015), en horas de la tarde se hicieron presentes los hermanos Rios junto con hombres armados, algunos desconocidos y bajo fuertes amenazas desalojaron a las compañerxs; esto luego que la policía nacional saliera de la zona, pues solo se mantuvieron por 30 minutos ante el llamado del COPINH.
Esta situación de agresiones ha sido permanente y hemos exigido a la policía nacional haga presencia y cumpla con su función preventiva, lamentablemente no es efectiva.
Responsabilizamos al director de INA, a la Policía Nacional, Ministerio Publico, por su ineptitud y complicidad en este conflicto que pone en alto riesgo a 27 familias y que ha llevado al asesinato del compañero dirigente del COPINH Moisés Duron, en mayo del presente año, asesinato que sigue impune, a la vista y paciencia y complicidad de las autoridades responsables de aplicar justicia.
Coordinacion General
COPINH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
El día de ayer 3 de noviembre del 2015, seis indígenas Zoques, en su mayoría personas de la tercera edad, del ejido Chicoasén, se declararon en huelga de hambre en las afueras de la casa ejidal en el municipio de Chicoasén, Chiapas; debido a que actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, criminalizados por la construcción del megaproyecto Chicoasén II. Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para manifestar su apoyo en la defensa del territorio del Comité Ejidal de Chicoasén.
Adjuntamos Acción Urgente y solicitamos difusión
http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/151104_au_06_chicoasen.pdf
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 03 de noviembre de 2015
Acción Urgente No. 06
Riesgo a la vida y la integridad a Zoques en huelga de hambre en Chicoasén
-Comité Ejidal exige respeto a la suspensión provisional de la obra Chicoasén II y libertad inmediata de su representante legal Arturo Ortega Luna.
-En riesgo de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión
El día de ayer 3 de noviembre del 2015, seis indígenas Zoques, en su mayoría personas de la tercera edad, del ejido Chicoasén, se declararon en huelga de hambre en las afueras de la casa ejidal en el municipio de Chicoasén, Chiapas; debido a que actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, criminalizados por la construcción del megaproyecto Chicoasén II a pesar de que tienen a su favor la suspensión provisional. Además su representante legal Arturo Ortega Luna se encuentra privado arbitrariamente de su libertad.1
Las ejidatarias y ejidatarios básicos en huelga de hambre son: Enrique López Solis de 89 Años, Bonifacio Gutiérrez Hernández de 86 años hipertenso, Juliana López Pérez de 81 años, Humberto López Mejía, de 52 años, Celín González Estrada de 71 años quien padece de presión alta y Avisaín Solis López de 65 años, con secuelas de afectación en la defensa del territorio y por el desplazamiento forzado provocado por la construcción de la presa Chicoasén I.
Este Centro de Derechos Humanos considera que la huelga de hambre es una protesta legítima en respuesta a la criminalización y judicialización, que los gobiernos de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto están perpetrando en contra del Comité Ejidal de Chicoasén y de su defensa legal.2 A estas violaciones a los derechos humanos se suma la obstaculización para asistir a las audiencias constitucionales que permitan continuar la promoción de 52 amparos personales y uno colectivo, ya que existe el temor fundado de los ejidatarios de ser privados arbitrariamente de su libertad. Las personas manifestantes también temen ser reprimidas mediante un desplazamiento forzado al existir amenazas de ello.
Aunque esta acción de protesta pone en riesgo su vida y su integridad, tiene como finalidad exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión libradas contra quienes se encuentran defendiendo su proyecto de vida y el de sus familias, al oponerse a la construcción de la obra, que afectará sus tierras, así como el territorio de sus ancestros y los obligaría a un nuevo desplazamiento forzado.
El Comité Ejidal de Chicoasén solicita a la sociedad civil mantenerse informados y manifestar solidaridad con su lucha. De igual forma, convoca a los medios de comunicación, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus redes, a pronunciarse en apoyo a la resolución pacífica de sus derechos.
Al gobierno federal y estatal, exige:
El estricto respeto a sus derechos a la tierra y el territorio, que como pueblo Zoque les corresponde.
Respeto a la suspensión de plano del megaproyecto Chicoasén II.
Cancelación de órdenes de aprehensión y libertad inmediata del abogado Arturo Ortega Luna.
Prevenir acciones de difícil o imposible reparación, o posibles actos de represión, desplazamiento forzado, encarcelamiento injusto e infundado o ejecución de las ordenes de aprehensión libradas en su contra.
Se respete el derecho a la vida e integridad personal física y psicológica de las ejidatarias y ejidatarios del ejido Chicoasén, así como de quienes acompañan la defensa a su territorio.
Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para manifestar su apoyo en la defensa del territorio del Comité Ejidal de Chicoasén.
En la sesión del día de hoy, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad conceder el amparo y protección de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche, a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de soya transgénica.
Esta decisión es un logró histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México. Tal decisión se une a otras previas y que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y la política pública del estado mexicano, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, la consulta debe ser el mecanismo que posibilita la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa.
En los próximos días, la sentencia será notificada y se darán a conocer la totalidad de sus efectos. La y los ministros debatieron sobre el interés jurídico o legítimo que asiste a la parte quejosa, así como los efectos amplios o limitados de la concesión del amparo.
Esperamos que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional y convencional de garantizar una consulta previa, libre e informada, apegada a estándares internacionales.
Por José Adán Silva, IPS Noticias
Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales.
El informe “Canal de Nicaragua. Estudio de Impacto ambiental y Social. Resumen Ejecutivo” lo realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) a solicitud de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN Group), la concesionaria china responsable del proyecto.
El resumen ejecutivo tiene 113 páginas y compendia una investigación cuyo contenido y volumen es desconocido porque ni el gobierno, ni ERM y HKND difundieron integralmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social.
En el documento, ERM asegura que el megaproyecto podría ser beneficioso para el país, siempre que en su concepción, construcción y operación se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia ambiental, económica y social, para lo que hace variados requerimientos.
Pero devela precisos riesgos y amenazas al ambiente de este país centroamericano de 6.1 millones de habitantes y 129.429 kilómetros cuadrados, al que la obra partiría horizontalmente en dos y atravesaría el lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, el segundo mayor cuerpo de agua dulce de América Latina con 8.624 kilómetros cuadrados.
Salvador Montenegro, exdirector ejecutivo del Centro para la Investigaciones en Recursos Acuáticos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, destaca que el resumen del estudio sugiere estudios adicionales en el lago Cocibolca, para evaluar los riesgos al medioambiente y recomendar acciones para mitigarlos.
“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.
El científico nicaragüense fue despedido del cargo en la universidad por alegadas presiones del gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien respalda el proyecto del canal, impulsado por la agencia progubernamental de inversiones que encabeza su hijo Laureano Ortega.
Ahora, Montenegro integra el conglomerado de científicos, académicos, ambientalistas y activistas de la sociedad civil aglutinados en el Grupo Cocibolca, abiertamente opositor al proyecto canalero.
Mónica López, activista del grupo, reseñó para IPS los principales hallazgos dentro del estudio de ERM que, a su criterio, evidencian que la obra abriría las puertas a una catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina.
Según López, ERM concluye que ni HKND ni el gobierno tienen la experiencia y capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud planteada.
Por ello recomienda el respaldo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar daños en áreas sensibles como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Reserva Indio Maíz, el río San Juan, el Cocibolca y reservas periféricas.
“El estudio dice que en situaciones normales, estas áreas usualmente serían consideradas intocables por su fragilidad social y ecológica”, observó López.
ERM sostiene que si no se realizan nuevos análisisy se aplican medidas de protección y mitigación “es probable que los impactos sean significativamente peores”.
Por ello recomendó estudios para medir los riesgos del canal por actividades sísmicas; otro para medir el impacto en el lago del dragado y las amenazas de la introducción de salinidad al agua dulce lacustre, así como otros sobre el riesgo de que el canal reduzca el flujo del lago al río San Juan.
También concluye que “sin acciones enérgicas y continuas de HKND y el gobierno” ni siquiera la Ruta Cuatro —la seleccionada y única considerada viable— tendría un impacto neto positivo para el ambiente que justificaría su construcción.
Con base en el resumen de ERM y en las consideraciones de científicos y expertos locales e internacionales, el Grupo Cocibolca envió una carta al presidente el 26 de octubre, solicitando la derogación de la ley que dio vida al proyecto canalero.
Ortega no ha respondido, pero HKND, a través de sus funcionarios fuera de Nicaragua, anunció la continuación de investigaciones para echar a andar el proyecto, con un costo previsto de 50.000 millones de dólares, la obra de mayor envergadura a nivel mundial en los últimos años.
El asesor jefe del proyecto de HKND, Bill Wild, dijo a medios locales que la empresa realizó “algunas optimizaciones con mayor costo para el proyecto, (para) evitar (y) reducir impactos ambientales y sociales, y minimizar los riesgos”.
Según Wild, los estudios iniciado en 2013 continuarán hasta 2016 y se complementarán con adicionales investigaciones topográficas e hidrológicas, encargados a la empresa australiana CSA Global.
El vicepresidente ejecutivo de HKND Group, Kwok Wai Pang, afirmó al periódico El Nuevo Diario que después de conocer el estudio de ERM “se realizarán más investigaciones a profundidad en la ruta”.
“Durante el estudio de factibilidad llevamos a cabo estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y arqueológicos y colectamos un volumen alto de información sísmica, niveles de agua, intrusión salina, entre otros, para elaborar un diseño conceptual”, aseguró.
También Telémaco Talavera, portavoz de la presidencial Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, minimizó las observaciones de ERM y de ambientalistas.
En diálogo con IPS y otros tres periodistas, se mostró confiado en la capacidad de HKND para “resolver con gran sabiduría cualquier inconveniente que surja, y que son normales en este tipo de proyectos de gran envergadura”.
Más problemas que los ambientales
Pero pese al optimismo del gobierno y HKDN sobre el proyecto, otros factores ajenos al tema ambiental ensombrecen sus perspectivas.
Por un lado, medios especializados aseguraron en septiembre que con la actual crisis financiera en China, el magnate detrás de HKND, Wang Jing, había perdido hasta 84 por ciento de su fortuna, calculada antes en más de 10.000 millones de dólares y reducida ahora a aproximadamente 1.200 millones de dólares.
Por otro, la creciente resistencia de los campesinos asentados en la ruta trazada del proyecto ha dañado el clima internacional para los negocios del grupo, según la activista López.
En el país se han realizado 55 marchas en contra del proyecto. La última convocó, el 27 de octubre en Managua, a campesinos afectados llegados de diferentes partes del país, junto con otros manifestantes, y tuvo gran repercusión en los medios internacionales por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan el megaproyecto.
ERM destaca en su documento que el rechazo social afecta la viabilidad del proyecto.
“El proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales”, advierte el resumen.
Hasta ahora, el gobierno dio el aval a HKND para la expropiación de 2.909 kilómetros cuadrados de tierras sobre la ruta.
La ley del canal se aprobó en 2013, pero fue oficialmente en diciembre del 2014 que arrancó el proyecto, con obras menores en la zona sur del océano Pacífico.
La obra acuática unirá los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta de 276 kilómetros de longitud, 105 de los cuales atravesarán el Cocibolca.
HKDN proyectó que la construcción llevaría cinco años a partir de 2013 y estimó que en 2019 el canal entraría en operación, pero ERM proyecta que la infraestructura no estaría lista en ese plazo.
(VIDEO) Lucha contra Monsanto: Apicultor de Campeche llama a los ministros de la Suprema Corte a votar “por la vida y no por la muerte”
Por Tochtli en La Luna, Hijos de la tierra
Por segunda vez en el transcurso del mes de octubre, tres apicultores del municipio de Holpechén en Campeche, hicieron el viaje hasta la Ciudad de México el pasado miércoles 28 para acudir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por segunda vez fueron invitados a volver otro día. Gustavo Huchín Cahuich, Leydi Pech Martin y Angélica María Ek Canché esperaban conocer por fin la decisión de los ministros sobre la validez de siete amparos otorgados a los apicultores y grupos apícolas de la Península de Yucatán en el 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Amparos que permitieron detener el proyecto de siembra de soya transgénica por Monsanto en miles de hectáreas en la región. Pero los ministros pospusieron su decisión, como lo habían hecho el 7 de octubre. Prefirieron no examinar los 7 amparos de manera separada como era planeado, para poder emitir en una futura sesión una sola sentencia válida para todos.
VIDEO: https://youtu.be/OfisqdIzRwQ
Según Maria Colin, abogada de Greenpeace México quien acompaña la lucha de los apicultores de la Península desde el 2012, el aplazamiento de la decisión de los ministros no es una mala noticia. “Es mejor que examinen los siete amparos en un solo proyecto para emitir una sola sentencia porque hubiera sido muy complicado tener decisiones separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra”, explica.
Ma’ OGM (No OGM en maya)
Para Gustavo Huchín, quien lleva 40 años dedicándose a la apicultura, un saber ancestral heredado de su padre, abuelo y bisabuelo, “eso es desgastante porque venimos de las comunidades y contamos con muy escasos recursos económicos”. Pero al mismo tiempo, es una buena oportunidad “porque mientras más estudian nuestro caso, más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que siga sembrando Monsanto”, dijo en entrevista con Hijos de la Tierra. “Tenemos esperanza y confianza de que los ministros lo van a pensar muy bien, y van a votar por la vida y no por la muerte”, añadió.
En 2012, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) otorgó un permiso a la empresa norteamericana Monsanto para sembrar soya transgénica en 253 000 hectáreas repartidos en siete entidades de México: Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Pero en la Península de Yucatan, donde unas 15 000 familias viven de la apicultura y producen casi 40% de la miel mexicana, la resistencia fue inmediata. Las palabras “MA OGM” (“Ma’” significa “No” en maya – OGM = Organismos Genéticamente Modificados) invadieron los sitios arqueológicos y las parcelas agrícolas de la Península.
Es que la apicultura y la siembra de soya transgénica no pueden convivir. La segunda acaba con la primera ya que implica deforestar y así mismo destruir las plantas donde picotean las abejas, usar plaguicidas que las matan y contaminar la miel con polen transgénico. “Si se sigue deforestando, en poco tiempo ya no habrá montes, ya no habrá selva, entonces se morirían las abejas, ya no podríamos seguir con nuestra tradición de trabajar las abejitas para el sustento de nuestras familias”, dijo Gustavo Huchín. La misma Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) había determinado en 2012 que “no se considera viable” el proyecto de Monsanto “dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatan y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”. Pero la SAGARPA otorgó el permiso a Monsanto sin tomar en cuenta ese argumento.
Violación del derecho a la consulta y a un medioambiente sano
Los amparos interpuestos por los apicultores de la región fueron ganados bajo varios argumentos: no se respetó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya de la Península por lo que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas; se violó el derecho a un medioambiente sano ya que el glifosato (el herbicida usado para la siembra de soya transgénica) es dañino; no se tomó en cuenta el dictamen de la CONABIO en contra del proyecto de Monsanto ni los del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP) que también eran desfavorables.
“Nos enteramos de que se estaba sembrando soya transgénica en nuestras tierras en el 2012 cuando íbamos a vender nuestra miel a Europa y durante un control previo a la exportación fueron detectados dos contenedores con rasgos de soya transgénica, lo que impidió su comercialización”, cuenta Gustavo Huchín. Un 85% de la miel de la Península se exporta hacia Europa, donde no se tolera la presencia de polen contaminado por OGM. La perdida de ese mercado sería fatal por los apicultores.
Los amparos deben ser revisados durante la próxima sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 4 de noviembre. Mientras tanto, la petición subida en Change.org por Gustavo Huchín para detener los permisos de Monsanto para soya transgénica en la península, sigue recolectando firmas. Hasta la fecha más de 73 000 personas se sumieron a su demanda. “Los ministros no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar”, expresaron los apicultores de la Península en un comunicado publicado después de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN. Si los ministros confirman la validez de los amparos y la suspensión de la siembra de soya transgénica en la Península, las autoridades competentes tendrán que hacer respetar esa suspensión, lo que no hicieron hasta la fecha. La siembra ilegal de la soya OGM de Monsanto por productores cooperantes sigue en la región, causando daños a los apicultores y visibilisando la incapacidad de las autoridades de hacer prevalecer los derechos de los pueblos sobre los de las empresas.
documental de Simona Carnino
Maxima Acuña Chaupe tiene arrugas profundas, una pequeña estatura y una voluntad de granito.
Vive a 4200m en los Andes peruanos y en el corazón de Conga, el proyecto de ampliación de Yanacocha, la mayor mina de oro en América Latina, propiedad de la empresa estadounidense Newmont.
Maxima tiene un sueño.
Continuar a vivir entre las montañas.
Yanacocha también tiene un sueño.
Están en juego no sólo los intereses personales, sino la supervivencia de la andina.
Y es por eso que Maxima no abandona su país, a pesar de la violencia física y psicológica que sufre diariamente.