La Puya: Logran que se suspenda la licencia minera de una empresa norteamericana

Por: Prensa Comunitaria. Guatemala

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

 

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

“Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, en consecuencia: se restablece en si situación jurídica a los amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. C) se ordena a la autoridad denunciada cumpla con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio publico, a efecto realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos penales, en virtud de acta numero 45-2011 del código municipal de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. “

 

 

Campaña: para Desmantelar el Poder de las Empresas Transnacionales

Hacia la construcción colectiva de un movimiento global

Reivindicar la soberanía de los pueblos

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La historia y el carácter del poder de las transnacionales: por qué se necesita una campaña sistémica
Durante los últimos 40 años de capitalismo neoliberal, hemos visto a las empresas transnacionales erigirse como importantes fuerzas globales que ejercen un poder económico y político sin precedentes y que no rinde cuentas ante nadie.

Nosotros y nosotras, el 99% de los y las habitantes del planeta, nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1% más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80% del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras.

Muchos de nosotros y nosotras somos conscientes de esta situación y estamos luchando contra el poder de las transnacionales y las injusticias sociales, económicas y ambientales provocadas por este poder.

¿No va siendo hora de adoptar una perspectiva más sistémica y hacer campaña para desmantelar el poder de las transnacionales, poner fin a su impunidad y construir un movimiento que reivindique la soberanía de los pueblos sobre el patrimonio común y sitúe a las personas y la naturaleza por delante de los lucros?

Sitio web de la Campaña

Cinco maneras de obstruir las propuestas de regulación en la ONU

El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar

LaMarea

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // Durante toda esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ha tenido lugar la 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En cumplimiento del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución aprobada hace un año recogía que la misión de este grupo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, los representantes de los países que asistieron a esta reunión —como se trata de un grupo de composición abierta, cualquier país del mundo, sea o no miembro del Consejo de Derechos Humanos, puede participar en él— han expresado sus ideas sobre cómo habría de ser y qué debería incluir un instrumento internacional de este tipo.

 

En esa misma línea, en la ONU también han tenido presencia diferentes expertos, juristas, miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y personas afectadas por las operaciones de las grandes corporaciones. Como Rosiane Mendes, habitante de una comunidad de pescadores del estado brasileño de Maranhão que está sufriendo los impactos de las actividades de la compañía minera Vale: “Estamos aquí, como afectados por las transnacionales, para presentar propuestas a los Estados para llevar a las empresas a la justicia por las violaciones de nuestros derechos”. En representación de la campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la Impunidad, Mendes resumía en su intervención ante el plenario lo que pedimos desde esta plataforma: “Queremos ser consultados, participar en las decisiones y en la fiscalización de las empresas. Para eso estamos hoy aquí en Ginebra: para decir sí al desmantelamiento de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, aunque sin duda es un avance que todas estas voces puedan ser escuchadas en el seno de Naciones Unidas, el proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales va a ser largo y costoso. Así lo apuntan ya las discusiones de esta semana en Ginebra, que permiten divisar un horizonte complicado y lleno de obstáculos para sacar adelante esta iniciativa. Dicho de otro modo: las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Y, para ello, desplegarán estrategias como las siguientes.

Bloquear la discusión. El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar. Así, tras permitir que la embajadora de Ecuador fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas de carácter transnacional y no habla de tratar el Marco Ruggie. Después de una serie de consultas informales y de que todo pudiera finalmente continuar según la senda prevista, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer en toda la semana. Primero, intentó obstaculizar la discusión tratando de llevarla al terreno que le convenía; segundo, viendo que esta estrategia no iba a dar resultado, se quitó de en medio.

Deslegitimar el debate. Ninguna de las grandes potencias estuvo presente en el resto de los debates a lo largo de la semana. Además de la Unión Europea, que solo participó al principio de la discusión para tratar de bloquearla y nunca más volvió a la sala —solo uno de sus países miembros, Francia, mantuvo allí un representante, que en ningún momento llegó a intervenir—, Estados Unidos, Japón y Canadá ni siquiera hicieron acto de presencia. Es decir: los mismos países que hace un año se opusieron a que la resolución saliera adelante no iban a permitir ahora que con su participación se avalase un proceso que pudiera perjudicar los intereses de las corporaciones transnacionales. Una estrategia de deslegitimación: dejemos que los países del “eje del mal” hablen entre ellos —Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela fueron de los más activos a la hora de exigir una normativa internacional vinculante para las grandes empresas— para, cuando llegue el momento y sea necesario, contraatacar diciendo que los resultados que pueda obtener el grupo de trabajo no son representativos porque solo habrán tenido en cuenta a unos pocos países.

Eternizar el proceso. La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Recordemos: la resolución para crear este grupo de trabajo se aprobó en 2014; este año acaba de producirse la primera sesión de debates y el que viene tendrá lugar la segunda; en 2017 tendremos una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos intentos de bloqueo por medio, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y disposiciones adicionales. De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión Europea y Estados Unidos negocian los acuerdos comerciales y de inversión —con un TTIP que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, veamos todos los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…) y ese tratado de “libre comercio” de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) que ya solo está pendiente de ser traducido a todos los idiomas de la Unión para ser ratificado—, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones por todos lados.

Aprovecharse del pluralismo. Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las personas y colectivos contrarios a sus posiciones. Tenemos un ejemplo de ello en las decenas de foros oficiales sobre “responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media: mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes hemos tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestros argumentos en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el procedimiento.

Fomentar la captura corporativa. Esta 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental se llevó a cabo en la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. A la entrada de dicha sala, una placa recuerda quién sufragó su restauración en 2008: el gobierno español —que pagó la cúpula de Miquel Barceló en parte con dinero de la cooperación internacional, concretamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)— y una fundación creada al efecto por las grandes multinacionales españolas. Es un hecho muy simbólico, como lo es que todo el sistema de telecomunicaciones y megafonía de la sala esté lleno de logotipos de Telefónica, que revela hasta dónde llega la penetración empresarial en el seno de Naciones Unidas: las mismas empresas que son objeto de estudio del grupo de trabajo han sido las que han costeado las obras de reforma de la ONU donde luego se discute sobre ellas. Desde que en 1927 Rockefeller financiara la biblioteca de la Sociedad de Naciones que aún hoy sigue funcionando en su sede de Ginebra, hasta que Kofi Annan presentase en 1999 el Global Compact en el Foro Económico Mundial de Davos con el aval de las mayores transnacionales del planeta, pasando por todo el fomento de las “alianzas público-privadas” y el “capitalismo inclusivo” del que ha hecho gala la ONU en la primera década de este siglo, esta organización multilateral ha sufrido un innegable proceso de “captura corporativa”.

Los lobbies empresariales, apoyados por los gobernantes de los Estados centrales, van a hacer todo lo posible por descarrilar este proceso. Ya lo hicieron en las tres últimas décadas del siglo pasado, impidiendo la creación de un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones y desplazando el debate al terreno de la RSC y la voluntariedad, tal y como nos cuenta Alejandro Teitelbaum en su libro La armadura del capitalismo. Frente a ello, siguiendo a este jurista —que trabajó durante muchos años representando a diferentes organizaciones sociales ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y conoce bien cómo (no) funcionan los mecanismos de Naciones Unidas—, habremos de centrarnos en un objetivo fundamental: “Que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema del poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y que comprenda que la solución no es individual, sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Chiapas: Ecocidio en el Río Santo Domingo

Texto y fotos: Jeny Pascacio
tierradetodas.mx

Era caudaloso y a las orillas adornaban los árboles frutales, así era el río Santo Domingo hace 40 años, según relatan los habitantes más longevos de las riberas. “Hace 40 años cuando no había ninguna draga a la orilla del río, antes de que la gente cambiara el amor a la naturaleza por la ambición al dinero”.

Al 2015, la contaminación y la extracción de arena han provocado la pérdida de árboles como el Amate, Ceibas, Sauces, Tamarindos, Limoneros; y fauna como nutrias y anguilas.

 

Los concesionarios desvían el cauce del río para beneficiarse de la arena. Los habitantes denuncian corrupción por parte de funcionarios en Conagua y Profepa.

No basta con la extracción de arena, la empresa Pepsico deposita sus desechos en el río a un kilómetro de la bomba de Smapa que abastece de agua a Tuxtla Gutiérrez. Es la triste realidad del río Santo Domingo, ubicado a unos minutos de la capital del estado.

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Testimonios y balances desde los movimientos sociales sobre la crisis del estado guatemalteco “copado” por la corrupción

“Esto apenas empieza”

Radio Mundo Real
“En estas condiciones, no queremos elecciones” voceaban los participantes de un Plantón Ciudadano de cinco días frente al Congreso guatemalteco en la ciudad capital, reclamando la suspensión de los comicios en ese país, previstos para el mes de octubre próximo y al mismo tiempo la aprobación de una propuesta de reforma constitucional emanada de la indignación generalizada por una red de corrupción que alcanza los principales círculos del presidente Otto Pérez Molina.

El Plantón Ciudadano fue una iniciativa de la Asamblea Social y Popular en la que se articulan desde el mes de abril los movimientos indígenas, campesinos y garífunas (afros), autoridades ancestrales mayas, estudiantes y otros sectores, reclamando la renuncia de los cuadros de gobierno implicados en la corrupción constatada por una comisión investigadora oficial.

Sus principales demandas del Plantón, que contó con la participación de hombres y mujeres de toda Guatemala, buscó presionar a los diputados para la aprobación de algunas reformas que hacen al sistema político y electoral.

Las peticiones del “Plantón de la Dignidad” incluyen la creación de un régimen de representación política equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales. Exige también que se elimine el financiamiento privado a los partidos políticos, “para que estos no tengan que pagar la factura a sus financistas con dinero del pueblo de Guatemala”.

Que se garantice el acceso equitativo a los medios de comunicación para todas las organizaciones políticas, evitando de ese modo contratos millonarios con los monopolios televisivos y radiales. Que se permita la creación de Comités Cívicos distritales que puedan proponer candidatos a diputados por su distrito, la limitación de reelección de Diputados y alcaldes municipales y permitir el voto nulo a la presidencia de las comunidades. El Petitorio del Plantón puede consultarse en forma íntegra en archivo adjunto a este reporte.

“Mayas, xincas, mestizos, campesinos y obreros, artistas y escritores, estudiantes y maestros, profesionales y académicos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del campo y la ciudad, de distintos pueblos, regiones y luchas del país, llegamos y nos mantuvimos en El Plantón. Acompañados de nuestros compañeros y compañeras de vida, de nuestros padres, hermanos, hijos e hijas, como parte de los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Social y Popular, llegamos y nos mantuvimos en lo que estamos convencidos ha sido El Plantón de la Dignidad”, señala el Balance Político del Plantón.

Y agrega: “Fiesta y ceremonia, juego y fraternidad, encuentro y esperanza, espíritu de lucha y compromiso, se vieron expresados en discursos y consignas, música y baile, comunicados y mantas, diálogos y debates, en los cuales mujeres y hombres, honrados y trabajadores, llegamos a realizar este Plantón de la Dignidad durante el día y la noche, como acción política para avanzar en la transformación política, social y ética del Estado y la sociedad guatemalteca”.

“Tenemos una democracia comprada y queremos una democracia real y participativa, con representación equitativa, porque esta crisis lo que demuestra es que el actual formato del estado caducó”, dice aRadio Mundo Real Sandra Morán, desde el Plantón. Sandra hace parte de la Alianza Política Sector de Mujeres.

Luego escuchamos a Carlos Díaz, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos (USAC) que explica quiénes y porqué surge la Asamblea Social y Popular y de no ser tomadas en cuenta sus propuestas iran a buscar a los diputados a sus casas.

Seguidamente Daniel Pascual de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) también habla sobre las redes de corrupción que han operado y que han sido descubiertos y como el gobierno del Partido Patriota, conformado por varios ex militares vinculados a la dictadura y el genocidio contra los pueblos originarios ha criminalizado y reprimido a los pueblos para satisfacer intereses de empresas nacionales y transnacionales.

Por último, Rosalina Tuyuc habla sobre la manifestación pacífica en el Congreso e intimidaciones a personas y dirigentes que son parte del Platón. Todos son integrantes de la Asamblea Social y Popular y su testimonio puede escucharse en audio adjunto. Los testimonios fueron recabados por el Equipo de Comunicación de la Organización CEIBA (Amigos de la Tierra Guatemala).

Descargar audio
http://www.radiomundoreal.fm/IMG/mp3/info_especial_planton_guatemala.mp3

22 de julio: DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

ALDEAH

Tanto en el sur como en el norte, las empresas mineras saquean las tierras agrícolas y los bosques, contaminan y acaparan el agua, desplazan y expropian a poblaciones Tanto en el norte como en el sur, la rarefacción de los metales acelera su extracción. Por algunos gramos de metal, nuestros gobiernos sacrifican nuestros territorios en el altar del productivismo y de sus avatares. Con promesas de empleo, con un aumento del ingreso fiscal y algunas décimas de crecimiento económico, nos quieren convencer de aceptar esta demencia y de creer en las minas limpias y responsables, cuando bien sabemos que donde hay mina hay miseria y desolación. En todas partes de la tierra, somos cada vez más numerosos en haber decidido defender nuestros hogares y rechazar esta fatalidad.

En el marco del día auto-gestionado de lucha contra la megaminería, por la defensa de la vida y del agua (22 de julio), este año, como cada año, nos auto-convocamos para decir alto y fuerte:

NO a la minería que utiliza productos tóxicos como el cianuro y el ácido sulfúrico que contamina el agua potable y agrícola, el aire y los suelos afectando gravemente la salud de los habitantes aledaños,

NO a las megaminas que generan cada año centenas de millones de desechos tóxicos cuya contaminación perdura por siglos.

NO a las minas a cielo abierto que destruyen los ecosistemas, las zonas agrícolas, los bosques, los glaciares, que provocan patologías incurables, dejan atrás paisajes lunares y amenazan la soberanía alimentaria

NO, también a las minas subterráneas que hacen surgir de las entrañas de la tierra a los elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos,

NO a esta industria que mata, poco a poco y a grandes pasos a millares de campesinos expulsados de sus tierras, privados de agua o convertidos en mineros por obligación,

NO  a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión al infinito de las zonas de sacrificio

NO a la criminalización de la protesta y a la represión que se abate casi sistemáticamente sobre los que se atreven a decir NO,

NO a las mentiras de los magos de la aceptancia social que no se cansan en tratar de demostrar que los proyectos destructores pueden ser « limpios », « verdes » y « responsables »,

NO a la sed de ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay otra alternativa

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO

! SI A LA VIDA !

! SI A LA AUTONOMÍA Y A LA ARMONÍA !

! Decidamos nuestro futuro y el de nuestros hijos !

Solidarios con todas las luchas, invitamos a la población a movilizarse en sus territorios amenazados por los proyectos mineros y también llamamos a todos aquéllos que se sienten comprometidos y solidarios con las víctimas de la minería, aquí y en todas partes. Durante las dos últimas semanas de julio manifestemos, informemos, organicemos la resistencia. Juntémonos con las movilizaciones organizadas cerca de nuestros lugares. Festivales, mítines, acciones simbólicas, grandes o pequeñas, con 5, 100, 1000 o 100 000, delante de los centros de poder o las embajadas de los países de origen de las empresas responsables de nuestros males, en los lugares amenazados o testigos de la destrucción, en la web, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, por todos los medios ahí donde podamos, marquemos nuestra oposición a esta industria mortífera.

! Porque podemos vivir sin megaminería ! Porque no existe la fatalidad !

Este llamado no responde a ninguna bandera política. Las movilizaciones son auto-gestionadas en su totalidad. En el 2014, más de 25 movimientos de resistencia en 20 países distintos participaron en el día mundial.

Detalle de los eventos, informaciones y más: http://www.aldeah.org/es/22-de-julio-2015-dia-mundial-contra-la-megamineria

Con Esperanza Salazar (M4): encuentro de resistencias al modelo extractivo minero

Daño precoz

Radio Mundo Real

El Salvador fue el centro de la reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) durante los días 27 al 29 de junio, encuentro en el cual se trazaron líneas de acción comunes a las distintas resistencias que tienen lugar desde México hasta Panamá, relató Esperanza Salazar, participante del mismo.

“Hemos visto cómo los daños han ido en aumento, como es el caso del Valle de Siria en Honduras a partir de diez años de la instalación del proyecto; en cambio en México ya los efectos comenzaron a percibirse desde el quinto año”, dijo Esperanza.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del M4 y se elaboró una nueva estrategia regional del periodo 2016-2019.

Esperanza destacó el creciente número de territorios libres de minería en varios países, lo cual se evaluó es una táctica efectiva para el mojonamiento de las resistencias.

Esperanza fue entrevistada por el equipo de comunicación del M4 y Radio Temblor de Panamá, presentes en el cónclave. “Es falso pensar que porque sea el Estado o el gobierno quien va a explotar una mina, los perjuicios para las comunidades pueden ser menores”, dijo la activista mexicana, integrante de Bios Iguana.

Escucha la entrevista con Esperanza Salazar

Revista América Latina en Movimiento 505

Revista No.. 505 – Junio 2015

Francisco y los movimientos populares – Tierra, Techo y Trabajo

Contenido:

El Papa Francisco y los movimientos populares
La importancia de una aproximación histórica

João Pedro Stedile
 
La exclusión en el capitalismo contemporáneo

Juan Grabois

Tiempos de resistencia ética

Osvaldo León

Base material y espiritual

Tierra y territorio para el desarrollo del Vivir Bien

Diego Montón y Deo Carrizo

¿A quién sirve el caos climático?

Silvia Ribeiro

La reforma política, la corrupción y el derecho a la ciudad

Eduardo Cardoso

Sobre la autogestión

Walter De los Santos

Acerca de la Economía Popular

Romina Chuffardi, et al.

 

Laudato Si’: sobre el cuidado de la casa común

Un llamado a la conversión ecológica

ALAI

Visitar y DESCARGAR

 

DECLARACIÓN EL SALVADOR 2015 ACTIVISTAS CONTRA LA INCINERACIÓN Y POR PROGRAMAS DE BASURA CERO

Activistas contra la Incineración y por Programas de Basura Cero
El Salvador, Junio 2015

Representantes de organizaciones sociales, ambientales, comunidades de base y recicladores pertenecientes a México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Chile y Estados Unidos, luchando en pro de la vida y la sustentabilidad del planeta, reunidos en el Ecocentro Animas de CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, acordamos:

1.-Animar en todos los municipios la gestión sustentable de desechos y residuos a fin de evitar la generación de basura, partiendo de los principios de Basura Cero.

 

2.-Fortalecer todos los esfuerzos de reducción, reutilización, reciclaje, compostaje, lombricultura y biodigestión, en particular todos aquellos que son promovidos por cooperativas, asociaciones, sectores con menos recursos económicos y recicladores de base.

3.-Apoyar a los recicladores de base en general y a aquellos organizados en cooperativas, asociaciones, etc., en su lucha por la dignificación de su trabajo, y exigir a las autoridades implementar las condiciones para ello.

4.-Promover el manejo de los residuos y desechos lo más cerca de su lugar de origen, evitando su transporteirracional y contaminar a comunidades vulnerables.

5.-Manifestar nuestro apoyo solidario a todos los grupos que están siendo reprimidos por autoridades o grupos militares afines a las cementeras, como es el caso de nuestros compañeros y compañeras de Guatemala.

6.-Motivar a las autoridades municipales y del gobierno central a que pongan sus esfuerzos en una gestión de residuos y desechos que sea armónico con la naturaleza y los seres humanos; recordando que los bienes que no se pueden reciclar, reutilizar o compostar no deberían ser producidos.

Es así como:

Rechazamos todo proyecto de incineración, en particular de residuos tóxicos y peligrosos, así como la práctica de las empresas cementeras de utilizar sus hornos para quemar desechos y residuos.

Condenamos la práctica de las corporaciones de querer disfrazar algunos procesos térmicos dañinos como soluciones limpias con el ambiente.

Exigimos la revisión de leyes ambientales acorde al derecho a un medio ambiente sano.

***

Firman la declaración: CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Red Latinoamericana de Recicladores, Hacia Basura Cero Costa Rica, Ecolur Compostaje Doméstico Costa Rica, Basura Cero Puerto Rico / Sierra Club Puerto Rico, Revuelta Verde México, Frente Ciudadano contra la Incineración México, Solidaridad Internacional Kanda-Sikanda México, Red NICA Nicaragua, Colectivo Voces ecológicas COVEC

 

Encuentro de activistas contra la Incineración y por Programas de Basura Cero, en CESTA El Salvador

 

Activistas realizan campaña en la ONU a favor de tratado vinculante de derechos humanos

COMUNICADO DE PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional – 2 de julio de 2015

Ginebra (Suiza) 2 de julio de 2015 – Defensores de los derechos humanos y ambientales que participarán en una importante reunión de la ONU encargada de redactar un tratado vinculante que reglamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas están instando a todos los países a que trabajen para lograr protecciones efectivas de los derechos humanos.

La primera sesión del ‘Grupo de Trabajo Intergubernamental’ sobre empresas transnacionales se celebrará en Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015.[1]

Amigos de la Tierra Internacional y otros activistas de la Campaña para Desmantelar el Poder de las Empresas y la Alianza del Tratado, una creciente alianza mundial de grupos de la sociedad civil, están realizando campaña para lograr un tratado internacional legalmente vinculante para prevenir e indemnizar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. [2]

Hace diecinueve años Ken Saro-Wiwa y otros líderes del pueblo Ogoni fueron ejecutados en Nigeria por movilizarse y oponerse al impacto de las empresas petroleras que operan en Ogonilandia, entre ellas Shell. Hasta ahora no se ha hecho justicia. Un nuevo tratado vinculante de derechos humanos haría mucho para prevenir una injusticia como esa en el futuro”, afirmó Godwin Ojo, director ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria / Environmental Rights Action.

Las directrices voluntarias existentes sobre las empresas y los derechos humanos no brindan acceso a la justicia ni indemnización a las víctimas de violaciones cometidas por empresas, según Amigos de la Tierra Internacional, que defiende un sistema jurídicamente vinculante que coloque a los derechos humanos por encima de los privilegios de las empresas y de la impunidad que otorgan los regímenes de ‘libre comercio’ y los derechos a los inversores.

Esta reunión podría ser fundamental para lograr normas jurídicamente vinculantes para las empresas trasnacionales y para poner fin a la actual impunidad si los Estados miembros de la ONU demuestran una clara voluntad política. Los delitos de las empresas no deberían quedar impunes. Se necesita urgentemente un tratado vinculante para brindar indemnización a las víctimas y restablecer su sustento y sus ecosistemas dañados por las empresas trasnacionales. También debemos responsabilizar jurídica y penalmente a las empresas y sus directores por las violaciones de los derechos humanos”, afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Miles de personas se están movilizando en todo el mundo a favor de este tratado. Del 6 al 9 de julio representantes de movimientos sociales y pueblos afectados ocuparán la Plaza de las Naciones en Ginebra para ser testigos de qué países defenderán los derechos humanos y cuáles protegerán a toda costa a las empresas trasnacionales que los violan”, añadió.

La Unión Europea (UE) se ha opuesto a elaborar un tratado vinculante desde que se presentó una resolución para hacerlo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha señalado públicamente que no participará en el debate. A pesar de que el Parlamento Europeo emitió una declaración de apoyo al proceso del grupo de trabajo intergubernamental para establecer normas vinculantes para las empresas, la UE ha impuesto condiciones que deben cumplirse antes de participar. Esto contrasta con el modo agresivo en que la UE defiende los derechos de las empresas a través de tratados de libre comercio, por ejemplo en las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la UE y Estados Unidos. A pesar de ello, muchos países participarán en la reunión histórica que se celebrará del 6 al 10 de julio, entre ellos Suiza y la mayoría de los países de América Latina.

Campañistas de Amigos de la Tierra Internacional que están observando la reunión en Ginebra están a disposición para realizar comentarios sobre los acontecimientos de la reunión de las Naciones Unidas. Una delegación de representantes de Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Francia, Holanda, Indonesia, Nigeria, Suiza y Uruguay participarán en la semana de movilizaciones en Ginebra, organizada por la Campaña Mundial para Desmantelar el Poder de las Empresas. [3]

El miércoles 8 de julio de 13 a 15 horas, Amigos de la Tierra Internacional organizará un evento paralelo denominado “Delitos ambientales y violaciones sistémicas de los derechos humanos cometidos por las empresas trasnacionales” en la Sala IX del Palais des Nations en Ginebra.

NOTAS

[1] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

 

Durante el 26° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en junio de 2014 se creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre el establecimiento de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El grupo tiene el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” (res 26/9).

 

[2] Para más información: http://www.treatymovement.com/statement

[3] Para más información: http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=6699

Las diez amenazas del pacto secreto TiSA al sistema financiero mundial

La última filtración de Wikileaks sobre el Acuerdo de Comercio de Servicios que 51 países están negociando en absoluto secreto, y cuyo contenido pretenden mantener oculto incluso cuando ya esté en vigor, demuestra que si sus cláusulas se ponen en práctica la economía internacional afrontará un claro e inminente peligro de sufrir un colapso global incluso más profundo que la Gran Recesión de la que aún no hemos salido

Ya no cabe duda de que el acuerdo secreto TiSA entre medio centenar de países (incluidos varios paraísos fiscales) pretende volver a la situación de casino bursátil neoliberal que provocó en 2007 la Gran Recesión global que aún estamos pagando. Pero hasta que Wikileaks no ha revelado el contenido de las actas top-secret de las negociaciones sobre ese pacto internacional, no se ha podido saber que sus cláusulas, en beneficio de las grandes corporaciones, suponen un verdadero peligro de que el sistema financiero internacional vuelva a colapsarse.

El observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional Public Citizen Global Trade Watch, con sede en Washington, DC, ha analizado exhaustivamente tanto el texto central de ese Trade in Services Agreement (TiSA) como la última versión de su Anexo sobre Servicios Financieros –a 15 de abril pasado– y ha identificado las diez grandes amenazas que presenta para el sistema de regulaciones financieras que los gobiernos y organismos internacionales han levantado para impedir otro crash como el que hundió a Lehman Brothers y generó la crisis de la que aún no hemos salido.

El pasado 3 de junio, Público reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Pero más todavía: los gobiernos quedarán atados por las cláusulas del TiSA en cuanto a los productos financieros ¡que todavía no han sido inventados! (Artículo X.9 del Anexo) y con respecto a bancos extranjeros que todavía no han comenzado a operar dentro de sus territorios respectivos.

Además, según el análisis de Public Citizen, el TiSA expandirá las misma reglas de liberalización financiera que se impusieron por consejo de los grandes bancos antes de la crisis, obligando a las legislaciones estatales a adecuarse de nuevo al ahora desacreditado y rechazado modelo de extrema desregulación que condujo a la recesión global. Cualquier gobierno firmante del TiSA que no modifique sus directivas financieras para cumplir las cláusulas secretas del acuerdo se arriesga a ser sometido a sanciones comerciales indefinidas, autorizadas por un tribunal de arbitraje extrajudicial, hasta que vuelva a la senda de la desregulación.

En concreto, éstas son las diez mayores amenazas que presenta el TiSA, según el investigador Ben Beachy de Public Citizen:

1. Restringir las medidas equitativas para limitar riesgos financieros

Las reglas de «total acceso al mercado» que impone el TiSA entran en conflicto con todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican equitativamente a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas expone a los gobiernos a demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales meramente por limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global.

2. Permitir la exportación de datos sensibles de los consumidores

Pese a la creciente preocupación de los gobiernos por la sustracción y el mal empleo de datos privados, así como los escándalos del espionaje político e industrial de las comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TiSA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores a través de las fronteras, pudiendo ubicarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones fiscales o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.

Estas cláusulas del TiSA están, además, en contradicción y violación de las actuales leyes de protección de datos en vigor en la Unión Europea y en muchos otros de los países firmantes del acuerdo.

3. Obligar a los gobiernos a predecir todas sus futuras regulaciones

El TiSA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si «inadvertidamente modifican las condiciones de competencia» en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, e impone a los gobiernos la obligación casi imposible de cumplir de anticipar todas las posibles regulaciones financieras –incluidas las que regularían servicios o productos todavía no inventados– que pudieran afectar de alguna manera en el futuro a las corporaciones extranjeras.

4. Prohibir indefinidamente toda nueva regulación financiera

Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna manera limiten la desregulación absoluta establecida por el TiSA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a lo que ya está en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de «trinquete» (ratchet, en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros. Así se impone una escalada de las políticas neoliberales en todos los aspectos de los mercados financieros.

5. Prohibir los controles de capital usados para mitigar la crisis

Tras el crash de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas de que para mitigar la crisis son necesarios los controles de capital –regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo caliente hacia o desde un país– que impidan la especulación desorbitada. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.

6. Exigir la aceptación de productos financieros aún no inventados

Los firmantes del TiSA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros –del estilo de los CDS o CDO cuya desregulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EEUU– si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, sólo demuestran ser tóxicos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.

7. Permitir todas las reglas financieras vigentes en otros países

El TiSA pretende que las compañías financieras internacionales estén exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EEUU), un proceso conocido como «recognition«. De esta manera, los gobiernos renuncian a regular las finanzas y aceptan externalizar la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera de sus propios mercados.  Al mismo tiempo, el TiSA ni siquiera prevé una armonización de los estándares financieros de los diferentes países, de forma que los firmantes pueden verse obligados a aceptar prácticas financieras vigentes en paraísos fiscales que también participan de este acuerdo.

8. Permitir que las empresas paralicen la aplicación de regulaciones

Una de la cláusulas propuestas en el Anexo de Servicios Financieros del TiSA prevé que los gobiernos tengan que publicar de antemano todos los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor con el que las grandes corporaciones multinacionales podrán desplegar su poderío de lobbies y gabinetes de abogados para paralizar la aplicación de esas regulaciones hasta que estén preparadas para burlarlas o hayan desarrollado nuevos métodos de hacerlas ineficaces.

9. Prohibir preferencias públicas nacionales para los contribuyentes

Los gobiernos firmantes del TiSA no podrán establecer preferencias de instituciones bancarias o compañías de sus propios países ni siquiera cuando se trata de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. El TiSA obliga a aceptar la competencia de los bancos de otros países, en los que los reglamentos de capitalización pueden ser mucho más laxos y, por tanto, carecer de las salvaguardas vigentes en el Estado afectado.

10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones

El lenguaje adoptado por el TiSA en cuanto a las «medidas prudenciales» adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. Además, el TiSA incluye una cláusula que impedirá a los firmantes tomar medidas prudenciales que contradigan el contenido de ese acuerdo secreto, dejando a los gobiernos inermes frente a los desafíos legales de las multinacionales.

En definitiva, de lo que se trata es de que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder omnímodo de las compañías financieras internacionales… a pesar del tremendo peligro de que eso provoque una crisis global todavía peor que la que estamos padeciendo.

El TiSA obligará a los Estados a hacer leyes que cumplan sus pactos secretos

Alerta: hostigamiento de hidroeléctrica a defensora de derechos humanos en Puebla

Por medio de la presente, las comunidades, luchas y organizaciones que formamos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), queremos hacerle saber que:

Primero.- Que estamos enterados del clima de hostigamiento que ha venido generando la empresa Deselec-Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla después de que el pasado 14 de junio, constituidas en Asamblea, las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaran el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 sobre las aguas del Rio Ajajalpan.

Segundo.- Que Silvia Villaseñor, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario “IMDEC” son parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) y que todos quienes somos la REMA nos tomamos seriamente la seguridad y el prestigio de nuestros compañeros y nuestras organizaciones.

En este sentido, desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañanan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡FUERA COMEXHIDRO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA!

 

PRONUNCIAMIENTO IMDEC

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1    

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó la siguiente nota de prensa que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

1.    Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

2.    Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)