ANÁLISIS

Berta Cáceres: «Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente»

Publicada el 10/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

-Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014

-Berta Cáceres, Premio Goldman del Medio Ambiente, lideró una campaña para paralizar la construcción de una presa en Honduras y sufre constantes amenazas por defender esta causa

-El 40% de los asesinatos se producen en Centroamérica y están relacionados con megaproyectos hidroeléctricos, extractivos, tala y agroindustria

Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

«Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo», afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

«Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país», cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación «¿Cuántos más?» señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

«En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada», explica Cáceres, que denuncia cómo en su país «el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas».

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ( OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. «Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia», sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, «un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente». O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

«En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar», destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… «Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas». Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.

«Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización», alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.

«Tuve que hacer muchas cosas para protegerme»

Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. «No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados».

Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes «denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes». Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como «enemigos del Estado».

Berta ha sido acusada de «ser un peligro para la seguridad del Estado», o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. «Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar».

«Nuestras luchas se invisibilizan»

Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. «Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos», denuncia.

Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, «otorgados ilegal e ilegítimamente», apunta. «Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito».

En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: «Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta».

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

Publicada el 08/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Energía, caos sistémico y producción de lo común.

Por: Emiliano Terán Mantovani, alainet.org

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad”[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas
– BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. Agencia Latinoamericana de información. 11/03/2009. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/29366. Consultado: [17/05/2015].
– FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011.
– HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015].
– MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. Rebelión. 05-02-2015. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].

Notas:
[1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff.
[2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano.
[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42
[5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza.
[6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance.
[7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20
[8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”.
[9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo.
[10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12

Celac-UE: Nuestros derechos no son negociables

Publicada el 08/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional

IPS Noticias

El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”. Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios para las grandes empresas.

Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.

Tratados que son “caballos de Troya”

Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.

Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.

Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.

La razón que se emplea normalmente para justificar estos derechos empresariales tan exagerados es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.

Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre 55 por ciento de todas las diferencias entre inversores y Estados conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.

Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.

Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.

Cambio de rumbo

Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya. Por ejemplo, organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.

También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.

Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal. En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.

Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.

Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.

Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.

Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Publicada el 05/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

“Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

“Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina, y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

AU: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño

Publicada el 05/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

RedTDT

Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente:

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo, Omar Esparza, viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en abril de 2010, obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de cinco años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Explosión de fracking en México, apenas el comienzo

Publicada el 04/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.

nofrackingmexico.org

Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).

El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.

A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.

Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.

Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.

Continúan las violaciones a los derechos humanos del luchador social Victor Andrés Cruz Chi

Publicada el 03/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Víctor Andrés Chí es un luchador social en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Desde el 2013 que inició su lucha junto con la comunidad indígena de Zacualpa contra el proyecto minero en el estado de Colima, no ha dejado de recibir, al igual que su familia, amenazas de muerte, intimidaciones, persecución, vigilancia policiaca, intercepción de su celular y hasta ha sido desplazado de su trabajo. El Sr. Cruz Chi ha tenido que abandonar el estado en varias ocasiones para resguardar su vida, protección que el gobierno del estado, lejos de garantizar su seguridad, lo persigue, lo amenaza y le imputa acusaciones absurdas como “terrorismo” entre otras acusaciones falsas.

El Sr. Cruz Chi, miembro de la organización Bios Iguana., A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se ha entrevistado ya con las autoridades del estado y con el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ha interpuesto denuncias y antecedentes de los hechos a las instancias correspondientes. Sin embargo, el gobierno del estado se esfuerza por enrarecer aún más el clima preelectoral bastante difícil para la entidad y otros estados del país.

Exigimos el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos de Colima. Responsabilizamos de cualquier daño físico y moral contra el Sr Cruz Chi y su familia, a Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima; a Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; y a Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ALTO A LA PERSECUCIÓN DE DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLIMA

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2 de junio de 2015

-Revista Proceso: Denuncian amenazas de muerte contra activista en Colima

-AMENAZAN A LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN BIOS IGUANA, A.C. POR CASO ZACUALPAN, COLIMA

Cambio climático: armando la trampa

Publicada el 03/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Silvia Ribeiro, La Jornada

Aumenta el caos climático, con tormentas feroces fuera de tiempo y lugar, inundaciones donde no las había, sequías interminables, olas de frío o calor extremo, todo con impactos terribles para la gente común y peores para los más vulnerables.

Sus causas están claras: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. Urge cambiar el modelo y reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, única solución real. Pero con el poder económico de las industrias beneficiadas y los enormes subsidios que reciben de los gobiernos –a quienes retornan el favor apoyando sus campañas políticas– cambiar o reducir realmente no está en la agenda.

En lugar de ello, están armando una trampa global para seguir con sus negocios como siempre, aparentando que hacen algo para enfrentar la crisis. Su apuesta de frontera es la geoingeniería: manipular el clima para tapar el sol y bajar la temperatura, remover los gases de la atmósfera por medios tecnológicos y enterrarlos en fondos geológicos, cambiar la química de los oceános, blanquear las nubes, entre otras. Serían nuevas fuentes de negocios: seguir calentando el planeta y vender la forma de enfriarlo.

Como todo en geoingeniería es de alto riesgo, razón por la cual está bajo una moratoria en Naciones Unidas, la maniobra es comenzar por algunas técnicas, para luego legitimar el paquete. Las que empujan ahora, ante la inminencia de un nuevo acuerdo global sobre el clima que se prevé tomar en París en diciembre 2015, se llaman CCS y BECCS, por sus siglas en inglés, en castellano «captura y almacenamiento de carbono» y «bioenergía con captura y almacenamiento de carbono». Ambas vienen de la industria petrolera, que no las usa porque no son económicamente viables.

No es cualquier industria, es la más poderosa del globo. De las 12 mayores empresas del planeta, ocho son de petróleo y energía, dos son comerciantes de alimentos y dos fabricantes de automóviles (Fortune, 2015). Son los sectores que según expertos son los principales causantes del cambio climático. Sólo 90 empresas de petróleo, energía y cemento (la mayoría privadas) son responsables de dos tercios de los gases de efecto invernadero emitidos globalmente desde 1850 (R. Heede, 2014)

Las industrias de petróleo y energía manejan una infraestructura de 55 billones de dólares en todo el planeta. Tienen reservas aún no explotadas estimadas en 25-28 billones de dólares. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, mayo 2015) agregó que los gobiernos subsidian a esas industrias con 5.3 billones de dólares anuales, o como calculó el diario británico The Guardian, 10 millones de dólares por minuto, durante todos los días del año 2015. Un monto mayor que los gastos de salud sumados de todos los gobiernos del mundo.

La suma estimada por el FMI incluye subsidios directos e indirectos, como los enormes gastos de salud y ambiente imputables al uso de combustibles fósiles. El informe fue contestado por fuentes empresariales, alegando que son subsidios al consumo y que otros combustibles también tienen impactos. Pero aún restando lo que le disputan, se trata de cifras exorbitantes para las empresas más contaminantes y ricas del planeta. La reforma privatizadora de la energía en México, contribuye también a subsidiarlas.

Obviamente, la industria no va a renunciar a sus inversiones y tampoco a los subsidios. Por eso, la geoingeniería es para ellas una solución perfecta: seguir calentando el planeta y cobrar por enfriarlo.

A la captura y almacenamiento de carbono (CCS) le llamaban antes Enhanced Oil Recovery (recuperación mejorada de petróleo). Se trata de inyectar dióxido de carbono (CO2) a presión en pozos de petróleo explotados, empujando las reservas profundas hacia la superficie. No se usa porque es cara y lo extraído no compensa la inversión.

Ahora, con el mágico cambio de nombre a CCS, afirman que al dejar el CO2 en los pozos, se retira de la atmósfera y es una medida contra el cambio climático –que debe recibir créditos de carbono. Sostienen que así contrarrestan emisiones de carbono de actividades contaminantes y el resultado dará «emisiones netas cero». Con BECCS serían incluso «emisiones negativas», porque se plantan al mismo tiempo extensos monocultivos de árboles u otras plantas, que absorban carbono y así la suma daría negativo.

No hay ninguna prueba de que funcionen y los riesgos ambientales, sociales y de salud de intentarlo son muy altos: no hay certeza de que el CO2 permanezca en el fondo, el escape es tóxico para plantas, animales y humanos, contamina mares y acuíferos. Las grandes plantaciones son una pesadilla, hay movimientos contra ellas en todos los continentes, compiten con la producción alimentaria, por tierra y agua, desplazan comunidades, devastan ecosistemas.

Además, instala una nueva forma de acaparamiento de tierras, ahora subterránea, ya que no todos los terrenos son aptos para almacenar carbono. Es muy preocupante que empresas y gobiernos promotores de CCS ya han elaborado Atlas de almacenamiento geológico de CO2, que facilitarán ese acaparamiento. Existen para Norteamérica, Europa y México, éste último financiado por la Secretaría de Energía.

Shell ya está diciendo que se debe pagar a las petroleras para salvar al planeta del cambio climático con CCS y BECCS. Sería el colmo de la perversión: pagar a los culpables del caos climático, para que extraigan más petróleo y encima cobren por seguir contaminando.

Guatemala: Movilización consciente y con propuestas

Publicada el 02/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por: Marisol Garcés
Prensa Comunitaria

En Guatemala, desde hace muchos años, parecía que nada nos indignaba, pues a pesar de la criminalización de los pueblos que defienden territorios, del encarcelamiento de líderes indígenas, del debilitamiento de la institucionalidad de DDHH y de las mujeres, de la impunidad, de la cooptación del sistema de justicia por intereses oscuros, y del cierre de espacios de participación política; nada se movía. La indiferencia y el miedo era el común denominador de una ciudadanía complaciente con los factores de poder, con la corrupción, con el abuso y la explotación.

Desde que comenzaron las movilizaciones, algunos sectores se han dedicado a difundir la idea que estas marchas y plantones son pagados y movidos por intereses de grupos económicos o de partidos, que son desestabilizadores de la gobernabilidad y atentan contra la institucionalidad. Ejemplo de esto es una declaración dada por el diputado Luis Chávez, sub jefe de la bancada del partido Líder, el día 14 de mayo, afirmando que ya tenían identificados a unos de los organizadores de la manifestación y que seguirían un proceso penal contra ellos y aseguró que son manipulados por la UNE y la USAC. También durante la semana pasada, en Facebook y Twitter, muchas personas denunciaron que les habían llamado para decirles que no asistieran a la manifestación del 30 de mayo porque la organizaban guerrilleros o gente manipulada por Sandra Torres, y hasta se creó una denuncia en la página listaspam.com, donde se manifestó el mismo reclamo.

También funcionarios de gobierno, y el mismo presidente Otto Pérez Molina han desestimado las movilizaciones diciendo que se trata de “un grupito”, y posteriormente en declaraciones públicas señaló que “No voy a ponerme a competir, como lo pudiera hacer… integrantes del Partido Patriota (PP) me han ofrecido apoyo para realizar manifestaciones a mi favor… que han provenido de diferentes alcaldías, de diferentes municipios, de diferentes gentes… me han ofrecido llenar la Plaza de la Constitución”, pero insistió en que él no quiere hacer movilizaciones.Con esto se evidencia la desvalorización y tergiversación que hacen de la multitudinarias movilizaciones que han habido en Guatemala y en la mayoría de departamentos del país.
LEER COMPLETA

–Declaración de la Segunda Asamblea Social y Popular

–CUANTO MÁS PROFUNDO ES EL POZO, CON MÁS FUERZA SALE EL AGUA.
Los niveles de la crisis actual y las posibilidades que nos ofrecen

–Guatemala. Indígenas y campesinos exigen la renuncia del gobierno y proponen una asamblea constituyente.

–Guatemaltecos se movilizan para exigir renuncia del Presidente.
Exigieron la renuncia de Pérez Molina y cambios a las leyes electorales para prohibir la reelección de diputados y alcaldes en las próximos comicios generales de septiembre.

–Guatemala: ¿Quiénes y por qué le teme a un proceso de Asamblea Constituyente Popular?
En estas últimas semanas, ante las veladas crisis política y económica que evidencian el colapso institucional y jurídico del Estado, sectores indígenas y campesinos, frente a la ausencia de propuestas de indignados citadinos movilizados, plantean la “refundación de un Estado plural mediante un proceso constituyente popular”.

Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresiones. Estado de situación en 2014

Publicada el 02/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Descargar informe .pdf

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas

Publicada el 01/06/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Buenos Aires, Argentina, 27-29 de mayo de 2015

Nosotros, las autoridades de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país, reunidos en esta Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas, enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del país y de toda América. Asimismo enviamos un fraternal saludo a todo el pueblo argentino que, en gran parte, también sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable.

Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural. Todo esto atenta contra el equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres vivientes que habitan en este planeta.

Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones.

Venimos con nuestra memoria ancestral, ella nos da la posibilidad de rescatar nuestros conocimientos tradicionales. Es desde la memoria donde nos conectamos con el pasado, con el presente y con el futuro, sabemos de donde venimos, quienes somos y también hacia donde vamos. Rescatamos nuestra propia historia, educación autónoma, medicina tradicional, derecho consuetudinario, idioma, el mandato ancestral transmitido de generación en generación. La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años.

Manifestamos que:

1) Estamos dispuestos a seguir luchando y afirmando nuestros valores y derechos ancestrales, defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios.

2) Durante décadas hemos tratado de establecer un diálogo con el Gobierno Argentino, para que se respeten nuestros derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales; sin embargo, esta solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida, mientras que se llevan a cabo grandes violaciones de dichos derechos.

3) En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Mas de mil hermanas y hermanos estan siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represion, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra.

4) El gobierno argentino continua violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable. Se trata de que el gobierno argentino respete:

– La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas;

– El Convenio 169 de la OIT;

– El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sus decisiones y recomendaciones;

– La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas

– El Grupo Asesor de la ONU de Expertos Indígenas y sus recomendaciones;

– El Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente los artículos 8j, 10c y artículosconexos) y otros convenios ambientales internacionales;

– El Convenio sobre el Cambio Climático.

– El Convenio RAMSAR sobre humedales

– Instrumentos Jurídicos y Jurisprudencia del Sistema Inter-Americano de la OEA;

– La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75, inc.22)

– La Constitución Argentina y las constituciones provinciales;.

– Ley de Bosques

– Ley de Glaciares

– Ley General del Ambiente

– Toda ley argentina nacional y provincial y ordenanzas municipales repecto de los pueblos indígenas y la conservación ambiental

–

5) Consideramos que la forma de solucionar los problemas es a través del diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos reconocidos a nivel internacional o sea:

a) La consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos;

b) La participación plena y efectiva, respetando el proceso de llegar al consenso;

c) El libre consentimiento informado previo, con el derecho de decir “no” en caso de no estar de acuerdo.

6) Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los temas que deben ser considerados con urgencia, como ser:|
la violación de los derechos humanos, el despojo de nuestros territorios, la exploración y explotación convencional del petróleo y el fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria y otros temas críticos.

7) Desde este espacio y en el espíritu de nuestros ancestros queremos hacer un llamado a todo el pueblo argentino para reflexionar sobre el futuro y las generaciones venideras para construir juntos una sociedad más justa, equitativa y plural en armonía con la Naturaleza.

8) Como pueblos originarios queremos resaltar el rol de la mujer no solo como trasmisoras del conocimiento tradicional y guardianas de la biodiversidad, sino también como protagonistas en la construcción política de nuestros pueblos, en donde la dualidad de género y generación son la base de nuestra cosmovisión.

9) Impulsamos la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación propios para garantizar una comunicación con identidad.

10) El Estado debe garantizar el derecho a la educación autónoma e intercultural.

11) Impulsamos la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios.

12) Subrayamos nuestra preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología tales como el proyecto del genoma humano.

Exigimos:

a) La derogación de la ley antiterrorista. Un país que se proclama defensor de los derechos humanos ha promulgado una ley, en plena democracia, cuya única función es la represión de la protesta social y la penalización de los líderes indígenas que reclaman sus derechos en defensa de sus territorios.

b) El desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas, como el caso de Relmu Ñamku de la comunidad mapuche Winkul Newen de la Provincia de Neuquén acusada de tentativa de homicidio por defender su territorio. Que el gobierno nacional que solicite un informe urgente sobre la situación.

c) Que la Presidenta Cristina Fernández reciba de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos. Exigimos la apertura de un diálogo politico para la elaboración de una agenda de trabajo y entendimiento que garantice la aplicación de los derechos vigentes.

¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra !

Impulsamos desde esta Cumbre un gran Movimiento de Unidad de los Pueblos Originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos viviendo. Porque más allá de que vengamos del norte o del sur, del este o del oeste, todos luchamos por volver a ser pueblos libres, autónomos y en nuestros propios territorios y ejerciendo el pleno derecho a la libre determinación.

Expansión de minería en América Latina

Publicada el 29/05/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».