Pone minera en riesgo sitios sagrados de la comunidad Comcáac en Sonora

Publicada el 16/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Hermosillo, Sonora, a 15 de abril de 2015

Los Defensores del Territorio Comcáac y la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Sonora, para que prohíba a la empresa minera La Peineta Minera S.A. de C.V. la explotación y extracción de mineral en los sitios sagrados La Peineta y Pico Johnson, espacios importantes para la cultura Comcáac, con gran significado para su forma de vida.

La explotación de estos sitios implica la destrucción de lugares sagrados que han sido preservados desde muchos años y que son y fueron refugios para los Comcáac, por su riqueza en flora y fauna.

La Peineta (Hast Heemla) es un lugar de reproducción del Venado Bura y del Borrego Cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en el territorio Comcáac, considerando además la cercanía con el Canal del Infiernillo, lugar de donde los Comcáac dependen para su subsistencia,
tanto económica como cultural.

Hacemos este llamado desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que desde hace diez años ha denunciado los impactos del modelo extractivo en los territorios por parte de empresas mineras que ponen en riesgo los bienes comunes como el agua, un bien que en el desierto es estratégico para las comunidades, especialmente para los Comcáac, pueblo originario que históricamente ha vivido en armonía con su ecosistema.

El proyecto minero mencionado no cuenta con la legalmente debida Manifestación de Impacto Ambiental, lo que constituye el principal motivo para la cancelación del proyecto, sobre el cual tampoco se hizo una consulta pública al pueblo Comcáac, violando el convenio 69 de la OIT.

Por estas razones, el proyecto en sí es ilegal, al no contar con los permisos municipales, estatales ni federales o, lo más importante, no cuenta con la aprobación de la comunidad.

El riesgo que supone este proyecto para el territorio Comcáac es mucho mayor a los supuestos beneficios que quienes lo promueven dicen que dejará a la región. Pone en riesgo bienes estratégicos para la supervivencia de las comunidades humanas, que han vivido por siglos en esta zona que es parte de su cultura, su identidad y su forma de vida, por lo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería y los Defensores del Territorio Comcáac, exigimos al Gobierno de Sonora que cumpla con las medidas de protección, cancelando el proyecto.

También expresamos nuestro rechazo a cualquier otro proyecto basado en la extracción y privatización de los bienes naturales que afecten de manera directa a los ecosistemas y los seres humanos.

Para mayor información:
Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Jorge Tadeo Vargas.
jtadeo@lunasexta.org / cel. 662-119-5992.

Defensores del Territorio Comcáac.
Gabriela Molina
comcaac.coyaaix@live.com.mx / cel. 662-315-8133.

Descrecimiento, buen vivir y justicia ambiental

Publicada el 15/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Joan Martínez Alier, La Jornada

Estos términos tienen distinto origen, pero señalan un camino común. La décroissance es una palabra nacida en Francia hacia 1972 de boca de André Gorz, repetida en el libro de Georgescu-Roegen de 1979 que se llamaba Demain la décroissance. Se ha difundido muchísimo a partir de 2002 de la pluma de Serge Latouche y otros autores. Cuatro grandes conferencias se han realizado en Europa desde mayo de 2008 llamando al descrecimiento o post-crecimiento, la última en Leipzig en septiembre de 2014 con 3 mil participantes. En la editorial Routledge de Londres recientemente ha aparecido, compilado por Giacomo d’Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis, un Diccionario del descrecimiento, que saldrá en castellano en abril de 2015 en la editorial Icaria en Barcelona. Emula el famoso diccionario del post-desarrollo que publicaron Wolfgang Sachs, Ashish Nandy, Gustavo Esteva, Arturo Escobar… hace 20 años.

Lo que el descrecimiento propone es una economía y una sociedad que, en lo ecológico, baje su consumo de energía y materiales y, en lo social, ponga en vigor principios de organización basados, no en las prioridades del mercado, sino en la autonomía, en el cuidado de las personas, la reciprocidad, la convivialidad. Mucho de eso procede de Iván Illich y de Cornelius Castoriadis. La décroissance es una idea europea que en Estados Unidos tiene un paralelo en la «economía del estado estacionario», que Herman Daly viene proponiendo desde 1973, parecida a la de «prosperidad sin crecimiento» de Tim Jackson en Inglaterra y a la «simplicidad voluntaria» de Ted Trainer en Australia. En Alemania le llaman Post-Wachstum, post-crecimiento.

Pero se puede preguntar en México o en cualquier país del Sur: ¿cómo se atreven ustedes a proponer el descrecimiento con la pobreza cruel que persiste en África, la India, América Latina? Una respuesta sería que el descrecimiento es solamente para los países ricos y debe ir junto con un crecimiento económico en el Sur y con la redistribución en todas partes. Otra respuesta mejor, que complementa o modifica la anterior, es que el descrecimiento no es un invento europeo; tiene otras raíces, también debe ir junto con el buen vivir, el sumak kawsay. Esta expresión quechua se usó en 2008 en la Constitución de Ecuador como una alternativa al desarrollo económico uniformizador, como una manifestación de la anticolonialidad.

No hace falta recurrir al quechua; la idea de vivir con lo que es suficiente para una vida buena, sin acumular, es lo que los jain llaman aparigraha desde hace miles de años en la India, o es la eudaimonia de Aristóteles, es decir, la felicidad, la plenitud del ser, el florecimiento de las propias capacidades sin acumular posesiones. Tal vez sumak kawsay se haya dicho ya, aunque no se haya escrito, desde hace muchos centenares de años, con total independencia de Aristóteles. En América se encuentran ya las ideas que necesitamos para una ética del buen vivir que encaje perfectamente con los postulados del descrecimiento. Y a eso hemos de añadir la justicia ambiental.

En economía ecológica insistimos en la imposibilidad de un crecimiento económico que sea sostenible. En economías industriales no existe ni puede existir un «crecimiento verde». Y en ecología política estudiamos los conflictos ecológico-distributivos. Y redescubrimos los movimientos de justicia ambiental que luchan contra el «racismo ambiental», por la justicia climática, la justicia hídrica. Si dibujamos un mapamundi de industrias contaminantes, veremos cómo sus impactos y las protestas contra ellos, no están distribuidas de forma aleatoria. Muchas de estas actividades han sido colocadas en lugares donde habita gente pobre, pueblos indígenas, gente del color de la tierra.

Por tanto han nacido redes internacionales por la justicia climática, por la justicia hídrica, por la conservación de las semillas campesinas, por el ciclismo urbano, contra las plantaciones de eucaliptos y palma de aceite, por la conservación de los manglares, contra la minería a cielo abierto y contra el fracking, denunciando el comercio ecológicamente desigual y reclamando las deudas ecológicas y los pasivos ambientales de las empresas papeleras, mineras o petroleras por los daños producidos.

Y esas tres ideas, una del Norte y dos de ellas del Sur, a saber, el descrecimiento, el buen vivir y la justicia ambiental, se refuerzan mutuamente. Quienes en Europa, más allá de experimentar nuevas formas de vida comunitarias en las ciudades o en el campo disminuyendo su consumo energético y material, aumentando la intensidad de sus cuidados mutuos y su interés por la vida pública, se sumen a la vez a las denuncias contra la represión contra los ambientalistas y los pueblos indígenas del Sur que protestan contra el extractivismo, estarán apoyando a la vez la justicia ambiental, el buen vivir y el descrecimiento.

*Catedrático de la ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

Pueblos originarios exigen en Cumbre de Panamá el respeto de derechos

Publicada el 14/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

EL UNIVERSAL-Ciudad de Panamá.– Dirigentes de pueblos originarios exigieron hoy en la capital panameña, en la denominada V Cumbre de Abya Yala (América Latina), el respeto a sus demandas territoriales y sociales y el derecho a ser escuchados en la VII Cumbre de las Américas que se celebra este 10 y 11 de abril.

Phil Lane, jefe y heredero espiritual de las naciones Ihanktonwan Dakota y Chickasaw, de Canadá y Estados Unidos, abogó por la unidad de los pueblos indígenas y la necesidad urgente de que se reconozca, con justicia, la atención de sus demandas hemisféricas, reseñó DPA.

«En los últimos 45 años recorrí los pueblos indígenas quechuas y aimaras de los Andes, y me di cuenta que en nuestra médula y cosmovisión hay un valioso concepto de Madre Tierra y Padre Cielo», acotó tras lamentar el grave daño causado al medio ambiente por la codicia de los seres humanos.

Recordó que hace más de 500 años, antes del desembarco de los europeos a América, había en la región «una comunidad vibrante» de más de 100 millones de personas pertenecientes a diversos pueblos que disponía de rutas en los cuatro puntos cardinales, pero que fue diezmada por enfermedades y el saqueo de los recursos naturales.

Lane propuso recuperar los antiguos caminos que conectaban al cóndor, al quetzal y al águila (Caracas, en lengua antigua). Recordó que en 1992 las tribus de Norteamérica reconocieron, tras cuatro días de reunión, que el mundo está regido por leyes naturales y que «sin visión, no hay desarrollo posible».

Mientras hablaba en forma pausada, el líder espiritual mostró el estuche en que guarda la pipa de la paz que utilizó Tasunka Witko, conocido como «Crazy Horse» (Caballo Loco), el guerrero sioux que participó en 22 batallas en las praderas americanas en defensa de su pueblo, antes de ser asesinado a bayonetazos.

Lane, quien ha recibido diversos premios internacionales por su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas y la Familia Humana, relató una larga historia sobre la venerada pipa y cómo la «bondad» del bisonte blanco salvaje ayudó a los pueblos originarios a entender que su desaparición anticipaba momentos duros.

Sostuvo que es la primera vez en 25 años que la pipa de la paz es fumada fuera de Norteamérica y que los escogidos para esa ceremonia fueron cuatro hombres y una mujer. El acto fue celebrado previo a la VII Cumbre de las Américas, coincide con un momento de grandes retos y exigencias regionales.

Por su parte, Abigail González, dirigente de la etnia Emberá de Panamá y coordinador de la Cumbre Abya Yala, instó a los gobiernos de los países de la región a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales.

González manifestó que hay una marcada oposición de los pueblos indígenas a la construcción de hidroeléctricas, al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto y actividades madereras que implican la destrucción de selvas y la contaminación de cuencas.

«Rechazamos que muchos indígenas hayan sido encarcelados por reclamar sus derechos», subrayó el coordinador de la Cumbre de Abya Yala. Sostuvo que «no es casual que donde habitan los pueblos indígenas aún existan bosques», pero advirtió que están amenazados por planes de deforestación.

A su vez, Kine Peller, administrador del Congreso General de la Comarca Kuna Yala, de Panamá, se pronunció a favor de la reivindicación de los derechos hídricos y los mecanismos para resolver conflictos limítrofes en las comarcas, a través de la participación de comunidades que deben ser escuchadas por los presidentes de América.

Pronunciamiento del Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo

Publicada el 13/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El día de hoy, 10 de abril de 2015, nos reunimos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, representantes de pueblos indígenas y campesinos, organizaciones e integrantes de la sociedad civil, de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Distrito Federal que en el marco de la 2a Jornada Por los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra, convocamos al Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, para discutir y analizar el ejercicio de nuestro derecho a decidir sobre medidas legislativas o administrativas y proyectos de “desarrollo” que afectan nuestras tierras y territorios, poniendo en peligro nuestras formas de vida.

A partir del 1992, se han generado los tratados de integración económica a nivel mundial y continental de los cuales México es parte y que, a su vez, han implicado la modificación del marco normativo interno. Estas llamadas “reformas estructurales”, incluyen la modificación del Artículo 27 Constitucional, la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera, la reciente Reforma Energética y ahora la iniciativa de Ley General de Aguas, que agudiza la privatización del agua.

El resultado son leyes que no protegen los derechos humanos, que tienen como fin despojarnos del control de nuestros territorios, favoreciendo los intereses de grupos de poder mexicanos y transnacionales, a costa de comunidades enteras, que son perjudicadas con políticas de desarrollo y megaproyectos dañinos para nuestras tierras, territorios, bienes comunes naturales y culturas.

A lo largo y ancho de México, los pueblos y comunidades indígenas y campesinas nos encontramos, ante la realidad de políticas públicas y proyectos que ya están en ejecución o próximos a ejecutarse en nuestras tierras y territorios, como la veda para el uso del agua en los Valles Centrales de Oaxaca; la presa El Zapotillo en Jalisco, los proyectos eólicos en del Istmo de Tehuantepec, los proyectos hidroeléctricos Las Cruces en Nayarit y Paso de la Reyna en Oaxaca, el Acueducto Independencia en Sonora; las presas de autoabastecimiento eléctrico en Puebla y Veracruz; el Plan de Aprovechamiento Territorial del Río Usumacinta en Chiapas y Tabasco, entre muchos otros.

Todos estos proyectos han sido impuestos por empresas y Estado sin respetar los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, en particular el derecho a la consulta que tiene que ser libre, previa, informada y de buena fe, como está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y demás instrumentos de derechos humanos a nivel regional y universal.

Hoy el Estado Mexicano está impulsando una serie de consultas que no respetan los estándares internacionales en la materia, sino por lo contrario se dan en un clima de hostigamiento a las y los defensores comunitarios que se oponen a dichos proyectos. La información que nos llega es parcial y sesgada y no nos permite tener un entendimiento claro de cuales son los impactos y afectaciones de dichos proyectos. Además, el procedimiento que se sigue está amañado ya que no hay garantía de imparcialidad, lo que nos lleva a tener consultas simuladas. Asimismo, denunciamos la injerencia de poderes facticos y de grupos armados ligados a las empresas en los procesos de consulta.

Como dijo el entonces Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, “el proceso [de consulta] trata de un proyecto cuyas características ya están definidas, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en distintas fases del objeto de la consulta y no sólo en la forma de implementación de un proyecto aceptado y preferido por la empresa o el Estado”.

Según el derecho internacional vigente y aplicable, todos los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional en México, la obtención del consentimiento de las comunidades afectadas por los programas y proyectos es el objetivo último que debe perseguir toda consulta que respete la normatividad internacional, de manera que si la búsqueda del consentimiento no es el objetivo real de los procesos de consulta estos tampoco serán válidos.

El derecho de consulta tiene su fundamento en el más amplio derecho a la libre determinación ya que es el procedimiento que garantiza la participación plena y efectiva de los pueblos en todos los niveles de toma de decisiones, ya sea órganos de carácter político, legislativo, y los procesos que afecten directa y potencialmente nuestros derechos.

Frente a estos procesos, y con fundamento en el mismo derecho a la autodeterminación, los pueblos tienen el derecho a realizar autoconsultas según sus propias formas de gobierno y sus instituciones para tomar decisiones que el Estado tiene la obligación de respetar.

Exigimos:

Que se respete la voluntad de los pueblos y comunidades sobre sus tierras y territorios y que se les consulte, de forma apropiada y en el pleno respeto de sus derechos, cada vez que se quiera implementar un proyecto que les afecte. La consulta no puede limitarse a ser un procedimiento formal sino un proceso tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades, lo cual implica también que el Estado acepte y respete un rechazo;

Que no se criminalicen los defensores y defensoras comunitarios y de derechos humanos y se les garantice protección frente al hostigamiento y las agresiones de los cuales son víctimas;

Cancelación de todos los megaproyectos que atentan en contra de la vida de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas;

La libertad de las personas injustamente presas por su trabajo de defensa de sus tierras y territorios.

¡Ríos para la vida no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Ríos libres, pueblos libres!

Oaxaca de Juárez, a 10 de abril de 2015

Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); ADABI de México; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de Tierra y Territorios (APIIDTT); Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ); Bios Iguana A.C.; Consejo de Comunidades Unidas de Centla (CCUC); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio A.C. (COCIVEL); Códice A.C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuántepec A.C.; COCEI – Movimiento Nacional de Poder Popular; Colectivo de Abogados/as; Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre; Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo; Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Agua (COPUDA); Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde (COPUDEVER), Consejo Indígena Nayeri; Consejo Tiyat Tlali; Fondo Mundial para la Naturaleza; Foro Permanente de Abogados A.C., Fundación Yansa; Grupo Ecológico Manglar A.C.; Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AL); Hijxs de la Tierra; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC); Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca; Maderas del Pueblo A.C (Chimalapas); Otros Mundos Chiapas A.C.; Oxfam México A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Servicios para la Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Thomas J. Watson Fundation; Todos Unidos Como Pueblo; Tribu Yaqui.

¿Puede el poder de las multinacionales amenazar la democracia?

Publicada el 13/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Michael Robinson, BBC

En muchas partes del mundo, cada vez más personas están saliendo a las calles para protestar contra un enemigo común: los tratados comerciales internacionales que permiten que compañías multinacionales demanden a los gobiernos cuyas políticas perjudican sus intereses.

Ese derecho, conocido como arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), amenaza la democracia, acusan sus opositores.

Pero, ¿qué es y por qué causa tanta controversia?

Las naciones industrializadas concibieron los ISDS en los años 60 como una manera de proteger las inversiones de sus compañías contra riesgos como las nacionalizaciones en los países extranjeros en los que operaban.

Quienes apoyan la herramienta alegan que es un foro imparcial y justo para arbitrar disputas entre los inversores y los Estados y, de ser apropiado, para decidir el monto de la compensación que deben recibir los inversores.

Dicen además que ISDS alientan a las multinacionales a invertir en países que de otra manera evitarían por miedo a no tener la posibilidad de una audiencia justa en los tribunales locales.

¿Cómo funciona?

Para que una inversión esté protegida por ISDS, tanto el país en el que se hizo como el país de donde proviene el inversor deben haber acordado su uso. Eso se hace normalmente cuando los países firman tratados de inversión.

En la actualidad existen alrededor de 3.200 tratados de inversión en el mundo. La mayoría les confiere a los inversores el derecho de valerse de ISDS.

Hasta ahora, se han iniciado aproximadamente 600 acciones, aunque no todas son reportadas. El número de casos ha crecido significativamente en años recientes.

Cada caso es juzgado por un panel de tres árbitros, seleccionados por el gobierno y el inversor involucrados en el caso de una corta lista de abogados especializados. Los tribunales se pueden reunir en cualquier lugar que le convenga a las partes, y las decisiones se basan en lo estipulado en los tratados más que en las leyes nacionales.

Los casos pueden tomar años en resolverse y son costosos. Además de pagar los honorarios de los árbitros, cada parte tiene que emplear su propio equipo de abogados para defenderse.

Incluso cuando los gobiernos ganan –como ha sucedido en cerca de un 40% de los casos conocidos– a menudo tienen que pagar sus propios gastos: en promedio US$4,5 millones por caso.

Cuando los inversores ganan, los árbitros pueden conceder indemnizaciones por daños. No se puede apelar el monto, que puede alcanzar los cientos de millones y, en algunos casos, los miles de millones de dólares.

¿Por qué los opositores aseguran que ISDS favorece a los inversores?

Los oponentes dicen que es más fácil para los inversores extranjeros atacar las políticas del gobierno usando ISDS de lo que sería hacerlo a través de incluso los sistemas nacionales mejor establecidos y más confiables.

En primer lugar, reclaman que ISDS les da una opción adicional para oponerse a las políticas gubernamentales.

Un ejemplo a menudo citado ocurrió luego de que Australia aprobara una ley en 2011 requiriendo que los cigarrillos sólo se pudieran vender en paquetes sin logos.

Philip Morris y un grupo de otras multinacionales de tabaco disputaron la legislación en las cortes australianas sin éxito. Para la ley local, ese era el final de la historia. Sin embargo, Philip Morris pudo lanzar otra acción -que aún está en pie- gracias al acuerdo de ISDS.

Los opositores a ISDS también denuncian que estos favorecen a los inversores extranjeros en detrimento de los nacionales.

En Alemania, tras el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón, el gobierno anunció que iba a eliminar gradualmente la energía nuclear.

Por ello, Alemania fue demandada usando ISDS por pérdida de ganancias por la compañía estatal sueca Vattenfall, que tiene dos plantas nucleares en copropiedad con la gigante alemana E.ON.

Como es sueca, Vattenfall cuenta como inversor extranjero en Alemania y puede usar ISDS para que le concedan una indemnización. Como empresa alemana, E.ON no puede hacer lo mismo, a pesar de que ambas son grandes firmas europeas que enfrentan las mismas pérdidas potenciales en las mismas plantas nucleares como resultado de la misma política gubernamental.

¿Por qué los opositores argumentan que ISDS amenaza la democracia?

Los oponentes dicen que ISDS puede desalentar a los gobiernos a la hora de aprobar medidas en beneficio del medio ambiente o la salud o seguridad de la población, por ejemplo, por miedo a que esas políticas disparen demandas de los inversores extranjeros.

Y mientras que los países más ricos pueden darse el lujo de defenderse, el costo puede ser un gran problema para las naciones más pobres.

Durante cinco años, El Salvador -uno de los países más pobres de Centro América- ha estado luchando contra una demanda hecha por una compañía minera canadiense porque el país declaró una moratoria en las licencias de minería. San Salvador tomó esa decisión debido a la preocupación por el riesgo potencial a la calidad del agua potable debido a las operaciones de minería.

La firma canadiense reclama US$250 millones por daños, lo que representa las ganancias que dice habría acumulado si le hubieran concedido una licencia.

Esos US$250 millones equivalen a casi el 5% del presupuesto total del gobierno de El Salvador.

Aunque el arbitraje al final no favorezca a la multinacional, los opositores de ISDS señalan que el temor a estas acciones hace que muchos de los países duden antes de implementar medidas que beneficien a la población.

Por eso algunos países, particularmente en Latinoamérica, están considerando ponerle fin a sus pactos. Otros, incluyendo Sudáfrica, ya lo empezaron a hacer.

A esos países les tranquiliza el ejemplo de Brasil que, aunque nunca ha firmado un tratado de ISDS, recibe un flujo grande de inversión extranjera.

Si los ISDS existen desde hace décadas, ¿por qué de repente son un gran problema?

Durante años, aunque los tratados se firmaban, pocas eran las demandas que se presentaban. La investigación académica indica que la mayoría de los países solían considerar estos acuerdos como poco más que muestras de buena voluntad diplomática.

A finales de los 90, sin embargo, los abogados empezaron a darse cuenta del potencial de los ISDS y empezaron a aconsejarles a los inversores que los usaran. El número de casos aumentó bruscamente.

Las protestas actuales se deben a la propuesta de incluir provisiones ISDS en dos tratados comerciales: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.

Protestar, ¿sirve de algo?

Parecería que sí.

En enero, la comisión de la UE reveló que de las 150.000 respuestas a una consulta popular sobre el tratado con EE.UU., 97% eran en contra.

En las negociaciones del ATCI, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, está tratando de limitar el alcance de ISDS. Propone darle a los gobiernos el «derecho a regular» sin la amenaza de una ataque ISDS, y eximir asuntos de interés público general como la salud y el medioambiente.

Si lo logra, espera que el nuevo acuerdo se convertirá en el «estándar de oro» para ISDS y que eventualmente reemplace las provisiones en miles de tratados existentes.

Pero algunos comentadores creen que las exigencias de la UE harán que las negociaciones fracasen y que no se firme el tratado.

Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Publicada el 10/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Día mundial de acción – 18 de abril del 2015

Las personas y el planeta antes que el beneficio corporativo
Llamamiento de acción global para detener los Tratados de libre comercio e inversiones

Nosotras y nosotros, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas, campesinas y campesinos, jóvenes, hombres y mujeres activistas de movimientos de todas partes del mundo, llamamos a un Día global de acción a realizarse el 18 de abril del 2015 con el fin de parar los acuerdos de libre comercio e inversiones y promover una economía que
funcione para las personas y el medio ambiente.

A lo largo de las últimas décadas, las empresas transnacionales y los gobiernos han impulsado tratados de libre comercio y de inversiones a espaldas de los ciudadanos, vulnerando nuestros derechos y los del medio ambiente.

A lo largo de las últimas décadas, hemos luchado por la soberanía alimentaria, por nuestros bienes comunes, por la defensa de nuestros empleos, nuestros territorios, las libertades en internet, mientras exigíamos democracia. En el camino, hemos crecido como movimiento, hemos logrado que escuchen nuestras voces y hemos logrado muchas victorias.

Entre todas y todos, podemos parar los acuerdos que se están negociado y trabajar para revertir los impactos nocivos de los tratados pasados. Juntas impulsamos nuestras alternativas que se fundamentan en la primacía de los derechos humanos por encima de los privilegios y beneficios de las grandes empresas.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones, personas y alianzas a participar en la jornada para organizar acciones descentralizadas en los cinco continentes. Nos acogemos a una diversidad de tácticas y acciones solidarias en todo el planeta que contribuyan a informar y sensibilizar, fomentar la participación y fortalecer la movilización de la gente, rumbo a un nuevo modelo económico y de comercio que funcione para el beneficio de todas las personas y el planeta.

Únase a la lista automática del Día mundial de acción
y participe en las discusiones estratégicas !
Envía un mensaje a 18a-subscribe@lists.riseup.net para inscribirse !

Se invita a los grupos a que traduzcan, adapten y modifiquen el presente llamamiento en función de sus propias movilizaciones.
También se informa que los grupos tienen toda la libertad de elegir un día distinto de la semana si consideran que es más indicado para sus objetivos de movilización.

ATP: asalto secreto del 1%

Publicada el 09/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

John Saxe-Fernández. La Jornada

Una de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se entere…los que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones, viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamada autorización para promover el comercio.

La vía rápida permite que Obama presente un texto al Congreso, cocinado en lo oscurito, en tiempo limitado de debate, sin modificar el articulado y con una votación en bloque, positiva o negativa. Como las negociaciones se realizan en secreto y México es parte de ellas, cabe resaltar la importancia (y a pesar de todo) exigir transparencia incluso a un gobierno tan opaco y entreguista como el del PRI: lo que están pactando con poderosas corporaciones extranjeras, a puertas bien cerradas, va mucho más allá de asuntos comerciales o de negocios. Hacen componendas con la vigencia de la Constitución, fundamento del estado de derecho en territorio nacional o lo que van dejando los neoliberales de leyes, regulaciones y directrices de corte nacional en materia laboral, ambiental, del consumidor y de arbitraje.

Documentos divulgados por Wikileaks (http://goo.gl/1zg0Q5) desde La Jornada (26/3/15) ofrecen evidencia de que, como advierten analistas varios, el ATP es un TLCAN en esteroides: concede a inversionistas privilegios y derechos por encima de las leyes –y empresas– nacionales, asentando normas y tribunales supranacionales como el centro internacional establecido por el Banco Mundial para dirimir las disputas entre inversionistas extranjeros y los estados firmantes (Icsid, siglas en inglés). Todas las ventajas jurídicas van para las corporaciones de fuera, quedando a su merced, según demuestra Manuel Pérez Rocha L., en sustancioso artículo, toda regulación de interés público que pudiera reducir sus ganancias. El mecanismo no es equitativo: Los gobiernos o las comunidades afectados por inversionistas extranjeros no pueden presentar demandas. Igualmente problemática es la frecuente opacidad en las operaciones de estos tribunales(NYT, 3/12/14). Pérez Rocha recuerda que países, de Indonesia a Perú, enfrentan juicios de las trasnacionales y que México y Canadá ya han perdido o llegado a acuerdos en cinco oportunidades cada uno, pagando cientos de millones de dólares a empresas extranjeras, sin olvidar pérdidas semejantes en Centroamérica, ni los mil 770 millones cobrados a Ecuador por cancelar un contrato a Occidental Petroleum, o los mil 600 millones a favor de Exxon que Icsid ordenó a Venezuela pagar por nacionalizar proyectos petroleros. Y aún en el Icsid hay 200 casos pendientes(Ibídem).

Los pocos documentos del ATP que conocemos, analizados por Lorry Wallach de Public Citizen, muestran que mejor prestar atención a la advertencia de Stiglitz: el secretismo es mayúsculo porque la embestida del uno por ciento es de fondo y de magnitud mayor: van por todo. Phinney revela que sólo aquellos con autorización especial pueden ver los textos y luego de revisarlos, no pueden discutir lo leído. Aún más, “la mayoría, si no es que todos, los consejeros con acceso –a los documentos– son representantes de las corporaciones. Habrá uno que otro líder sindical. Pero ni siquiera pueden discutir lo que saben con miembros de su sindicato”. Peor aún “…sólo pueden ver los textos que (Froman) considere que son relevantes a su área de interés”. Para Billy Engel, electricista de Nueva York, “estos tratados van a barrer con nuestras leyes…muchos derechos laborales y sindicales serán totalmente borrados de inmediato”, una opinión que contrasta con la displicente postura de Paul Krugman, quien desatiende sin más el impacto del ATP en los derechos laborales (NYT, 26/3/15) aunque reconoce que el ATP no promete nada bueno para EU o el mundo.

Tal vez sea generoso asumir que esa preocupación por el mundo tiene que ver, además de los derechos del consumidor, con la campaña del cabildo fósil contra acuerdos vinculantes en materia de medio ambiente, en particular en relación con la urgente necesidad de limitar severa e inmediatamente emisiones de gases con efecto invernadero, base de las ganancias de las Exxon/Mobil de este mundo. Quizá en Krugman la palabra world refleje preocupación por la humanidad ante un planeta en colapso climático antropogénico.

jsaxef.blogspot.com

Oaxaca: 2da Jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra

Publicada el 08/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Educa Oaxaca

En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, organizaciones civiles convocan a la “2da Jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra”. El encuentro tendrá lugar en la Ciudad de Oaxaca los días 9 y 10 de abril. Actividades de la Jornada:

Presentación Campaña Nacional ¡Conagua Negocia con el Agua!, jueves 9 de abril en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca-IAGO en punto de las 12 horas.

El 10 de abril, a las 9:30 am, se realizará un “Encuentro de experiencias de consulta ante proyectos de infraestructura y desarrollo”, en el Aula Mariano López de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, ubicada en el antiguo Callejón San Pablo.

Otra actividad contemplada para el 10 de abril a las 17hrs es la Mesa Redonda, “Derechos Humanos y Proyectos de Desarrollo e Infraestructura” , que tendrá lugar en la Capilla del Rosario de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova.

Entre los convocantes a evento firman: el Movimiento de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), el consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., colectivo de Abogados, Coalición Internacional para el Hábitat – Oficina para América Latina (HIC-AL), Comité Salvemos Temacapulin y el Foro Permanente de Abogados A.C.

Escuchar los spots: Spot 2da JORNADA POR LOS PUEBLOS – 9 ABRIL y Spot 2da JORNADA POR LOS PUEBLOS – 10 ABRIL

Acciones por la NO aprobación de los eucaliptos transgénicos en Brasil

Publicada el 07/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Mail de RECOMA

Quedan unos pocos días para aumentar la presión en la Comisión de Bioseguridad de Brasil (CTNBio) para exigirle la NO aprobación de los eucaliptos transgénicos!

La próxima reunión está fijada para el día jueves 9 de abril. Como ustedes saben, el 5 de marzo iba a aprobarse pero debido a la acción de las mujeres del MST/Via Campesina, la reunión fue suspendida y se fijó para este jueves próximo.

Queríamos compartir con ustedes tres acciones que están circulando a nivel internacional para que -en caso de que no las hayan visto- las firmen, circulen y difundan lo mas ampliamente posible.

1) acción organizada por Acción por la Biodiversidad y la RAALT. Disponible para firmar on line en http://accionesbiodiversidad.org/no-a-la-liberacion-del-eucalipto-transgenico-en-brasil/
2) acción organizada por la Campaña internacional para frenar los árboles GM, que WRM integra, disponible en: http://stopgetrees.org/carta-a-la-ctnbio-brasil/
3) y la última acción organizada por la campaña contra los agrotóxicos en Brasil, que está en portugués, y que se puede firmar en
http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/490-assine-nao-ao-eucalipto-transgenico

Por último contarles que en varios países se entregaron cartas en los consulados y embajadas del Brasil (en Nueva Zelandia, Montevideo, Miami, Nueva York, Bruselas, Londres, Otawa, etc) por este mismo tema como parte de las acciones de presión a nivel global. Hay un resumen (en inglés) con fotos en la página de la Campaña: http://stopgetrees.org/report-backs-global-day-action-ge-trees/

Los indígenas desafían la ‘nueva colonización’ de Latinoamérica

Publicada el 07/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El avance de la minería, el monocultivo sojero y otros proyectos extractivistas cercan a los pueblos nativos, que han retomado la lucha por territorios que garantizan no sólo su bienestar económico, sino también su supervivencia

Publico.es

BUENOS AIRES.- El pasado 24 de marzo, multitudinarias manifestaciones conmemoraron en Buenos Aires los 39 años de la sangrienta dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos al grito de «Nunca más». Representantes del pueblo Qom, que habita en las provincias de Formosa y Chaco, aprovecharon la ocasión para denunciar que, mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se vanagloria de sus políticas de derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, los derechos humanos de los indígenas se siguen violando a diario.

La Comunidad Qom de la Primavera, de Formosa, comenzó 2015 con la décima muerte en cuatro años que las autoridades atribuyen a «paro cardíaco» o «accidente de tráfico», pero que, para la comunidad, responde a motivos más oscuros. Esta vez fue Esteban Medina, de 17 años, encontrado muerto junto a la ruta 86, la misma carretera que ha visto al pueblo Qom protagonizar cortes y manifestaciones para reclamar el derecho a sus tierras ancestrales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos les dio la razón cuando, en 2011, exhortó al Estado argentino a proteger la vida de los integrantes de la comunidad. El Estado miró hacia otro lado y hoy el pueblo Qom tiene que lamentar varias muertes más.

El pueblo Qom decidió entonces acampar ante la Casa Rosada y manifestarse en Buenos Aires, cortar la céntrica avenida 9 de julio y tratar de visibilizar así la situación de represión que sufren desde hace años. A esa marcha acudieron representantes de la organización Qopiwinni, un intento de articulación política de las cuatro etnias indígenas que habitan Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Porque, dicen ellos, todos sufren los mismos problemas, y éstos se reducen a uno: la lucha por la tierra.

Los Qom, como tantas otras etnias indígenas a lo largo y ancho de América Latina, llevan siglos resistiendo al avance sobre su territorio, pero en los últimos años la presión se ha incrementado, en parte, por el avance de la frontera de la lucrativa soja. Los Qom dijeron no al modelo sojero y al glifosato ─el agresivo herbicida que tolera la soja transgénica─ y lograron frenar la expansión del monocultivo en 2010, pero desde entonces han visto aumentar la presión sobre sus tierras. Y es en ese delicado contexto en el que siguen demandando, como exige la ley argentina, la devolución de sus tierras ancestrales:

«Eso nos sostiene; sin eso, vamos a ir desapareciendo como pueblo, porque la tierra para nosotros es la base no sólo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales», afirma Félix Díaz, el qarasé, líder democráticamente electo por la Comunidad de la Primavera, que ha tenido que enfrentarse a varias querellas. Los indígenas hablan de «judicialización y criminalización de las resistencias».

Dista mucho de ser un asunto aislado. En todo el continente, comunidades indígenas se enfrentan a la expansión de los monocultivos de soja, caña de azúcar o palma africana; a las minas y las explotaciones de hidrocarburos; a las plantaciones de eucalipto y las fábricas pasteras; a las grandes centrales hidroeléctricas.

El modelo extractivista ha consolidado en toda América Latina economías que dependen de la exportación de materias primas, pero su extracción a gran escala conlleva la devastación de ecosistemas enteros y tiene como principales víctimas los pueblos indígenas que son desplazados de sus territorios o que ven cómo el deterioro ambiental imposibilita sus formas tradicionales de vida.

Los Wayúu contra la mina

Son tantos los ejemplos que resulta imposible enumerarlos todos. Alguno de los casos emblemáticos, que dan cuenta de la situación crítica que viven muchos pueblos originarios latinoamericanos, es el del pueblo Wayúu. Hace sólo unos días llevaron ante la CIDH el caso de los 5.000 niños y niñas muertos por hambre y sed en La Guajira (Colombia), muertes de las que culpan a los emprendimientos agroindustriales y mineros que retienen el agua, de por sí escasa, de la región. Los representantes del pueblo Wayúu exigen medidas que les permitan recuperar el acceso al agua mientras se les niega la entrada a la presa construida sobre el río Ranchería. A pocos kilómetros de las poblaciones indígenas, la mina de El Cerrejón, que emplea unos 35.000 litros de agua al día, lo suficiente para abastecer a tres millones de personas.

La mina es el principal problema de los Wayúu, y el interés del Gobierno de Juan Manuel Santos por impulsar lo que él denomina la «locomotora minero-energética» ha sido clave para que la comunidad sea amenazada y atacada para obligar su desplazamiento. Pero no es El Cerrejón el único enemigo de los Wayúu: el agua que se les niega también se requiere para los cultivos agroindustriales de arroz; además, han denunciado que sus bases de subsistencia se ven amenazadas por los grandes barcos pesqueros que, con permiso gubernamental, arrasa con la vida en el mar y les deja sin posibilidades de pescar mar adentro.

El pueblo mapuche contra las petroleras

En la Patagonia argentina, el pueblo mapuche hace frente, desde hace años, a la industria petrolera. Cuando YPF era Repsol, los mapuche ─gente de la tierra, en su lengua─ probaron la contaminación que en la región estaba provocando la extracción de hidrocarburos.

Después de que la empresa fuera nacionalizada, no ha mejorado la suerte de las comunidades mapuches que se asientan sobre la reserva de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de combustibles fósiles no convencionales, que el Gobierno explotará junto a Chevron pese a los inquietantes antecedentes de la empresa estadounidense, condenada por la Justicia ecuatoriana por contaminación reiterada en sus exploraciones en plena selva amazónica. Chevron nunca pagó su deuda con Ecuador y los pueblos indígenas se vieron despojados por los miles de litros de crudo vertidos a los ríos.

Frente a quienes les acusan de oponerse al «desarrollo y el progreso» de Argentina, el pueblo mapuche defiende el derecho a habitar sus tierras ancestrales y a que se cumpla su derecho a la consulta ante este tipo de proyectos, tal como, sobre el papel, garantizan las leyes argentinas y los convenios internacionales, especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que casi todos los países latinoamericanos han ratificado, pero en todas partes encuentra trabas para ser implementado.

Los Xingú contra la presa de Belo Monte
La violación del Convenio 169 de la OIT, que otorga a los pueblos indígenas el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras ancestrales, ha sido uno de los muchos obstáculos legales a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno brasileño, decido a construir en el corazón de la selva amazónica, sobre el legendario río Xingu, la central hidroeléctrica de Belo Monte, llamada a ser la tercera mayor del mundo.

El proyecto, de cuyo consorcio constructor forma parte la española Iberdrola, data de los años 70, y la polémica también. Hace 40 años, las protestas de los pueblos indígenas afectados lograron paralizar un proyecto concebido en tiempos de la dictadura militar; el Gobierno de Lula da Silva lo retomó y su sucesora, Dilma Rousseff, lo mantuvo pese a la presión de grupos ecologistas internacionales, las órdenes judiciales de parar las obras por las irregularidades encontradas en la licitación ambiental y otro sinfín de incidencias.

Si, como parece, la obra sale adelante y se construye una presa en el río Xingu, uno de los mayores afluentes del río Amazonas, las consecuencias ambientales son impredecibles, pero de algo no cabe duda: los principales afectados serán los pueblos originarios que habitan la región, los kayapó, arara, juruna y araweté.

«No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios y que aún podemos preservar». Ese fue el mensaje que, hace años, un líder kayapó envió al presidente Lula. No hay cómo negarles que, al contrario que el hombre blanco occidental, las tribus amazónicas han sabido vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza; lo mismo cabe decir de los mapuche, los Wapúu, los Nasa, los Qom, los guaraní y una larguísima lista de pueblos originarios de la Abya Yala, el nombre que dieron los kuna del actual Panamá a la tierra que los primeros conquistadores europeos quisieron llamar América.

Entrevista a Pedro Arrojo: «El fracking debe ser declarado una actividad criminal»

Publicada el 06/04/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Escuchar Entrevista de Radio Vitoria (País Vasco)

El catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y considerado uno de los mayores expertos mundiales en gestión del agua, Pedro Arrojo, ha dicho en Radio Vitoria que es partidario de declarar el fracking como una actividad criminal. «Una actividad en la que por hacer dinero contaminamos la salud de la gente en el presente y en el futuro, debe estar fuera de la ley», ha señalado Arrojo, que ha pedido a Álava proteger el acuifero de Subijana «porque es el futuro de los alaveses y de sus hijos.

Libro Territorios en disputa

Publicada el 31/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

TERRITORIOS EN DISPUTA
Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina

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con Alberto Acosta, Ana María García, Claudia Composto, Diego Pérez Roig, Enrique Pineda, Ernesto Scheinvar, Esperanza Salazar, Giovanni Velázquez, Gladys Tzul Tzul, Héctor Alimonda, Henri Acselrad, John Holloway, Juan Carlos Flores Solís, Lizzette Santana, Lucia Linsalata, Mateo Martínez, Marxa Chávez, Mayeli Sánchez, Melissa Cardoza, Michael Löwy, Miguel Valencia, Mina Lorena Navarro, Movimiento Colombiano Ríos Vivos, Pablo Dávalos, Pedro Rosas Magrini, Raúl Zibechi, Samantha César, Silvia Federici

Extracto de la INTRODUCCIÓN
El presente libro está motivado por el interés de proporcionar un amplio panorama de la conflictividad socioambiental en América Latina, ubicando las tendencias generales que atraviesan a diferentes países de la región vis à vis las particularidades de cada caso, en relación a la disputa que enfrenta al capital y los Estados con los numerosos procesos de resistencia popular que se organizan contra la privatización, explotación, contaminación y directa destrucción de los bienes comunes naturales. En esta edición, además, presentamos una sección especial sobre México, para conocer con mayor detalle algunos de los ejes más significativos que adopta el despojo territorial, así como las expresiones sociales que luchan contra una renovada y brutal ofensiva extractivista en pos de impedir el cercamiento de lo común y crear nuevas formas no predatorias de relación entre los seres humanos y la naturaleza. En ese sentido, la última sección del libro está dedicada a explorar los principales debates teórico-políticos en torno de las diversas alternativas emancipatorias que están emergiendo frente a la mercantilización capitalista de todas las esferas de la vida.