Boletin de prensa MAPDER a Costa Rica

Afectadas y afectados por la construcción de presas recorren Centroamérica para reunirse en el VI Foro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra de las Represas REDLAR en Pacuare, Costa Rica.

http://www.mapder.lunasexta.org/?p=976
Del 22 al 25 de septiembre, afectadas y afectados por la imposición de represas, la contaminación de ríos y otros megaproyectos a nivel mesoamericano, nos reuniremos en las comunidades del río Pacuare para celebrar el VI Foro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). El Foro Mesoamericano es un encuentro para intercambiar experiencias, información, solidaridad, cariño y esperanza entre pueblos separados por fronteras, pero unidos por los ideales, las luchas y la defensa y exigibilidad de nuestros derechos.

Para llegar al encuentro, llevaremos a cabo una caravana que saldrá de la ciudad de Tapachula en Chiapas, el 19 de septiembre y pasará por El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica, propiciando el intercambio de experiencias entre comunidades en resistencia, y en defensa de sus derechos.

En representación de la delegación mexicana, participaremos luchas y organizaciones que nos oponemos a la construcción de las siguientes represas en el país: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, El Zapotillo y La Yesca en Jalisco, Las Cruces en Nayarit, Itzantún y Chinín en Chiapas, Pantanos de Zentla y afectados por las inundaciones en Tabasco, y más de 112 proyectos de presas tan sólo en el estado de Veracruz, así como organizaciones del Distrito Federal, Guanajuato y Colima.

Las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tenemos derecho a decidir sobre el destino de nuestro territorio y el modelo de desarrollo que queremos para nuestros pueblos, por ello nuestra posición es clara: NO A LAS REPRESAS. NI UNA MÁS.

Las presas En México están cumpliendo su vida útil, y al mismo tiempo se inicia un auge en la construcción de nuevas presas con el fin de atraer inversiones extranjeras y poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua, al tiempo en la que las trasnacionales están ya invirtiendo de manera ilegal y anticonstitucional.

Más de 50 mil grandes represas se han construido en el mundo, desplazando directamente a 100 millones de personas. El impacto al medio ambiente ha sido irreversible a través de la inundación de bosques, la modificación de los cauces, la pérdida de flora, fauna y sedimentos, al tiempo que el cambio climático agudiza los impactos acumulativos y sinérgicos, y miles de zonas arqueológicas y culturas quedan sepultadas bajo las aguas.

Por todo el territorio nacional se intentan imponer proyectos de presas, se estiman al menos 350 proyectos. La SEMARNAT, la CFE y CONAGUA en contubernio con los gobiernos de los Estados y empresas privadas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia y nula consulta previa e informada. Nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras. Estos proyectos, además de provocar impactos ambientales, sociales y culturales irreversibles, desencadenan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos originarios que van desde disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras y juicios, hasta encarcelamientos, torturas e incluso el asesinato de personas.

Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de todos los pre-proyectos, proyectos y obras que estén actualmente en fase de planeación y/o ejecución en México, y que corresponden a una política económica neoliberal en contra de los derechos de los pueblos y de la vida de los ríos y la dignidad de nuestra América Latina.

Somos un movimiento nacional que se conformó en el 2004, en torno a la resistencia contra las represas en un momento político y económico clave para el país. Demandamos como sociedad mantenernos atentos(as) al recorrido de la caravana del MAPDER a través de México y Centroamérica con el objetivo de proteger la integridad física de los participantes y asegurar que se cumplan los propósitos de la caravana.

Atentamente,

La construcción de represas desplazan a comunidades enteras y contribuyen al calentamiento global: Ecologistas

Mapder, Redlar y Carlos Rovirosa, llaman a tabasqueños a evitar la construcción de la presa de Boca del Cerro

CECILIA VARGAS. http://www.la-verdad.com.mx
Hay que buscar alternativas para que ya no pase lo que esta sucediendo en todo el país, proyectos hidráulicos que vayan por encima de la gente, de los derechos de los pueblos, lograr condiciones mínimas, el derecho a la información, a la consulta, “que la vida sea para la vida y no para la muerte”.
    Planteó el defensor de derechos humanos Marco Von Borstel, durante el foro: “El Plan Hídrico de Tabasco, como parte de los megaproyectos hidroléctricos .Su impacto socioambiental sobre las comunidades, la vida de la gente, la cultura y el territorio”, organizado por el Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab) y realizado en el Tintillo el domingo reciente.
    El coordinador  del área de Represas de la organización Otros Mundos/ Amigos de la Tierra, México y miembro del capítulo Mesoamericano de la Red Latinoamericana de Afectados por las Represas, una ponencia en relación a la lucha que libran desde hace seis años pobladores de la comunidad  del Zapotillo en Jalisco en contra de la construcción de una presa.
    En tanto su compañero el sociólogo Gustavo Castro,  director de la organización civil Otros Mundos /Amigos de la Tierra Internacional y miembro de la coordinación de la Red Latinoamericana de Afectados por las Represas (Redlar) y del equipo coordinador del Movimiento Mexicano de Afectados por las represas (Mapder), hablo de los problemas sociales, ambientales y culturales que provocan las represas.  Ambos ponentes compartieron puntos de vista con los asistentes y el ingeniero Carlos Armando Rovirosa Priego quien ofreció una visión crítica de Programa Hídrico de Tabasco.
    Los tres ponentes coincidieron en la urgencia de detener la construcción de la presa en Boca del Cerro, Tenosique, cuya obra se licitará  el año próximo según adelantó, a los asistentes de los ejidos de la zona del Tintillo y los aztlanes, Gustavo Castro.
    En relación a ese asunto, el ingeniero Carlos Rovirosa Priego, advirtió a quienes promueven ese proyecto: “No tiene idea de lo que está hablando pero a pesar de eso siguen trabajando en ese proyecto, que hay que parar en seco, para que se olviden de el”. Aseguró que el daño que provocaría esa presa,  no solo sería aguas arriba del Usumacinta que podría ocasionar incluso un problema internacional con Guatemala; y río abajo significaría sepultar sitios arqueológicos importantes de Chiapas, como los de Bonapak y Yaxilan.  Yaxilan quedaria 30 o 40 metros abajo del agua, desaparecería, así como comunidades que viven a la orilla del Usumacinta, pero también se   disecarían los pantanos de Centla.
    No tienen idea de la profundidad que tiene ese cañón como para pretender construir una cortina, reiteró.  En ese foro, Rovirosa Priego expuso que defenderá, incluso con su vida, para impedir que se construya la presa en Boca del Cerro.
    Por su parte Gustavo Castro en relación al mismo tema, reiteró que en el 2012 se inicia la licitación para la construcción de la presa en Boca del Cerro. Cuando la licitación se inicia, explicó Castro,  el proyecto lleva adelantados estudios de tipo geológico porque hay muchos intereses de grandes constructoras para hacer negocios con las obras, sin importarles si funcionan o no o el daño que causen.
    Si rompen Tenosique, continuarán con la construcción de cuatro presas más sobre el río Usumacinta, por lo que llamó  a las organizaciones tabasqueñas a sumarse a una gran frente, para evitar que se inunden selvas, casa y grandes centros arqueológicos de la región.
    Mencionó que en Guatemala ya se han organizado comunidades indígenas en un Frente Petenero y que una de sus metas es realizar una reunión en Tenosique con agrupaciones tabasqueñas y en general mexicanas en meses próximos. El Movimiento Ecologista de Tabasco, organizador de este foro fue invitado  a la reunión que el Frente Petenero llevará a cabo en territorio tabasqueño en los meses próximos, para iniciar una lucha conjunta con el propósito de parar ese proyecto, los dirigentes de Metab, Javier Torres y Rosa María Sánchez, se comprometieron a asistir.  El coordinador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (Mapder) y de la Red Latinoamericana de Afectados por las represas,  expuso que ya es tiempo de que parar la construcción de represas y de buscar otra forma de vida, de generar energía y gestionar agua Informó que en todo el mundo hay más de 50 mil grandes represas y en México 5 mil, 600 de ellas de gran magnitud y que ello ha implicado desplazar, a nivel mundial, a 80 millones de población mayoritariamente indígena y campesina. Habría que verificar quiénes se han beneficiado de la producción de energía eléctrica en esas presas, para quién ha servido el desarrollo,  porque muchas veces las comunidades desalojadas ni siquiera disponen de ese servicio y si lo tienen muy caro,  afirmó.
    A cambio esas comunidades ocupadas, han sido desplazadas de sus tierras  productivas, con lujo de violencia y les prometieron a cambio viviendas, escuelas, clínicas carreteras  y no tienen nada de eso.
    Mencionó que para la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero, se pretende desalojar a 25 mil ejidatarios  para proporcionar energía a los hoteles de Acapulco.
    Y que en Guatemala fueron masacradas 400 personas para construir una presa que el Banco Mundial calificó térmicamente mal hecha, pero como representaba mucho dinero para los constructores, se masacró a niños, mujeres y ancianos y se desplazó a otros pobladores, a pesar de que ha sido un fracaso y se han invertido otros millones de dólares porque el transvase no funcionó. En Toda América Latina los gobiernos siguen construyendo y represando ríos, y nosotros consideramos que construir tantas represas,  bloqueando tantas cuencas no nos beneficia. Mencionó que se ha represado el 60 por ciento de los ríos en todo el mundo y que el Banco Mundial en el año 2000, durante la Convención Mundial de Represas dio a conocer un informe  que dice, que,  efectivamente las represas han generado un impacto social, ambiental y cultural.  La Comisión Mundial de Represas también aceptó que estas producen más inundaciones, debido también al cambio climático, que impide calcular  que cantidad de agua caerá en todo el mundo, pero además vemos que hay demasiados huracanes, sequías. La misma Comisión Mundial, afirmó, dice que las represas producen n  el 5 por ciento de los gases efecto invernadero del planeta;  la capa vegetal y animal que se pudre bajo del agua, produce gas metano, más en las zonas de selva.
    Tenemos, dijo, Castro que encontrar la manera de generar energía con otras fuentes, porque río abajo los efectos son el desplazamiento de miles de pobladores, pero también se afecta la biodiversidad.
    Los gobiernos siguen insistiendo en la construcción de mas y mas represas en el país a costa del desplazamiento de la población indígena y campesina a la que nunca se consulta, por el contrario se le desaloja con lujo de violencia.
    Tanto la Conagua como la Comisión Federal de Electricidad todos los días y en todo el país incurren en ilegalidades para justificar la construcción de represas. En La Parota la gente dijo no a presa y solicitaron una consulta, pero la CFE compró a líderes, dividió a la comunidad, hizo asambleas ilegales, rescato muertos para justificar que estuvieron en la asamblea, en tanto los inconformes recurrió a demandas y amparos, y las ha ganado todas , pero la comisión sigue insistiendo en la ilegalidad y reprimiendo a la gente. Mencionó que el cambio climático y la deforestación está generando problemas de azolve en los ríos, cuando se inundó Tabasco, en Chiapas observamos inundaciones inusitadas. Gustavo Castro sostuvo que el tapón del Alto Grijalva en el 2008, fue provocado, según información recogida en la zona y con periodistas que después fueron amenazados de muerte, luego de informar que encontraron indicios de pólvora y de detonaciones en la noche anterior al deslave que sepultó  a un pueblo.
    Independientemente de eso, el pedazo de montaña que se cayó debe haber azolvado las presas que también sufren de un proceso de salinización. Por su parte Marco Von Borstel dijo que construir presas es un gran negocio “hay mucho billete que se llevan al la bolsa”, a pesar de que hay hidroeléctricas que solo funcionan al 20 y 30 por ciento.
    En relación a la lucha que se libra en el Zapotillo, Von Borstel dijo que son  4 mil 200 hectáreas que se inundarían para obtener 86 metros cúbicos de agua, con una inversión total de 9 mil millones de pesos, de los cuales una parte se la llevará un empresa española y la otra la Peninsular de Jorge Hank Rhon, las cuales serán además premiadas con una concesión por 25 años.
    El primero de marzo de este año, 120 personas, logramos bloquear los trabajos que realizaban 500 obreros en  la presa del Zapotillo,por una semana paramos la obra y logramos., por primera vez que el Secretario de Gobernación se sentara a la mesa con la gente. Se abrieron tres mesas de trabajo que trabajaron mes y medio, para analizar los diferentes problemas que provocaría la presa, ganamos con argumentos de expertos científicos y técnicos y especializados en derechos humanos,  demostrando que la comunidad tenía la razón.
    En respuesta el Secretario de Gobernación, se levantó de la mesa y dijo: si vuelven a tomar la presa los metemos al bote. La presa se hará y punto, y se fue.  Afirmó el defensor de derechos humanos que uno de los primeros derechos que, en estos casos se violan, es el acceso a la información; en el caso de los habitantes del  Zapotillo acudimos al IFAI y este respondió que, no les podía proporcionar el proyecto de la presa, porque su difusión pondría en riesgo la seguridad y la vida de personas. Después el derecho a la consulta, nunca se les pregunta a las comunidades si quieren o no esas obras, simplemente se les desplaza y reprime y el resarcimiento de los daños nunca llega, afirmó  Von Borstel. Lo mismo está sucediendo a las comunidades de  Temacapulin, Acatzingo y Palmarejo, prosiguió, una de ellas con casi catorce siglos de historia, en donde existen petroglifos y una basílica de 250 años, que actualmente resisten para impedir que se construya una presa para llevar agua a Guanajuato y que sus pueblos queden sepultados con agua. A integrar un frente común  para buscar otras formas de generación de energía y alternativas que podrían presentar a los gobiernos, en los que se incluyan los derechos de todos y todas.
    La lucha en contra de los embalse no es solo para defender a comunidades como la del Zapotillo o Temacapulin, sino para que no sucedan cosas como las de Tabasco y otros estados del país, que los proyectos no pasen por encima de la gente, de los derechos de los pueblos, agregó.

Mesoamérica se reúne en Pacuare: VI Encuentro en Defensa de los Ríos y las Comunidades

Osvaldo Durán Castro
• Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.
• El evento es la continuación de 5 encuentros mesoamericanos realizados en diferentes países; los 2 últimos en las conflictivas regiones de Lorica, Colombia y Boquete, Panamá, donde los proyectos impuestos originan, igual que en los demás países de Latinoamérica, disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras, juicios, encarcelamientos y hasta el asesinato de personas.

Entre la vida y el mercantilismo
La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).
En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.
Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.
Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.
Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.
En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.
A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.
En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.

Debate, organización y alternativas energéticas
Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.
Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).

Nuevos debates y seguimiento
Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.
En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:
1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.
2. Estrategias de participación social efectivas.
3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.
4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.
5. Ecología de los ríos y naturaleza.
6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.

En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:
En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.
En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.
En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.
El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.
En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.
En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.

Un panorama global diseñado para el capital
Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.
En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.
Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.

Osvaldo Durán Castro es Coordinador VI REDLAR.

Más información:
http://www.redlar.org/

El Gobierno Federal ha infestado de proyectos y más represas a todo el país. Ante la crisis climática actual las represas se convierten en proyectos todavía menos sustentables, con altos riesgos de inundaciones catastróficas letales para la población. El desfogue continuo de represas ha acarreado ya la perdida de miles de hectáreas de cultivo, miles de personas afectadas y comunidades que han visto incrementar la migración. Los pueblos originarios quedan en mayor pobreza, la crisis climática se agudiza como una espiral interminable y los impactos medioambientales son irreversibles. Pese a ello, el gobierno sigue intentando represar más ríos del país.

Desde 1995 el gobierno a través de la CONAE hoy CONUEE dependiente de la Secretaria de Energía, planea la construcción de 510 represas para hidroeléctricas, de estas 112 son en el Estado de Veracruz, en el marco de la privatización de la energía, de las cuendas y sus ríos. La SEMARNAT, como la CFE, CONAGUA en contubernio con los Gobiernos del Estado y Empresas Privadas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, violación sistemática de los derechos humanos; falta de transparencia y nula consulta previa e informada. Nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras.

Por ello, el MAPDER saluda al 2º Foro Estatal de Afectados por las Presas e Hidroeléctricas en Veracruz que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Septiembre de 2011 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, donde comunidades indígenas nahuas entre otras son amenazadas y hostigadas por proyectos que amenazan sus tierras y territorios.

El MAPDER felicita a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) por su aniversario y a todas las demás organizaciones que serán anfitriones de este importante encuentro, entre ellos Defensa Verde Naturaleza para Siempre (Amatlán de los Reyés, Ver.), CDH Toaltepeyolo (Zongólica, Ver.) y Salvemos al río cuenca la Antigua (Jalcomulco, Ver).

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡EL AGUA Y LA ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA!
¡QUEREMOS RÍOS VIVOS!
POR UN MÉXICO LIBRE DE REPRESAS

http://www.mapder.lunasexta.org/