Comunicado la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería (REMA)- A 6 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<
El lunes 18 de marzo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de varios días en los que la incertidumbre del sector minero ponderó, a causa de las declaraciones que salieron desde la dirección de minas, en las que se anunció la revocación de concesiones mineras que presentaran irregularidades, finalmente, descartó la revocación de concesiones mineras, incorporando a su discurso la solicitud para que las empresas mineras canadienses cumplan con los mismos estándares que siguen en su país de origen.
“Lo único que pedimos es que actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”, (AMLO conferencia de prensa matutina).
Nos impresiona que quien conduce este país tenga tanta ignorancia sobre un tema que lleva años generando serios problemas y gravísimos daños a la salud y al ambiente, un problema que se impone con sangre y ocasiona despojo y desplazamiento forzado, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, también en Canadá.
Los asesores que usted tenga, si es que los tiene, también deberían prepararse para que lo orientaran mejor y evitar que quede totalmente expuesto por el gran desconocimiento que deja ver con las palabras con las cuales, de “manera sencilla y simplista” expuso la temática minera.
Los daños, el despojo, el desplazamiento forzado están plenamente documentados en todo el mundo y, por si fuera poco, más allá de quienes desde la inversión protegen sus intereses, está claro que la minería no es un modelo de desarrollo para los pueblos, ni aquí ni en Canadá. En consecuencia, ¿De dónde saca usted Sr. presidente de México, que la minería en Canadá es un Modelo a seguir?
Canadá, a través de sus embajadas en el mundo, es quien pregona e impone leyes mineras a modo para que esta industria, inscrita en las bolsas de valores de Canadá, florezca a costa del saqueo y despojo que ocasiona en los países del mundo. De ese país también surge la retórica de la minería socialmente responsable, la “verde”, y la “sustentable”, todos criterios, que en la práctica no sólo son falsos, sino son una ofensa para quienes sufren las consecuencias de esta mal llamada industria de progreso y desarrollo.
Ese país igualmente es promovente de un marco 100% voluntario para las empresas mineras canadienses que operan en más de 100 países en el mundo, partiendo desde las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de “Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, atiende a los estándares creados por las mismas empresas sobre “oro libre de violencia”, de buen manejo del cianuro, y ha instrumentalizado las universidades y académicos como un brazo de la política exterior de Canadá a través del Instituto Internacional de Canadá para Recursos y Desarrollo, y a partir de todo ello, construye un discurso lleno de barbaridades y retóricas que son un insulto cuando se les compara o contrasta con la verdadera dimensión de los daños que ocasiona. Ese país protege a sus empresas del no pago de dobles tributos fiscales, algo que, ya debería saberlo usted Sr. Presidente, está inscrito en los tratados comerciales.
Además, Canadá ha sido un fuerte promotor de los tratados y acuerdos para la protección de inversionistas extranjeras que les permite a las empresas mineras recurrir a tribunales supranacionales para demandar a los estados cuando hay medidas que afectan sus inversiones y ganancias y, por si fuera poco, llevan algunos años tratando de crear una figura denominada “Ombudsperson”, la cual demuestra que el gobierno canadiense no sabe qué hacer con la cantidad de quejas internas e internacionales que tienen por las terribles violaciones ocasionadas por las empresas mineras canadienses, de tal manera que, están en la antesala de abrir una oficina de atención, que será igual como muchas otras que hay en el mundo, no tendrá carácter vinculatorio para ni siquiera garantizar que se implementa sus posibles recomendaciones a las empresas o el estado, mucho menos servirá para meter a la cárcel a los dueños de esta industria que atenta contra la vida. Por lo tanto, estamos seguros será una oficina en donde se maquillarán, con respuestas laxas y débiles, la atención de casos y se sumará a las ya mencionadas estrategias de administración de conflictos.
En 2017, Canadá ya tenía 63 minas metálicas en operación y la enorme cifra de más de 1,800 proyectos mineros en fases preliminares hasta 2018 (de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales de Canadá), además de la descomunal cifra estimada de 10 mil minas abandonadas…sí…10 mil minas abandonadas, aunque vale la pena mencionar que ni siquiera en Canadá hay total exactitud sobre esta inmensa cifra, porque varias provincias, tal como sucede en México, no comparten la información como debería de ser.
El mayor desastre ambiental de la historia minera en Canadá ocurrió no hace muchos años, justo cuando le presumían al mundo que utilizaban la más alta tecnología del planeta. El 4 de agosto de 2014, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (propiedad de la empresa Imperial Metals), la cual arrojó 25 mil millones de litros de desechos tóxicos quedando destruida y para siempre, la quebrada Hazeltine y vertiéndose en el lago Quesnel, en el centro de la provincia de Columbia Británica, zona prioritaria para la reproducción de salmón e importante para los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que viven en la zona. Casi cinco años después, ni el gobierno provincial ni el gobierno federal ha aplicado ninguna sanción, multa o castigo a la empresa.
¿Otro ejemplo? La mina Gigante, que operó de 1948 a 2004 en el territorio noroeste de Canadá. Durante su proceso de explotación dejó un “producto secundario” altamente tóxico en cantidades absurdamente grandes: 237 mil toneladas de arsénico trióxido que mantienen congeladas y bajo tierra, lo cual es suficiente para acabar con toda la población del planeta. La empresa ya se marchó, así que es el estado canadiense, y en este caso, la población de Canadá con sus contribuciones, quienes deben pagar el mantenimiento de esta bomba de tiempo que supera $1 mil millones de dólares.
Tampoco es casualidad que, tal como sucede en México, en Canadá la legislación ambiental sea laxa y permisiva. En la provincia de Ontario, una jurisdicción principal para la minería en Canadá, no es obligatorio una revisión ambiental antes de construir una mina o iniciar actividades de exploración minera.
También las minas en Canadá operan protegidas a pesar de las resistencias y la oposición de la población; la mina Malartic (propiedad de Yamana Gold y de Agnico Eagle), una gran mina de oro a tajo abierto en medio de un centro urbano, tan sólo en el periodo que va del 2008 al 2015, ha cometido más de 171 violaciones a las leyes ambientales y más de 2,000 incumplimientos de las normas ambientales oficiales.
En Canadá las empresas que han dejado más de 10 mil minas abandonadas, en teoría legalmente están obligadas a hacer “remediaciones” en aquellos sitios que explotaron minerales, sin embargo, casi nunca realizan la remediación. Se estima que el costo de remediación para los miles de lugares contaminados por la minería, entre ellos sitios activos, suspendidos y abandonados, costaría arriba de $9.1 miles de millones de dólares canadienses, por lo tanto, sólo hacen pequeñas acciones que son toleradas por el estado y que están muy pero muy lejanas del costo real. Basta ver lo sucedido con la mina Tulsequah Chief, en el norte de la provincia de Columbia Británica, que ha generado drenaje ácido por décadas y contaminación con metales pesados en el río Tulsequah, fuente importante abasto para la pesca de salmón comercial y tradicional. A pesar de múltiples órdenes por el gobierno provincial para remediar este sitio y múltiples estudios pagados desde el presupuesto público, la contaminación persiste. El gobierno provincial no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política, para asumir el problema, prefiriendo depender de las empresas. Sin embargo, las empresas involucradas han entrado en la bancarrota sin la capacidad económica para operar una planta para el tratamiento de aguas, lo cual sería necesario para atender la contaminación que este sitio genera permanentemente.
Ante la voracidad de la minería moderna y los métodos empleados para la extracción de recursos, la idea de “remediación” de las zonas explotadas, es una burla al intelecto humano, es algo que no hay forma de que pueda ser considerado serio, menos aun científicamente posible, sobre todo por los costos significativos que ello implicaría. Los programas de remediación y cierre son expresiones cosméticas.
En Canadá las empresas mineras tampoco respetan a las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Bajo el concepto legal de “libre entrada” las empresas prácticamente pueden explorar cualquier zona (tal como ocurre en México). Hasta ahora, es la organización y la movilización social en defensa del territorio lo único que ha logrado detener los proyectos mineros a lo largo de nuestro continente. Se puede citar la lucha ejemplar para la defensa del territorio de las hermanas y hermanos del pueblo indígena Tsilqot’in y pueblos vecinos, y su lucha para defender el lago ‘Tetzan Biny’ (traducido ‘el Lago de Peces’), en el oeste de Canadá quienes, tras 20 años de lucha, lograron detener un proyecto minero. No fue con la ley, como supone debe ser, sino con lucha, con resistencia, con ejercicio y defensa de los derechos desde los propios pueblos, construyendo unidad y peleando durante repetidos procesos de revisión ambiental, porque el estado canadiense, al igual que el mexicano, se basa en un marco legal y político colonialista que aún facilita el despojo y la destrucción ambiental.
Al igual que sucede en México, en Canadá las empresas aportan una miseria a la economía del país. Según una investigación, en 2018 de los pagos a gobiernos reportados por las empresas mineras canadienses, y debido a muchos mecanismos en Canadá para minimizar impuestos y regalías sobre las operaciones mineras, las autoridades canadienses recaudan un porcentaje del valor del mineral extraído mucho menor comparado con otros gobiernos en el mundo. No por nada nueve provincias y territorios de Canadá son dentro de las veinte jurisdicciones más atractivas para la inversión en la minería según el último informe del Fraser Institute.
La Asociación Minera de Canadá destaca que el aporte de la minería al PIB en Canadá ha variado entre 2.7 a 4.5%, siendo 3.3% en 2017, lo cual incluye el procesamiento de minerales y la fabricación de productos secundarios. Considerando únicamente el valor de la extracción de minerales metálicos sería 1%. Además, es también falso que estas empresas generen tantos empleos aquí o en Canadá. En 2017, la extracción minera y servicios relacionados generó apenas el 0.7% del empleo total.
Cerramos diciendo que, hace apenas unos días se hizo público que el estado canadiense enfrenta la primera demanda sobre la responsabilidad que tiene por su diplomacia minera en contexto de conflicto y el aumento de peligro para las comunidades afectadas por la minería fuera de Canadá.
Es una pena que las y los políticos de nuestro país sean porristas de quienes son los principales artífices de la depredación minera en el mundo. Canadá no es un ejemplo a seguir, es todo lo contrario, es de donde nace, se refresca y se impone el modelo mundial de extracción de minerales.
La responsabilidad del estado mexicano es proteger y resguardar a su gente, los bienes naturales y nuestro territorio. Para ello debe haber un compromiso con la vida y no con la muerte, ni menos con el dinero. En REMA le queremos decir que ello es posible Sr. presidente, países hermanos lo han logrado sin miedo, sin retóricas, lo han hecho tomando en cuenta la historia y el sufrimiento de la violencia generada por la minería, como lo demuestran las y los hermanos de la República de El Salvador, en donde un pueblo valiente hizo valer su derecho y su razón ante las y los legisladores hasta que estos establecieron la prohibición de los proyectos de muerte.
TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afetados por la Minería
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