Categoría: ANÁLISIS

[Artículo] México deja a Monsanto infestar con sustancias de alto riesgo: ONGs; todo es legal, dice empresa

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Artículo publicado por Sin Embargo – Marzo 2019

Por Karen Castillo, México, marzo 25, 2019

El problema de regulación de los plaguicidas en México permite a transnacionales como Monsanto la venta de plaguicidas con ingredientes activos considerados como altamente peligrosos por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), argumentan organizaciones civiles.

Marcas como Faena, Faena Forte, Harness y Harness extra de Monsanto son vendidas sin control y porque las reglas lo permiten, pese a que sus fórmulas contienen elementos como glifosato, acetoclor, clopirifos etil y alaclor, asociados con padecimientos endocrinos y también cancerígenos.  

El uso de los fertilizantes químicos tiene un lugar privilegiado en México. En 2017, el 69 por ciento del total de hectáreas sembradas en el país –15 millones 098 mil 297– hizo uso de este tipo de tecnología. La venta de productos químicos para el campo, incluidos los plaguicidas, se realiza bajo pocos controles estatales que son respetados por la empresas, pero que a su vez ignoran las recomendaciones internacionales sobre la toxicidad de cada una de los ingredientes activos, denuncian ambientalistas y científicos. La endeble regulación, que ha permitido el paso de 183 activos considerados como “altamente peligrosos” y otros 140 prohibidos en otros países, privilegia a las grandes empresas internacionales que tienen el oligopolio mundial de plaguicidas y semillas modificadas. De acuerdo con la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el mundo cuatro empresas controlan el 75 por ciento del mercado mundial de plaguicidas: Dow Dupont, ChemChina, BASF y Bayer-Monsanto.

En México, Bayer- Monsanto tiene 456 productos inscritos en el Registro Sanitario de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a pesar de que algunos de sus ingredientes activos –glifosato, acetoclor, clorpirifos etil, alaclor– se encuentran prohibidos en otros países al estar relacionados con padecimientos endocrinos y cancerígenos. 

Al respecto Rodrigo Ojeda, director Legal de Monsanto, dijo en entrevista con SinEmbargo que esta empresa opera respetando la regulación de cada país.

“Monsanto opera en los diferentes países con base a la regulación existente. La verdad es que sí, en ciertos países existe regulación específica en donde se establece o se manifiesta que no debe usarse un determinado agroquímico. Monsanto siempre es respetuoso de las leyes de esos países. En el caso de aquellos países en donde su análisis ha sido que ciertos plaguicidas no causan daño, nosotros conforme al marco jurídico seguimos presentando a las autoridades nuestros expedientes para la autorización de esos productos. Si aquí en México o en Estados Unidos las autoridades regulatorias determinan con su propio análisis de riesgo y la información científica que se les presenta es que el producto es viable para ser usado por los agricultores, nosotros procedemos hacia adelante”, explicó. 

EL CASO DEL GLIFOSATO

El glifosato actualmente es el herbicida más usado a nivel mundial. Fue creado por Monsanto bajo la marca Roundup y se ha comercializado desde la década de los 90 del siglo pasado.

De acuerdo con la Rapam, en México está sustancia activa cuenta con un total de 110 registros autorizados vigentes en cualquiera de sus usos. La mayoría de las formulaciones se destinan a cultivos de granos, hortalizas, frutas, caña de azúcar, café, entre otros. 

Su comercialización está autorizada para 45 empresas, entre ellas Monsanto, que cuenta con 21 registros con vigencia indeterminada que incluyen autorizaciones para el control de malezas en la agricultura, las áreas urbanas e industriales, el control de lirio acuático, en vías de comunicación, en jardinería y en productos destinados para exportación.

El activo forma parte de la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la PAN y del listado del grupo 2 de posibles cancerígenos de la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Un estudio realizado por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés) reveló que el glifosato es capaz de producir intoxicaciones agudas, daños en los riñones, hígado e intestino, cáncer, alteraciones endocrinas, disminución de fertilidad y daños en el feto, neurológicos, alteraciones hormonales y alteraciones del microbioma intestinal.

Por su parte, la empresa argumenta que el “glifosato inhibe una enzima que es esencial para el crecimiento de las plantas, pero que no se encuentra en los seres humanos, ni en los animales. Por tanto, su riesgo para la salud humana es realmente bajo”. Asimismo, niega que el plaguicida sea un producto cancerígeno e insiste en que existen más de 400 estudios científicos que así lo avalan. 

Para su defensa Monsanto retomó un estudio de 2015 realizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), en el que se descartó que el glifosato fuera carcinógeno en humanos, contraviniendo la decisión de la IACR tomada unos meses antes.

El estudio levantó una nueva controversia que llevó al Observatorio Europeo de las Corporaciones a realizar un análisis comparado de ambas investigaciones. Los resultados destacaron que la IARC había examinado sólo información pública y que había realizado reuniones abiertas a la participación de observadores que incluían a la industria y a organizaciones no gubernamentales. Por el contrario, la EFSA además de basar su investigación en información pública había retomado estudios financiados por la industria, proporcionados por un grupo de expertos encabezados por Monsanto.

EL JUICIO CONTRA EL GLIFOSATO

El pasado 10 de agosto, un juzgado de Estados Unidos ordenó a Monsanto el pago de 289 millones de dólares a Dwayne Johnson, quien padece un tipo de cáncer terminal: linfoma de no Hodking. El demandante alegó que el herbicida Roundup, que roció durante su trabajo como jardinero en el distrito escolar de benicia, era el causante de su enfermedad. 

María Colín, representante legal de Greenpeace, argumentó que estos casos son un primer referente jurídico de los posibles daños ocasionados por el glifosato que contravienen el discurso que hasta ahora sostiene la empresa.

“A nivel mundial lo que dicen las empresas es que hay demasiadas evidencias científicas como para decir que no se puede vincular afectaciones a la salud por parte del glifosato, esa es la manera en que ellas se conducen. La realidad es que los artículos científicos más recientes consideran que el glifosato también se puede ligar con linfoma de no Hodgkin, que es un tipo de leucemia en la sangre y con otras afectaciones a polinizadores. Y además se avala la evidencia de la IARC de que es un probable carcinogénico en humanos, aunque la evidencia comprueba el daño en animales. Los casos que se han judicializado están llegado a la conclusión de que empresas como Monsanto- Bayer han actuado maliciosamente ocultado información que ya tenían”, agregó.

OTROS PRODUCTOS DE MONSANTO

En el Registro Sanitario de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Cofepris, Monsanto tiene registrados 38 productos, 21 de ellos tiene como ingrediente activo al glifosato; cinco tienen como base alaclor (en uno de los casos combinado con atrazina) la sustancia activa de tres más es el acetoclor y otros dos tienen como base el clorpirifos etil.

Todas estas sustancias son consideradas como altamente peligrosas por la PAN y todas están prohibidos en por lo menos un país. Los datos de la Rapam atribuyen 48 prohibiciones al alaclor, 28 al acetoclor, dos al clorpirifos etil y una al glifosato. Por su parte, los datos de Greenpeace atribuye 6 cancelaciones al glifosato (Francia, Holanda, Sri Lanka. El Salvador, Dinamarca y Bélgica.

En el catálogo de productos herbicidas de protección de cultivos de Monsanto se encuentran diferentes marcas: Defensa, Faena, Faena Fuerte, Harness, Harness Xtra, Roundup y Rival. De este grupo por lo menos cuatro tienen altas concentraciones de glifosato (Faena, Roundup, Faena Forte y Rival).

Faena es la más conocida en todo México y de acuerdo con los datos ofrecidos por su representante legal este representa alrededor de un 23 por ciento del total de ventas de glifosato en el país. Para su adquisición existe una lista regional, sin embargo, su compra puede realizarse a través de plataformas digitales como Mercado Libre en la que tiene un costo desde 123 pesos.

Foto: Diego Simón Sánches Cuartoscuro

Más información: 

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

[Artículo] Huachicoleo científico 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

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Comunicado la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería (REMA)- A 6 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<


El lunes 18 de marzo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de varios días en los que la incertidumbre del sector minero ponderó, a causa de las declaraciones que salieron desde la dirección de minas, en las que se anunció la revocación de concesiones mineras que presentaran irregularidades, finalmente, descartó la revocación de concesiones mineras, incorporando a su discurso la solicitud para que las empresas mineras canadienses cumplan con los mismos estándares que siguen en su país de origen.

“Lo único que pedimos es que actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”, (AMLO conferencia de prensa matutina).

Nos impresiona que quien conduce este país tenga tanta ignorancia sobre un tema que lleva años generando serios problemas y gravísimos daños a la salud y al ambiente, un problema que se impone con sangre y ocasiona despojo y desplazamiento forzado, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, también en Canadá.

Los asesores que usted tenga, si es que los tiene, también deberían prepararse para que lo orientaran mejor y evitar que quede totalmente expuesto por el gran desconocimiento que deja ver con las palabras con las cuales, de “manera sencilla y simplista” expuso la temática minera.

Los daños, el despojo, el desplazamiento forzado están plenamente documentados en todo el mundo y, por si fuera poco, más allá de quienes desde la inversión protegen sus intereses, está claro que la minería no es un modelo de desarrollo para los pueblos, ni aquí ni en Canadá. En consecuencia, ¿De dónde saca usted Sr. presidente de México, que la minería en Canadá es un Modelo a seguir?

Canadá, a través de sus embajadas en el mundo, es quien pregona e impone leyes mineras a modo para que esta industria, inscrita en las bolsas de valores de Canadá, florezca a costa del saqueo y despojo que ocasiona en los países del mundo. De ese país también surge la retórica de la minería socialmente responsable, la “verde”, y la “sustentable”, todos criterios, que en la práctica no sólo son falsos, sino son una ofensa para quienes sufren las consecuencias de esta mal llamada industria de progreso y desarrollo.

Ese país igualmente es promovente de un marco 100% voluntario para las empresas mineras canadienses que operan en más de 100 países en el mundo, partiendo desde las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de “Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, atiende a los estándares creados por las mismas empresas sobre “oro libre de violencia”, de buen manejo del cianuro, y ha instrumentalizado las universidades y académicos como un brazo de la política exterior de Canadá a través del Instituto Internacional de Canadá para Recursos y Desarrollo, y a partir de todo ello, construye un discurso lleno de barbaridades y retóricas que son un insulto cuando se les compara o contrasta con la verdadera dimensión de los daños que ocasiona. Ese país protege a sus empresas del no pago de dobles tributos fiscales, algo que, ya debería saberlo usted Sr. Presidente, está inscrito en los tratados comerciales.

Además, Canadá ha sido un fuerte promotor de los tratados y acuerdos para la protección de inversionistas extranjeras que les permite a las empresas mineras recurrir a tribunales supranacionales para demandar a los estados cuando hay medidas que afectan sus inversiones y ganancias y, por si fuera poco, llevan algunos años tratando de crear una figura denominada “Ombudsperson”, la cual demuestra que el gobierno canadiense no sabe qué hacer con la cantidad de quejas internas e internacionales que tienen por las terribles violaciones ocasionadas por las empresas mineras canadienses, de tal manera que, están en la antesala de abrir una oficina de atención, que será igual como muchas otras que hay en el mundo, no tendrá carácter vinculatorio para ni siquiera garantizar que se implementa sus posibles recomendaciones a las empresas o el estado, mucho menos servirá para meter a la cárcel a los dueños de esta industria que atenta contra la vida. Por lo tanto, estamos seguros será una oficina en donde se maquillarán, con respuestas laxas y débiles, la atención de casos y se sumará a las ya mencionadas estrategias de administración de conflictos. 

En 2017, Canadá ya tenía 63 minas metálicas en operación y la enorme cifra de más de 1,800 proyectos mineros en fases preliminares hasta 2018 (de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales de Canadá), además de la descomunal cifra estimada de 10 mil minas abandonadas…sí…10 mil minas abandonadas, aunque vale la pena mencionar que ni siquiera en Canadá hay total exactitud sobre esta inmensa cifra, porque varias provincias, tal como sucede en México, no comparten la información como debería de ser.

El mayor desastre ambiental de la historia minera en Canadá ocurrió no hace muchos años, justo cuando le presumían al mundo que utilizaban la más alta tecnología del planeta. El 4 de agosto de 2014, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (propiedad de la empresa Imperial Metals), la cual arrojó 25 mil millones de litros de desechos tóxicos quedando destruida y para siempre, la quebrada Hazeltine y vertiéndose en el lago Quesnel, en el centro de la provincia de Columbia Británica, zona prioritaria para la reproducción de salmón e importante para los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que viven en la zona. Casi cinco años después, ni el gobierno provincial ni el gobierno federal ha aplicado ninguna sanción, multa o castigo a la empresa.

¿Otro ejemplo? La mina Gigante, que operó de 1948 a 2004 en el territorio noroeste de Canadá. Durante su proceso de explotación dejó un “producto secundario” altamente tóxico en cantidades absurdamente grandes: 237 mil toneladas de arsénico trióxido que mantienen congeladas y bajo tierra, lo cual es suficiente para acabar con toda la población del planeta. La empresa ya se marchó, así que es el estado canadiense, y en este caso, la población de Canadá con sus contribuciones, quienes deben pagar el mantenimiento de esta bomba de tiempo que supera $1 mil millones de dólares.

Tampoco es casualidad que, tal como sucede en México, en Canadá la legislación ambiental sea laxa y permisiva. En la provincia de Ontario, una jurisdicción principal para la minería en Canadá, no es obligatorio una revisión ambiental antes de construir una mina o iniciar actividades de exploración minera.

También las minas en Canadá operan protegidas a pesar de las resistencias y la oposición de la población; la mina Malartic (propiedad de Yamana Gold y de Agnico Eagle), una gran mina de oro a tajo abierto en medio de un centro urbano, tan sólo en el periodo que va del 2008 al 2015, ha cometido más de 171 violaciones a las leyes ambientales y más de 2,000 incumplimientos de las normas ambientales oficiales.

En Canadá las empresas que han dejado más de 10 mil minas abandonadas, en teoría legalmente están obligadas a hacer “remediaciones” en aquellos sitios que explotaron minerales, sin embargo, casi nunca realizan la remediación. Se estima que el costo de remediación para los miles de lugares contaminados por la minería, entre ellos sitios activos, suspendidos y abandonados, costaría arriba de $9.1 miles de millones de dólares canadienses, por lo tanto, sólo hacen pequeñas acciones que son toleradas por el estado y que están muy pero muy lejanas del costo real. Basta ver lo sucedido con la mina Tulsequah Chief, en el norte de la provincia de Columbia Británica, que ha generado drenaje ácido por décadas y contaminación con metales pesados en el río Tulsequah, fuente importante abasto para la pesca de salmón comercial y tradicional. A pesar de múltiples órdenes por el gobierno provincial para remediar este sitio y múltiples estudios pagados desde el presupuesto público, la contaminación persiste. El gobierno provincial no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política, para asumir el problema, prefiriendo depender de las empresas. Sin embargo, las empresas involucradas han entrado en la bancarrota sin la capacidad económica para operar una planta para el tratamiento de aguas, lo cual sería necesario para atender la contaminación que este sitio genera permanentemente.

Ante la voracidad de la minería moderna y los métodos empleados para la extracción de recursos, la idea de “remediación” de las zonas explotadas, es una burla al intelecto humano, es algo que no hay forma de que pueda ser considerado serio, menos aun científicamente posible, sobre todo por los costos significativos que ello implicaría. Los programas de remediación y cierre son expresiones cosméticas.

En Canadá las empresas mineras tampoco respetan a las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Bajo el concepto legal de “libre entrada” las empresas prácticamente pueden explorar cualquier zona (tal como ocurre en México). Hasta ahora, es la organización y la movilización social en defensa del territorio lo único que ha logrado detener los proyectos mineros a lo largo de nuestro continente. Se puede citar la lucha ejemplar para la defensa del territorio de las hermanas y hermanos del pueblo indígena Tsilqot’in y pueblos vecinos, y su lucha para defender el lago ‘Tetzan Biny’ (traducido ‘el Lago de Peces’), en el oeste de Canadá quienes, tras 20 años de lucha, lograron detener un proyecto minero. No fue con la ley, como supone debe ser, sino con lucha, con resistencia, con ejercicio y defensa de los derechos desde los propios pueblos, construyendo unidad y peleando durante repetidos procesos de revisión ambiental, porque el estado canadiense, al igual que el mexicano, se basa en un marco legal y político colonialista que aún facilita el despojo y la destrucción ambiental.

Al igual que sucede en México, en Canadá las empresas aportan una miseria a la economía del país. Según una investigación, en 2018 de los pagos a gobiernos reportados por las empresas mineras canadienses, y debido a muchos mecanismos en Canadá para minimizar impuestos y regalías sobre las operaciones mineras, las autoridades canadienses recaudan un porcentaje del valor del mineral extraído mucho menor comparado con otros gobiernos en el mundo. No por nada nueve provincias y territorios de Canadá son dentro de las veinte jurisdicciones más atractivas para la inversión en la minería según el último informe del Fraser Institute. 

La Asociación Minera de Canadá destaca que el aporte de la minería al PIB en Canadá ha variado entre 2.7 a 4.5%, siendo 3.3% en 2017, lo cual incluye el procesamiento de minerales y la fabricación de productos secundarios. Considerando únicamente el valor de la extracción de minerales metálicos sería 1%. Además, es también falso que estas empresas generen tantos empleos aquí o en Canadá. En 2017, la extracción minera y servicios relacionados generó apenas el 0.7% del empleo total.

Cerramos diciendo que, hace apenas unos días se hizo público que el estado canadiense enfrenta la primera demanda sobre la responsabilidad que tiene por su diplomacia minera en contexto de conflicto y el aumento de peligro para las comunidades afectadas por la minería fuera de Canadá. 

Es una pena que las y los políticos de nuestro país sean porristas de quienes son los principales artífices de la depredación minera en el mundo. Canadá no es un ejemplo a seguir, es todo lo contrario, es de donde nace, se refresca y se impone el modelo mundial de extracción de minerales.

La responsabilidad del estado mexicano es proteger y resguardar a su gente, los bienes naturales y nuestro territorio. Para ello debe haber un compromiso con la vida y no con la muerte, ni menos con el dinero. En REMA le queremos decir que ello es posible Sr. presidente, países hermanos lo han logrado sin miedo, sin retóricas, lo han hecho tomando en cuenta la historia y el sufrimiento de la violencia generada por la minería, como lo demuestran las y los hermanos de la República de El Salvador, en donde un pueblo valiente hizo valer su derecho y su razón ante las y los legisladores hasta que estos establecieron la prohibición de los proyectos de muerte.

TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afetados por la Minería

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Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

[Boletín] ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad?

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Boletín informativo del  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) >>Descargar el boletín en pdf<<

Presentación:

ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad? Nuestra opinión Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”  

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Avispa Midia, the Mulokot Foundation Suriname, Rainforest Foundation UK, All India Forum of Forest Movements (AIFFM), The Oakland Institute e integrantes del secretariado del WRM. 

Si antes las organizaciones conservacionistas se dedicaban a recaudar dinero para crear áreas protegidas en bosques supuestamente amenazados de destrucción, hoy éstas forman una verdadera «industria» trasnacional que administra y controla áreas que van mucho más allá de los bosques.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) cree firmemente que no es posible separar al bosque de las comunidades que de él dependen. Esa visión se opone a la de las ONGs conservacionistas, que defienden una naturaleza sin gente, inspiradas en el modelo de parques nacionales creado en Estados Unidos. (1) Por eso la creación y expansión de áreas protegidas sin comunidades viene siendo una preocupación constante para el WRM.

Es un hecho que los proyectos destructivos, como los madereros, mineros o de agronegocios, ocasionan impactos terribles sobre los bosques y las comunidades. Sin embargo, los parques de conservación, cuando imponen restricciones a la ocupación humana, también expulsan comunidades y/o prohíben que éstas usen lo que consideran su casa, de donde obtienen casi todo lo que necesitan, con el argumento perverso de que son las comunidades las causantes de la destrucción del bosque. 

Las verdaderas fuerzas destructivas avanzaron sobre los bosques al mismo tiempo que las ONGs conservacionistas. Esas organizaciones fueron cruciales en la construcción de la idea neoliberal de que la naturaleza sólo se salvará si se le establece un precio, ya que brinda «servicios» por los cuales hay que pagarle a alguien. Así nació el llamado «ambientalismo de mercado».

Esto les gustó a las industrias contaminantes: ahora tienen permiso para seguir contaminando mientras que muestran una cara limpia. Pueden «compensar» parte de las emisiones que generan al quemar petróleo, gas y carbón mineral pagando para «proteger» un bosque o establecer una plantación de árboles. Y en lugar de reducir sus emisiones, que son la causa de los cambios del clima, hacen propaganda de sus «buenas acciones».

A la inversa de lo que el sentido común podría indicar, las ONGs conservacionistas están entre los mayores beneficiarios de la destrucción de los bosques: lograron obtener un fuerte acceso a esta nueva fuente de recursos de las industrias y los gobiernos de los países más contaminantes, protagonizando proyectos que perjudican a las comunidades que usan y protegen los bosques. 

Una clara demostración de esto es el papel de dichas ONGs en los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques) alrededor del mundo, entre ellas The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Works Carbon (WWC). Según estas organizaciones, el mecanismo REDD+ no sólo respondería a la crisis climática sino que también beneficiaría a las comunidades en las zonas de los proyectos. Sin embargo, la visión dominante de los programas y los proyectos REDD+, promovidos por estas organizaciones, es que las comunidades son obstáculos y representan amenazas para los bosques, por lo que se les termina prohibiendo o restringiendo su acceso y uso. (2)

Indice

  • Nuestra opinión: Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”….2
  • La industria de la conservación: ¿Un sector con fines de lucro?……………………………………………………6
  • Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”……………………………………11
  • El pueblo indígena Wayana en Surinam y las ONGs conservacionistas: Una historia de “amor verdadero”…………………………………………………………………………………………………………………………..15
  • Desplazamiento y despojo en Tanzania: Cómo la “conservación” está destruyendo a los Maasai……20
  • Guatemala: Conservación perpetúa el saqueo de los bosques…………………………………………………..25
  • El Costo humano de las áreas estrictamente protegidas en la Cuenca del Congo………………………..29

ALERTAS DE ACCIÓN

  • India: ¡Se necesita tu apoyo urgente! ¡Más de un millón de personas están bajo riesgo de despojo de sus tierras y bosques!……………………………………………………………………………………………………………34
  • Brasil: Apoye al Cacique Babau y su familia…………………………………………………………………………….34
  • Únete al llamado por un nuevo enfoque de conservación…………………………………………………………..34
  • India: ¡Alto a la política brutal de “disparar sin previo aviso”!………………………………………………………34
  • Campesinos camboyanos contra el grupo Bolloré……………………………………………………………………..35
  • Argentina: No a las semillas transgénicas!………………………………………………………………………………35

RECOMENDADOS

  • WWF financia guardias que han torturado y asesinado personas………………………………………………..35
  • India: La conservación desde la comunidad en medio del conflicto……………………………………………..35
  • La Gran Mentira de la Conservación (“The Big Conservation Lie”)………………………………………………36
  • “Naturaleza cercada. Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad”………36
  • Nuevos Desafíos y Estrategias en Defensa de la Tierra y el Territorio (“New Challenges and Strategies in Defense of Land and Territory”)……………………………………………………………………………36 

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Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) – A 1 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía. 

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas. Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.
  • Las consultas no son libres, sino forzadas. La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene. Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el «consentimiento vinculante». La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas. Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción -como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS

¡NO A LAS CONSULTAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información: 

Consulta fallida y reactivación de Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

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Comunicado de Prensa, Ciudad de México – A 28 de Marzo de 2019  >>Descargar comunicado en pdf<<

¡EL PRIMER CASO DE EN LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO.

Este lunes 25 de marzo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia a mi padre Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas y los abusos que cometía la empresa en nuestro territorio.  

El 5 de febrero mi familia, Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas y Alerta Minera Canadá solicitamos al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá abra una investigación a la Embajada de Canadá porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de mi padre y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

La solicitud presentada demuestra el apoyo que la embajada dio a la empresa, aun conociendo la amenaza que representaba para mi padre y para mi familia. Todos los hallazgos presentados están fundamentados en documentación extensiva obtenida a través de la ley de transparencia, en donde se revela el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales.

Ante la negativa que el Comisionado presentó de abrir una investigación solicitamos un recurso de apelación ante la Corte Federal y acudimos a la audiencia este lunes, el 25 de marzo. Además, realizamos una serie de actividades con diversos actores de la sociedad civil de Canadá para argumentar la importancia de abrir una investigación seria e imparcial a la embajada por la necesidad de hacer justicia a mi padre Mariano Abarca. Así también por las implicaciones de este caso en los derechos de las personas afectadas por la minería con capital canadiense en México y en muchas partes del mundo.

Hoy informamos que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado. También calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. Reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho. Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones”.

No hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales de la mina de Blackfire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad, aún cuando supo que la vida de Mariano estaba en grave riesgo. Contrario a los intentos débiles del abogado del gobierno canadiense de decir que nuestra demanda se base en pura especulación, hay amplia evidencia y esperamos que la corte exija una investigación seria en el caso.

Hoy mismo la minería canadiense sigue siendo una amenaza para nuestro territorio, la diplomacia económica entre México y Canadá es de gran interés para el estado canadiense, para el de México y por su puesto para las empresas mineras. Lamentablemente, la minería ha sido anunciada por el gobierno como estrategia para el desarrollo del país y se promueve la inversión canadiense, así como está retomándose el modelo extractivo minero de Canadá como ejemplo para implementar en nuestro país, lo que pone en riesgo los bienes naturales del agua, la tierra y el aire, los derechos colectivos de las y los campesinos y los pueblos indígenas de México, así como aumentara el riesgo de las personas, pues existen varios informes que han demostrado el patrón de actuación de las empresas frente a la seguridad física y psicológica de las y los defensores de la tierra y el territorio.

Ilustrando los graves riesgos que las comunidades afectadas por la minería enfrentan, un estudio por la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) documentó 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países de América Latina entre 2000 a 2015.

La familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperamos la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses pero lo más importante es que el Estado Canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y el mundos, que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos, no debe omitir las violaciones a derechos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social.

Requerimos que el estado Canadiense y el estado Mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promocionar las empresas canadienses en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería.

#JusiticiaParaMariano

¡Fuera la minería del país!

FIRMAN:

Familia Abarca Montejo

Fundación Mariano Abarca A.C.

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas

Mining Watch Canadá

>>Descargar comunicado en pdf<<

Foto: Conferencia de Prensa en Centro de Comunicación Social (CENCOS) en CDMX, 28 de marzo de 2019, José Luis Abarca Montejo (Hijo de Mariano Abarca), Uriel Abarca Roblero (Hermano de Mariano Abarca) y Libertad Díaz (IOtros Mundos A.C. y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería-REMA)

>>Ver conferencia de prensa<<

Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá! 

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

En los medios: 

Corte canadiense analiza denuncia a embajada de ese país en México, por muerte de activista en Chiapas

Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas

Demanda legal contra Embajada Canadiense por caso Mariano Abarca

Diplomáticos canadienses serían investigados por proteger a la minera Blackfire, implicada en crimen de activista

Investigan a diplomáticos canadienses por proteger a la minera Blackfire 

Piden investigar a embajada canadiense en México por crimen de ambientalista

Abogados de activista mexicano asesinado, optimistas sobre caso en Canadá

Murder of Mexican mining protester throws spotlight on role of Canada’s embassies  

Jueves 28 de marzo Conferencia de Prensa Embajada Canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero

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Conferencia de Prensa Jueves 28 de marzo de 2019 ¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

 

Te invitamos a la Conferencia de Prensa

El jueves 28 de marzo en las oficinas de Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, Col. Roma en Ciudad de México a las 11 a.m.

Informaremos sobre la audiencia y nuestra exigencia al estado canadiense de responsabilizarse con la protección de los derechos de los y las afectadas por la minería.

  ¡El primer caso!

Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Este lunes 25 de marzo José Luis Abarca Montejo y Uriel Abarca Roblero, la organización Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas asistimos a la Corte Federal de Canadá para defender la necesidad de una investigación a la Embajada Canadiense por su actuación y omisión en el asesinato de Mariano Abarca por su lucha contra la empresa BlackFire.

Visita el Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información del caso:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá! 

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019 

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

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Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATLALC) – 19 de marzo de 2019

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia y repudia el asesinato de Sergio Rojas – indígena costarricense defensor de los derechos de los pueblos originarios y defensor del territorio Bribri del Salitre al Sur de Costa Rica- quien durante su vida fue un inclaudicable luchador por la autonomía indígena, enfrentando a los usurpadores de tierras de sus comunidades. 

Los hechos se presentaron en la noche del lunes 18 de marzo en el lugar de residencia de Sergio, ubicado en la comunidad de Yeri, donde el defensor de los derechos territoriales fue abaleado en 15 oportunidades. Horas antes de su asesinato, junto a otros miembros de la comunidad indígena, presentó ante la fiscalía denuncias por usurpación de tierras por parte de personas no indígenas en sus territorios, y las amenazas constantes de las que son objeto desde hace varios años sin que haya respuesta efectiva por parte de las autoridades costarricenses. Aún cuando existen medidas cautelares entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para Salitre, se dio este nefasto hecho que ha conmocionado a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales del país mesoamericano y de toda la región latinoamericana.

Como organización ambientalista comprometida con la búsqueda de la justicia ambiental, social, económica y de género, y que trabaja por los derechos de los pueblos y de las/os defensoras/es de los territorios, extendemos nuestra solidaridad al pueblo costarricense, a las comunidades indígenas y a la familia en extenso de Sergio Rojas.

 

También hacemos un llamado al gobierno de Costa Rica y a las autoridades e instituciones competentes para que se agilicen las investigaciones que den con los responsables intelectuales y materiales de este infame asesinato. Creemos fundamental que se entreguen explicaciones claras del por qué pueblos indígenas y sus representantes, como en el caso de Sergio, quienes se encuentran expuestos a la violencia permanente por su justa lucha y la defensa de sus derechos, no cuentan con protección especial, que además se encuentra amparada en las medidas cautelares entregadas por la CIDH.

Consideramos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad y el cumplimiento estricto del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en Costa Rica, a partir de la acción efectiva del Estado, es posible evitar que casos como el de Sergio se repitan, y se continúen las acciones de exterminio contra los pueblos, contra su derecho a la autonomía y a sus territorios.

A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar el asesinato de Sergio Rojas, y a mantenernos en alerta permanente frente a la injusticia que sigue acompañándose de la impunidad hacia nuestros pueblos.

Firma:

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- Marzo 19 de 2019


Foto: Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe

Más información:

Comunicado M4 en memoria de Sergio Rojas Ortiz, recuperador de dignidad para los pueblos indígenas de Costa Rica

[INFORME] Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria en América latina y el Caribe 

 

Sign the petition to demand justice for Mariano Abarca to the federal court of Canada!

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JOIN IN SOLIDARITY! THE FIRST CASE OF ITS KIND!

FEDERAL COURT TO HEAR CASE ON THE ROLE OF THE CANADIAN EMBASSY IN ITS UNWARRANTED INTERVENTION IN MINING CONFLICT IN MEXICO

 >>Sign here<<

James Gordon Carr 

Minister of International Trade Diversification

Government of Canada

 

Crystia Freeland

Minister of Foreign Affairs

Government of Canada

 

Cheryl Hardcastle

Member of Parliament

NDP Party

 

David Sweet

Member of Parliament of Canada

Conservative Party

 

Anita Vandenbeld

Member of Parliament of Canada

Liberal Party

 

To the Canadian Embassies in Latin America

 

For the first time, representatives of the Canadian Embassy in Mexico are the subject of a judicial review before the Federal Court of Canada for their conduct in a mining conflict, related to the criminalization and murder of Mariano Abarca in Chiapas in 2009. The hearing will take place on March 25, 2019 in Ottawa

On November 27, 2009, the local leader of the Mexican Network of Peoples Affected by Mining (REMA), Mariano Abarca Roblero, was murdered in the municipality of Chicomuselo, Chiapas, after an active and peaceful resistance that villagers carried out against this company that extracted the mineral barite from its mine in the community All the suspects in the case had links to the mining company Blackfire Exploration, but no one was convicted of the murder. The investigation is still open.

Until the day he was murdered Mariano suffered threats, intimidation, beatings, arbitrary detention under false accusations made by the mining company, among other abuses. Copies of checks deposited for more than a year to the personal bank account of the municipal president by the company Blackfire were presented to Canada’s Royal Canadian Mounted Police, which resulted in no consequences. In Mexico, a request for clarification was filed with the State of Chiapas’ Comptroller’s office, but their response has been silence.

The Canadian embassy in Mexico heard Mariano expressing the threats he had received from a group of company thugs and alerted the embassy to the other damages that the mining company’s operations were causing.

Documentation obtained through the Access to Information and Privacy Act from the Ministry of Foreign Affairs of Canada, shows that, despite the fact that the Canadian embassy had significant knowledge about the conflicts between the company Blackfire and the community -including the death threats faced by Mr. Abarca-, the embassy approached the state government of Chiapas to ask them to control the protests against the Canadian company in the community.

Mariano was imprisoned for eight days on false accusations made by the owners of the mining company, and was released following national and international pressure with no charges. Mariano decided to file a lawsuit against the mining company and a few weeks later was killed in front of his home in Chicomuselo, Chiapas. The suspected employees of the mine were, eventually freed; the owners of the company, in total impunity.

The Canadian government claims that the embassy was not obligated to act consistently with public policies about embassy responsibilities towards environmental defenders, and that the embassy’s acts and omissions increased the dangers faced by Mr. Abarca.

We know that this case is not unique. We know that the Canadian embassies in various countries of the region have promoted mining companies even when the life and well-being of the communities were under threat. We know that they have intervened in the elaboration of policies related to companies in countries such as Honduras and Colombia. And we know that they have helped to legitimize mining projects facing resistance because of the serious impacts on health, water, land and territories that we defend.

All of this demonstrates that there needs be political will to enforce binding protocols for Canadian embassy personnel in order to ensure human rights. That is why we demand a full and impartial investigation into the case of Mariano Abarca Roblero. We also demand that legal measures be implemented to prevent embassies from continuing to intervene to promote the abuse and violation of human rights that Canadian mining companies commit in other countries. 

spanish version / versión en español

 {YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

 >>Sign here<<

More information about the Mariano Abarca case: 

Check our blog Justice for Mariano Abarca

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

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SOLIDARIZATE ¡EL PRIMER CASO!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO

>> FIRMA AQUÍ <<

A James Gordon Carr 
Ministro, Diversificacion del Comercio Internacional
Gobierno de Canada;

A Crystia Freeland
Ministra Relaciones Exteriores
Gobierno de Canada;

A Cheryl Hardcastle
Miembro de Parlamento de Canada, Partido NDP
Co- presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A David Sweet
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido Conservadores
Co-presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A Anita Vandenbeld
Miembro de Parlamento de Canada, Partido Liberal
Presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales

A las Embajadas canadiense 
en América Latina 

Por primera vez, representantes de la Embajada canadiense en México son demandados en una denuncia administrativa ante la Corte Federal de Canadá por sus gestiones peligrosas en un conflicto minero, relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas en 2009. Se llevará acabo una Audiencia el 25 de marzo de 2019 en Ottawa.

El 27 de noviembre de 2009, el líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, luego de una resistencia activa y pacífica que protagonizaban los pobladores contra esta empresa que extraía el mineral de barita. Todos los sospechosos en el caso tenían vínculos con la empresa minera Blackfire Exploration, pero nadie fue condenado por el asesinato. Aún sigue abierta la investigación.

Hasta el día de su asesinato, Mariano sufrió amenazas, intimidaciones, golpes, detención
arbitraria bajo acusaciones falsas hechas por la empresa minera, entre otros abusos. Copias de cheques depositadas durante más que un año a la cuenta bancaria personal del presidente municipal por la empresa Blackfire fue presentada ante la policía federal de Canadá, sin que ello tuviera consecuencias. Se presentó un requerimiento de aclaración ante la Contraloría del Estado de Chiapas y la respuesta fue el silencio. 

La embajada de Canadá en México escuchó a Mariano de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. 

Documentación lograda a través de la ley de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, demuestra que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre los hechos entre la empresa Blackfire y el Sr. Abarca -inclusive las amenazas de muerte que este enfrentaba-, acudió al gobierno estatal de Chiapas para solicitarle controlar las protestas contra la empresa canadiense en la comunidad.

Fue encarcelado por ocho días bajo arraigo con acusaciones falsas hechas por los dueños de la empresa minera, y fue liberado por la presión nacional e internacional ante la falsedad de las acusaciones. Mariano decidió interponer una demanda contra la minera y unas semanas después fue asesinado frente a su domicilio en Chicomuselo, Chiapas. Los presos, trabajadores de la mina, libres; los dueños de la empresa, en total impunidad.

Aunque por acción y omisión son responsables, el gobierno Canadiense sigue negando los hechos. Niega, además, la existencia de políticas para poder responsabilizarlos de aumentar el peligro que corría Mariano.

Sabemos que este caso no es único. Sabemos que las embajadas canadienses en diversos países de la región han actuado a favor de las empresas mineras aún cuando la vida y el bienestar de los pueblos estaba bajo amenaza. Sabemos que han intervenido en la elaboración de políticas afines a las empresas en países como Honduras y Colombia. Y sabemos que han ayudado legitimar proyectos mineros frente procesos de resistencia en contra de este modelo y los graves daños que conlleva para la salud, el agua, las tierras y los territorios que defendemos.

Todo ello muestra que no hay voluntad ni marcos jurídicos, normativos ni protocolos de actuación vinculantes para el personal de las embajadas canadienses con el fin de velar por los derechos humanos. Es por ello que exigimos una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca Roblero, y que se aseguren medidas legales para evitar que las embajadas puedan seguir interviniendo para solapar el abuso y la violación a los derechos humanos que las empresas mineras canadienses cometen en otros países.

VERSIÓN EN INGLÉS AQUÍ / ENGLISH VERSION HERE

 {YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

>> FIRMA AQUÍ <<

 

Más información sobre el caso de Mariano Abarca:

Vísita nuestro blog Justicia para Mariano Abarca

Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

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Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)  

Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019 

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 

– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica

>>Escuche la entrevista<< 

Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”

Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.

El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.

¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?

“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.

Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.

El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.

En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.

Por donde pasa la solución

“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.

Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.

En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia

Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.

“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.

Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?

Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.

Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.

Más información: 

A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero 

VIDEO: Exigimos indagar el papel de la Embajada de Canadá en el caso Mariano Abarca 

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

#14M Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía

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Comunicado de Otros Mundos Chiapas y Movimiento de Afectados por las Represas en Latino América (MAR) – A 14 de Marzo de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

14 de Marzo Día de Acción Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos

Este 14 de marzo celebramos junto con otras organizaciones y movimientos a la lucha la lucha por la defensa de los ríos, el agua y las comunidades y refrendamos nuestro compromiso de resistencia a los proyectos de muerte de las represas.

Es lamentable que hasta el día de hoy las grandes, medianas y mini represas para la producción de energía y las presas para el abastecimiento de agua continúe siendo parte del modelo de gestión de agua y de energía en América Latina y en México. A pesar de que la denuncia de las afectaciones por los proyectos de represas ha sido denunciada debidos a sus impactos a los causes de los ríos, a los ecosistemas y por ser causantes de la desaparición, desalojo y desplazamiento de miles de poblados estos proyectos y el asesinato de cientos de defensores y defensoras de los ríos siguen imponiéndose, con grandes inversiones de las bancas financieras y para beneficiar a grandes empresas.   

Hoy en día nos unimos a la exigencia de cancelar definitivamente los proyectos de muerte que han amenazado durante años a miles de habitantes, como El Zapotillo en Jalisco, Paso de la Reyna en Oaxaca y La Parota en Guerrero. Todos los proyectos han sido planeados y/o construidos con negligencia, inviabilidad ambiental, corrupción e impunidad. 

Junto con nuestros compañeros y compañeras del Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) exigimos la cancelación de la represa Hidroituango, causante de la casi desaparición del río Cauca y por el que el Movimiento Rios Vivos Colombia ha luchado en los últimos años.

También nos comprometemos a la lucha contra el poder corporativo de las empresas para denunciar a la empresa minera Vale, causante de varios desastres naturales en los últimos años, el más reciente en Brumadinho en febrero de este año.

Por este medio refrendamos nuestro compromiso por la justicia a Berta Cáceres, a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Exigimos cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca y también pronunciamos: Faltan Los Atala.

Junto con el MAR llamamos a exigir un modelo energético y de gestión del agua alternativo, porque mientras se sigan planeando y desarrollando proyectos para movilizar al sistema capitalista, es decir para generar electricidad o brindar agua para la minería, las Zonas Económicas Especiales, los monocultivos, la industria del papel, etc., los proyectos seguirán siendo para la muerte y no para nuestro derecho al agua y a la energía. Aun cuando se plante que los proyectos de generación de energía serán “renovables”, como los eólicos, las hidroeléctricas o las celdas solares mientras sigan teniendo el objetivo de producción de energía para las ganancias de los empresarios seguirán siendo para la muerte.

Hoy en día es necesario formarnos, capacitarnos, analizar y discutir el modelo energético capitalista, requerimos reunirnos para soñar juntos y juntas un modelo energético distinto y prepararnos para contar con mejores estrategias para la defensa de nuestros ríos y territorio, sin menos muertes y por una mejor vida.

¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!

¡Ni Presas, Ni presos!

¡Mujeres, Agua y Energía, NO son Mercancía!

Firman:

Otros Mundos Chiapas A.C.

Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR)

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Foto: Copuveder 

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#14M Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

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Comunicado del Grupo Chiapaneco en contra del Modelo Extractivo – A 14 de marzo de 2019  >>Descarga el comunicado en pdf<<

Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

“Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía”

El Grupo Chiapaneco en contra del Modelo Extractivo nos conformamos por organizaciones, comités y movimientos en Defensa de la Tierra y el Territorio por los proyectos de presas, minas, palma aceitera, Zonas Económicas Especiales (ZEE), entre otros proyectos extractivos. Este 14 de marzo nos unimos a las acciones mundiales que realizan muchas comunidades, pueblos y organizaciones contra los proyectos de represas de muerte y a favor de los ríos y el agua.  

Expresamos nuestra contundentemente solidaridad con las y los compañeros del Movimiento Ríos Vivos Colombia que luchan contra el proyecto Hidroituango, hidroeléctrica ligada al abastecimiento de energía para la minería, la cual a pesar de diversas irregularidades técnicas en su construcción e inviabilidad ambiental y energética, las autoridades y la empresa llenaron su embalse, generando en 2018 inundaciones por el taponeo de su túnel poniendo en riesgo a cientos de personas alrededor del río Cauca, quienes desde el año pasado tuvieron que ser desalojadas y desplazadas por la amenaza de su rompimiento y actualmente viven en calidad de damnificadas. Este 2019 el río Cauca ya presentó evidentes daños, al punto de secarse, esto causó la muerte de más de 60 mil peces y afectó la seguridad alimentaria de alrededor de 170 mil personas.

En enero de este año vivimos junto con las poblaciones de Brasil una profunda indignación, por segunda vez en 3 años la empresa Vale es culpable de otro catastrófico derrame de desechos tóxicos de minería, también en Minas Gerais. Tres presas que almacenaban alrededor de 12 millones de m2 de desechos de minería con metales pesados (como níquel, plomo, mercurio, cadmio y zinc) se rompieron y viajaron 7 km. hasta llegar al río Paraopeba de la ciudad de Brumandinho, esto causó alrededor de 130 desaparecidos y 183 muertes. Vale es la principal empresa en el mundo para la producción de hierro y níquel, la impunidad empresarial en América Latina y en el mundo entero le protege hasta el punto que no se ha hecho responsable por las muertes y la devastación ambiental que ha causado. Con este derrame ha destruido dos cuencas de agua en una misma región y causado cientos de muertes de personas y del ecosistema.

En México, a casi tres meses de iniciar el año amanecimos el 20 de febrero con la triste noticia del asesinato del compañero Samir Flores, quien luchaba contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y era responsable de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos. Por este medio nos solidarizamos con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien desde hace más de 5 años se opone a este proyecto federal con intereses privados de Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagas. El Proyecto Integral Morelos contempla dos termoeléctricas que contaminarían el aire por la emisión de gases óxidos de nitrógeno que provocarían lluvia ácida y empobrecerán la tierra, constituye también un gasoducto que pasa por la zona volcánica y un acueducto, que tan solo con su construcción el ruido ha afectado a las comunidades aledañas pero de construirse captaría 60 millones de agua del río Cuautla, en este río también se desecharían agua con metales pesados de las termoeléctricas.

Tan solo con estos tres casos podemos demostrar hoy, una vez más, que los proyectos de generación de energía y producción de minerales que sostienen un sistema económico y político capitalista nos dañan, nos asesinan, nos destruyen. Tan solo en año y medio el río Cauca, el río Paraopeba y el río Cuautla se encuentran en riesgo de desaparecer, contaminados por desechos tóxicos y con amenaza de ser devastados. Ahora llevamos en la memoria el nombre de Samir y de Berta Cáceres, los cientos de desplazados y desalojados del río Cauca y los cientos de muertos por la minera Vale.

En todos los proyectos de muerte las mujeres, las niñas y los niños son mayormente afectados, el extractivismo alimenta el sistema patriarcal que incrementa el despojo de tierra de las mujeres, fomenta la exclusión de la mujer en la toma de decisiones sobre su territorio, produce daños a la salud y alimentación, genera violencia y mercantilización de los cuerpos de las mujeres.

Los gobiernos y las empresas continúan impulsando estos proyectos, grandes, medianos, chicos. Acá en Chiapas el año pasado también quisieron imponernos el proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo y a los compañeros y compañeras de Guatemala les asesinaron por oponerse a los proyectos Pojom 1 y Pojom 2 que amenaza al río Ixquisis. No encontramos desarrollo en estos proyectos, ningún beneficio, nada de vida en ellos, sino al contrario solo muerte.

Este 14 de marzo prendemos una vela por cada uno de los asesinados y asesinadas por este modelo energético capitalista, por los ríos Cauca, Paraopeba, Cuautla, Ixquisis, el río Verde, San Pedro, Chacté, Cuilco y Santo Domingo. También reconocemos el importante papel de las mujeres en la defensa del territorio y cantamos la consiga: Mujeres, agua y energía no son mercancía.

También festejamos y manifestamos nuestra alegría por la reciente liberación de los compañeros presos políticos Clemente Cabrera Benítez y Tomás Cruz Valeriano, integrantes del Consejo y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) detenidos por su resistencia al proyecto Hidroeléctrico La Parota. La resistencia y la organización dan frutos y gracias a ella son liberados/as y protegidos/as compañeros/as o es posible la cancelación de proyectos, como por ejemplo la reciente anulación de la hidroeléctrica Las Crucitas, ubicada en Nayarit.

Hoy 14 de marzo exigimos la cancelación de los proyectos energéticos de muerte en Chiapas y todo el mundo.

¡Fueras las empresas de nuestros territorios!

¡Fuera las hidroeléctricas, termoeléctricas y mineras de nuestros territorios!

¡Ni presas, Ni pres@s!

¡Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía!

¡Viva los pueblos en resistencia!

Firman:

ZODEVITE – Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio; Concejo Autónomo Regional de La Costa de Chiapas; Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa» A.C.; Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa; FPDS – Frente Popular en defensa del Soconusco «20 de junio»; Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza; Otros Mundos A.C;. REMA – Red Mexicana de Afectados Por la Minería; MAR – Movimiento de Afectados por Represas de América Latina; MOCRI CNPA MN; La Voz del Pueblo;  Las Abejas de Acteal; Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules y Parteras Nichim Dios 

 

>>Descarga el comunicado en pdf<< 

Foto: Acción 14 de marzo (Crédito: Angie Vanessita, dcdesingtk)

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