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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones  Populares e Indígenas de Honduras (COPINH ) a 40 meses del asesinato de Berta Cáceres – A 2 de julio 2019 

Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.

7 meses sin sentencia

El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.

Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.

Compartimos el siguiente artículo sobre actualizaciones del caso de Berta Cáceres mediante el análisis de la “Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres” publicado en Sputnik – A 3 de junio de 2019 

MONTEVIDEO (Sputnik) — A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Sputnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.

“A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso”, señaló el abogado guatemalteco.

El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que “el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito”. 

Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido “con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)” con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados. 

Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.

Fuentes del Copinh dijeron a Sputnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que “las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político”, expresó la organización.

“No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia”, dijo el Copinh a esta agencia. 

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que “es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables”.

Además, opinaron que “en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso”.