Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre la violencia a hacia defensoras y defensores en Ecuador- A 17 de abril de 2026
El estado de Ecuador está actuando de forma extremadamente agresiva contra organizaciones, asociaciones indígenas y ciudadanos particulares que defienden la naturaleza y los derechos humanos: les persigue judicial y económicamente, criminalizando y congelando las cuentas bancarias de algunos activistas, con el claro objetivo de intimidar, difamar, silenciar y arruinarlos económicamente.
Nos dirigimos al gobierno para mostrar que estamos observando sus acciones injustas y desproporcionadas, pedir que frenen ya esta tendencia y respeten la democracia, la ley y a las defensoras y defensores de la naturaleza.
Cada firma suma y es una gran ayuda para mostrar la atención que reciben.
Es una nueva tendencia al alza con graves consecuencias para organizaciones y personas afectadas que, p. ej., no pueden pagar salarios ni hacer frente a facturas de alimentos o visitas al médico, deben interrumpir proyectos y actividades en curso. Muchas de ellas se enfrentan además a una posible persecución penal. En caso de condena por presunto terrorismo, enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.
Abogados expertos en derechos humanos ven clara persecución política y critican la falta de transparencia. No se ajusta a leyes ni a procedimientos establecidos.
Además, una congelación preventiva de fondos solo puede llevarse a cabo si se dispone de información objetiva y verificable que apunte a transacciones sospechosas; se debe limitar a cantidades concretas y no a cuentas bancarias totales. Por otra parte, su vigencia máxima sería de ocho días tras los que un juez especializado en corrupción y delincuencia organizada debería confirmar, modificar o revocar la medida.
Tras esta persecución organizada por el Estado se ve la política de gobierno del presidente Noboa, quien pretende llenar las arcas del Estado y la economía expoliando sin freno los recursos naturales. En octubre de 2025, se promulgó un decreto que prohíbe a las organizaciones ecologistas «participar directa o indirectamente en actividades destinadas a obstaculizar o perturbar proyectos mineros legalmente autorizados».
Cualquier persona que se pronuncie en contra de la extracción de petróleo, la minería o el saqueo de la naturaleza está bajo esta amenaza. Se conocen al menos 71 casos en el país, aunque el número total de personas criminalizadas podría ser mucho mayor.
En este momento, dos activistas de nuestra organización aliada YASunidos han sido condenados a pagar una multa equivalente a 15000 euros (quince mil) por una supuesta irregularidad en una declaración de fondos de campaña. Se trata de una diferencia contable de 39 céntimos. Llevan trece años luchando por el fin de la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní.
Por favor, firma la petición.