La cumbre mundial sobre el desarrollo debe centrarse en los derechos humanos, dicen 200 organizaciones de todo el mundo

Compartimos esta declaración colectiva sobre la Cumbre Finanzas en Común publicada en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A noviembre 2020

En una carta dirigida a la Agencia Francesa de Desarrollo, más de 200 organizaciones de todo el mundo piden que los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos e impulsado por las comunidades se incluyan y prioricen tanto en el programa como en los resultados de la Cumbre de Finanzas en Común (Finance in Common Summit), una reunión de alto nivel de todos los Bancos Públicos de Desarrollo, que se celebrará en París del 9 al 12 de noviembre.

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Del 9 al 12 de noviembre de 2020, la Agencia Francesa de Desarrollo convocará la primera cumbre mundial de todos los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD). El objetivo de esta reunión es proporcionar una respuesta colectiva a los desafíos globales, conciliando respuestas a corto plazo a la crisis de COVID-19 con medidas de recuperación sostenible, reorientando los flujos financieros hacia objetivos de desarrollo sostenible.

Esta cumbre es muy relevante y oportuna, pero para un diálogo verdaderamente integral e inclusivo, debe extraer lecciones del pasado para dar forma a un futuro más sólido con la plena participación de las comunidades afectadas por los proyectos de los BPD y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan. En muchos casos, las actividades respaldadas por los BPD han exacerbado la pobreza y la desigualdad, así como la vulneración de los derechos humanos, como represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y desalojos forzosos, sin una reparación significativa para las comunidades afectadas. La cumbre debería incluir un espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en el logro de los objetivos de recuperación sostenible, como abordar las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en inversiones y proyectos respaldados por los BPD.  La cumbre debería enfrentar los desafíos de las inversiones de los BPD que carecen de estándares sólidos para los derechos humanos ni garantías sociales y ambientales, el cambio climático y la lucha contra la corrupción; o en los casos en que existan esos estándares, cómo abordar las fallas para ponerlos en práctica.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las fallas de los sistemas sanitario, social y económico, lo cual exige un replanteamiento profundo de la forma en que operan los gobiernos, los BPD y otros actores. Varios grupos y organizaciones de la comunidad de base han estado pidiendo a los BPD que garanticen que el financiamiento y el apoyo que brinden para la respuesta al COVID-19, y durante el período de recuperación económica, respeten los derechos humanos y conduzcan a la justicia económica, social y ambiental para quienes son más vulnerables. Es necesario un nuevo impulso para hacer realidad el principio básico de “que nadie quede rezagado”.

Agradecemos la oportunidad de involucrarnos con los BPD durante la cumbre para servir mejor a los principios y objetivos de las normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, con ese fin, y por una cuestión de credibilidad y eficiencia, debe ser una prioridad garantizar que los derechos humanos y las necesidades de la comunidad se discutan explícitamente y formen parte de la declaración conjunta prevista al final de la cumbre. Como declaró el ACNUDH  el año pasado:

 “Con la década más crucial para la implementación de los ODS por delante, los derechos humanos no solo son la forma correcta, sino la forma inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. El desarrollo no se trata solo de cambiar las condiciones materiales…. También se trata de empoderar a las personas con una voz … para que participen activamente en el diseño de sus propias soluciones y en la configuración de la política de desarrollo. … Empoderar a las personas significa ir más allá de las soluciones puramente tecnocráticas y tratar a las personas como objetos pasivos de ayuda o caridad. Las personas se empoderan cuando pueden reclamar sus derechos y dar forma a las decisiones, políticas, reglas y condiciones que afectan sus vidas”.

Dado que los ODS están en el corazón de la cumbre, los derechos humanos y la participación de las comunidades son clave. Eso requiere adaptar la agenda y los resultados esperados. Nuestras recomendaciones para garantizar un evento inclusivo son las siguientes:

  1. Los derechos humanos deben quedar reflejados en la agenda central de la cumbre, la asistencia y la participación. Tal como fueron concebidas, la conferencia de investigación y la cumbre no parecen proporcionar un espacio específico para las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad. El compromiso con la participación pública y la protección del espacio de la sociedad civil se ha reconocido desde hace mucho tiempo como esencial para garantizar un desarrollo efectivo. Las organizaciones de derechos humanos y de base, las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades deben guiar el futuro del modelo de desarrollo y, por lo tanto, deben involucrarse en la organización, contribuir a la agenda y participar en la cumbre. Es una cuestión prioritaria que las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades que se ven directamente afectadas por las actividades de los BPD estén presentes en la mesa de negociación.
  2. Los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad deberían incluirse y destacarse en los resultados esperados de la cumbre, incluidos los trabajos de investigación y las declaraciones colectivas. Alentamos a los gobiernos y los BPD a comprometerse a reforzar y fortalecer los principios del desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad en los mandatos y la gobernanza de los BPD; políticas y prácticas; cultura e incentivos internos; en qué proyectos y actividades invierten; y cómo trabajan con otros BPD, gobiernos y actores clave. Estos compromisos deberían conducir a mejoras, como:
  1. La participación plena y libre de las comunidades directamente afectadas en todas las actividades y proyectos respaldados por los BPD, y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Deberán desarrollarse enfoques innovadores para abordar la reducción de espacio, los riesgos y desafíos para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil para participar de manera significativa en las decisiones que impactan sus vidas, medios de vida, medio ambiente y recursos. Las políticas de tolerancia cero frente a amenazas y represalias por parte de los BPD y sus clientes deberían ser un requisito fundamental.
  2. La identificación de inversiones que estén alineadas con los derechos humanos internacionales, la protección del clima y los ODS, y reorientar las inversiones hacia un desarrollo sostenible que respete estos estándares, asegurando al mismo tiempo que se cubran las prioridades y necesidades de las personas marginadas.
  3. La mejora de los requisitos sociales y ambientales mediante la inclusión de normas de derechos humanos. Los BPD y sus clientes deben adherirse a los principios y estándares de derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Las políticas y procedimientos de salvaguardia deben garantizar que las actividades financiadas directa o indirectamente por los BPD, respeten los derechos humanos, no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo equitativo e inclusivo que beneficie a todas las personas.
  4. El desarrollo y la mejora de los mecanismos de transparencia, seguimiento, supervisión, reclamación y rendición de cuentas para evitar activamente que las actividades e inversiones del AP socaven los derechos humanos.
  5. Asegurar que los clientes o socios del sector privado también adopten estrictas normas ambientales y de derechos humanos, y no eviten ni evadan impuestos.
  6. La elaboración de directrices comunes por parte de los BPD sobre evaluaciones de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos antes de las inversiones de proyectos y en apoyo de políticas o programas de reforma económica. Esto incluye la identificación de riesgos contextuales y específicos, estrategias de prevención y mitigación y reparación de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar que estas evaluaciones se desarrollen en estrecha consulta con las comunidades afectadas y se actualicen iterativamente en función de las condiciones cambiantes y la nueva información.
  7. El desarrollo de enfoques coordinados para garantizar que las actividades respaldadas por los BPD no agraven la deuda ni contribuyan a recortes del gasto público que repercutan negativamente en los derechos humanos o el acceso a los servicios esenciales para los más vulnerables.

Como reiteró el ACNUDH, la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible requiere una gobernanza no discriminatoria, inclusiva, participativa y responsable. Con la década más crucial de la implementación de los ODS por delante, y en el contexto de la intersección de las crisis de salud, ambiental, económica y social, será fundamental procurar una mayor integración y coherencia entre las agendas de desarrollo y derechos humanos:

 “Los derechos humanos no son solo una guía sobre la forma correcta de lograr la implementación de los ODS, sino la forma inteligente de acelerar un desarrollo más sostenible y equitativo”.

Los BPD deberían abrir canales para la participación significativa de las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y los grupos de la sociedad civil en la valoración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus proyectos y actividades, así como en sus procesos de toma de decisiones. Por estas razones, la agenda y el producto final de la cumbre deberían reflejar debidamente la centralidad de los derechos humanos y el desarrollo liderado por la comunidad para un desarrollo efectivo y sostenible.

El Escaramujo 100: LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 100 en pdf<<

Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

  • 1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
  • 2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
  • 3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  • 4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
  • 5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

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