Compartimos este pronunciamiento de la sociedad civil organizada en San Cristóbal de Las Casas ante el incremento de la violencia e inseguridad en la ciudad – A 7 de marzo 2022 >>Descarga el comunicado en pdf aquí<<
San Cristóbal de Las Casas, Chis, 7 de marzo de 2022.
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
MTRO. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Secretario de Gobernación
LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas
Por este medio las y los abajo firmantes expresamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por el contexto de violencia que diariamente enfrentan los pobladores de comunidades enclavadas en los limites municipales entre Aldama y Chenalhó, en el Estado de Chiapas.
Como es de su conocimiento, se trata de un conflicto añejo que en los últimos cuatro años se ha recrudecido significativamente, causando un enorme sufrimiento a pobladores de ambos municipios. Los ataques armados se suceden diariamente, a veces de manera prácticamente ininterrumpida, como lo ha venido documentando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
La situación de estos dos municipios se inserta en el contexto de violencia generalizada que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad. Al de Chenalhó y Aldama se agregan los casos de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Simojovel, Altamirano, Socoltenango, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas, Chapultenango y Amatán. La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social. Llama especialmente la atención la gran cantidad de armas, muchas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, que circulan por todo el territorio chiapaneco, sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo. Asimismo, es evidente la presencia de diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en la más absoluta impunidad.
No se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerian una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República.2
Ante esta terrible realidad no se vislumbra estrategia de intervención alguna por parte de las autoridades correspondientes en los tres niveles de gobierno. ¿Están rebasadas? ¿Hay incompetencia? ¿Complicidad? ¿Se trata de rivalidad política y fuego amigo que está convirtiendo a Chiapas en un campo de batalla? ¿Hasta dónde tiene que llegar la situación?
Por otro lado, a la violencia cotidiana y creciente, se agrega la emergencia alimentaria y de salud que se ha extendido a toda la región y que vulnerabiliza aún más a la población. Miles de chiapanecos y chiapanecas, principalmente de comunidades indígenas, padecen hambre y desnutrición en diversos grados. Los servicios de salud, cuando los hay, son insuficientes y deficientes, pues no se cuenta con el cuadro básico de medicamentos ni la atención mínima necesaria en personal y equipo médico. En muchos casos, este tipo de servicios son inexistentes o inaccesibles. Se incumple con ello el derecho humano a la alimentación y a la salud.
Chiapas se acerca peligrosa y rápidamente a un punto sin retorno. Las vidas y los derechos de miles de chiapanecos y chiapanecas están en gravísimo riesgo. Conocemos muy bien lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes para detener la espiral de violencia. Lastimosamente lo hemos visto desde hace tiempo en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Estado de México.
En estos años de seguimiento a diversos conflictos en la entidad hemos aprendido que las buenas intenciones son muy importantes pero insuficientes. Se requiere de una estrategia integral de intervención que abarque desde una hoja de ruta clara y consensuada hasta la definición de instituciones, funcionarios y presupuestos específicos para implementarla así como mecanismos de información oportunos.
Entre las acciones que consideramos necesario implementar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, proponemos: un encuentro de emergencia y distensión que siente las bases para procesos de reconciliación; una mesa extraordinaria de diálogo cuya agenda de trabajo incluya los temas que más inquietan a la sociedad; un encuentro de víctimas, en donde se escuche la voz de quienes han sufrido la violencia en carne propia; la conformación de una misión de observación y seguimiento para los casos más graves; la creación de grupos de mediación que faciliten la comunicación, el diálogo y la reconciliación; la participación de organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales en todos los casos que sea necesaria.
La sociedad en su conjunto merece respuestas de largo alcance pero aún más las merecen quienes, como los habitantes de muchas comunidades indígenas en Chiapas, sufren de manera directa y cotidiana una violencia que supera nuestros peores pronósticos. No actuar de inmediato implica en los hechos sentenciar a nuestro estado al horror que se vive en tantas partes del país. La inacción no sólo es inaceptable. Llegaría a ser criminal
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Imagen: Heraldo de Chiapas
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