Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS Y LA MINERÍA EN 2024
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
15 de Mayo 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/
El Modelo Extractivo Minero es el megaproyecto de mayor impacto ambiental, social, económico, político y cultural. Entre los impactos más significativos está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de población y la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, las enfermedades y la disputa por el agua, las divisiones familiares y comunitarias, la corrupción municipal y estatal así como en diversas dependencias del estado; además de amenazas, persecución, asesinatos e impunidad.
En 2015 existían 99 Concesiones mineras vigentes en Chiapas, que abarcaban un total de un millón 57 mil 81 hectáreas concesionadas del subsuelo de tierras campesinas y de territorios indígenas. Estas concesiones representaban el 14,20% del territorio chiapaneco, ubicados en 16 municipios que equivalían al 13% del total de los 123 municipios de la entidad. Estos municipios eran: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).
Posteriormente, las concesiones aumentaron y luego volvieron a disminuir. En 2021 fueron canceladas 58 concesiones mineras que abarcaban 985,758.08 hectáreas del territorio chiapaneco.1 Así, del 14,20% del territorio de Chiapas concesionado en 2015, bajó al 1,86% en 2021. Esto se explica en el contexto de al menos dos sucesos fundamentales que modificaron la coyuntura. Por un lado al crisis del la COVID-19 en el 2020 provocó que disminuyeran las expectativas de inversión y de capital. Todo ello a pesar de que fue la minería el sector menos afectado en el país y al que se le permitió seguir operando las minas en territorio nacional. Por otro lado, el repunte de los actos violentos generados por los cárteles del narcotráfico en el estado, la lucha por el control de los territorios y los fuertes enfrentamientos en las fronteras de disputa, pudo haber provocado el desinterés de seguir pagando las cuotas de las concesiones.
Entre los municipios donde se han registrado hechos violentos agudizados a partir de la pandemia de la Covid-19 y causados por los cárteles de la droga están: Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla. Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Siltepec. En todos ellos se cancelaron concesiones mineras.
En 2024 iniciamos el año con 54 concesiones mineras en Chiapas, poco menos de 50% de hace casi 10 años. Esta disminución de concesiones si bien es importante, no elimina las amenazas sobre el territorio y especialmente por la injerencia de los cárteles en todo el territorio del estado, así como su control sobre las ganancias mineras y de otros sectores económicos.
En el caso del municipio de Chicomuselo, el cartel de la droga ha tomado el control de la mina de barita que antes tenía concesionada la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Abarca en 2009. Sin embargo, no se entiende cómo la empresa Blackfire continúan siendo dueño de una concesión minera en el municipio de Pijijiapan cuando la empresa ya no existe ni se tiene registro legal de ella en Canadá.
Otras concesiones mineras vigentes están atrapadas en el control de los cárteles como en el caso de las ubicadas en la sierra de Motozintla, entre otros municipios controlados por el narcotráfico donde la violencia y el control territorial impiden la operación de dichas concesiones.
La concesión minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a particulares, físicos o morales, un derecho condicionado con el fin de aprovechar los recursos minerales en un terreno delimitado y por un tiempo determinado. Contar con una concesión minera no significa que la mina esté ya operando. Tampoco significa que tener el permiso de la posible explotación del subsuelo implica el permiso automático de los dueños con los que tiene que negociar. Hay tres tipos de dueños del suelo: privado, estatal o Ejidos y Bienes Comunales. Hay que tomar en cuenta también que las concesiones se pueden volver a adquirir.
Para adquirir una concesión la persona física o moral, según la Ley Federal de Derechos actualizada el 12 de noviembre de 2021, debe pagar la ridícula cantidad de $8.63 pesos semestrales durante los dos primeros años por cada hectárea de tierra que el Estado le haya otorgado en concesión para la explotación minera.
Durante el tercer y cuarto años el pago es de $12.91 pesos por hectárea; durante el quinto y sexto año se paga $26.68 pesos; en el séptimo y octavo años es de $53.66 pesos; en el noveno y décimo años de $107.32. A partir del décimo año el pago es de $188.86 pesos por hectárea.
Si los concesionarios no llevan a cabo la exploración o explotación minera durante dos años continuos en el lapso de los primeros 11 años de vigencia de la concesión, solo pagan el 50% de la cuota señalada, pero a partir del año 12 pagarían el 100% de la cuota.
Así, al terminar la pandemia de la Covid-19, en el año 2021 se estimaban en el país alrededor de 25 mil 72 concesiones mineras que abarcaban en total 20 millones 853 mil 927 hectáreas. Entre 2017 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 14 mil 322 millones de pesos por cobro de todas esas concesiones mineras.
El gobierno federal continúa con el impulso de la actividad minera abanderando el litio como la punta de lanza de la transición energética minera. Así, el Modelo Extractivo Minero no termina, solo se cambia de mineral al ritmo en que se descubren nuevos nichos de negocios blanqueados como combate al cambio climático.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) impulsa la estrategia de prevención contra los proyectos mineros. Entre las acciones preventivas está el impulso de crear y decretar “Territorios Libres de Minería” donde los pueblos, comunidades y colectivos blindan su territorio y se organizan para evitar el arribo de los proyectos mineros que destruyen la vida de los pueblos.
Este decreto lo han hecho los mismos ayuntamientos como en el caso del municipio de Escuintla, Chiapas, gracias a los miembros de la REMA del Frente Popular por la Defensa del Soconusco (FPDS).
Del mismo modo, en reunión del Cabildo abierto, se declaró al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, como “Territorio Libre de Minería” gracias al trabajo arduo de resistencia de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTyBE), también miembros de la REMA. Otras organizaciones miembros de la REMA como el Comité por la Defensa del Territorio de Guadalcázar, San Luis Potosí, declaró al territorio El Realejo como “Territorio Libre de Minería”.
Estos son algunos ejemplos de resistencia y protección de los pueblos, de los bosques, el agua, la vida y la cultura de los pueblos frente al embate del Modelo Extractivo Minero en el país. Sin embargo, existen dos retos fundamentales a enfrentar. Por un lado, el actor que domina cada vez más los territorios con lujo de violencia dificulta esta defensa.
El crimen organizado, los carteles de la droga, poco a poco clavan sus intereses en el sector minero como lo han hecho para tomar el control de los comercios, los negocios, la producción agropecuaria, el tráfico de indocumentados o la infraestructura. Esto obliga al movimiento social a replantearse la estrategias de cuidado del territorio, de la seguridad, de la autonomía y la defensa de las comunidades.
El otro reto fundamental es la continua búsqueda de alternativas locales que no solo satisfagan las necesidades concretas y resuelvan los problemas inmediatos, sino que ayude a rearticular la confianza, la organización, los mecanismos de gobernanzas locales y comunitarios. Las alternativas que generen autonomía alimentaria, energética, de acceso al agua y la salud, a la apropiación del territorio que le disputa el narco a los pueblos.
