Brumadinho 70 días después: Infinitas realidades de un mismo crimen

Reportaje publicado en  Agencia Latinoamerica y Caribeña de Comunicación (ALC) – A 23 de abril de 2019 

Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid BRASIL-

Más de dos meses pasaron desde el 25 de enero. Hace más de dos meses que la vida de las personas de la región de Brumadinho (MG), se estacionó en el crimen cometido por la minera Vale do Rio Doce, de la represa Córrego do Feijão. Dos meses después del “alboroto” de la prensa tradicional y su cobertura cuantitativa: Número de muertos, desaparecidos, supervivientes, inversiones que cayeron, “dineros” perdidos.

  

De acuerdo con el informe de la SOS Mata Atlántica, divulgado en el último día 22 de marzo, el rompimiento colocó casi 13 millones de metros cúbicos de desechos de minería en el río Paraopeba, dejando el ecosistema local devastado, muerto.

Se detectó la concentración de hierro, manganeso, cromo y cobre, además del nivel de turbidez del agua sobrepasando los límites legales establecidos por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).

Alzira de Fátima, residente de la región cuenta que en los primeros días después de la ruptura, era posible ver pedazos de cuerpos humanos y muchos animales pasando por el curso del río. Ahora pregunta lo que será de ella, que cocinaba para los pescadores y se quedó sin ninguna renta. Al mostrar el cultivo de mandioca que tiene en el patio, pregunta: ¿Crees que puedo comer eso? No tengo el coraje… Está tan cerca de ese río contaminado. Debe estar contaminado también”.

En el caso del río Paraopeba, hay muchas personas cuyo sustento dependía de él. Pescadores, habitantes del lecho del río que vivían de la economía local generada por la pesca o plantaban su propio alimento, ahora aguardan los desdoblamientos.

Por medio de un Fondo de Respuesta Rápida de ACT Alianza, desde finales de abril el Foro Ecuménico ACT Brasil (FEACT), con la coordinación de KOINONIA, está actuando junto al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), con apoyo psicosocial, distribución de agua y alimentos para familias afectadas.

Además, el trabajo también se dio en alianzas con el Ministerio Público (MPF), la sección local de Minas Gerais de la oficina del Defensor del Pueblo (DPU), la Iglesia Católica y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC-MG).

Débora Matte es psicóloga de formación y actuó como orientadora y monitora de los equipos de atención psicosocial de la articulación MAB/FEACT – KOINONIA.

En cuanto a la naturaleza, Débora cuenta como se sintió al ver aquellos árboles de guayaba en el patio de una de las casas que fue a visitar durante el trabajo del grupo del apoyo psicosocial, “será que la gente no va a acabar comiendo esa guayaba en alguno tiempo? ¿Tiene una huerta llena de lechuga en el patio, ellas no van a nunca más poder tomar una hoja para colocar en el plato? “.

El MAB acompaña, denuncia y auxilia a las personas afectadas por el crimen en Brumadinho desde el 25 de enero, por medio de los equipos de voluntarios/as que se desplazaron a toda la cuenca del río Paraopeba y lo largo del río São Francisco, donde el lodo y la contaminación comienzan a llegar, dos meses después de la ruptura.

Desde enero, cerca de 760 familias están siendo acompañadas con apoyo psicosocial por medio de visitas a las casas; en el amparo a los habitantes en necesidades de emergencia, como para mantener la unidad de las comunidades y ayudar a la acción de los comités comunitarios locales; apoyo en asambleas para acceder a informaciones sobre desaparecidos, entre otras demandas específicas.

En la distribución de alimentos y agua potable fue posible alcanzar un número de 1390 familias atendidas, sumando las alianzas con las iglesias.

Considerando lo que sucedió en Mariana, es fundamental la presencia de organizaciones sociales, entre ellas las ecuménicas, para sumar y garantizar que la población no quede desamparada y vulnerable a los acuerdos propuestos por la Vale. La presencia de las Iglesias, del Movimiento de Afectados por Represas, Foro Ecuménico, entre otras, garantiza un equilibrio en la región y un apoyo para el protagonismo de las personas afectadas luchando por reparaciones y compensaciones.

Una de las conquistas fue la negociación junto a las comunidades y al Ministerio Público para indemnizaciones y medidas compensatorias por la Vale en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Después de la decisión judicial, Vale deberá pagar:

  • Para las personas del Municipio de Brumadinho, mensualmente por 12 meses – Un salario mínimo para cada adulto;
  • – Medio salario mínimo ( sm) para cada joven o adolescente;
  • – y 1/4 de salario mínimo para cada niño/niña.
  • Para las personas a lo largo del Paraopeba, que viven en un radio de 1 km, a cada lado del canal de río:
  • – Las mismas indemnizaciones provisionales decididas para Brumadinho: 1 s.m. por adulto, 1/2 s.m por joven o adolescente y 1/4 s.m. por niño, mensualmente por 12 meses.

Los crímenes como lo que ocurrió en Brumadinho no son aislados ya que la lista de impactos y amenazas provocadas por grandes empresas en relación al uso de bienes comunes no es pequeña en Brasil ni en otros países de América Latina. Mientras estos países sean tratados y legitimados como quintal de empresas como la Vale, crímenes como Brumadinho y Mariana, continuarán ocurriendo.

¿Y las vidas que quedan?

Débora y otros socios relataron que se hizo común en la región oír historias de niños dibujando cuerpos, sangre y helicópteros, en una señal clara de la experiencia vivida. La moradora Sara de Souza Silva cuenta sobre el trauma en sus hijos, que ya no pueden dormir solos.

“Para mí, Vale tenía que sacar todo el mundo de aquí. ¿Cómo los niños van a crecer con ese recuerdo? ¿Cómo va a quedar la cabeza de ellas en medio de ese fango? “. La región presenta escenarios distintos y complejos. En el centro de Brumadinho, la vida intenta mantener una normalidad, y las familias de la región de la Córrego do Feijão piensan en cómo seguir de aquí en adelante.

La relación con el gobierno local y la compañía Vale hace las cosas más difíciles, ya que ambos demostraron intereses mutuos en el debilitamiento de las negociaciones de mitigación. La población afectada está participando en comités (10 comités con una media de 100 familias cada uno) formados con la ayuda de la articulación del MAB/FEACT – KOINONIA desde la primera semana después del desastre.

Se comprobó que la minera responsable se infiltró con falsas víctimas en comités familiares, utilizó control digital ilegal, movilizó móviles donde había un trabajo del equipo psicosocial con niños y contrataron profesionales psicosociales. Ocasionando un flujo de voluntarios externos muy grande, con la propia comunidad relatando incomodidad con la situación.

La articulación MAB/FEACT – KOINONIA no sólo mejora la acción de coordinar las listas de familias atendidas y servicios de abogacía libre, pero también procura garantizar una contribución más sostenible a largo plazo, ya que con la experiencia adquirida en casos semejantes, la reconstitución y garantía de derechos puede tardar años.

Débora cuenta que se conocieron como “el personal de la casita”, pues se acabó estableciendo un círculo de confianza con la comunidad. “La gente acaba creando un vínculo con las personas. Las familias querían que la gente fuese en los velorios con ellas, se sentían seguras cuando veían al personal con nuestra camiseta. Llamaban a la gente a ir en las casas. Entonces ellos ven a la gente y ya saben que son personas con quienes ellos pueden conversar”.

Es necesario oír el dolor de las personas, y nosotros estamos allí para eso

Escuchar con empatía. Este es el verbo más utilizado por Débora cuando cuenta sobre el trabajo realizado por el equipo del apoyo psicosocial. Un dolor que no puede medirse, pero puede ser escuchado.

“Y cuando las operaciones terminen y la gente se olvide?, era una pregunta que Débora dice haber escuchado con frecuencia. No sólo ella, sino otras personas del equipo.

El apoyo psicosocial del MAB está allí para oír y dejar que aquellas personas sientan ese dolor. El momento es de dolor, y ellas necesitan sentir eso, estamos allí para sentir eso con ellos. Si no va a convertirse en un síntoma psíquico en algún momento después, no tiene como abrazar ese momento. Estamos allí para animar a la gente a hablar de sus dolores, ¿como ellos, como comunidad pueden organizarse para enfrentarlo juntos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las demandas?

Incomoda aquel discurso que dice que la persona tiene que dar gracias a Dios porque no murió. Ella no murió, pero su vida está destruida. Perdió prima, tío, abuela, perro, la casa, la tierra. No es sólo dar “gracias a Dios”.

Nuestro papel es dar protagonismo a lo alcanzado. Porque normalmente son personas que no están acostumbradas a ser protagonistas. Es el mayor apoyo psicosocial que podemos colaborar con ellos. Hay muchas entidades que quieren colocar a esas personas en el papel de débiles. Y ese papel no favorece a la persona, ella necesita hablar y entender lo que está pasando.

La ciudad respira, despierta, duerme, almuerza y cena el crimen

El centro de operaciones de rescate está en la ciudad de Brumadinho. Entonces no tiene pausa, los helicópteros no paraban, usted estaba en la misa y los cuerpos sobrevolaban sobre usted; usted estaba hablando con las personas en la calle y pasabs otro cuerpo volando. Porque aunque estén en las bolsas, sabes lo que es. Y la gente está a la sombra de eso.

Otra cosa frecuente allí eran las sirenas. De madrugada, llovía, tocaba una sirena. Y nadie sabía el motivo de la sirena, no tiene ningún tipo de preparación para huir si otra cosa sucediera, no tiene entrenamiento de ruta de fuga, por otra parte, la otra minera vecina, de la MIB, continuó funcionando hasta que la justicia bloqueó su operación.

Hubo una noche que fui a conversar con un bombero, yo y un periodista, porque la gente escuchó un ruido extraño. Y la población allí, a la merced de las otras represas, de la falta de información. Es lo que me parece más cruel, la falta de información de Vale para con las personas.

Familias que perdieron cuatro, cinco personas. Es una situación que no tiene pausa. La vida de las personas hoy es la ruptura. Se detuvo el día 25. Todo el mundo conoce a alguien que murió. De dos a cinco velorios al día. El olor de la muerte está allí, aquel olor de pudrición.

Usted se lava el pelo y el pelo no se limpia

El agua que llega a la casa de la gente, nadie sabe de dónde viene. La Vale daba una noticia, pero de ahí nadie tenía confirmación de qué tipo de agua estaba siendo distribuida. Nadie veía el tal del camión abastecer.

No sabía si el agua era buena o mala, entonces el pedido era no beber ni cocinar, para eso sólo con agua mineral.

Yo me ensucié una parte de mi piel con el fango en uno de los días, y no salía. Me quedé tratando de sacar la mancha por más de 4 días. ¿Y quién vive allí? Eso está en el patio de su casa. Incluso tiene familia en el Córrego do Feijão que está viviendo sobre el lodo. Porque no quiso salir de allí, y es un derecho de ella. ¿Usted toma una familia entera y pone en un hotel, y después? El hotel es para una situación provisional. No es una cosa para que te quedes un mes, dos meses.

Las raíces de las personas fueron invadidas por el lodo, es el bien material e inmaterial

Para la Vale, quien es alcanzado es el agricultor. O las personas que perdieron un familiar o las que perdieron una casa. Pero hay alcanzados visibles y también los invisibles. Por ser una comunidad de interior, las personas viven mucho de subsistencia.

Prácticamente todas las casas tienen gallinas, huertas, frutas, y todo eso queda prohibido para el consumo. ¿Y cómo quedan esas familias y esos alimentos que son de ellas y ellas ya no pueden consumir? Porque eso es un tipo de renta que no es posible de ser comprobado.

Por ejemplo, un señor vino a buscar a la gente porque estaba teniendo problemas en el trabajo. El jefe estaba amenazándolo porque no estaba consiguiendo ir a trabajar por la falta de transporte.

Con el rompimiento de la represa, la carretera que conecta el Córrego do Feijão al centro de Brumadinho quedó prohibida. La gente tardaba dos horas en llegar al centro. Se quedaron aislados. No tenía autobuses, y no todo el mundo tiene coche.

Y tuvo una pelea en la justicia para que Vale suministrara transporte a la población. Siempre decimos a las personas que pueden exigir este tipo de cosas. Es un derecho de ellas. Porque en la cultura brasileña tiene una cosa que parece que la gente no conoce sus derechos. Entonces la persona se queda a merced.

Incluso explicarles que no necesitan un abogado, pueden contar con la defensa pública. Ellas pueden hacer una comisión, recurrir colectivamente, porque el colectivo tiene más fuerza que el individual. Y eso acaba protegiendo.

Foto: Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid

Más información: 

[MAPA] ¡Esto no Vale! 

Solidaridad con las victimas de Brumadinho 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale

Invitación al primer Encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), El Movimiento en Defensa de la Tierra y del Río Atenco, El Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas invitan al

Primer encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo en Zacatecas

 

 

 

De Zacatecas capital al ejido habrá traslado.

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[Reportaje] Autonomías para la sobrevivencia

Reportaje publicado en Pie de página – Marzo de 2019 

Por  Daniela Rea y Celia Guerrero

Fotos: Ximena Natera y Fernando Santillán 

En los últimos años, los pueblos originarios de México han pasado de la demanda de participación política en instancias del Estado a la exigencia de autonomía y autodeterminación para decidir sus formas de vida. 

“Nuestra autodeterminación es la ventana más segura para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblos, como sociedad. Ha sido un sueño eterno de nuestras comunidades, la cual siempre ha sido resultado de una tensa relación con el Estado-Nación”, escribió Jaime Martínez Luna en 2002.

En los últimos años, con el auge de los proyectos extractivistas, la propuesta de Martínez Luna, que a su vez recoge la del EZLN, se hace vigente. Muchos pueblos indígenas en México han apostado por una organización al margen de las instituciones del Estado, una organización común –y erróneamente- llamada “usos y costumbres”.

Las formas de organización no son heterogéneas. Es decir, no hay un solo tipo de organización política indígena. Algunos pueblos, como Calpulalpan, Oaxaca, tiene un sistema mixto, en el que conviven la asamblea comunitaria y la presidencia municipal. Otros, como Cherán en Michoacán, Ayutla en Guerrero y Oxchuc en Chiapas, se rigen bajo el Sistema Normativo Interno que se organiza a partir de asambleas o consejos, y acceden a recursos públicos.  

“La participación política comunitaria es muy diversa”, dice a Pie de Página la ensayista mixe Yásnaya Elena Aguilar, “no se puede hablar de la participación de las comunidades indígenas como algo único, sino de la multiplicidad de mecanismos que hay dentro. Por un lado, los pueblos indígenas que sí están organizados en comunidades, muy mesoamericano. Y otros donde la organización no es comunitaria, sino más tribal, como los yumanos en Baja California”.

Los mixes, pueblo al que pertenece Yásnaya Elena, habitan la sierra de Juárez. Se llaman así mismos Ayuukjä’äy y hablan la legua ayuuk.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco nacido en el pueblo ñuú Savi, Santa Rosa, hace un repaso histórico sobre la participación política de los pueblos indígenas:

“El Estado mexicano es un Estado colonial. No es una metáfora, es una explicación. El Estado se formó sin consultar a los pueblos indígenas. Las estructuras que tiene el Estado son estructuras europeas y no están viendo pueblos, están viendo individuos, personas. El Estado, como se forma en el siglo XX, va a buscar acabar con los pueblos indígenas culturalmente. El indigenismo fue eso, sigue siendo eso. Lo que tenemos es un Estado que se ha formado estructuralmente, ideológicamente, administrativamente, para que los indígenas no puedan existir. En este Estado como está, no es posible que los indígenas se integren a la nación”.

El pueblo ñuú Savi, al que pertenece Francisco López Bárcenas, se hace llamar “pueblo de la lluvia” y cohabita los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Sobre el Estado colonial, Yásnaya Elena escribió en las revistas Nexos y Este País que México “no es una sola nación, sino un Estado en el que existen muchas otras naciones oprimidas, construidas a partir de prácticas y narrativas homogeneizantes que negaron la existencia de otras naciones con lengua, territorio y pasado en común”.

Entre esas prácticas está la castellanización. A inicios del siglo XIX, escribió, el 65 por ciento de la población hablaba una de las muchas lenguas indígenas del país; después de 200 años de vida como Estado, los hablantes de lenguas indígenas son el 6.5 por ciento. “Podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios sino minorizados”.

Otra práctica homogeneizante es la participación indígena en las instituciones del Estado, incluidos los partidos políticos. “Se celebra que aumente el número de diputados indígenas, aunque esos diputados representen intereses de los partidos políticos que los postularon más que intereses de los pueblos indígenas a los que pertenecen”.

El poeta nahua Mardonio Carballo coincide: “El que sean indígenas no significa que tengan lazos de vida comunitaria. Hay mucha gente que hace usufructo de la identidad para llegar a esos puestos de elección popular. Y este juego lo juegan los partidos y los individuos. Hay hombres y mujeres que quieren entrar a la representación de la comunidad vía partidos, pero no han cumplido con el trabajo que deben hacer en la comunidad. Se anulan en sistemas normativos de los pueblos, pero se validan a través del Estado. Ahí hay un conflicto. Mis derechos políticos como mexicano me permitirían contender a escaño popular, pero no lo podría hacer como representante indígena porque rompería el sistema normativo propio, donde pasar de peldaño a peldaño es una máxima”.

El pueblo nahua, al que pertenece Carballo, habita los estados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco y habla la lengua náhuatl.

Organización diversa

Los pueblos originarios tienen distintos tipos de organización política. López Bárcenas da algunos ejemplos:

Los cucapá se organizan en clanes; los yaquis tienen una estructura militar “porque esa ha sido su historia, resistir, resistir, resistir, desde que llegaron los jesuitas”, “los wixárikas no tienen asamblea para elegir su autoridad, sino es el marakame –‘aquél que sabe’– quien entra en trance y sueña quién va a ser la próxima autoridad”; los rarámuris, “la mayoría son gobernadoras y están cuatro años en el poder porque en su estructura las mujeres tienen cuatro vidas; los hombres, cuando les toca ser gobernadores están tres porque en su concepción tienen tres vidas”. 

¿Qué idea tendrá cada comunidad del poder? ¿Qué diría el Estado de los procesos de organización política de cada comunidad? “Creo que hay formas de ver el poder, hay formas de estructurar el poder y hay formas de cómo se forma ese poder. No todos ven el poder como una cosa centralizada, no todos ven el ejercicio del poder como una elección”, dice López Bárcenas.

––¿Qué es lo que determina esas formas de organización y participación política?

––La manera de estructurar el poder viene de las matrices culturales propias y los impactos políticos históricos. Por ejemplo, los mayas, los yaquis, los triquis, que fueron pueblos que enfrentaron mucho al Estado, fueron derrotados y el Estado no logró exterminarlos, pero sí permeó mucho su cultura, pues las asambleas vienen de la estructura de cabildos que trajeron los españoles.

Carballo plantea que la comunalidad es una forma de organización política cotidiana, que no necesariamente termina en cargos públicos. “Creo que desde hace mucho, de una manera disfrazada se está ejerciendo a una autonomía restringida, pero que, a final de cuentas, lo que la comunidad quiere, es lo que se hace. Eso me parece una forma sana de convivencia. Ahí tendríamos que ver, ¿se puede convivir o no? ¿las comunidades autónomas con el estado mexicano? ¿Se podría o no? ¿Por qué? Son preguntas importantes porque es un usufructo del sistema dominante para ejercer el sistema normativo propio”.

Sobre la organización política de los pueblos indígenas Carlos González, abogado e integrante el Congreso Nacional Indígena (CNI), dice que “la entendemos como las acciones, normas que generan nuestros pueblos, nuestras comunidades para gobernarse y para construir y conquistar derechos dentro de la estructura del Estado”. 

Menciona distintas expresiones de organización y autonomía: “La más radical y avanzada como la de los zapatistas, que están totalmente ajenos a la estructura del Estado mexicano, tienen sus propias normas, territorios y no recurren al financiamiento estatal. Otras autonomías que han surgido, que se han fortalecido como Cherán (y que están tratando de construirse en otros lugares como Ayutla, Guerrero y Oxchuc, Chiapas), parten de la premisa de ser reconocidos por el Estado mexicano. A partir de eso lo que plantean es el ejercicio directo del recurso público, que no esté mediado por los órganos de gobierno y partidos, sino de manera directa”.

Dentro del CNI conviven distintos pueblos indígenas, cada uno con experiencias propias de organización. “Tratamos de que se respete la forma de organizarse. El CNI es un espacio de participación de los pueblos indígenas, cada uno con su experiencia, historia. Lo que si no estamos de acuerdo es en abrir el espacio a personajes vinculados a partidos políticos o aparatos de gobierno oficiales”, aclara.

De la participación a la autonomía

“Los pueblos están viendo amenazada su existencia, y en las últimas décadas hemos visto fenómenos muy interesantes”, dice López Bárcenas. Recuerda, por ejemplo, al “Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular”; después el zapatismo, “un fenómeno que no solamente se da en México, se da en toda América Latina. Pactos como los Acuerdos de San Andrés hubo en toda América Latina”. 

––¿En qué consiste ahora el peligro de existencia de los pueblos indígenas?

––Según lo que veo, son los modelos de explotación capitalista. La crisis del capitalismo, si alguien la ve directamente y la sufre directamente, son los pueblos indígenas por una razón: el capitalismo entró en una crisis y no puede producir mucho porque no tiene mercado y no tiene quién le compre; pero su función es producir porque si no, entonces no hay capitalismo; para salvar este enredo han decidido hacer mercancía los bienes comunes, los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, el conocimiento de esa biodiversidad, y eso está en territorios indígenas. Si el capital va directo a los territorios indígenas, al espacio donde habían estado, los pueblos como nunca están viendo amenazada su existencia.

Carlos González también habla de la preocupación de los pueblos indígenas que integran el CNI por el acelerado despojo de los territorios en aras de la instalación de proyectos extractivistas. 

“Esto es lo que nos ha llevado a una mayor organización, unidad, dentro del CNI”, dice. “La propuesta para conformar el Consejo Indígena de Gobierno y participar en el proceso electoral a través de una candidata independiente era con ese fin, generar visibilidad y protagonismo para los pueblos indígenas y dar luz a sus agendas”.

Sobre el panorama que se avecina, el impulso a más megaproyectos, González afirma que se deben fortalecer las luchas de los pueblos y el acceso a la información clara y oportuna de los megaproyectos. “Desde el CNI tratamos de articular las luchas, cobijar resistencias”.

López Bárcenas ve que en los últimos años la demanda de los pueblos indígenas se ha enfocado en la autonomía:

“Es la primera vez en la historia de México que el concepto autonomía aglutina la demanda de los pueblos. Mucho tiempo fue participación política en las estructuras estatales, restitución de tierras, libertad de los presos políticos, desarrollo. Pero de los noventa para acá a demanda es autonomía, libre determinación, territorios, gobiernos propios, o sea, cambió totalmente la demanda. Tiene que ver con el hecho de ser pueblos, la posibilidad real de ser pueblos y comenzar a asumir ellos que son pueblos”. 

Calculalpam, el horario de la resistencia

En los últimos años, los pueblos originarios de México han pasado de la demanda de participación política en instancias del Estado a la exigencia de autonomía y autodeterminación para decidir sus formas de vida

Texto: : Celia Guerrero

Fotografías: Ana Cristina Ramos

CALPULÁLPAN DE JUÁREZ, OAXACA.- La gente aquí vive y se organiza bajo el “horario de la resistencia”. El horario de verano no aplica. Para Netzar Arreortúa Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, este es un símbolo de que la vida política y económica de este pueblo es rebelde.

Calpulálpam es uno de los 417 municipios de Oaxaca que se organiza bajo un régimen de sistemas normativos internos o indígenas, popularmente llamado “usos y costumbres”. Tiene el título de Pueblo Mágico y poco más de mil habitantes. A diferencia de otros pueblos de la región aquí se percibe una prosperidad económica en sus calles empedradas y construcciones de concreto, en su mercado de alimentos, hoteles y comercios para turistas, en su plaza principal limpia y adornada, y en su templo con retablos estilo neoclásico en remodelación. La migración de trabajadores es mínima.

Esta comunidad zapoteca, ubicada a 75 kilómetros de la capital de Oaxaca, tiene otra particularidad: aquí, los comuneros son dueños de cuatro empresas cooperativas.

Formas de entender el poder

“Hay formas de ver el poder, hay formas de estructurar el poder y hay formas de cómo se forma ese poder. No todos ven el poder como una cosa centralizada, no todos ven el ejercicio del poder como una elección”, dice Francisco López Bárcenas.

En Oaxaca, el 64 por ciento de la población renueva autoridades por el sistema de partidos políticos; el otro 36 por ciento elige autoridades por SNI; de acuerdo con el INEGI.

Sistema Normativo Interno significa tener mecanismos alternativos de elección del poder, “acotados principalmente al espacio local o comunitario”, define María Cristina Velásquez Cepeda, antropóloga e investigadora de la participación política en Oaxaca.

En Calpulálpam no hay partidos políticos. Su estructura de gobierno opera con dos autoridades: la municipal (cabildo o representantes del Ayuntamiento) y la agraria (Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia). Mientras, la Asamblea de Comuneros es la autoridad máxima de toma de decisiones.

Edgar Santiago Pérez, ex secretario de una empresa comunitaria, dice ser elegidos para un cargo significa tener un trabajo extra por el que no reciben salario durante al menos un par de años. Aunque no en todos los pueblos sucede así. “En algunos, no se llaman sueldos, se llaman dietas o compensación, pero eso la misma asamblea lo determina”, dice Netzar Arreortúa, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, dirige la Asamblea General de Comuneros, un hombre de pelo cano, que parece conocer todos los rincones de su pueblo.

En todo caso, en Calpulálpam es parejo, nadie recibe dinero por ningún cargo.

Además, es una tradición de las comunidades que el servicio comunitario sea realizado por personas respetadas y reconocidas por su liderazgo y trabajo comunitario previo. Es por eso que quienes busquen pertenecer a cualquiera de las dos autoridades tienen que subir escalafones con quehacer comunitario para ser candidatos.

El propio Arreortúa, antes de ser presidente del comisariado, inició su carrera política como la gran mayoría: en el puesto de topil, tocando las campanas de la iglesia.

Zapotecas

Los zapotecos, o binizaa, son una de las 14 etnias que conviven en Oaxaca, el estado de mayor población indígena del país y el primero que en su constitución local reconoció la elección de autoridades municipales de acuerdo al SIN. Están divididos por la geografía: los de la Sierra Norte, los de Valles Centrales y los del Ismo.

Calpulálpam está en la Sierra Norte y tiene como centro económico y comercial la región de Ixtlán, donde históricamente las actividades más importantes han sido la minería y la tala. Por ello, el pueblo zapoteco de la Sierra Norte ha escrito una historia de rebelión contra los terratenientes en la época Colonial, hasta más recientemente contra empresas mineras y papeleras.

Todo ello lo explica con detenimiento Netzar, mientras maneja su camioneta y sube el volumen a la canción El Mosquito Serrano, que sintoniza la radio: “Querido paisanito/ despierta de este sueño/ y olvida las promesas que da el gobierno hoy/ no creas en gobernantes/ que explotan tu ignorancia/ dejándote pobreza/ y mucha corrupción”.

Aunque en Calpulálpam predomina el español, 108 personas conservan alguna lengua indígena, contra mil 281 que no, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal. Tampoco conservan una vestimenta tradicional. Sin embargo, los habitantes se autoadscriben zapotecas y la Suprema Corte de Justicia resume el concepto legal de autoadscripción como el criterio para determinar si una persona es indígena: “la definición de lo indígena no pertenece al Estado”, sino a las personas “quienes tienen conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena”.

Calpulálpam significa: capul-li, árbol de cereza, -apam, río, y se traduce como “río del cerezo”. Además del bosque, otro de sus recursos que la comunidad aprovecha es el manantial de agua pura que se encuentra dentro sus tierras comunales.

La asamblea

A puerta cerrada en el auditorio del Ayuntamiento, Netzar dirige la Asamblea General de Comuneros, con la que elegirán las directivas de las cuatro empresas comunitarias del pueblo. La Asamblea está compuesta por más de 300 personas, pero hoy solo llegaron 105 por las lluvias que arrecian en la región. 

Es octubre de 2018. En la sesión del día de hoy, como cada dos años, los comuneros discutirán y votarán la renovación de las direcciones de sus cuatro empresas comunitarias; sociedades comerciales que en teoría pertenecen a la asamblea de comuneros, pero que en la práctica requieren de representantes legales. 

Las empresas comunitarias son de agregados pétreos, de producción de madera, de turismo ecológico y una envasadora de agua.

Una de las primeras discusiones que surgen es la poca asistencia, un comunero propone suspender el servicio de agua potable a quienes no vayan. Otro comenta que no quieren ser electos para los cargos y “por eso no se presentan”, como solución propone que se pueda votar por comuneros que no estén ahí. Arreortúa insiste en que deben candidatear solo a miembros presentes, luego lee la lista de nombres de quienes ya tienen un cargo y tampoco pueden ser propuestos para esta votación. 

La Asamblea también realiza elecciones de las dos autoridades operativas, la municipal y la agraria. La asamblea pone y la asamblea quita. La remoción del cargo está en el Estatuto interno de Calpulálpam.

Gobierno mixto

Calpulálpam tiene lo que llaman “su propia constitución”, es el Estatuto Comunal que rige los asuntos de la autoridad agraria, derechos y obligaciones. Es un cuadernillo de 48 páginas basado en la Ley Agraria y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por supuesto, se apega a la constitución local y federal. También tienen el Bando de Policía y Buen Gobierno, donde señalan los compromisos de los integrantes de la administración municipal, los servicios públicos de los que son responsables y los alcances que tienen para infraccionar o sancionar como autoridad.

El presidente municipal y el comisariado son autoridades distintas que deben coordinarse para la vida comunitaria. Al presidente municipal lo eligen los ciudadanos, al comisariado los comuneros, es decir, quienes aparecen en el Registro Agrario Nacional.

Ambos órganos, autoridad municipal y autoridad agraria, trabajan a la par, y ninguno toma decisiones importantes sin considerar la opinión de las asambleas, precisa Netzar Arreortúa.

La autoridad municipal recibe las aportaciones federales y estatales, utilizadas la mayor parte en gasto corriente y en infraestructura. Se suman los ingresos recolectados por impuestos, cobros de agua, multas, derechos, donativos. Pero la sostenibilidad económica de la autoridad agraria está en las empresas comunitarias.

Las empresas comunitarias

Antes de 1980, el pueblo sobrevivía a base de cuotas o cooperaciones para compra de materiales de las escuelas, para el alumbrado público en las calles, para el sistema de agua potable. “Cada regidor del ayuntamiento tenía su libretita y regularmente sábados y domingos pasaban a la colecta escolar, y en 15 días el donativo para el agua, el otro mes para el alumbrado, y era de a 5 pesos”, recuerda Netzar.

La recaudación cambió cuando los pueblos de la sierra de Oaxaca se organizaron para sacar a la empresa paraestatal Papelería Tuxtepec y las comunidades chinantecas y zapotecas de La Trinidad, Xiacuí, Santiago Comaltepec y Calpulápam crearon la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinantecas de la Sierra de Juárez de Oaxaca (UZACHI). En 2018 celebraron 35 años de haber recuperado sus bosques y hoy día UZACHI da asesoría técnica para el manejo forestal a las comunidades socias y a otras.

“Entonces comenzamos a jugar a ser empresarios”, dice Netzar.

La primera empresa de Calpulálpam fue la Unidad de Aprovechamiento Forestal. Para 1994 comienzó a operar la planta de agregados pétreos, que produce graba y arena. Iniciaron con dos créditos por 10 años, uno del Fideicomiso de Fomento Minero y otro del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad. Al término de ese tiempo ambos fondos quisieron embargarlos, por lo que la asamblea decidió pagar la deuda y así conservar su condición como únicos dueños a la comunidad. 

En 2002 inició el proyecto de ecoturismo y en 2008 fundaron la Procesadora de Alimentos y comienzan a envasar agua. Las empresas, constituidas como cooperativas, generan algunos empleos para los locales y las utilidades no solo son repartidas entre los comuneros, también se usan para solventar los gastos que antes pagaban.

Aunque el recurso es poco, pues en impuestos se les va el 40 por ciento de la ganancia. 

“Aquí no decimos explotar, es aprovechar el bosque, aprovechar el agua, aprovechar la arena”, dice Arreortúa, y explica que el fin último de las empresas comunitarias no es generar ganancia, sino administrar correctamente los recursos naturales. “Siempre a los indígenas nos han visto muy por debajo, piensan que para lo único para lo que servimos es para ser peones”, dice. “Decían que no íbamos a poder y estamos dando resultados, tenemos nuestros bosques sanos, generamos empleos y la economía del pueblo es buena. El nivel educativo es bueno, ya casi no generamos peones, ya nuestros jóvenes pueden elegir”.

Paridad y escalafones

Entre comuneros y miembros del cabildo municipal está sentada Elia Martínez, regidora de Equidad de Género, la única mujer que asiste a la Asamblea. Elia pertenece al primer cabildo municipal en la historia de Calpulálpam con integrantes mujeres. La llamada cuota de género fue una condición del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para realizar las elecciones de 2018.

A diferencia de los hombres, que ascienden en escalafones dentro de la comunidad, Elia Martínez ha desempeñado otro tipo de trabajo comunitario que no necesariamente es reconocido como parte de ese escalafón. Esto obedece a la forma en la que la vida comunitaria se ha estructurado por tradición. Pero con los años, esa tradición se ha acoplando y las comunidades han cambiado: en 2016, de los 368 municipios del estado con SNI, 20 mujeres fueron electas presidentas municipales y cuando menos una mujer es integrante del cabildo municipal. Calpulálpam fue uno de estos casos.

Elia Martínez platica que los puestos de poder tanto en el cabildo como en el comisariado han sido desempeñados históricamente por hombres. De hecho, no existe una sola comunera, por lo que no hay participación en la asamblea de comuneros. En la de ciudadanos sí se han llegado a presentar algunas, como ella misma lo hizo, pero aún no es una práctica común para las mujeres de la comunidad… todavía.

Fotografías: Ximena Natera , Fernando Santillán y Ana Cristina Ramos

Más información:

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Compartimos el libro de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Inglés): 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias  >>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Se lanzó el libro “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias), una publicación conjunta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), GRAIN y una alianza de organizaciones comunitarias y locales unidas por su lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África central y occidental, entre ellas RADD, SEFE, Synaparcam de Camerún, Muyissi Environnement de Gabón, y ERA/Community Forest Watch de Nigeria. 

El objetivo del libro es apoyar a las comunidades que deseen fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras.

Presentación: 

Dondequiera que operan, las empresas de plantaciones de palma aceitera utilizan tácticas muy similares para tratar de apoderarse de las tierras de las comunidades. Sabiendo que pueden contar con el apoyo de políticos y autoridades estatales de alto rango, las compañías suelen hacer promesas que no pretenden cumplir, tratan de silenciar y marginar a quienes se oponen a sus planes e intentan dividir a las comunidades.

Toda vez que sea necesario coaccionan, intimidan, acosan e incluso matan a quienes se oponen a sus actividades. Los aldeanos, especialmente en lugares remotos, a menudo piensan que esa violencia, intimidación y acaparamiento de tierras solo les ocurre a ellos. Los representantes de la comunidad pueden llegar a creer inicialmente las promesas de la empresa palmícola porque desconocen las experiencias de las comunidades de otros lugares.

Sin embargo, la realidad es que la violencia -particularmente contra las mujeres, y sumándose en este caso la violencia sexual- es una parte inseparable del modelo de plantaciones industriales, y que las tácticas que utilizan las empresas para apropiarse de tierras comunitarias se han perfeccionado a través de décadas de experiencia en todo el mundo.

La importancia de una comunidad unida

Este informe describe las principales tácticas utilizadas por las empresas para apoderarse de las tierras comunitarias. Toma en cuenta aspectos tales como:

  • ¿Cómo hacen las empresas para engañar a las comunidades de modo que éstas consientan en darles el control sobre sus tierras? -¿Por qué las falsas promesas hechas por las empresas sobre la generación de empleos locales o sobre la prestación de servicios de salud y educación son tan efectivas que logran convencer a las comunidades para que les permitan ingresar a sus tierras?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades para parar el robo de sus tierras y la destrucción de los manantiales, arroyos, ríos y bosques locales, así como de otros lugares que se ven afectados por las plantaciones?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades en situaciones donde la empresa ya se ha apoderado de sus tierras?
  • Y, ¿por qué los proyectos promovidos por algunas empresas y gobiernos en los que los campesinos cultivan palma aceitera bajo contrato para la empresa dan como resultado endeudamiento y pobreza para los agricultores participantes?

Este informe no es un manual paso a paso que si se sigue impedirá que una empresa establezca una plantación en tierras comunitarias. Sino que objetivo de este libro es apoyar a las comunidades que desean fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras. Si una comunidad es consciente de las experiencias de otras comunidades en otros lugares, puede reconocer más fácilmente las tácticas de la empresa. Una comunidad puede entonces discutir diferentes respuestas con anticipación, de modo que cuando una forma de resistirse a los planes de la compañía fracasa, la comunidad puede perseverar e intentar de otra manera diferente, mientras se prepara para nuevas tácticas a las que la compañía podría recurrir.

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El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Comunicado de prensa vía CDHAL– A 8 de abril de 2019

El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses. 

El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.

Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.

Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.

“Las personas y comunidades que han sido perjudicadas por las compañías mineras canadienses todavía no tienen a quién recurrir”, dijo Emily Dwyer, de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Este ombudsman solo lleva el título. Es el mismo enfoque vano que ya ha demostrado ser ineficaz”.

El gobierno ha anunciado que ha encargado una evaluación sobre la posibilidad de otorgar al asesor poderes de investigación. “Quince meses después de iniciar este proceso, anunciar una nueva evaluación de condiciones es simplemente indignante. Lo que necesitamos es de acción, no de otros estudios “, agregó la Sra. Dwyer.

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que responsabilice a las empresas canadienses por sus actos. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado a la creación de una oficina de ombudsman en Canadá para contribuir a poner fin a los abusos.

“El puesto anunciado hoy tiene carácter meramente consultivo, que no encierra un poder real y no operará de forma independiente del gobierno, es decir, sin interferencias políticas o corporativas”, dijo Dwyer. “El gobierno debe actuar con determinación para detener el abuso corporativo. Esa fue la promesa hecha en enero de 2018. Esta es la promesa que debe cumplirse.”

Emily Dwyer

Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa

Fuente y foto: http://cnca-rcrce.ca 

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Llamado unitario a la solidaridad efectiva con los pueblos afectados por la violencia sistemática del modelo neoliberal en América latina y el Caribe

Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)- A Abril de 2019 

Los repudiables y violentos acontecimientos de las últimas semana en América Latina y el Caribe –el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, la tragedia de muerte de 8 indígenas en Colombia y el asesinato de Dilma Ferreira Silva en Brasil, entre otros-, nos llenan de dolor y ante todo de una profunda preocupación e indignación frente a un presente cargado de injusticia e impunidad contra las/os luchadores sociales y las/os defensores/as de los territorios y de los derechos de los pueblos. 

Al mismo tiempo, nos alertan una vez más sobre una política sistemática de exterminio que se lleva adelante desde hace algunos años en el Continente, y que ahora se ha agudizado con el ascenso del fundamentalismo programático del neoliberalismo en la mayoría de los países que años atrás, bajo los gobiernos progresistas, posibilitaron avanzar en la garantía y cumplimiento de los derechos de la población. Por esos avances anteriores, por los intentos de dignificación de la vida basados en la participación política, hoy se les castiga con el asesinato, la persecución, estigmatización y todas las variables de criminalización hacia hombres y mujeres que continúan defendiendo los bienes comunes y los derechos fundamentales conquistados a través de la movilización social y la participación en la construcción de la política pública, que hoy les ha sido arrebatada por la nueva ola conservadora.

La agudización de los asesinatos en la región es, a nuestro juicio, otro resultado de una cobarde arquitectura de la impunidad, agenciada por las fuerzas imperialistas y las empresas transnacionales que obtienen en el proceso de corporativización y financiarización económica y ambiental su posibilidad de lucro, y que están dispuestos al exterminio de los seres humanos y del patrimonio ambiental para garantizar su ganancia dentro del modelo de acumulación y despojo.

Como organizaciones movilizadas por la construcción de poder popular, democracia y justicia en sus múltiples dimensiones -social, ambiental, económica, de género, etcétera- queremos, a través de esta comunicación, sumar nuestras voces en solidaridad para tejer lazos de unidad en la diversidad. Somos conscientes de la imperiosa necesidad de trabajar conjuntamente en pos de encontrar soluciones concretas y efectivas para salvaguardar la vida de nuestras/os compañeros/as y que no sean y seamos asesinadas/os cada día sin que se haya tomado ningún tipo de medida de protección eficaz por parte de los Estados, gobiernos y organismos multilaterales que se vanaglorian de su trabajo por la defensa de los derechos. En casi la totalidad de la violencia y persecución, quedan sin determinarse y castigarse a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestras/os compañeros/as y seres queridos. Entendemos que esta arquitectura y estrategia de impunidad funciona como materialización de la injusticia y se constituye hoy como la máxima condición de posibilidad para la repetición cotidiana de la estrategia de muerte.

Por estas razones, con nuestra preocupación latente y al mismo tiempo con nuestro espíritu de lucha intacto y fortalecido en la búsqueda de justicia para nuestras/os compañeros/as, llamamos a las organizaciones, procesos y movimientos de toda nuestra América a sumar sus voces y acciones a esta proclama, para convocarnos como movimientos a denunciar y ejercer solidaridad efectiva desde la construcción de un frente internacionalista contra el fascismo hacia nuestros pueblos, como posibilidad real de detener la masacre social y política a la que asistimos en la región.

Con esta comunicación queremos hacer saber a los agentes de la muerte y la destrucción que no estamos solos, y que no nos detendremos hasta saber quién mandó a matar a nuestros/as compañeras/os y evitar que la legítima defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios siga costando la vida.

A las familias y comunidades de las personas asesinadas en los últimos días, y para todas/os aquellos/as con los que no se ha hecho justicia, les manifestamos conjuntamente nuestra solidaridad. Seguiremos trabajando en el día a día para que la impunidad se detenga, y para honrar el esfuerzo de todas/os aquellos/as que entregaron su vida para defender la nuestra.

Firman 

Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo; Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC; Capítulo cubano de Movimientos hacia el ALBA; Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas – CSA; Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC Vía Campesina; Jubileo Sur Américas; Marcha Mundial de las Mujeres; ALBA Movimientos; Amigos de la Tierra Internacional -ATI; Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil -APIB; Instituto Terramar – Ceará- Brasil; Terra de Direitos -Brasil; Movimento Dos Atingidos por Barragens -MAB- Brasil; Movimento Dos Pequenos Agricultores -MPA- Brasil y Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto -MTST- Brasil

Foto: Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo (Montevideo-2017)

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La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica: consultor o consultora para investigación

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, busca consultor o consultora para investigación sobre cierre técnico de minas. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA- TDR

1 SERVICIO SOLICITADO: CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE CIERRE TÉCNICO DE MINAS QUE CONTENGA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS A LOS MINEROS ARTESANALES DE EL SALVADOR

1.1 SOLICITANTE: Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador.

2. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA

La necesidad de gestionar los pasivos ambientales mineros en el país, se origina por los siguientes aspectos:

En El Salvador se cuenta con antecedentes históricos de trabajos de explotación minera, se tiene información de que se realizó explotación de al menos 15 minas de oro y plata, las cuales se explotaron hasta mediados del siglo pasado; sin embargo, se desconoce si existe o en su momento existió un plan de cierre de las mismas. Se ha identificado que a la fecha aún se puede observar la existencia de drenaje ácido proveniente de antiguos trabajos realizados en la mina San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. A esto se suman investigaciones realizadas por las distintas organizaciones ambientalistas, universidades y otros expertos ambientales, que asocian la presencia de metales pesados en dos de los principales ríos de la zona nor oriental, a la actividad minera que fue desarrollada en siglos pasados. En la última década se ha venido sumando la denuncia constante de ONGs que establecen la existencia de estos pasivos ubicados en áreas de antiguos trabajos mineros (Santa Rosa de Lima, La Unión, El Divisadero, Morazán, El Dorado en Cabañas, entre otras).

En el informe de la Evaluación Ambiental Estratégica del sector minero metálico de El Salvador, realizada para el Ministerio de Economía, se plantea la existencia de pasivos ambientales mineros y la necesidad de realizar un cierre adecuado de minas, así como compensar socialmente a la población que se ha visto afectada en la zona donde se desarrolló dicha actividad.1

Paradójicamente la actividad minera se dio en los departamentos ubicados en la zona nor oriente del país, donde se encuentran los municipios con los mayores índices de pobreza y exclusión social, económica y con menor acceso a los servicios básicos (educación, salud, agua potable, electrificación, empleo, etc.)

Se conoce que en el país se realizó actividad minero metálica, y que todas las minas trabajadas, así como las plantas de procesamiento y sitios de disposición de los desechos fueron abandonados, sin efectuar ninguna medida para su rehabilitación o remediación.2

Los riesgos de impactos ambientales y a la salud humana por las minas abandonadas o antiguos trabajos mineros se desconocen. Igualmente, no se conoce si estos impactos pueden verse incrementados por la exposición de estos sitios a los efectos del cambio climático que está afectando al planeta en general. Fue después de 12 años, que la Asamblea Legislativa decidió por fin retomar con seriedad las discusiones para la prohibición; las comunidades amenazadas por estos proyectos tenían más evidente el respaldo de la iglesia católica, a través del Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, que encabezó junto al ahora primer Cardenal de El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, una marcha hacia el Órgano Legislativo para demandar la ley que prohibiera la exploración y explotación de minas.

Esto coincidió con una visita que las y los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, acompañados por las organizaciones de la MNFM, realizaron al Río San Sebastián contaminado por la transnacional Commerce Group en la década de los años 70s, para que el escenario para la prohibición se fuera configurando.

Es así que el 29 de marzo de 2017 con 70 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador a cielo abierto y subterráneo. La normativa consta de 11 artículos y bastaba mayoría simple para aprobarla, es decir, la voluntad de 43 diputadas y diputados. 

En junio del mismo año, se publica en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, un mecanismo que no fue consultado y que no resuelve, a criterio de la Mesa frente a la Minería, el desafío de cómo implementar la normativa, principalmente en el tema de la reconversión de las familias que sobreviven de la minería artesanal, la remediación a los impactos ambientales y los cierres técnicos de las minas que todavía permanecen en El Salvador.

La primera victoria para las comunidades amenazadas por proyectos mineros, fue que el CIADI le dio la razón al Estado salvadoreño, en torno a la demanda multimillonaria que la canadiense Oceana Gold interpuso por no concederle los permisos de explotación.

Pese a que la minería metálica se prohibió por Ley y el Estado ganó la demanda en el CIADI, la transnacional Oceana Gold continúa operando en la zona del departamento de Cabañas, al norte del territorio salvadoreño; además, países vecinos como Guatemala y Honduras desarrollan explotación de minas en la franja transfronteriza, impactando el recurso agua de El Salvador sin que exista una normativa legal que se los prohíba y que defienda las cuencas transfronterizas.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, es una normativa que puede revertirse si la empresa minera Oceana Gold hace lobby con las y los diputados que tomaron posesión de sus cargos el 1 de mayo de 2018, tomando en cuenta que, en las elecciones municipales y legislativas de ese año, la derecha resultó con más alcaldías, este nuevo escenario político puede significar un cambio adverso a los intereses de la población salvadoreña.

Recientemente, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, confirmó que mineros artesanales buscan que la iglesia católica de un paso atrás para que pueda modificarse el Artículo 2 de la Ley, que justamente es la que prohíbe la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto y subterráneo, incluida la minería artesanal, así como el uso del mercurio y otras sustancias tóxicas. La Mesa considera que mientras exista minería artesanal, habrá minería metálica en territorio salvadoreño.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador pretende defender la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, evitando una reversión en la normativa, demandando la implementación efectiva de dicha legislación y elevar a rango constitucional la prohibición de la exploración y explotación de minas para poner un candado definitivo a la extracción de minerales como el oro y la plata, además de demandar de los Estados el respeto por la soberanía y las cuencas transfronterizas, principalmente la por la cuenca del Río Lempa, que es el principal afluente de agua para la población salvadoreña.

A casi dos años de aprobada la Ley de Prohibición, no hay avances en su aplicación, principalmente el Artículo 2 y Artículo 6; el primero establece la prohibición de esta industria y la reconversión de la minería artesanal; el segundo hace referencia a los cierres técnicos de las minas, la remediación del impacto ambiental por daños provocados por la minería

Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, han concluido que es necesaria la generación de una propuesta vinculada al cierre técnico de minas, que permita garantizar la implementación efectiva de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, su defensa ante la nueva configuración de la Asamblea Legislativa donde ARENA es mayoría después de los comicios de marzo de 2018, y el FMLN ha visto reducida sustantivamente su participación.

3. OBJETIVOS

GENERAL: Elaborar una propuesta técnica-científica, que tome en cuenta lo establecido en la Ley de prohibición de la minería metálica de El Salvador, que contenga el proceso para el cierre de minas, los elementos que debe considerarse en un proceso para la remediación del impacto ambiental por daños provocados por la minería, así como las propuestas o alternativas de reconversión productiva viables que se pueden ofrecer a los mineros artesanales que viven en la zona, que vayan orientadas a la generación de ingresos económicos para éstos.

ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar una propuesta del proceso de cierre técnico de minas, basado en el contexto e impactos de la exploración y la explotación minera en El Salvador.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar propuestas de remediación ambiental para los principales impactos de la exploración y explotación minera en El Salvador, e incorporar propuestas de alternativas de reconversión productiva que sean viables para las comunidades y los mineros artesanales de acuerdo a las actuales características de la zona afectada.

4. PRODUCTOS ESPERADOS

4.1. Documento técnico-científico que contenga lo siguiente:

a) Un catálogo de todos las explotaciones mineras que se han realizado en El Salvador y que deberá presentarse en un mapa y en un reporte con la siguiente información sobre cada sitio en particular: coordenadas geográficas de la ubicación del sitio, una estimación del área afectada, recursos de agua que podrían o son impactados (ríos, fuentes), tipo de minería, forma de separación del mineral que se usó, identificación de los contaminantes que se podrían haber introducido debido a la explotación (ejemplo: mercurio). Se debería incluir también un orden de prioridad definido por el impacto ambiental causado por las diferentes minas en el país. 

b) Para cada sitio de explotación minera, se deberá estudiar y presentar en el reporte una evaluación del estado presente de la mina con respecto a los siguientes aspectos:

  • Información sobre el sitio, tales como la topografía, límites de la propiedad, estructuras o edificios existentes y otras facilidades.
  • Características hídricas y geológicas regionales y a la escala de la mina. Esto incluye información sobre las variables hidrológicas (precipitación, recarga, temperatura, evapotranspiración, etc.) así como flujos de agua descargados de la mina, su composición química, rio o vertiente que recibe el flujo de la mina, caudal de la vertiente, e impacto químico en la vertiente.
  • Una evaluación del área de suelo alrededor de la mina que pueda estar contaminada con desperdicios de la mina o productos usados en la separación del mineral, con una explicación clara del método usado para esa evaluación.
  • Una descripción detallada del uso de la tierra alrededor de la mina, sobre todo en las áreas que el suelo contaminado por la explotación minera. Debe incluir zonas no cultivadas y cultivadas y el tipo de cultivo o vegetación. También la ubicación de viviendas en la zona.
  • Un análisis del movimiento de contaminantes de las zonas contaminadas hacia las vertientes y también su posible infiltración hacia el agua subterránea. Por ejemplo, un análisis de los gradientes topográficos en la zona y del movimiento regional del agua superficial y subterránea.
  • Definir si la mina está ubicada en la zona insaturada o en la zona freática (debajo de la tabla de agua). Determinar del grado de contaminación que podría estar presente en el agua subterránea.
  • En lo posible, la información descrita debería presentarse en mapas y documentar las fuentes de donde se obtuvo la información o el procedimiento analítico que se usó, especialmente en la determinación de la contaminación.

c) Basados en los resultados del apartado 4.1.b, el consultor debería presentar un plan para el cierre de la mina y la remediación ambiental del lugar. Como cada sitio minero tiene sus características particulares, cada sitio requerirá un plan especial. Este plan debería contener:

  • Un plan para cerrar definitivamente la mina, eliminando la posibilidad de que se continúe con la actividad minera. Esto debería incluir estructuras para evitar el acceso a la mina. Se debe notar que bloquear la abertura de la mina podría no ser una solución debido a la posibilidad de una explosión hidráulica. 
  • Un plan para remediar la calidad del agua descargada por la mina utilizando métodos pasivos probados y bien documentados, ya que métodos activos requerirían un costo y supervisión más alto. Aunque sean métodos pasivos, requieren supervisión periódica y se debería contemplar en el plan de remediación, el monitoreo de las instalaciones para remediar (por ejemplo monitorear la calidad del agua si se decide construir un humedal). El consultor debería investigar las alternativas más factibles para cada sitio basado en la topografía del lugar, química y caudal del agua descargada y otras condiciones ambientales.
  • Un plan para minimizar el impacto de las colas y rocas abandonadas en la superficie y que podrían estar generando drenaje acido de minas.
  • Un plan para minimizar el impacto de los suelos contaminados. Este plan debe estar bien sustentado. Por ejemplo si se sugiere usar plantas que substraigan los contaminantes del suelo, se debe justificar su uso con estudios previos disponibles.
  • Un plan para monitorear el éxito o no de las medidas adoptadas para remediar las diferentes fases ambientales mencionadas en esta sección.

4.2. Propuesta que contenga las principales alternativas de reconversión productiva que sean viables para las comunidades y mineros artesanales de acuerdo a las actuales características de la zona afectada.

La elaboración de esta propuesta implica realizar un estudio previo de las actividades económicas en la zona e información acerca del número de mineros y familias que tendrán que reorientar su actividad productiva. Esto incluye determinar el impacto del cierre de la mina por las pérdidas económicas para la población local y de la región, el uso actual de la tierra y posibles usos futuros para compensar la pérdida de trabajos producidas por el cierre de las minas. Debería incluir un estudio económico y social de las actividades laborales más necesarias en la región y si se podría entrenar a los mineros a realizar esas actividades.

Un cambio en la actividad productiva de los mineros requeriría programas de entrenamiento con una nueva orientación laboral. La propuesta debería incluir un plan para el entrenamiento de estas personas.

4.3. Una presentación pública del documento la cual será promovida por el contratante.

4.4. Cronograma con tiempos aproximados de implementación de las propuestas de remediación.

4.5.- Estimación técnica presupuestaria necesaria para el cierre técnico de minas. 

5. METODOLOGÍA.

Se elaborará una investigación documental técnica científica que contenga como resultado dos propuestas: una que contenga un documento de evaluación que permita visibilizar el impacto generado al medio ambiente y la población en las zonas mineras objeto de investigación con énfasis en la mina San Sebastián, donde se definan los procedimientos a seguir para el cierre técnico de minas y los elementos que deben considerarse en un proceso para la remediación del impacto ambiental tal como se describe en la section 4.1. Se incorporará en el documento una propuesta de alternativas de reconversión productiva que sean viables para las comunidades y los mineros artesanales de acuerdo a las actuales características de la zona afectada.

En este proceso será importante la participación de las organizaciones miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería, en la revisión y aportes de los avances en los productos generados.

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Las acciones a desarrollarse serán: uno que contenga el componente con los procesos a seguir para un cierre técnico de minas y los mecanismos o medidas de remediación ambiental, y un segundo componente que contenga las principales alternativas de reconversión productiva que sean viables para los mineros artesanales de acuerdo a las actuales características de la zona afectada.

7. PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor-a o Equipo Consultor deberán ser profesionales de las ciencias puras, o ciencias naturales (geólogo/a, ingeniero/a de minas, biólogo/a, Ecólogo/a, Ingeniero/a ambiental, entre otros) con amplia experiencia comprobada en evaluación o seguimiento de áreas afectadas por la minería, rehabilitación de las mismas y gestión de pasivos mineros.

8. PERIODO

El período para el desarrollo de la consultoría está comprendido del 6 de febrero al 31 de marzo de 2019, para dicha consultoría se firmará un contrato entre las partes para el desarrollo de la misma. Firma de Contrato y presentación de Plan de Trabajo: 6 de febrero de 2019; Presentación de Borrador Final de la Consultoría: 22 de marzo de 2019; Entrega de Documento Final de la Consultoría con observaciones incorporadas: 29 de abril de 2019. Para el seguimiento y monitoreo de los avances de la Consultoría se tendrán reuniones quincenales para dar informes de avances con participación de la Mesa y Consultores.

9. FORMA DE PAGO

Los pagos se harán en cheque a nombre del contratado y de acuerdo a la siguiente forma:

  • 1o Pago Consistente en el 50% a la entrega y aceptación de Plan de Trabajo de la Consultoría que incluye un cronograma y responsabilidades de la ejecución de las acciones fundamentales del mismo, diseño de la investigación y un documento de avance de la Consultoría que represente un primer borrador del informe final.
  • 2o Pago. Consistente en el 50% contra entrega y aceptación a entera satisfacción del documento final de la consultoría con observaciones ya incorporadas y los anexos correspondientes. Para la presentación del documento final de la consultoría se presentará de la siguiente manera: una copia original en físico y una copia en digital.
  • Respecto a los honorarios a percibir, no se incluye viáticos ni transporte para el desarrollo de actividades de campo. Se hará descuento de ley.
  • Cualquier otro acuerdo que no se enmarque en los presentes Términos de Referencia no son válidos y solo en caso fortuito justificado se podrá hacer una adenda al contrato original.

10. PROCESO DE CONTRATACIÓN

10.1 Presentación de ofertas. Interesados presentar oferta mediante documentación (oferta técnica y económica que incluya atestados, en formato digital) a la siguiente dirección electrónica: esnomineria@gmail.com colocando en el asunto: OFERTA CONSULTORÍA SOBRE CIERRE TÉCNICO DE MINAS. 

10.2 Propuesta de trabajo

Deberá contener lo siguiente:

  • Antecedentes del Plan.
  • Justificación de la Consultoría.
  • Objetivos de la Consultoría.
  • Resultados esperados.
  • Metodología a implementar.
  • Descripción de la Consultoría.
  • Cronograma del plan de trabajo. Especificar la metodología para cada actividad.
  • Diseño del documento en que se va a presentar el estudio.
  • Oferta financiera.
  • Anexos: Atestados de empresa referida a experiencia desarrollada y capacidades adquiridas.

10.3 Fecha para recepción de propuestas hasta el 11 de abril de 2019.

Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Artículo de SERVINDI Comunidad Intercultural para un mundo más humano y diverso- A abirl 2019 

Servindi, 7 de abril, 2019

En Honduras, este 4 de abril inició una nueva audiencia preliminar donde se formalizó la acusación contra David Castillo Mejía por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Castillo Mejía, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen cometido el 2 de marzo de 2016.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, organización que lleva la representación legal del caso, David Castillo es el enlace entre sicarios y dueños de DESA, empresa beneficiaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dirigió a las comunidades lencas en las protestas contra Agua Zarca.

¿El motivo?

La concesión del proyecto que desplazaba a las comunidades campesinas, al parecer, se obtuvo de forma ilegal. Además, la comunidad lenca Río Blanco viene afirmando que el proyecto de la empresa hondureña DESA pone peligro su forma de vida. 

El tribunal de Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa decidió reprogramar la audiencia para el próximo miércoles 24 de abril.

Apoyo internacional

Diversas organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación ante la lentitud de las investigaciones.

“Resulta preocupante que los avances del Estado de Honduras hacia la justicia por el asesinato de Berta Cáceres sigan siendo escasos y frágiles», comentó Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del CEJIL.

«Honduras aún tiene la deuda de avanzar en la investigación y juzgamiento de todos los autores intelectuales del crimen” 

CEJIL también alertó que tras tres años exista solo una persona imputada por la autoría intelectual del crimen. La organización recordó que el primer fallo por el asesinato de Berta Cáceres reconoció que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa DESA.

Por su parte, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, mostró su interés por la obtención de justicia para la activista indígena. «El tribunal decidirá si el proceso sigue a juicio oral y público. Seguimos el caso con interés», tuiteó el relator de las Naciones Unidas. 

El dato:

El martes 9 de abril presentarán el informe de la misión de observación del caso Berta Cáceres en el Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.

El documento expone principalmente las diversas irregularidades cometidas tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal de Sentencia en el proceso penal seguido al asesinato de Berta Cáceres.

La misión de observación estuvo conformada por 19 organizaciones, entre las que destaca el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y la Fundación Abogacía Española.

>>Consulta informe de la misión de observación del juicio de Berta Cáceres aquí<<

Más información: 

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Zacatecas: Acuden al Ejido de Atotonilco Gob de Zacatecas y empresa Camino Real para llevarse la maquinaria que de forma ilegal introdujeron al ejido

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 4 abril de 2019 


REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE ZACATECAS Y LA EMPRESA CAMINO REAL S.A. DE C.V. ACUDEN AL EJIDO DE ATOTONILCO PARA LLEVARSE LA MAQUINARIA QUE DE FORMA ILEGAL INTRODUJERON AL EJIDO. LA POLICÍA ESTATAL ACUDE CON ELLOS. 

Hoy día 4 de abril, representantes del Gobierno Estatal, representantes de la empresa Materiales y Construcciones Camino Real S.A de C.V. acompañados por la Policía Estatal acudieron con un transporte para llevarse la maquinaria que tienen en el ejido. Pedimos a los medios de comunicación que estén atentos ante cualquier conato de violencia que el Gobierno del Estado pudiera realizar en contra de las personas que se encuentran en Atotonilco. Con dicho acto se comprueba la ilegalidad de las acciones del Gobierno del Estado y de la Empresa.

Cabe mencionar que en el ejido Atotonilco, donde el Gobierno Estatal pretendía construir la cortina de la Presa Milpillas, desde hace unos meses, la empresa Camino Real S.A de C.V. introdujo maquinaria al ejido de forma ilegal causando daños a la flora y fauna por tal motivo se interpuso una denuncia recibida el 11 de enero del 2019 en la oficialía de partes en la Delegación Zacatecas de la PROFEPA, misma que no se ha respondido por parte de la dependencia.

 

Además se presentó una ampliación de las quejas ante la Procuraduría Agraria Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a finales de octubre para denunciar dicha invasión y perjuicio, actualmente no se han respondido dichas denuncias.

El día 2 de abril, se presentó un comunicado con las pruebas de que no existen antecedentes registrales de permisos otorgados por los ejidos El Potrero, Atotonilco y Estancia de Guadalupe.

¡Ya basta de pisotear derechos humanos y colectivos!

¡No a la Presa Milpillas!

Firman

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas  y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 5 abril de 2019 

SACAN MAQUINARIA DEL EJIDO ATOTONILCO DONDE SE PRETENDÍA CONSTRUIR LA CORTINA DE LA PRESA MILPILLAS UN TRIUNFO PARA LA RESISTENCIA ZACATECANA EN CONTRA DEL MODELO EXTRACTIVO 

La organización regional en contra del proyecto de la Presa Milpillas obtiene un importante e inminente triunfo para la defensa del territorio y del río Atenco.

Por la mañana de 4 de abril, se informó sobre el arribo al ejido Atotonilco de representantes del Gobierno Estatal, y que su participación fue a través de la Policía Estatal que acompañó a la empresa Camino Real S.A de C.V. Empresa contratada a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente(SAMA) representante del Gobierno Estatal para retirar del ejido la maquinaria. Cabe mencionar que no se ha hecho público el contrato ni la licitación para los trabajos que realizó dicha empresa. Lo anterior con fundamento en que de los diversos contratos celebrados entre la SAMA y las empresas privadas en relación con la presa, disponibles en el sitio oficial de la misma dependencia, no existe contrato con la empresa en cuestión.

Festejamos con gran entusiasmo que se lleven las máquinas que se introdujeron de forma ilegal, es decir sin permiso de la Asamblea ejidal, por parte de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la empresa Materiales y Construcciones Camino Real S. A. de C. V. lo que significa el reconocimiento del Gobierno del Estado y de la Empresa de que han actuado de forma ilegal y la muestra de que el pueblo organizado que exige sus derechos, asistido por el derecho puede hacer valido el principio de autodeterminación.

Ratificamos que la denuncia presentada el 11 de enero del 2019 en la oficialía de partes en la Delegación Zacatecas de la PROFEPA seguirá su curso, así cómo las quejas ante el Ministerio Público, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos que denuncian la invasión y perjuicio al ejido.

Reiteramos que el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sigue fortaleciéndose y los ejidos de El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales así cómo las comunidades de las Bocas, Mezquite Blanco y Carretas dicen NO a la presa Milpillas.

Hoy más que nunca abrazamos la unidad de los pueblos que estamos resistiendo a este proyecto de muerte y le decimos al Gobierno del Estado que no permitiremos que vuelvan a invadir nuestro territorio. LA PRESA MILPILLAS NO PASARÁ

¡Ya basta de pisotear derechos humanos y colectivos!

¡No a la Presa Milpillas!

Firma

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

 

Más información: 

Zacatecas: Existen Alternativas al Proyecto Milpillas 

Zacatecas: Opositores a la presa Milpillas presentan queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a derechos agrarios y humanos  

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Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

[MAPA] ¡Esto no Vale!

Mapa temático producido por el grupo de investigación ENVJUSTICE – EJAtlas del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona 

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

«¡Esto no Vale! Isso não Vale! Operaciones de Vale S.A. y conflictos socioambientales» un mapa temático de los conflictos socio-ambientales en el mundo causados por los proyectos mineros y de infraestructura de la empresa Vale S.A. Estos incluyen explotaciones mineras y represas de relaves como los que se rompieron en Mariana (2015) y Brumadinho (enero 2019) provocando la muerte a centenares de personas y dejando un panorama desolador de contaminación de tierras y ríos.

 

Este mapa fue coproducido por alrededor de treinta académico-activistas, investigadores independientes y activistas locales. Los autores de las fichas de los casos en EJAtlas se indican al final de cada ficha. Agradecemos a las organizaciones y colectivos que compartieron sus datos sobre los casos y que se movilizan y luchan todos los días en sus territorios, en los tribunales y en sus hogares. Un agradecimiento especial al Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens (MAB), Articulação Internacional da Atingidos e Atingidas pela Vale, Movimento Aguas de Gandarela, FASE, Jubileu Sul Brasil, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e o grupo de pesquisa de Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, Mining Watch Canada, JATAM Indonesia. 

El 25 de enero de 2019, un mar de lodo barrió edificios administrativos, el comedor de de la mina Córrego do Feijão y parte de la comunidad de Vila Ferteco en Brumadinho, Brasil, provocando el enterramiento y la muerte de más de 300 personas. Una tragedia humana y ambiental, inconmensurable y anunciada. Una vez más, la rotura de una represa de desechos en Minas Gerais, después del desastre de Mariana en 2015. Una vez más, la minera Vale estaba involucrada.

Esta compañía posee, en Brasil y en los demás países donde opera, una colección importante de casos de conflicto (la empresa opera en 27 países; en diez tiene oficinas, en catorze tiene proyectos activos y en tres países opera extracción de recursos naturales). Los conflictos se deben a violaciones de derechos humanos, procesos de licitación ambiental y compensaciones cuestionadas, multas ambientales no pagadas, daños irreversibles al medio ambiente y la destrucción de modos de vida de poblaciones indígenas y comunidades locales.  

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

En el presente trabajo, con la contribución de investigadores y miembros de movimientos sociales de diferentes países, se han recopilado alrededor de 30 casos de conflictos ambientales donde la empresa Vale tiene sus operaciones. Éstos muestran cómo las negligencias, los descuidos y el terror vivido por la poblaciones afectadas por las tragedias de Brumadinho y Mariana, son sufridas y se repiten sistemáticamente dentro y fuera de Brasil. Esta muestra de casos incluye las voces de los que dicen: “No fue un accidente. Fue un crimen”.

Hace poco más de tres años, en Mariana, Brasil, la región de Río Doce fue completamente destruida por los desechos que bajaron de la represa del Fundão y que recorrieron más de 700 kilómetros hasta llegar al mar. Diecinueve personas murieron y decenas de familias perdieron sus casas por quedar completamente destruidas (Ver el mapa de las afectaciones de los accidentes de Brumadinho y Mariana).

Curiosamente, de Río Doce proviene el nombre originario de la Vale: Compañía Vale do Rio Doce (CVRD). En esta región del Estado de Minas Gerais, donde la empresa estatal CVRD surgió en 1942, es también la región donde ha crecido el miedo y la inseguridad debido a la instalación de numerosas represas. Otras poblaciones próximas, por ejemplo, a la Sierra de Gandarela y en Nova Lima, MG, también sufren los graves impactos en contra de la vida por los proyectos mineros y hoy en día, luchan contra la expansión de los proyectos de la Vale.

Este mapa ha sido creado gracias a la coordinación, investigación y trabajo gráfico del grupo de investigación EJAtlas en la Universitat Autónoma de Barcelona (Daniela Del Bene, Sara Mingorría, Grettel Navas, Lucrecia Wagner, Raquel Neyra, Max Stoisser), de Yannick Deniau del colectivo Geocomunes de Mexico y de Beatriz Saes de la Universidad Federal Fluminense. El texto aquí arriba es de Beatriz Saes.

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

Más información: 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo! 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

Solidaridad con las victimas de Brumadinho

[Artículo] México deja a Monsanto infestar con sustancias de alto riesgo: ONGs; todo es legal, dice empresa

Artículo publicado por Sin Embargo – Marzo 2019

Por Karen Castillo, México, marzo 25, 2019

El problema de regulación de los plaguicidas en México permite a transnacionales como Monsanto la venta de plaguicidas con ingredientes activos considerados como altamente peligrosos por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), argumentan organizaciones civiles.

Marcas como Faena, Faena Forte, Harness y Harness extra de Monsanto son vendidas sin control y porque las reglas lo permiten, pese a que sus fórmulas contienen elementos como glifosato, acetoclor, clopirifos etil y alaclor, asociados con padecimientos endocrinos y también cancerígenos.  

El uso de los fertilizantes químicos tiene un lugar privilegiado en México. En 2017, el 69 por ciento del total de hectáreas sembradas en el país –15 millones 098 mil 297– hizo uso de este tipo de tecnología. La venta de productos químicos para el campo, incluidos los plaguicidas, se realiza bajo pocos controles estatales que son respetados por la empresas, pero que a su vez ignoran las recomendaciones internacionales sobre la toxicidad de cada una de los ingredientes activos, denuncian ambientalistas y científicos. La endeble regulación, que ha permitido el paso de 183 activos considerados como “altamente peligrosos” y otros 140 prohibidos en otros países, privilegia a las grandes empresas internacionales que tienen el oligopolio mundial de plaguicidas y semillas modificadas. De acuerdo con la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el mundo cuatro empresas controlan el 75 por ciento del mercado mundial de plaguicidas: Dow Dupont, ChemChina, BASF y Bayer-Monsanto.

En México, Bayer- Monsanto tiene 456 productos inscritos en el Registro Sanitario de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a pesar de que algunos de sus ingredientes activos –glifosato, acetoclor, clorpirifos etil, alaclor– se encuentran prohibidos en otros países al estar relacionados con padecimientos endocrinos y cancerígenos. 

Al respecto Rodrigo Ojeda, director Legal de Monsanto, dijo en entrevista con SinEmbargo que esta empresa opera respetando la regulación de cada país.

“Monsanto opera en los diferentes países con base a la regulación existente. La verdad es que sí, en ciertos países existe regulación específica en donde se establece o se manifiesta que no debe usarse un determinado agroquímico. Monsanto siempre es respetuoso de las leyes de esos países. En el caso de aquellos países en donde su análisis ha sido que ciertos plaguicidas no causan daño, nosotros conforme al marco jurídico seguimos presentando a las autoridades nuestros expedientes para la autorización de esos productos. Si aquí en México o en Estados Unidos las autoridades regulatorias determinan con su propio análisis de riesgo y la información científica que se les presenta es que el producto es viable para ser usado por los agricultores, nosotros procedemos hacia adelante”, explicó. 

EL CASO DEL GLIFOSATO

El glifosato actualmente es el herbicida más usado a nivel mundial. Fue creado por Monsanto bajo la marca Roundup y se ha comercializado desde la década de los 90 del siglo pasado.

De acuerdo con la Rapam, en México está sustancia activa cuenta con un total de 110 registros autorizados vigentes en cualquiera de sus usos. La mayoría de las formulaciones se destinan a cultivos de granos, hortalizas, frutas, caña de azúcar, café, entre otros. 

Su comercialización está autorizada para 45 empresas, entre ellas Monsanto, que cuenta con 21 registros con vigencia indeterminada que incluyen autorizaciones para el control de malezas en la agricultura, las áreas urbanas e industriales, el control de lirio acuático, en vías de comunicación, en jardinería y en productos destinados para exportación.

El activo forma parte de la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la PAN y del listado del grupo 2 de posibles cancerígenos de la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Un estudio realizado por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés) reveló que el glifosato es capaz de producir intoxicaciones agudas, daños en los riñones, hígado e intestino, cáncer, alteraciones endocrinas, disminución de fertilidad y daños en el feto, neurológicos, alteraciones hormonales y alteraciones del microbioma intestinal.

Por su parte, la empresa argumenta que el “glifosato inhibe una enzima que es esencial para el crecimiento de las plantas, pero que no se encuentra en los seres humanos, ni en los animales. Por tanto, su riesgo para la salud humana es realmente bajo”. Asimismo, niega que el plaguicida sea un producto cancerígeno e insiste en que existen más de 400 estudios científicos que así lo avalan. 

Para su defensa Monsanto retomó un estudio de 2015 realizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), en el que se descartó que el glifosato fuera carcinógeno en humanos, contraviniendo la decisión de la IACR tomada unos meses antes.

El estudio levantó una nueva controversia que llevó al Observatorio Europeo de las Corporaciones a realizar un análisis comparado de ambas investigaciones. Los resultados destacaron que la IARC había examinado sólo información pública y que había realizado reuniones abiertas a la participación de observadores que incluían a la industria y a organizaciones no gubernamentales. Por el contrario, la EFSA además de basar su investigación en información pública había retomado estudios financiados por la industria, proporcionados por un grupo de expertos encabezados por Monsanto.

EL JUICIO CONTRA EL GLIFOSATO

El pasado 10 de agosto, un juzgado de Estados Unidos ordenó a Monsanto el pago de 289 millones de dólares a Dwayne Johnson, quien padece un tipo de cáncer terminal: linfoma de no Hodking. El demandante alegó que el herbicida Roundup, que roció durante su trabajo como jardinero en el distrito escolar de benicia, era el causante de su enfermedad. 

María Colín, representante legal de Greenpeace, argumentó que estos casos son un primer referente jurídico de los posibles daños ocasionados por el glifosato que contravienen el discurso que hasta ahora sostiene la empresa.

“A nivel mundial lo que dicen las empresas es que hay demasiadas evidencias científicas como para decir que no se puede vincular afectaciones a la salud por parte del glifosato, esa es la manera en que ellas se conducen. La realidad es que los artículos científicos más recientes consideran que el glifosato también se puede ligar con linfoma de no Hodgkin, que es un tipo de leucemia en la sangre y con otras afectaciones a polinizadores. Y además se avala la evidencia de la IARC de que es un probable carcinogénico en humanos, aunque la evidencia comprueba el daño en animales. Los casos que se han judicializado están llegado a la conclusión de que empresas como Monsanto- Bayer han actuado maliciosamente ocultado información que ya tenían”, agregó.

OTROS PRODUCTOS DE MONSANTO

En el Registro Sanitario de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Cofepris, Monsanto tiene registrados 38 productos, 21 de ellos tiene como ingrediente activo al glifosato; cinco tienen como base alaclor (en uno de los casos combinado con atrazina) la sustancia activa de tres más es el acetoclor y otros dos tienen como base el clorpirifos etil.

Todas estas sustancias son consideradas como altamente peligrosas por la PAN y todas están prohibidos en por lo menos un país. Los datos de la Rapam atribuyen 48 prohibiciones al alaclor, 28 al acetoclor, dos al clorpirifos etil y una al glifosato. Por su parte, los datos de Greenpeace atribuye 6 cancelaciones al glifosato (Francia, Holanda, Sri Lanka. El Salvador, Dinamarca y Bélgica.

En el catálogo de productos herbicidas de protección de cultivos de Monsanto se encuentran diferentes marcas: Defensa, Faena, Faena Fuerte, Harness, Harness Xtra, Roundup y Rival. De este grupo por lo menos cuatro tienen altas concentraciones de glifosato (Faena, Roundup, Faena Forte y Rival).

Faena es la más conocida en todo México y de acuerdo con los datos ofrecidos por su representante legal este representa alrededor de un 23 por ciento del total de ventas de glifosato en el país. Para su adquisición existe una lista regional, sin embargo, su compra puede realizarse a través de plataformas digitales como Mercado Libre en la que tiene un costo desde 123 pesos.

Foto: Diego Simón Sánches Cuartoscuro

Más información: 

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

[Artículo] Huachicoleo científico 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

Comunicado la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería (REMA)- A 6 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<


El lunes 18 de marzo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de varios días en los que la incertidumbre del sector minero ponderó, a causa de las declaraciones que salieron desde la dirección de minas, en las que se anunció la revocación de concesiones mineras que presentaran irregularidades, finalmente, descartó la revocación de concesiones mineras, incorporando a su discurso la solicitud para que las empresas mineras canadienses cumplan con los mismos estándares que siguen en su país de origen.

“Lo único que pedimos es que actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”, (AMLO conferencia de prensa matutina).

Nos impresiona que quien conduce este país tenga tanta ignorancia sobre un tema que lleva años generando serios problemas y gravísimos daños a la salud y al ambiente, un problema que se impone con sangre y ocasiona despojo y desplazamiento forzado, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, también en Canadá.

Los asesores que usted tenga, si es que los tiene, también deberían prepararse para que lo orientaran mejor y evitar que quede totalmente expuesto por el gran desconocimiento que deja ver con las palabras con las cuales, de “manera sencilla y simplista” expuso la temática minera.

Los daños, el despojo, el desplazamiento forzado están plenamente documentados en todo el mundo y, por si fuera poco, más allá de quienes desde la inversión protegen sus intereses, está claro que la minería no es un modelo de desarrollo para los pueblos, ni aquí ni en Canadá. En consecuencia, ¿De dónde saca usted Sr. presidente de México, que la minería en Canadá es un Modelo a seguir?

Canadá, a través de sus embajadas en el mundo, es quien pregona e impone leyes mineras a modo para que esta industria, inscrita en las bolsas de valores de Canadá, florezca a costa del saqueo y despojo que ocasiona en los países del mundo. De ese país también surge la retórica de la minería socialmente responsable, la “verde”, y la “sustentable”, todos criterios, que en la práctica no sólo son falsos, sino son una ofensa para quienes sufren las consecuencias de esta mal llamada industria de progreso y desarrollo.

Ese país igualmente es promovente de un marco 100% voluntario para las empresas mineras canadienses que operan en más de 100 países en el mundo, partiendo desde las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de “Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, atiende a los estándares creados por las mismas empresas sobre “oro libre de violencia”, de buen manejo del cianuro, y ha instrumentalizado las universidades y académicos como un brazo de la política exterior de Canadá a través del Instituto Internacional de Canadá para Recursos y Desarrollo, y a partir de todo ello, construye un discurso lleno de barbaridades y retóricas que son un insulto cuando se les compara o contrasta con la verdadera dimensión de los daños que ocasiona. Ese país protege a sus empresas del no pago de dobles tributos fiscales, algo que, ya debería saberlo usted Sr. Presidente, está inscrito en los tratados comerciales.

Además, Canadá ha sido un fuerte promotor de los tratados y acuerdos para la protección de inversionistas extranjeras que les permite a las empresas mineras recurrir a tribunales supranacionales para demandar a los estados cuando hay medidas que afectan sus inversiones y ganancias y, por si fuera poco, llevan algunos años tratando de crear una figura denominada “Ombudsperson”, la cual demuestra que el gobierno canadiense no sabe qué hacer con la cantidad de quejas internas e internacionales que tienen por las terribles violaciones ocasionadas por las empresas mineras canadienses, de tal manera que, están en la antesala de abrir una oficina de atención, que será igual como muchas otras que hay en el mundo, no tendrá carácter vinculatorio para ni siquiera garantizar que se implementa sus posibles recomendaciones a las empresas o el estado, mucho menos servirá para meter a la cárcel a los dueños de esta industria que atenta contra la vida. Por lo tanto, estamos seguros será una oficina en donde se maquillarán, con respuestas laxas y débiles, la atención de casos y se sumará a las ya mencionadas estrategias de administración de conflictos. 

En 2017, Canadá ya tenía 63 minas metálicas en operación y la enorme cifra de más de 1,800 proyectos mineros en fases preliminares hasta 2018 (de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales de Canadá), además de la descomunal cifra estimada de 10 mil minas abandonadas…sí…10 mil minas abandonadas, aunque vale la pena mencionar que ni siquiera en Canadá hay total exactitud sobre esta inmensa cifra, porque varias provincias, tal como sucede en México, no comparten la información como debería de ser.

El mayor desastre ambiental de la historia minera en Canadá ocurrió no hace muchos años, justo cuando le presumían al mundo que utilizaban la más alta tecnología del planeta. El 4 de agosto de 2014, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (propiedad de la empresa Imperial Metals), la cual arrojó 25 mil millones de litros de desechos tóxicos quedando destruida y para siempre, la quebrada Hazeltine y vertiéndose en el lago Quesnel, en el centro de la provincia de Columbia Británica, zona prioritaria para la reproducción de salmón e importante para los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que viven en la zona. Casi cinco años después, ni el gobierno provincial ni el gobierno federal ha aplicado ninguna sanción, multa o castigo a la empresa.

¿Otro ejemplo? La mina Gigante, que operó de 1948 a 2004 en el territorio noroeste de Canadá. Durante su proceso de explotación dejó un “producto secundario” altamente tóxico en cantidades absurdamente grandes: 237 mil toneladas de arsénico trióxido que mantienen congeladas y bajo tierra, lo cual es suficiente para acabar con toda la población del planeta. La empresa ya se marchó, así que es el estado canadiense, y en este caso, la población de Canadá con sus contribuciones, quienes deben pagar el mantenimiento de esta bomba de tiempo que supera $1 mil millones de dólares.

Tampoco es casualidad que, tal como sucede en México, en Canadá la legislación ambiental sea laxa y permisiva. En la provincia de Ontario, una jurisdicción principal para la minería en Canadá, no es obligatorio una revisión ambiental antes de construir una mina o iniciar actividades de exploración minera.

También las minas en Canadá operan protegidas a pesar de las resistencias y la oposición de la población; la mina Malartic (propiedad de Yamana Gold y de Agnico Eagle), una gran mina de oro a tajo abierto en medio de un centro urbano, tan sólo en el periodo que va del 2008 al 2015, ha cometido más de 171 violaciones a las leyes ambientales y más de 2,000 incumplimientos de las normas ambientales oficiales.

En Canadá las empresas que han dejado más de 10 mil minas abandonadas, en teoría legalmente están obligadas a hacer “remediaciones” en aquellos sitios que explotaron minerales, sin embargo, casi nunca realizan la remediación. Se estima que el costo de remediación para los miles de lugares contaminados por la minería, entre ellos sitios activos, suspendidos y abandonados, costaría arriba de $9.1 miles de millones de dólares canadienses, por lo tanto, sólo hacen pequeñas acciones que son toleradas por el estado y que están muy pero muy lejanas del costo real. Basta ver lo sucedido con la mina Tulsequah Chief, en el norte de la provincia de Columbia Británica, que ha generado drenaje ácido por décadas y contaminación con metales pesados en el río Tulsequah, fuente importante abasto para la pesca de salmón comercial y tradicional. A pesar de múltiples órdenes por el gobierno provincial para remediar este sitio y múltiples estudios pagados desde el presupuesto público, la contaminación persiste. El gobierno provincial no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política, para asumir el problema, prefiriendo depender de las empresas. Sin embargo, las empresas involucradas han entrado en la bancarrota sin la capacidad económica para operar una planta para el tratamiento de aguas, lo cual sería necesario para atender la contaminación que este sitio genera permanentemente.

Ante la voracidad de la minería moderna y los métodos empleados para la extracción de recursos, la idea de “remediación” de las zonas explotadas, es una burla al intelecto humano, es algo que no hay forma de que pueda ser considerado serio, menos aun científicamente posible, sobre todo por los costos significativos que ello implicaría. Los programas de remediación y cierre son expresiones cosméticas.

En Canadá las empresas mineras tampoco respetan a las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Bajo el concepto legal de “libre entrada” las empresas prácticamente pueden explorar cualquier zona (tal como ocurre en México). Hasta ahora, es la organización y la movilización social en defensa del territorio lo único que ha logrado detener los proyectos mineros a lo largo de nuestro continente. Se puede citar la lucha ejemplar para la defensa del territorio de las hermanas y hermanos del pueblo indígena Tsilqot’in y pueblos vecinos, y su lucha para defender el lago ‘Tetzan Biny’ (traducido ‘el Lago de Peces’), en el oeste de Canadá quienes, tras 20 años de lucha, lograron detener un proyecto minero. No fue con la ley, como supone debe ser, sino con lucha, con resistencia, con ejercicio y defensa de los derechos desde los propios pueblos, construyendo unidad y peleando durante repetidos procesos de revisión ambiental, porque el estado canadiense, al igual que el mexicano, se basa en un marco legal y político colonialista que aún facilita el despojo y la destrucción ambiental.

Al igual que sucede en México, en Canadá las empresas aportan una miseria a la economía del país. Según una investigación, en 2018 de los pagos a gobiernos reportados por las empresas mineras canadienses, y debido a muchos mecanismos en Canadá para minimizar impuestos y regalías sobre las operaciones mineras, las autoridades canadienses recaudan un porcentaje del valor del mineral extraído mucho menor comparado con otros gobiernos en el mundo. No por nada nueve provincias y territorios de Canadá son dentro de las veinte jurisdicciones más atractivas para la inversión en la minería según el último informe del Fraser Institute

La Asociación Minera de Canadá destaca que el aporte de la minería al PIB en Canadá ha variado entre 2.7 a 4.5%, siendo 3.3% en 2017, lo cual incluye el procesamiento de minerales y la fabricación de productos secundarios. Considerando únicamente el valor de la extracción de minerales metálicos sería 1%. Además, es también falso que estas empresas generen tantos empleos aquí o en Canadá. En 2017, la extracción minera y servicios relacionados generó apenas el 0.7% del empleo total.

Cerramos diciendo que, hace apenas unos días se hizo público que el estado canadiense enfrenta la primera demanda sobre la responsabilidad que tiene por su diplomacia minera en contexto de conflicto y el aumento de peligro para las comunidades afectadas por la minería fuera de Canadá. 

Es una pena que las y los políticos de nuestro país sean porristas de quienes son los principales artífices de la depredación minera en el mundo. Canadá no es un ejemplo a seguir, es todo lo contrario, es de donde nace, se refresca y se impone el modelo mundial de extracción de minerales.

La responsabilidad del estado mexicano es proteger y resguardar a su gente, los bienes naturales y nuestro territorio. Para ello debe haber un compromiso con la vida y no con la muerte, ni menos con el dinero. En REMA le queremos decir que ello es posible Sr. presidente, países hermanos lo han logrado sin miedo, sin retóricas, lo han hecho tomando en cuenta la historia y el sufrimiento de la violencia generada por la minería, como lo demuestran las y los hermanos de la República de El Salvador, en donde un pueblo valiente hizo valer su derecho y su razón ante las y los legisladores hasta que estos establecieron la prohibición de los proyectos de muerte.

TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afetados por la Minería

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

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