Autor: Otros Mundos AC

[Boletín] ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad?

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Boletín informativo del  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) >>Descargar el boletín en pdf<<

Presentación:

ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad? Nuestra opinión Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”  

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Avispa Midia, the Mulokot Foundation Suriname, Rainforest Foundation UK, All India Forum of Forest Movements (AIFFM), The Oakland Institute e integrantes del secretariado del WRM. 

Si antes las organizaciones conservacionistas se dedicaban a recaudar dinero para crear áreas protegidas en bosques supuestamente amenazados de destrucción, hoy éstas forman una verdadera «industria» trasnacional que administra y controla áreas que van mucho más allá de los bosques.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) cree firmemente que no es posible separar al bosque de las comunidades que de él dependen. Esa visión se opone a la de las ONGs conservacionistas, que defienden una naturaleza sin gente, inspiradas en el modelo de parques nacionales creado en Estados Unidos. (1) Por eso la creación y expansión de áreas protegidas sin comunidades viene siendo una preocupación constante para el WRM.

Es un hecho que los proyectos destructivos, como los madereros, mineros o de agronegocios, ocasionan impactos terribles sobre los bosques y las comunidades. Sin embargo, los parques de conservación, cuando imponen restricciones a la ocupación humana, también expulsan comunidades y/o prohíben que éstas usen lo que consideran su casa, de donde obtienen casi todo lo que necesitan, con el argumento perverso de que son las comunidades las causantes de la destrucción del bosque. 

Las verdaderas fuerzas destructivas avanzaron sobre los bosques al mismo tiempo que las ONGs conservacionistas. Esas organizaciones fueron cruciales en la construcción de la idea neoliberal de que la naturaleza sólo se salvará si se le establece un precio, ya que brinda «servicios» por los cuales hay que pagarle a alguien. Así nació el llamado «ambientalismo de mercado».

Esto les gustó a las industrias contaminantes: ahora tienen permiso para seguir contaminando mientras que muestran una cara limpia. Pueden «compensar» parte de las emisiones que generan al quemar petróleo, gas y carbón mineral pagando para «proteger» un bosque o establecer una plantación de árboles. Y en lugar de reducir sus emisiones, que son la causa de los cambios del clima, hacen propaganda de sus «buenas acciones».

A la inversa de lo que el sentido común podría indicar, las ONGs conservacionistas están entre los mayores beneficiarios de la destrucción de los bosques: lograron obtener un fuerte acceso a esta nueva fuente de recursos de las industrias y los gobiernos de los países más contaminantes, protagonizando proyectos que perjudican a las comunidades que usan y protegen los bosques. 

Una clara demostración de esto es el papel de dichas ONGs en los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques) alrededor del mundo, entre ellas The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Works Carbon (WWC). Según estas organizaciones, el mecanismo REDD+ no sólo respondería a la crisis climática sino que también beneficiaría a las comunidades en las zonas de los proyectos. Sin embargo, la visión dominante de los programas y los proyectos REDD+, promovidos por estas organizaciones, es que las comunidades son obstáculos y representan amenazas para los bosques, por lo que se les termina prohibiendo o restringiendo su acceso y uso. (2)

Indice

  • Nuestra opinión: Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”….2
  • La industria de la conservación: ¿Un sector con fines de lucro?……………………………………………………6
  • Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”……………………………………11
  • El pueblo indígena Wayana en Surinam y las ONGs conservacionistas: Una historia de “amor verdadero”…………………………………………………………………………………………………………………………..15
  • Desplazamiento y despojo en Tanzania: Cómo la “conservación” está destruyendo a los Maasai……20
  • Guatemala: Conservación perpetúa el saqueo de los bosques…………………………………………………..25
  • El Costo humano de las áreas estrictamente protegidas en la Cuenca del Congo………………………..29

ALERTAS DE ACCIÓN

  • India: ¡Se necesita tu apoyo urgente! ¡Más de un millón de personas están bajo riesgo de despojo de sus tierras y bosques!……………………………………………………………………………………………………………34
  • Brasil: Apoye al Cacique Babau y su familia…………………………………………………………………………….34
  • Únete al llamado por un nuevo enfoque de conservación…………………………………………………………..34
  • India: ¡Alto a la política brutal de “disparar sin previo aviso”!………………………………………………………34
  • Campesinos camboyanos contra el grupo Bolloré……………………………………………………………………..35
  • Argentina: No a las semillas transgénicas!………………………………………………………………………………35

RECOMENDADOS

  • WWF financia guardias que han torturado y asesinado personas………………………………………………..35
  • India: La conservación desde la comunidad en medio del conflicto……………………………………………..35
  • La Gran Mentira de la Conservación (“The Big Conservation Lie”)………………………………………………36
  • “Naturaleza cercada. Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad”………36
  • Nuevos Desafíos y Estrategias en Defensa de la Tierra y el Territorio (“New Challenges and Strategies in Defense of Land and Territory”)……………………………………………………………………………36 

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Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) – A 1 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía. 

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas. Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.
  • Las consultas no son libres, sino forzadas. La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene. Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el «consentimiento vinculante». La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas. Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción -como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS

¡NO A LAS CONSULTAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Más información: 

Consulta fallida y reactivación de Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec

EL ESCARAMUJO 86 ¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE NAGOYA?

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Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>>Descarga El Escaramujo 86<<

En el capitalismo todo se convierte en mercancía, con precio y dueño. Y ahora asistimos a otra generación de privatización. Con las Políticas de Ajuste Estructural al inicio del Modelo Neoliberal, la primera generación de privatizaciones se dio en torno a empresas estatales; en una segunda generación se enfocó en la liberalización de las barreras arancelarias y los servicios (salud, educación, carreteras, telefonía, servicio eléctrico, correos, servicios aeroportuarios y marítimos, entre otros); en una tercera generación se enfocó a la privatización del sector extractivo (minería, represas, grandes plantaciones de agroexportación, petróleo, gas, fracking, entre otros). Y en esta cuarta generación se impulsa la privatización de la vida, del agua; de los genes de animales, plantas y humanos; del oxígeno, del carbono, de la respiración de la naturaleza incorporándole medida (bono), cantidad (toneladas) y precio de venta en el mercado.

Frente a la ambición de las corporaciones por controlar las semillas, los alimentos, los medicamentos, la biotecnología y la nanotecnología, las grandes corporaciones y los gobiernos van por el extractivismo genético, por su control en cualquier rincón del planeta así como del conocimiento tradicional indígena bajo el argumento de que tienen derecho a su acceso, a la comercialización y su apropiación, a patentarlo y convertir en negocio los bienes comunes naturales y los bienes comunes culturales lo que les permitirá un mayor control sobre el hambre y la salud de la humanidad, sobre la dependencia de la nanotecnología y otros descubrimientos científicos. Por ello, hemos llamado a este nuevo modelo económico “Corporación-Nación”, o Modelo Corporativo. Pero todavía no se logra entender que el Modelo Neoliberal ya ha sido superado por este nuevo modelo del capitalismo.

El Protocolo de Nagoya caracteriza claramente al bien común natural genético y al conocimiento tradicional indígena como una fuente de negocio y de comercialización, como un recurso económico del cual hay que apropiarse. Para ello se despliega toda un articulado para garantizarse el acceso y la comercialización, entregando a cambio migajas. Sin embargo, el conocimiento empresarial, las patentes y su tecnología, no son elementos a los cuales tenemos derecho a acceder con participación “justa y equitativa”, sino a comprarlos a costos muy altos. Incluso cuando están cimentados en el subsidio de los estados, a costa del dinero de los pueblos. Así, las empresas sí son dueñas de su tecnología y conocimientos, pero los pueblos indígenas son solo “custodios” de la biodiversidad y de su conocimiento tradicional.

Así lo resume el Protocolo: “Reconociendo que la conciencia pública acerca del valor económico de los ecosistemas y la diversidad biológica y que la distribución justa y equitativa de su valor económico con los custodios de la diversidad biológica son los principales incentivos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Conscientes de la potencial contribución del acceso y la participación en los beneficios a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo por ende a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (…)”.

ANTECEDENTES

Frente a la crisis climática mundial que se alertaba desde la década de los 90’s, los gobiernos citaron a la “Cubre de la Tierra” llamada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este “desarrollo” capitalista que ha puesto en jaque al medio ambiente a nivel mundial y que pone en peligro la biodiversidad del planeta. Una diversidad biológica disminuida y arrinconada en algunos países y que las potencias y grandes corporaciones quieren acceder a ella exigiendo una “participación justa y equitativa de los beneficios económicos al comercializar los recursos genéticos”.

De esta “Cumbre de la Tierra” emanó el Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor a partir de 1994, en el contexto del primer Tratado de Libre Comercio realizado entre Canadá, Estados Unidos y México, del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que pretendía introducir todo a la lógica del mercado, del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la “pacificación” de los conflictos centroamericanos. El Convenio fijó tres objetivos: 1) la conservación de la diversidad biológica, 2) la utilización sostenible de sus componentes, y 3) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. En otras palabras, conservar la fuente que dará pié a un nuevo negocio multimillonario, justificando que las empresa tienen derecho a acceder a ello y luego prohibir que otros lo hagan a menos que paguen altos costos.

Ante un «desarrollo» que no puede sostenerse indefinidamente sobre bienes finitos, en medio de tantas privatizaciones y extractivismo impulsado por el consumismo, el derroche y la obsolescencia programada para la acumulación incesante de capital de las grandes corporaciones, los gobiernos y las empresas continúan tratando de justificar el “desarrollo sostenible” imposible de lograr en la lógica capitalista por medio de conservar la biodiversidad, explotarla permanentemente y garantizar que tendrán acceso a ella en cualquier rincón del planeta donde se encuentre para la industria de la nanotecnología, biotecnología, transgénicos, medicamentos, etc. En esto se resume los tres objetivos del Convenio.

Sin embargo, para garantizar con mayor claridad eso de tener acceso a la biodiversidad donde esté, bajo el argumento de que es un bien de la humanidad y todos tenemos derecho a acceder a ella, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, se dieron a la tarea de elaborar una ley que les asegurara la “participación justa y equitativa en los beneficios”, de comercializar los genes de los seres vivos y poder patentarlos. Pero no solo a tener acceso a los genes sino a expoliar el Conocimiento Tradicional Indígena.

De esta manera, hasta el 2010 en la ciudad de Nagoya, Japón, se logró definir el llamado Protocolo de Nagoya sobre “Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica”.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO DE NAGOYA?

Es el robo institucionalizado de la fuente de la vida, del alma de la vida: sus genes. Pero también del conocimiento que los pueblos indígenas han adquirido sobre las plantas y sus usos medicinales a lo largo de miles de años. Así, en 38 artículos se les entregan a las empresas una de las últimas trincheras de la privatización, donde los gobiernos tienen que aceptarlos todos sin reparos en ningún articulado (Artículo 32).

El Objetivo del Protocolo es garantizar y legalizar la apropiación de material genético de las plantas y animales de todo el planeta por parte de las trasnacionales para su negocio y enriquecimiento. En términos elegantes se dice que es la ‘la participación justa y equitativa’ en los beneficios por utilizar los recursos genéticos, por medio del acceso a los recursos genéticos, de la transferencia de tecnologías, y de la financiación para reinvertirla con el fin de conservar la fuente del negocio: la biodiversidad. (Artículo 1)

EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO POR ENCIMA DE TODO

Ningún gobierno puede firmar un acuerdo internacional que no apoye o que se oponga al Convenio o al Protocolo, o que “pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro” (Artículo 4). Sin embargo, no se estipulan los parámetros ya que las concesiones mineras como otros megaproyectos (extracción de petróleo, gas, madera, palma de aceite, fracking, represas, etc.) sí son causa de desaparición de esa diversidad biológica.

LOS BIENES COMUNES NATURALES SON DE TODOS, PERO UNOS LOS PRIVATIZAN

En el Protocolo, las corporaciones logran justificar que los bienes genéticos son comunes para convertirlos en mercancías con precio y dueño por unos pocos. Los indígenas son los “custodios”, pero las empresas los propietarios. De esta forma, se justifica que los “beneficios” de la utilización de los recursos genéticos, sus aplicaciones y comercialización se compartirá de “manera justa y equitativa”, “mutuamente acordada” con el País donde se extrajo el material genético, o con el País que lo haya adquirido. Así, cada País adoptará las “medidas legislativas, administrativas o de política”, para asegurar que el pago o beneficios que el gobierno obtenga por la venta del material genético de los territorios indígenas y sus conocimientos tradicionales, se les comparta de “manera justa y equitativa”, “sobre la base de condiciones mutuamente acordadas.” (Artículo 5) Sin embargo, sabemos las asimetrías que existen entre las grandes corporaciones y los gobiernos ricos y los gobiernos pobres donde muchas veces se encuentra el material genético o el conocimiento tradicional indígena; y las asimetrías entre gobiernos y empresas y los pueblos indígenas, como para hablar de “condiciones mutuamente acordadas”.

Los “beneficios” que ofrecerán las empresas pueden ser monetarios y no monetarios. En el Anexo del Protocolo se ponen algunos ejemplos que da idea del nivel del saqueo:

  • Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: Tasas o cuotas por acceder o por muestra recolectada o adquirida de otros modos; pagos por adelantado, por etapas, por regalías; tasas de permisos para comercializar, aportes a fondos para la conservación, salarios, fondos para investigación, empresas conjuntas, propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual “pertinentes”; entre otros. Pero habrá que observar que la variedad de “beneficios no monetarios” son muchos más variados y van también más en función de favorecer a las empresas.
  • Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: Intercambio de resultados de investigación y desarrollo; colaboración, cooperación y contribución en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente la investigación biotecnológica, de ser posible en la País que aporta los recursos genéticos; participación en desarrollo de productos; colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación; admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases de datos; transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables; fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología; creación de capacidad institucional; recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y aplicación de la reglamentación en materia de acceso; capacitación relacionada con los recursos genéticos; acceso a la información científica, a los inventarios biológicos y estudios taxonómicos; aportes a la economía local; investigación dirigida a necesidades prioritarias como la seguridad de la salud humana y de los alimentos; relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo de acceso y participación en los beneficios y de las actividades subsiguientes de colaboración; beneficios de seguridad alimentaria y de los medios de vida; reconocimiento social; propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual “pertinentes”.

GARANTÍA PARA APROPIARSE DE LOS GENES

Para las Corporaciones, el Gobierno es el interlocutor para dar el “consentimiento fundamentado” con el fin de que puedan llevarse (“acceder”) los recursos genéticos. Es una trampa insistir en “el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficio”, cuando en otro articulado se aclara que ninguna ley podrá contradecir el Protocolo de Nagoya.

Para ello cada Gobierno tendrá que dar seguridad jurídica, legislativa, administrativa y de políticas necesarias para que las empresas puedan llevarse los materiales genéticos del país sin altercados o problemas. También establecerá “medidas apropiadas, eficaces y proporcionales” para los casos de incumplimiento que no garanticen el acceso y la participación en los beneficios a la corporaciones. (Artículo 6, 15, 18, 19).

A su vez, los Gobiernos tienen que garantizar a las corporaciones la obtención del “consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos”, siempre y cuando “tengan el ‘derecho establecido’ a otorgar acceso a dichos recursos”. Por tanto, si no se fundamenta no darles acceso a las empresas, para el Protocolo esto no es válido. Y por si fuera poco, el “derecho establecido” a las comunidades indígenas sobre los bienes comunes genéticos, prácticamente ningún país lo ha establecido, ni podrá establecerlo contraviniendo el mismo Protocolo de Nagoya, por lo que a fuerza y necesariamente, pese a la retórica soberana que se pretende aparentar, ningún País puede prohibir a las empresas el acceso a los recursos genéticos estén donde estén. (Artículo 6)

EL ROBO DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL INDÍGENA

Los gobiernos garantizarán a las empresas que las comunidades indígenas, cuando han obtenido el derecho para otorgar el acceso a los recursos genéticos, den su consentimiento. Y que también puedan acceder a sus conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. (Artículo 7)

Los Gobiernos deberá poner mecanismos para informarles a las empresas sobre las formas de acceder al conocimiento tradicional indígena. Les ayudarán a que las comunidades indígenas tengan protocolos comunitarios, requisitos y contratos para que puedan llevarse y privatizar sus conocimientos tradicionales. Se establece que los Gobiernos, “en la medida de lo posible”, no restringirán el uso e intercambio de plantas y conocimientos tradicionales entre comunidades indígenas, siempre y cuando no contravenga los objetivos del Convenio. (Artículo 12)

LOS GOBIERNOS DEBEN SUBSIDIAR EL ROBO DE LAS CORPORACIONES

Los Gobiernos deben “promover y alentar la investigación que contribuya a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”, incluyendo la investigación en biotecnología y comprar las patentes para tener acceso a la tecnología (Artículos 8 y 23 del Protocolo; 15, 16, 18 y 19 del Convenio). Suena bien, pero es con la finalidad de cumplir con este Protocolo hacia la privatización de los genes y del conocimiento tradicional indígena. De esta forma, como en muchos otros aspectos, los gobiernos invierten en investigación que luego las corporaciones se apropian. La inversión se insiste en tres áreas fundamentales: la salud humana, la agricultura y la alimentación.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUBSIDIARÁN EL ROBO DE LAS CORPORACIONES 

Los gobiernos alentarán a los pueblos indígenas a que los beneficios que reciban los reinviertan en conservar la biodiversidad y no agotarla (Artículos 9 y 10), y así garantizar a las trasnacionales la fuente del negocio, para luego regresarlos en medicamentos caros y semillas transgénicas, además de prohibirles usar los genes patentados.

LAS INSTITUCIONES ORIENTARÁN SOBRE EL ROBO

Cada País designará un “punto focal” o institución o instituciones que se harán cargo de otorgar la información, asesoría y orientación a las corporaciones sobre el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales indígenas sobre los recursos genéticos, y cómo obtener el consentimiento de las comunidades indígenas (Artículo 13). El problema, entre otros muchos, es que las comunidades indígenas no saben qué es el Protocolo de Nagoya, no saben de su contenido, ni de su operación. Y, mientras, la biopiratería sigue avanzando. ¿Cómo entonces darán su consentimiento informado?

EL INSTRUMENTO PARA CONCENTRAR LA INFORMACIÓN

Para el control Corporativo se crea el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios. Cada gobierno está obligado a informar además las medidas legislativas, administrativas y de política sobre acceso y participación en los beneficios que ha elaborado para facultar a las empresas la apropiación del material genético y los conocimientos tradicionales indígenas; quiénes son las instituciones que se encargarán de esto (Punto focal), los permisos emitidos sobre el acceso a los recursos genéticos; quiénes son las autoridades de las comunidades indígenas, el modelo de contrato y los códigos de conducta no obligatorios (Artículo 14). Además, los Países convencerán a otros para que se sumen a este Protocolo y entreguen la información que tienen al Centro. (Artículo 24)

LEYES A MODO PARA GARANTIZAR A LAS EMPRESAS EL MATERIAL GENÉTICO

Lo gobiernos garantizarán a las empresas el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional indígena con medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales, para el cumplimiento de los objetivos del Convenio y sus mecanismos para solucionar los incumplimientos. (Artículos 15 y 16)

LA INTELIGENCIA GENÉTICA

Cada País deberá facilitar a las empresas el acceso y el consentimiento previo de las comunidades indígenas para que lo sustraigan con mayor seguridad, rapidez, por lo que es un subsidio del gobierno a las empresas. Deberán vigilar y aumentar la transparencia, ofrecer la información sobre los recursos genéticos; la recopilación de información en cualquier etapa de investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o comercialización; ofrecer un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente que garantice que se ha extraído el material y el conocimiento genético en conformidad con las leyes, o consentimiento y condiciones mutuamente acordadas. (Artículo 17)

GARANTIZAR EL RECLAMO

Los Países miembros alentarán los mecanismos legales, mediación o de arbitraje para resolver los conflictos entre las empresas y gobiernos y pueblos indígenas; “la utilización de mecanismos respecto al reconocimiento mutuo y la aplicación de sentencias extranjeras y laudos arbitrales”. (Artículo 18). Cabe hacer notar que por lo general los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia en cuestiones básicas de derechos humanos, en los casos de violencia, despojo e impunidad, menos lo habrá para el acceso a la justicia en el tema de los recursos genéticos donde ni los jueces, ni el Ministerio Público, ni Fiscalías saben del tema, del Protocolo y otros instrumentos básicos de capacitación necesaria en la materia.

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA NO SON OBLIGATORIOS

Los Gobiernos “alentarán”, y de manera discrecional porque “según proceda”, “el desarrollo, la actualización y utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares en relación con el acceso y participación en los beneficios.” (Artículo 20) Los códigos de conducta empresariales nunca han sido eficaces.

CAMPAÑAS DE CONVENCIMIENTO

Cada País implementará medidas para convencer a la opinión pública sobre la importancia de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales por medio de la promoción del Protocolo, reuniones con pueblos indígenas, difusión, información, códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares en consulta con las comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes; intercambio de experiencias, educación, capacitación, etc. (Artículo 21)

Los Gobiernos deberán realizar campañas para promover el discurso, la narrativa y el objetivo de este Protocolo, y que obviamente beneficiará a las corporaciones para legitimarles el robo del material genético y de los conocimientos tradicionales indígenas sobre el manejo de las plantas en la salud, la alimentación, etc. De manera muy elegante ese dice “para aumentar la concienciación acerca de la importancia de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y participación en los beneficios”.

MEJORAR LA CAPACIDAD PARA LA EXTRACCIÓN

Los Países mejorarán sus capacidades técnicas, tecnológica, científica. financieras (deuda), institucionales, legales, de investigación biotecnológica, de bioprospección (“biopiratería”), de cumplimiento del Protocolo, de actividades de acceso a los recursos genéticos, para facilitar a las empresas la extracción de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional indígena. Ayudarán a otros Países con menos capacidades e incluir en esto a las comunidades indígenas y Ong’s, usando incluso todas las instituciones gubernamentales locales regionales y mundiales, poniendo también recursos financieros. (Artículo 22 y 23 y 25) Por todo lo anterior, el Protocolo de Nagoya es el robo corporativo más descarado sobre la última trinchera de la privatización: la fuente de la vida.

>>Descarga El Escaramujo 86<<

Más información:

Las Instituciones Financieras Internacionales 

EL ESCARAMUJO 2: ULTIMA FASE DEL CAPITALISMO: EL MODELO CORPORACIÓN-NACIÓN -Parte I

Dictadura del Capital Nro1: El Modelo Corporación Nación 

Dictadura del Capital Nro3: La Economía Verde

Martes 2 de abril, 5 pm, Conversatorio «Construyendo Resistencia y el Buen Gobierno del Agua en San Cristóbal de Las Casas

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Suspendemos por esta ocasión el  Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

de Otros Mundos A.C. para invitarles al

Conversatorio:

«CONSTRUYENDO RESISTENCIAS Y EL BUEN GOBIERNO DEL AGUA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS«

Martes 2 de abril de 2019, a las 17.00h en CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN Calle Miguel Hidalgo #17 B, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Más información:

El Escaramujo 83: LA LEY GENERAL DE AGUAS (LGA) Y LOS DECRETOS DE LEVANTAMIENTO DE VEDA EN MÉXICO

[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

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Comunicado de Prensa, Ciudad de México – A 28 de Marzo de 2019  >>Descargar comunicado en pdf<<

¡EL PRIMER CASO DE EN LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO.

Este lunes 25 de marzo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia a mi padre Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas y los abusos que cometía la empresa en nuestro territorio.  

El 5 de febrero mi familia, Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas y Alerta Minera Canadá solicitamos al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá abra una investigación a la Embajada de Canadá porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de mi padre y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

La solicitud presentada demuestra el apoyo que la embajada dio a la empresa, aun conociendo la amenaza que representaba para mi padre y para mi familia. Todos los hallazgos presentados están fundamentados en documentación extensiva obtenida a través de la ley de transparencia, en donde se revela el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales.

Ante la negativa que el Comisionado presentó de abrir una investigación solicitamos un recurso de apelación ante la Corte Federal y acudimos a la audiencia este lunes, el 25 de marzo. Además, realizamos una serie de actividades con diversos actores de la sociedad civil de Canadá para argumentar la importancia de abrir una investigación seria e imparcial a la embajada por la necesidad de hacer justicia a mi padre Mariano Abarca. Así también por las implicaciones de este caso en los derechos de las personas afectadas por la minería con capital canadiense en México y en muchas partes del mundo.

Hoy informamos que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado. También calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. Reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho. Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones”.

No hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales de la mina de Blackfire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad, aún cuando supo que la vida de Mariano estaba en grave riesgo. Contrario a los intentos débiles del abogado del gobierno canadiense de decir que nuestra demanda se base en pura especulación, hay amplia evidencia y esperamos que la corte exija una investigación seria en el caso.

Hoy mismo la minería canadiense sigue siendo una amenaza para nuestro territorio, la diplomacia económica entre México y Canadá es de gran interés para el estado canadiense, para el de México y por su puesto para las empresas mineras. Lamentablemente, la minería ha sido anunciada por el gobierno como estrategia para el desarrollo del país y se promueve la inversión canadiense, así como está retomándose el modelo extractivo minero de Canadá como ejemplo para implementar en nuestro país, lo que pone en riesgo los bienes naturales del agua, la tierra y el aire, los derechos colectivos de las y los campesinos y los pueblos indígenas de México, así como aumentara el riesgo de las personas, pues existen varios informes que han demostrado el patrón de actuación de las empresas frente a la seguridad física y psicológica de las y los defensores de la tierra y el territorio.

Ilustrando los graves riesgos que las comunidades afectadas por la minería enfrentan, un estudio por la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) documentó 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países de América Latina entre 2000 a 2015.

La familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperamos la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses pero lo más importante es que el Estado Canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y el mundos, que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos, no debe omitir las violaciones a derechos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social.

Requerimos que el estado Canadiense y el estado Mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promocionar las empresas canadienses en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería.

#JusiticiaParaMariano

¡Fuera la minería del país!

FIRMAN:

Familia Abarca Montejo

Fundación Mariano Abarca A.C.

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas

Mining Watch Canadá

>>Descargar comunicado en pdf<<

Foto: Conferencia de Prensa en Centro de Comunicación Social (CENCOS) en CDMX, 28 de marzo de 2019, José Luis Abarca Montejo (Hijo de Mariano Abarca), Uriel Abarca Roblero (Hermano de Mariano Abarca) y Libertad Díaz (IOtros Mundos A.C. y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería-REMA)

>>Ver conferencia de prensa<<

Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá! 

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

En los medios: 

Corte canadiense analiza denuncia a embajada de ese país en México, por muerte de activista en Chiapas

Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas

Demanda legal contra Embajada Canadiense por caso Mariano Abarca

Diplomáticos canadienses serían investigados por proteger a la minera Blackfire, implicada en crimen de activista

Investigan a diplomáticos canadienses por proteger a la minera Blackfire 

Piden investigar a embajada canadiense en México por crimen de ambientalista

Abogados de activista mexicano asesinado, optimistas sobre caso en Canadá

Murder of Mexican mining protester throws spotlight on role of Canada’s embassies  

Jueves 28 de marzo Conferencia de Prensa Embajada Canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero

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Conferencia de Prensa Jueves 28 de marzo de 2019 ¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

 

Te invitamos a la Conferencia de Prensa

El jueves 28 de marzo en las oficinas de Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, Col. Roma en Ciudad de México a las 11 a.m.

Informaremos sobre la audiencia y nuestra exigencia al estado canadiense de responsabilizarse con la protección de los derechos de los y las afectadas por la minería.

  ¡El primer caso!

Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Este lunes 25 de marzo José Luis Abarca Montejo y Uriel Abarca Roblero, la organización Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas asistimos a la Corte Federal de Canadá para defender la necesidad de una investigación a la Embajada Canadiense por su actuación y omisión en el asesinato de Mariano Abarca por su lucha contra la empresa BlackFire.

Visita el Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información del caso:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá! 

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019 

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

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 Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)


>>Descarga El Escaramujo 85<<

Por primera vez el Gobierno de Canadá es demandado. Hoy, 25 de Marzo de 2019, se lleva a cabo la Audiencia por la denuncia ante la Corte Federal de Canadá en Otawa por omisión y acción en un conflicto minero, en este caso relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas el 27 de Noviembre 2009, donde la empresa minera canadiense BlackFire se vio involucrada en el encarcelamiento del líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el hostigamiento, amenazas, intentos de chantaje, golpes y al final el asesinato, además de la corrupción comprobada por parte de la empresa minera a las autoridades municipales. En todo ello, el gobierno canadiense vía su embajada, sirvió para solapar, encubrir y apoyar a la empresa minera.

La Embajada de Canadá en México escuchó a Mariano el 22 de Julio de 2009, cuatro meses antes de su asesinato, frente a su sede diplomática en la Ciudad de México, y de viva voz, relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. La embajada canadiense tuvo toda la información del conflicto y lejos de actuar en consecuencia, hizo caso omiso del conflicto y las advertencias.

Mariano fue encarcelado con acusaciones falsas por parte del dueño de la empresa canadiense y por ocho días en prisión logró mantener su lucha y resistencia hasta que la presión internacional logró que el Gobierno de Chiapas lo liberara. Por ello, junto con la REMA, decidió interponer una denuncia contra la minera canadiense.

En México, la Familia Abarca, Otros Mundos AC y la REMA, han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia.

El 27 de Noviembre 2018 se presentó un Amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre de 2009, ya que no se ha visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada. 

Se espera que este Juicio de Amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras el gobierno canadiense sigue negando tener alguna responsabilidad en los hechos, es conocido que las embajadas canadienses en otros países actúan a favor de las inversiones mineras, incluso en México han difundido en años atrás un manual sobre las maravillas de sus inversiones mineras en el país. Con esto, legitiman sus inversiones mineras e incluso impulsan políticas que beneficien a las inversiones mineras canadienses en Honduras, México y Colombia entre otros países donde influyen en las leyes mineras para beneficio de las empresas mineras canadienses.

El gobierno canadiense no cuenta con protocolos de actuación ni marcos jurídicos vinculantes que obliguen a actuar a sus funcionarios en el extranjero en la protección y vigilancia de los derechos humanos por parte de sus empresas. No en balde es uno de los países que se niega a avanzar en el Protocolo Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que se negocia actualmente en la Organización de las Naciones Unidas.

El 16 de Mayo 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, representando a la Familia Abarca Montejo y la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la organización Otros Mundos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), acudieron a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

En dicha denuncia se exigió que se diera trámite a la investigación por la acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en su embajada de la Ciudad de México, ya que había razones para indicar que presuntamente la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior, y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos, entre otras omisiones que pusieron en riesgo la vida de Mariano Abarca. Toda la información recopilada en 9 años fue entregada demostrando cómo la Embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa BlackFire Exploration, cómo intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, cómo asesoró a la empresa minera inclusive sobre la forma de demandar al gobierno de México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

Por su lado, el Comisionado canadiense declaró que cualquier acción u omisión no representan «políticas oficiales», y por ello los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas ni a cumplir con las políticas que incluso difunden en sus medios electrónicos. Y por ello no era necesario investigar nada.

Los demandantes manifestaron que el rechazo del CIAPC “no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente algunos hechos; descartó evidencias y otras las tergiversó; aplicó un estándar demasiado restrictivo; no aseguró el debido proceso en torno a los documentos ni solicitó más evidencias ni entrevistas; y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de Blackfire por parte de la embajada. Denunciamos que el CIAPC realizó un análisis no razonable por considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy serios que están en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del servicio público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos”.

La Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la BlackFire y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso.

Por ello, los demandantes plantearon que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.

OTRAS DEMANDAS Y CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

En el Informe «La Marca Canadiense’: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina” se concluye que entre 2000 y 2015 alrededor de 28 empresas canadienses se vieron involucradas en incidentes de violencia y criminalización. Entre ellos 44 asesinatos ocurridos en once países, de los cuales 30 asesinatos son clasificados como “selectivos”; 403 personas heridas en trece países, de las cuales 363 lo fueron durante las protestas y confrontaciones contra las empresas canadiense; 709 casos de “criminalización” en doce países que incluyen órdenes de arresto, detenciones y presentación de cargos contra opositores.

El Informe también confirma que las corporaciones canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen en sus reportes obligatorios públicos la violencia en el marco de su desempeño corporativo. Sin embargo, entre los años 2000 y 2015 las empresas que cotizan en la bolsa reportaron sólo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe. Las empresas más grandes informaron sobre los incidentes de violencia de manera muy general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle. 

Por su lado, Grahame Russell, Director de Rights Action, confirma que “la gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.” Agrega que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Graham Russell agrega que “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”. En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad, dice Grahame. Para Russell, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medio ambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Son tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos.

De perder el Juicio alguna de estas tres empresas mineras canadienses, tendrá implicaciones muy importantes. Esto ignificará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Por todo ello, es urgente que el gobierno canadienses establezca políticas vinculantes ante tanta violación a los derecho humanos en que están involucradas sus empresas, ya que estas violaciones se repiten en Valle de Siria en Honduras; en San Marcos, Guatemala; en Argentina y Chile; en Oaxaca, Zacatecas y Guerrero en México, entre otras muchos casos.

>>Descarga El Escaramujo 85<<

Más información:

Blog Justicia para Mariano Abarca

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

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Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATLALC) – 19 de marzo de 2019

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia y repudia el asesinato de Sergio Rojas – indígena costarricense defensor de los derechos de los pueblos originarios y defensor del territorio Bribri del Salitre al Sur de Costa Rica- quien durante su vida fue un inclaudicable luchador por la autonomía indígena, enfrentando a los usurpadores de tierras de sus comunidades. 

Los hechos se presentaron en la noche del lunes 18 de marzo en el lugar de residencia de Sergio, ubicado en la comunidad de Yeri, donde el defensor de los derechos territoriales fue abaleado en 15 oportunidades. Horas antes de su asesinato, junto a otros miembros de la comunidad indígena, presentó ante la fiscalía denuncias por usurpación de tierras por parte de personas no indígenas en sus territorios, y las amenazas constantes de las que son objeto desde hace varios años sin que haya respuesta efectiva por parte de las autoridades costarricenses. Aún cuando existen medidas cautelares entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para Salitre, se dio este nefasto hecho que ha conmocionado a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales del país mesoamericano y de toda la región latinoamericana.

Como organización ambientalista comprometida con la búsqueda de la justicia ambiental, social, económica y de género, y que trabaja por los derechos de los pueblos y de las/os defensoras/es de los territorios, extendemos nuestra solidaridad al pueblo costarricense, a las comunidades indígenas y a la familia en extenso de Sergio Rojas.

 

También hacemos un llamado al gobierno de Costa Rica y a las autoridades e instituciones competentes para que se agilicen las investigaciones que den con los responsables intelectuales y materiales de este infame asesinato. Creemos fundamental que se entreguen explicaciones claras del por qué pueblos indígenas y sus representantes, como en el caso de Sergio, quienes se encuentran expuestos a la violencia permanente por su justa lucha y la defensa de sus derechos, no cuentan con protección especial, que además se encuentra amparada en las medidas cautelares entregadas por la CIDH.

Consideramos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad y el cumplimiento estricto del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en Costa Rica, a partir de la acción efectiva del Estado, es posible evitar que casos como el de Sergio se repitan, y se continúen las acciones de exterminio contra los pueblos, contra su derecho a la autonomía y a sus territorios.

A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar el asesinato de Sergio Rojas, y a mantenernos en alerta permanente frente a la injusticia que sigue acompañándose de la impunidad hacia nuestros pueblos.

Firma:

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- Marzo 19 de 2019


Foto: Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe

Más información:

Comunicado M4 en memoria de Sergio Rojas Ortiz, recuperador de dignidad para los pueblos indígenas de Costa Rica

[INFORME] Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria en América latina y el Caribe 

 

Sign the petition to demand justice for Mariano Abarca to the federal court of Canada!

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JOIN IN SOLIDARITY! THE FIRST CASE OF ITS KIND!

FEDERAL COURT TO HEAR CASE ON THE ROLE OF THE CANADIAN EMBASSY IN ITS UNWARRANTED INTERVENTION IN MINING CONFLICT IN MEXICO

 >>Sign here<<

James Gordon Carr 

Minister of International Trade Diversification

Government of Canada

 

Crystia Freeland

Minister of Foreign Affairs

Government of Canada

 

Cheryl Hardcastle

Member of Parliament

NDP Party

 

David Sweet

Member of Parliament of Canada

Conservative Party

 

Anita Vandenbeld

Member of Parliament of Canada

Liberal Party

 

To the Canadian Embassies in Latin America

 

For the first time, representatives of the Canadian Embassy in Mexico are the subject of a judicial review before the Federal Court of Canada for their conduct in a mining conflict, related to the criminalization and murder of Mariano Abarca in Chiapas in 2009. The hearing will take place on March 25, 2019 in Ottawa

On November 27, 2009, the local leader of the Mexican Network of Peoples Affected by Mining (REMA), Mariano Abarca Roblero, was murdered in the municipality of Chicomuselo, Chiapas, after an active and peaceful resistance that villagers carried out against this company that extracted the mineral barite from its mine in the community All the suspects in the case had links to the mining company Blackfire Exploration, but no one was convicted of the murder. The investigation is still open.

Until the day he was murdered Mariano suffered threats, intimidation, beatings, arbitrary detention under false accusations made by the mining company, among other abuses. Copies of checks deposited for more than a year to the personal bank account of the municipal president by the company Blackfire were presented to Canada’s Royal Canadian Mounted Police, which resulted in no consequences. In Mexico, a request for clarification was filed with the State of Chiapas’ Comptroller’s office, but their response has been silence.

The Canadian embassy in Mexico heard Mariano expressing the threats he had received from a group of company thugs and alerted the embassy to the other damages that the mining company’s operations were causing.

Documentation obtained through the Access to Information and Privacy Act from the Ministry of Foreign Affairs of Canada, shows that, despite the fact that the Canadian embassy had significant knowledge about the conflicts between the company Blackfire and the community -including the death threats faced by Mr. Abarca-, the embassy approached the state government of Chiapas to ask them to control the protests against the Canadian company in the community.

Mariano was imprisoned for eight days on false accusations made by the owners of the mining company, and was released following national and international pressure with no charges. Mariano decided to file a lawsuit against the mining company and a few weeks later was killed in front of his home in Chicomuselo, Chiapas. The suspected employees of the mine were, eventually freed; the owners of the company, in total impunity.

The Canadian government claims that the embassy was not obligated to act consistently with public policies about embassy responsibilities towards environmental defenders, and that the embassy’s acts and omissions increased the dangers faced by Mr. Abarca.

We know that this case is not unique. We know that the Canadian embassies in various countries of the region have promoted mining companies even when the life and well-being of the communities were under threat. We know that they have intervened in the elaboration of policies related to companies in countries such as Honduras and Colombia. And we know that they have helped to legitimize mining projects facing resistance because of the serious impacts on health, water, land and territories that we defend.

All of this demonstrates that there needs be political will to enforce binding protocols for Canadian embassy personnel in order to ensure human rights. That is why we demand a full and impartial investigation into the case of Mariano Abarca Roblero. We also demand that legal measures be implemented to prevent embassies from continuing to intervene to promote the abuse and violation of human rights that Canadian mining companies commit in other countries. 

spanish version / versión en español

 {YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

 >>Sign here<<

More information about the Mariano Abarca case: 

Check our blog Justice for Mariano Abarca

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

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SOLIDARIZATE ¡EL PRIMER CASO!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO

>> FIRMA AQUÍ <<

A James Gordon Carr 
Ministro, Diversificacion del Comercio Internacional
Gobierno de Canada;

A Crystia Freeland
Ministra Relaciones Exteriores
Gobierno de Canada;

A Cheryl Hardcastle
Miembro de Parlamento de Canada, Partido NDP
Co- presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A David Sweet
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido Conservadores
Co-presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A Anita Vandenbeld
Miembro de Parlamento de Canada, Partido Liberal
Presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales

A las Embajadas canadiense 
en América Latina 

Por primera vez, representantes de la Embajada canadiense en México son demandados en una denuncia administrativa ante la Corte Federal de Canadá por sus gestiones peligrosas en un conflicto minero, relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas en 2009. Se llevará acabo una Audiencia el 25 de marzo de 2019 en Ottawa.

El 27 de noviembre de 2009, el líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, luego de una resistencia activa y pacífica que protagonizaban los pobladores contra esta empresa que extraía el mineral de barita. Todos los sospechosos en el caso tenían vínculos con la empresa minera Blackfire Exploration, pero nadie fue condenado por el asesinato. Aún sigue abierta la investigación.

Hasta el día de su asesinato, Mariano sufrió amenazas, intimidaciones, golpes, detención
arbitraria bajo acusaciones falsas hechas por la empresa minera, entre otros abusos. Copias de cheques depositadas durante más que un año a la cuenta bancaria personal del presidente municipal por la empresa Blackfire fue presentada ante la policía federal de Canadá, sin que ello tuviera consecuencias. Se presentó un requerimiento de aclaración ante la Contraloría del Estado de Chiapas y la respuesta fue el silencio. 

La embajada de Canadá en México escuchó a Mariano de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. 

Documentación lograda a través de la ley de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, demuestra que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre los hechos entre la empresa Blackfire y el Sr. Abarca -inclusive las amenazas de muerte que este enfrentaba-, acudió al gobierno estatal de Chiapas para solicitarle controlar las protestas contra la empresa canadiense en la comunidad.

Fue encarcelado por ocho días bajo arraigo con acusaciones falsas hechas por los dueños de la empresa minera, y fue liberado por la presión nacional e internacional ante la falsedad de las acusaciones. Mariano decidió interponer una demanda contra la minera y unas semanas después fue asesinado frente a su domicilio en Chicomuselo, Chiapas. Los presos, trabajadores de la mina, libres; los dueños de la empresa, en total impunidad.

Aunque por acción y omisión son responsables, el gobierno Canadiense sigue negando los hechos. Niega, además, la existencia de políticas para poder responsabilizarlos de aumentar el peligro que corría Mariano.

Sabemos que este caso no es único. Sabemos que las embajadas canadienses en diversos países de la región han actuado a favor de las empresas mineras aún cuando la vida y el bienestar de los pueblos estaba bajo amenaza. Sabemos que han intervenido en la elaboración de políticas afines a las empresas en países como Honduras y Colombia. Y sabemos que han ayudado legitimar proyectos mineros frente procesos de resistencia en contra de este modelo y los graves daños que conlleva para la salud, el agua, las tierras y los territorios que defendemos.

Todo ello muestra que no hay voluntad ni marcos jurídicos, normativos ni protocolos de actuación vinculantes para el personal de las embajadas canadienses con el fin de velar por los derechos humanos. Es por ello que exigimos una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca Roblero, y que se aseguren medidas legales para evitar que las embajadas puedan seguir interviniendo para solapar el abuso y la violación a los derechos humanos que las empresas mineras canadienses cometen en otros países.

VERSIÓN EN INGLÉS AQUÍ / ENGLISH VERSION HERE

 {YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

>> FIRMA AQUÍ <<

 

Más información sobre el caso de Mariano Abarca:

Vísita nuestro blog Justicia para Mariano Abarca

Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

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Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)  

Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019 

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 

– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica

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Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”

Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.

El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.

¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?

“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.

Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.

El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.

En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.

Por donde pasa la solución

“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.

Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.

En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia

Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.

“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.

Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?

Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.

Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.

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[Audio] Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y Contra las Represas

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Compartimos el siguiente podcats en conmemoración del Día  Mundial de Acción en Defensa de Los Ríos y en Contra de las Represas, realizado por Comité por el Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) 

 

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¡Somos las voces del río! un podcast dedicado al Día de acción global en contra de la privatización del agua y la construcción de represas y en defensa de los ríos y de la vida, que se conmemora todos los 14 de marzo. En este audio encontrará voces de líderes y lideresas campesinas, indígenas, activistas pertenecientes a movimientos sociales que buscan celebrar las victorias tales como la eliminación de presas y la restauración de ríos. Pero, también para aprender que el exigir decisiones responsables sobre el uso y manejo del agua es responsabilidad de todos y todas porque su impacto es de alcance mundial.

¡Somos las voces del río!, una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CDHAL.

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Más Información: 

#14M Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos 

#14M Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía