Informe sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica 2015-2016

Publicación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mayo 2018

INFORME 2015-2016 de Agresiones a Defensoras:
«Cuerpos, Territorios y Movimientos en resistencia en Mesoamérica»

El informe de la IM-Defensoras, que se basa en los datos del Registro Mesoamericano de Agresiones recabados en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, arroja que en los años 2015 y 2016 hubo un total de 2,197 agresiones a defensoras de derechos humanos en la región, lo que representa un incremento de 30% respecto al periodo anterior, el cual presentó un total de 1,688 agresiones. En Guatemala, México y Honduras se concentran la mayor parte de las agresiones, las cuales se duplicaron de 2015 a 2016 en estos tres países.

Siguiendo la tendencia de informes anteriores, las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales continúan siendo las más agredidas. También el Estado sigue apareciendo como el principal agresor de las defensoras mesoamericanas, pues actores vinculados a él, como policías, militares, funcionarios o autoridades de diverso nivel de gobierno representan de forma agregada 54% del total de perpetradores.

Para el período en estudio se aprecia un aumento de casi 100% entre los dos años: 735 agresiones en 2015 y 1,462 para 2016. Si bien no se cuenta aún con datos del 2017-2018, se puede prever un repunte de las agresiones: México vivió el año más violento de su historia moderna (más de 25,000 muertos en el 2017), Honduras finalizó el año con un conflicto postelectoral marcado por enfrentamientos con las fuerzas del Estado y en Nicaragua los enfrentamientos resultado de una reciente reforma al sistema de seguridad social han dejado ya más de 40 personas muertas y decenas de desaparecidas.

>> DESCARGAR EL INFORME EN ESPAÑOL <<

>> DOWNLOAD THE REPORT IN ENGLISH <<

Más información:

La IM-Defensoras presenta en Europa informe sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en México Y Centroamérica

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VIERNES 18 DE MAYO, 11 AM, TUXTLA: Conferencia de Prensa sobre el caso Mariano Abarca

INVITACIÓN
 
CONFERENCIA DE PRENSA

VIERNES 18 DE MAYO – 11 AM

MUSEO DE LA CIUDAD – TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Dirección: Av Central Pte 288, Santo Domingo


Estimadas y estimados periodistas,

Están cordialmente invitados e invitadas a esta conferencia de prensa en la que les informaremos sobre el seguimiento a la denuncia que hicimos en febrero del presente año en Canadá para que se investigue el papel de la Embajada de Canadá en México ante el asesinato del defensor del territorio chiapaneco Mariano Abarca en el 2009.

Mariano era uno de los miembros fundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y se oponía a la minera canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. Por su lucha fue asesinado el 27 de noviembre 2009 y todas las personas que fueron detenidas en el caso tenían vínculos con la empresa. Sin embargo, estas personas fueron liberadas y el crimen sigue impune.

En febrero del 2018, fuimos a Canadá a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública a exigir que se investigue la actuación de la Embajada de Canadá y su apoyo a la empresa Blackfire que podría haber aumentado el peligro que corría Mariano durante meses antes de su asesinato.

La Familia Abarca y las organizaciones que hicimos esta denuncia* les esperamos para que sigan informando sobre este caso emblemático de la impunidad que reina en el país y beneficia a las empresas extractivas. Contaremos con la participación en videollamada de uno de los abogados del caso en Canadá, quien nos compartirá el trabajo que desde allá se hace para incidir en el cambio de patrón de actuación de las misiones diplomáticas al servicio de las empresas.

*La Fundación Ambientalista Mariano Abarca; Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México; la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNACH; Mining Watch Canada.

 
¡Les esperamos!

Más información:

[1] Interponen en Ottawa demanda contra la embajada de Canadá en México

[2] Exigimos que se investigue el papel de la embajada de Canadá en el caso Mariano Abarca

[3] La lucha de Mariano Abarca contra la minera canadiense Blackfire en Chiapas contada por su hermano

[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

Compartimos la campaña «Rexistir» de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales 

REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña, recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

La campaña de sensibilización e incidencia, «Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios», promovida por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y los tomadores de decisión las múltiples y sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos cometidos como resultado de estrategias empresariales y estatales dentro del marco del extractivismo minero, contra las mujeres defensoras de América Latina y sus territorios.

Los objetivos específicos de la campaña son:

1. Informar para promover un papel más activo de denuncia y defensa, por parte de la sociedad civil, frente a la problemática de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de la naturaleza, así como en la construcción de alternativas de vida con justicia de género y ecológica en los territorios.

2. Incidir, a través de la agencia de abogacía de las organizaciones promotoras y socias de la campaña, en el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas e instrumentos internacionales que garanticen los derechos humanos y la protección y seguridad de las defensoras con enfoque de género.

INTRODUCCIÓN
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 Capítulo 1: Estigmatización, Testimonio de Mirtha Vásquez
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Capítulo 2: Criminalización, Testimonio de Emperatriz Bolaños
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Capítulo 3: Violencia Sexual, Testimonio Sara Catalán
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Capítulo 4: Asesinato, Testimonio de Vidalina Morales
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Capítulo 5a: Video educativo sobre vulneración de los Derechos de la Naturaleza
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Capítulo 5b: Vulneración de los Derechos de la Naturaleza, Testimonio Zoila Castillos
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Capitulo 5c: Vulneración de los Derechos de la Naturaleza, Testimonio de Elvia Dahua
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Capítulo 6a: Video educativo sobre despojo de tierras
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Capítulo 6b: Video educativo sobre contaminación
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Capítulo 6c: Despojo y Contaminación, Testimonio de Martha
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Capítulo 7a: Video educativo sobre vulneración de la soberanía alimentaria
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Capítulo 7b: Vulneración a la Soberanía Alimentaria, Testimonio Josefina Gana Portal
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Capítulo 8a: Video educativo sobre militarización del territorio
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Capítulo 8b: Militarización del territorio, Testimonio Sara Catalán
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Capítulo 8c: Militarización del Territorio: Testimonio de Isabel Alongono
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Más información:

www.rexistir.com

[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo

[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

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«Minas, Metales y Poderes» es un reportaje video realizado por el cana Fusión México en mayo 2018. Nos recuerda que el 6 de agosto de 2014, se perpetró una de las catástrofes ambientales más graves de la historia de México en el norte del país: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi generado por una serie de negligencias por parte de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V. Se trata de una filial del Grupo México, propiedad de German Larrea, el segundo hombre más rico de México quien también posee Cinemex.

«Afectó en la salud, en la economía, en lo feliz que eramos antes y ahora ni tenemos confianza ni de tomar agua ni de consumir los productos que se dan en la región», cuenta Esperanza García, enfermera de San José de Baviácora, Sonora, en el documental. Se encontró que el agua contaminada por el derrame contenía plomo, mercurio, aluminio, fierro, arsénico y cadmio y la población sufrió de lesiones en la piel, infecciones estomacales, afectaciones en los ojos. Además, se perdieron mas de 8 mil hectareas de cultivo y mas de 500 cabezas de ganado. En total, se estima que 22 mil personas fueron afectadas por esta tragedia.

Poco después del ecocidio, el gobierno mexicano creó el «Fideicomiso Río Sonora», un fondo de 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México que debían ser destinados a la reparación de daños, pero el Fideicomiso cerró en agosto 2017 después de haber distribuido sólo 1.1 mil millon de pesos. Los campesinos recibieron un único pago de 10 mil pesos por hectárea perdida y 350 pesos po cabeza de ganado. Se prometieron inicialmente 36 plantas potabilizadoras para filtrar metales pesados, de las cuales se construyeron solo 8. La PROFEPA impuso una multa de menos de 24 millones de pesos a Grupo México, un monto que «no significa nada» para el Grupo, denuncia el Comité de Cuenca del Río Sonora en el documental. Hoy los habitantes siguen padeciendo de enfermedades generadas por el derrame, mientras que la mina Buenavista del Cobre sigue en operación.

Más información:

Grupo México, de Germán Larrea, no limpió el Río Sonora y jamás nos ayudó, se quejan afectados

El caso Río Sonora, a la Suprema Corte de Justicia

En el País, 75% de los ríos están severamente contaminados

Colombia: Asesinan a otro defensor del Movimiento Ríos Vivos en medio del conflicto generado por la represa Hidroituango

Compartimos la alerta del Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 8 de mayo 2018

Van dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos asesinados en menos de ocho días en el departamento de Antioquia, donde la represa hidroeléctrica Hidroituango construida por el Grupo EPM está causando graves daños socioambientales. Hugo Albeiro George Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro del municipio de Ituango, fue asesinado el 2 de mayo. Luís Alberto Torres Montoya, miembro de la Asociación de pequeños Mineros y Pesqueros (AMPA), fue asesinado el 8 de mayo.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia y el Bajo Cauca antioqueño nuevamente están de luto. En la tarde del 8 de mayo, en el sector del pescado, Puerto Valdivia, Antioquia, mientras ejercían su labor de barequeo le fue arrebatada la vida a nuestro compañero, Luís Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad, y a su hermano de 20 años Duvian Andrés Correa Sanchez. Luís Alberto Torres Montoya parte dejando su esposa y tres hijos. Pertenecía a la Asociación de pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), articulada al Movimiento Ríos Vivos.

Este hecho nefasto se produce a menos de ocho días del asesinato de nuestro compañero Hugo Albeiro George Pérez, en jurisdicción del mismo municipio y en momentos en que las comunidades se encuentran preparando una nueva jornada de movilizaciones de protesta en procura de que el Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín – encargado el proyecto) reconozca las nuevas afectaciones que ha traído a la zona, con su proyecto Hidroituango, a partir de la reducción drástica de las aguas abajo del muro de la represa, tras los derrumbes que han taponado el paso de las aguas y tras generar pánico y zozobra sobre la población.

Esperamos que ante estos hechos la actuación de la Policía de Antioquia no se enfoque en demeritar y desconocer el trabajo de liderazgo y defensa de derechos humanos y ambientales que ejercemos todos y todas las integrantes de Ríos Vivos; en su lugar, esperamos una actuación decidida por atender la complejidad del contexto social del Bajo Cauca y demás regiones, que por medio de asesinatos selectivos cada día cobra la vida de un inocente más, de un agricultor más o de barequeros y pescadores comprometidos con la defensa de la vida y su territorio.

Requerimos por enésima vez que el Ministerio del Interior atienda nuestro llamado para poner en marcha el Plan de Protección y Prevención colectiva del Movimiento Ríos Vivos.

Requerimos con urgencia que la la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto mismo.

Requerimos que la Gobernación de Antioquia, mayor inversionista del proyecto, cumpla con los compromisos pactados con Ríos Vivos en el marco de la mesa para solución de conflictos minero energeticos.

Requerimos a la Procuraduría investigue la actuación de funcionarios e instituciones que han incumplido sistemáticamente acuerdos con Ríos Vivos Antioquia que si se les hubiera dado tramite respectivo pudieron haber evitar las catástrofes que hoy padecen la región y la nación, entre ellos Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Valdivia, la ANLA y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

También solicitamos que la Procuraduría Ambiental investigue con celeridad los hechos ocurridos en torno a los derrumbes, desecación de caudal, planes de contingencia que han dado lugar a la emergencia social, económica y ambiental en el área de afectación de Hidroituango. Es necesario un llamamiento público por parte de este ente de control.

Los dos integrantes de Ríos Vivos Luís Alberto Torres Montoya y Hugo Albeiro George Pérez fueron asesinados sin ser reconocidos como afectados por Hidroituango, sin obtener una caracterización socioeconómica. Urge que EPM revise sus procedimientos y establezca un conducto de reconocimiento acorde con las realidades socioculturales de la zona y las secuelas del conflicto armado en la zona.

Estos asesinatos y la impunidad que venimos observando opaca los esfuerzos de construcción de paz territorial con la cual estamos comprometidos todos los movimientos sociales de Colombia. Por tanto, hacemos un llamado al gobierno nacional para atender y detener el asesinato de líderes y lideresas en Colombia.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para seguir expresando su solidaridad con nuestro movimiento, con los familiares de las víctimas y les animamos para que sigan exigiendo la pertinente actuación del Estado y sus instituciones.

¡Que la paz no nos cueste la vida!

!AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

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Más información:

Asesinan a integrante de Ríos Vivos Antioquia afectado por Hidroituango

Repudio a los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez y Domar Egidio Zapata George en Colombia

Colombia: Toda la solidaridad a la población afectada por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango

Organismos de control deben pronunciarse en relación a la tragedia social y ambiental que impuso Hidroituango

AUDIOS: Mujeres de Amigos de la Tierra Internacional trabajan por la Justicia de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado

Del 30 de abril al 4 de mayo del 2018, el Grupo de Trabajo de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) sobre la Justicia de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado se reunió en «Alter Natos», el Centro Ecológico Alternativo de Otros Mundos A.C., en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para finalizar su marco conceptual y afinar su estrategia. Se trató de la segunda reunión de este Grupo de Trabajo que se había encontrado por primera vez en septiembre del 2017 en Ghana.

Les compartimos tres audios difundidos por Radio Mundo Real, la radio libre de ATI, que les permitirá entender cuales fueron los retos y los logros de esta reunión:

>> AUDIO 1: «Amigos de la Tierra Internacional en su lucha por justicia de género» – Entrevista realizada a unos días del Encuentro con Celia Alldridge, facilitadora del Grupo de Trabajo

Celia Alldridge: «En el movimiento feminista, tenemos muy clara la importancia de la autoorganización de las mujeres en la creación de alternativas al sistema. El caso por ejemplo en la defensa de la soberanía alimentaria: no hay agroecología sin feminismo porque la agroecología, por sus valores, incluye el derecho a una vida sin violencia. Estamos construyendo también nuevas formas de economía como la economía feminista y solidaria.»

>> AUDIO 2: «Ambientalistas analizan vínculos entre sistemas de opresión y el control y explotación de pueblos, territorios y mujeres» – Entrevista realizada durante el encuentro con Claudia Ramos (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México) y Marília de Madeiros Gonçalvez (Amigos de la Tierra Brasil)

Celia Alldridge, Marília de Medeiros Gonçalvez y Claudia Ramos en «Alter Natos» (Foto: Otros Mundos A.C.)

Claudia Ramos: «Vemos un claro avance del neoliberalismo en América latina, con un proyecto de militarización de las calles, como en Brasil, Paraguay y Honduras. Este proceso de militarización agudiza la criminalización de los movimientos sociales y tiene un efecto sobre las mujeres defensoras de la tierra y el territorio quienes están poniendo el cuerpo día a día para defender la tierra y defender su papel político. Vivimos en estos contextos que complejizan las luchas y nos animan a llevar a cabo nuestro trabajo.»

Marília de Medeiros Gonçalvez: «Tenemos una visión clara en la federación que es que buscamos la justicia ambiental y la justicia social. Creemos que no podemos alcanzar la justicia de ninguna forma sin tocar el tema de las diversas formas de opresión que sufren las mujeres, l@s homosexuales, l@s negr@s y los pueblos indígenas.»

>> AUDIO 3: «Queremos llevar justicia de género a cada rincón de Amigos de la Tierra»: Entrevista realizada durante el encuentro con Samantha Castro (Amigos de la Tierra Australia) y Dipti Bhatnagar (Amigos de la Tierra Mozambique)

>> Síntesis de la entrevista en español <<

>> Entrevista completa en inglés <<

Dipti Bhatnagar y Samantha Castro en «Alter Natos» (Foto: Otros Mundos A.C.)

Samantha Castro: «Uno de los momentos importantes fue el conservatorio público del 1 de mayo («Justicia ambiental y lucha antipatriarcal: cuerpo, territorio y trabajo»), donde mujeres de Brasil, México, Bangladesh y Bosnia, hablaron de cómo estamos organizadas. Muestró que todas las mujeres tenemos un propósito común: unir nuestras luchas para traer justicia de género.»

Dipti Bhatnagar: «No podemos cambiar el sistema sin desmantelar el patriarcado y no podemos tener justicia ambiental sin justicia de género. Queremos llevar esta reflexión a todos los rincones de ATI, y en cada una de nuestras campañas.»

Más información:

Porqué ATI habla de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado

Desafíos de la lucha por la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado: miradas desde África y Europa (sintesis en español de las entrevistas realizadas durante el primer encuentro en Ghana en septiembre 2017)

Challenges around the struggle for gender justice and dismantling patriarchy: views from Africa and Europe (interviews in English during the Working Group’s first meeting in Ghana in September 2017)

Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos

Juan Almendares Bonilla es miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras. En marzo del 2018, ha publicado una serie de Cuadernos, de los cuales compartimos el Volumen 1: «Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos».

>> DESCARGAR «Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos» en PDF (24 páginas) <<

Estas cartas están destinadas a la lucha de los trabajadores, comunidades y pueblos indígenas, campesinos, garífunas, obreros y estudiantes que luchan por la transformación material, cultural y social de las condiciones injustas que generan sufrimiento y enfermedad en América Latina.

Carta a la Salud I: ¿Qué es la salud?

Estimados lectores,

Vamos a comenzar con una interrogante compleja que ha desafiado a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en general y que se refiere a ¿Qué es salud?

Lo primero que piensa el ser humano no es tanto en preguntarse porque está sano sino porque está enfermo o qué enfermedad padece. Es algo curioso que la salud está más definida por las políticas del Estado y del mercado que por las personas o trabajadores de salud. La situación ha sido compleja aun para la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 1948 la OMS definió la salud «como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades.» Esta definición ha sido objeto de discusión y no obstante del respaldo que tiene por esta organización se puede notar que se refiere a un estado y no a un proceso histórico.

Con el objeto de estudiar esta idea vamos a comenzar por el enfoque etimológico (origen de la palabra). El término «salud» viene del latín salus, salutis que significa «salud»; en el sánscrito sárvah que equivale a «entero» y en griego holos entero «total». (Menoyo Barcena n.d.)

En el caso contrario, la enfermedad se origina de la palabra infirmitas formada a su vez por el prefijo latino que indica negación, el lexema latino firm- de adjetivo firmas que quiere decir «fuerte» y se deriva del adjetivo infirmus que literalmente quiere decir «falta de solidez y salud».

Ahora nos concentraremos en la salud. Las ideas centrales del origen de este término son: totalidad y vida. En consecuencia, todos los seres vivos podrían ser objetos y sujetos de salud y enfermedad. Cuando hablamos de totalidad nos referimos a la totalidad del ser social o sea que el objeto de la salud es la realidad del ser social y el ser sujeto de la salud significa la actividad práctica (praxis) mediada por el trabajo por la mano de obra. Esto nos lleva a considerar que un aspecto central de la salud es el trabajo ya sea manual o intelectual.

Con respecto a la realidad del ser social se considera que lo que diferencia al género humano de los animales es la finalidad en la vida o sea hacer proyectos de acuerdo a la realidad que enfrentan y que cambian según el contexto histórico de esa realidad. Una abeja construye su colmena de igual forma durante toda su existencia por varias generaciones de abejas mientras que cada ser humano va haciendo proyectos diferentes y va construyendo su casa según los materiales que poseen de acuerdo al momento histórico. A este principio se le llama teleológico.

La salud, por lo tanto, está determinada por un enfoque social, político e histórico. Por consiguiente, tiene que ver con la vida preexistente a la humana a las relaciones de clase, género y etnia, o sea que está sujeta al proceso evolutivo e histórico, en otras palabras, al paso preexistente de la materia inorgánica a la orgánica y al ser social.

La materia inorgánica (abiótica), que quiere decir sin vida, se transformó en materia biótica o sea con vida y que algunos la llaman orgánica, que corresponde a todas las especies de bacterias, plantas y animales. La tercera fase corresponde a la evolución de las especies y ambientes en donde surge el sujeto humano que llamaremos ser social. Aquí podemos hablar de dos formas de reproducción de la vida que no son independientes: una es la reproducción biológica de las especies y la reproducción social mediada por trabajo y que se establece mediante las relaciones sociedad/naturaleza. A este proceso se le llama metabolismo o intercambio (sociedad y naturaleza).

Hemos hablado de la realidad del ser social que corresponde a la vida y cuando decimos que la salud como objeto es inseparable de la vida material, cultural, espiritual, económica y política del ser humano podríamos considerar desde dos perspectivas la salud como objeto y como sujeto. El ser social a través de la praxis produce objetos útiles, los cuales se pueden intercambiar sin fines mercantiles, y constituyen un valor de uso. En contraste está el valor de cambio que es la mercantilización de los objetos producidos, obteniendo la tasa de ganancia mediante la explotación del trabajador (plusvalía). En síntesis, se trata del mundo de las mercancías que crea la acumulación de capital que conduce a la enajenación del ser social y al fetichismo de la mercancía. En conclusión, el valor de uso contribuye al amor, a la solidaridad humana y al buen vivir, mientras que el valor de cambio convierte la salud en mercancía.

De estas consideraciones podemos llegar a los siguientes razonamientos: la salud se alcanza por un proceso de balance armónico (unidad del orden y el caos) entre la sociedad naturaleza y el desarrollo de las relaciones sociales igualitarias que nos conduce a la emancipación humana, la felicidad y el bienestar. La salud es un rasgo esencial de la vida. En el sentido ideal, ésta solo puede existir cuando ocurra la verdadera libertad humana. Por eso, cuando se pierde la libertad la persona se enferma ya que al estar restringida la libertad las relaciones humanas se tornan relaciones entre cosas (relaciones cosificadas) o bien la salud se convierte en mercancía y se produce la fetichización de la mercancía. En síntesis, la salud como la vida dependen mucho del movimiento de unidad material, espiritual, cultural de la sociedad y en el balance armónico sociedad naturaleza, en consecuencia, la salud es inseparable de la vida. (Breilh 2013) (Mario Duayers n.d.)

Carta a la Salud II: Salud y Democracia

En base a nuestra Constitución y las leyes Honduras es un Estado de derecho que se rige por el régimen de la democracia. Sin embargo, en un sentido material y real no existe ni igualdad ni equidad en Honduras; la mayoría de las familias no satisface las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. La democracia por lo tanto no puede existir en una sociedad donde se tortura, se violan los derechos humanos y se excluye a la mayor parte de la población.

Estimados lectores:

Me es grato compartir con ustedes una serie de reflexiones que hemos aprendido de la lucha de los pueblos por el derecho a la salud. Este aprendizaje es inseparable del desarrollo de la conciencia social que se apropia tanto del saber colectivo como de una técnica social de una filosofía y epistemología critica que nos permite entender las relaciones de la salud y poder en el estado moderno capitalista.

Mis conocimientos como estudiante y profesional de la medicina fueron desafiados por la injusticia social, el abandono y la desigualdad a la que están sometidos los pueblos originarios y comunidades campesinas, a tal grado que me obligaron a cuestionar mi formación basada en un modelo biomédico que considera el cuerpo como una máquina que hay que reparar separando al cuerpo biológico del cuerpo social y político y en consecuencia está fundamentado en una visión mecanicista y cartesiana que divide las enfermedad: corporales y mentales separadas de lo ecológico, psicológico y lo social.

Cuando fungía como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas en la década de los setenta, fui invitado a participar en los seminarios sobre salud que organizaba el Dr. Juan Cesar García de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien me motivó a estudiar filosofía, epistemología y sociología, sobre el análisis de la problemática de salud y tuve la oportunidad de conocer y aprender de los más conmutados salubristas y epidemiólogos de América latina: Asa Cristina Laurell, Sergio Arouca, Edmundo Granda, Hesio Cordeiro, Mario Brofman, Miguel Márquez, Jaime Breilh.

En la década de los ochenta tuve la oportunidad de trabajar sobre la Reforma Educativa de la Facultad de Ciencias Médicas y aprender sobre algunas reflexiones epistemológicas de la medicina con el Dr. Juan Samaja filosofo argentino que estuvo exiliado en Honduras.

Ambas experiencias me llevaron a cuestionar el enfoque de salud pública y el modelo biomédico para plantear una concepción social de la medicina y un enfoque de Salud Colectiva que ha promovido la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

Comenzaré con la relación salud y democracia recordando al insigne salubrista brasileño Sergio Araouca:

«No cabe la menor duda que la amplitud en las ideas y en los criterios que sustentan los programas de salud y de seguridad social, son la garantía para que la puesta en práctica de los mismos genere el mayor bienestar de las comunidades organizadas. Por eso, no es suficiente la democracia en abstracto y mucho menos la discursiva para materializar ideales de salud. La práctica de la democracia crea obligaciones del Estado en el campo de la salud y de la seguridad social, pero a su vez esa condición debe estimular un activismo sin exclusiones que contribuya a la construcción de nuevos paradigmas sociales. Para que tales condiciones puedan dar los frutos esperados, es necesario sustraer los problemas del sector salud y de la seguridad social de la diatriba política, de lo contrario se corre el riesgo de repetir los errores del pasado.»

Del pensamiento de Arouca deducimos que la salud se relaciona con el Estado y por lo tanto en el sistema democrático las políticas de salud serán producto de una planificación participativa que tendrá un carácter técnico, científico y social. En consecuencia, vamos a comprender que la salud no solo es un asunto médico si no tiene que ver en las políticas del Estado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Como puede observarse en esta definición, la salud aparece como un concepto despojado de lo histórico, es decir no como proceso; por lo tanto, no toma como fundamento las diferencias de clase de género y de etnia. Sin embargo, tiene algunas consideraciones valiosas en el sentido que no toma la salud como un asunto puramente médico ni tampoco biológico, sino que le da un carácter psicosocial e incorpora el concepto de bienestar. La política de salud de un gobierno tiene que valorarse desde la perspectiva interdisciplinaria articulada a las políticas de otros sectores para lograr el verdadero bienestar de la población.

En una sociedad donde se violan los derechos Humanos y se torturan a las personas y donde las condiciones de vida son desiguales, no puede existir democracia y por lo tanto las políticas de salud no estarán basadas en la salud como un derecho humano y social.

>> DESCARGAR «Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos» en PDF (24 páginas) <<

Más textos de Juan Almendares:

Cuadernos Volumen 4: «Holobiosalud»

Cuadernos Volumen 5: «Desafíos ante el asalto a la salud y a la soberanía alimentaria»

Cuadernos Volumen 7: «Contribuciones a la red de vida y como la vida comunitaria me enseño a vivir»

Cuadernos Volumen 8: «Minería»

La fabricación de la muerte en América Latina

Repudio a los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez y Domar Egidio Zapata George en Colombia

Comunicado de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), a 3 de mayo de 2018

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe condena y repudia el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez, defensor de derechos humanos y ambientales del Movimiento en Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos, en ataque perpetrado en el corregimiento de Puerto Valdivia, en el Departamento de Antioquia – Colombia-, donde también murió el mototaxista Domar Egidio Zapata George de 23 años y quien era sobrino del compañero asesinado.

No es la primera vez que repudiamos estos nefastos hechos que tienen lugar en el país sudamericano, y que sin la acción de la justicia siguen pasando a la impunidad en momentos en que el movimiento social colombiano sufre una de las peores arremetidas en su contra como producto de la corporativización del territorio y la guerra declarada a las/os defensores/as de la vida.

Como organización latinoamericana y del Caribe que propende por la justicia social, ambiental, económica y de género, condenamos los asesinatos de Hugo Albeiro y Domar Egidio y nos solidarizamos con Ríos Vivos, y con las organizaciones y procesos colombianos que día a día entregan la vida de hombres y mujeres dignos, que enfrentan la imposición de represas, proyectos mineros, agroindustriales, petroleros, etcétera, sin garantías de parte del Estado y los gobiernos que se han convertido en garantes de la participación trasnacional y privada y de sus arquitecturas de la impunidad.

En los momentos que vive el país andino, en los que la construcción de la posibilidad de paz se ve cada vez más opacada por la guerra, la criminalización y la violencia contra las y los luchadores sociales, la solidaridad debe hacerse efectiva, debemos exigir contundentemente al Estado y al gobierno colombiano la protección e integridad de los pueblos y sus representantes. Cada vida que se pierde por la acción criminal de enemigos de la autodeterminación popular frente al manejo de los territorios, es una afrenta para América Latina y el Caribe, es una demostración de la barbarie a la que nos quiere condenar el modelo neoliberal y sus agentes de destrucción.

Solicitamos al gobierno colombiano y sus instituciones hechos efectivos frente los asesinatos de Hugo Albeiro y Domar Egidio, y esperamos que se haga justicia ante estos atroces crímenes. Quedan hoy nuevos huérfanos y más familias colombianas que deberán pagar por la violencia sin sentido aplicada a quienes defienden la vida y la posibilidad de dignidad de los pueblos y sus bienes comunes.

A la comunidad internacional pedimos condenar de todas las maneras posibles estos asesinatos y los de cientos de personas en Colombia, haciendo sentir a los responsables que no descansaremos hasta evitar que sigan actuando y viviendo en la impunidad.

Foto: alianzademediosalternativos.blogspot.com

Más información:

Colombia: Toda la solidaridad a la población afectada por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango

Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos

Asesinan a integrante de Ríos Vivos Antioquia afectado por Hidroituango

Organismos de control deben pronunciarse en relación a la tragedia social y ambiental que impuso Hidroituango

La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Análisis del colectivo Geocomunes – Abril 2018

 Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

 Parte III: Territorialización del decreto de la ZEE de Puerto Chiapas

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El 29 de septiembre 2017 el presidente de la República firmó el decreto de declaratoria de la de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas en mismo tiempo que los decretos de las ZEE de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Nos parece importante analizar el contexto en lo cual se integra este nuevo proyecto neoliberal, así que los megaproyectos asociados a su desarrollo, que representan, en conjunto, una nueva amenaza para los pueblos de la región.

1 – Características generales de la ZEE

Esta ZEE está conformada por un polígono de 8,611 ha lo que representa el 9% de todo el municipio de Tapachula y aproximadamente dos veces el tamaño de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Dentro de esta área se pretende desarrollar varias secciones que serán construidas, administradas y desarrolladas por empresas privadas bajo el permiso de administrador integral o una autorización como inversionista (ver artículo quinto del decreto). Solo dentro de estas secciones, que básicamente serán parques industriales, se podrán aplicar las ventajas fiscales que ofrecen las ZEE mencionadas en una publicación anterior.

Por el momento, en la ZEE de Puerto Chiapas sólo existe una sección federal de 523 ha, de los cuales 42.5 ha eran de propiedad del ejido El Encanto que vio su superficie reducida a la mitad por la instalación de la ZEE.

2. Historia y proyectos de ampliación de Puerto Chiapas

El puerto empezó a construirse con madera durante los años del porfiriato con el antiguo nombre de San Benito. En los años 70 se empezó una nueva etapa de construcción y el puerto fue re inaugurado en 1975 con el nombre de Puerto Madero. Sin embargo durante 30 años el proyecto quedó parado hasta que a partir de 2001, con una inversión de 700 millones de pesos, se inició la modernización del puerto con la construcción de las terminales de crucero, de pesca y de contenedores, renombrándose como Puerto Chiapas. La actividad turística de crucero inició a partir de 2006 y la actividad comercial se reactivó a partir de 2010. Según datos de la SCT, de 2010 a 2016 el puerto ha aumentado por cinco su movimiento de carga anual pasando de 55,888 toneladas a 273,295 toneladas.

Los principales productos que se importaron fueron maíz y fertilizantes para la agroindustria y se exportó café, plátano y titanio (hasta 2012 las empresas Obras y Proyectos Mazapa e Industrias Unidas de Cobalto han exportado 559,369 toneladas de titanio a China).

Impulsado por la importancia de la agroindustria y de la actividad minera en los movimientos del puerto, se empezó desde 2012 una modernización y ampliación del mismo.  Una nueva terminal de 10 ha, especializada en productos agrícolas, con una inversión privada de 69.2 millones de pesos de la empresa agroindustrial Gramosa Agroalimento fue inaugurada en 2014. El sector agroindustrial es el actual gran estimulador de los movimientos del puerto principalmente en razón de la creación en 2017 de una ruta comercial entre este puerto y el puerto de Hueneme en California, a cargo de la empresa estadounidense Chiquita Brands International, para exportar los plátanos producidos en la región del Soconusco, Chiapas.

Durante el año pasado se exportaron semanalmente 250 mil cajas de plátanos en contenedores, cuando antes esos plátanos eran exportados por vía terrestre o por medio de puertos guatemaltecos (Puerto Barrios y Puerto Quetzal). Esta nueva ruta de exportación de plátano explica porque Puerto Chiapas fue el puerto mexicano del Pacífico con el mayor aumento de movimiento de carga en 2017 (+53%). Para 2018 la intención es diversificar esta exportación de plátano hacia los mercados asiáticos.

El otro sector que está mirando hacia Asia es la actividad minera, razón por la cual está previsto la construcción de una terminal especializada en minerales a granel, con la intención de poder realizar el saqueo de los recursos de titanio, magnetita, hierro y barita que se encuentran en la sierra y las playas de la región para luego exportar esos minerales a los mercados asiáticos (principalmente hacia China). Esta intención de acomodar el puerto a los intereses de saqueo de las empresas mineras de la zona está explícita en el Plan Maestro del API Puerto Chiapas: «Puerto Chiapas tiene como desafío estar a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene por los próximos 20 años para el abastecimiento de minerales en el sureste asiático».

Para abastecer a la futura terminal de minerales está prevista la construcción de una extensión de 4.5 km de la línea de ferrocarril (con una inversión de 69.6 millones de pesos) hacia la parte poniente del puerto dónde se ubicará esta nueva terminal.

(…)

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Más información:

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La Zona Económica Especial de Lázaro Cardenas – La Unión

El Escaramujo 72: LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS

La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 30 de abril 2018

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), festejamos el reconocimiento a la labor de la compañera Francia Márquez, una mujer colombiana y líder afrodescendiente quien el pasado 23 de abril fue galardonada con el Premio Goldman 2018 por su ardua labor en la defensa de la vida y el territorio en el departamento del Cauca donde logró, con ayuda de los habitantes de la región, que la minería ilegal fuera expulsada del lugar.

Este merecido premio es también el reconocimiento y un indicador de la fuerte resistencia de las mujeres contra el modelo extractivo que en toda América Latina alza/mos su/nuestra bandera por no permitir el despojo de nuestros territorios.

Francia, como en muchos casos, fue acosada y amenazada por paramilitares hasta declararla «objetivo militar», y obligada a salir de su territorio, por considerar que detenía el desarrollo. A pesar de ello continúa resistiendo.

Esto nos recuerda a nuestras compañeras Máxima Acuña y Berta Cáceres, también premio Goldman. Máxima hasta la fecha no ha dejado de ser hostigada por la empresa minera y la policía para que abandone su lucha, y Berta como sabemos no pararon de acosarla hasta arrebatarle la vida; así como a muchas otras compañeras como Bety Cariño, Manuela Solís, Nicinha, Marielle Franco y tantas otras que han dado la vida por defender la vida, aquienes la mismaFrancia ha dedicado este premio.

¡VIVA LA FUERZA DE LAS MUJERES EN LAS LUCHAS CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental

Foto: Francia Márquez (Cortesía Premio Goldman)

[PDF] Declaración De Territorios Libres: Recopilación De Ideas Y Experiencias

Publicación de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Febrero 2018

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Texto elaborado por Isaac Rojas, co-coordinador Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional con comentarios de Claudia Ramos y Gustavo Castro (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México); Jeff Conant (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Nele Marien (co-coordinadora Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional), Peter Kodde (Milieudefensie – Amigos de la Tierra Holanda) y Héctor de Prado (Amigos de la Tierra España).

Diseño: Nicolás Medina

Introducción

En el Programa de Bosques y Biodiversidad de ATI, hemos venido reflexionando acerca de las múltiples formas para detener y expulsar los proyectos y políticas de financiarización de la naturaleza (FN) en nuestros territorios. Nuestro proceso de reflexión producto de la reunión de Uganda [1] nos llevó a la necesidad de ir juntando y acercando las estrategias compartidas que junto con comunidades y Pueblos Indígenas, en ese momento, se habían llevado a cabo: algunas tenían que ver más con trabajo nacional y sus implicaciones en labores de cabildeo y lobby con autoridades locales, otras tantas del trabajo en el territorio local, además de surgir importantes reflexiones en la parte del trabajo internacional.

Compartimos acerca del reto de explicar estas temáticas de forma más sencilla, sin perder los puntos críticos que nos hacen rechazar estos proyectos y visibilizar las soluciones reales que desde los pueblos y comunidades ya se están poniendo en marcha. Una de las ideas surgidas fue, ¿por qué no declarar nuestros territorios libres de REDD? Conocemos experiencias de diversos grupos de ATI que han hecho lo mismo en por ejemplo, luchas contra la minería y los transgénicos.

Con el paso del tiempo y conforme hemos ido trabajando otros temas como la FN, algunos grupos también han manifestado el interés por declarar territorios libres de proyectos de financiarización al ser estas, parte del modelo extractivo. La percepción de los impactos de REDD y de la FN en general, son muchos más abstractos puesto que no son tan visibles como los provocados por la minería por ejemplo. Además se les presenta como una forma de conservación de la Naturaleza donde además, se dará dinero por realizar esa labor.

Estas circunstancias, complican el proceso de declaración de un territorio libre de REDD o de FN. En Costa Rica [2], un grupo de personas indígenas del territorio indígena de Talamanca al sur del país, declararon su territorio libre de REDD. De inicio enfrentaron varios retos. El principal fue cómo explicar que algo que es presentado como un instrumento que ayudará en la conservación de los bosques y además, dará dinero, conlleva impactos negativos.

Durante el proceso, fue visible que este reto sería abordado con éxito debido a que la declaratoria se daría en un territorio indígena donde existe una dimensión espiritual y cultural en relación al bosque y así es más fácil entender esos impactos. Además, el territorio es comunitario y toda la comunidad lo cuida. Otro punto abordado fue el de la autonomía indígena: ¿de dónde viene la propuesta REDD?; ¿Es algo que surge desde los mismos Pueblos Indígenas o desde organismos internacionales que plantean que para conservar el bosque hay que sacar a todas las comunidades del mismo?; ¿Qué quieren los Pueblos Indígenas?. Este tipo de preguntas abrió espacios importantes para la reflexión sobre REDD que incluyó un análisis de quiénes son los responsables directos de causar el cambio climático y cómo mecanismos como este permiten a grandes corporaciones seguir contaminando. Finalmente, la experiencia de los Pueblos Indígenas con el pago por servicios ambientales (PSA) en Costa Rica -y REDD fue presentado como un nuevo PSA- ayudó a ver que más bien podría traer nuevos problemas como la distribución de los posibles dineros, divisiones en las comunidades y restricciones al uso del bosque. Una experiencia similar tiene REDDeldía [3] en la región Selva en Chiapas.

Así que nos dimos a la tarea de juntar, leer y agrupar ideas provenientes del trabajo de varios de nuestros grupos con el fin de que puedan ser utilizadas y enriquecidas. De esta forma, podremos ver qué significa declarar un territorio libre -de REDD, FN o cualquier otra amenaza- al tiempo que compartimos varias experiencias. Este documento no es un recetario porque una declaratoria de un territorio libre varía mucho a lo interno de un país y de uno al otro. Lo que buscamos es simplemente compartir ideas para que ojalá sean enriquecidas a través del trabajo por declarar nuestros territorios libres de políticas y amenazas para que así, sigan estando repletos de nuestras propuestas.

¿Qué implica declarar libre un territorio?

Declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Esta idea es la que mejor resume y explica el significado y las implicaciones de un proceso como este. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos, sobre todo los colectivos, esos que nos protegen como comunidad, como personas que somos parte de algo más colectivo, una comunidad. No solo nos referimos al Derecho Humano a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, sino también se pone en vigencia los Derechos Humanos a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información, siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales.

El derecho a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios. El derecho a la autonomía y autodeterminación son fundamentales ya que sin territorio no hay autonomía ni autodeterminación y viceversa. Además, la autonomía y la autodeterminación en un territorio, no pueden ejercerse si violentan la autonomía y la autodeterminación -y otros Derechos Humanos- de otros territorios. Así, la declaratoria de territorio libre, tiene estrecha relación con la puesta en práctica, la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos.

El trabajo o proceso para declarar un territorio como libre surge de una decisión tomada por una comunidad, pueblo u organización, para defender su territorio de cualquier actividad o política que es considerada como una violación, un desmedro, un debilitamiento o la erosión de la forma de vida -o modelo de desarrollo- que se quiere para su territorio.

El movimiento, como cualquier otro, se construye mediante alianzas entre diversas organizaciones y comunidades. Puede surgir desde la propuesta de una organización o comunidad que con ideas, muestra como una actividad o política, provoca impactos negativos en diversas áreas de la vida cotidiana que se lleva en la comunidad. Normalmente, estas actividades o políticas no surgen de la comunidad sino que son impuestas por autoridades del gobierno ya sea mediante la autorización para llevar a cabo una actividad a un actor privado como las corporaciones, o por la aplicación de una política pública.

En algunos casos la declaratoria puede ir de la mano de mecanismos legales, en otros no. La declaratoria conlleva un trabajo fuerte de divulgación, información, capacitación, comunicación, cabildeo, construcción de alianzas, entre otras, y el lograrla, es un primer paso porque la declaratoria como tal no garantiza nada aun cuando pueda ser amparada por algún mecanismo legal. Luego tendrá que darse un trabajo para ponerla en vigencia y defenderla. Así, los procesos organizativos que permiten obtener esa declaratoria deben ser permanentes. Por ello es fundamental que, independientemente de la legalización del territorio libre, se logre establecer en la opinión pública así como en la autoconciencia del movimiento, la legitimidad política de una declaración de territorio libre. Al mismo tiempo se tiene que establecer su legitimidad social, ética, moral, ancestral, de consciencia global ambiental, de Derecho Humano. En definitiva, que luchamos por algo justo y necesario. Esto será fundamental para defender esta práctica política ante los embates que seguirá siendo objeto por la disputa del territorio.

1. Reunión Bosques y biodiversidad realizada en Uganda, 2013.
2. Comunicación personal con Mariana Porras de COECOCEIBA-AT
3. https://grupocartadebelem.wordpress.com/2013/07/15/chiapas-suspendido-el-programa-redd-plus-dice-semahn/

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Más información:

El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

REDD y derechos: lo bueno, lo malo y lo feo

[AUDIO] Los proyectos REDD no son distintos a otros proyectos del modelo extractivo

El Manejo Comunitario de Bosques

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

Presentación de la abogada jalicense Claudia Gómez Godoy, del equipo jurídico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), durante el Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Territorios libres del Extractivismo!» organizado en Acacoyagua, Chiapas, los 19 y 20 de abril 2018

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La génesis de la propiedad social: cómo se crearon los ejidos y las comunidades en México

En México hay una situación particular. Hubo un reparto agrario en donde más del 50% del territorio nacional es propiedad social. Se concentra en dos tipos de propiedad: la propiedad ejidal y la propiedad comunal.

Los ejidos y las comunidades surgen como una respuesta a una demanda popular que se dio con la Revolución. Respondían a una situación concreta que se vivía en muchas partes de América latina. Había muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, que tenían una forma de organizarse para la protección agrícola o para la tenencia de la tierra, para el cuidado del territorio, que era una forma de propiedad común.

El título de comunidad reconocía que un grupo de personas ya tenía una propiedad común. Otra forma de repartir tierras era reconocer que un grupo de personas había sido despojado en la época de la Colonia de las tierras que ya tenía, por medio de una hacienda por ejemplo, y darles las tierras que antes eran suyas. Por último, se le podía dar tierras a un grupo de personas que no tenía tierras antes de la Colonia para que se organizara como un ejido o una comunidad.

Estos dos tipos de propiedad reconocen fundamentalmente una forma de organización económica aunque también surgen como una forma de organización política y una forma de organización social. Cada ejido y cada comunidad hoy tiene que recuperar toda esta historia de cómo sus abuelos obtuvieron el reconocimiento de la titularidad de las tierras.

Antes del año 1992, las tierras ejidales y comunales eran tierras que se daban a las personas en colectivo y esas personas eran propietarias en colectivo. Ninguna de esas personas era propietaria. En estas dos formas de propiedad, no existía la propiedad privada. Quien tiene la titularidad es el colectivo. Además, esas tierras tenían antes del 1992 una protección especial: no se podían vender (eran inajenables), no se podían embargar (inembargables), y no podían perder vigencia (imprescriptibles).

La destrucción de la propiedad social agraria: cómo Salinas de Gortari facilitó las inversiones y los proyectos extractivos

Cuando llega un inversor minero o alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos o una gran plantación y se encuentra con este tipo de propiedad, ¿creen que les gusta o no les gusta? No les gusta porque un minero siempre va a preferir negociar con una o tres personas, que con cien personas quienes no pueden decidir más que en asamblea. Entonces ese tipo de propiedad se ha visto desde su creación como un obstáculo a las inversiones, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos extractivos.

En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 de la Constitución y propuso una nueva Ley Agraria, que es la Ley Agraria actual, quitando a los ejidos la protección especial que tenían. Solo se les deja esa protección especial a las comunidades. Hay una desprotección a los ejidos en ese momento y se crea al mismo tiempo un programa: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Luego se llamó Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y ahora se llama Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJA).

El PROCEDE es una sentencia de muerte al ejido. Es la forma en la que los ejidos van adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama «dominio pleno». Es el paso último que se pueda obtener con los programas de titularidad, y se ha vendido como la única manera en que los ejidos pueden tener seguridad jurídica.

Una de las cosas que hacía PROCEDE es que le daba a cada uno de los ejidatarios su certificado de derechos parcelares (o certificado parcelario), que indicaba la proporción del ejido que le tocaba a cada uno. Cada uno decía: «Soy dueño del 1%», «Yo del 2%», «Yo del 3%», «Yo del 4%». Cada uno se iba contento con su certificado. Pero ese papel es un engaño porque mientras no hay dominio pleno, ninguno de los ejidatarios se puede considerar dueño.

¿Qué sucede hoy? Llegan esos proyectos extractivos y dicen: «La ley nos obliga a firmar los convenios de ocupación temporal, los permisos de cambio de uso de suelo, los convenios de reparto de beneficios. Nosotros vamos a negociar con los 100 ejidatarios (los que tienen sus certificados). El resto de los 400 donde están las mujeres, los jóvenes y el resto de las familias no nos importa.»

La defensa de la propiedad social: cómo defender el territorio desde los reglamentos ejidales y comunales

Tenemos que lograr que no se piense que esos 100 titulares pueden decidir sobre los 500 miembros del ejido. Tiene que haber mecanismos para que eso suceda:

  • Si se trata de una comunidad indígena, la consulta y la decisión se deben hacer con toda la comunidad.
  • Hay ejidos que han optado por la formación de una «junta de pobladores»: no decide el ejido sino la «junta de pobladores» donde se invitan a los avecindados a la toma de decisiones.

Hay que hacer un trabajo también con los ejidos y las comunidades para que no vendan sus tierras ya que la mejor forma de defenderse de esos proyectos es:

  • Mantener la propiedad colectiva, porque eso va a impedir en muchos sentidos la entrada de esos proyectos porque la propiedad colectiva tiene una serie de formas de defensa que no se tienen en la propiedad privada;
  • No vender el ejido de manera parcelada.

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hemos reflexionado mucho sobre cuáles son las estrategias para la defensa desde la propiedad social:

  • Modificar los reglamentos y aprobar en los reglamentos y los estatus comunales una cláusula de protección que diga: en esta comunidad está prohibida la minería, están prohibidos los transgénicos, están prohibidas las represas.
  • Se ha llevado esta estrategia también a los municipios: algunos municipios dicen «nosotros nos comprometemos a ser un municipio libre de minería, no cambiaremos el uso de suelo municipal y nos comprometemos.» Es una cláusula que dura menos tiempo porque los gobiernos municipales duran solo 3 años pero es otra posibilidad.

Los derechos colectivos: cómo reconstruir las asambleas en los territorios sin propiedad social

En los lugares donde ya no existe ejido ni comunidad, hay que reconstruir las asambleas, desde la perspectiva de la defensa de los derechos colectivos. Si el pueblo es indígena, se puede reconstruir el tejido social a partir de la identidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya eran propiedad privada pero que rescataron sus formas antiguas de organización política, económica y social. Al remontar a su ser indígena anterior, se dan cuenta de que sí tienen sus autoridades tradicionales, sus fiestas y sus ceremonias.

¿Cómo se defienden las poblaciones que no son ni ejido ni comunidad ni pueblo indígenas? En estos casos, hay que reconstruir la comunidad. Nuestro colectivo de abogados ha acompañado el caso de Temacapulin (comunidad afectada por la construcción de la presa El Zapatilla en Jalisco), que no es ejido, ni comunidad, ni pueblo indígena. Jamás habían tenido asambleas, ni se habían reunido para reflexionar sobre el territorio y sobre cómo les afectaban los proyectos impuestos desde afuera. Se empezaron a reunir y así se fue reconstruyendo la asamblea.

Que es lo que ganamos en estos procesos? A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa se retire por no poder perder tiempo y dinero, o tiempo para obtener más información y más argumentos en contra del proyecto. Lo importante es lograr organización, que la gente se organice de tal manera que las personas siempre tengan mecanismos para la defensa del territorio, pase lo que pase.

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Foto: Claudia Gómez Godoy en el encuentro»¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!» organizado en Acacoyagua, Chiapas, los 19 y 20 de abril 2018 / Crédito: Otros Mundos A.C.

En los medios:

México: la mejor forma de defender el territorio es ser indígena y la propiedad comunal (Avispa Midia)

Defensa propia (Radio Mundo Real)

Más información:

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

[AUDIO] La lucha de las mujeres zoques de Chiapas por la tierra y el territorio